Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 649/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 133/2016 de 04 de Julio de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 133/2016

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona

Procediment ordinari núm. 290/2014

Apel lant: SRA. Ángeles

Representant de l'apel lant: SR. MARC CASTAÑÓN PUELL, Procurador

Apel lat: IL LM. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMANET

Representant de l'apel lat: SRA. NÚRIA BARTROLÍ FORN, Lletrada consistorial

S E N T È N C I A núm. 649

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 4 de juliol de 2018

LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució, ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 133/2016, promogut per la SRA. Ángeles -representada pel Procurador SR. MARC CASTAÑÓN PUELL i assistida pel Lletrat SR. PAU SAUMELL LLADÓ-, essent l'apel lat L'IL LM. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMANET -representat i assistit per la Lletrada consistorial SRA. NÚRIA BARTROLÍ FORN-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:En el sí del procediment ordinari núm. 290/2014, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona dictà la Sentència núm. 29, de 27 de gener de 2016, amb el veredicte que segueix:

'DECIDO : Desestimar integramente el recurso presentado por Ángeles contra la Resolución de 22 de Mayo de 2014 por la que se acuerda levantar provisionalmente por un periodo de tres meses la limitación horaria impuesta al Bar sito en la calle Mayor nº 5 de la localidad de Santa Coloma de Gramanet sin declaración en cuanto a las costas.'

SEGON:Disconforme amb la decisió que hem transcrit, la demandant deduí apel lació en temps i forma, a la qual s'hi oposà la demandada.

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel lació i, un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà finalment el dia 4 de juliol de 2018 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:Tal com ja hem expressat, en el sí del procediment ordinari núm. 290/2014, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona dictà la Sentència núm. 29, de 27 de gener de 2016, amb el veredicte que segueix:

'DECIDO : Desestimar integramente el recurso presentado por Ángeles contra la Resolución de 22 de Mayo de 2014 por la que se acuerda levantar provisionalmente por un periodo de tres meses la limitación horaria impuesta al Bar sito en la calle Mayor nº 5 de la localidad de Santa Coloma de Gramanet sin declaración en cuanto a las costas.'

Aquest veredicte va venir precedit dels següents fonaments jurídics:

'PRIMERO.- Ejercita el actor una acción de reparación del los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la inactividad de la administración en cuanto a la correcta disciplina y control del exceso de ruidos provenientes del local ubicado en la calle Mayor nº 5 de Santa Coloma de Gramanet , que según relata se alargó durante tres años durante los cuales el ayuntamiento consintió reiteradamente el funcionamiento de una actividad sin licencia que causaba molestias desde el primer día, incluso antes de haber siquiera solicitado cualquier permiso cuando comenzó a funcionar , haciendo además caso omiso de diversos informes policiales inactividad que ha obligado a su mandante a dejar la vivienda vulnerándose el mandato constitucional de proteger la salud y el medio ambiente y, en la consideración de los perjuicios que le ha ocasionado la inactividad del Ayuntamiento la indemnización consideraba, que había de cifrarse en base al cálculo de la renta de alquiler de 900 euros al mes pagados desde el mes de Abril de 2012 hasta que tuvo que abandonar el domicilio en Agosto de 2014 lo que suma la cantidad de 26.100 euros .

El Ayuntamiento se opone a las pretensiones del actor excepcionando el desvio procesal en que ha incurrido la actora pues por cuanto que la actora ejercita una acción de nulidad contra la resolución impugnada y como pretensión complementaria la declaración de responsabilidad patrimonial cuando parece deducirse que la acción principal es la de conseguir una indemnización por los perjuicios ocasionados y en cuanto al fondo se oponía a las consideraciones vertidas de contrario al manifestar que la actuación municipal ha sido correcta actuando de oficio ante los incumplimiento de la titular del bar e intentando equilibrar los intereses contrapuestos. Y, oponiéndose a la cuantía indemnizatoria por falta de nexo causal , en el supuesto que se admitiera la existencia de responsabilidad debía computarse desde el mes de Noviembre de 2012 y hasta el mes de Agosto de 2013 fecha del último alquiler que abonó la actora

