Sentencia Contencioso-Administrativo 2044/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 228/2025 de 15 de octubre del 2025

PRIMERO.-Objeto del recurso presente es determinar si se ajustan a derecho la resolución 14/11/23 de la Dirección Provincial en Málaga de la TGSS que desestima el recurso de alzada presentado contra anterior resolución de 7 de junio de 2022, la que acuerda "Tramitar alta de oficio con fecha real 25/11/2019 y baja de oficio con fecha real 24/11/2020 en la empresa DIRECCION000 C.C.C.: NUM000 a Dª Belen con DNI NUM001 y N.S.S. NUM002 con un contrato 100 indefinido a tiempo completo y grupo de cotización 10"

SEGUNDO.-La parte recurrente alega:

- El pasado 25 de noviembre de 2019 mi representado, la empresa DIRECCION000 celebró un contrato para la formación y aprendizaje con la trabajadora Belen en el cual se incluye un "acuerdo para la actividad formativa" con el centro MAUDE STUDIO. Dicho acuerdo está anexionado al contrato de trabajo y su contenido se adecua con lo establecido en el art. 21.1. del Real Decreto 1529/2012.

Mediante comunicación de 4 de junio de 2022 efectuada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la Tesorería General de la Seguridad Social, se puso de manifiesto que la referida trabajadora figuró de alta entre el 25/11/2019 y el 24/11/2020 improcedentemente con un contrato de formación, siendo la relación laboral con la empresa con un contrato indefinido a tiempo completo. Lo cual ya cabe adelantar NO ES CORRECTO.

Hecho por el que, la Tesorería General de la Seguridad social dicta resolución de 7 de junio por la que resuelve: "Tramitar alta de oficio con fecha real 25/11/2019 y baja de oficio con fecha real 24/11/2020 en la empresa DIRECCION000 C.C.C.: NUM000 a Dª Belen con DNI NUM001 y N.S.S. NUM002 con un contrato 100 indefinido a tiempo completo y grupo de cotización 10."

Resolución contra la que, como no podía ser de otra forma, se presentó recurso de alzada en fecha 12 de julio de 2022 al que nos remitimos por economía procesal y en aras de evitar reiteraciones, en el que ya se ponía de manifiesto no solo el hecho de que no existía incumplimiento alguno por parte del empresario, sino que, además, lo que existía en todo caso era un incumplimiento parcial por parte de la trabajadora en tanto que, no por culpa exclusiva de esta, no se había podido realizar la actividad formativa del contrato.

Recurso que fuera desestimado mediante la resolución aquí recurrida, es decir, la Resolución de 14 de noviembre de 2023.

- Por esta representación se presentó ante la Tesorería General de la Seguridad Social junto a nuestro recurso de alzada la siguiente documentación:

Anexo I acuerdo para la actividad formativa en el contrato para la formación y el aprendizaje, donde, sin ánimo de ser reiterativos, como ya se expuso, aparecen detallados los tiempos que la empresa concede a la trabajadora para realizar la actividad formativa teórica.

Copia del contrato de trabajo

Informes sobre el desempeño del puesto de trabajo.

Acuerdo formativo entre tutores

Anexos VI. Informe de evaluación individualizado de cada uno de los módulos formativos.

Informes de la plataforma de teleformación

Correos electrónicos remitidos por la trabajadora a la empresa de formación que dejan de manifiesto los impedimentos que la misma ha encontrado en el desarrollo de su contrato formativo, entre los que cabe mencionar que:

*No se han registrado por el programa la totalidad de horas que la misma se iba conectando

*Problemas de conexión, con justificante de la compañía de internet

* Problemas con la dificultad del temario, pues excedía en mucho el nivel que la trabajadora tiene de estudios.

*No se tuvo en cuenta el cambio de vacaciones realizado y debidamente comunicado a la empresa de formación.

Todo lo cual, insistimos pone de manifiesto la voluntad de cumplimiento de la trabajadora que, en todo momento, intentó cumplir con el temario dentro del plazo establecido para ello. Asimismo, esto no es más que un motivo más por el que el empresario no adoptó el más grave de los castigos, es decir que, ante la voluntad de la trabajadora y el buen desempeño de la misma en su puesto de trabajo, en lugar de adoptar el despido, decidió convertir el contrato de trabajo de formación en un contrato ordinario indefinido, cumpliendo con ello lo establecido en la norma. Esto es, una vez tuvo conocimiento de todo lo ocurrido y, ante la posibilidad de un incumplimiento de los requisitos establecidos para el contrato de formación con buena diligencia, mi representado, el empresario, decidió no prorrogar el contrato de formación, lo cual muestra como no puede ser de otra forma que en ningún momento ha existido la intención de defraudar por parte del mismo.

Pues bien, obviando absolutamente la argumentación ofrecida y la documentación que se acompañaba, la Tesorería General de la Seguridad Social establece, que sí hay fraude de ley.

Nada más lejos de la realidad y es que, insistimos, esta parte sí que ha acreditado, y así lo expondremos a continuación que se ha facilitado al trabajador todos los medios necesarios para el desempeño de su labor formativa teórica, así como el tiempo para ello. Resultando que, esta obligación del empresario debe considerarse en su justa medida, ya que, si bien es cierto que el empresario debe facilitar los medios para las enseñanzas (lo cual consta acreditado) no se puede exigir al empresario que asuma el compromiso de un resultado determinado a través de la contratación.

Y es que, en virtud a los hechos que obran en el expediente administrativo acreditados y que, no han sido objeto de controversia por la inspección de trabajo, esta parte entiende que cabría hacerse la siguiente pregunta:

¿cuáles son los requisitos a tener en cuenta para la celebración de un contrato formativo? ¿se cumplen en el presente caso?

Ya adelantamos que SI, pero vamos a desgranar un poco más todos y cada uno de éstos incluso, antes de entrar a analizar los fundamentos jurídicos por los que entendemos no procede la resolución impugnada en tanto que no existe fraude de ley en el presente caso, y así lo refrenda la amplia jurisprudencia recaída en supuestos similares.

