Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 991/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 132/2017 de 20 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 132/2017

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona

Procediment ordinari núm. 199/2015

Apel lant: METROPOLITANA D'AUDIOVISUALS, S.L

Representant de l'apel lant: SR. JOAQUIN PRECKLER DIESTE, Procurador

Apel lat: CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Representant de l'apel lat: SR. ÀNGEL QUEMADA QUATRECASAS, Procurador

S E N T È N C I A núm. 991

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 20 de novembre de 2018

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 132/2017, promogut per METROPOLITANA D'AUDIOVISUALS, S.L -representada pel Procurador SR. JOAQUIN PRECKLER DIESTE i assistida pel Lletrat SR. JOSÉ CLAUDIO VIÑAS RACIONERO-, essent l'apel lat el CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA -representat pel Procurador SR. ÀNGEL QUEMADA QUATRECASAS i assistit per la Lletrada SRA. M. ÀNGELA SAPERAS BARRUFET-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:En el sí del procediment ordinari núm. 199/2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona dictà la Sentència núm. 13, de 10 de gener de 2017 , amb el veredicte que segueix:

'Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO TOTALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal en autos de la entidad Metropolitana d'audiovisuals SL frente a la/s resolución/es de la Administración demandada referenciada/s en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, sin expresa condena en costas a la parte recurrente.'

SEGON:Disconforme amb la decisió que hem transcrit, l'actora deduí apel lació en temps i forma, a la qual s'hi oposà el Consell demandat.

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel lació i, un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 7 de novembre de 2018 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:Tal com ja hem expressat, en el sí del procediment ordinari núm. 199/2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona dictà la Sentència núm. 13, de 10 de gener de 2017 , amb el veredicte que segueix:

'Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO TOTALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal en autos de la entidad Metropolitana d'audiovisuals SL frente a la/s resolución/es de la Administración demandada referenciada/s en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, sin expresa condena en costas a la parte recurrente.'

Aquest veredicte va venir precedit dels fonaments jurídics següents:

'PRIMERO.- El objeto del presente recurso contencioso administrativo consiste en la impugnación de la resolución administrativa expresa del Pleno de la demandada Acord 43/15, de fecha 25-3-15 desestimatoria en reposición del recurso en tal sentido entablado por la actora, contra la previa resolución de la demandada -Acord 148/2014 de 3 diciembre- por la que se revoca por falta de emisiones, la licencia de prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica para la frecuencia 89.4 MHz de Terrassa.

La parte demandante fundamenta su recurso esencialmente en los hechos, motivos y fundamentos jurídicos expuestos en la demanda originadora de este procedimiento y que doy por reproducidos en esta sede en aras a la celeridad procesal.

Por su parte, la defensa de la demandada se opone a tales pretensiones, en síntesis, afirmando que es/son ajustada/s a Derecho la/s resolución/es administrativa/s impugnada/s.

Como cuestión previa indicar que, ha recaído el pasado 29-4-16 sentencia (doc nº 1 adjuntado por la demandada a su escrito de conclusiones) entre la aquí actora y el Ministerio de Industria en relación al recurso ordinario nº 106/2014, dictada por la Secc 8ª de la Sala de lo C-A de la Audiencia Nacional, en la que desestimando las pretensiones actoras, se confirma la denegación (en base a la potestad discrecional técnica de la Administración) a la aquí actora autorización de un emplazamiento transmisor situado fuera de la zona de servicio de la emisora, y se desestima asimismo la petición subsidiaria de la demandante de adjudicación de otra frecuencia, cuando esa concesión está reservada a la Administración autonómica, no estatal.

