Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 163/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 232/2015 de 24 de Marzo de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 232/2015

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona

Procediment ordinari núm. 438/2012-F

Apel lant: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A

Representant de l'apel lant: SR. FRANCESC XAVIER MANJARÍN ALBERT, Procurador

Apel lat: IL LM. AJUNTAMENT DE BADALONA

Representant de l'apel lat: SR. JORDI BASSEDAS BALLÚS, Procurador

S E N T È N C I A núm. 163

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 24 de març de 2017

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat aquesta SENTÈNCIA a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 232/2015, interposat, com a apel lant, per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A -representada pel Procurador SR. FRANCESC XAVIER MANJARÍN ALBERT i assistida pel Lletrat SR. CARLES LLOBREGAT BARBANY-, essent l'apel lat L'IL LM. AJUNTAMENT DE BADALONA -representat pel Procurador SR. JORDI BASSEDAS BALLÚS i assistit per la Lletrada SRA. ELENA MORENO DURÁN-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER: En el sí del procediment ordinari núm. 438/2012-F, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona dictà la Sentència núm. 284, de 4 de desembre de 2014 , amb el veredicte que segueix:

''Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO TOTALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal en autos de la entidad Telefónica de España SA frente a la/s resolución/es de la Administración demandada referenciada/s en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, SIN expresa condena en costas a la parte recurrente.'

Altrament dit: La Sentència confirmà una ordre de clausura, dictada per L'IL LM. AJUNTAMENT DE BADALONA, envers una central automàtica de telefonia fixa ubicada en el carrer Pirineus, 51, fins que la dita instal lació no hagués estat legalitzada en seu municipal.

SEGON: Disconforme amb el veredicte, la demandant interposà apel lació; i la Corporació local demandada s'hi oposà en temps i forma.

TERCER: Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, va ser acordada la formació d'aquest rotlle d'apel lació i, alhora, es designà Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 14 de març de 2017 per tal de votar i decidir; la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART: En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER: Com acabem d'expressar, en el sí del procediment ordinari núm. 438/2012-F, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona dictà la Sentència núm. 284, de 4 de desembre de 2014 , amb el veredicte que segueix:

''Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO TOTALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal en autos de la entidad Telefónica de España SA frente a la/s resolución/es de la Administración demandada referenciada/s en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, SIN expresa condena en costas a la parte recurrente.'

Altrament dit: La Sentència confirmà una ordre de clausura, dictada per L'IL LM. AJUNTAMENT DE BADALONA, envers una central automàtica de telefonia fixa ubicada en el carrer Pirineus, 51, fins que la dita instal lació no hagués estat legalitzada en seu municipal.

SEGON: La raó de decidir de la Sentència ara apel lada es concretà en els fonaments jurídics que segueixen:

'PRIMERO.- El objeto del presente recurso contencioso administrativo consistió inicialmente en la impugnación de la resolución administrativa denegatoria presunta (silencio administrativo negativo) de la demandada en relación al recurso de reposición entablado por la actora contra la resolución del sr Alcalde del Ayuntamiento demandado de 5-9-12 por la que ordena clausurar la actividad de la central automática de telefonía fija sita en c/Pirineus nº 51 de Badalona HASTA que obtenga el preceptivo título habilitante (licencia) que ampare su funcionamiento, con advertencia que en caso de incumplimiento de esta orden se PODRÁ proceder a la ejecución subsidiaria a costa del interesado o a la imposición de multas coercitivas por una cuantía de hasta 3.000,00 euros. En tal resolución de 5-9-12 se desestiman las alegaciones previas de la mercantil actora, remitiendo a sede de legalización el examen de la documentación técnica pertinente que presente la interesada, y en tal resolución se niega la existencia de antaño de licencia alguna al respecto y de comunicación previa urbanística ya que fue inadmitida en fecha 8-6-12 (expdte W-117-12). Finalmente la demandada en tal resolución amparándose en la Ley catalana 20/2009 de 4 de diciembre (en adelante LPCAA) de Prevención y Control ambiental de las actividades, niega asimismo cualquier vulneración del principio de proporcionalidad. Nótese que la resolución de 5-9-12 deriva de la previa acta de constatación de fecha 12-6-12 (f.1 EA) por el Area de Urbanisme i Territori (en concreto, el Departamento de Disciplina urbanística y de actividades) acerca del funcionamiento de la central litigiosa de autos pese a haberse decretado la caducidad del procedimiento G2-0003-03 relativo a la obtención de licencia de actividad en relación a la central de telefonía fija sita en c/Pirineus nº 51 por no subsanación de las deficiencias requeridas por la Administración actuante.

