Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 362/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 242/2016 de 07 de Mayo de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 242/2016

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona

Procediment ordinari núm. 427/2014

Apel lant: NCG DIVISIÓN GRUPO INMOBILIARIO, S.L

Representant de l'apel lant: SRA. MARTA PRADERA RIVERO i SR. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ RECIO, Procuradores

Apel lat: IL LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA

Representant de l'apel lat: SRA. CRISTINA CORNET SALAMERO, Procuradora

S E N T È N C I A núm. 362

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, set de maig de 2018

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 242/2016, promogut per NCG DIVISIÓN GRUPO INMOBILIARIO, S.L -representada pels Procuradors SRA. MARTA PRADERA RIVERO i SR. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ RECIO i assistida pel Lletrat SR. RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ-, essent l'apel lat L'IL LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA -representat per la Procuradora SRA. CRISTINA CORNET SALAMERO i assistit pel Lletrat SR. ALEIX CANAL COMPANY-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:En el sí del procediment ordinari núm. 427/2014, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona dictà la Sentència núm. 269, de 26 de juliol de 2016 , amb el veredicte que segueix:

'DECIDO : DESESTIMAR recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad NCG DIVISIÓN GRUPO INMOBILIARIO S.L. confirmando por ser ajustada a derecho, la Resolución recurrida sin declaración en cuanto a las costas.'

SEGON:Disconforme amb la decisió que hem transcrit, l'actora deduí apel lació en temps i forma, a la qual s'hi oposà l'Ajuntament demandat.

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel lació i, un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 25 d'abril de 2018 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:Tal com ja hem expressat, en el sí del procediment ordinari núm. 427/2014, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona dictà la Sentència núm. 269, de 26 de juliol de 2016 , amb el veredicte que segueix:

'DECIDO : DESESTIMAR recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad NCG DIVISIÓN GRUPO INMOBILIARIO S.L. confirmando por ser ajustada a derecho, la Resolución recurrida sin declaración en cuanto a las costas.'

Aquest veredicte va venir precedit dels següents fonaments jurídics:

'PRIMERO.- Sostiene la entidad actora que los actos administrativos impugnados debían se anulados por haber sido dictados en un procedimiento administrativo que había caducado al haber trascurrido en exceso el plazo máximo legalmente permitido para ello deducido desde la fecha de incoación del expediente por utilización anómala de la vivienda hasta la fecha de 28 de Febrero de 2014 en la que se resuelve desestimar las alegaciones efectuadas .

Era nula igualmente la decisión administrativa al no suspender el procedimiento hasta que el Juzgado resolviera la pieza de medidas cautelares y en cuanto al fondo se oponía a la consideración de la necesidad de viviendas en la población de Terrasa para tramitar el expediente HADI ni tampoco existe precepto alguno que faculte al Ayuntamiento para ordenar a un particular ocupar inmediatamente su inmueble y para el caso que el Juzgado considerara que en los actos aqui recurridos se ha aplicado correctamente los artículos de la Ley 18/2007 de 28 de Diciembre se hacía precisa la formulación de una cuestión de inconstitucionalidad .

Pretensión a la que se opone la administración demandada quien defiende la legalidad de la resolución impugnada

SEGUNDO.- Según resulta del expediente administrativo en fecha de 3 de Junio de 2013 entre otras cuestiones se requirió a la entidad actora para que procediera a la inmediata ocupación de la vivienda sita en el PA de l'Olivera propiedad de la entidad NG División Grupo Inmobiliario, bien mediante el régimen de uso que considerase adecuado o cediendo la vivienda a favor de la Administración para que pudiera gestionarla en régimen de alquiler, otorgando para formular aceptación de la cesión el plazo de un mes. Advirtiendo que si no se cumplía ninguna de las dos circunstancias se procedería a incoar expediente administrativo para la declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad y que la desocupación permanente de viviendas podría ser objeto de sanciones.

Esa resolución se entendía definitiva a no ser que la entidad actora formulara alegaciones en el plazo de diez días . Notificada el día 18 de Julio formuló recurso de reposición el 21 de Agosto de 2013 recurso de reposición que fue desestimado mediante resolución de 25 de Octubre de 2013 a la vez que se acordaba la incoación de un expediente por la utilización anómala de la vivienda y se requería a la actora para que, en el plazo de 10 días, procediera a la ocupación efectiva de la vivienda y que en caso de incumplimiento se impondrían multas coercitivas. Asimismo, se le advertía que se podría proceder a incoar expediente para la declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad y la imposición de sanciones. Esa resolución se entendía definitiva a no ser que la entidad actora formulara alegaciones en el plazo de diez días , notificada el día 18 de Julio formuló alegaciones el día 5 de Diciembre

El 14 de Enero de 2014 se efectuó por los Servicios Técnicos de Inspección de Urbanismo una visita de inspección constatando que el departamento 4º -D de la vivienda sita en PA De L'Olivera no hay nadie teniendo el acceso cerrado Y en fecha de 12 de Febrero de 2014 se desestiman las alegaciones efectuadas y se le requiere de nuevo para que procediera a la inmediata ocupación con advertencia de imposición de multas en caso de incumplimiento frente a la que interpuso recurso de reposición que fue desestimado mediante la resolución de 28 de Febrero de 2013 .

