Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 906/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 331/2016 de 06 de Noviembre de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Rollo de apelación nº 331/2016
SENTENCIA Nº 906/2019
Ilmos. Sres.:
Presidente
DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
Magistrados
DON EDUARDO PARICIO RALLO
DOÑA ELSA PUIG MUÑOZ
En la Ciudad de Barcelona, a 6 de noviembre de 2019.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
(SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso de apelación nº 331/2016,
interpuesto por Vueling Airlines SA, representada por el Procurador D. Joan Grau Martí y dirigido por el Letrado
D. Jordi Fillat Boneta, contra la sentencia dictada el 20 de enero de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 13 de Barcelona, en el recurso nº 70/2014, siendo parte apelada la Agència Catalana del
Consum, representada por el Lletrat de la Generalitat.
Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Elsa Puig Muñoz, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En el recurso nº 70/2014, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 13 de Barcelona, se dictó sentencia en fecha 20 de enero de 2016 que desestimó el recurso interpuesto.



SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de Vueling Airlines SA en fecha 19 de febrero de 2016, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la contraparte para que formalizase su oposición en el plazo legal.



TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala, se acordó formar el oportuno rollo de apelación, se designó Magistrado Ponente y, no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada ni la celebración de vista, se señaló fecha para la votación y fallo del recurso.



CUARTO.- En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Como es de ver en las actuaciones, el recurso contencioso se dirigió contra la Resolución de la Agència Catalana de Consum (en adelante ACC), de fecha 09/07/2013, por la que se impuso a la actora dos sanciones, la primera, de 40.000 euros, por haber restringido o limitado la cantidad o cualidad real de las prestaciones o causar discriminación por las formas de pago empleadas por los usuarios, ya que, cuando se realiza el pago con una tarjeta de crédito, se cobra un importe superior al que VUELING ha de soportar, y la segunda, de 25.000 euros, por la inclusión en el contrato de cláusulas abusivas.

La sentencia apelada desestimó íntegramente la demanda.

Como quiera que una de las dos sanciones es de importe inferior a 30.000 euros, por auto de este Tribunal de fecha 6 de septiembre de 2016, que es firme, se admitió el recurso de apelación únicamente en relación con la sanción de 40.000 euros.



SEGUNDO.- En el recurso de apelación se alega que la ACC no es competente para sancionar a VUELING, sino que lo es la Administración del Estado, y que el Cap de Servei tampoco puede acordar la incoación del procedimiento sancionador. También añade que VUELING ofrece otros medios alternativos de pago sin coste (sin concretar a qué medios se refiere, si bien en la demanda se dice que si se abona el billete con la tarjeta de la propia compañía no hay cargo adicional), y que, en todo caso, es la Administración la que tiene que acreditar que cuando se realiza el pago con una tarjeta de crédito, se cobra un importe superior al que VUELING ha de soportar.

Y sobre estas cuestiones ya se ha pronunciado este Tribunal en las sentencias 599/2014, de 2 de julio (rollo de apelación 26/2011); 437/2018, de 29 de mayo (rollo de apelación 473/2015), y 531/2018, de 22 de junio (rollo de apelación 280/2015).

En efecto, en la primera de ellas se decía que el artículo 149.1 de la CE no incluye la materia de consumo entre las reservadas al Estado, y, por tanto, puede ser asumida estatutariamente por las Comunidades Autónomas, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo.

El artículo 12.1.5 de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía, atribuye a la Generalidad, en los términos de los dispuesto en los artículos 38, 131 y en los núms. 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española, competencia exclusiva en materia de comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre la defensa de la competencia.

Posteriormente, la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículos 123.a) dispuso que corresponde a la Generalidad de Cataluña la competencia exclusiva en materia de consumo, que incluye la defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios, proclamados por el artículo 28, y el establecimiento y la aplicación de los procedimientos administrativos de queja y reclamación.

En ejercicio de esa competencia en materia de consumo se aprobó la Llei 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Catalunya, que es la norma que se ha tenido en cuenta para imponer la sanción que nos ocupa.

