Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 130/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 94/2015 de 08 de Febrero de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 94/2015
Partes: Pilar C/ T.E.A.R.
S E N T E N C I A Nº 130
Ilmos/as. Sres/as.:
PRESIDENTE:
Dª. MARIA ABELLEIRA RODRÍGUEZ
MAGISTRADO/AS
D. JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA
D. JOSÉ LUIS GÓMEZ RUIZ
En la ciudad de Barcelona, a ocho de febrero de dos mil dieciocho .
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha
pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 94/2015,
interpuesto por Pilar , representado por el/la Procurador/a D. RAFAEL ROS FERNANDEZ, contra T.E.A.R. ,
representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a DON JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA, quien
expresa el parecer de la SALA.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Rafael Ros Fernández, actuando en nombre y representación de Pilar , se interpone recurso contencioso- administrativo contra la actuación administrativa que se cita en el Fundamento de Derecho Primero mediante escrito registrado en el Decanato de los Juzgados de Barcelona en fecha 7 de julio de 2014. Por auto número 235/2014, de 5 de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de los de Barcelona y su provincia acuerda declarar la inadmisibilidad por falta de competencia objetiva del Juzgado para el conocimiento del recurso contencioso-administrativo.



SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les da el cauce procesal previsto por la Ley 29/1998, de esta jurisdicción, habiendo despachado las partes actora y demandada, llegado su momento y por su orden respectivo, los trámites conferidos de demanda y de contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y los fundamentos de derecho que en ellos constan, solicitan respectivamente la anulación de la actuación administrativa objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que resultan de los mismos.



TERCERO.- Continuando el proceso su curso por los trámites procesales que aparecen en autos, se señala para votación y fallo el día 31 de enero de 2018, lo que tiene lugar en la fecha fijada.



CUARTO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado y cumplido todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El objeto de este recurso reside en las pretensiones formalizadas por las partes litigantes en el presente proceso en torno a la impugnación jurisdiccional del acuerdo de 31 de enero de 2014 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, actuando de forma unipersonal y resolviendo en única instancia, que inadmite la reclamación económico-administrativa número NUM000 y confirma el acuerdo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Administración de Sabadell, de 4 de febrero de 2013, que inadmite por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de apremio de 15 de octubre de 2012, dimanante de liquidación en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2007, por un importe de 1.763,64 euros. Concretamente, sobre la controversia de autos centrada en la inadmisión de la reclamación económico-administrativa y la extemporaneidad del recurso de reposición se pronuncia la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña en el Hecho 1 y los Fundamentos de Derecho 3 a 5, a los que se hace remisión.

