Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 328/2019, Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 331/2019 de 18 de Diciembre de 2019

Encabezamiento

SENTENCIA DE APELACIÓN Nº 000328/2019
ILTMOS. SRES.:
PRESIDENTA,
DÑA. MARÍA JESÚS AZCONA LABIANO
MAGISTRADOS/AS,
D. ANTONIO SÁNCHEZ IBÁÑEZ
DÑA. ANA IRURITA DIEZ DE ULZURRUN
En Pamplona/Iruña, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los
Ilustrísimos Señores Magistrados expresados, ha visto, en grado de apelación, el presente rollo nº 331/2019
contra el auto de fecha 30 de abril de 2019, dictado en los autos procedentes del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Pamplona correspondientes a la Ejecución provisional nº 8/2019 del Procedimiento
Abreviado nº 241/2018 y siendo partes como apelante Joaquín representado por la Procuradora de
los Tribunales Doña Juana María Laita Merino y defendido por el Letrado D. Pablo Arza Otano y como
apeladaLADELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA, representada y defendida por el Sr. Abogado del
Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- El día 30 de abril de 2019 se dictó auto acordando la ejecución provisional de la sentencia nº 51/2019 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 2 de los de Pamplona en el Procedimiento Abreviado nº 241/2019 que disponía la recuperación por parte del Sr. Joaquín la autorización de residencia de larga duración en su día revocada. Por auto de fecha 31 de mayo de 2019 se completó el auto de 30 de abril en el sentido de incluir que ' no se hace expresa imposición de las costas causadas'.



SEGUNDO.- Por la parte demandante se ejercitó recurso de apelación al que se dio el trámite legalmente establecido en el que solicitaba que se revoque parcialmente el auto, en el sentido de establecer condena en costas de la demandada.

La parte apelada-demandada se opone a la pretensión anterior solicitando la inadmisibilidad del recurso de apelación o, en su caso, la desestimación del mismo confirmando el auto de instancia.



TERCERO.- Elevadas las actuaciones a la Sala y formado el correspondiente rollo, se dio traslado a la parte apelante para alegaciones sobre la causa de inadmisibilidad del recurso de apelación y tras las actuaciones legalmente prevenidas, se señaló para votación y fallo el día 17 de diciembre de 2019.

Es ponente la Iltma. Sra. DÑA. ANA IRURITA DIEZ DE ULZURRUN, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Auto recurrido y alegaciones de las partes en apelación.

El auto impugnado acuerda la ejecución provisional de la sentencia nº 51/2019 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº2 de Pamplona acordando la recuperación por parte del interesado de la autorización de residencia de larga duración. No efectúa imposición de costas a la parte ejecutada, ' por los mismos motivos que justificaron su no imposición en sede declarativa que aconsejan su no imposición en ejecución'. En sentencia no se impusieron las costas a pesar de la estimación de la demanda ' dada la especial naturaleza del presente recurso'.

La parte recurrente alega, en síntesis, como motivo de apelación la falta de condena en costas a la Administración por errónea o indebida aplicación del artículo 139.1 LJCA. La Juez que dictado el auto no ha motivado que el caso presentase serias dudas de hecho o de derecho, con la consiguiente falta de motivación de la no imposición de costas a la ejecutada, infringiendo los arts. 24 y 120 C.E. La especial naturaleza del presente recurso no aparece en la legislación procesal como causa para no imponer las costas a la parte vencida.

El Abogado del Estado solicita la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto. El único pronunciamiento del auto que recurre la parte adversa es el relativo a la no imposición de las costas procesales derivadas de dicha ejecución provisional. Así, la 'summa gravaminis' de esta apelación no supera en modo alguno la cuantía de 30.000 €, establecida como umbral mínimo en el art. 81.1.a) de la LJCA.

Subsidiariamente, solicita la desestimación del recurso por cuanto el auto de ejecución justifica el motivo por el que no ha considerado procedente la imposición de costas, por remisión a los motivos que determinaron la no imposición de las costas en la sentencia que se pretende ejecutar provisionalmente y que son la ' especial naturaleza del presente recurso'. El art. 139 de la LJCA no impone indefectiblemente que las costas procesales se impongan siempre y en todo caso a la parte procesal vencida en juicio, pues también se admite la introducción del criterio subjetivo del juzgador quien puede invocar y justificar la no imposición de costas como ha ocurrido en el caso que nos ocupa donde guste más o guste menos la Juzgadora ha explicado la razón de la no imposición de costas.



SEGUNDO.- Sobre la admisibilidad del recurso de apelación.