El 18 de Julio d e 2014, se impone a la actora la multa coercitiva de 5.000 euros por incumplimiento del plazo otorgado en fecha de 28 de Febrero de 2014 y una tasa de 175,90 euros.

Pues bien en el presente caso no es posible apreciar la caducidad del expediente ex artículo 42 de la Ley y ello en la consideración que no puede alegar caducidad del procedimiento quien de manera laxa incumple los plazos legalmente establecidos tanto para efectuar alegaciones, como para formular recurso de reposición de ahí que resulte aplicable en este caso la doctrina de la autoresponsabilidad , aplicable efectivamente al presente caso en el particular que no entra dentro de unas normales pautas de conducta social hacer «oídos sordos» a los plazos estrictamente establecidos por la Ley toda vez que es al propio demandante a quien debe atribuirse la circunstancia de no dictarse las resoluciones en el plazo establecido al que alude y que de todas formas tampoco afecta al expediente en el que denuncia la caducidad dado que la resolución de 28 de Febrero de 2014 no es una resolución que determinó la finalización del expediente puesto que este se compone de hechos y resoluciones concatenantes y sucesivas en el tiempo.

TERCERO.- Asimismo se alega por la entidad actora un vicio especifico de nulidad ex artículo 62.1 de la Ley al no proceder el Ayuntamiento a suspender la ejecutividad de sus acuerdos a pesar de haberse solicitado en este procedimiento . Pues bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 30/1992 los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. y cuya eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.en consecuencia salvo que se decrete la suspensión ( que no es el caso) los actos administrativos son ejecutivos no impidiendo su ejecución la interposición del recurso contencioso administrativo .En otro orden no consta que con la decisión contenida en el resolución de 9 de Diciembre de 2014 se haya causado indefensión material a la parte recurrente, que es la única proscrita por el TC, ya que ha podido aquélla alegar y probar todo cuanto ha estimado pertinente en justificación de sus derechos, pretensiones e intereses legítimos, tanto en vía administrativa como en la presente.

CUARTO.- Solicita la actora que se plantee por esta Juzgadora una cuestión de inconstitucionalidad .Bien es cierto que esta es un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales para clarificar la doble obligación que tienen de estar sometidos a la Ley y a la Constitución, con lo que se significa que la cuestión de inconstitucionalidad no puede ni debe tener otro sentido que esa prerrogativa que al órgano judicial le viene conferida cuando al Tribunal competente o al Juez le surja la duda en torno a la constitucionalidad de una Ley de decisiva influencia para poder dictar el fallo pertinente en el proceso en que tal incidencia surgiera, y es así, que tanto esa consideración anímica del Tribunal, como la obligada subordinación de la cuestión planteada a la supuesta constitucionalidad de la Ley a que se refiere, no concurre en el caso que se contempla, por cuanto resulta claro que el recurso puede resolverse sin acudir a la supuesta inconstitucionalidad de la Ley 18/2007 , soslayando si puede considerarse desocupada injustificadamente una vivienda vacía o si se faculta por la Ley a que la Administración pueda obligar al propietario para ocupar inmediatamente una vivienda que en ambos casos está intentando vender o alquilar con tales alegaciones no cabe duda de la constitucionalidad de la Ley que se combate en el presente procedimiento. En estos términos, procede rechazar la pretensión de la actora hecha valer con carácter residual , de planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de la norma.

QUINTO.- .- Entrando ya en el fondo de la cuestión controvertida no puede prosperar la pretensión esgrimida por la recurrente y ello en base a que la Ley 18/07 tiene por objeto regular al derecho a una vivienda digna y adecuada establecido en la Constitución (art. 1 de la Ley). Para ello, entre otras medidas, declara que la desocupación permanente de una vivienda constituye una 'situación anómala' (art. 41) que habilita a las Administraciones competentes en la materia para instruir un expediente y conocer los hechos por los que se produce esa falta de ocupación y, si se confirman, adoptar medidas de distinto calado con el objetivo de incentivar su ocupación y penalizar su desocupación injustificada, entre las cuales se prevén medidas de fomento (subvenciones) y medidas fiscales (arts. 41 y 42). E incluso, si llega el caso de incumplimiento de la función social de la propiedad, estas medidas pueden desembocar en el alquiler forzoso de la vivienda o en la expropiación del usufructo (arts. 5 y 42.6). La competencia para impulsar y coordinar esta clase de políticas se atribuye a la Comunidad Autónoma ( arts. 7 y 42.1), sin perjuicio de la autonomía de los entes locales para el ejercicio de sus competencias en materia de 'protección y gestión de viviendas' que les reconoce la legislación de régimen local ( arts. 8 LDV y 25.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de las Bases de Régimen Loca).

