Última revisión
17/09/2017
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1224/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 238/2018 de 10 de Octubre de 2019
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Relacionados:
Tiempo de lectura: 9 min
Orden: Administrativo
Fecha: 10 de Octubre de 2019
Tribunal: TSJ Cataluña
Ponente: BARRACHINA JUAN, EDUARDO
Nº de sentencia: 1224/2019
Núm. Cendoj: 08019330012019101269
Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2019:10098
Núm. Roj: STSJ CAT 10098:2019
Encabezamiento
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 238/2018
Partes: Sara C/ TEAR
En aplicación de la normativa española y Europea de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable hágase saberque los datos de carácter personal contenidos en el procedimiento tienen la condición de confidenciales, y está prohibida la transmisión o comunicación a terceros por cualquier medio, debiendo ser tratados única y exclusivamente a los efectos propios del proceso en que constan,bajo apercibimiento de responsabilidad civil y penal.
S E N T E N C I A Nº 1224
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE:
D. JAVIER AGUAYO MEJIA
MAGISTRADOS
D. EDUARDO BARRACHINA JUAN
D.ª MARIA LUISA PEREZ BORRAT
En la ciudad de Barcelona, a diez de octubre de dos mil diecinueve .
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA),constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 238/2018, interpuesto por Sara, representado por el/la Procurador/a D. JOSEFA MANZANARES COROMINAS, contra TEAR, representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON EDUARDO BARRACHINA JUAN, quien expresa el parecer de la SALA.
Antecedentes
PRIMERO:Por el/la Procurador/a D. JOSEFA MANZANARES COROMINAS, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.
SEGUNDO:Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
TERCERO:Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
CUARTO:En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Fundamentos
PRIMERO.- Es objeto del presente proceso la determinación de la legalidad de la resolución administrativa dictada por el TEAR de fecha 30 de noviembrede 2017, que desestimó la reclamación de rectificación de autoliquidación por el IRPF y devolución de ingresos indebidamente realizados, por las prestaciones percibidas por maternidad/paternidad y satisfechas por el INSS, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 h) de la Ley 35/2006, en importe de 3.019'88 euros.
En la resolución administrativa impugnada se razona la improcedencia de la exención solicitada y devolución de la cantidad ingresada, en aplicación de la norma jurídica expuesta con anterioridad, así como por la resolución del TEAC de fecha 2 de marzo de 2017, en el sentido de que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del IRPF como renta exenta del Impuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006.
En la demanda se exponen los antecedentes fácticos, la remisión a una sentencia del TJ de Madrid de 6 de julio de 2016 y otras, que es estimatoria, con los argumentos que consideró procedentes. Se razona ampliamente la exención de la prestación de maternidad, procedente de la Seguridad Social reclamada y por lo que reclama la devolución de la cantidad indicada indebidamente ingresada, correspondientes a prestaciones percibidas por baja de maternidad..
En la contestación a la demanda se solicita la confirmación de la resolución administrativa impugnada, por cuanto no es admisible la analogía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la LGT, por cuanto el supuesto contemplado en el artículo 7 h) de la Ley 35/2006, no admite la exención solicitada, pues se trata de prestaciones de la Seguridad Social.
SEGUNDO.- Este Tribunal ha llevado a cabo una valoración conjunta de las alegaciones y razonamientos jurídicos que constan en la demanda, como en el escrito de contestación a la misma, en relación con la resolución administrativa impugnada, para llegar a la conclusión de que la acción jurisdiccional debe prosperar por los mismos argumentos que la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, que dice lo siguiente:
La cuestión a resolver es meramente jurídica y consiste en interpretar si la prestación por maternidad a cargo del INSS puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la LIRF, cuando dispone que 'Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad'.
Pues bien, a nuestro juicio si que se incluye por las siguientes razones.
Primero. Porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que introdujo la mencionada exención en la Ley 40/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y pasó al Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.Nos sirve como elemento interpretativo del alcance del párrafo tercero antes citado.
Como recuerda la sentencia recurrida,en dicha Exposición de Motivos se dice que: 'En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en primer lugar, se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se incluyen las prestaciones económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el Real Decreto Ley 112000, de 14 de enero'.
Del texto contenido en la referida Exposición de Motivos se desprende que la exención que se establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, pues se refiere expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas o entidades locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la ley del IRPF trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales.
Segundo. La interpretación gramatical.Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra ' también' estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales',después de declarar exentas en el párrafo tercero ' las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad', parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula 'también' sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales.
Tercero. La interpretación sistemática.Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral; ya tenor del artículo 177 de dicha norma, se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen.
En consecuencia la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h) del artículo 7 de la LIRPF, y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer como doctrina legal que 'las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.'
Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en la indicada sentencia del Tribunal Supremo, se estima la pretensión ejercitada en la demanda, y se declara la nulidad de la resolución impugnada, reconociendo exenta de retención, la prestación por paternidad del INSS percibida por el recurrente en importe de 3.019'88 euros, procediendo el reintegro de las cantidades indebidamente detraídas, con el abono de los intereses legales correspondientes, desde la fecha de la indebida detracción hasta la fecha de la sentencia.
Imponemos las costas a la Administración Pública demandada, en el importe máximo de mil euros, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al aplicar el criterio del vencimiento objetivo y haberse dictado numerosas sentencias en sentido estimatorio.
Fallo
1. Estimar el recurso, anular la resolución administrativa impugnada, reconociendo la exención solicitada y la indebida retención practicada, debiendo procederse a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas con los intereses legales devengados.
2. Imponer las costas a la parte demandada en el importe máximo de mil euros.
Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. contra la misma cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contnecioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 LJCA.
Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.
Firme la presente líbrese certificación de la misma y remítase juntamente con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevarla a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.
Así por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
E/.
PUBLICACIÓN.-La Sentencia anterior ha sido leida y publicada en audiencia pública, por el Magistrado de refuerzo. Doy fe.