También hay que recordar que el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010, de 28 de junio, resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Su fundamento de derecho 70 resuelve sobre la constitucionalidad del artículo 123, expresándose en los siguientes términos: 'El art. 123 EAC, bajo la rúbrica 'Consumo', es recurrido en su integridad, si bien los recurrentes centran el objeto de sus críticas en el encabezamiento, que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de consumo, así como en la regulación contenida en las letras a) y e). Para los recurrentes, cuyos argumentos así como los de las demás partes se han expuesto en el antecedente 63, dicha competencia exclusiva, formalizada sin límite alguno, vulnera las diferentes competencias reservadas al Estado por el art. 149.1 CE que inciden sobre la materia de defensa de los consumidores.

La materia de defensa de los consumidores es un ámbito de concurrencia competencial de títulos habilitantes diferentes, de manera que la atribución estatutaria de la competencia de carácter exclusivo a la Comunidad Autónoma no puede afectar a las competencias reservadas por la Constitución al Estado ( art. 149.1 CE ), que se proyectarán cuando materialmente corresponda ( STC 15/1989, de 26 de enero , F. 1), sin necesidad de que el Estatuto incorpore cláusulas de salvaguardia de las competencias estatales (fundamentos jurídicos 59 y 64).

Los recurrentes atribuyen a la regulación contenida en las letras a ) y e) del art. 123 EAC el mismo reproche que al encabezamiento del precepto, planteamiento al que es aplicable igual respuesta: la regulación estatutaria impugnada no impide el efectivo desenvolvimiento de las competencias estatales del art. 149.1 CE . Más específicamente, el enunciado de exclusividad de la competencia autonómica de defensa de los consumidores y usuarios [letra a)], aun proyectada por remisión sobre el contenido del art. 28 del propio Estatuto, no impide la salvaguarda de las competencias estatales afectadas expresamente por dicha remisión (las de la salud y la seguridad). En relación con la información al consumidor [letra e)], que los recurrentes aducen que afectaría al ámbito de las relaciones contractuales ( art. 149.1.6 y 8 CE ), hemos de reiterar que en modo alguno es exigible la salvaguardia por el precepto estatutario de las competencias estatales concurrentes, que son límites insuperables a los enunciados estatutarios y actúan sin impedimento por aquella calificación estatutaria.

En conclusión, ha de ser desestimada la impugnación del art. 123 EAC'.

Por otro lado, el artículo 149.1.20ª de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

Como se expresa en la Disposición final primera de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en ejercicio de esa competencia se dicta esa Ley, que según su Exposición de Motivos distribuye entre los órganos de la Administración General del Estado, de forma completa y sistemática, las competencias que en materia de aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves el artículo 149.1. 20ª de la CE, encomienda con carácter exclusivo al Estado, quedando el Ministerio de Fomento configurado como la autoridad aeronáutica civil en el ámbito interno y sus funciones se orientan fundamentalmente a la ordenación, supervisión y control de los diferentes sectores de actividad que constituyen la aviación civil y al ejercicio de la potestad sancionadora en la materia, con la finalidad de preservar tanto la seguridad de la aviación, como los derechos e intereses legítimos de los pasajeros y otros usuarios de los servicios aeronáuticos, tipificando en su artículo 45 las infracciones en relación con el transporte y los trabajos aéreos. Su artículo 5.1. b) atribuye al Ministerio de Fomento la ordenación y garantía de la prestación de los servicios civiles de navegación aérea y su artículo 37, titulado 'obligaciones específicas de las compañías aéreas y empresas de trabajos aéreos', en su apartado 2.1ª, dispone la obligación de cumplir con las obligaciones establecidas para la protección de los derechos de los pasajeros en el Reglamento 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y cancelación o gran retraso de los vuelos.