Así pues, dice la ley que los contratos para la formación y el aprendizaje

-se podrán celebrar con trabajadores, mayores de dieciséis y menores de veinticinco años, que carezcan de la cualificación profesional:

la trabajadora contratada tenía 23 años en el momento de ser contratada sin que tuviera formación alguna ni hubiera desempeñado con anterioridad puesto similar al respecto.

-y los anexos relativos a los acuerdos para la actividad formativa deberán formalizarse por escrito:

consta en el EA que deberá ser debidamente aportado por la administración si bien se aportan junto al presente recurso.

-no podrán celebrarse a tiempo parcial:

constando la jornada completa de la trabajadora.

-el tiempo de trabajo efectivo que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75% durante el primer año:

Lo que se cumplía expresamente y consta puesto que dedicaba de 9 a 13 horas por la mañana para la actividad formativa teórica y por las tardes de 16:30 a 20:30 para el desempeño de su actividad laboral en la empresa.

-no podrán realizar horas extraordinarias:

no las ha realizado

-ni trabajos nocturnos:

no ha realizado

-la duración mínima del contrato será de un año:

el contrato fue de duración de un año. Decidiéndose por parte del empresario, a la luz de los hechos acaecidos con la trabajadora y la actividad formativa teórica, la conversión de dicho contrato en ordinario indefinido mostrando con ello la diligencia exigida a cualquier empresario.

-tener un tutor en la empresa:

esta designación se encuentra detallada en la cláusula primera a) de la copia del contrato de trabajo. Tutoría que se ha hecho efectiva a través de las labores de coordinación con el tutor académico y que se plasman en los informes sobre el desempeño del puesto de trabajo que éste ha ido realizando durante la vida del contrato.

-tener un tutor en la empresa de formación:

consta en el acuerdo con la empresa de formación.

-La empresa estará obligada a proporcionar a la persona trabajadora un trabajo efectivo relacionado con el perfil profesional del titulo de formación: Siendo que la trabajadora, desde un primer momento, ha desempeñado el puesto de dependienta (vendedores en tiendas y almacenes como consta en el contrato)

-La empresa estará obligada a garantizar las condiciones que permitan su asistencia a los programas formativos determinados en el acuerdo para la actividad formativa anexo al contrato:

Como decimos en todo momento se le ha respetado el tiempo necesario para ello y proporcionado la empresa de formación, así como el material didáctico y abonado todas y cada una de las facturas de la empresa de formación que así lo acreditan.

-La actividad formativa inherente al contrato para la formación y el aprendizaje estará relacionada con la actividad laboral desempeñada en el puesto de trabajo que ocupe la persona trabajadora:

El puesto de trabajo es el de dependientes de comercio en general y la actividad formativa, aprobada por la administración correspondiente, englobaba los módulos de operaciones de venta, operaciones auxiliares de venta, inglés profesional para actividades comerciales y gestión de la atención al cliente / consumidor. Por ende, como es fácilmente apreciable estaba íntegramente relacionada la formación y el puesto desempeñado por la trabajadora.

Debiendo concluir por ello, que se ha dado cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos establecidos en la norma para el contrato, contrato de formación.

Tras lo anterior, pasaremos a exponer los motivos por los que esta parte entiende que la resolución aquí impugnada, así como el hecho de la tramitación del alta de oficio a la que da lugar, no es conforme a los legítimos derechos de mi representada, siendo por ello que, mediante la presente, venimos a presentar las correspondientes fundamentaciones jurídicas contra la misma.

- Respecto a la adecuación entre la actividad laboral y la acción formativa prevista en el contrato.

La empresa DIRECCION000 celebró un contrato para la formación y aprendizaje con la trabajadora Belen en el cual se incluye un "acuerdo para la actividad formativa" con el centro MAUDE STUDIO. Dicho acuerdo está anexionado al contrato de trabajo y su contenido se adecua con lo establecido en el art. 21.1. del Real Decreto 1529/2012.

La actividad anexionada al contrato fue autorizada por el Servicio de Empleo, previamente a su inicio.

La actividad laboral de la empresa es la de confitería (elaboración de pan y pasteles entre otros productos) así como la atención al público y venta de los productos. Se trata de una actividad comercial de elaboración de productos y de venta al por menor, debiendo no solo atender al público, sino recibir pedidos, gestionarlos...

Cabe indicar que nos encontramos ante una empresa pequeña, y la trabajadora (que carecía de formación alguna, como así lo acreditaremos) ha sido instruida y formada en las actividades propias del negocio. Realizando desde entonces, las labores de dependiente, atención al público, venta de productos...

Así pues, el art. 11 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores indica que Artículo 11. Contrato formativo.

1.El contrato formativo tendrá por objeto la formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena en los términos establecidos en el apartado 2, o el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios, en los términos establecidos en el apartado 3.

2.El contrato de formación en alternancia, que tendrá por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo, se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Se podrá celebrar con personas que carezcan de la cualificación profesional reconocida por las titulaciones o certificados requeridos para concertar un contrato formativo para la obtención de práctica profesional regulada en el apartado 3.

c)La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar directamente relacionada con las actividades formativas que justifican la contratación laboral, coordinándose e integrándose en un programa de formación común, elaborado en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por las autoridades laborales o educativas de formación profesional o Universidades con empresas y entidades colaboradoras

i)El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima legal

j)No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a seis meses.

k)Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán realizar horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.

Respecto a la formación recibida por Doña Belen es necesario resaltar algunos aspectos que no han sido tenidos en cuenta por la inspección de trabajo, como es:

La trabajadora no había estado anteriormente contratada con un contrato de formación y que en el momento de celebrar el contrato no estaba en posesión de ninguna titulación.

Que su horario de actividad laboral normalmente era de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30. Del cual, el horario de formación era de 9:00 a 13:00 L-M-V. no realizando horas extras ni trabajo nocturno.

Que, como así lo puso en conocimiento de la empresa formativa, hubo varios incidentes que le impidieron finalizar la actividad formativa. Si bien consta como así se ha expuesto con anterioridad la voluntad de la trabajadora, en todo momento de llevar a cabo la actividad formativa con éxito.

- Inexistencia de fraude de ley en la contratación formativa de la trabajadora.