En su demanda rectora de autos, la parte recurrente solicita de la Sala que dicte sentencia que ' estime la nulidad de la liquidación NUM001 , siendo el órgano instructor la Agencia Tributaria en la Delegación de Sabadell, declarando no ser firme, teniendo por presentada la documentación aportada el pasado 21 de noviembre de 2011 y retrotrayendo las actuaciones hasta dicha fecha, anulando las sanción propuestas por la Administración y multas coercitivas impuestas y condenando a la misma al pago de las costas procesales y gastos derivados del procedimiento judicial, procediendo conforme a Derecho corresponda '. En defensa de esas pretensiones, en síntesis, tras exposición de antecedentes, aduce la parte actora que el recurso de reposición se interpone en tiempo y forma, por lo que resulta improcedente su inadmisión, al sostener que en realidad en lo concerniente al dies a quo para el cómputo del plazo para formular dicho recurso administrativo ha de tenerse presente que ' no fue hasta el pasado 18 de enero de 2013 cuando se notificó fehacientemente a la Sra. Pilar todo el proceso liquidatorio, según puede desprenderse del expediente administrativo, fecha en la que se entrega copia de todo el expediente administrativo '; ' Es en este momento cuando se tiene conocimiento de las resoluciones administrativas y cuando se evidencia que, en el expediente administrativo, se ha ignorado la documentación aportada a requerimiento de la Administración el pasado 21 de Noviembre de 2011, tras la única notificación realizada con la diligencia debida en el domicilio adecuado, emitida el 14 de junio de 2011 '; ' Habiendo interpuesto recurso de reposición contra esta liquidación provisional el 23 de enero de 2012, debe tenerse por interpuesto dentro del plazo legalmente conferido de un mes, al haber transcurrido tan solo 5 días desde la efectiva notificación, no siendo por tanto en modo alguno '; ' No puede entenderse como del presente recurso la notificación de fecha 12 de Diciembre de 2012, fecha en la que la Administración inicia el cómputo del plazo para el recurso de reposición, pues en dicha fecha se notificó a esta parte imposición de sanción y providencia de apremio, concepto IRPF ejercicio 2007 '; ' Sobre estos conceptos no se interpone recurso sino que en fecha 14 de diciembre de 2012, se solicita aplazamiento de la citada liquidación de apremio. No es, por tanto, el objeto del recurso interpuesto '. Invoca además el principio pro actione y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En su turno posterior, la parte demandada contesta a la demanda con oposición a la misma y solicita de la Sala que ' dicte sentencia por la que inadmita y subsidiariamente desestime el recurso contencioso- administrativo confirmando el acto impugnado '. Ello, previa exposición asimismo de antecedentes, por los propios fundamentos de la resolución económico-administrativa inadmisoria recurrida, constando a su juicio acreditada en las actuaciones la extemporaneidad del recurso de reposición interpuesto en su día por la recurrente por la caducidad previa a tal fecha del plazo legal dispuesto para válida interposición de dicho recurso. Significa que por la actora ' no se ha acreditado que exista ninguna circunstancia que justifique que una interrupción del plazo para la interposición de recursos ': ' alega que tuvo que pedir copia del expediente y que por esta razón se demoró en la interposición del recurso de reposición '; ' Sin embargo, no aporta ningún documento que acredite que haya pedido la puesta de manifiesto del expediente y que se demorara ésta, ni estas circunstancias constan en el expediente '.



SEGUNDO.- De acuerdo con la delimitación del objeto procesal de estas actuaciones jurisdiccionales ya efectuada en el fundamento jurídico anterior de esta resolución, procede atender derechamente al examen de la adecuación a Derecho de la resolución económico-administrativa aquí recurrida, que (sin entrar en el fondo de la cuestión suscitada por la recurrente en su reclamación económico-administrativa contra anterior resolución inadmisoria por extemporaneidad de su recurso administrativo potestativo de reposición interpuesto contra la providencia de apremio subyacente en las actuaciones -dimanante de liquidación en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2007-), acuerda la inadmisión de la misma por versar sobre acto confirmatorio de otro consentido. Solo de estimarse disconformes a Derecho dichas inadmisiones administrativas se impondría entonces la anulación de las mismas, conforme a lo previsto en el orden procesal por los artículos 68.1. b ), 70.2 y 71.1. a ) de la Ley 29/1998 , reguladora de esta jurisdicción, con la retroacción procedimental administrativa consiguiente de las actuaciones para que por el órgano competente se procediera a la oportuna resolución de las cuestiones de fondo suscitadas. Ello, toda vez que, visto lo actuado y acreditado, no concurren en este supuesto particular circunstancias que pudieran justificar por razones de economía procesal una resolución jurisdiccional per saltum de la controversia de fondo no resuelta previamente por el órgano competente. Como es sabido, dicho recurso administrativo especial (reclamación económico-administrativa) resulta de interposición preceptiva para el agotamiento de la vía administrativa previa a esta vía jurisdiccional, en única o primera instancia en el plazo legal máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación administrativa de la actuación tributaria impugnada, en el caso de actos expresos de la Administración tributaria, a tenor de lo establecido al respecto por el artículo 235.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , Ley ésta que, por lo que aquí interesa, en su artículo 239.4. f ) dispone: ' Artículo 239. Resolución '. ' 4. Se declarará la inadmisibilidad en los siguientes supuestos ': ' f) Cuando (...) se recurra contra (...) actos que sean confirmatorios de otros consentidos '. También por lo que aquí concierne en relación al recurso de reposición, establece la repetida Ley 58/2003 , en su artículo 223.1, que ' El plazo para la interposición de este recurso será de un mes de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo recurrido o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo '.