Suscitada por el Abogado del Estado la posible inadmisibilidad del recurso de apelación por razón de la cuantía, la parte apelante se opone aduciendo que, si bien es cierto que es poco probable que el importe de las costas supere los 30.000 euros, no cabe inadmitir por ello la apelación dado que el importe de las costas se fijará en el trámite de tasación. Por ello y dado que ese trámite no ha llegado, siendo la cuantía del recurso del que deriva la ejecución indeterminada, procede la admisión del recurso y su resolución en sentido estimatorio, dado que nos encontramos ante auto de ejecución provisional de sentencia con oposición de la parte ejecutada. La sentencia nº 310/2018 de 3 de octubre, dictada en el rollo de apelación nº 238/2018 Roj: STSJ NA 713/2018 - ECLI:ES:TSJNA:2018:713 razona en su fundamento jurídico 2º para un caso semejante al presente: 'Para resolver esta cuestión, hay que recordar que el derecho a la segunda instancia es un derecho de configuración legal, sometido por tanto a los requisitos y condiciones que la ley y la jurisprudencia que la aplica e interpreta establecen, de modo que el derecho a la tutela judicial efectiva se ve satisfecho con la resolución dictada en única instancia aunque contra ella no quepa apelación. Y así, las SSTC 109/1987 o 322/1993 indican que 'la Constitución no garantiza una doble instancia, salvo en el orden jurisdiccional penal'. En esta línea se pronuncia el ilustrativo ATS de 29 de septiembre de 2011 (rec. 47/2011 ) y el ATS de 25 de abril de 2013 Recurso: 3793/2012 (ROJ: ATS 5380/20139) Ponente: Rafael Fernandez Montalvo, establece que: 'Es además doctrina reiterada de esta Sala que no se quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución porque un proceso contencioso-administrativo quede resuelto definitivamente en única instancia. Finalmente, debemos recordar que, sobre el acceso a los recursos, existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que, reiterada en su Sentencia nº 252/2004, de 20 de diciembre , puede resumirse en lo siguiente: '(...) como hemos sintetizado en la STC 71/2002, de 8 de abril , mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE , el derecho a la revisión de una determinada respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las Leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995 , 'ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal ( SSTC 140/1985 , 37/1988 y 106/1988 )'. En fin, 'no puede encontrarse en la Constitución - hemos dicho en el mismo lugar- ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador ( STC 3/1983 )' ( STC 37/1995 , FJ 5). Como consecuencia de lo anterior, 'el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión' que 'es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos' ( SSTC 37/1995 , 58/1995 , 138/1995 y 149/1995 ) '. En el mismos sentido puede citarse el ATS, de 08 de mayo de 2014, Recurso: 3855/2013 ( ROJ: ATS 4740/2014 ).

Para determinar en este caso sí es admisible el recurso de apelación interpuesto, debe atenderse a las previsiones contenidas en el art. 81 de la LJCA prevé que: '1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso- administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes: a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros..

b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.º 4.

2. Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes: a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.

b) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas.

d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales'.

En este caso, el recurso de apelación se circunscribe únicamente al pronunciamiento sobre la imposición de las costas procesales en primera instancia, por lo que la summa gravaminis no excede de 30.000 €.

Respecto al recurso de casación, cuyo criterio es también aplicable al recurso de apelación, el Tribunal Supremo tiene establecido de manera reiterada que en el caso de que el recurso de casación no abarque en su totalidad el ámbito económico reconocido por la sentencia impugnada, sino una parte del mismo, la summa gravaminis se reduce a la cuantía que realmente se ventila en el recurso. Entre otras, en la STS de 26 de julio de 2011 (RC 3032/2010 ), señala que: 'Como se dijo en la Sentencia antes citada de 10 de noviembre de 2004 'Aunque este Tribunal parte en principio del criterio de que la cuantía a efectos de casación debe ser la que corresponde al asunto de instancia, sin embargo, en aquellos supuestos en los cuales la sentencia de instancia reduce el ámbito discutido de la cuantía del recurso (por estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo), esta Sala tiene reiteradamente declarado que procede reducir la summa gravaminis que determina la admisibilidad del recurso de casación a la cuantía económica no reconocida en la sentencia o a dicha cuantía económica, según quien interponga el recurso de casación. El criterio seguido con carácter general es el de que en el caso de que el recurso de casación no abarque en su totalidad el ámbito económico reconocido por la sentencia impugnada, sino solamente una parte del mismo, se considera que la summa gravaminis se reduce a la cuantía que realmente se ventila en el recurso, con independencia de la que tenga el asunto principal ( sentencias, entre otras, de 11 de mayo de 2000 , 10 de julio de 2002 , 27 de junio de 2002 y 17 de mayo de 2002 )'. Tal tesis se reitera en muy similares términos en la STS de 29 de junio de 2009 (Recurso de casación 1911/2008 ). Lo que en dicha Sentencia se refiere a la recurribilidad de las sentencias por razón de la cuantía es obviamente referible a la de los Autos de ejecución.

Y la misma línea jurisprudencial de distinción entre la pretensión de la instancia y la pretensión casacional, cuando parte de los contenidos de la resolución referida a la primera no se discuten, aunque la causa de la inadmisibilidad de esta causa fuese diferente, se siguió en la reciente sentencia de esta Sección de 22 de Junio de 2011 (Recurso de casación 179/2009 )'.