Atañe a la defensa de mi representado resaltar el hecho de, en todo caso, de estar ante un incumplimiento, se estaría ante el incumplimiento por parte de la trabajadora de sus obligaciones formativas, lo cual, como ya sabe Su Señoría, en modo alguno convierte al empresario ni en infractor ni en defraudador. Máxime cuando, insistimos, se ha puesto todo lo necesario por parte del empresario para que el cumplimiento del contrato formativo se diera (recordemos que la trabajadora aun estando a jornada completa tan solo acudía a su puesto de trabajo por las tardes, dejando las mañanas a la misma para que llevara a cabo su actividad formativa).

Entendiendo esta parte, como así esperamos lo haga este tribunal y así lo hacen reiteradas sentencias en la jurisprudencia recaída en otros supuestos, que no puede aceptarse que el incumplimiento contractual de la trabajadora (no aprovechar la formación teórica incumpliendo las obligaciones relativas a la misma), sirva de base o fundamento de infracción por parte de la empresa a la cual se anuda la consecuencia de fraude en la contratación y conversión de contrato formativo en un contrato común u ordinario trastocando así el orden de derechos y deberes de las partes en el contrato de trabajo.

Es más, del acta levantada por la inspección de trabajo no se desprende que mi representada haya incumplido en su totalidad las obligaciones formativas pues, en todo caso, lo que se recoge en las mismas, es el hecho de que la trabajadora no ha realizado de manera efectiva la totalidad de las acciones formativas inherentes a su contrato. No consta incumplimiento alguno por parte de mi representado, la empresa, simplemente, porque como así acreditamos, se ha dado cumplimiento en todo momento a los requisitos legales para la contratación bajo la modalidad formativa (contratando con una empresa especializada la formación de la trabajadora, abonando las facturas de formación y, facilitando siempre y en todo caso que la trabajadora dedicara parte de su jornada laboral a su formación teórica como así se recoge en el anexo del contrato de la misma).

Debiendo concluir que NO HAY INFRACCIÓN total del deber de formación teórica cuando se ha proporcionado al trabajador los medios necesarios para cursar la formación teórica, entregándole el material didáctico remitido por el centro de enseñanza a distancia y habiendo abonado el coste de la formación (STSL de Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Social, 18 de octubre de 2004, rec. 1925/2004).

Así como el hecho de que, respecto a la prueba indiciaria, esto es, las actas de inspección, no se deduce que el contrato se haya formalizado en fraude de ley, no pudiendo reconocerse presunción de certeza a simples deducciones del Inspector, a juicios de valor o a calificaciones jurídicas emitidas por este.

Una circunstancia que resulta imprescindible que su Señoría no pase por alto es que NO EXISTE "ANIMUS DEFRAUDANDI" de mi representado, lo cual queda evidenciado de cuanto se ha expuesto y de algo que, entendemos, resulta fundamental. Y es, el hecho de que la empresa, una vez conocedora de lo que ocurre con la actividad formativa NO PRORROGA, aun permitiéndose prórrogas a los contratos formativos, convirtiendo el contrato de la trabajadora en ordinario indefinido desde la finalización del contrato principal. Y es que, en caso de que hubiera existido ánimo de defraudar, la empresa hubiera continuado con el contrato formativo, prorrogando el mismo, y beneficiándose de las bonificaciones que el mismo concede a los empresarios. Sin embargo, mi representado, actuando con la mayor diligencia y honradez, cabe decir, en cuanto es consciente del incumplimiento del contrato formativo y de las dificultades de la trabajadora de llevar a cabo la parte teórica del mismo, decide convertir el contrato, dejar de obtener bonificaciones, pero ante la aptitud de la trabajadora que ha demostrado en todos estos años, continuar con la misma consolidando su puesto de trabajo mediante el contrato indefinido.

No se ha ocultado nada. No se ha intentado beneficiar a sabiendas. No ha infringido la ley. Simple y llanamente, se le ha dado la oportunidad de formación a una trabajadora que se ha visto sobrepasada en la teoría e impedida en la práctica del desarrollo formativo (no se han computado las horas de conexión de la misma en el programa, no se han tenido en cuenta el cambio de vacaciones, ni la comunicación de ésta de encontrarse sin conexión...) ni cabe decir, se ha tenido en cuenta que, durante la ejecución de su contrato, el país se encontraba inmerso en una pandemia mundial. Ni uno de esos impedimentos es achacable a la conducta de mi representado, ni tan siquiera a la trabajadora. Pero en lo que aquí respecta, desde luego, insistimos, nunca imputables a la empresa. Empresa que, aparte de ser fiel cumplidora de la legislación vigente, viene abonando la cantidad reclamada por la TGSS de nada menos que de 9.354,66 € (cantidades que constan en las actas de liquidación que obran junto a las actas de inspección que se aportan) en virtud de la conversión de contrato operada realizando un gran esfuerzo económico. Pues recordemos estamos ante una pequeñísima empresa familiar. Viéndose obligada a realizar un reconocimiento de deuda sobre dichas cantidades con las que, en modo alguno podemos estar de acuerdo. Si bien realizando el mismo para poder obtener un fraccionamiento de la deuda y evitar no solo los intereses y recargos, sino verse inmersos en un procedimiento ejecutivo que pueda impedir el desarrollo de la actividad como hasta ahora. Cantidades que entendemos no deberían ser abonadas por mi representado y que en su momento serán objeto de reclamación a la administración competente.

A este respecto, resulta imprescindible, traer a colación la Doctrina general sobre la existencia de fraude de ley en el contrato de formación. A priori, cabe indicar que, como ya su señoría sabe, la jurisprudencia social no se ha mostrado pacífica en relación a la acreditación de la existencia de fraude de ley sobre el carácter intencional o elemento volitivo. Siendo mayoritaria la que exige un elemento intencional respecto del mismo. Sirva la STS 474/2021, nº 81/2019 que dice "la doctrina de la Sala es constante al afirmar que el fraude de Ley no se presume y que ha de ser acreditado por el que lo invoca (así, por todas: SSTS de 21 de junio de 2004, Rcud. 3123/2003 y de 14 de marzo de 2005 Rec 6/2004) pues su existencia -como el abuso del derecho- sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados.