El concepto de 'vivienda vacía' del que dependen todas estas medidas está definido en el art. 3 d) de la Ley 18/07 , según el cual vivienda vacía es:

'la vivienda que queda desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. A tal efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución'.

Así pues, frente a un concepto legal que establece que la situación de desocupación de una vivienda que permite adoptar medidas de fomento o intervención exige al menos dos años de desocupación, que es lo sucedido en el presente caso

Por último señalar que el arrendamiento o venta mediante la aportación de la vivienda al Fondo Social carece de virtualidad en este procedimiento , puesto que ninguna materialización del convenio se ha llevado a cabo ni menos acreditado por la actora, no existiendo más cuestiones a debatir el recurso debe ser desestimado íntegramente al haber hecho la actora oídos sordos al grave problema de emergencia habitacional consecuencia del alto número de viviendas vacías de propiedad de entidades financieras.

SEXTO.- Ya para finalizar dejar constancia del recurso deducido por la representación del Ayuntamiento contra la providencia por la que se daba traslado por diez días comunes a las partes para conclusiones , al haber perdido el objeto del mismo habida cuenta que el Ayuntamiento presentó el recurso en el plazo de diez dias posteriores al de la presentación del escrito de conclusiones de la entidad actora.'

SEGON:La part actora i ara apel lant ha sol licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Sentènciaa quoi, alhora, l'estimació del recurs deduït en primera instància en considerar que el Jutjat no hauria donat una resposta fonamentada i ajustada als fets, envers els retrets de caducitat del procediment administratiu; de manca de virtualitat habilitant de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDH); i d'impossibilitat d'executar els actes administratius quan aquests han estat impugnats en seu judicial i es troba pendent de resolució un incident de mesures cautelars.

Per la seva banda, la defensa lletrada de l'Ajuntament apel lat ha sol licitat la desestimació de l'apel lació amb arguments equiparables als de la Sentència d'instància.

TERCER:Certament, és doctrina consolidada la que estableix que si un acte administratiu ha estat impugnat en seu contenciosa administrativa, amb petició afegida de mesures cautelars, l'Administració -assabentada de la situació- haurà de supeditar l'execució forçosa d'aquest acte al resultat de la peça judicial de mesures cautelars (per totes, les SSTC 78/1996 de 20 de maig i 92/2002, de 22 d'abril ); la qual cosa és lògica, perquè en cas contrari s'estaria abortant indegudament l'exercici de la potestat jurisdiccional.

QUART:Efectivament, les actuacions administratives impugnades en aquestalitisvan caducar.

Per molts esforços que vulgui fer la defensa lletrada de l'Ajuntament, els fets evidencien que totes les actuacions es van dur a terme amb el mateix núm. d'expedient (lHADI 419-2013).

L'expedient ja disposava de numeració quan es van emetre els informes d'inspecció d'1 d'abril i 28 de maig de 2013, i la resta d'actuacions es van verificar a modus d'estadis concatenats fins arribar a la Resolució última, de 28 de febrer de 2014, notificada el dia 26 de març de 2014. En total, onze mesos llargs de tramitació. I cinc si només prenem en consideració el temps transcorregut entre la primera Resolució que emprà l'expressió 'incoar' (la de 25 d'octubre de 2013) i la data de la notificació esmentada ara fa un moment. En qualsevol cas, un període de temps superior al màxim de tres mesos aplicable al cas en mèrits de l' art. 42.3 de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre (LPAC ), la qual cosa havia de portar aparellada necessàriament la caducitat de les actuacions incoades d'ofici, en virtut de l' art. 44.2 LPAC .

En aquest mateix sentit, resulta incomprensible el retret que figura a la Sentència d'instància, a propòsit de la suposada laxitud de l'ara apel lant, quan les actuacions no evidencien cap conducta negligent de la recurrent a l'hora de fer valdre els seus drets i sí, en canvi, mostren una manera certament heterodoxa de procedir per part de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament, la qual emprà una tècnica consistent en dictar actes provisionals, susceptibles d'esdevenir automàticament definitius pel cas de formular-se al legacions extramurs del termini assenyalat (o pel cas de no formular-se'n cap) i, per tant, susceptibles de generar un cert grau d'inseguretat a l'hora d'elegir els mitjans de reacció adients.

CINQUÈ:Quant al fons de l'assumpte, haurem de corroborar la manca de títol habilitant legal per part de l'Ajuntament.

En abordar aquesta mateixa qüestió a través de la nostra Sentència núm. 788, de 21 de novembre de 2017 (apel lació núm. 132/2016), vam expressar les consideracions jurídiques que segueixen:

'PRIMERO: Como ya hemos podido ver, en el procedimiento ordinario nº 176/2015, promovido por el BANCO ... ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Barcelona -siendo el demandado el ILMO. AYUNTAMIENTO DE TERRASSA-, se dictó la Sentencia nº 402, de 28 de diciembre de 2015 , cuyo fallo fue del siguiente tenor:

'Que debo ESTIMAR y ESTIMO TOTALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad Banco ... frente a la/s resolución/es referenciada/s en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, SIN expresa condena en costas, a la parte recurrida, de tal forma que por esta mi Sentencia anulo y dejo sin efecto tal/es resolución/es de la demandada, con devolución por la demandada - en el plazo improrrogable de un mes a contar desde la notificación de la sentencia a la demandada -, en su caso (caso de haberlo abonado ya), de lo abonado por la actora en concepto de multa coercitiva y tasa municipal por importes respectivos de 5.000,00 euros y 175,90 euros.'

