Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 152/2018, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 339/2015 de 13 de Febrero de 2018

Encabezamiento

Recurso ordinario nº 339/15
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN 5ª
SENTENCIA Nº 152-2018
Iltmos. Sres:
Presidente
D. FERNANDO NIETO MARTIN
Magistrados
D. JOSÉ BELLMONT MORA
Dª ROSARIO VIDAL MAS
Dª BEGOÑA GARCÍA MELÉNDEZ
D. ANTONIO LÓPEZ TOMÁS
En Valencia a trece de febrero de dos mil dieciocho.-
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, el recurso contencioso-administrativo nº 339/15, interpuesto por el Procurador D. MIGUEL
CASTELLÓ MERINO en nombre y representación de D. Juan Luis (menor de edad y representado por
su madre Dª Tatiana ) , contra la Resolución de fecha 20-2-2015 dictada por la Secretaria autonómica de
autonomía personal y dependencia , Consellería de Bienestar social, expediente NUM000 desestimando el
recurso de alzada interpuesto y confirmando, a su vez, la Resolución de 29-10-2014 por la que se aprobaba el
Programa de atención individual, estando la Administración demandada representada y asistida por el Letrado
de la generalidad-
Ha sido Ponente la Magistrada Doña BEGOÑA GARCÍA MELÉNDEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el Recurso y seguidos los trámites previstos en la Ley, se emplazó a la parte demandante al objeto de que formalizara su escrito de demanda, lo que verificó en tiempo y forma, solicitando se dicte Sentencia por la que: 1. Se reconozca,como situación jurídica individualizada el derecho del recurrente a que las prestaciones anteriormente referidas con efectos desde el día siguiente de presentación de la solicitud que inicio el procedimiento de dependencia, esto es, a partir del 12-9-2011 en cuantía de 8.506'32 euros, más los intereses legales correspondientes previa liquidación.

2.Con expresa imposición de costas a la administración demandada

SEGUNDO.- . A continuación, por la parte demandada se contestó a la demanda oponiéndose y solicitando su íntegra desestimación.



TERCERO.- Que a continuación se acordó el recibimiento del pleito a prueba,con la reproducción de la prueba documental y no solicitándose trámite de conclusiones quedaron, a continuación, los autos pendientes de deliberación y fallo.



CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente Recurso el día trece de febrero del presente año.



QUINTO.- En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El objeto del presente recurso lo constituye la Resolución de fecha 20-2-2015 dictada por la Secretaria autonómica de autonomía personal y dependencia , Consellería de Bienestar social, expediente NUM000 desestimando el recurso de alzada interpuesto y confirmando, a su vez, la Resolución de 29-10-2014 por la que se aprobaba el Programa de atención individual, reconociéndole la prestación, minorada en su cuantía de conformidad con lo dispuesto en el RD Ley 20/2012 con efectos retroactivos a partir del 12-9-13 hasta el 28-10-2014 por importe de 4.808'24 euros a abonar de forma periodificada en cuatro plazos anuales.

La parte recurrente sustenta su recurso en los siguientes antecedentes de hecho : 1)En fecha 4-3-2011 se solicita reconocimiento de la situación de dependencia a favor de la hijo de la recurrente.- Siendo seis meses después de dicha fecha a partir de cual, sostiene, deberá producirse el reconocimiento de los efectos de la prestación por dependencia.

2)El 2-11-2011 mediante Resolución del Secretario autonómico de Bienestar social se le reconoce a la persona dependiente en situación de Grado 3 Nivel 1, emitiéndose, el 17-5-2012 Propuesta de PIA en la que se propone una prestación económica por cuidador no profesional de 375'28 euros mensuales frente a los 354'43 euros reconocidos posteriormente.

3)El 29-10-2014 se dicta Resolución aprobando el PIA concretando la prestación en los 354'43 mensuales referidos, al ser ésta la cuantía previamente aceptada y minorada de conformidad con el RD Ley 20/2012 y reconociendo efectos retroactivos desde el 12-9-2013 hasta el 28-10-2014, esto es, dos años después de transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia , fraccionado, para su abono, en cuatro periodos anuales de igual cuantía.

Solicita la actora el reconocimiento retroactivo de la prestación por dependencia correspondiente al Grado 3 nivel 1 desde el transcurso de los seis meses de la fecha de la solicitud formulada el 4-3-2011, si bien, habiendo solicitado en vía administrativa dicho reconocimiento desde el 12-9-2011 y para evitar incurrir en desviación procesal solicita, desde dicha fecha, el reconocimiento de la prestación por dependencia y todo ello en la cuantía correspondiente al grado y nivel reconocido, sin minoraciones ni fraccionamientos y solicitando por ello el reconocimiento de los atrasos correspondientes por importe de 8.506'32 euros, solicitando se dicte sentencia en los términos expuestos.



SEGUNDO.- Por su parte la Administración demandada se opuso solicitando la confirmación de la resolución impugnada con la cuantía y los efectos retroactivos reconocidos en la misma e importe que se abonará de forma periodificada y todo ello de conformidad con lo dispuesto por el art. 5 del RD Ley 8/2010 , siendo a su vez aplicable el plazo de suspensión de dos años establecido por la DT9 y 10ª del RDL 20/2012, y la Orden 21/2012 y siendo igualmente acorde a la legalidad las cuantías fijadas en dicha Resolución dictada con posterioridad al RD Ley 20/2012 solicitando, sin más, la íntegra desestimación del recurso formulado.