Resultando que, mayoritariamente, la doctrina se inclina por afirmar que "en materia de fraude de ley, el elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma pues en la concepción de nuestro Derecho, el fraude es algo integrado por un elemento subjetivo o de intención, de manera que para que pueda hablarse de fraude es necesario que la utilización de determinada norma del ordenamiento jurídico, persiga, pretenda, o muestre el propósito, de eludir otra norma del propio ordenamiento ( STS de 6 de febrero de 2003, Rec 1207/02 ).

O lo que es igual, el fraude de Ley que define el art. 6.4 CC es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial ( STS de 14 de mayo de 2008, Rec 884/2007 )."

Aplicando pues, al presente caso la doctrina social, supone que ha de haber una voluntad de eludir la norma, más allá del incumplimiento objetivo. Lo cual, no consta en el acta de inspección. Es más, debe existir un elemento volitivo de aprovechar el texto de una ley para la obtención de un resultado que no se corresponde con la realidad objetiva sobre la que la misma incide y ello con independencia de si se es o no consciente de que la actuación es contraria a derecho o fraudulenta, pues esta es la doctrina mayoritaria a la hora de analizar este tipo de contratos formativos en la jurisprudencia menor del orden social.

Asimismo, cabe resaltar lo resuelto en sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Toledo de 20/02/2023 con nº 29/2023 al indicar que:

(...)

- Respecto al incumplimiento de la trabajadora de la actividad formativa.

Debemos partir del hecho de que ni tan siquiera estamos ante un incumplimiento culposo. Es decir, la trabajadora cumplió la formación en la medida en que le fue posible, no pudiendo complementarla a tenor de los impedimentos ya relatados anteriormente. A pesar de lo cual, el incumplimiento parcial de la formación por parte de la trabajadora, de conformidad con la jurisprudencia existente en estos supuestos, no supone que el contrato se formalizara en fraude de ley.

A este respecto resulta extremadamente esclarecedora la sentencia nº 44/2023, de 29 de marzo de 2003 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Albacete en la que se señala que

(...)

Siendo que, tras lo expuesto por esta representación y, de lo consignado en el acta de inspección, en modo alguno puede entenderse acreditado el fraude de ley en la contratación que pueda servir de fundamento para que se proceda a la tramitación de oficio de la modificación del contrato de formación pasando al régimen indefinido a tiempo completo de la trabajadora.

Finalmente y, tan solo a los efectos de dar debida respuesta a lo recogido en la resolución impugnada, debemos reseñar el hecho de que la trabajadora sigue trabajando para mi representado, puesto que, a grandes rasgos se ha producido un desarrollo satisfactorio de la actividad laboral desempeñada por la trabajadora en su puesto de trabajo, considerándose las actuaciones de ésta acordes a un cumplimiento normal de la contraprestación laboral que corresponde a la persona trabajadora y, por ende, no entendiendo necesaria tomar una decisión extintiva. Debiendo igualmente recordar, que nos encontramos ante una empresa pequeña, familiar, que apenas tiene contratado ahora a 3 trabajadores (y entonces solo a la Sra. Belen) y a la que, durante todo ese año se la había estado formando y preparando para el desempeño del puesto que actualmente ocupa independientemente de que, finalmente, no superara la actividad formativa teórica a tenor de los impedimentos relatados y de la dificultad añadida de la falta de estudios de la trabajadora y el alto nivel exigido en las mismas.

TERCERO.-La parte recurrida opone:

- El acto administrativo recurrido es la resolución de fecha 7 de junio de 2022, dictada por la Administración de la Seguridad Social 2901, dependiente de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se acuerda reconocer de oficio el alta de la trabajadora Dª Belen, con NAF. NUM002, con fecha real y efectos 25/11/2019, y baja con fecha real y efectos 24/11/2020, grupo de cotización 10 y contrato indefinido tiempo completo ordinario, en el C.C.C. NUM000 de la empresa DIRECCION000, de conformidad con la actuación de la Inspección de Trabajo comunicada con fecha 4 de junio de 2022, al haberse verificado la realización de actividad y prestación de servicios correspondiente. Consta notificada con fecha 14 de Junio de 2022.

Finalizada la actuación comprobatoria inspectora, por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo se adoptó la medida, conforme al art. 22.7 de la Ley 23/2015 (Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo), de promover ante la TGSS el alta de oficio de la trabajadora a la que se refiere la resolución de la TGSS de fecha 07/06/2022 originariamente impugnada, al tiempo que también decidió el inicio del expediente liquidatorio de cuotas a la seguridad social.

Como se puede comprobar la resolución trae causa en la comunicación efectuada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la Administración, por la que se pone de manifiesto que la mencionada trabajadora figuró de alta durante el período indicado improcedentemente con un contrato de formación, siendo la relación laboral con la empresa con un contrato indefinido a tiempo completo.

Paralelamente, en fecha 6-9-2022 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó acta de liquidación de cuotas número NUM003, por diferencias de cotización referentes al período 11/2019 a 11/2020, en la que se recogen todas las actuaciones y hechos constatados en la actuación inspectora, concluyendo que: "Se comprueba la existencia de fraude de ley en el uso del contrato para la formación suscrito con Dña. Belen". ( folios 1 a 41 del expediente administrativo).

El acta de liquidación fue correctamente notificada por la Inspección de trabajo (folios 43 y 44 del expediente administrativo) y posteriormente fue confirmada y elevada a definitiva por resolución de la Jefa de Impugnaciones de la TGSS (folios 47 a 49 ), sin que contra la misma conste recurso alguno.

En consecuencia, el acta de liquidación y la citada resolución que la confirman, son actos administrativos firmes.

Atendiendo al requerimiento de la Inspección de Trabajo de alta de la trabajadora, por la TGSS se dicta la resolución de fecha 7 de junio de 2022 que acuerda el alta y que figura en el folio 57 del expediente.

Contra la anterior resolución, el recurrente interpuso recurso de alzada ( folios 53-56 del expediente).

El anterior recurso de alzada es desestimado mediante resolución de fecha 1411-2023 del Director Provincial de la TGSS de Málaga, dando ello lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto de adverso.

