Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 239/2018, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 398/2015 de 06 de Marzo de 2018

Encabezamiento

Recurso ordinario nº 398/15
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN 5ª
SENTENCIA Nº 239-2018
Iltmos. Sres:
Presidente
D. FERNANDO NIETO MARTIN
Magistrados
D. JOSÉ BELLMONT MORA
Dª ROSARIO VIDAL MAS
Dª BEGOÑA GARCÍA MELÉNDEZ
D. ANTONIO LÓPEZ TOMÁS
En Valencia a seis de marzo de dos mil dieciocho.-
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, el recurso contencioso-administrativo nº 398/15, interpuesto por el Procurador D. FRANCISCO
VERDET CLIMENT en nombre y representación de D. Fructuoso contra la Resolución de fecha 9-3-2015
dictada por la Secretaria autonómica de autonomía personal y dependencia , Consellería de Bienestar social,
expediente VA 168719 desestimando el recurso de alzada interpuesto y confirmando, a su vez, la Resolución
de 17-10-2014 por la que se aprobaba el Programa de atención individual, estando la Administración
demandada representada y asistida por el Letrado de la generalidad-
Ha sido Ponente la Magistrada Doña BEGOÑA GARCÍA MELÉNDEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el Recurso y seguidos los trámites previstos en la Ley, se emplazó a la parte demandante al objeto de que formalizara su escrito de demanda, lo que verificó en tiempo y forma, solicitando se dicte Sentencia por la que se anule y deje sin efecto el acto impugnado y se reconozca el derecho del recurrente a percibir las prestaciones correspondientes desde la fecha de la solicitud el 27-10-2010, hasta el reconocimiento definitivo, que se valora en la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EURO CON SEIS CÉNTIMOS, (12.521'06€.-) a cuyo importe deberá ser condenada la administración demandada a abonar al recurrente, más los intereses legales desde la fecha en la que debió haber satisfecho las prestaciones concedidas desde la solicitud y costas de todo ello.



SEGUNDO.- . A continuación, por la parte demandada se contestó a la demanda oponiéndose y solicitando su íntegra desestimación.



TERCERO.- A cordándose el recibimiento del pleito a prueba con la reproducción de la prueba documental aportada y quedando los autos, tras el trámite de conclusiones, pendientes de deliberación y fallo.



CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente Recurso el día seis de marzo del presente año.



QUINTO.- En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El objeto del presente recurso lo constituye la Resolución de fecha 9-3-2015 dictada por la Secretaria autonómica de autonomía personal y dependencia , Consellería de Bienestar social, expediente NUM000 desestimando el recurso de alzada interpuesto y confirmando, a su vez, la Resolución de 17-10-2014 por la que se aprobaba el Programa de atención individual en la cuantía de 354'43 euros al mes y efectos retroactivos por importe de 6.249'72 euros correspondientes al periodo comprendido entre el 28-4-2013 al 16-10-2014, importe que se abonará de forma periodificada en cuatro plazos anuales La parte recurrente sustenta su recurso en los siguientes antecedentes de hecho : 1)En fecha 27-10-2010 se solicita reconocimiento de la situación de dependencia por parte del recurrente.- 2)El 4-2-2011 mediante Resolución del Secretario autonómico de Bienestar social , se le reconoce a la persona dependiente en situación de dependencia Grado 3 Nivel 1 4)El 12/11/2014 se dicta Resolución aprobando el PIA concretando la prestación en 354'43 euros mensuales y reconociendo efectos retroactivos por importe de 6.249'72 euros correspondientes al periodo comprendido entre el 28-4-2013 al 16-10-2014, importe que se abonará de forma periodificada en cuatro plazos anuales Solicita la parte actora el reconocimiento retroactivo de la prestación por dependencia correspondiente al Grado III Nivel 1 desde la fecha de la solicitud el 27-10- 2010 a razón de la cuantía vigente en cada momento que ascendía a 416'98 euros sin aplicar detracción, solicitando se dicte sentencia en los términos expuestos.



SEGUNDO.- Por su parte la Administración demandada se opuso solicitando la confirmación de la resolución siendo aplicable el plazo de suspensión de dos años establecido por la DT9ª del RDL 20/2012 , siendo acorde a la legalidad las cuantías fijadas en la Resolución impugnada dictada con posterioridad al RD Ley 20/2012 solicitando, sin más, la íntegra desestimación del recurso formulado.



TERCERO: Centrada la presente controversia en determinar la fecha y la cuantía de la prestación económica a partir de la cual deben concretarse los efectos retroactivos del PIA que le han sido reconocidos al recurrente de forma tardía, y tal y como ha declarado esta misma Sala y sección, entre otras, en sentencia nº 365/17 recaída en recurso 1120/14 , una vez reconocido el PIA por parte de la Generalidad Valenciana, los efectos del mismo deben diferenciarse, conforme a la fecha de la solicitud en dos modalidades de retroacción.