SEGUNDO.- Centradas así las posiciones de las partes conviene precisar con carácter previo que el artículo 31 de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece : El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación según el capítulo precedente. También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda. Y en consecuencia el artículo 71 de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa indica que cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo: a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada . b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma. c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia. No cabe pues el reconocimiento autónomo de la pretensión indemnizatoria si se desestima la pretensión principal, pues en este caso nos encontraríamos ante un supuesto de ausencia de acto ya que se declararía la responsabilidad patrimonial de la administración sin haberse seguido previamente el procedimiento de responsabilidad patrimonial ante la propia administración .La jurisprudencia ha diferenciado de manera sistemática y reiterada dos tipos de pretensiones en el proceso contencioso, y no debe confundirse la de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas con que en el proceso se ejerciten pretensiones de resarcimiento amparadas por el artículo 31.2 de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa cuya articulación procedimental directa dentro del proceso viene reflejada constantemente por la jurisprudencia, y así la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de de 3 de Noviembre de 1.997 , indica que ' es doctrina jurisprudencial ( Sentencias, entre otras, de 12 marzo 1994 , 9 noviembre 1994 y 21 octubre 1997 ) que a la indemnización que se reclama como subordinada o derivada de la pretensión principal de nulidad del acto o disposición no le es aplicable el principio revisor de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por venir autorizado su planteamiento directo ante ésta por el artículo 42 de su Ley reguladora, de manera que este precepto y los artículos 79.3 y 84, c) de dicha Ley hacen viable siempre en el proceso la petición indemnizatoria sin necesidad de previa reclamación en vía administrativa por tratarse de un elemento constitutivo de la especie concreta de pretensión tendente a obtener, como secuela del acto impugnado, el restablecimiento de una situación jurídica individualizada, y así debemos declarar una vez más que, solicitada únicamente la anulación del acto o disposición en vía administrativa, cabe acumular la pretensión indemnizatoria, no planteada antes, en la vía jurisdiccional al haberse desestimado, expresa o tácitamente, el recurso administrativo, según lo dispuesto concordadamente por los citados artículos 42 , 79.3 y 84, c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 136.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto 26 abril 1957 .' Y la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de de 8 de Julio de 1.998 , afirma que ' conforme al artículo 42 citado de la LJCA se halla comprendida la indemnización correspondiente como derivación directa de los hechos denunciados y de las circunstancias añadidas por su desenvolvimiento ulterior, por lo que la misma, aún con título en el artículo 40 de la LRJAE de 26 julio 1957, no se halla necesitada para su adecuado ejercicio en este proceso de una reclamación previa independiente, como establece reiterada doctrina de este SSTS 18 abril 1962 , 3 enero 1968 , 12 noviembre 1973 , 27 febrero 1976 y « a contrario sensu» en las de 23 enero y 25 febrero 1991 .'

Por tanto no cabe hablar de desvio procesal tal y como ha sido planteada por el Ayuntamiento como excepción la misma ha de sucumbir ya que la declaración de inadmisibilidad del recurso no puede limitar entrar en el fondo de la cuestión planteada y sólo en el caso que la sentencia, resultado de la prueba practicada resolviera que no existe inactividad del Ayuntamiento solo en este momento, la indemnización a que se aspira no se derivara en su caso del reconocimiento de la existencia de inactividad de la administración, no se estaría ante el ejercicio de la pretensión de restablecimiento indemnizatorio del artículo 31.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa derivada de la anulación del acto administrativo (reconocimiento de la inactividad) , sino ante el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, sujeta al principio revisor e inejercitable, por ello, en el mismo proceso en que se está pretendiendo la anulación del acto y como una alternativa incompatible con dicho principio.