- El alta de la trabajadora en el Régimen General de la seguridad social, asignando como empresario a la entidad DIRECCION000, deriva de las actuaciones de comprobación que frente a esa empresa se siguieron por la Inspección de Trabajo, por la que se pone de manifiesto que la mencionada trabajadora figuró de alta durante el período indicado improcedentemente con un contrato de formación, siendo la relación laboral con la empresa con un contrato indefinido a tiempo completo.

Dada la índole de los incumplimientos en los que había incurrido la empresa, la Inspección de Trabajo solicita a la TGSS el alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social de la trabajadora respecto de los que iba a levantar a la empresa el acta de liquidación de cuotas.

La facultad de la TGSS para acordar el alta y baja de oficio de los trabajadores aparece reconocida en el art. 16.4 de la LGSS (RD Legislativo 8/2015), según el cual: "Tanto la afiliación como los trámites determinados por las altas, bajas y variaciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social cuando, a raíz de los datos de que dispongan, de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o por cualquier otro procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones".

Esto es concordante con lo que se establece en el art. 35.1, aparatado 2º, párrafo tercero del Real Decreto 84/1996 (por el que se prueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social) según el cual: "...cuando la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social consista en un ... acta de liquidación elevada a definitiva en vía administrativa por la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que se hubiera efectuado el ingreso de su importe, los efectos del alta se retrotraerán, para causar futuras prestaciones, a la fecha de inicio del período de liquidación figurado en el ... acta".

A la vista de este precepto, esta parte entiende que los efectos de las altas y bajas están condicionados a la efectividad del acta de liquidación de cuotas.

No costa que el acta de liquidación haya sido impugnada. El acta y la resolución que la confirma son actos administrativos firmes por consentidos.

Así mismo, el artículo 22 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establece que los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, finalizada la actividad comprobatoria inspectora, podrá adoptar, en lo que aquí interesa, la medida de promover los procedimientos de oficio para la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores.

En el presente caso, ninguna actividad probatoria se ha desplegado con la finalidad de desvirtuar la presunción de certeza de las actas e informes de la Inspección de Trabajo, ni se han discutido los hechos constatados por la Inspección, sin que pueda servir a tal fin la simple alegación formulada en relación con la conclusión a la que llega la Inspección en el sentido de considerar el contrato para la formación y el aprendizaje celebrado por la empresa con la trabajadora, se ajusta, formalmente, al texto de la normativa reguladora del contrato para la formación ( artículo 11.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el Real Decreto 1529/2012 y la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre), si bien se encubre una contratación indefinida ordinaria a tiempo completo, al haber carecido de la formación teórica, imprescindible para la formalización del mismo.

En este sentido, resulta determinante la resolución de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Delegación Territorial de Málaga, que transcribe el acta de liquidación número NUM003:

"La trabajadora Dña. Belen no ha realizado las actividades que señala el artículo 18.2 de la Orden ESS/1897/2013 , y por tanto no ha tenido derecho a presentarse a la prueba de evaluación final del módulo formativo como también señala el artículo 18.2 de la Orden ESS/1897/2013 , es decir no ha realizado la prueba de evaluación final a que se refiere el artículo 25.2 del Real Decreto 1529/2012 en la actividad formativa programada en los módulos formativos u acciones formativas programadas antes de la fecha de finalización del contrato, o, en su caso, de la baja laboral, que se detallan a continuación:

-Módulo formativo: MF0239. Realiza algunas actividades. Prueba de evaluación presencial: No cumple los requisitos. Calificación final: No apto.

-Módulo formativo: MFO240. Realiza algunas actividades. Prueba de evaluación presencial: No cumple requisitos. Calificación final: No apto.

-Módulo formativo: MF1002: Prueba de evaluación presencial: No cumple requisitos. Calificación final: No apto.

-Módulo formativo: UFOO36: Realiza algunas actividades. Prueba de evaluación presencial: No cumple requisitos. Calificación final: No apto.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo el alumnado deberá justificar una asistencia al 75% de las horas totales del mismo, en la modalidad presencial, y haber realizado las todas las actividades de aprendizaje establecidas para dicho módulo cuando lo realicen en la modalidad de teleformación.

La comunicación definitiva de fecha 15.05.2021 determina la falta de participación efectiva en la actividad formativa, puesto que la trabajadora no ha realizado las actividades señaladas en el artículo 18.2 de la Orden ESS/1897/2013 y por tanto no ha tenido derecho a presentarse a la prueba de evaluación final del módulo formativo.

Tanto el contrato inicial como sus prórrogas deben estar relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato, de las condiciones fijadas en la autorización y de las obligaciones que impone el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de formación profesional dual. De la documentación que obra en el expediente se desprende que no se ha producido la actividad formativa programada en la autorización.

El incumplimiento del objeto del contrato, de las obligaciones que impone el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre y de las condiciones que se fijaban en la autorización de la actividad formativa del contrato inicial determinan la imposibilidad de continuar con la actividad".

- Por otro lado, en relación con la cuestión de fondo, tal como se acredita en el acta de liquidación levantada por la Inspección de Trabajo y seguridad Social y confirmada por la Tesorería General de la Seguridad Social mediante resolución de fecha 27 de febrero de 2023, en ningún momento se han discutido los hechos acreditados en el acta referidos a que la trabajadora no ha realizado las actividades formativas, circunstancia que reconoce la propia empresa en su escrito al indicar que la trabajadora ha realizado la actividad formativa de forma parcial. La citada resolución elevando a definitiva el acta de liquidación ha devenido firme por consentida, no constando la interposición de recurso de alzada contra la misma.

El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, establece en su artículo 16 que: "La empresa estará obligada a proporcionar a la persona trabajadora un trabajo efectivo relacionado con el perfil profesional del título de formación profesional o del certificado de profesionalidad y a garantizar las condiciones que permitan su asistencia a los programas formativos determinados en el acuerdo para la actividad formativa anexo al contrato. Por su parte la persona trabajadora contratada para la formación y el aprendizaje estará obligada a prestar el trabajo efectivo y a participar de manera efectiva en la actividad formativa relacionada. Las faltas de puntualidad o de asistencia no justificadas de la persona trabajadora a las actividades formativas podrán ser calificadas como faltas al trabajo a los efectos legales oportunos".