Igualmente, debe entenderse ampliado el presente recurso a la desestimación expresa del recurso de reposición antes dicho, por resolución del sr Alcalde de Badalona de 11-12-12 (f. 52 y 53 EA), no así la resolución del Decreto de Alcaldía de 18-4-13 de imposición de una segunda multa coercitiva, ni la resolución de la demandada de 24-1-13 -no impugnada por la actora- sobre inicio de ejecución subsidiaria e imposición de una primera multa coercitiva, tal y como se expuso en auto firme de este Juzgador de fecha 12-9-13. Tampoco son objeto de análisis del presente recurso judicial contencioso-administrativo las resoluciones de la demandada de 28-6-13 y 13-9-13, que no dejan de ser reproducción del contenido de la resolución de 18-4-13 ya denegada su ampliación, resoluciones aquéllas que también han sido desestimadas sus pretensiones ampliatorias (de la actora) por auto firme de este Juzgador de fecha 16-1-14.

La parte demandante fundamenta su recurso (y por ende, nulidad de la/s resolución/es administrativa/s impugnada/s) esencialmente en la adecuación de la actividad (central de telefonía fija) llevada a cabo por la actora en el inmueble de autos a la normativa legal vigente, así como falta de proporcionalidad de la orden de clausura antes dicha, debiendo la demandada resolver sobre la licencia solicitada a fin de obtener la oportuna legalización.

Por su parte, la defensa de la demandada se opone a tales pretensiones, en síntesis, afirmando que es/son ajustada/s a Derecho la/s resolución/es administrativa/s impugnada/s.

Como cuestión previa decir que, durante la tramitación de este expediente judicial se ha dictado propuesta de resolución de 9-9-14 del Gerente del Ámbito de Territorio del Ayuntamiento demandado (admitido tal documento a los efectos del art 270 LEC por providencia firme de 9-10-14) por el que se otorga licencia ambiental a la aquí recurrente para la actividad de central de telefonía automática sita en c/ Pirineus nº 31-39 de Badalona, pero recuérdese que la central litigiosa de este pleito está situada en c/ Pirineus nº 51 de Badalona.

SEGUNDO.- Sentado lo anterior, y de conformidad con los principios del 'favor acti' y carga de la prueba (éste último proclamado en el art 217 LEC 1/2000 ), no es procedente estimar las pretensiones actoras. Efectivamente, de la prueba practicada en este pleito (reproducción de la documental obrante en el expediente administrativo y documental unida al expediente judicial), tenemos que es un hecho cierto incontrovertido (presunción de veracidad de lo narrado por el técnico municipal, f. 1 EA, vía art 137.3 de la Ley 30/1992 ) que la actora pese a no tener licencia en vigor continuaba ejerciendo la actividad de central automática de telefonía fija, siendo que lo impetrado por la actora en f. 16 EA, de fecha 4-9-12 (curiosamente un día antes a la resolución ahora recurrida y el mismo día en que se emite el informe técnico municipal desfavorable), no es una solicitud de licencia ambiental sino un certificado de compatibilidad urbanística, sin que tal petición subsane el defecto de petición de licencia ambiental. Por lo demás, se nos aporta por la actora un documento de concesión de licencia ambiental a la actora con respecto a la central sita en c/Pirineus nº 31-39, pero no con respecto a la sita en c/Pirineus nº 51 que es la que es objeto de las presentes actuaciones, por lo que nulo o escaso valor tiene tal documento a los efectos que aquí se judican. Por tanto, al carecerse de la preceptiva licencia, y haberse infringido tanto la ordenanza municipal de actividades e intervención ambiental ( art 6.3b en relación con el anexo II, 2.5 de tal ordenanza), como lo dispuesto en el art 65 de la Ley 20/09 antes dicha en relación con su apartado 12.44.a) de su Anexo II, es dable la resolución de 5-9-12 de clausura 'ad cautelam' adoptada por la Administración actuante, ratificada en la desestimación presunta y expresa del recurso de reposición planteado por la actora contra aquélla. Inclusive el perito judicial sr Eutimio en su aclaración segunda efectuada en fecha 15-7-14 es tajante en expresa que la compañía Telefónica carece de licencia ambiental en esa fecha, y en su dictamen manifiesta que las obras de legalización efectuadas por la actora lo fueron en fecha 25-11-13 por lo que, si tenemos en cuenta la naturaleza revisora de la jurisdicción contenciosa-administrativa, nuevamente vemos que, la solución a la litis de autos pasa, por la desestimación de lo impetrado por la actora, pues en fecha de dictado de la resolución impugnada (5-9-12) NO se habían iniciado obras de legalización ni se había pedido 'strictu sensu' licencia ambiental, puesto que inclusive el testigo de la actora sr Mario indicó en la vista de 3-7-14 que no fue hasta octubre de 2012 (recuérdese que la resolución impugnada es de 5-9-12), un mes después, cuando se solicitó la licencia ambiental, y en fecha 15-10-12 (vide escrito de conclusiones de la actora, doctrina de los actos propios) cuando se presentó por la actora toda la documentación y el proyecto necesarios para obtener la preceptiva licencia ambiental, y ello sin perjuicio que en un futuro más o menos próximo en el tiempo se resuelva definitivamente la concesión de licencia ambiental por legalización.