El fallo que acabamos de transcribir vino precedido y determinado por las consideraciones jurídicas siguientes:

'PRIMERO.- El objeto del presente recurso contencioso administrativo consiste en la impugnación de la resolución nº 8141/14 de 26-9-14 (f. 96-97) dictada por la Teniente de Alcalde del Área de Planificación Urbanística y Territorio, en la que se impone a la actora una multa coercitiva de 5.000,00 euros por incumplimiento de la inicial resolución de la demandada nº 5922/14 de 25-6-14 (que también se sigue en este Juzgado bajo el pleito nº 156/14-B y que también se ha dictado sentencia en el día de hoy) recaída en expediente de gestión urbanística HADI 359/13 , en la que desestima las alegaciones de la actora en relación a la inicial resolución de la demandada nº 2691/14 de 17-3-14 recaída en expediente de gestión urbanística HADI 359/13 confirmatoria de la previa resolución de la demandada de 3-6-13 (resolución por la que se requería a la actora para que inmediatamente, resolución de 3-6-13, o en -plazo máximo de 10 días-, resolución de 17-3-14, procediera a la ocupación de la vivienda que ahora se dirá, mediante el régimen de uso que considerase, con advertencia en caso de incumplimiento del citado requerimiento, se procedería en su caso, a la imposición a la actora de multa/s coercitiva/s no sancionadora/s - art 113 de la LLei 18/07 - y multa/s sancionadoras de hasta 900.000 euros - art 118.1 de la LLei 18/07 -, y de incoación de expediente para declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad), amén de haberse girado finalmente en la resolución de 23-1-15 la suma de 831,47 euros en concepto de tasa por servicios urbanísticos, expediente HADI aquél aperturado por el Ayuntamiento demandado en fecha 3-6-13 a los efectos de comprobación de utilización anómala de la vivienda sita en c/ Poetessa Caparà nº 55, 1º5ª de Terrassa. Nótese que en la materia aquí judicada es de aplicación la Ley catalana, vigente en la actualidad y en la época de los hechos, Ley 18/07 de 28 de diciembre de derecho a la vivienda, tanto en el aspecto de la cesión de gestión de la vivienda al Ayuntamiento vía art 42.4 de la citada Ley , como en el relativo al art 41.3 de la misma sobre apertura de expediente HADI en nuestro caso. También estaría legitimada la Administración actuante (por tanto, no hay ninguna incompetencia por razón de la materia) por mor de lo establecido en el art 1.5º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales aprobado por Decreto de 17-6-55 así como por el art 98 y ss del Decreto 179/95 de 13 de junio aprobatorio del Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales.

Hemos de partir de lo que se considera vivienda vacía según el art 3 d) de la LLei 18/07 : 'd) Vivienda vacía: Es la vivienda que queda desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años'.

Asimismo el art 123 h) de tal Ley establece que se considera infracción muy grave: h) Mantener la desocupación de una vivienda, después de que la Administración haya adoptado las medidas establecidas por los apartados del 1 al 5 del artículo 42.

Artículo 42 Actuaciones para evitar la desocupación permanente de las viviendas

(...)

Ya hemos dicho que es objeto de este pleito la imposición de la multa coercitiva no sancionadora del art 113 de la Ley catalana 18/07, y no ninguna sanción consecuencia de infracción/es administrativa/s previstas en tal normativa, por lo que excede del objeto del presente pleito el análisis del art 123 h) de la citada Ley en tanto que infracción administrativa que lleva aparejada sanción administrativa

La parte demandante fundamenta su impugnación anulatoria de la resolución impugnada en los hechos, motivos, pretensiones y fundamentos jurídicos expuestos en su demanda originadora de este procedimiento y que doy por reproducidos en esta sede en aras a la celeridad procesal.

Por su parte, la defensa de la demanda se opone a las pretensiones actoras argumentando que son ajustadas a Derecho la/s resolución/es aquí recurrida/s.

Como cuestión previa, remarcar que, nos encontramos en el presente caso, con un procedimiento 'sui generis' en el que se enmarcan elementos de intervención administrativa y/o sancionador, pero con independencia de la concreta naturaleza jurídica de aquél, vamos a examinar si el mismo se ha ajustado o no a la legalidad vigente y a nuestro ordenamiento jurídico.