De todo ello se concluye que la competencia para imponer sanciones a las compañías aéreas por el incumplimiento de las normas en materia de protección de los consumidores es concurrente del Estado y de la Generalitat, de ahí que unos mismos hechos pueden ser objeto de un procedimiento sancionador por la Administración estatal y por la Generalitat indistintamente.

Ahora bien, el principio de non bis in ídem impide que se impongan dos sanciones por unos mismos hechos siendo en ambos casos también coincidente el bien jurídico protegido, de ahí que la Generalitat no podrá incoar un procedimiento sancionador en materia de consumo cuando le conste que por esos mismos hechos -y para preservar los derechos de los usuarios-, ya se ha impuesto una sanción por la Administración estatal, y viceversa.

En el caso de autos, no consta que la Administración del Estado haya seguido procedimiento alguno contra la aquí apelada por los hechos que se le imputan en la resolución sancionadora recurrida, no presentándose obstáculo en la tramitación y posterior resolución del procedimiento en el que se dicta la resolución recurrida.



TERCERO.- En cuanto a la falta de competencia del Cap de Servei para acordar la incoación del procedimiento, en el FJ tercero de la sentencia 473/2018, antes citada, se dijo: '...la resolució impugnada imposa a l'actora sancions per sengles infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris. La representació de l'Administració demandada va assentir respecte la tercera sanció, a la vista de la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en data 18 de setembre de 104 - assumpte C-487/12 -, de forma que cal estimar el recurs en aquest extrem.

Pel que fa a les restants sancions, l'actora formula un primer motiu de recurs referit a la infracció del principi de legalitat procedimental, en el sentit que la incoació de l'expedient sancionador va ser acordada pel Cap del servei de l'Agència Catalana del Consum, essent així que la competència pertocava al Director de l'Agència esmentada o a l'òrgan establert per la normativa pròpia segons que es desprèn del que disposa l' article 2 del Decret 278/93 .

El precepte esmentat atribueix la competència per a la incoació dels expedients sancionadors als delegats o caps dels serveis territorials dels departaments i als directors generals o els òrgans que en cada cas estableixi la normativa. En el cas que ens ocupa la potestat sancionadora l'assumeix l'Agència Catalana del Consum, que d'acord amb les previsions de la Llei 9/04, és un òrgan autònom dependent de la Generalitat de Catalunya, òrgan dotat amb personalitat jurídica pròpia.

El Decret 242/2005 desplega l'estructura de l'Agència. L'article 7 atribueix a la Subdirecció General de Disciplina de Mercat la competència sancionadora i l'article 9 precisa que correspon al Servei de normativa i procediment la funció de tramitar els expedients sancionadors en matèria de disciplina del mercat i consum, competència que inclou el tràmit inicial del procediment que és la incoació del mateix.

En el cas que ens ocupa l'expedient sancionador va ser incoat per resolució del cap del servei de normativa i procediment que, com s'ha dit, era el competent a l'efecte.'

CUARTO.- Y, por último, en cuanto a la infracción impuesta por aplicar un recargo por realizar el pago mediante tarjeta de crédito, en la sentencia 473/2018, antes citada, se decía: 'QUART.- La primera sanció queda referida al fet que l'actora cobrava una quantitat pel fet de pagar amb targeta de crèdit o dèbit, concretament una quantitat superior a les despeses que l'empresari havia de suportar de forma directa com a conseqüència del mitjà de pagament. L'actora no discuteix aquest fet.

La resolució argumenta que l'anterior comportament suposa una discriminació dels usuaris en funció del mitjà de pagament que utilitzin, alhora que minora el servei en encarir el preu pel fet d'utilitzar el pagament mitjançant tarja. Afegeix que aquesta pràctica comporta un benefici il lícit i que l'actora no ha acreditat els costos diferencials que li comporta aquest sistema de pagament.

Els fets van ser qualificats com una infracció de l' article 331.3.c/ de la Llei 22/10 que aprova el Codi de Consum de Catalunya, això és, ' Restringir o limitar la quantitat o qualitat real de les prestacions, o causar qualsevol mena de discriminació per raó de les condicions, els mitjans o les formes de pagament dels béns o serveis' . La infracció que queda qualificada com a greu d'acord amb allò previst a l'article 332.1.b/.