Por su parte, el artículo 20 del mismo Real Decreto establece:

"1. La persona titular de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad laboral, ya sea asumiendo personalmente dicha función, cuando desarrolle su actividad profesional en la empresa, ya sea designando, entre su plantilla, a una persona que ejerza la tutoría; siempre que, en ambos casos, la misma posea la cualificación o experiencia profesional adecuada.

.../...

2.La persona que ejerza la tutoría en la empresa será responsable del seguimiento del cuerdo para la actividad formativa anexo al contrato, de la coordinación de la actividad laboral con la actividad formativa, y de la comunicación con el centro de formación; además, deberá elaborar, al finalizar la actividad laboral de la persona trabajadora, un informe sobre el desempeño del puesto de trabajo.

3.El centro formativo designará una persona, profesora o formadora, como tutora responsable de la programación y seguimiento de la formación, así como de la coordinación de la evaluación con los Profesores y/o tutores que intervienen. Asimismo, esta persona será la interlocutora con la empresa para el desarrollo de la actividad formativa y laboral establecida en el contrato".

De los citados preceptos se desprende que el empresario no está obligado a garantizar que el trabajador curse su formación con aprovechamiento, pero sí a hacer un seguimiento de que esto es así, puesto que no en vano en el seno del contrato para la formación se inserta una obligación de tutoría que incluso puede determinar el ejercicio de la potestad disciplinaria por la empresa. Es la falta de esta actividad de tutoría por parte de la empresa la que determina el incumplimiento de la obligación y no la falta de aprovechamiento, lo que sería únicamente imputable al trabajador.

Es la empresa la que debe ejercer su potestad disciplinaria para atajar la actitud del trabajador, toda vez que ha tenido conocimiento de la misma.

El hecho de que al finalizar el contrato la trabajadora continúe en la prestación de servicios para la empresa, significa que la actitud profesional de la misma ha sido buena y que lo ha realizado adecuadamente, por lo que si no ha realizado la formación teórica, significa que durante el contrato formativo no requería de la formación, porque el trabajador tenía las condiciones precisas para realizar adecuadamente su trabajo y por lo tanto el contrato formativo era innecesario y ello supone, que el mismo se haya realizado en fraude de ley, con el único objeto de beneficiarse de las reducción en las cotizaciones y salariales que lleva implícito.

La responsabilidad legal del fraude de ley constatado y su derivación en cuanto a la infracotización producida es de la empresa, puesto que el centro formativo ha cumplido con la responsabilidad de informar la falta de formación y el trabajador no tiene responsabilidad alguna en cuanto a la cotización que procede.

La solución es el ejercicio del poder disciplinario del empresario, pero si no se considera pertinente, también dispone del poder de organización y dirección empresarial, pudiendo proceder a la transformación del contrato formativo en ordinario, una vez comprobado que el trabajador no realiza formación obligatoria y que la prestación de servicios profesionales es a plena satisfacción empresarial, lo procedente es su transformación en un contrato ordinario, que lleva aparejado una cotización normal, sin reducciones, ni bonificaciones, en el Régimen General de la Seguridad Social. En definitiva, comprobada que es innecesaria la formación de la trabajadora, puesto que desarrolla adecuadamente su trabajo, el mantenimiento del contrato formativo es un fraude de ley.

CUARTO.-El artículo 11, apartados 1 y 2, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), con motivo de la regulación de las diferentes modalidades del contrato de trabajo, dispone bajo el título " Contrato formativo",lo siguiente:

«1. El contrato formativo tendrá por objeto la formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena en los términos establecidos en el apartado 2, o el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios, en los términos establecidos en el apartado 3.

2. El contrato de formación en alternancia, que tendrá por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo, se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

(...)

d) La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o entidad de formación y otra designada por la empresa. Esta última, que deberá contar con la formación o experiencia adecuadas para tales tareas, tendrá como función dar seguimiento al plan formativo individual en la empresa, según lo previsto en el acuerdo de cooperación concertado con el centro o entidad formativa. Dicho centro o entidad deberá, a su vez, garantizar la coordinación con la persona tutora en la empresa.

(...)

f) Son parte sustancial de este contrato tanto la formación teórica dispensada por el centro o entidad de formación o la propia empresa, cuando así se establezca, como la correspondiente formación práctica dispensada por la empresa y el centro. Reglamentariamente se desarrollarán el sistema de impartición y las características de la formación, así como los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa.

(...)»

El artículo 14.3 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, intitulado "Presunciones",establece lo siguiente:

«3. Se presumirán por tiempo indefinido y a jornada completa los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados en fraude de ley.»

El artículo 20 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, al regular los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, intitulado "Tutorías vinculadas al contrato",prevé lo siguiente:

«1. La persona titular de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad laboral, ya sea asumiendo personalmente dicha función, cuando desarrolle su actividad profesional en la empresa, ya sea designando, entre su plantilla, a una persona que ejerza la tutoría; siempre que, en ambos casos, la misma posea la cualificación o experiencia profesional adecuada.

En los supuestos de contratos para la formación y el aprendizaje celebrados por empresas de trabajo temporal, en el contrato de puesta a disposición entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria se designará a la persona de la empresa usuaria que se encargará de tutelar el desarrollo de la actividad laboral del trabajador y que actuará como interlocutora con la empresa de trabajo temporal a estos efectos, debiendo asumir esta última el resto de obligaciones relativas a las tutorías vinculadas al contrato y al acuerdo para la actividad formativa previstas en el presente y siguiente artículo.

2. La persona que ejerza la tutoría en la empresa será responsable del seguimiento del acuerdo para la actividad formativa anexo al contrato, de la coordinación de la actividad laboral con la actividad formativa, y de la comunicación con el centro de formación; además, deberá elaborar, al finalizar la actividad laboral de la persona trabajadora, un informe sobre el desempeño del puesto de trabajo.