TERCERO.- En relación con lo anterior, y respecto al cómputo de los términos y plazos administrativos, así como a su improrrogabilidad, salvo supuesto legal expreso, que constituye, entre otros, garantía del procedimiento y parámetro de la efectividad del principio constitucional de seguridad jurídica garantizado por el artículo 9.3 de la Constitución española (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3º, de 2 de diciembre de 2003 , y sentencia del Tribunal Constitucional número 32/1989, de 13 de febrero ), resulta manifiesto que por relación a los plazos establecidos por meses su cómputo debe serlo de fecha a fecha ( artículo 5.1 Código Civil ), iniciándose su cómputo, conforme a lo dispuesto por el artículo 48.2 de la ya hoy derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , aplicable al presente caso ratione temporis , invariablemente también después de su modificación por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, y terminando el mismo el día ordinal anterior al día tomado para el inicio del cómputo, salvo que en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo en que se entenderá que el plazo expira el último día del mes, con la prórroga al primer día hábil siguiente cuando el último día del plazo resulte inhábil, según tiene ya establecido una consolidada jurisprudencia contencioso-administrativa (entre muchas otras, por sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 20 de septiembre de 2006 y de 2 de abril y 10 de junio de 2008 , recordadas más tarde por sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 21 de julio de 2010 y, con declaración en éstas de no haber lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina, por sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de abril de 2009 y 9 de febrero y 19 de julio de 2010 ), sin posibilidad de prórroga extraordinaria de dicho plazo al día siguiente del vencimiento en los procedimientos administrativos, que no judiciales.

Naturaleza administrativa de la que gozan, sin duda, el recurso de reposición y los recursos administrativos especiales identificados en nuestro sistema legal como reclamaciones económico- administrativas, al no resultar aplicable a dichos recursos la prórroga legal extraordinaria establecida sólo para los plazos procesales en procesos judiciales, no para los plazos de interposición de los recursos administrativos, por el artículo 135.1 de la vigente Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil, tal como viniera a recordar por ejemplo en relación a las reclamaciones económico-administrativas la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 6 de septiembre de 2011 (recurso número 367/2010 ), en línea con lo antes ya sentado al respecto por el alto Tribunal, entre otros, en su auto, Sala 3ª, Sección 1ª, de 27 de mayo de 2010 (recurso número 6791/2009 ), con cita de su anterior sentencia, Sala 3ª, de 5 de junio de 2000 (recurso número 5933/1995 ).

En dicho sentido, tal como ha venido reiterando este Tribunal en numerosos pronunciamientos, entre otras muchas, y por reciente, en la sentencia número 563/2017, de 6 de julio, dictada por esta misma Sala y Sección en su recurso ordinario número 1125/2013, en lo concerniente a la extemporaneidad de reclamación económico-administrativa pero aplicable al recurso de reposición en cuanto al cómputo de los plazos establecidos por meses, de fecha a fecha: '

SEGUNDO: (...) Así en la Sentencia, entre otras muchas, núm. 578/2013, recurso 754/2010 , hemos dicho: '