L'actora al lega que no estam davant un càrrec indegut perquè disminueixi les prestacions doncs la companyia suporta uns costos associats a l'ús de les targes. Afirma que complia els requeriments exigibles, com ara haver informat als usuaris d'aquest cost, que el càrrec no superava els costos diferencials i que hi havia un medi alternatiu i gratuït de pagament. Posa de relleu que, si no cobrés aquests càrrecs, hauria de repercutir el cost en el conjunt d'usuaris i que ofereix un mitjà alternatiu de pagament sense cost addicional com és la tarja Visa Vueling.

Esmenta que la jurisprudència mercantil ha admès aquests càrrecs com abonament per serveis auxiliars d'acord amb l' article 2.a/ del Reglament UE 2409/92 sobre serveis aeris. També esmenta el Reglament UE 1008/08 en el sentit que estableix un règim de llibertat de tarifes, amb l'únic requeriment que els elements opcionals del preu han de ser informats de manera clara i transparent. Invoca finalment la Directiva UE 83/11, en el sentit que només prohibeix els càrrecs relatius a l'ús i acceptació de medis de pagament que excedeixin el cost assumit pel prestador.

Doncs be, l' article 211.3.3 del Codi de Consum de Catalunya impedeix incrementar els preus per raó de la forma o el mitjà de pagament en quantitats superiors a les despeses que l'empresari o empresària hagi de suportar per la utilització del mitjà de pagament en qüestió; un plantejament que, d'altra banda, respon a l' article 19 de la Directiva UE 83/11 . En aquest mateix sentit, l' article 24 de la Llei 16/09 sobre serveis de pagament preveu que el beneficiari cobri les despeses que la utilització d'un determinat medi de pagament li suposi en relació al proveïdor del servei. És mes, l'apartat tercer d'aquest precepte determina que és nul la la clàusula que impedeixi aquest rescabalament. Ara bé, el mateix precepte preveu un límit en el sentit que el rescabalament no pot superar les despeses diferencials en què efectivament incorri el beneficiari per l'acceptació d'aquests instruments.

Consta a la denuncia inicial que la companyia recurrent va carregar la quantitat de 6,50 euros com a conseqüència de la utilització d'una tarja Visa electrón com a sistema de pagament. No consta, però, quin és el cost que suporta la companyia per aquest operació de part de l'entitat proveïdora del servei de pagament en qüestió.

En aquest sentit, l'inspector va reclamar a la recurrent l'aportació dels contractes que tenen amb les diferents entitats financeres emissores de les targes de dèbit i crèdit i l'acreditació de les depeses directes que suporta com a conseqüència de l'ús de les referides targes. Tanmateix, la companyia va declinar l'anterior requeriment al legant que la informació era confidencial i sensible als interessos de la companyia.

És clar que si el Codi de Consum estableix un límit específic com el que s'ha esmentat, l'Administració te la capacitat de verificar el compliment d'aquesta restricció en ús de la seva potestat d'inspecció -articles 311.1 , 312.10 i 312.11 -. Paral lelament, els operadors tenen l'obligació de subministrar la informació corresponent.

Per tant, l'actora estava obligada a proporcionar al informació requerida sobre els costos que suportava com a conseqüència de la utilització de les diverses formes de pagament que tenia habilitades, en el seu cas demanant la confidencialitat si hi hagués un motiu suficient.

El cas és que l'actora tenia la plena facilitat probatòria per acreditar la legitimitat dels cobraments que efectuava i alhora l'obligació de facilitar aquesta informació i, tanmateix, no ho va fer.