3. El centro formativo designará una persona, profesora o formadora, como tutora responsable de la programación y seguimiento de la formación, así como de la coordinación de la evaluación con los Profesores y/o tutores que intervienen. Asimismo, esta persona será la interlocutora con la empresa para el desarrollo de la actividad formativa y laboral establecida en el contrato.»

El artículo 12 de la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, intitulado "Funciones de tutoría en la empresa en los contratos para la formación y el aprendizaje",preceptúa lo siguiente:

«Corresponden al tutor de empresa, las siguientes funciones:

a) Realizar la comunicación con el centro de formación a través del tutor del centro de formación.

b) Coordinar con el tutor del centro de formación la elaboración del programa de formación correspondiente a la actividad formativa inherente al contrato.

En dicho programa se determinaran, entre otros aspectos, los resultados de aprendizaje que serán objeto de adquisición en el centro de formación y en la empresa, así como los criterios a evaluar en ambos escenarios.

c) Realizar el seguimiento del acuerdo para la actividad formativa, atendiendo al trabajador con la periodicidad que se establezca, durante el periodo de trabajo efectivo en la empresa, con el objeto de valorar el desarrollo del programa y establecer los apoyos formativos necesarios.

d) Colaborar con el tutor del centro de formación en la evaluación del aprendizaje desarrollado durante el tiempo del contrato y al término del mismo.

e) Velar para que el trabajador cumpla los correspondientes protocolos de seguridad y prevención de riesgos laborales asociados a los diferentes puestos de trabajo y aprendizaje, suministrando el asesoramiento necesario.

f) Elaborar, al finalizar la actividad laboral de la persona trabajadora, un informe sobre el desempeño del puesto de trabajo y los resultados de aprendizaje alcanzados en la empresa.»

El artículo 4 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, bajo el título "Carácter y estructura de la modalidad de teleformación",dice:

"1. A los efectos previstos en la presente orden, se entiende por modalidad de teleformación la realización de acciones formativas a través de las tecnologías de la información y comunicación, posibilitando la interactividad de alumnos, tutores-formadores y recursos situados en distinto lugar.

Estas acciones pueden combinarse, en su caso y de acuerdo con lo establecido en cada certificado para esta modalidad, con formación presencial.

(...)

5. La formación del certificado mediante teleformación estará organizada de manera que permita un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante a través de una plataforma virtual que deberá cumplir los requisitos de accesibilidad y diseño establecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal, y que necesariamente será complementada con asistencia tutorial.

6. En los módulos formativos en los que, además, se contemple una formación presencial, se desarrollarán tutorías presenciales en uno o más centros acreditados por la administración laboral para el correspondiente certificado de profesionalidad, de manera que se asegure esta formación respetándose, en todo caso, el número de alumnos para los que estuviera acreditado cada centro.

7. En todas las acciones formativas se aplicará, para cada módulo, una prueba de evaluación final de carácter presencial, que se desarrollará en centros acreditados por la administración laboral en el correspondiente certificado de profesionalidad y cuya duración estará incluida dentro de las horas totales del módulo.

Estas pruebas de evaluación final serán elaboradas por los centros y entidades de formación en los que se impartan las acciones formativas y autorizadas por los Servicios Públicos de Empleo competentes.".

El art. 6 "Acceso de los alumnos y organización de la formación en la modalidad de teleformación"añade:

"1. Para acceder a la formación de los certificados en esta modalidad se han de reunir los requisitos de acceso establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero , para los niveles de cualificación profesional 2 y 3.

2. Además de lo indicado en el apartado anterior, los alumnos han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Con este objeto el centro o entidad de formación, antes del inicio de la acción formativa, facilitará a los alumnos preseleccionados el acceso a la plataforma virtual y sus instrucciones de uso, y comprobará que pueden utilizar las herramientas necesarias para seguir la formación a través de la misma.

Para efectuar esta comprobación les solicitará la realización de una serie de actividades básicas relativas a descarga y envío de archivos, manejo del correo electrónico y participación en las herramientas de comunicación, mediante las que se asegure que el alumnado reúne las competencias digitales requeridas para seguir con aprovechamiento la formación.

(...)

4. Al comienzo de la acción formativa se realizará una sesión inicial, que puede ser presencial o a través de la plataforma virtual, para la presentación de dicha acción, con objeto de informar a los alumnos sobre el funcionamiento del curso, metodología, tutorías presenciales, calendario y sistema de evaluación. Asimismo, se informará sobre las condiciones de exención del módulo de formación práctica en centros de trabajo."

Y el art. 15 "Plataforma virtual"dice:

"1. El centro o entidad de formación ha de disponer de una plataforma de aprendizaje de teleformación, que será autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal al acreditar el centro o entidad de formación, que asegure la gestión de los contenidos y el seguimiento y evaluación de los participantes, de manera que todos los módulos de la acción formativa a impartir se sustenten en la misma plataforma.

2. La plataforma virtual ha de asegurar la disponibilidad de acceso las 24 horas del día, todos los días de la semana, y ha de tener capacidad suficiente para gestionar y garantizar la formación del alumnado, permitiendo la interactividad y el trabajo cooperativo, así como la disponibilidad de un servicio de atención al usuario y de mantenimiento.

3. Los requisitos que ha de poseer esta plataforma se recogen en el artículo 12 bis.4 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero , y las especificaciones al respecto se detallan en el Anexo II de esta orden.

4. La plataforma virtual contará con un manual de instrucciones de uso que pueda consultarse en línea y que recoja las operaciones básicas de su funcionamiento para que los alumnos y tutores-formadores puedan seguir el proceso de aprendizaje a través de la misma.

5. Con objeto de realizar el seguimiento y control de las acciones formativas la plataforma virtual incluirá el desarrollo informático que permita al Servicio Público de Empleo Estatal obtener de forma automática los informes que a tal efecto se determinen".

QUINTO.-Sobre la aplicación del concepto de fraude de ley a los contratos para la formación y el aprendizaje, en virtud de lo previsto en el artículo 14.3 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, la STS 510/2025, del 05 de mayo de 2025, al rec. 1366/2022, en su FD 7º fija como doctrina: "... supone su celebración al amparo de la normativa que lo regula para eludir un contrato laboral de carácter común, sujeto a una regulación diferente, incumpliendo las condiciones legales y reglamentarias a que se sujeta aquel contrato y frustrando su finalidad -la adquisición por la persona trabajadora de la formación profesional teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio-, lo que lleva aparejado su conversión en un contrato laboral por tiempo indefinido y a jornada completa.

