Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 223/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 322/2015 de 04 de Abril de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 322/2015

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona

Procediment ordinari núm. 134/2014

Apel lant: IL LM. AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE L'EMPORDÀ

Representant de l'apel lant: SRA. ELISA RODÉS CASAS, Procuradora

Apel lat: SR. Balbino

Representant de l'apel lat: SRA. ELISABETH HERNÁNDEZ VILAGRASA, Procuradora

S E N T È N C I A núm. 223

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 4 d'abril de 2017

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat aquesta SENTÈNCIA a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 322/2015, interposat, com a apel lant, per L'IL LM. AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE L'EMPORDÀ -representat per la Procuradora SRA. ELISA RODÉS CASAS i assistit pel Lletrat de la Diputació de Girona SR. MIQUEL VILANOVA I CULLELL-, essent l'apel lat Don. Balbino -representat per la Procuradora SRA. ELISABETH HERNÁNDEZ VILAGRASA i assistit pel Lletrat SR. NARCÍS PÉREZ MORATONES-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER: La Sentència núm. 258, de 9 de juny de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona en el sí del recurs ordinari núm. 134/2014 , resolgué en primera instància el litigi promogut pel Don. Balbino contra L'IL LM. AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE L'EMPORDÀ, amb el veredicte que segueix:

'ESTIMAR la demanda deducida por Balbino al Decreto de 10 de Abril de 2014 por el que se estima parcialmente el recurso contra la imposición de la primera multa coercitiva que no habrá de comportar el derribo del pavimento de hormigón atendiendo a que se trata de una autorización otorgada por silencio administrativo. ANULÁNDOLA por no ser conforme a derecho en el sentido que el Sr Balbino tiene el derecho a utilizar la edificación para usos propios o en su caso artesanales o artísticos sin precisar licencia alguna siempre y cuando no comercialice con la misma con expresa imposición de costas.'

SEGON: Disconforme amb el veredicte, l'Ajuntament demandat interposà apel lació, i l'actor s'hi oposà en temps i forma.

TERCER: Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, va ser acordada la formació d'aquest rotlle d'apel lació i, alhora, es designà Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 28 de març de 2017 per tal de votar i decidir; la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART: En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER: Com ja hem vist, la Sentència núm. 258, de 9 de juny de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona en el sí del recurs ordinari núm. 134/2014 , resolgué en primera instància el litigi promogut pel Don. Balbino contra L'IL LM. AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE L'EMPORDÀ, amb el veredicte que segueix:

'ESTIMAR la demanda deducida por Balbino al Decreto de 10 de Abril de 2014 por el que se estima parcialmente el recurso contra la imposición de la primera multa coercitiva que no habrá de comportar el derribo del pavimento de hormigón atendiendo a que se trata de una autorización otorgada por silencio administrativo. ANULÁNDOLA por no ser conforme a derecho en el sentido que el Sr Balbino tiene el derecho a utilizar la edificación para usos propios o en su caso artesanales o artísticos sin precisar licencia alguna siempre y cuando no comercialice con la misma con expresa imposición de costas.'

Aquest veredicte vingué precedit dels següents fonaments jurídics:

'PRIMERO-. Según resulta del expediente administrativo el Sr Balbino titular de una granja construida en el año 1995 decidió pavimentar la nave agrícola y una cubierta con la instalación de unos paneles razón por la que se le incoó un expediente de restauración de la legalidad urbanística alterada que finalizó con la imposición de una multa de 1000 euros y ordenándole la retirada de los paneles . Previamente el Sr Balbino había solicitado licencia para la realización de tales obras que le fue denegada al afectar a una zona calificada de Protección Paisajística de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 y 206 y que las granjas debían situarse en las zonas de bosque degradado respectando las distancias establecidas en el artículo 109.4 del POUM , resolución que fue recurrida y que una vez interpuesto el recurso contencioso administrativo fue estimado en parte al considerar que la licencia había sido otorgada por silencio positivo y se razona que tal concesión no alcanza a los paneles instalados porque no fueron objeto de solicitud ni pueden ser legalizables atendiendo que suponen una modificación de la configuración arquitectónica de la edificación , pero es que además, según la resolución objeto de ampliación , respecto a los usos actuales que se hace de la granja, como almacén , la exposición o depósito particular de gran cantidad de mobiliario antiguo o de recuperación no es ninguno de los reconocidos de nueva implantación para las construcciones de suelo no urbanizable y no consta que se desarrolle una actividad artesanal que-dice- tampoco podría prosperar atendiendo que no está incluida en el catálogo ; no es ningún supuesto que pueda obtener previo informe preceptivo de la comisión de urbanismo - reconstrucción o rehabilitación- y tampoco se trata de obras de conservación , de adecuación o de mejora o mantenimiento de un uso existente admitido por el ordenamiento urbanístico , considerando que los paneles de cierre suponen una modificación de la configuración arquitectónica.