Consegüentment, cal concloure que aquesta sanció compta amb prou base, doncs la negativa a proporcionar la documentació requerida constitueix un indici prou concloent en el sentit que l'actora no disposava de la mateixa, essent així que la justificació que va oposar l'actora pel que fa al fet que la documentació era confidencial i sensible no era versemblant ja que ni s'argumenta ni es pot deduir que la informació relativa als costos que suporta com a conseqüència de l'ús de targes de crèdit o dèbit com a sistema de pagament pugui representar un risc comercial, menys considerant que en el seu cas l'empresa podia demanar el manteniment de la confidencialitat de les dades aportades d'acord amb el que preveu l' article 321.3 del Codi de Consum de Catalunya i l' article 22 de la Llei 9/04.' Y en la sentencia 531/2018 se analizó una sanción idéntica -por el cargo de un suplemento a los usuarios que abonan sus billetes mediante tarjeta de crédito-, también impuesta a la hoy apelante: '

SEXTO - 1) En cuanto al fondo de la sanción impuesta, de 40.000 euros, en razón del ' càrrec primer' (FJ 2º precedente in fine), se alega en el recurso de apelación que ' el mero hecho de imponer (una) cuota adicional al pago por utilizar una tarjeta u otra, No Es Abusiva. Sólo lo será si esa cuota sobrepasa los gastos que el proveedor de la tarjeta cobra a la Compañía Aérea y eso lo tiene que acreditar la Administración'.

En el acta de inspección levantada por la ACC en fecha 20 de septiembre de 2011 (fol. 20 del expediente), se reseña: 'No hi ha cap modalitat de pagament gratuït, a no ser que sigui la Visa Vueling.

Pel pagament amb tarjeta Mastercard de dèbit hi ha un cost afegit de 5,50 euros'.

En otra acta anterior, levantada en fecha 11 de febrero de 2011 (fol. 91 del expediente), se reseña a su vez, la denuncia de una usuaria, a la que la actora cobró 4,50 euros por el uso de una tarjeta de crédito como medio de pago.

2) La tipicidad infractora de las anteriores prácticas, tal como señala la Sentencia apelada en su FJ 7º, deriva de las siguientes previsiones contenidas en la LP 22/2010, de 20 de julio , Codi de Consum de Catalunya: -Art. 211.3: ' No pueden incrementarse los precios o condiciones por razón de la forma o el medio de pago en cantidades superiores a los gastos que el empresario o empresaria deba soportar de forma directa como consecuencia de la admisión del medio de pago de que se trate'.

-Art. 331.3: ' Son infracciones en materia de transacciones comerciales y condiciones técnicas de venta y en materia de precios: c) Restringir o limitar la cantidad o calidad real de las prestaciones, o causar cualquier tipo de discriminación por razón de las condiciones, los medios o las formas de pago de los bienes o servicios'.

-Art.332.3: ' 1. Tienen la calificación de graves las infracciones tipificadas por los siguientes artículos: ...b) Los apartados a, b, c y d del art. 331-3'.

-Art. 333.1: ' 1. Las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas por la presente ley son las siguientes: ...b) Para las infracciones graves, una multa comprendida entre 10.001 y 100.000 euros, cantidad que puede ultrapasarse hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción'.

3) De lo antedicho se colige que la actora, para exonerarse de la infracción que se le imputaba, debía acreditar que el cobro de más por el uso de tarjetas de crédito por sus clientes -salvo en relación con Visa Vueling, privilegiada- no superaba los gastos que debía soportar de forma directa como consecuencia de la admisión del medio de pago.

Pero la carga de dicha prueba, contra lo que pretende, a ella correspondía, con arreglo al art. 217.2 LEC , tanto como la disponibilidad documental y por ende la facilidad probatoria al respecto, a tenor del apdo. 7 del mismo precepto.

En ausencia de dicha prueba, lo procedente es confirmar, también en esta alzada, la sanción impuesta.' De ahí que en el presente caso se analiza una tercera sanción por idénticos hechos, lo que demuestra la actitud contumaz de la actora de no respetar las normas en materia de protección de los consumidores.

En definitiva, debe desestimarse íntegramente el recurso interpuesto.