La calificación del contrato para la formación y el aprendizaje en fraude de ley no puede hacerse prescindiendo de la conducta de la persona titular de la empresa. Si la persona trabajadora incumple su obligación de realizar la formación puesta a su disposición por la persona empleadora y esta ha cumplido sus obligaciones de coordinación, seguimiento y apoyo con relación a la actividad formativa desarrollada por aquella, no cabe apreciar la existencia de fraude en la contratación ni, por ende, procede la conversón del contrato para la formación y el aprendizaje en un contrato laboral por tiempo indefinido y a jornada completa.

Por tanto, el mero incumplimiento de la persona trabajadora de su obligación de realizar la formación teórica puesta a su disposición por la persona titular de la empresa, no implica per sela concurrencia de fraude de ley en la contratación, a los efectos previstos en el artículo 14 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre , por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases para la formación profesional dual"

Ello tras decir en el FD 6º que la naturaleza y finalidad del contrato para la formación y el aprendizaje determina esta formación se consigue tanto en la realización de la formación práctica -actividad laboral- como teórica, y si una de las dos no se realizara correctamente no se cumpliría con la finalidad de este contrato, debiéndose completar ambas en el horario que se indica en el contrato de trabajo para la formación celebrado. Si bien, esta formación habrá de tener la duración necesaria para la obtención del título de formación profesional, del certificado de profesionalidad o de la certificación académica o acreditación parcial acumulable, y la misma se especificará en el acuerdo para la actividad formativa anexo al contrato. Y señalar cueles son las obligaciones que en relación con dicha formación incumben a la persona titular de la empresa:

"...la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad laboral y llevar a cabo, a través de la persona designada al efecto, ya sea personalmente la persona titular de la empresa o una persona de su plantilla que ejerza la tutoría -en ambos casos contando con la formación o experiencia adecuadas para tales tareas-, un seguimiento del plan formativo individual en la empresa, en particular, del acuerdo para la actividad formativa anexo al contrato, procurando la coordinación de la actividad laboral con la actividad formativa y la comunicación con el centro de formación. Además, la persona que ejerza la tutoría deberá elaborar, al finalizar la actividad laboral de la persona trabajadora, un informe sobre el desempeño del puesto de trabajo.

Estas obligaciones son objeto de desarrollo en la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, donde se detallan algunas de las funciones atribuidas al tutor de empresa en su actividad de seguimiento de la actividad formativa desarrollada por la persona trabajadora, debiendo destacarse: (i) la comunicación y coordinación con el tutor del centro de formación en la elaboración del programa de formación, correspondiente a la actividad formativa inherente al contrato, y en la evaluación del aprendizaje; (ii) el seguimiento de la actividad formativa, prestando el apoyo que requiera la persona trabajadora en su desarrollo, y (iii) la elaboración, al finalizar la actividad laboral de la persona trabajadora, de un informe sobre el desempeño del puesto de trabajo y los resultados de aprendizaje alcanzados en la empresa

(...).

Debe destacarse que la persona titular de la empresa es responsable (directamente o a través del tutor designado) del seguimiento de las actividades formativas por parte de sus trabajadores, recabando y recibiendo a tal fin la información y evaluaciones pertinentes por parte del formador, lo que conlleva la realización de requerimientos o avisos a la persona trabajadora, o advertencias, en su caso, de posibles amonestaciones o acciones disciplinarias, y procurando en todo tiempo en el curso de esa relación laboral que aquella cumpla con los objetivos marcados para su formación teórica. De ahí que no baste con que la empresa empleadora se haya limitado a poner a disposición de la persona trabajadora la formación, desentendiéndose del resto de sus obligaciones en la materia, para entenderlas cumplidas...."

SEXTO.-Al caso de autos el recurrente, como empres contratante, alega que ha proporcionado los medios, los materiales y el tiempo para formación, añadiendo que con el recurso de alzada aportó todas y cada una de las comunicaciones que la trabajadora expuesto y acreditado todos y cada uno de los impedimentos que la misma encuentra en el desempeño de la misma; No se han registrado por el programa la totalidad de horas que la misma se iba conectando; Problemas de conexión, con justificante de la compañía de internet; Problemas con la dificultad del temario, pues excedía en mucho el nivel que la trabajadora tiene de estudios; No se tuvo en cuenta el cambio de vacaciones realizado y debidamente comunicado a la empresa de formación.

Realizándose la formación, según la normativa antes dicha, a través de Plataforma virtual, de aprendizaje de teleformación, autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, que debe incluir imperativamente el desarrollo informático que permita al Servicio Público de Empleo Estatal obtener de forma automática los informes que a tal efecto se determinen para el seguimiento y control de las acciones formativas, ningún informe de este Servicio se aporta sobre incidencias que impidieran el acceso a la plataforma virtual. Además no consta que el tutor de la empresa contratante recabara y recibiera la información por parte del formador, sin que conste realizara de requerimientos o avisos a la persona trabajadora, o advertencias, en su caso, de posibles amonestaciones o acciones disciplinarias, ni que procurara en todo tiempo en el curso de esa relación laboral que aquella cumpla con los objetivos marcados para su formación teórica, no bastando que la empresa ahora recurrente se haya limitado a poner a disposición de la persona trabajadora la formación, desentendiéndose del resto de sus obligaciones en la materia, para entenderlas cumplidas, por lo que a los efectos de las normativa de aplicación, la apreciación por la administración recurrida de fraude en la contratación, con base en la actuación de la Inspección de Trabajo comunicada con fecha 4 de junio de 2022, es correcta y el recurso debe ser desestimado.

SÉPTIMO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LRJCA procede imponer a la parte recurrente las costas procesales causadas en el presente recurso. Ahora bien, dada la índole del asunto y la actividad procesal desplegada por la parte demanda, procede limitar la cuantía de la condena en costas a la cifra de 1.500 €, por todos los conceptos, más IVA. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sección en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.