TERCERO.- La actora descansa su impugnación de la resolución de 22 de Marzo de 2014 en la que se acuerda levantar provisionalmente por un periodo de tres meses la limitación horaria del Bar en inactividad de la administración en cuanto a la correcta disciplina y control del exceso de ruidos provenientes del local durante un periodo de tres años , cifrado desde que se hicieron las obras de adecuación del local hasta la fecha de la resolución recurrida consintiendo el Ayuntamiento el funcionamiento de una actividad sin licencia que causaba molestias .

Para resolver dicha cuestión hemos de partir de lo dispuesto en el artículo artículo 29 de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que nos instruye que cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración. La Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2008 dictada en el Recurso de Casación 1920/2006 sintetiza la doctrina respecto a la aplicación del artículo 29 de de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa indicando que la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo reconoce el carácter singular del procedimiento de control de la inactividad de la Administración establecido en el artículo 29.1 de la Ley jurisdiccional , al sostener que no constituye un cauce procesal idóneo para pretender el cumplimiento por la Administración de obligaciones que requieren la tramitación de un procedimiento contradictorio antes de su resolución.

Es unánime la doctrina jurisprudencial que nos indica que para que se pueda hablar de inactividad es necesario que la Administración este obligada a desplegar una actividad concreta que este establecida directamente por una disposición general, o un acto, contrato o convenio administrativo y de la cual sean acreedoras una o varias personas determinadas. Ahora bien, cuando existe un cierto margen de actuación o apreciación por la Administración o cuando la disposición general que impone la obligación exija un acto concreto de aplicación no será posible la admisión del recurso contencioso administrativo contra la inactividad material de la Administración consistente en que no ha dictado el acto aplicativo exigido por la disposición general sino que, en estos casos en defensa de los derechos e intereses legítimos afectados, los administrados podrán interponer recurso contencioso administrativo frente a los actos expresos o presuntos en virtud de la técnica del silencio administrativo negativo respecto de los cuales se impone un régimen de recursos y de plazos de interposición distintos del exigido para los supuestos de impugnación de la inactividad material de la Administración»( vid sentencias de 14 de diciembre de 2007 y 1 de octubre de 2008

La proyección de la doctrina jurisprudencial expuesta, debe llevarnos a la desestimación de la demanda formulada por la representación de la Sra Ángeles , puesto que no puede exigirse de la administración en supuestos como el presente donde se enjuicia una inactividad de la administración meramente el resultado, sino si la administración ha desplegado la actividad para en su caso obtenerlo y en el caso presente según resulta del expediente administrativo el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet a solicitud de la interesada , realizó la actividad pretendida por la misma ya que cuando se efectuó la primera denuncia acudieron los agentes de la policía y en fecha de 2 de Mayo de 2012 se adopta como medida cautelar la suspensión temporal de la actividad hasta que la titular de la actividad se compromete a abrir en horario de 8 a 21 horas a fin de no provocar molestias hasta el 8 de agosto de 2012 fecha en la que se acuerda levantar la limitación horaria a raíz de un informe técnico que evidencia que para determinar la eficacia de las medidas acústicas es preciso que no exista limitación horaria; nuevas denuncias de la Sra. Ángeles y nuevas actuaciones municipales la última de ellas en el año 2012 se ordena a la titular del bar que retire las instalaciones musicales, pero es que dicha actuación municipal se repite durante el trascurso del año 2013 acordándose en Octubre de ese año el cese de la actividad al haberse constatado en una medición acústica que , tras la denuncia de la Sra Ángeles el 25 de Octubre de 2013 , que el nivel sonoro era de 36dB cuando según la Ordenanza Municipal debía de ser un máximo de 30Db, cese de la actividad que se produce hasta el 27 de Diciembre de 2013 fecha en la que se acuerda el levantamiento pero con limitación horaria hasta las 21 horas y de nuevo ante nuevas denuncias en el año 2014 nuevas actuaciones municipales se suceden hasta que tras limitaciones de horarias impuestas se levanta la misma mediante el acuerdo que ahora se recurre .