Finalmente decir que la orden de clausura 'ad cautelam' en la práctica no constituía un medida de carácter perpetuo o permanente en el tiempo, sino que venía a condicionada al cumplimiento de un requisito ineludible técnico-jurídico, cual es la obtención de la/s preceptiva/s licencia/s; de este modo, la clausura de autos se configuró a modo de medida cautelar temporal hasta la obtención de la correspondiente licencia ambiental, y una medida en todo caso proporcional (se trata de una infracción grave del art 82.2.a de la Ley 20/1989 ), atendiendo a la propia naturaleza del incumplimiento de lo requerido por la Administración actuante con el consiguiente riesgo para la colectividad, unido a la intencionalidad y reiteración en el no cumplimiento por la actora, pues teniendo ésta conocimiento en fecha 14-3-11 de la caducidad del procedimiento (f. 1 EA) G2-0003-03, hizo caso omiso a esta circunstancia y pese a todo MÁS DE UN AÑO DESPUÉS, 12-6-12 continuaba en funcionamiento la actividad de autos sin el correspondiente título habilitante de licencia ambiental, y ello con independencia de la petición de licencia urbanística de obras menores, pues ambas licencias son totalmente independientes.

Consiguientemente, las pretensiones actoras deben ser desestimadas íntegramente.

TERCERO.- Pese a que el presente procedimiento es posterior a la última reforma de la LJCA operada por Ley 37/11 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal, al amparo del actual art 139 LJCA , no cabe imponer costas en este concreto caso a la parte recurrente, por concurrir circunstancias excepcionales para su no imposición en especial, el haberse generado serias dudas de Derecho en la resolución del presente caso.'

TERCER: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A ha sol licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Sentència anteriorment transcrita i, alhora, l'estimació del seu recurs contenciós administratiu, amb un conjunt d'arguments que es podrien resumir de la forma que segueix:

-D'entrada, la Sentència hauria comés un error, perquè la central controvertida es troba en el núm. 31-39 del carrer Pirineus. El núm. 51 és una habitatge unifamiliar. I la llicència ambiental de la central, consta que va ser informada favorablement en data 9 de setembre de 2014 i concedida el dia 9 de desembre de 2014, malgrat que per un error tipogràfic, es fes constar, a la proposta, l'adreça del núm. 51 del carrer Pirineus.

-Es tractà d'un error reconegut pel propi Ajuntament a través de la Resolució d'exempció de taxes i que quedà definitivament esmenat a través del Decret de concessió de la llicència (expedient G2-0023/12-NS).

-La Central havia estat legalitzada en el seu origen i ara es tractava d'obtenir els títols habilitants exigits per la legislació ambiental vigent.

-Les obres d'adaptació a les quals es refereix la Sentència apel lada havien estat executades amb llicència municipal. I era necessari acabar-les abans de sol licitar la llicència ambiental. Amb això es vol posar en relleu la desproporció d'una ordre de clausura, dictada quan ja feia mesos que l'apel lant havia iniciat els tràmits necessaris per tal de poder sol licitar i obtenir la llicència ambiental.

-Desproporció encara més evident en no tractar-se d'una activitat perillosa, que prestava servei a un nombre considerable d'usuaris.

QUART: L'IL LM. AJUNTAMENT DE BADALONA s'ha oposat a l'apel lació mitjançant la réplica que segueix:

-L'ordre de clausura ho va ser d'una central situada en el núm. 51 del carrer Pirineus.

-La Sentència apel lada va deixar ven clar que no hi havia lloc a cap confusió. La central ubicada en el núm. 31-39 del carrer Pirineus no era la que havia estat objecte de l'ordre de clausura. Per bé que en aquesta data, aquesta última tampoc disposés de llicència ambiental.

-De conformitat amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer i l'ordenança municipal que la desplegà, l'activitat hauria d'haver donat lloc a una sol licitud de nova llicència ambiental molts anys abans, sense cap excusa basada en els tràmits necessaris i en les obres d'adaptació.

-Resulta contradictori invocar el principi de proporcionalitat quan qui ho fa no ha sol licitat, en seu judicial, la suspensió cautelar de l'ordre de clausura impugnada.

