Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1965/2019, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 283/2018 de 17 de Junio de 2019

Encabezamiento

SENTENCIA Nº 1965/2019
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA
R. ORDINARIO Nº 283/2018
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:
PRESIDENTE
D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ
MAGISTRADOS
Dª. MARIA TERESA GÓMEZ PASTOR
Dª CRISTINA PÉREZ PIAYA MORENO
Sección Funcional 1ª
_____________________________________
En la Ciudad de Málaga a, 17 de junio de 2019.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Málaga, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M. el
REY, la siguiente Sentencia en el Recurso Contencioso-Administrativo número 283/2018 interpuesto por Dª
Rosaura representado/a por el/a Procurador/a Dª. MARTA MERINO CALDERÓ contra TEARA-MÁLAGA-,
representado y defendido por SR. ABOGADO DEL ESTADO, interviniendo en calidad de codemandada la
JUNTA DE ANDALUCÍA, representada y defendida por el SR. LETRADO DEL SERVICIO JURÍDICO.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D MANUEL LÓPEZ AGULLÓ, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el/a Procurador/a D/ña. MARTA MERINO CALDERÓN en la representación acreditada se interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra resolución del TEARA-MÁLAGA-, registrándose con el número 283/2018.



SEGUNDO.- Admitido a trámite, anunciada su incoación y recibido el expediente administrativo se dio traslado a la parte actora para deducir demanda, lo que efectuó en tiempo y forma mediante escrito, que en lo sustancial se da aquí por reproducido, y en el que se suplicaba se dictase sentencia por la que se estimen sus pretensiones.



TERCERO.- Dado traslado al demandado y codemandado para contestar a la demanda se allanaron a la misma, interesando la no imposición de costas.



CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Pues bien, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 'Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior' (esto es, si se verificara por el representante en juicio, ratificación del demandado o que el representante esté autorizado para ello y, tratándose de una Administración Pública, testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos), añadiendo el referido precepto legal, en su segundo apartado, que 'Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho'.

Como afirma la STS 20 julio 1998 el allanamiento es un acto jurídico-procesal del demandado por el que éste manifiesta su voluntad de no oponerse, o de abandonar su posición de oposición a la pretensión del actor o demandante, destacando, por su parte, la STS 27 noviembre 1998 que 'En este orden jurisdiccional contencioso-administrativo se modula el régimen general, acomodado a los principios dispositivo y de rogación de las partes, que rige en el proceso civil, en cuya virtud el allanamiento de la parte demandada obliga al Tribunal a dictar sentencia conforme a las pretensiones de la actora. Ya en el mismo orden procesal civil pierde relieve el allanamiento en materias de orden público, al resultar que el allanamiento es un acto de disposición, que carece de sentido cuando el derecho que está en juego en el proceso es indisponible. Mayor incidencia tiene, en idéntico sentido, la indisponibilidad del derecho en el ámbito de lo contencioso-administrativo, por la razón obvia de que las Administraciones Públicas están sometidas a la Ley y al Derecho ( artículo 103.1 CE , controlando los Tribunales la legalidad de la actuación administrativa ( artículo 106.1 de la Constitución Española ). Esta circunstancia explica que el artículo 89.2 LJCA disponga que, allanado el demandado, el Tribunal, sin más trámites, debe dictar sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, aunque deja a salvo -de forma inmediata y lógica- los casos en que ello suponga una infracción manifiesta del Ordenamiento Jurídico o fuere demandada la Administración pública, en cuyo caso debe dictar el Tribunal la sentencia que estime justa. El artículo 75.2 de la nueva Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , establece una regulación similar'.



SEGUNDO.- Producido en este caso el allanamiento en los términos prevenidos por el artículo citado y no estimándose que constituya infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, procede dictar Sentencia de conformidad con las pretensiones de la parte actora.



TERCERO.- En materia de costas procesales, no contiene la ley 29/1998 especialidad alguna para los supuestos de allanamiento, lo que remite a la norma general que consagra el artículo 139 de la Ley jurisdiccional, de conformidad con el cual ' En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho' sin que en estos casos pueda hablarse, en puridad, de desestimación de 'pretensiones' de la Administración demandada que no ha formalizado en términos procesales más 'pretensión', en definitiva, que la de allanamiento a la demanda.

Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 29 de junio de 2015 (recurso 404/2014) -al menos tratándose de supuestos en los que, como el que nos ocupa, el allanamiento tiene lugar antes de formalizarse escrito de contestación- argumentando el Alto Tribunal al respecto que con la nueva redacción del artículo 139 de la Ley jurisdiccional establecida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, '... se introduce en el proceso contencioso-administrativo, como criterio principal de imposición de las costas, el vencimiento, entendido este como el rechazo de todas las pretensiones de la parte, en cuanto demostrativo del injustificado sostenimiento del proceso, por cualquiera de las partes, en razón de unas pretensiones que resultan en su totalidad inviables, causando con ello a la contraparte unos gastos procesales, costas, claramente innecesarios e injustificados desde el derecho a la tutela judicial efectiva. La apreciación del vencimiento supone, por lo tanto, el sostenimiento del proceso por la parte en el ejercicio de determinadas pretensiones y que las mismas sean rechazadas por el Juez o Tribunal, término este que resulta significativo en cuanto tiene un alcance más amplio que la estimación o desestimación de las pretensiones, a que se refiere el párrafo segundo, comprendiendo todos los supuestos en los que la resolución del órgano jurisdiccional implica el rechazo de las pretensiones ejercitadas por la parte como sostén o soporte del proceso', lo que, proyectado sobre el allanamiento y teniendo en cuenta que el mismo puede producirse en cualquier momento del proceso, antes de la sentencia, necesariamente obliga a distinguir, a efectos del pronunciamiento sobre las costas, si se ha suscitado o no debate contradictorio entre las partes, siendo que cuando el allanamiento tenga lugar sin haber hecho valer la demandada pretensión alguna de adverso a las deducidas de contrario -esto es, antes de la contestación- '... no es difícil concluir que no habiéndose suscitado debate contradictorio por el demandado, que se allana sin ejercitar pretensiones frente a la posición del actor, la aceptación del allanamiento por el órgano jurisdiccional no puede entenderse como rechazo de unas pretensiones que no se han ejercitado o, como señala el auto de esta Sala de 11 de abril de 2013, rec. 341/2012 , no hay parte 'que haya visto rechazadas todas sus pretensiones'.

Teniendo en cuenta la circunstancia aludida de no incluirse en la Ley jurisdiccional regla específica en materia de costas procesales para el allanamiento y que, tras la modificación operada en la materia por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, viene a adoptar el criterio del vencimiento, acogiendo en la regulación de las costas procesales los criterios que, para los supuestos de estimación/desestimación total o parcial ya contemplaba la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se estima procedente acudir a la aplicación analógica de la disposición contenida en el artículo 395 del último de los mencionados Cuerpos legales que, en los supuestos de allanamiento producido, como aquí ha acontecido, antes de la contestación a la demanda, establece que 'no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado', añadiendo el indicado precepto legal que 'Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él demanda de conciliación'.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el/a Procurador/a D/ña. MARTA MERINO CALDERÓN en la representación acreditada se interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra resolución del TEARA-MÁLAGA-, registrándose con el número 283/2018.



SEGUNDO.- Admitido a trámite, anunciada su incoación y recibido el expediente administrativo se dio traslado a la parte actora para deducir demanda, lo que efectuó en tiempo y forma mediante escrito, que en lo sustancial se da aquí por reproducido, y en el que se suplicaba se dictase sentencia por la que se estimen sus pretensiones.



TERCERO.- Dado traslado al demandado y codemandado para contestar a la demanda se allanaron a la misma, interesando la no imposición de costas.



CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Pues bien, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 'Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior' (esto es, si se verificara por el representante en juicio, ratificación del demandado o que el representante esté autorizado para ello y, tratándose de una Administración Pública, testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos), añadiendo el referido precepto legal, en su segundo apartado, que 'Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho'.

Como afirma la STS 20 julio 1998 el allanamiento es un acto jurídico-procesal del demandado por el que éste manifiesta su voluntad de no oponerse, o de abandonar su posición de oposición a la pretensión del actor o demandante, destacando, por su parte, la STS 27 noviembre 1998 que 'En este orden jurisdiccional contencioso-administrativo se modula el régimen general, acomodado a los principios dispositivo y de rogación de las partes, que rige en el proceso civil, en cuya virtud el allanamiento de la parte demandada obliga al Tribunal a dictar sentencia conforme a las pretensiones de la actora. Ya en el mismo orden procesal civil pierde relieve el allanamiento en materias de orden público, al resultar que el allanamiento es un acto de disposición, que carece de sentido cuando el derecho que está en juego en el proceso es indisponible. Mayor incidencia tiene, en idéntico sentido, la indisponibilidad del derecho en el ámbito de lo contencioso-administrativo, por la razón obvia de que las Administraciones Públicas están sometidas a la Ley y al Derecho ( artículo 103.1 CE , controlando los Tribunales la legalidad de la actuación administrativa ( artículo 106.1 de la Constitución Española ). Esta circunstancia explica que el artículo 89.2 LJCA disponga que, allanado el demandado, el Tribunal, sin más trámites, debe dictar sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, aunque deja a salvo -de forma inmediata y lógica- los casos en que ello suponga una infracción manifiesta del Ordenamiento Jurídico o fuere demandada la Administración pública, en cuyo caso debe dictar el Tribunal la sentencia que estime justa. El artículo 75.2 de la nueva Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , establece una regulación similar'.