TERCERO: Centrada la presente controversia en determinar la fecha y la cuantía de la prestación económica a partir de la cual deben concretarse los efectos retroactivos del PIA que le han sido reconocidos al recurrente de forma tardía, y tal y como ha declarado esta misma Sala y sección, entre otras, en sentencia nº 365/17 recaída en recurso 1120/14 , una vez reconocido el PIA por parte de la Generalidad Valenciana, los efectos del mismo deben diferenciarse, conforme a la fecha de la solicitud en dos modalidades de retroacción.

Bien al momento de la solicitud,si esta se formula durante la vigencia del Decreto 17/07 resultando para ello que tanto la normativa estatal como la autonómica eran muy claras al respecto, pues tanto la Disposición final tercera de la Ley 39/2006 (estatal) como el art. 10.4 del Decreto autonómico 17/2007, establecían que el derecho a las prestaciones se genera a partir del día siguiente a la fecha de solicitud en el órgano competente para su tramitación.

Y, en el mismo sentido el art. 2.2. de la Orden de la Consellería de Bienestar Social de 5.12.2007, O bien, a partir de los seis meses de la fecha de la solicitud, si está se formuló, estando en vigor el Real Decreto Ley 8/2010.

.

El art. 5 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo , por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en la materia que estamos examinando, modificó con efectos 1 junio de 2010, la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , estableció: (...)Uno. Se modifica el apartado 2, que queda redactado como sigue: « 2. En el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones.» Dos. Se modifica el apartado 3, que queda redactado como sigue: «3. El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes, previstas en los artículos 17 a 25 de esta Ley, a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación o prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria.

Si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.» (...).

El precepto entró en colisión con la disposición adicional undécima de la Ley de las Cortes Valencianas 15/2007, de 27 de diciembre , de presupuestos para el ejercicio 2008), que establecía el silencio administrativo negativo; no obstante, fue declarado inconstitucional por Sentencia del Pleno nº 86/2013, de 11 de abril de 2013 (BOE núm. 112, de 10 de mayo de 2013). Según el legislación que se acaba de transcribir: 1. El transcurso de seis meses desde la solicitud da derecho a las prestaciones. Salvo -como ocurre en el presente caso- en las peticiones anteriores a esta norma. La disposición final tercera de la Ley 39/2006 (estatal) como el art. 10.4 del Decreto autonómico 17/2007, establecían que el derecho a las prestaciones se generaba a partir del día siguiente a la fecha de solicitud en el órgano competente para su tramitación. En el mismo sentido el art. 2.2. de la Orden de la Consellería de Bienestar Social de 5.12.2007.

2. Desde esa fecha, tendría derecho a las prestaciones solicitadas.

La resolución recurrida resulta por tanto contraria a derecho ya que desestima el reconocimiento de efectos retroactivos conforme a lo expresado , admitiéndolos únicamente a partir del 12-9-2013 al aplicar el plazo de suspensión de dos años previsto por la Disposición Transitoria novena del RD Ley 20/2012 .

No obstante y en cuanto a la fecha a partir de la cual debe producirse la retroactividad, habiendo presentado la solicitud el 4-3-2011 el reconocimiento de la prestación debe realizarse, con efectos retroactivos, a partir de los seis meses siguientes del día siguiente de la presentación de la solicitud, esto es, desde el 4- 9-2011, si bien, en congruencia con lo solicitado con la recurrente el inicio de la prestación, conforme a lo solicitado en vía administrativa, deberá concretarse a partir del 12-9-2011, tal y como solicita la recurrente.

En cuanto a la cuantía debemos estar a los importes solicitados por la actora a razón de 354'43 euros mes, coincidentes con los señalados por la administración, debiendo por ello acogerse en su integridad la cuantía reclamada por la recurrente, en la fundamentación jurídica de su demanda, esto es, 8.506'32 euros, hasta la fecha en la que se dicta la Resolución dictándose el PIA e importe del que deberá minorarse el importe reconocido por la Administración en la resolución impugnada.

Y todo ello sin que proceda aplicar ni los fraccionamientos ni las minoraciones aplicadas por la administración.



CUARTO : De conformidad con el art. 139 de la Ley 29/1998 , procede imponer las costas a la administración demandada por aplicación del criterio del vencimiento fijadas en la cuantía máxima, según el prudente arbitrio de este Tribunal, de 800 euros Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAR el recurso planteado por el Procurador D. MIGUEL CASTELLÓ MERINO en nombre y representación de D. Juan Luis (menor de edad y representado por su madre Dª Tatiana ) , contra la Resolución de fecha 20-2-2015 dictada por la Secretaria autonómica de autonomía personal y dependencia , Consellería de Bienestar social, expediente NUM000 desestimando el recurso de alzada interpuesto y confirmando, a su vez, la Resolución de 29-10-2014 por la que se aprobaba el Programa de atención individual, estando la Administración demandada representada y asistida por el Letrado de la generalidad- Reconociendo como situación jurídica individualizada el derecho del recurrente a que las prestaciones anteriormente referidas con efectos desde el día siguiente de presentación de la solicitud que inicio el procedimiento de dependencia, esto es, a partir del 12-9-2011 en cuantía de 8.506'32 euros, más los intereses legales correspondientes previa liquidación, todo ello sin fraccionamientos ni minoraciones, e intereses legales correspondientes liquidados mensualmente por las cuantías adeudadas y expresa imposición de costas a la administración demandada en los términos expuestos en el FDº 4º de la presente resolución.- A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016 Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.