QUINTO.- Procede imponer las costas procesales a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, no sólo por aplicación de la cláusula del vencimiento, sino por la temeridad y mala fe que demuestra la actora al interponer un nuevo recurso de apelación contra una sentencia que analiza una sanción idéntica que otras dos, recurso que se fundamenta también en las mismas alegaciones que fueron ya desestimadas por este Tribunal, si bien con el límite de la cantidad de 3.000 euros.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

'...la resolució impugnada imposa a l'actora sancions per sengles infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris. La representació de l'Administració demandada va assentir respecte la tercera sanció, a la vista de la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en data 18 de setembre de 104 - assumpte C-487/12 -, de forma que cal estimar el recurs en aquest extrem.

Pel que fa a les restants sancions, l'actora formula un primer motiu de recurs referit a la infracció del principi de legalitat procedimental, en el sentit que la incoació de l'expedient sancionador va ser acordada pel Cap del servei de l'Agència Catalana del Consum, essent així que la competència pertocava al Director de l'Agència esmentada o a l'òrgan establert per la normativa pròpia segons que es desprèn del que disposa l' article 2 del Decret 278/93 .

El precepte esmentat atribueix la competència per a la incoació dels expedients sancionadors als delegats o caps dels serveis territorials dels departaments i als directors generals o els òrgans que en cada cas estableixi la normativa. En el cas que ens ocupa la potestat sancionadora l'assumeix l'Agència Catalana del Consum, que d'acord amb les previsions de la Llei 9/04, és un òrgan autònom dependent de la Generalitat de Catalunya, òrgan dotat amb personalitat jurídica pròpia.

El Decret 242/2005 desplega l'estructura de l'Agència. L'article 7 atribueix a la Subdirecció General de Disciplina de Mercat la competència sancionadora i l'article 9 precisa que correspon al Servei de normativa i procediment la funció de tramitar els expedients sancionadors en matèria de disciplina del mercat i consum, competència que inclou el tràmit inicial del procediment que és la incoació del mateix.

En el cas que ens ocupa l'expedient sancionador va ser incoat per resolució del cap del servei de normativa i procediment que, com s'ha dit, era el competent a l'efecte.'

CUARTO.- Y, por último, en cuanto a la infracción impuesta por aplicar un recargo por realizar el pago mediante tarjeta de crédito, en la sentencia 473/2018, antes citada, se decía: 'QUART.- La primera sanció queda referida al fet que l'actora cobrava una quantitat pel fet de pagar amb targeta de crèdit o dèbit, concretament una quantitat superior a les despeses que l'empresari havia de suportar de forma directa com a conseqüència del mitjà de pagament. L'actora no discuteix aquest fet.

La resolució argumenta que l'anterior comportament suposa una discriminació dels usuaris en funció del mitjà de pagament que utilitzin, alhora que minora el servei en encarir el preu pel fet d'utilitzar el pagament mitjançant tarja. Afegeix que aquesta pràctica comporta un benefici il lícit i que l'actora no ha acreditat els costos diferencials que li comporta aquest sistema de pagament.

Els fets van ser qualificats com una infracció de l' article 331.3.c/ de la Llei 22/10 que aprova el Codi de Consum de Catalunya, això és, ' Restringir o limitar la quantitat o qualitat real de les prestacions, o causar qualsevol mena de discriminació per raó de les condicions, els mitjans o les formes de pagament dels béns o serveis' . La infracció que queda qualificada com a greu d'acord amb allò previst a l'article 332.1.b/.

L'actora al lega que no estam davant un càrrec indegut perquè disminueixi les prestacions doncs la companyia suporta uns costos associats a l'ús de les targes. Afirma que complia els requeriments exigibles, com ara haver informat als usuaris d'aquest cost, que el càrrec no superava els costos diferencials i que hi havia un medi alternatiu i gratuït de pagament. Posa de relleu que, si no cobrés aquests càrrecs, hauria de repercutir el cost en el conjunt d'usuaris i que ofereix un mitjà alternatiu de pagament sense cost addicional com és la tarja Visa Vueling.