SEGUNDO: En la demanda articulada en la presente litis la parte actora conviene en que la reclamación la reclamación fue presentada en fecha (...) alegando que la interpretación del art. 235.1 LGT que efectúa el acuerdo impugnado genera indefensión en los recurrentes, que se ven privados del ejercicio de sus derechos, máxime en estos supuestos en que se plantean cuestiones económicas de importes considerables y los contribuyentes tienen que acudir irremediablemente a las entidades bancarias a fin de solicitar las pertinentes garantías en evitación de intereses y recargos, sosteniendo que la fecha final de interposición coincide con la del día siguiente al de su notificación en el mes posterior. (...) En cuanto al cómputo del controvertido plazo, hemos reiterado, por todas, en nuestra sentencia 304/2010, de 25 de marzo de 2010 , lo siguiente: (...) Se basa para ello la resolución impugnada en el criterio recogido por la Resolución del TEAC de 20 de abril de 2005, en la que se expone, en síntesis, que para determinar cómo ha de computarse el plazo en cuestión basta acudir a la doctrina jurisprudencial, pudiendo reseñarse, entre las numerosas sentencias del Tribunal Supremo, la de 18 de diciembre de 2002 , 2 de diciembre de 2003 y 28 de abril de 2004 , por tratarse de las más recientes, y en las mismas se interpreta y aplica el artículo 5 del Código Civil y el artículo 48.2 y 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , que viene a trasladar al ámbito administrativo la norma relativa al cómputo de plazos, indicando el más alto Tribunal que '...cuando se trata de plazos de meses, como sucede en el caso de interposición del recurso, el cómputo ha de hacerse según el artículo quinto del Código Civil , de 'fecha a fecha', para lo cual se inicia al día siguiente de la notificación o publicación del acto o disposición y concluye el día correlativo a tal notificación o publicación en el mes de que se trate, dado el carácter de orden público procesal que reviste la exigencia del cumplimiento de los plazos, en aplicación del principio de seguridad jurídica que garantiza el artículo 9 de la Constitución ', '...la norma de excluir el primer día se configura como regla que solamente puede aplicarse al plazo señalado por días. Así lo confirma el texto del mencionado artículo 5, mientras que en los plazos señalados por meses, éstos se computan de 'fecha a fecha', frase que no puede tener otro significado sino el de entender que el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el que sirvió de punto de partida, que es el de la notificación o publicación'. Este criterio sería luego acogido por el artículo 48.3 y 4, párrafo segundo de la Ley 30/1992 como el propio Tribunal reconoce matizándose en dicho precepto además, que 'si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes'.



TERCERO: Los destacados y meritorios esfuerzos que se despliegan en la demanda no permiten apartarnos del criterio jurisprudencial que ha quedado expuesto y con el que coincide esta Sala en numerosas resoluciones, en las que venimos repitiendo, respecto del cómputo de los plazos señalados por meses, que cuando se trata de tal plazo de meses, y no de días, el cómputo ha de hacerse, según el art. 5 del Código civil , de fecha a fecha, para lo cual se inicia al día siguiente de la notificación o publicación del acto o disposición y concluye el día correlativo a tal notificación o publicación en el mes de que se trate, pues ningún mes tiene repetido el mismo guarismo o día y, siendo así, el cómputo del mismo guarismo en los días inicial y final del plazo equivale a incluir en el plazo dos veces el mismo guarismo, lo que supondría aumentar en una fecha el plazo. Sin duda, tal es el criterio que se recoge en el citado art. 235.1 LGT 58/2003, de aplicación al caso: «plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado». La regla del cómputo o comienzo a correr desde el día siguiente («dies a quo non computatur in termino») en absoluto contradice tal conclusión: lo que dice la norma es que el plazo es de un mes y el mismo se computa desde las cero horas del día siguiente a la notificación (aquí, cero horas del día 1 de marzo de 2005 y termina, una vez transcurrido completo un mes, a las cero horas del día 29 de marzo de 2005, por lo que el último día del plazo era todo el 28 de marzo de 2005, lunes y día hábil). La pretensión del recurrente llevaría a un plazo de un mes y un día (y de no señalarse la regla «non computatur», de un mes y dos días).