Asimismo remarcar que, no hay caducidad del expediente 1/O/2014 invocado por la actora desde el instante en que la apertura de un período de información previa, no comporta 'strictu sensu' la iniciación del expediente administrativo, según establece el art 69 de la Ley 30/92 , normativa ésta vigente en la época de autos, y aplicable a nuestro supuesto por mor de lo establecido en la DT 3ª de la Ley 39/2015 . De esta forma, teniendo en cuenta que motu proprio, el acuerdo iniciador tiene lugar en fecha 3-10-14 (f. 30 y ss EA) y el acuerdo inicial recurrido fue notificado a la actora en fecha 17-12-14 (f.81 EA), NO se da la alegada caducidad al no haber transcurrido el plazo de los tres meses establecidos en el art 42.3.a) de la Ley 30/92 . Por otro lado, no es constitutivo de anulabilidad del art 63 de la Ley 30/92 el transcurso del plazo de los dos meses de apertura del período de información previa, sino todo lo más una irregularidad administrativa no invalidante, tal y como entre otras ha fijado la sentencia nº 70/13 de 7 de marzo del Juzgado de lo C-A n º 6 de Barcelona, en un caso similar, recaída en autos nº 468/11 unida a las actuaciones como documental adjuntada al escrito de contestación a la demanda.

SEGUNDO.- Sentado lo anterior, y de conformidad con los principios del 'favor acti', doctrina de los actos propios, y carga de la prueba (éste último proclamado en el art 217 LEC 1/2000 ), no es procedente estimar las pretensiones actoras. Efectivamente, de la prueba practicada en este pleito (reproducción de la documental obrante en el expediente administrativo y documental unida al expediente judicial, tenemos que, la propia actora reconoce que nunca (es indiferente la voluntad o no de emitir por la actora, ya que no hay causas de fuerza mayor que lo impidan) ha utilizado (desde que se le otorgó a su favor en fecha 7-11-08) la licencia otorgada para emitir emisiones en la frecuencia litigiosa de autos. Se basa en esencia esta no utilización en el cambio de emplazamiento solicitado a la Administración estatal (Ministerio de Industria), cambio que como hemos visto 'ut supra' le ha sido denegado por la sentencia de 29-4-16 de la Secc 8ª de la Sala C- A de la AN ya dicha, ya que entiende tal Administración estatal que el emplazamiento de Terrassa-Martines tiene una calidad técnica satisfactoria (f. 23 a 27 EA). A mayor abundamiento -doctrina de los actos propios- la actora sabía o debía conocer en el momento de participación y otorgamiento a su favor de la licencia litigiosa, las características técnicas de la frecuencia 98,4 MHz de la zona Terrassa-Martines, no existiendo prueba en contrario que desvirtúe tal afirmación.

Por otro lado, decir que es ajustada a Derecho la resolución de la demandada de fecha 3-12-14 ya que, la no utilización prolongada en el tiempo por la actora (más de 8 años en nuestro caso a día de hoy) comporta la revocación de la licencia otorgada, de conformidad con lo previsto en el art 30 de la Ley 7/10 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual y la cláusula 25ª de los pliegos de cláusulas del concurso.

Finalmente la demandante aduce vulneración del principio de igualdad del art 14 CE 78 con respecto a otros casos similares, en donde la aquí demandada no ha actuado de igual forma con respecto a supuestos de no explotación de la licencia respectiva. Pues bien, al respecto, decir que, tal pretensión no puede tener favorable acogida por este Juzgador desde el momento en que, es constante doctrina jurisprudencial (entre otras SSTS 31-10-13 y 13-12-13 ) la de entender que no cabe invocar el principio de igualdad en la ilegalidad, ya que este derecho no puede ser instrumento para perpetuar situaciones contrarias a lo previsto en el ordenamiento jurídico, amén de no haber quedado suficientemente acreditada tal alegación sobre desigualdad de trato. Del mismo es inexistente la desviación de poder invocada por la actora ya que las resoluciones recurridas se ajustan a la legalidad vigente y a la finalidad que inspiran los arts arts 30 y 60 de la citada Ley 7/10 .

Consiguientemente, las pretensiones actoras deben ser desestimadas íntegramente.

TERCERO.- Al amparo del art 139 LJCA como quiera que rige el criterio del vencimiento objetivo, sería procedente imponer costas a la parte recurrente; no obstante, no procede la imposición de costas a la misma ya que se han generado serias dudas de Derecho para la resolución del caso de autos.'

SEGON:L'apel lant ha sol licitat la revocació de la Sentènciaa quo, així com l'estimació de la demanda articulada en primera instància. I ho ha fet tot reproduïnt, en essència, els retrets consignats en la susdita demanda.

Per la seva banda, l'apel lada ha sol licitat la desestimació de l'apel lació.