SEGUNDO.- Sentado lo anterior, y de conformidad con los principios del 'favor acti' y carga de la prueba (éste último proclamado en el art 217 LEC 1/2000 ), es procedente estimar totalmente las pretensiones actoras, en cuanto al fondo del asunto, así como en cuanto a la pretensión de nulidad de la tasa de autos, no así en cuanto a la ordenanza fiscal nº 3.2 del Ayuntamiento demandado, impugnada vía art 26 LJCA por encontrar ésta ajustada a Derecho (no así la tasa municipal en el momento de los hechos, pues ésta entró en vigor el 1-1-15 y las resoluciones impugnadas son del 2013 y 2014 en el pleito 156/15 y de fecha 26-9-14 en relación a nuestro pleito 176/14) y por ende, no procede planteamiento de cuestión de ilegalidad alguna al amparo del art 27 LJCA con respecto a tal Ordenanza fiscal, que no ha sido impugnada judicialmente hasta ahora por ningún justiciable y ni siquiera con anterioridad por la actora -doctrina de los actos propios-).

En efecto, tomando como premisas que, la vivienda de autos no ha estado vacía (a los efectos del art 3 d) de la Llei 18/07 ) más de dos años ininterrumpidos anteriores al requerimiento formal (iniciado en junio de 2013 y que culmina en nuestro pleito con la resolución de 26-9-14 de imposición de multa coercitiva) de ocupación efectuado por la Administración actuante a la actora, a la vista de la documental obrante en el EA y que es un hecho notorio en la época de autos, la dificultad de venta y/o alquiler de la citada vivienda atendiendo la bajada generalizada de precios del sector inmobiliario, y si a ello unimos el gran volumen de pisos vacíos almacenados por la entidad actora, y la práctica imposibilidad de cumplimiento (es prácticamente imposible que en un espacio tan breve de tiempo de 10 días -requerimiento- se pueda dar ocupación válida legal a la vivienda de autos) de los requerimientos municipales, etc, son circunstancias todas ellas relevantes que justificarían la no actuación correcta de la demandada, y por ende el no ajustamiento a derecho de la multa coercitiva de autos por incumplimiento.

En consecuencia, no podemos sino anular (vía art 63 de la Ley 30/92 , por contravenir el ordenamiento jurídico) la/s resolución impugnada.

Igualmente, no procede mantener la validez de la tasa impuesta municipal de 175,90 euros girada por la demandada a la demandante en concepto de servicios urbanísticos, girada en base a la ordenanza fiscal municipal 3.2 (vigente desde el 1- 1-15 según DF de tal ordenanza), no porque tal tasa en la actualidad no sea adecuada a Derecho que sí lo es, sino porque tal tasa ha entrado en vigor con posterioridad a su giramiento por la demandada. Así tal tasa hubiera sido legal en el año 2015 pero no en el año 2014 (no cabe imponer una tasa antes de su entrada en vigor) desde el instante en que el hecho imponible de la tasa se contiene en el art 2.5 de la citada ordenanza en relación con el art 18.4 del citado texto normativo y, ya se entienda la actividad de la demandada desplegada con respecto al expediente HADI antes referenciado, a un plano administrativo o a un plano técnico, tasa ésta (art 3.1 de tal ordenanza) que nace con el inicio de la actividad municipal, y tal actividad se ha dado en el caso de autos de manera extensa, siendo sujeto pasivo de aquélla la actora en tanto que parte afectada (art 4 de la ordenanza). Consiguientemente, ante el requerimiento municipal (que han sido varios, en el 2013 y 2014) incumplido (qué duda cabe que ha sido incumplido, por no haber ocupado la actora en 10 días la vivienda de autos, si bien tal incumplimiento estaría justificado por el plazo perentorio contenido en tales requerimientos), que conlleva o genera una mayor actuación administrativa, será ajustado a Derecho el abono de tal tasa en el 2015 y en el futuro, desde el 2015 pero no antes (recuérdese que se impone girar esta tasa en la resolución de 26-9-14), de conformidad con lo previsto en el art 13.2 de la citada ordenanza.

Consiguientemente, se han de estimar las pretensiones impugnatorias directas de la actora y por ende, procede la devolución a la actora -caso de haberlas abonado ya- en el plazo improrrogable de un mes a contar desde la notificación de la sentencia a la demandada'.

Como es de ver, nos hallamos frente a una controversia que se ha proyectado, esencialmente, sobre una multa coercitiva acompañada de una nueva orden municipal, dirigida ésta a la entidad financiera hoy apelada, para que se de ocupación efectiva a una vivienda propiedad de BANCO..... Orden cuya legalidad nos vamos a ver en la tesitura de tener que analizar en toda su extensión, porque así lo imponen los términos del debate fraguado por las partes y porque, a fin de cuentas, se trata de un acto administrativo que trae causa de otros que no son firmes.

SEGUNDO: La defensa letrada del Ayuntamiento apelante ha solicitado de este Tribunal la revocación de la Sentencia de instancia y, asimismo, la desestimación del recurso contencioso-administrativo deducido en su día por BANCO...; y lo ha hecho aportando un conjunto de argumentos que podríamos resumir así:

1: Nos encontramos frente a una Sentencia apelable, habida cuenta del carácter indeterminado de la cuantía y del hecho de que los actos administrativos impugnados, además de imponer una multa coercitiva, reiteren la obligación de dar ocupación efectiva a una vivienda.