Puede concluirse que no se aprecia inactividad por parte de la Administración, pues en el expediente administrativo queda demostrado que ha venido siguiendo el desarrollo de la actividad, llegando a ordenar el cese de la misma y la imposición de limitaciones horarias .De dicho relato de hechos ha de afirmarse que no resulta posible una exigencia superior al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet a través del procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En otro orden las actuaciones que resultan del expediente administrativo acreditan la adecuación de la conducta municipal a la Ordenanza Municipal de y en especial a lo dispuesto en su artículo 4 que establece que Correspon a aquest Ajuntament exercir, d'ofici o instància de part, el control del compliment de la present Ordenança, exigir l'adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions i prohibicions, ordenar les inspeccions oportunes precises i aplicar i executar les sancions corresponents , también se ha acreditado que el local , producia molestías y que estas desaparecían en con la limitación horaria en una zona de la población de sensibilidad acústica moderada y que se hicieron las mediciones y comprobaciones suficientes a efectos de eliminar el perjuicio que los ruidos producidos en sus instalaciones provocaban a la actora y que por otra parte se hubiera reducido el tiempo de las limitaciones impuestas sino hubiera actuado la actora en contra de los interese generales como el no presentar las mediciones de su vivienda .

CUARTO.- Siendo conforme a derecho la resolución de la que deriva la acción ejercitada por la actora la acción de responsabilidad ejercitada queda vacía de contenido ya en su esencia tal y como se adelantaba en el fundamento segundo de esta resolución para la estimación de la pretensión indemnizatoria por responsabilidad patrimonial de la Administración se exige que haya existido una actuación administrativa, un resultado dañoso no justificado y relación de causa o efecto entre aquella y éste, incumbiendo su prueba al que reclama, a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la cuestión de la fuerza mayor, cuando se alegue como causa de exoneración. No resulta posible examinar qué nexo causal existe en el caso que aquí nos ocupa y el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos por cuanto, como se ha indicado si la actuación municipal fue correcta el hecho de tener que abandonar la vivienda no fue motivo de las molestias que generaba el local ni que los daños morales tuvieran que ver ni con la vivienda dejada ni con su estado psicopatológico que refiere la Psicologa clínica en el informe aportado de manera extemporánea por la actora inmediatamente después del tramite de conclusiones. Informe que su aportación no reúne ninguna de los requisitos establecidos en el artículo 270 de la LEC , ni responde a que este juzgado no decidiera sobre la prueba propuesta que no fue ni admitida ni denegada y que la parte actora no obstante hubiera debido solicitar el impulso procesal a fin de resolver sobre lo peticionado.A la falta de acreditación del daño se une la falta de antijuridicidad del mismo, requisito con el que se viene a indicar que el carácter indemnizable del daño no se predica en razón de la licitud o ilicitud del acto causante sino de su falta de justificación conforme al ordenamiento jurídico, en cuanto no impone al perjudicado esa carga patrimonial y singular que el daño implica, ,así se ha reflejado por la jurisprudencia, señalando que la antijuridicidad, como requisito del daño indemnizable, no viene referida al aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Administración sino al objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el sentido de que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que en tal caso desaparecería la antijuridicidad de la lesión al existir causas de justificación en el productor del daño, esto es en el actuar de la Administración (S. 13-1-00 , que se refiere a otras anteriores de 10-3-98 , 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993) señala: 'esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar' (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003 .

Por todo ello y apreciada la falta de los expresados requisitos exigidos para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial, procede la desestimación del recurso Contencioso-Administrativo interpuesto.'

SEGON:Davant d'aquest Tribunal l'actora i ara apel lant ha sol licitat la revocació de la Sentència d'instància i la íntegra estimació de la seva demanda amb un conjunt d'arguments que podríem resumir de la manera que segueix:

-L'acció exercitada per la SRA. Ángeles no es fonamentà en l' art. 29.1 LJCA i, a més, la Sentència a quobandejà un pronunciament sobre la legalitat de l'acte administratiu impugnat.