La anterior conclusión en nada se ve alterada por el hecho de que la notificación tuviera lugar el 28 de febrero de 2005, último día de dicho mes, pues no resulta aplicable la regla legal de que en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo; como tampoco por la invocación del art. 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , precepto que no es aplicable a los plazos administrativos y responde además a una problemática diferente, relativa a la actuación de los juzgados de guardia, ni por el contenido de la doctrina constitucional sobre tal precepto procesal, la cual responde al funcionamiento, e instrucciones al respecto del Consejo General del Poder Judicial, de dichos juzgados de guardia.

La STS de 31 de enero de 2006 reitera que: «En cuanto a su cómputo es claro el acierto de la sentencia de instancia sobre esta cuestión cuyo razonamiento y citas asumimos en su integridad, y sin que frente a ellos puedan prevalecer las alegaciones de la entidad recurrente con fundamento en el artículo 5.1 del Código Civil y que lo que pretende es que dicho cómputo de plazos se lleva a cabo, en parte, por días (comienzo día siguiente) y en parte, por meses (vencimiento fecha a fecha a contar desde el comienzo por días), lo que, evidentemente, es inviable», señalando la sentencia de instancia que: «En lo que se refiere al cómputo de dicho plazo, ha de tenerse en cuenta que tratándose del cómputo de plazos por meses el cómputo se realiza de fecha a fecha, lo que según consolidada jurisprudencia, de la que son muestra las sentencias de 13 de febrero de 1989 , 22 de enero de 1990 y 13 de diciembre de 1990, confirmada por el Tribunal Constitucional en sentencias como la 32/1989, de 13 de febrero , significa que 'el plazo se inicia al día siguiente a la notificación y tiene como último día hábil el del mes siguiente correspondiente que coincida con aquel en que se realizó la notificación, a no ser que este último día fuera inhábil' o lo que es lo mismo, que si un mes empieza a computarse en un determinado día, en la misma fecha del mes siguiente comenzará un nuevo mes, por lo que el último día de plazo es el día anterior», es decir, si la notificación se produce un día 23 y el plazo es de un mes el primer día del plazo será el día 24 y el último día será el día 23 del mes siguiente y no el día 24 ya que, en tal caso, el mes de plazo tendría dos días 24 lo que evidentemente no sucede en ningún mes. (...)

TERCERO: Aunque la reclamación económico-administrativa contra actos de naturaleza tributaria constituye una vía administrativa previa a la interposición del recurso contencioso- administrativo, el derecho a la tutela judicial efectiva se proyecta sobre esa vía previa, pues determina ésta. El derecho a la tutela judicial efectiva se satisface normalmente mediante una resolución del órgano judicial de fondo. Corresponde a los Tribunales rechazar toda aplicación de las leyes que conduzca a negar el derecho a la tutela judicial, con quebranto del principio pro actione ( SSTC 98/1992, de 22 de junio, FJ 3 ; 160/2001, de 5 de julio, FJ 5 ; y 133/2005, de 23 de mayo , FJ 5). No obstante, tal derecho no tiene un alcance ilimitado que conduzca a obtener en todo caso una resolución de fondo. Es consolidada la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el principio 'pro actione', señalando que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface también con una respuesta de inadmisión, si bien ésta ha de estar fundada en una causa legal apreciada razonablemente por el órgano judicial. El control constitucional de las decisiones de inadmisión se realiza de forma especialmente intensa cuando aquéllas determinan la imposibilidad de obtener una primera respuesta judicial ( SSTC 118/1987 , 216/1989 , 154/1992 , 55/1995 , 104/1997 , 112/1997 , 38/1998 y 35/1999 , entre otras), y se matiza en fase de recurso ( STC 37/1995 ), pero sin perder sus perfiles esenciales, de tal manera que el principio 'pro actione' impone la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican ( SSTC 150/1997 , 184/1997 , 38/1998 y 35/1999 , entre otras muchas). El establecimiento del plazo para la interposición de la reclamación económico administrativa tiene su fundamento en el principio de seguridad jurídica, que de lo contrario se vería seriamente afectado. No es difícil imaginar que si ninguna limitación temporal se estableciera para la interposición de ese medio de impugnación, se llegaría a la postre a una parálisis de la Administración tributaria. El mantenimiento de los efectos de la inadmisibilidad de los actos firmes y consentidos es justificada así en la exposición de motivos de la LJCA: «Esta última regla se apoya en elementales razones de seguridad jurídica, que no sólo deben tenerse en cuenta en favor del perjudicado por un acto administrativo, sino también en favor del interés general y de quienes puedan resultar individual o colectivamente beneficiados o amparados por él. Por lo demás, el relativo sacrificio del acceso a la tutela judicial que se mantiene por dicha causa resulta hoy menos gravoso que antaño, si se tiene en cuenta la reciente ampliación de los plazos del recurso administrativo ordinario, la falta de eficacia que la legislación en vigor atribuye, sin límite temporal alguno, a las notificaciones defectuosas e inclusive la ampliación de las facultades de revisión, de oficio. Conservar esa excepción es una opción razonable y equilibrada». Conocido el fin que la causa de inadmisibilidad apreciada por el TEARC en este caso trata de preservar, siendo que la extemporaneidad de la reclamación aparece como únicamente atribuible al recurrente, la decisión de inadmisión combatida no puede apreciarse como desproporcionada, sin que la interesada pueda alegar con éxito una supuesta indefensión, a la que habría contribuido decisivamente al no ejercitar el medio de impugnación en plazo. Tal interposición extemporánea conlleva la inadmisibilidad de la reclamación, sin que el hecho de que el incumplimiento del plazo lo sea por un solo día altere tal conclusión.