2: Cabe considerar errónea la interpretación hecha por el Juzgado de la distribución de la carga de la prueba en cuanto a la ocupación o desocupación de la vivienda y, asimismo, en lo que atañe a las dificultades existentes para encontrar un inquilino u ocupante.

3: La tasa girada con motivo del expediente, encontraba cobertura en una Ordenanza fiscal vigente en la fecha de los hechos.

4: En cualquier caso, la Ley 18/2007 amparaba las actuaciones municipales objeto de la litis.

TERCERO: BANCO... -que no ha cuestionado la apelabilidad de la Sentencia a quo-, se ha opuesto a la apelación con argumentos que vendrían a coincidir con los del pronunciamiento del Juzgado de instancia; y no sin insistir en la falta de cobertura legal de la actuación municipal controvertida (de la actuación controvertida en su conjunto).

CUARTO: Para resolver adecuadamente la controversia habrá que analizar detenidamente la norma que constituye el fundamento básico de las actuaciones municipales; a saber: la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDH). Veremos que esta última no habilita a los Ayuntamientos para tomar decisiones del calibre de las invalidadas por el Juzgado de instancia. Cuando menos, no los habilita para su adopción en los términos en que lo habría hecho el ILMO. AYUNTAMIENTO DE TERRASSA en el supuesto que ahora nos ocupa.

Como es lógico, vamos a ceñir nuestro análisis a los preceptos de la LDH que mayor relación pueden tener con las actuaciones municipales controvertidas, sin perjuicio de extendernos a otros susceptibles de arrojar más luz, si cabe.

Empezaremos por el art. 5.3 LDH, que establece lo siguiente (...):

'5.3. Per a garantir el compliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o un edifici d'habitatges, les administracions competents en matèria d'habitatge han d'arbitrar les vies positives de foment i concertació a què fa referència el títol III, i poden establir també altres mesures, incloses les de caràcter fiscal, que propiciïn el compliment de la dita funció social i en penalitzin l'incompliment.'

Como es de ver, se trata de un precepto que se refiere exclusivamente a acciones de fomento, concertación e incentivación. Y en la misma línea se sitúan los apartados 1 (éste no dice nada concreto) y 2 del art. 8:

'8.1. Els ens locals, sota el principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure.

8.2. A més de les competències de promoció i gestió que els reconeix la legislació de règim local, els ens locals poden concertar polítiques pròpies d'habitatge amb l'Administració de la Generalitat, en el marc dels instruments locals i supralocals de planificació que estableixen aquesta llei i la legislació urbanística, i poden demanar la creació de consorcis o oficines locals d'habitatge per a la gestió conjunta de funcions i serveis vinculats a l'habitatge.'

Mayor relevancia parece presentar, en principio, el art. 40 de la Ley. Veamos qué establecen sus diferentes apartados:

'40.1. Un cop exhaurides les vies de foment i coercitives que estableix aquest títol, en els àmbits qualificats pel Pla territorial sectorial d'habitatge com d'una forta i acreditada demanda residencial, l'administració competent pot acordar l'expropiació forçosa de la propietat per incompliment del deure de conservació i rehabilitació si aquest incompliment comporta un risc per a la seguretat de les persones, sempre que s'hagin garantit, als propietaris que en demostrin la necessitat, els ajuts públics suficients per a fer front al cost del deure de rehabilitació de llur habitatge.'

Se trata, como es de ver, de un apartado que hace referencia expresa a vías 'coercitivas'. Ocurre, sin embargo, que esas vías -como comprobaremos más adelante- fueron derogadas por el art. 161 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre , de promoció de l'activitat econòmica.

Por su parte, el art. 41.3 LDH señala que:

'41.3. L'administració competent, si té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza d'una manera anòmala o que un immoble està en una situació anòmala, ha d'obrir l'expedient administratiu pertinent per a fer els actes d'instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució.'

Se trata de un enunciado que, ni nos dice cuál será la Administración competente, ni qué tipo de resolución deberá o podrá ser la que se acabe dictando. Dicho, esto, no sin reiterar que las medidas coercitivas que ahora nos interesan -y que podrían haber dotado de pleno contenido al art. 42.1 LHL-, fueron derogadas en diciembre de 2011.

En cuanto al art. 42 LDH, su apartado 1 establece que:

'42.1. La Generalitat, en coordinació amb les administracions locals, ha d'impulsar polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats. Amb aquesta finalitat, ha de vetllar per a evitar situacions de desocupació permanent d'habitatges i ha d'aprovar els programes d'inspecció corresponents.'

Se trata de un enunciado dotado de mayor claridad; pero que en cualquier caso atribuye a la Generalitat de Catalunya la función o el cometido de enfrentarse al problema de las viviendas desocupadas. Llama a la Generalitat, eso sí, a coordinarse con las entidades locales; pero a éstas no las hace copartícipes de la misma potestad. Dicho de otra manera: no diseña una atribución compartida o indistinta de la misión pública que el mismo precepto pretende configurar.

