Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 459/2019, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 220/2017 de 26 de Febrero de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SEDE DE GRANADA
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO NÚMERO 220/2017
SENTENCIA NÚM. 459 DE 2019
Ilmo. Sr. Presidente:
Don Jesús Rivera Fernández
Ilmos. Sres. Magistrados:
Don Miguel Angel Gomez Torres
Don Miguel Pardo Castillo
_________________________________________
En la ciudad de Granada, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.
Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado
la siguiente sentencia en el recurso número 220/2017 , de cuantía determinada ascendente a 56.444,72
euros, interpuesto por la mercantil PINUS, S.A. (en adelante, PINUS), representada por el Procurador de
los Tribunales don Mauricio Gordillo Alcalá y asistida por el Letrado don Juan José Martínez Ortiz, contra la
JUNTA DE ANDALUCÍA , representada y dirigida por la Letrada de la Junta de Andalucía.
Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Don Miguel Angel Gomez Torres, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- El recurso se interpuso el día 2 de junio de 2016 por la representación procesal de la parte actora frente a la '(...) falta de resolución al escrito de reclamación de liquidación de intereses devengados y vencidos por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, formulado por esta parte con fecha 23 de diciembre de 2.014, por la que se reclamaba un importe de CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (56.444,72 euros) relativos a la liquidación de intereses devengados y vencidos como consecuencia del pago extemporáneo de certificaciones de obra, como consecuencia del contrato celebrado entre mi mandante y dicha Consejería el día 14 de octubre de 2009, bajo el expediente nº NUM000 y título 'Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes de ayuntamientos consorciados de Sª Estancias, Sª María-Los Vélez', siendo origen de los intereses el pago extemporáneo de las siguientes certificaciones: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 36 y 37.' Admitido a trámite el recurso se acordó reclamar el expediente administrativo, que ha sido aportado.



SEGUNDO.- Recibido el expediente administrativo, se dio traslado a la parte actora para que dedujera la oportuna demanda, lo que verificó, presentando, en fecha 3 de mayo de 2017, demanda de recurso contencioso-administrativo, en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que '(...) estimando íntegramente las pretensiones de esta parte, condene a la Administración demandada al abono a mi mandante de la cantidad reclamada, más los intereses que pudieran devengarse desde la fecha de interpelación judicial, con expresa imposición de costas para la Administración demandada'.



TERCERO.- Dado traslado a la parte demandada, la Junta de Andalucía, para contestación de la demanda, lo evacuó mediante escrito presentado el día 11 de julio de 2017, en el que con base en los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, solicitó el dictado de una sentencia por la que ' (...) inadmita o, en su caso, desestime el recurso en cuanto al fondo. '

CUARTO.- Acordado el recibimiento a prueba por auto de 17 de julio de 2017, se admitió y declaró pertinentes la documental propuesta, señalándose para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la desestimación presunta por silencio administrativo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de la reclamación formulada con fecha 23/12/14 por la mercantil actora PINUS de pago de los intereses de demora devengados por el retraso en el abono de las certificaciones de obra núms. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 36 y 37 atinentes al contrato celebrado entre dicha sociedad y la Consejería el día 14 de octubre de 2009, bajo el expediente nº NUM000 denominado 'Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes de ayuntamientos consorciados de Sª Estancias, Sª María- Los Vélez', por importe de 56.444,72 euros.



SEGUNDO.- La demandante impugna la desestimación de su reclamación de pago de intereses demora con base en los siguientes motivos que exponemos de forma sintética. Con fecha 14 de octubre de 2009 se formalizó entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la sociedad PLANTACIONES Y CAMINOS, S.A. (ahora, PINUS), un contrato administrativo con la denominación arriba expuesta, como consecuencia del cual, entre otras, se expidieron las certificaciones numeradas de la 12 a la 20, y de la 27 a la 37, con excepción de la 35, por los importes líquidos que se explicitan en el hecho primero de la demanda, las cuales fueron abonadas por la Administración de forma extemporánea una vez transcurrido el plazo legalmente establecido de 50 (querrá decir 60) y 30 días, fijado en la disposición transitoria 8ª, párrafo cuarto y art.200.4, de la Ley 30/2.007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público , vigente en el momento de celebración del contrato, lo que ha devengado en favor de su principal la cantidad de 56.444,72 euros en concepto de intereses de demora calculados de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, los cuales, a su vez, han generado intereses (anatocismo) de conformidad con el art.1109 del C.c ., que se reclaman desde la fecha de interpelación judicial.

