Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 182/2020, Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 137/2019 de 06 de Julio de 2020

Encabezamiento

T.S.J.LA RIOJA SALA CON/AD
LOGROÑO
SENTENCIA: 00182/2020
Equipo/usuario: MCV
Modelo: N11600
MARQUES DE MURRIETA 45-47, Correo electrónico: tsj.contencioso@larioja.org
N.I.G: 26089 45 3 2019 0000020
Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000137 /2019 (PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO
0000012 /2019)
Sobre: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
De D. Octavio
ABOGADO IBAN SEVILLANO MELERO
PROCURADOR Dª. ESTELA MURO LEZA
Contra: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
ABOGADO LETRADO DE LA COMUNIDAD
PROCURADOR D./Dª.
Ilustrísimos señores:
Presidente:
Don Jesús Miguel Escanilla Pallás
Magistrados:
Don Ignacio Espinosa Casare
Doña Elena Crespo Arce
SENTENCIA Nº 182/2020
En la ciudad de Logroño a 6 de julio de 2020.
Vistos los autos correspondientes al recurso contencioso-administrativo sustanciado en esta Sala y tramitado
conforme a las reglas del procedimiento ordinario, bajo el número 137/19, a instancia de Don Octavio ,
representado por la Procuradora Doña Estela Muro Leza y asistido por el letrado Don Iban Sevillano Melero,
siendo demandada la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE
LA RIOJA, representado y defendido, a su vez, por el Letrado de Gobierno.

Antecedentes

PRIMERO. Mediante escrito presentado se interpuso ante esta Sala recurso contencioso-administrativo contra la resolución de fecha 6 de noviembre de 2018 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de la Rioja.



SEGUNDO. Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.



TERCERO. Que asimismo se confirió traslado a la Administración demandada para contestación a la demanda, lo que se verificó, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.



CUARTO. Continuando el recurso por sus trámites, se señaló, para votación y fallo del asunto, el 1 de julio de 2020 en que se reunió, al efecto, la Sala.



QUINTO. En la sustanciación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Señor Don JESÚS MIGUEL ESCANILLA PALLÁS.

Fundamentos

PRIMERO. Es objeto de impugnación en el presente procedimiento la resolución de fecha 6 de noviembre de 2018 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de la Rioja que desestima el recurso de alzada interpuesto y confirma la resolución de fecha 27 de abril de 2018 La parte demandante solicita que se dicte sentencia por la Sentencia por la que, con estimación del recurso, acuerde: A. Se declare no conforme a derecho la imposición a mi representado de una multa coercitiva de 1500 euros B. Imponer las costas del presente proceso a quien se oponga a la demanda con temeridad o mala fe.



SEGUNDO. Es necesario enumerar con carácter previo al análisis de los motivos de impugnación planteados por el recurrente los siguientes antecedentes para una mejor comprensión de las cuestiones debatidas : 1º.- Con fecha 12 de abril de 2011 se dictó resolución del Director General de Agricultura por la que se declara que la superficie de 0,500 Has, ubicadas en las parcelas NUM000 y NUM001 del polígono NUM002 Baños de Río Tibia como plantadas sin autorización.

2º.- Con fecha 12 de abril de 2011, el Director General de Agricultura y Ganadería dicta Resolución mediante la que acuerda imponer el arranque obligatorio de la parcela arriba referida, concediéndole un plazo de dos meses desde la recepción de la misma, para el cumplimiento de este mandato y su comunicación a la Administración Autonómica.

3º.- Con fecha 1 de febrero de 2018 (notificado el 12 de febrero de 2018), se apercibió al interesado para que en el plazo de 30 días, a contar desde la notificación, procediera a comunicar la ejecución del arranque, transcurrido el cual sin haberlo efectuado se procedería a imponer multa coercitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 24/2003, de 10 de julio de la viña y el vino.

4º.- No se ha comunicado el arranque por parte del obligado, según se desprende de los informes del Servicio de Viñedo de fechas 28 de marzo de 2018 y 9 de enero de 2018.