Analizaremos, a renglón seguido, los apartados 2 a 7 del mismo precepto legal (art. 42 LDH); a sabiendas de que los apartados 6 y 7 (....), fueron derogados -como ya habíamos advertido- por el art. 161 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre , de promoció de l'activitat económica:

'42.2. S'han de donar garanties als propietaris dels habitatges buits o permanentment desocupats sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes.

42.3. S'han d'impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat per a ésser llogats, mitjançant subvencions directes als propietaris, oferta de subrogació de l'Administració en l'execució de les obres i suport públic a contractes de masoveria urbana.

42.4. Els habitatges buits o permanentment desocupats es poden cedir a l'Administració pública perquè els gestioni en règim de lloguer. En contrapartida, s'ha de fer un pacte relatiu al cobrament i a les altres condicions de la cessió, dins de programes específicament destinats a aquesta finalitat en els plans d'habitatge.

42.5. L'Administració pot adoptar mesures altres que les que estableixen els apartats de l'1 al 4, entre les quals les de caràcter fiscal, amb els mateixos objectius d'incentivar l'ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada.

42.6. Un cop posades a disposició dels propietaris totes les mesures de foment que estableixen els apartats anteriors, en els àmbits declarats com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada, l'administració pot declarar l'incompliment de la funció social de la propietat i acordar el lloguer forçós de l'habitatge. La declaració de l'incompliment s'ha de fer per mitjà d'un expedient contradictori, d'acord amb el que estableix la normativa de procediment administratiu, en el qual cal detallar les vies de foment específiques que s'hagin posat a disposició de la propietat per a facilitar-li el lloguer de l'habitatge. En l'acord de declaració també s'ha d'advertir que, un cop transcorreguts dos anys des de la notificació de la declaració, si no s'ha corregit la situació de desocupació, per causa imputable a la propietat, l'administració pot expropiar temporalment l'usdefruit de l'habitatge, per un període no superior a cinc anys, per llogar-lo a tercers.

42.7. El procediment d'expropiació temporal de l'usdefruit a què fa referència l'apartat 6 s'ha d'ajustar al que estableixen la legislació urbanística i la legislació d'expropiació forçosa. En la determinació del preu just de l'expropiació s'han de deduir les despeses assumides per l'administració en la gestió i en les eventuals obres de millora executades en l'habitatge. La resolució que posi fi al procediment ha de determinar la manera en què els propietaris poden recuperar l'ús de l'habitatge un cop transcorregut el termini de l'expropiació temporal.

Repárese en que el primer apartado derogado (el 6), nada más empezar ya dejaba muy claro que las medidas de los apartados precedentes del mismo artículo debían ser concebidas como medidas de 'fomento'; y que sólo tras fracasar éstas resultaría posible elevar un grado la intervención administrativa para imponer obligaciones o cargas propiamente dichas. Así las cosas, la derogación del apartado 6 del art. 42 LDH, no hizo sino evidenciar la voluntad legislativa de eliminar unas medidas de tipo coercitivo en du día diseñadas para modificar o para quebrar la renuencia de los propietarios de pisos desocupados; con la virtualidad añadida de ver reflejados sus efectos (los de la citada derogación) en el conjunto de la LDH.

Mas, no acabará aquí nuestro análisis, toda vez que otros preceptos de la LDH contribuirán, de consuno, a justificar con mayor claridad la conclusión alcanzada por este Tribunal.

En el anterior sentido, podremos ver que el art. 113 LDH, en sus apartados 1 y 2 reza así:_

'113.1. L'Administració competent, amb independència de l'acció sancionadora, pot imposar de forma reiterada i consecutiva multes coercitives, fins a un màxim de tres, quan transcorrin els terminis assenyalats per a dur a terme una acció o omissió prèviament requerida.

113.2. Les multes relacionades amb l'incompliment en l'execució d'unes obres es poden imposar amb una periodicitat mínima d'un mes i l'import màxim ha d'ésser del 30% del cost estimat de les obres per a cadascuna d'elles. En altres supòsits, la quantia de cadascuna de les multes no ha de superar el 20% de la multa sancionadora establerta per al tipus d'infracció comesa.'

El apartado 1 se refiere a la 'Administración competente' y ya hemos podido comprobar que, a los efectos del art. 42.1 de la Ley, esa Administración es la de la Generalitat.

Ocurre, además, que conforme al redactado del apartado 2, la multa coercitiva solo se justificará ante una conducta que a su vez pueda ser calificada de infracción administrativa-'infracció comesa',dice la Ley-. Luego, si la conducta no encaja en ningún tipo infractor (con independencia de que recaiga o no sanción) tampoco cabrá multa coercitiva. Y en nuestro caso, podremos ver que supuestos como el que es objeto del presente recurso, no constituyen infracción administrativa.

En la dirección que acabamos de apuntar, será indispensable que traigamos a colación el art. 123.1 LDH:

'123.1. Són infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc immobiliari:

h) Mantenir la desocupació d'un habitatge, després que l'Administració hagi adoptat les mesures establertes pels apartats de l'1 al 5 de l'art. 42.'