I aquest Tribunal, després d'haver contrastat els al legats de les parts enfrontades en aquesta alçada, es veurà en la tessitura d'haver de desestimar l'apel lació. No debades, el recurs d'apel lació no és una segona oportunitat per tal de provar sort i així veure si pot prosperar finalment l'argumentari exposat infructuosament en primera instància.

L'apel lant té la càrrega d'efectuar un anàlisi crític d'aquells aspectes de la Sentència impugnada que li han estat desfavorables i, en el present supòsit, la única crítica pròpiament dita -de la Sentènciaa quo-que conté l'apel lació, és la que fa referència al principi de vinculació als 'actes propis'. Principi tret a col lació pel Jutjador d'instància (potser de forma no del tot afortunada) per tal d'expressar la convicció -que com a tal convicció aquest Tribunal haurà de compartir- que una empresa del ram de l'audiovisual que fos mínimament diligent, havia d'estar al cas de quines eren les condicions tècniques de les zones de servei associades a les freqüències a les quals aspirava com a licitadora, i molt particularment (en el nostre cas) de la freqüència 89,4 Mhz de la zona de servei 'Terrassa-Martines'.

De fet, l'anterior consideració també la podem trobar en la Resolució de 15 de juliol de 2013, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions per a la Societat de la Informació, a través de la qual es desestimà la petició de canvi d'emplaçament formulada per l'ara apel lant. No debades, la dita Resolució expressava en el seu fonament 4 que els paràmetres tècnics de l'emissora 'Terrassa-Martines' 89,4 MHz, havien estat publicats en l'Annex II del RD 964/2006 i que, per tant, eren coneguts per la recurrent quan aquesta es presentà al concurs per a l'atorgament de les llicències.

Podríem deixar les coses així; no obstant això insistirem en que la Sentència núm. 261, de 29 d'abril de 2016, dictada per la Secció 8ª de la Sala del Contenciós Administratiu de l'Audiència Nacional en el sí del recurs núm. 106/2014 , deixà ben clara la viabilitat tècnica de la freqüència 89,4 Mhz 'Terrassa-Martines'.

Se'ns podrà dir que aquesta Sentència no és ferma perquè ha estat recorreguda en cassació; però el cert és que la suposada inviabilitat tècnica sostinguda per l'ara apel lant, havia de dilucidar-se en aquell litigi i no en aquest; i, en absència d'una mesura cautelar, administrativa o judicial, susceptible de justificar la demora de METROPOLITANA D'AUDIOVISUALS, S.L en l'ús efectiu de la llicència que li havia estat atorgada, era perfectament lícit que la susdita llicència fos rescindida en haver-se ultrapassat amb escreix el termini de dotze mesos per tal d'iniciar les emissions; termini, aquest, la superació del qual preveia com a causa de revocació l' art. 30.2 de la Llei 7/2010, de 31 de mar ç, general de comunicació audiovisual.

No podrem, doncs, acceptar l'al legat de 'força major' adduït per l'apel lant; ni tampoc el d'agravi comparatiu, expressament rebutjat per la Sentència d'instància; també per la Sentència de l'Audiència Nacional que hem portat a col lació i per les explicacions tècniques que es consignen a la Resolució ja esmentada de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions.

TERCER:Atès allò que disposen els punts 2 i 4 de l'art. 139 LJCA , la íntegra desestimació haurà de venir acompanyada de la imposició d'un màxim de 1.000 euros de costes a l'apel lant. Mil euros, com a màxim, per tots els conceptes, sens perjudici de l'addició de l'IVA que sigui procedent.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de CatalunyaHA DECIDIT:

DESESTIMARel present recurs d'apel lació núm. 132/2017, promogut per METROPOLITANA D'AUDIOVISUALS, S.L amb l'oposició del CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA i, conseqüentment, CONFIRMAR en tots els seus extrems la Sentència núm. 13, de 10 de gener de 2017, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm. 199/2015.

Amb imposició de les costes d'aquesta alçada a la part apel lant, en els termes del fonament jurídic tercer, el qual es dóna per reproduït.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa només podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, el qual haurà de fonamentar-se el el dret estal o l'europeu.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l'expressat art. 89 (punt 2). En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Un cop ferma, adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes als efectes de les diligències processals que siguin pertinents.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.