SEGUNDO.- Producido en este caso el allanamiento en los términos prevenidos por el artículo citado y no estimándose que constituya infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, procede dictar Sentencia de conformidad con las pretensiones de la parte actora.



TERCERO.- En materia de costas procesales, no contiene la ley 29/1998 especialidad alguna para los supuestos de allanamiento, lo que remite a la norma general que consagra el artículo 139 de la Ley jurisdiccional, de conformidad con el cual ' En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho' sin que en estos casos pueda hablarse, en puridad, de desestimación de 'pretensiones' de la Administración demandada que no ha formalizado en términos procesales más 'pretensión', en definitiva, que la de allanamiento a la demanda.

Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 29 de junio de 2015 (recurso 404/2014) -al menos tratándose de supuestos en los que, como el que nos ocupa, el allanamiento tiene lugar antes de formalizarse escrito de contestación- argumentando el Alto Tribunal al respecto que con la nueva redacción del artículo 139 de la Ley jurisdiccional establecida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, '... se introduce en el proceso contencioso-administrativo, como criterio principal de imposición de las costas, el vencimiento, entendido este como el rechazo de todas las pretensiones de la parte, en cuanto demostrativo del injustificado sostenimiento del proceso, por cualquiera de las partes, en razón de unas pretensiones que resultan en su totalidad inviables, causando con ello a la contraparte unos gastos procesales, costas, claramente innecesarios e injustificados desde el derecho a la tutela judicial efectiva. La apreciación del vencimiento supone, por lo tanto, el sostenimiento del proceso por la parte en el ejercicio de determinadas pretensiones y que las mismas sean rechazadas por el Juez o Tribunal, término este que resulta significativo en cuanto tiene un alcance más amplio que la estimación o desestimación de las pretensiones, a que se refiere el párrafo segundo, comprendiendo todos los supuestos en los que la resolución del órgano jurisdiccional implica el rechazo de las pretensiones ejercitadas por la parte como sostén o soporte del proceso', lo que, proyectado sobre el allanamiento y teniendo en cuenta que el mismo puede producirse en cualquier momento del proceso, antes de la sentencia, necesariamente obliga a distinguir, a efectos del pronunciamiento sobre las costas, si se ha suscitado o no debate contradictorio entre las partes, siendo que cuando el allanamiento tenga lugar sin haber hecho valer la demandada pretensión alguna de adverso a las deducidas de contrario -esto es, antes de la contestación- '... no es difícil concluir que no habiéndose suscitado debate contradictorio por el demandado, que se allana sin ejercitar pretensiones frente a la posición del actor, la aceptación del allanamiento por el órgano jurisdiccional no puede entenderse como rechazo de unas pretensiones que no se han ejercitado o, como señala el auto de esta Sala de 11 de abril de 2013, rec. 341/2012 , no hay parte 'que haya visto rechazadas todas sus pretensiones'.

Teniendo en cuenta la circunstancia aludida de no incluirse en la Ley jurisdiccional regla específica en materia de costas procesales para el allanamiento y que, tras la modificación operada en la materia por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, viene a adoptar el criterio del vencimiento, acogiendo en la regulación de las costas procesales los criterios que, para los supuestos de estimación/desestimación total o parcial ya contemplaba la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se estima procedente acudir a la aplicación analógica de la disposición contenida en el artículo 395 del último de los mencionados Cuerpos legales que, en los supuestos de allanamiento producido, como aquí ha acontecido, antes de la contestación a la demanda, establece que 'no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado', añadiendo el indicado precepto legal que 'Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él demanda de conciliación'.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto y en su virtud se declara la disconformidad a Derecho del acto recurrido y la nulidad de la liquidación. Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo si pretende fundarse en infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con la composición que determina el afrt. 86.3 de la Ley Jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas de derecho autonómico; recurso que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta dias contados desde el siguiente a la notificación de la presente sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el art. 89.2 del mismo Cuerpo Legal.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Magistrados antes mencionados, excepto la Magistrada Dª .CRISTINA PÉREZ PIAYA MORENO, que votó en Sala y no pudo firmar, haciéndolo por él el Presidente de la Sección D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ . Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados antes mencionados.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.-