Como es de ver, para que la infracción se consume, será preciso que previamente la Administración actuante haya establecido medidas de incentivación o de fomento (de incentivación o de fomento de la voluntaria puesta a disposición de terceros de viviendas desocupadas) y que tales medidas hayan fracasado, o hayan sido rechazadas por la propiedad, si se prefiere. Secuencia de hechos que en el supuesto de autos no consta que se haya verificado o producido, razón por la cual no tendremos más remedio que corroborar que no nos hallamos ante un hecho (la persistente desocupación de la vivienda concernida) susceptible de ser calificado como 'infracción administrativa'. Y si las cosas son así, menester será descartar la existencia de un escenario propicio para el dictado de órdenes de obligado cumplimiento bajo amenaza de multa coercitiva.

QUINTO: No se nos escapa el noble propósito que habría animado la actuación del ILMO. AYUNTAMIENTO DE TERRASSA; pero no resulta posible aceptar que sobre los particulares (hoy sobre un Banco; pero mañana sobre cualquiera) puedan imponerse obligaciones o cargas de cierta relevancia en méritos de clausulas ambiguas o difusas, sin una autorización legal precisa e indubitada. Con mayor razón si, tratándose de Entidades locales, caemos en la cuenta de que la atmósfera de la que se nutre la autonomía local, ha sufrido una mutación importante a raíz de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; hasta el punto de pasarse de una concepción abierta de la noción de 'servicio público local' (son servicios públicos locales cuantos tienden a la consecución de los 'fines' señalados como de la competencia de las entidades locales, según la antigua versión del art. 85.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local -LBRL-), a una concepción limitada, menos generosa y estrictamente apegada a las competencias asignadas legalmente y con la debida precisión; sin demasiadas posibilidades, pues, de apelar directamente a 'fines' para basar en éstos un elenco competencial carente de límites asequibles (véase, a modo de ejemplo, el redactado vigente de los art. 25.1, 85.3 y 85.5 LBRL).

Razones, las anteriores que harán que cobre mayor importancia la previsión contenida, tanto en el art. 99 de la ya derogada Ley básica 30/1992, de 26 de noviembre, como en el art. 103 de la vigente Ley básica 39/2015, de 1 de octubre. Previsión conforme a la cual las multas coercitivas solo podrán ser impuestas'cuando así lo autoricen las leyes'.

Por todo ello, la presente apelación no podrá prosperar, al hallarse huérfanas del sustento legal primordial las actuaciones administrativas impugnadas; incluidas las de orden fiscal, no en vano subordinadas a unas facultades administrativas ejercitadas sin amparo legal adecuado.'

Es tractà de consideracions a les quals s'hi podria afegir una altra dada o indici rellevant; a saber: l'atribució legal a l'Agència Catalana de l'Habitatge -i no pas als ajuntaments- de la competència per tal de gestionar el registre d'habitatges buits o permanentment desocupats (disposició addicional 24a de la LDH).

Per tot això, l'apel lació haurà de prosperar.

SISÈ:Atès allò que disposa l' art. 139.2 LJCA , no s'imposaran costes. Tampoc s'imposaran les de la primera instància, atesa la complexitat jurídica de la controvèrsia en el moment de dictar-se la Sentènciaa quo.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de CatalunyaHA DECIDIT:

ESTIMARel present recurs d'apel lació núm. 242/2016, promogut per NCG DIVISIÓN GRUPO INMOBILIARIO, S.L amb l'oposició de L'IL LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA i, conseqüentment, REVOCAR i deixar sense cap efecte la Sentència núm. 269, de 26 de juliol de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 en el sí del procediment ordinari núm. 427/2014. I en substitució de la dita Sentència:

ESTIMAR el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 427/2014, promogut per NCG DIVISIÓN GRUPO INMOBILIARIO, S.L amb l'oposició de L'IL LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA i, per tant, anul lar els actes administratius impugnats, la qual cosa haurà de portar aparellada la devolució, a la recurrent, de les quantitats ingressades en virtut dels actes administratius que acabem d'invalidar. Devolució que haurà de dur a terme L'IL LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA en execució d'aquesta la nostra Sentència.

Sense costes; ni en primera ni en segona instància.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l'expressat art. 89 (punt 2) LJCA i només podrà fonamentar-se en la vulneració del dret estatal o europeu. En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

No hi cabrà, en canvi, recurs de cassació davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fonamentat en l'eventual vulneració del dret autonòmic, en equiparar-se, en aquest cas, les Sentències dictades per la Sala del Tribunal Superior, a les dictades per la Sala 3ª del Tribunal Suprem en el seu propi àmbit ( Resolucions interlocutòries de 10 de maig de 2017, entre d'altres, dictades per la Secció de Cassació de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els recursos de cassació autonòmica núm. 3/2017 i 8/2017 ).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Un cop ferma, adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes als efectes de les diligències processals que siguin pertinents.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.