-Les proves han acreditat la lenitat municipal a l'hora de posar fi a la situació originadora dels sorolls que perjudicaven els drets a la intimitat, al descans i a la salut de l'ara apel lant, la qual ha pogut demostrar finalment danys psicològics, així com la necessitat de traslladar-se a un altre domicili.

-L'Ajuntament hauria d'haver clausurat el bar originador dels sorolls, atès que no disposava de la preceptiva llicència.

TERCER:La defensa lletrada de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet, primerament ha mostrat la seva disconformitat parcial amb la Sentència d'instància, en no haver acollit, aquesta última, la inadmissibilitat invocada per la Corporació municipal. Inadmissibilitat (se'ns diu) que hauria de ser apreciada per aquesta Sala i Secció atesa la desviació processal en què hauria incorregut l'actora. Desviació processal -sosté l'apel lada- perquè hauria estat indegudament omesa per la SRA. Ángeles la via administrativa prèvia (llegeixiŽs: reclamació de responsabilitat patrimonial) doncs, no debades, els danys i perjuidicis invocats en el procés, la pròpia actora els hauria vinculat a una suposada passivitat municipal i no pas a la Resolució administrativa impugnada.

Quant al fons, la defensa lletrada del Consistori ha considerat correcta l'argumentació de la Sentènciaa quo.I no sense reiterar que durant el procés, l'ara apel lant no imputà cap vici a la Resolució administrativa de 22 de maig de 2014.

A banda d'això, ha puntualitzat que l'obtertura del bar no es trobava sotmesa a llicència, sinó a una comunicació (la qual, certament, apareix datada l'1 de febrer de 2012 a la pàgina 1 de l'expedient administratiu). Comunicació, aquesta, susceptible de controla posteriori.

També ha negat la concurrència dels requisits de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en considerar: que el dany invocat no havia estat demostrat; que tampoc l'actora havia pogut demostrar que es veiés obligada a canviar de pis com a conseqüència de les molèsties originades pel bar; i que sí s'havia pogut acreditar que el canvi de pis havia estat propiciat per un desnonament per manca de pagament del lloguer.

QUART:L'Ajuntament no s'adherí expressament a l'apel lació. No tenia cap obligació de fer-ho perquè el veredicte de la Sentència li havia estat favorable; però podia invocar en seu d'apel lació la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu, amb l'obligació afegida, d'aquest Tribunal, de pronunciar-se sobre la susdita excepció (per totes, veure la STC 11/2014, de 27 de gener).

Així les coses, aquesta Sala i Secció es veié en la tessitura d'haver d'ajornar la deliberació de l'apel lació, amb la finalitat que l'apel lant pogués formular al legacions al respecte. Al legacions que al capdavall es van resumir en un escrit a través del qual la defensa lletrada de la SRA. Ángeles negà l'existència de desviació processal en considerar que la Resolució administrativa impugnada no representava res més que la culminació de dos anys de 'despropòsits municipals' caracteritzats per l'adopció de 'mesures inútils'.

CINQUÈ:L'apel lació no podrà prosperar perquè, certament, l'eventual responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament apel lat s'hauria d'haver ventilat en via administrativa com a pas necessari i previ a un eventual recurs contenciós administratiu.

Dels art. 31.2 i 71.1.b) LJCA es despren que, a banda de l'anul lació de l'acte administratiu impugnat, el demandant podrà sol licitar i obtenir el reconeixement d'una situació jurídica individualitzada, susceptible, aquesta, de materialitzar-se en una indemnització pels danys i perjudicis soferts.

Tanmateix, aquestes previsions legals obeeixen a un escenari en el qual la font originadora dels danys i perjudicis hauria estat l'acte administratiu impugnat. Si aquest acte no es objecte de retrets específics -o els formulats són rebutjats per l'òrgan jurisdiccional- la Sentència que es dicti no podrà contenir cap pronunciament estimatori pel que fa a la indemnització reclamada.