Sobre lo actuado el recurrente sostiene que el Ayuntamiento vulnera lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Urbanismo en tanto que el referido precepto no regula el uso privativo de las instalaciones por lo que no podía declarar ilegalizables las obras y si acaso concederle el plazo de dos meses para su legalización - nada de esto ha efectuado el Ayuntamiento quien insiste que los usos que desarrolla el Sr Balbino no es ninguno de los reconocidos de nueva implantación para las construcciones en suelo no urbanizable.

SEGUNDO.- Expuesta en apretada síntesis el objeto el recurso , se adelanta que el mismo debe estimarse en tanto que desconoce ésta Juzgadora que tipo de uso debe autorizarse por parte de un Sr que obtiene la jubilación de su anterior actividad ganadera y que para su desarrollo personal dedica su tiempo libre a reparar sus propios muebles sin trascender a terceros .

Bien es cierto que el artículo 47 de la Ley de Urbanismo en su redacción efectuada por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto permite , en suelo no urbanizable, con los requisitos fijados por los artículos 50 y 51 :

a) Reconstruir y rehabilitar las masías y las casas rurales que sea necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas, históricas, ambientales, paisajísticas o sociales.

b) Reconstruir y rehabilitar otras construcciones anteriores a la entrada en vigor del primer instrumento de planeamiento urbanístico general en cada municipio y que sea necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas o históricas.

c) Rehabilitar las construcciones rurales en desuso para corregir el impacto ambiental o paisajístico negativo , introduciéndose en esa modificación el artículo 3 bis que prescribe que Las construcciones a que se refiere el apartado 3 deben haber sido incluidas por el planeamiento urbanístico en el catálogo que establece el artículo 50.2, con el fin de destinarlas a vivienda familiar, a un establecimiento hotelero con exclusión de la modalidad de hotel apartamento; a un establecimiento de turismo rural; a actividades de educación en el ocio, artesanales, artísticas o de restauración; a equipamientos, o a servicios comunitarios. No obstante, para poder destinarlas a establecimiento hotelero debe estar previsto expresamente en dicho catálogo, el cual puede establecer un límite en el número de plazas. Las construcciones a que se refiere el apartado 3.b y c en ningún caso pueden reconstruirse y rehabilitarse con la intención de destinarlas al uso de vivienda familiar.

En todos los casos, los usos de las construcciones a que se refiere el presente apartado deben ser compatibles con las actividades agrarias implantadas en el respectivo entorno inmediato .

Ahora bien esta normativa debe ser interpretada de conformidad a la realidad cambiante ya de la ordenación del planeamiento sino de la situación de jubilación del titular de la explotación ganadera , no existiendo impedimento legal alguno que el mismo utilice sus instalaciones, que no por el cese de uso pasan a fuera ordenación - como erróneamente mantiene el Ayuntamiento - ya que el intervencionismo municipal en la autorización de las licencias no alcanza a la actividades que en el interior de la instalación efectúa el recurrente para su uso y exclusivo placer de reparar sus utensilios personales , por lo que carece de motivación que deba exigírsele licencia para ese fin. A mayor abundamiento piénsese que en nuestro ordenamiento urbanístico se prevé en el art. 61.1 del Decret 305/2006, de 18 de julio , la admisión de usos provisionales, en los casos y las condiciones que establece el art. 53 de la Ley de urbanismo, los siguientes:

a) El almacenaje o el depósito simple y mero de mercancías o de bienes muebles.

b) La prestación de servicios particulares a los ciudadanos.

c) Las actividades del sector primario y las actividades comerciales que estén relacionadas.

d) Las actividades de ocio, deportivas, recreativas y culturales.

e) La exhibición de anuncios publicitarios mediante paneles.

f) En las construcciones e instalaciones preexistentes en suelo urbano, los usos admitidos en la zona urbano, los usos admitidos en la zona urbanística en que estén incluidos los terrenos que ocupan.