5º Con fecha 27 de abril de 2018, el Director General de Desarrollo Rural dicta resolución por la que impone a D. Octavio una multa coercitiva de 1.500 euros (3.000euros/ha).



TERCERO. Multas coercitivas.

La parte demandante alega que la resolución recurrida en su fundamento de derecho tercero la aplicabilidad del artículo 43.2 de la ley 24/2003 de 10 de julio de la ley de la viña y del vino y concretamente establece que: 'cuando el obligado no cumpla la obligación impuesta en el artículo 8, relativa al arranque de viñedos, o lo haga de forma incompleta....,podrán imponerse multas coercitivas a fin de que se cumpla íntegramente la obligación o la sanción impuesta...'Con todos los respetos, el artículo 8 referenciado en el artículo 43.2 de la ley 24/2003 de 10 de julio de la ley de la viña y del vino, se refiere claramente a las plantaciones destinadas a la producción de vino realizadas con variedades de vid no clasificadas de acuerdo con el art. 7.En la parcelas de mi representado no existe una plantación destinada a la producción de vino realizadas con variedades de vid no clasificadas de acuerdo con el art. 7.Tal como consta en el expediente, se trata de una plantación sin autorización, pero no de plantación de vid no clasificadas de acuerdo con el articulo La Sala no comparte la argumentación de la parte demandante por los siguientes argumentos: Primero.- Se está enjuiciando la multa coercitiva impuesta sobre las parcelas NUM000 y NUM001 del polígono NUM002 Baños de Río Tobía como plantadas sin autorización.

Segundo. La multa coercitiva se impone para lograr el arranque del viñedo ordenado por resolución de la Administración que ha devenido firme por no ser recurrida por la parte demandante.

Tercero. El 43.2 de la ley 24/2003 de 10 de julio de la ley de la viña y del vino y concretamente establece que: 'cuando el obligado no cumpla la obligación impuesta en el artículo 8, relativa al arranque de viñedos, o lo haga de forma incompleta....,podrán imponerse multas coercitivas a fin de que se cumpla íntegramente la obligación o la sanción impuesta...'El artículo 43 establece '4. En el caso de incumplimiento de la obligación impuesta como sanción accesoria, las multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento total de la sanción a que se refieran y su importe no podrá ser superior a 3.000 euros.'.

El argumento de la parte demandante de que el artículo 8 se refiere a plantaciones destinadas a la producción de vino realizadas con variedades de vid no clasificadas de acuerdo con el art. 7,y por tanto no sería aplicable la normativa alegada al supuesto de autos, no se comparte porque el artículo 8 contempla varios supuestos: El artículo 8 de la Ley 24/2003 dispone '1. Las plantaciones destinadas a la producción de vino realizadas con variedades de vid no clasificadas de acuerdo con el art. 7, deberán ser arrancadas. Se exceptúan aquellos casos contemplados en la normativa comunitaria.2. Cuando se demuestre fehacientemente que una superficie de viñedo no ha sido cultivada en las tres últimas campañas, la comunidad autónoma competente podrá acordar el arranque de dicha superficie de viñedo e incorporará, en su caso, a su reserva regional los derechos derivados del mismo.3. La obligación de arrancar el viñedo por aplicación de la normativa estatal o autonómica, en función del ámbito territorial de que se trate, o de la normativa de la Unión Europea, será declarada mediante resolución de la Administración competente en cada caso, y previa la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo'. Y en consecuencia es aplicable el apartado 3 del citado artículo 8 y no los apartados 1 y 2.

Y en consecuencia, procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto.



CUARTO.- Costas. El artículo 139 establece 'En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho'. y al desestimarse procede la imposición a la parte demandante de las costas procesales hasta el límite de 1.000 €.

En atención a todo lo expuesto

Fallo

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto, con imposición a la parte demandante de las costas fijadas en el f.j quinto de esta resolución.

Así por esta nuestra Sentencia -de la que se llevará literal testimonio a los autos- y que es susceptible de recurso de casación en los térmi nos establecidos en los artículos 86 y siguientes de la Ley Jurisdiccional, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.