Bien al momento de la solicitud,si esta se formula durante la vigencia del Decreto 17/07 resultando para ello que tanto la normativa estatal como la autonómica eran muy claras al respecto, pues tanto la Disposición final tercera de la Ley 39/2006 (estatal) como el art. 10.4 del Decreto autonómico 17/2007, establecían que el derecho a las prestaciones se genera a partir del día siguiente a la fecha de solicitud en el órgano competente para su tramitación.

Y, en el mismo sentido el art. 2.2. de la Orden de la Consellería de Bienestar Social de 5.12.2007, O bien, a partir de los seis meses de la fecha de la solicitud, si está se formuló, estando en vigor el Real Decreto Ley 8/2010.

El art. 5 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo , por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en la materia que estamos examinando, modificó con efectos 1 junio de 2010, la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia , estableció: (...)Uno. Se modifica el apartado 2, que queda redactado como sigue: « 2. En el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones.» Dos. Se modifica el apartado 3, que queda redactado como sigue: «3. El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes, previstas en los artículos 17 a 25 de esta Ley, a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación o prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria.

Si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.» (...).

El precepto entró en colisión con la disposición adicional undécima de la Ley de las Cortes Valencianas 15/2007, de 27 de diciembre , de presupuestos para el ejercicio 2008), que establecía el silencio administrativo negativo; no obstante, fue declarado inconstitucional por Sentencia del Pleno nº 86/2013, de 11 de abril de 2013 (BOE núm. 112, de 10 de mayo de 2013). Según el legislación que se acaba de transcribir: 1. El transcurso de seis meses desde la solicitud da derecho a las prestaciones. Salvo -como ocurre en el presente caso- en las peticiones anteriores a esta norma. La disposición final tercera de la Ley 39/2006 (estatal) como el art. 10.4 del Decreto autonómico 17/2007, establecían que el derecho a las prestaciones se generaba a partir del día siguiente a la fecha de solicitud en el órgano competente para su tramitación. En el mismo sentido el art. 2.2. de la Orden de la Consellería de Bienestar Social de 5.12.2007.

2. Desde esa fecha, tendría derecho a las prestaciones solicitadas.

La resolución recurrida resulta por tanto contraria a derecho ya que desestima el reconocimiento de efectos retroactivos conforme a lo expresado , admitiéndolos únicamente a partir del 28-4-2013 al aplicar el plazo de suspensión de dos años previsto por la Disposición Transitoria novena del RD Ley 20/2012 .

No obstante en el presente supuesto, a pesar de que la parte recurrente solicita el reconocimiento retroactivo de la prestación por dependencia desde la fecha de presentación de la solicitud, el 27-10-2010, resulta que en este supuesto concreto dicha solicitud se presenta tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo y por ello no pueden ser reconocidos los efectos retroactivos desde el día siguiente de la solicitud sino a partir de los seis meses de la presentación de la misma por estar en vigor la aplicación del silencio positivo de manera, que en este caso concreto, la retroactividad deberá producirse a partir del 28-4-2011,conforme a las cuantías vigentes en dicha anualidad para el grado y nivel reconocido a la persona dependiente, esto es, Grado 3, Nivel 1 y que según refiere el recurrente ascendía a 416'98 euros frente a los 354'43 euros al mes reconocidos por la Resolución estimándose el recurso interpuesto en tales términos, sin minoraciones ni fraccionamientos hasta la entrada en vigor del RDLey 20/2012, debiendo por ello y de conformidad de tales parámetros realizarse la liquidación correspondiente por parte de la administración demandada hasta la fecha en la que se dicta la Resolución impugnada, conforme a la normativa vigente en cada anualidad, y minorando, de la cantidad resultantes el importe reconocido por la Administración en la resolución impugnada

CUARTO : De conformidad con el art. 139 de la Ley 29/1998 ,y tratándose de una estimación parcial no procede imponer costas.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso planteado por el Procurador D. FRANCISCO VERDET CLIMENT en nombre y representación de D. Fructuoso contra la Resolución de fecha 9-3-2015 dictada por la Secretaria autonómica de autonomía personal y dependencia , Consellería de Bienestar social, expediente NUM000 desestimando el recurso de alzada interpuesto y confirmando, a su vez, la Resolución de 17-10-2014 por la que se aprobaba el Programa de atención individual, estando la Administración demandada representada y asistida por el Letrado de la generalidad Anulando la resolución administrativa impugnada, reconociendo la retroactividad de la prestación que deberá producirse a partir de los seis meses de la presentación de la solicitud de revisión del grado y nivel esto es, a partir del 28-4-2011,conforme a las cuantías vigentes en dicha anualidad para el grado y nivel reconocido a la persona dependiente, esto es, Grado 3, Nivel 1 y que se concretó en 416'98 euros frente a los 354'43 euros al mes reconocidos por la Resolución, ESTIMÁNDOSE el recurso interpuesto en tales términos, sin minoraciones ni fraccionamientos hasta la entrada en vigor del RDLey 20/2012, y CONDENANDO a la Administración demandada a liquidar y abonar la prestación correspondiente conforme a tales parámetros, y minorando, de la cantidad resultantes el importe reconocido por la Administración en la resolución impugnada.

Sin costas.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016 Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.