No es aplicable en este caso la STS de 18 de Enero de 2016 (rec.2290/2014), alegada por la demandante, porque se refiere a un procedimiento de protección de derechos fundamentales, en cuyo caso siempre cabía interponer recurso de casación, conforme lo dispuesto en el art. 86.2.b de la LJCA, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, aplicado en la sentencia referida, que establecía 'b) Las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 600.000 euros, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso.'.

Esta Sala en sentencia de 10 de abril de 2018 , R. Ap. 4/2018, ha señalado que: 'La S.T.S., Sala Tercera, de 21-12-2009 (rec. 433/2008 ) aborda cuestión idéntica a la que nos ocupa y establece que no alcanzando las costas la cuantía legalmente preestablecida al efecto, el recurso de casación es inadmisible pues lo que se ha de tener en cuenta es el valor de la pretensión ejercitada en el mismo, que es, obviamente, el de las costas.

Esta doctrina -reiterada en infinidad de ocasiones como la sentencia apelada recuerda - está sentada en relación con el art. 86 de la L.J.C.A (recurso de casación) en la redacción anterior a la dada por Ley 7/2015. Pero, como hemos tenido ocasión de recoger en numerosas ocasiones, es del todo aplicable al art. 81 dada la similar redacción y la similar finalidad de ambos. Conforme a ella, es claro que el recurso de apelación no puede ser admitido'.

El hecho de que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no sea susceptible de apelación, no supone vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 C.E ., toda vez que, como ha señalado el Tribunal Constitucional ( STC 109/1987 ), este derecho comprende, por lo que ahora importa, el de utilizar los recursos ordinarios y extraordinarios 'en los casos y con los requisitos legalmente previstos. Pero el derecho a este recurso y, en general, al sistema impugnatorio, salvo en el orden penal, no tiene vinculación constitucional'. El legislador es libre, por tanto, para determinar su configuración, los casos en que procede y los requisitos que han de cumplirse en su formulación. En el mismo sentido se pronuncia la STC 322/1993 al indicar que la invocación de indefensión por no existir una instancia superior en donde pudiera ser combatido el error cometido por el Juzgado de instancia no es aceptable. La inexistencia de recurso y la situación de indefensión no son términos correlativos. Reiteradamente -se dice en sentencia- ha declarado este Tribunal que la Constitución no garantiza una doble instancia, salvo en el orden jurisdiccional penal... Asimismo en la STC 140/1985 se señala que el sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que el dé cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal. En consecuencia, al no ser susceptible la sentencia impugnada del recurso de apelación interpuesto, ha de declararse inadmisible el presente recurso.' Es aplicación de la anterior doctrina, dado que en este momento sólo se recurre el pronunciamiento relativo a la no condena en costas a la parte ejecutada , la cuantía a efectos de apelación es precisamente el importe de esas costas no impuestas, que , como reconoce la propia apelante que es a quien beneficiarían, no superan los 30.000 euros. Con independencia de que aun no hayan sido tasadas, no aporta la recurrente prueba de que vayan a superar esa cuantía que le permite acceder al recurso de apelación, por lo que procede su inadmisión.



TERCERO.- Costas procesales.

En cuanto a las costas de esta alzada, el art. 139. 2 de la LJCA 1998 establece que: ' En las demás instancias o grados se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.'.

En este caso, dada la inadmisibilidad del recurso de apelación, no resulta procedente la imposición de las costas causadas en esta instancia a la apelante al haber actuado la parte recurrente conforme al criterio expuesto por el Juzgado.

Fallo

Declarar la inadmisibilidad del presente recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Juana María Laita Merino, en nombre y representación de Don Joaquín , contra el auto de ejecución provisional dictado en los autos procedentes del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 2 de Pamplona correspondientes al procedimiento de ejecución provisional nº 8/2019 vinculado al recurso contencioso- administrativo del Procedimiento Abreviado nº 241/2018. Todo ello, sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las costas en esta segunda instancia.

Notifíquese esta Resolución Judicial conforme dispone el artículo nº 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma solo cabe interponer recurso de casación ante la Sala correspondiente, única y exclusivamente, en el caso de que concurra algún supuesto de interés casacional objetivo y con los requisitos legales establecidos, todo ello de conformidad con los artículos nº 86 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa en redacción dada por Ley Orgánica 7/2015 de 21 de Julio.

Dicho recurso habrá de prepararse ante esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de treinta días siguientes a la notificación de esta Sentencia.

Se informa a las partes que en cualquier supuesto, y en todos los recursos de casación que se presenten, todos los escritos relativos al correspondiente recurso de casación se deberán ajustar inexcusablemente a las condiciones y requisitos extrínsecos que han sido aprobados por Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y de este Tribunal Superior de Justicia de Navarra en fechas 20-4-2016 (BOE 6-7-2016) y 27-6-2016 respectivamente.

Estos Acuerdos obran expuestos en el tablón de anuncios de este Tribunal Superior de Justicia así como publicados en la página web del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es) para su público y general conocimiento.

Con testimonio de esta Resolución, y una vez firme, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia para su conocimiento debiendo el Juzgado hacer saber a las partes la resolución del recurso de apelación y llevando a cabo su puntual ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.