Esmenta que la jurisprudència mercantil ha admès aquests càrrecs com abonament per serveis auxiliars d'acord amb l' article 2.a/ del Reglament UE 2409/92 sobre serveis aeris. També esmenta el Reglament UE 1008/08 en el sentit que estableix un règim de llibertat de tarifes, amb l'únic requeriment que els elements opcionals del preu han de ser informats de manera clara i transparent. Invoca finalment la Directiva UE 83/11, en el sentit que només prohibeix els càrrecs relatius a l'ús i acceptació de medis de pagament que excedeixin el cost assumit pel prestador.

Doncs be, l' article 211.3.3 del Codi de Consum de Catalunya impedeix incrementar els preus per raó de la forma o el mitjà de pagament en quantitats superiors a les despeses que l'empresari o empresària hagi de suportar per la utilització del mitjà de pagament en qüestió; un plantejament que, d'altra banda, respon a l' article 19 de la Directiva UE 83/11 . En aquest mateix sentit, l' article 24 de la Llei 16/09 sobre serveis de pagament preveu que el beneficiari cobri les despeses que la utilització d'un determinat medi de pagament li suposi en relació al proveïdor del servei. És mes, l'apartat tercer d'aquest precepte determina que és nul la la clàusula que impedeixi aquest rescabalament. Ara bé, el mateix precepte preveu un límit en el sentit que el rescabalament no pot superar les despeses diferencials en què efectivament incorri el beneficiari per l'acceptació d'aquests instruments.

Consta a la denuncia inicial que la companyia recurrent va carregar la quantitat de 6,50 euros com a conseqüència de la utilització d'una tarja Visa electrón com a sistema de pagament. No consta, però, quin és el cost que suporta la companyia per aquest operació de part de l'entitat proveïdora del servei de pagament en qüestió.

En aquest sentit, l'inspector va reclamar a la recurrent l'aportació dels contractes que tenen amb les diferents entitats financeres emissores de les targes de dèbit i crèdit i l'acreditació de les depeses directes que suporta com a conseqüència de l'ús de les referides targes. Tanmateix, la companyia va declinar l'anterior requeriment al legant que la informació era confidencial i sensible als interessos de la companyia.

És clar que si el Codi de Consum estableix un límit específic com el que s'ha esmentat, l'Administració te la capacitat de verificar el compliment d'aquesta restricció en ús de la seva potestat d'inspecció -articles 311.1 , 312.10 i 312.11 -. Paral lelament, els operadors tenen l'obligació de subministrar la informació corresponent.

Per tant, l'actora estava obligada a proporcionar al informació requerida sobre els costos que suportava com a conseqüència de la utilització de les diverses formes de pagament que tenia habilitades, en el seu cas demanant la confidencialitat si hi hagués un motiu suficient.

El cas és que l'actora tenia la plena facilitat probatòria per acreditar la legitimitat dels cobraments que efectuava i alhora l'obligació de facilitar aquesta informació i, tanmateix, no ho va fer.

Consegüentment, cal concloure que aquesta sanció compta amb prou base, doncs la negativa a proporcionar la documentació requerida constitueix un indici prou concloent en el sentit que l'actora no disposava de la mateixa, essent així que la justificació que va oposar l'actora pel que fa al fet que la documentació era confidencial i sensible no era versemblant ja que ni s'argumenta ni es pot deduir que la informació relativa als costos que suporta com a conseqüència de l'ús de targes de crèdit o dèbit com a sistema de pagament pugui representar un risc comercial, menys considerant que en el seu cas l'empresa podia demanar el manteniment de la confidencialitat de les dades aportades d'acord amb el que preveu l' article 321.3 del Codi de Consum de Catalunya i l' article 22 de la Llei 9/04.' Y en la sentencia 531/2018 se analizó una sanción idéntica -por el cargo de un suplemento a los usuarios que abonan sus billetes mediante tarjeta de crédito-, también impuesta a la hoy apelante: '

SEXTO - 1) En cuanto al fondo de la sanción impuesta, de 40.000 euros, en razón del ' càrrec primer' (FJ 2º precedente in fine), se alega en el recurso de apelación que ' el mero hecho de imponer (una) cuota adicional al pago por utilizar una tarjeta u otra, No Es Abusiva. Sólo lo será si esa cuota sobrepasa los gastos que el proveedor de la tarjeta cobra a la Compañía Aérea y eso lo tiene que acreditar la Administración'.