Quan, com és el cas, es vincula el dany a la lenitat de l'Ajuntament i es qualifica l'acte administratiu impugnat (impugnat de forma merament instrumental) com a colofó de tot plegat, s'està reconeixent que la causa a la qual s'atribueix els perjudicis denunciats és la (suposada) passivitat o inactivitat municipal i no l'acte administratiu utilitzat per tal de justificar la interposició del recurs contenciós administratiu.

Altrament dit: si l'acte administratiu impugnat (tant si és conforme a dret com si no) no és la causa eficient del menyscapte patit, no serà possible associar directament cap pretensió indemnitzatòria a la seva impugnació en seu jurisdiccional. I encara menys si -com aquí succeeix-, no es conté a la demanda cap imputació de vicis invalidants que tingui com a destinatari o que es refereixi específicament a l'acte impugnat; a l'acte impugnat en sí mateix considerat.

La previsió indemnitzatòria que podem trobar en l'enunciat de l' art. 31.2 LJCA, interpretada a la llum del caràcter 'revisor' de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, només esdevé operativa quan la pretensió d'obtenir una compensació econòmica és de caràcter 'accessori' i, per tant, es pot vincular directament, no a qualsevol acte administratiu que pugui tenir alguna relació amb el conflicte plantejat, sinó a l'acte que hagi estat, com dèiem abans, la causa eficient dels danys i perjudicis denunciats.

En el present supòsit, no se'ns oculta que la pretensió principal en seu judicial sempre ha estat la de caràcter indemnitzatori; i que els retrets adreçats per la SRA. Ángeles a la posició de l'Ajuntament, sempre han estat elements auxiliars d'aquesta pretensió principal, portats a col lació per tal de millor justificar un estat de coses (una situació fàctica, al capdavall) que l'actora i ara apel lant ha vingut qualificant, si fa o no fa, com de passivitat culpable generadora de danys. No debades, a la pàgina 14 de l'escrit de demanda s'identifica com a objecte del plet la 'inactivitat' o 'activitat enganyosa' de l'Ajuntament.

Així les coses, haurem de constatar que, efectivament, l'ara apel lant ha incorregut en un supòsit de desviació processal en haver bandejat la via administrativa prèvia; la qual cosa, més que donar lloc a una causa d'inadmissibilitat, en aquest estadi si més no esdevindrà un motiu qualificat per tal de considerar justificada la desestimació de la demanda formulada en primera instància.

SISÈ:La íntegra desestimació de l'apel lació haurà de venir acompanya de la imposició de les costes d'aquesta alçada a la part apel lant ( art. 139.2 LJCA), per bé que limitades a un màxim de 1.000 euros per tots els conceptes ( art. 139.4 LJCA), sens perjudici de l'IVA que s'escaigui afegir.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:

DESESTIMARel present recurs d'apel lació núm. 133/2016, promogut per la SRA. Ángeles amb l'oposició de L'IL LM. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMANET i, conseqüentment, CONFIRMAR la Sentència núm. 29, de 27 de gener de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm. 290/2014.

Amb la imposició de les costes d'aquesta alçada a l'apel lant, en els termes del fonament jurídic sisè.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l'expressat art. 89 (punt 2) LJCA i només podrà fonamentar-se en la vulneració del dret estatal o europeu. En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

No hi cabrà, en canvi, recurs de cassació davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fonamentat en l'eventual vulneració del dret autonòmic, en equiparar-se, en aquest cas, les Sentències dictades per la Sala del Tribunal Superior, a les dictades per la Sala 3ª del Tribunal Suprem en el seu propi àmbit ( Resolucions interlocutòries de 10 de maig de 2017, entre d'altres, dictades per la Secció de Cassació de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els recursos de cassació autonòmica núm. 3/2017 i 8/2017).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Un cop ferma, adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes als efectes de les diligències processals que siguin pertinents.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.