Se trata de un plazo de los llamados «fatales» en cuanto a sus consecuencias, idénticas sean cuales fueren los días transcurridos. (...) '.



CUARTO.- No cuestiona la recurrente las fechas de notificación de la providencia de apremio y de la presentación de recurso de reposición contra aquella que vienen descritos en el Hecho Primero del acuerdo económico-administrativo recurrido de 31 de enero de 2014: ' 1)- Con fecha 12 de diciembre de 2012, por la Oficina Gestora se notificó al interesado el acto administrativo antes referenciado, contra el cual, en fecha 23 de enero de 2013, interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por considerarlo interpuesto fuera de plazo '. ' Notificado dicho acuerdo en fecha 11 de marzo de 2013, y no conforme con el mismo, interpuso la presente reclamación en fecha 18 de marzo de 2013 '. En el mismo sentido, el acuerdo de 4 de febrero de 2013 de Agencia Estatal de Administración Tributaria, Administración de Sabadell, que expresa en su apartado '

TERCERO. Según consta en el expediente relativo al acto que se impugna, el acto recurrido se notificó el 12-12-2012 y el escrito del recurso se presentó el 23-01-2013, por lo que ha transcurrido el plazo para interponer el Recurso de Reposición '.

Bien, la aplicación de los criterios más arriba expuestos al supuesto de autos obliga a rechazar los argumentos impugnatorios que se contienen en el escrito de demanda y, con ello, a la desestimación del recurso aquí interpuesto, atendidas las circunstancias concurrentes en el caso ahora enjuiciado, visto lo actuado y probado, que pone bien de manifiesto, incontrovertidamente, que la providencia de apremio de 15 de octubre de 2012, dimanante de concepto tributario de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2007, por un importe de 1.763,64 euros, se notifica de forma válida y eficaz a la actora en fecha 12 de diciembre de 2012, al tiempo que contra la misma se interpone el recurso potestativo de reposición en fecha 23 de enero de 2013. Esto es, una vez ya transcurrido en exceso el plazo máximo legal establecido por el artículo 223.1 de la Ley 58/2003 para la válida interposición del recurso de reposición, ya que dicho plazo máximo legal fine, efectivamente, el día 12 de enero de 2013 (jueves hábil), sin que resulte de aplicación al caso por vía analógica ex artículo 4.1 del Código Civil la prórroga extraordinaria de los plazos procesales, que no administrativos, prevista por el artículo 135.1 de la Ley 1/2000 antes citada. Y ha de significarse que, ciertamente, como significa el Abogado del Estado, no hay rastro en el expediente administrativo ni aporta la actora documento alguno acreditativo en lo concerniente a los extremos alegados de que dos días después de notificada la providencia de apremio, el 14 de diciembre de 2012, ' se solicitó copia del expediente administrativo ' y que 'se entregó copia del expediente el 18 de enero de 2013 '. Además, el escrito presentado por la actora en fecha 23 de enero de 2013 se dirige contra la providencia de apremio, siendo correcta su calificación como recurso de reposición, por lo que el presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto exclusivo las resoluciones inadmisorias primero por extemporaneidad y después por acto confirmatorio de otro consentido dictadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Administración de Sabadell, y el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya, de fechas 4 de febrero de 2013 y 31 de enero de 2014, respectivamente, que no otras actuaciones anteriores a las que se refiere la actora, sobre cuya legalidad no puede pronunciarse este Tribunal atendido el carácter revisor de esta jurisdicción contencioso- administrativa.