En el acta de inspección levantada por la ACC en fecha 20 de septiembre de 2011 (fol. 20 del expediente), se reseña: 'No hi ha cap modalitat de pagament gratuït, a no ser que sigui la Visa Vueling.

Pel pagament amb tarjeta Mastercard de dèbit hi ha un cost afegit de 5,50 euros'.

En otra acta anterior, levantada en fecha 11 de febrero de 2011 (fol. 91 del expediente), se reseña a su vez, la denuncia de una usuaria, a la que la actora cobró 4,50 euros por el uso de una tarjeta de crédito como medio de pago.

2) La tipicidad infractora de las anteriores prácticas, tal como señala la Sentencia apelada en su FJ 7º, deriva de las siguientes previsiones contenidas en la LP 22/2010, de 20 de julio , Codi de Consum de Catalunya: -Art. 211.3: ' No pueden incrementarse los precios o condiciones por razón de la forma o el medio de pago en cantidades superiores a los gastos que el empresario o empresaria deba soportar de forma directa como consecuencia de la admisión del medio de pago de que se trate'.

-Art. 331.3: ' Son infracciones en materia de transacciones comerciales y condiciones técnicas de venta y en materia de precios: c) Restringir o limitar la cantidad o calidad real de las prestaciones, o causar cualquier tipo de discriminación por razón de las condiciones, los medios o las formas de pago de los bienes o servicios'.

-Art.332.3: ' 1. Tienen la calificación de graves las infracciones tipificadas por los siguientes artículos: ...b) Los apartados a, b, c y d del art. 331-3'.

-Art. 333.1: ' 1. Las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas por la presente ley son las siguientes: ...b) Para las infracciones graves, una multa comprendida entre 10.001 y 100.000 euros, cantidad que puede ultrapasarse hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción'.

3) De lo antedicho se colige que la actora, para exonerarse de la infracción que se le imputaba, debía acreditar que el cobro de más por el uso de tarjetas de crédito por sus clientes -salvo en relación con Visa Vueling, privilegiada- no superaba los gastos que debía soportar de forma directa como consecuencia de la admisión del medio de pago.

Pero la carga de dicha prueba, contra lo que pretende, a ella correspondía, con arreglo al art. 217.2 LEC , tanto como la disponibilidad documental y por ende la facilidad probatoria al respecto, a tenor del apdo. 7 del mismo precepto.

En ausencia de dicha prueba, lo procedente es confirmar, también en esta alzada, la sanción impuesta.' De ahí que en el presente caso se analiza una tercera sanción por idénticos hechos, lo que demuestra la actitud contumaz de la actora de no respetar las normas en materia de protección de los consumidores.

En definitiva, debe desestimarse íntegramente el recurso interpuesto.



QUINTO.- Procede imponer las costas procesales a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, no sólo por aplicación de la cláusula del vencimiento, sino por la temeridad y mala fe que demuestra la actora al interponer un nuevo recurso de apelación contra una sentencia que analiza una sanción idéntica que otras dos, recurso que se fundamenta también en las mismas alegaciones que fueron ya desestimadas por este Tribunal, si bien con el límite de la cantidad de 3.000 euros.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido: 1º.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por VUELING AIRLINES, SA contra la sentencia 16/2016, dictada en el procedimiento ordinario 70/2014 del Juzgado contencioso 13 de Barcelona.

2º.- Imponer a la parte apelante el pago de las costas causadas, con el límite de la cantidad de 3.000 euros.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe interponer, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3º, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 86.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado e Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.