Frente a todo lo anterior, la Letrada de la Junta de Andalucía opuso en su escrito de contestación, en primer lugar, la causa de inadmisibilidad prevista en el art.69 b) de la LJCA , en relación con el art.45.2 d), al no haberse aportado el acuerdo para interponer el presente recurso adoptado por el órgano estatutariamente competente de la sociedad recurrente. En segundo lugar, no existe obligación de la Administración de abonar los 56.444,72 euros reclamados, dado que consultado el expediente administrativo, no coinciden las cantidades reseñadas por la actora en el hecho primero de la demanda, con las contenidas en las certificaciones. Ninguna de ellas coincide en la cuantía que señala los documentos que integran el expediente administrativo, con el concepto B.I. a que se refiere la recurrente. En tercer lugar, la Letrada de la Junta de Andalucía muestra su desacuerdo con los días iniciales y finales para el cálculo de los intereses realizados por la actora, por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el punto 18.3º Punto 2º, párrafo cuarto, del Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, PCAP), habrá de estarse como fecha de vencimiento del pago la consignada en cada una de las propuestas de pago de las respectivas facturas. En cuarto y último lugar, de prosperar la reclamación de intereses de demora, no pueden generar a su vez intereses legales en cuanto que la obligación que los genera no consiste en el pago de una cantidad líquida o liquidable en virtud de una simple operación aritmética.



TERCERO.- Antes de todo, la causa de inadmisibilidad opuesta por la Letrada de la Junta de Andalucía prevista en el art.69 b) de la LJCA , en relación con el art.45.2 d), no prospera al haber aportado la actora junto con un escrito de fecha 21/6/16, un certificado expedido por el administrador de la mercantil PINUS, don Juan Luis , de fecha 13/6/16, del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 20/5/16 por el que se acordó por unanimidad facultar al gerente de la mercantil don Juan Miguel para reclamar frente a la Junta de Andalucía los importes adeudados en concepto de intereses devengados como consecuencia del pago extemporáneo de las certificaciones de obra. No habiéndose puesto en tela de juicio que, en efecto, el Consejo de Administración de la mercantil fuese el órgano competente conforme a los estatutos para decidir el ejercicio de acciones judiciales en nombre de la sociedad, la Sala de por bueno el citado certificado del meritado acuerdo emitido por el Sr. Juan Luis (por todas, STS de 7/2/14, Rec nº 4.749/2011 ), por lo que decae la causa de inadmisibilidad opuesta por la Letrada de la Junta de Andalucía.



CUARTO.- Centrados los términos del debate en resolver si la Administración autonómica contratante incurrió en mora y, de ser así, si debe operar el anatocismo, debemos partir de que el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público , vigente en el momento de celebración del contrato de 14 de octubre de 2009 (contrato aportado como doc. 1 de la reclamación administrativa acompañada como doc.3 del escrito de interposición del recurso contencioso- administrativo), establecía, antes de su modificación operada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, lo siguiente: ' La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales' .

El citado plazo de sesenta días fue reducido a treinta con la modificación operada por el art.3.1 de la Ley 15/2010, de 5 de julio . El nuevo plazo se aplica a partir del 1 de enero de 2013 de conformidad con la Disposición transitoria octava de la LCSP de 2007 que fue introducida por la citada Ley 15/2010.

El apartado 18.3º del PCAP, después de establecer en el punto primero que ' El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente Pliego ', dispone en el punto segundo, párrafo cuarto, que ' Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P ., y a los indicados en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, a los efectos previstos en los apartados 4 del artículo 200 de la LCSP , el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del R.G.LC.A.P . así como todos aquellos supuestos previsto en el presente pliego en los que el Director de Obra puede no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora, en su caso por retraso en el pago de estas certificaciones. ' Para llegar a los 56.444,72 euros que resultan de la liquidación efectuada por la contratista y aportada como doc.5 del escrito de interposición, PINUS toma como base de las certificaciones supramencionadas el importe de las mismas excluido el I.V.A. (nº 12 -- 5.286,99 €, nº 13 -- 26.928,52 €, nº 14 -- 126.619,71 €, nº 15 --101.668,78 €, nº 16 -- 67.191,37 €, nº 17 -- 60.990,66 €, nº 18 -- 61.448,11 €, nº 19 -- 35.562,62 €, nº 20 -- 38.907,98 €, nº 27 -- 45.648,46 €, nº 28 -- 57.484,34 €, nº 29 -- 50.866,02 €, nº 30 -- 109.187,24 €, nº 31 -- 135.401,52 €, nº 32 -- 93.061,60 €, nº 33 --- 31.046,44 €, nº 34 -- 36.653,15 €, nº 36 -- 93.734,97 € y nº 37 -- 52.116,17 €), como dies a quo 60 días después de la fecha en la que la certificación consta expedida, con la firma del Director de las obras y el conforme del Jefe de Servicio con el sello de la Junta de Andalucía (copia de las certificaciones de obra aportadas como doc.2 de la reclamación administrativa acompañada como doc.3 del escrito de interposición del recurso), como dies ad quem la fecha de materialización del pago que resultan de los justificantes bancarios acreditativos de las transferencias recibidas de la Administración demandada (justificantes de las transferencias acompañadas como doc.3 de la reclamación administrativa), y como tipo de interés moratorio aplicable el previsto conforme al art.7.2 de la Ley 3/2004 .