Luego en el caso presente si se autoriza un uso de carácter provisional al almacenaje y/o el deposito simple y mero de mercancías o bienes muebles , que no comporten actividades de comercialización o distribución bien se entenderá de conformidad con los principios de proporcionalidad y favor libertatis ( artículos 2.3 y 3.2 del Reglamento de Obras y Servicios ) pueda admitirse el uso distinto para la actividad agrícola tal y como se establece en el artículo 3 bis antecitado en el particular de desarrollo de actividades artesanales, artísticas o de restauración;que además no son objeto de comercialización

La cuestión es que el Ayuntamiento es plenamente competente para controlar desde la perspectiva urbanística y con plena coherencia los usos que se llevan a cabo en los edificios, lo ilógico resulta que se exija licencia para una actividad que no trasciende a terceros y que no causa afectación ambiental alguna razón por la que el recurso debe estimarse íntegramente al no haber aportado la administración demandada prueba alguna, tal y como le correspondía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la LEC , que la construcción ha quedado fuera de ordenación , ya que no le es aplicable , como se ha visto anteriormente el régimen establecido en el artículo 108 de la Ley de Urbanismo , ni siquiera ha intentado acreditar que la actividad de restauración llevada a cabo por el Sr Balbino se comercialice o tenga afectación ambiental.

TERCERO.- A tenor del artículo 139.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción procede imponer las costas a la administración demandada al no apreciarse serias dudas de hecho o de derecho para su no imposición.'

SEGON: L'IL LM. AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE L'EMPORDÀ ha sol licitat d'aquest Tribunal la revocació de la precedent Sentència i, alhora, la desestimació del recurs contenciós administratiu deduït pel Don. Balbino ; i ho ha fet amb els arguments que passem a resumir:

-L'apel lat no és un pagès jubilat, sinó algú que adquirí unes instal lacions agrícoles quan aquestes ja es trobaven en desús des de feia anys i, per tant, en situació de fora d'ordenació.

-En el seu dia, la llicència de construcció d'aquestes instal lacions va ser atorgada en atenció al seu ús agrícola. I un cop en desús, no van ser incloses en cap catàleg de construccions existents en sòl no urbanitzable (SNU).

-L'apel lat utilitza les instal lacions per tal de emmagatzemar i reparar mobiliari antic que després comercialitza, com és notori, a la seva botiga del carrer Adela Trayter, 2, de La Bisbal de l'Empordà. Es tracta, doncs, d'un ús no admès al SNU per l'art. 47 TRLU.

-Tampoc és aplicable el règim d'usos provisionals (art. 53.4 TRLU). Ni es pot admetre l'adquisició de cap llicència per silenci positiu contra legem (art. 5.2 TRLU).

TERCER: El SR. Balbino s'ha oposat a l'apel lació fent seves les consideracions de la Sentència apel lada, a banda d'afegir els arguments que segueixen:

-Ell exercia una activitat ramadera a les instal lacions, que va tancar quan es jubilà.

-L'objecte del litigi és només l'ús de les instal lacions, perquè l'Ajuntament accedí a que es mantingués el paviment del magatzem, i els panells van ser retirats pel propi interessat.

-L'apel lant no és el titular de la botiga d'antiguitats esmentada per l'Ajuntament per primera vegada en seu d'apel lació.

-Les instal lacions van ser construïdes amb llicència i no es troben en situació de fora d'ordenació.

-L'ús controvertit és perfectament compatible amb les previsions de l' art. 47.3.bis TRLU, introduït per la Llei 3/2012 .

QUART: Per començar, haurem de dir que de les actuacions es desprenen algunes dades d'interès rellevant, les quals no podrem per menys que portar a col lació.

Així podrem comprovar que el 23 de setembre de 2013, la Policia Local (veure l'acta) detectà la presència de gran quantitat de mobles i de material antic al magatzem rural propietat de l'avui apel lat. L'interessat manifestà en aquell moment que tot aquell material era de la seva propietat.

Per Decret d'Alcaldia de 5 de desembre de 2013, confirmat per Decret de 30 de gener de 2014, es dictà, contra l'apel lat, una ordre de restauració de la legalitat vulnerada i de la realitat física alterada, la qual vingué acompanyada d'una intimació per al cessament de l'ús de magatzem de mobiliari i d'una multa coercitiva de 1.000 euros.

El segon dels Decrets esmentats va ser la conseqüència d'un escrit presentat pel SR. Balbino en data 17 de desembre de 2013, el qual no contenia cap element o protesta susceptible de permetre l'equiparació de la dita instància a un recurs de reposició; si més no pel que fa a l'ordre de restauració i de cessament d'ús, que és allò que ara ens interessa. Tanmateix, l'Ajuntament li donà el tractament propi d'un recurs de reposició.

El 10 de febrer de 2014 el SR. Balbino va rebre la notificació del Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2014, reiteratiu de les ordres de restabliment ja donades, les quals es calificaren com de fermes i consentides.