-L'ordre municipal de clausura era proporcionada, perquè es dictà amb motiu d'una activitat en funcionament, que hauria demorat uns nou anys l'obtenció del nou títol ambiental.

CINQUÈ: L'apel lació no podrà prosperar, i no podrà fer-ho pels motius que tot seguit exposarem:

1: La polèmica que s'hauria suscitat a propòsit de l'adreça exacta de la central, resulta estèril a aquestes alçades. L'Ajuntament, en l'escrit de conclusions presentat en primera instància, reconegué d'alguna manera que la central ubicada en un primer moment en el núm. 51 del carrer Pirineus, era la mateixa que finalment s'identificà en el núm. 39-41 del mateix carrer i que esdevingué legalitzada finalment el dia 9 de desembre de 2014, previ informe favorable estés al setembre del mateix any.

2: L'anterior precisió és important, perquè acredita que la litis versa sobre una ordre de clausura claudicant, destinada a veure extingits els seus efectes amb motiu de l'acte de control inicial (positiu) de l'activitat, subsegüent a la llicència ambiental de l'any 2014.

3: En qualsevol cas, de les actuacions es desprèn que la confussió haguda amb motiu de l'adreça exacta de la central, vingué motivada per la pròpia conducta de l'ara apel lant, la qual, en múltiples ocasions (inclús en l'escrit de demanda) presentà sol licituds i documents ubicant la central en el núm. 51 del carrer Pirineus.

4: La susdita confussió no podia tenir cap efecte invalidant pel que a les actuacions administratives, atès que de les mateixes es desprenia amb claredat que, físicament, tothom s'estava referint a les mateixes instal lacions, els exteriors de les quals consten fotografiats a l'expedient administratiu.

5: L'actuació de l'Ajuntament en cap cas esdevingué desproporcionada.

Constitueix un lloc comú en l'àmbit del dret local sobre activitats considerar que l'autorització d'aquestes últimes no pot ser posterior a la de les obres necessàries per tal de poder implantar de forma efectiva l'activitat concernida. Un exemple d'això el tenim amb l' art. 77.4 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny ), segons el qual 'En cap cas no s'ha d'atorgar la llicència d'obres sense la concessió prèvia o simultània de la referent a l'activitat'.

No valen, doncs, les excuses esgrimides per l'apel lant amb motiu de les obres a executar en l'immoble que acullí la central.

L'apel lant negligí clarament durant anys a l'hora de proveir-se del títol habilitant de nou encuny que havia estat creat a partir de la Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental, posteriorment substituïda per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i per aquest motiu haurem de constatar que la reacció de l'Ajuntament apel lant davant d'aquesta situació, va ser la correcta.

El fet que la Corporació local hagués pogut autoritzar determinades obres, en cap cas havia de comportar el dret de l'ara apel lant a demorar la sol licitud de la llicència ambiental en temps i forma.

SISÈ: De conformitat amb allò que es desprèn dels punts 2 i 4 de l'art 139.2 LJCA , la íntegra desestimació del present recurs d'apel lació, haurà de venir acompanyada de la imposició, a la part apel lant, de les costes d'aquesta segona instancia; per bé que limitades, per tots els conceptes, a un màxim de 1.000 euros més l'IVA que s'escaigui.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:

DESESTIMAR el present recurs d'apel lació núm. 232/2015, promogut per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A amb l'oposició de L'IL LM. AJUNTAMENT DE BADALONA i, conseqüentment, confirmar la Sentència núm. 284, de 4 de desembre de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm. 438/2012-F.

Amb la imposició de les costes d'aquesta segona instància a la part apel lant; per bé que limitades a un màxim de 1.000 euros per tots els conceptes, més l'IVA que s'escaigui.

Notifiqui's a les parts aquesta Sentència amb l'advertència que no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació, el qual haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà (hàbil) d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

Quan es vulgui fonamentar en la infracció de normes de Dret estatal o de la Unió Europea, el recurs de cassació anirà adreçat a la Sala 3ª del Tribunal Suprem, i la seva preparació s'ajustarà a les previsions de l' art. 89.2 LJCA .

Tanmateix, quan es vulgui fonamentar en la infracció de normes emanades de la Comunitat Autònoma, el recurs de cassació s'adreçarà a la Secció de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i la seva preparació també es subjectarà a les previsions de l' art. 89.2 LJCA , per bé que la justificació a la qual es refereix la lletra e) del precepte legal esmentat, haurà de considerar-se referida al Dret autonòmic.

Als anteriors efectes, haurà de tenir-se present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió máxima i altres condicions extrínseques dels escrits procesals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació, i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes així que el present veredicte esdevingui ferm. Tot això, als efectes de les diligències d'execució que siguin procedents.

PUBLICACIÓ.- El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.