En cuanto al importe de las certificaciones de obra sobre las que la actora efectúa la liquidación de los intereses moratorios, dicho importe se corresponde con el de las certificaciones núms. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 y 37 acompañadas junto con el escrito de interposición del recurso contencioso- administrativo, excluido el I.V.A., cuya autenticidad no ha sido impugnada por la Administración demandada, en las cuales aparece en un apartado denominado ' Designación de las Obras: ' el título del contrato administrativo (' TRATAMIENTOS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS EN MONTES DE AYUNTAMIENTOS Y CONSORCIADOS DE Sª DE LAS ESTANCIAS Y Sª MARÍA DE LOS VÉLEZ '), y en otro apartado que se denomina ' Clave: ' aparece el número del expediente de contratación (' NUM000 '), mientras que las certificaciones de obra que reseña la Letrada de la Junta de Andalucía en su escrito de contestación se corresponden, en realidad, a otro expediente administrativo, el nº NUM001 , denominado ' TT.SS. Y PREVENTIVOS EN MONTES DE AYUNTAMIENTOS Y CONSORCIADOS DEL OESTE Y NORTE DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA ', que fue remitido a esta Sala erróneamente -error que no ha sido puesto de manifiesto por ninguna de las partes litigantes-, cuando lo cierto es que el recurso jurisdiccional no se refería a dicho expediente, en el que también fue adjudicataria la entidad Plantaciones y Caminos, S.A. (hoy PINUS, S.A.), sino, como hemos indicado, al nº NUM000 . Los importes sobre los que efectúa la recurrente la liquidación son, por tanto, correctos.

La Sala considera que la liquidación efectuada por la mercantil acreedora es ajustada al tenor del art.200.4 de la LCSP 30/2007, cuyos términos imperativos al establecer un plazo de sesenta días desde la fecha de la expedición de las certificaciones de obra para que la Administración cumpla su obligación de pagar al contratista el precio, a partir del cual aquella incurre en mora y se devengan ex lege los correspondientes intereses, deben prevalecer sobre la interpretación que postula la representante de la Administración autonómica demandada conforme a lo establecido en el apartado 18.3º, punto segundo, párrafo cuarto, del PCAP del contrato. El dies a quo de la liquidación efectuada por la demandante es, por ende, también ajustado al ordenamiento jurídico.

Finalmente, la fecha de la orden de pago que pudiera haber emitido la Junta de Andalucía no es determinante para fijar el dies ad quem del devengo de intereses sino que debe estarse a la fecha de cobro efectivo por la contratista acreedora, y ello con base en el art.1157 del Código Civil según el cual 'No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía '. Así lo venimos resolviendo de forma reiterada. Citamos, verbigracia, la sentencia de esta Sala y Sección de 21 de diciembre de 2017, recurso nº 673/2013 : ' Por tanto, la Sala entiende, por un lado, que el dies a quo del cómputo de los intereses ha de fijarse en el día siguiente al transcurso de los 60 días a que se refiere el precitado artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público , y se complementa con las previsiones que, sobre este particular, estatuyen los artículos 5 , 7 y 8 de la, también, citada Ley 3/2004 , y, por otro, que el dies ad quem ha de determinarse en el momento de su cobro efectivo. Y ello ha de hacerse, esto es, ha de establecerse el día final del cómputo o dies ad quem de los intereses en el momento del cobro efectivo, es decir, cuando el importe de las certificaciones llega a la esfera o círculo de los intereses del acreedor, aunque sea por vía bancaria, evitando, así, la inseguridad jurídica que supone la determinación del momento en que concluye la gestión administrativa dirigida a la disposición del gasto público y el consiguiente mayor o menor retraso que pueda derivarse.' Comparte este criterio la SAN de 29 de enero de 2018 (recurso nº 218/2016 ), en la que se dice: 'Por lo que respecta al cómputo del periodo de demora, es claro que el día inicial es el siguiente al de vencimiento del periodo de pago y el día final es el de pago efectivo al acreedor.

Como ha reiterado esta Sala en numerosas ocasiones (entre otras SAN 28/06/2013 , 23/02/2015 , 15/02/2017 ), en atención al sistema del cómputo civil de plazos, el día inicial es el siguiente al que se produce el impago y el final el día en que se produce el abono de la cantidad debida, de acuerdo con el art. 1157 CC , a diferencia de lo alegado por el Abogado del Estado.