En data 3 de març de 2014 el SR. Balbino sí que presentà un recurs de reposició; i per Decret d'Alcaldia de 10 d'abril de 2014 es considerà atorgada per silenci la llicència de legalització del paviment del magatzem que ara ens ocupa; però no s'aceptà, en canvi, la legalització dels panells existents i de l'ús de magatzem de mobles, per la qual cosa s'insistí en l'ordre de restabliment de la legalitat pel que fa a aquests dos darrers elements, amb l'advertiment d'una segona multa coercitiva.

El dia 10 d'abril de 2014, l'apel lat interposà recurs contenciós administratiu.

Els poders aportats acreditaven que el SR. Balbino havia nascut l'any 1941 i que la seva professió era la 'd'antiquari'.

A les actuacions s'incorporà documentació que acreditava que l'apel lat havia estat un temps jubilat com a 'autònom' (no pas com a afiliat al règim especial agrari), i que aquesta jubilació havia estat rehabilitada amb efectes d'octubre de 2013 en endavant.

CINQUÈ: L'apel lació haurà de prosperar.

La valoració de les proves efectuada pel Jutjat d'instància mereix ser qualificada de manifestament errònia i contrària a la lògica més elemental.

Analitzats els fets d'acord amb les regles de la sana crítica i de l'experiència, la Sentència apel lada hauria d'haver considerat provat l'ús de magatzem invocat per l'Ajuntament. D'ús de magatzem que, per la gran quantitat de mobles i d'objectes antics detectats per la Policia Local, només resultava possible associar a una activitat econòmica de restauració de mobiliari antic, duta a terme per una persona que, no debades, havia estat declaradament 'antiquari' de professió; això sí: amb una reactivació de la seva condició de perceptor de la corresponent pensió de jubilació, gestionada amb efectes posteriors a la data de l'acta aixecada per la Policia Local el 23 de setembre de 2013 (acta aixecada -s'escau tenir-ho present- amb virtualitat probatòria ex art. 137.3 de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre).

En aquesta tessitura, no resultava possible encabir l'ús clandestí que acabem de descriure en cap de les activitats admeses en sòl no urbanitzable per l'art. 47 del text refós de la Llei d'urbanisme. Ni tant sols a títol 'provisional', atès que en el moment dels fets, l'art. 53.4 del text refós de la Llei d'urbanisme ja especificava que en sòl no urbanitzable no s'admetrien usos provisionals disconformes amb el règim urbanístic d'aquest tipus de sòl. Dit, això, no sense afegir, que tampoc es donava un prerequisit essencial a l'hora de garantir la 'provisionalitat' dels usos; a saber: la previsió certa d'actuacions d'urbanístiques o d'execució de sistemes, amb virtualitat per tal de fer desaparèixer o extingir de forma efectiva els usos provisionals. Prerequisit, aquest, sense el qual els usos 'aparentment' provisionals podrien perpetuar-se indefinidament, esdevenint el resultat d'un frau legal.

SISÈ: De conformitat amb allò que es desprèn de l' art. 139.2 LJCA , així com de l'últim incís del primer paràgraf de l' art. 139.1 LJCA , no símposaran costes en segona instància. I tampoc s'imposaran les de la primera a l'apel lat, atès que la seva estratègia es fonamentà en uns criteris que, no debades, van arribar a convèncer -tot i que equivocadament- un òrgan jurisdiccional.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:

ESTIMAR el present recurs d'apel lació núm. 322/2015, promogut per L'IL LM. AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE L'EMPORDÀ, amb l'oposició Don. Balbino i, conseqüentment:

1: REVOCAR i deixar sense cap efecte la Sentència núm. 258, de 9 de juny de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona en el sí del recurs ordinari núm. 134/2014 . I en el seu lloc,

2: DESESTIMAR íntegrament l'expressat recurs ordinari.

Sense imposició de costes en segona instància, i sense imposició de costes en la primera.

Notifiqui's i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació, el qual haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà (hàbil) d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

Quan es vulgui fonamentar en la infracció de normes de Dret estatal o de la Unió Europea, el recurs de cassació anirà adreçat a la Sala 3ª del Tribunal Suprem, i la seva preparació s'ajustarà a les previsions de l' art. 89.2 LJCA .

Tanmateix, quan es vulgui fonamentar en la infracció de normes emanades de la Comunitat Autònoma, el recurs de cassació s'adreçarà a la Secció de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i la seva preparació també es subjectarà a les previsions de l' art. 89.2 LJCA , per bé que la justificació a la qual es refereix la lletra e) del precepte legal esmentat, haurà de considerar-se referida al Dret autonòmic.

Als anteriors efectes, haurà de tenir-se present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió máxima i altres condicions extrínseques dels escrits procesals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació, i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes així que el present veredicte esdevingui ferm. Tot això, als efectes de les diligències d'execució que siguin procedents.

PUBLICACIÓ.- El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.