De tal manera que, constatada la plena adecuación a Derecho de la resolución económico- administrativa inadmisoria ( ex artículo 239.4. f ) de la Ley 58/2003 ; recurso contra acto confirmatorio de otro consentido), se impone, en consecuencia, la desestimación por esta resolución del recurso jurisdiccional interpuesto, conforme a lo previsto en el orden procesal por los artículos 68.1. b ) y 70.1 de la Ley 29/1998 , reguladora de esta jurisdicción.



QUINTO.- Conforme a los artículos 68.2 y 139.1 de la Ley 29/1998 , reguladora de esta jurisdicción, modificado este último por la Ley 37/2011, las costas procesales se impondrán en la primera o única instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia, salvo que el órgano judicial, razonándolo debidamente, aprecie la eventual concurrencia de circunstancias que justifiquen la no imposición, sin que obste a ello, en su caso, la falta de solicitud expresa de condena en costas por las partes litigantes, toda vez que tal pronunciamiento sobre costas es siempre imperativo para el fallo judicial sin incurrir por ello en un vicio de incongruencia procesal ' ultra petita partium ' ( artículo 24.1 de la Constitución española y artículos 67.1 de la Ley 29/1998 ), al concernir tal declaración judicial a cuestión de naturaleza jurídico procesal, conforme al propio tenor del artículo 68.2 de la Ley jurisdiccional y de la jurisprudencia contencioso- administrativa y constitucional ya sentada al respecto (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 12 de febrero de 1991 ; y por sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Primera, número 53/2007, de 12 de marzo , y sentencia del Tribunal Constitucional número 24/2010, de 27 de abril ). Por lo que, no apreciando la concurrencia aquí de dichas circunstancias especiales que justifiquen la no imposición, procede condenar al pago de las costas ocasionadas en este recurso a la parte recurrente, si bien limitadas las mismas a la cifra máxima por todos los conceptos de 300 euros, tal como autoriza el artículo 139.4 de la Ley 29/1998 , en atención a la naturaleza, la cuantía y la complejidad del recurso.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo dentro del límite de las pretensiones procesales deducidas por las partes en sus respectivas demanda y contestación a la demanda, en nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que nos confieren la Constitución y las leyes,

Fallo

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 94/2015 promovido por Pilar contra las actuaciones administrativas tributarias impugnadas, por no resultar disconformes a Derecho en los extremos controvertidos. Con imposición de costas a la parte recurrente si bien limitadas hasta una cifra máxima por todos los conceptos de 300 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con indicación de que cabe la interposición de recurso de casación y, luego que gane firmeza, líbrese certificación de la misma y remítase, juntamente con el respectivo expediente administrativo, al órgano demandado, quien deberá llevar aquélla a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/ PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.