Efectivamente, dispone dicho precepto que 'no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiere entregado completamente la cosa o hecho la prestación en que la obligación consista', de modo que, no existiendo mora por parte del acreedor, debe establecerse como dies ad quem el día del pago, esto es, aquél en que la prestación pecuniaria tuvo entrada en su patrimonio'.

Lo valida, el criterio que mantenemos, la STS de 5 de abril de 2017 (recurso nº 830/2015 , Ponente Excmo. Sr. D. Pablo María Lucas Murillo de la Cueva), en cuyo fundamento de derecho cuarto afirma el Alto Tribunal: '(...) Una vez despejado este extremo, hay que constatar que no se discute el retraso en el pago de las certificaciones objeto del presente proceso, ni tampoco la fecha inicial para el cálculo de los intereses de demora, cuya procedencia, conforme al artículo 200.4 de la Ley 30/2007 tampoco se niega. Los únicos aspectos controvertidos son el del día final del período en que se devengan tales intereses y la procedencia de reconocer a la UTE el derecho a intereses de los intereses, de acuerdo con el artículo 1109 del Código Civil .

Sobre lo primero, hay que decir que ese día final es el del cobro efectivo por parte de la contratista, es decir, cuando ésta tiene a su disposición el importe correspondiente pues es carga del deudor que lo reciba en su integridad el acreedor sin que puedan desplazarse a este los eventuales retrasos que pudieran producirse al respecto desde que la entidad bancaria recibe la transferencia de la Administración hasta que la acredita en la cuenta de la UTE. El día final es el del abono en esa cuenta, o sea la fecha que la recurrente ha utilizado y no la que defiende la Administración.' En definitiva, la Sala considera probado que la Junta de Andalucía incurrió en mora al no pagar a PINUS el importe de las certificaciones de obra arriba mencionadas dentro de los sesenta días siguientes a su expedición, y al haberlo hecho tardíamente y ser acorde la liquidación de intereses de demora de la contratista a lo establecido en el art.200.4 de la LCSP 30/2007, en relación con el art.7.2 de la Ley 3/2004 , habremos de acoger el recurso y condenar a la Administración al pago de los 56.444,72 euros solicitados en la demanda.



QUINTO.- En relación con el abono reclamado de los intereses sobre los intereses de demora (anatocismo), las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero y de 3 de abril de 2001 , entre otras, indican que el art.1109 del C.c . es aplicable supletoriamente a la contratación administrativa, sin que sea exigible un previo acto administrativo, pues tales intereses se generan 'ex lege', a fin de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al acreedor cuando este tenía derecho a percibir una cantidad líquida y vencida, como aquí ocurre, ya que PINUS en la reclamación administrativa presentada el 23/12/14 ya reclamaba el pago de los 56.444,72 euros que ahora solicita, y se le ha reconocido, en sede jurisdiccional.

Por tanto, sensu contrario al aforismo in iliquidis non fit mora , han de abonarse por la Administración contratante los intereses de la cantidad líquida reclamada por la contratista, y ello desde la interposición del recurso jurisdiccional (2 de junio de 2016), que tendrá consideración de interpelación judicial a los efectos del artículo 1.109 del Código Civil ( sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 y de 20 de febrero de 2001 ), hasta su completo pago.



SEXTO.- Las costas causadas en esta instancia se imponen a la parte demandada, de conformidad con lo que dispone el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción , si bien, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de dicho precepto, los honorarios de Letrado se limitan a la cantidad de 1.500 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil PINUS, S.A. contra la desestimación presunta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a que las presentes actuaciones se contraen, que anulamos, y ello con base en los siguientes pronunciamientos: 1º.- Condenamos a la Administración autonómica demandada a pagar a la mercantil actora los intereses de demora devengados por el retraso en el pago de las certificaciones de obra núms. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 36 y 37, por importe de 56.444,72 euros , cifra que devengará el interés legal desde el 2 de junio de 2016 hasta la fecha de su completo pago.

2º.- Todo ello con expresa imposición a la Administración demandada de las costas causadas en este recurso, con la limitación expresada.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase, y, una vez firme, remítase testimonio de la misma junto con el expediente administrativo, al lugar de procedencia de este.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con las prevenciones del artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, limitado exclusivamente a las cuestiones de derecho, siempre y cuando el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, y hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. Para la admisión del recurso será necesario que la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, de conformidad con los criterios expuestos en el art. 88.2 y 3 de la LJCA .

El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, y seguirá el cauce procesal descrito por los arts. 89 y siguientes de la LJCA . En iguales términos y plazos podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma.

El recurso de casación deberá acompañar la copia del resguardo del ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm.: 1749000024022017, del depósito para recurrir por cuantía de 50 euros, de conformidad a lo dispuesto en la D.A. 15ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre , salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición Adicional Decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

En caso de pago por transferencia se emitirá la misma a la cuenta bancaria de 20 dígitos: IBAN ES5500493569920005001274.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.