Sentencia Contencioso-Administrativo 2030/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 2191/2021 de 20 de junio del 2024

PRIMERO.- De la sentencia apelada.

La sentencia apelada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la hoy apelante frente a la resolución del Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes DIRECCION000 de fecha 14 de junio de 2019, por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el fallo del Jurado de Riegos de 24 de octubre de 2018 por no apreciarse ninguna de las causas de nulidad alegadas por la recurrente.

Fundamentando la Juzgadora de instancia su fallo desestimatorio del recurso en los siguientes términos (FD TERCERO):

"No se aprecia por tanto, ningún perjuicio a la recurrente derivado de las resoluciones impugnadas y si se basa en defectos de forma en la convocatoria y celebración de la reunión del Jurado de riegos de 24 de octubre de 2018, que supuestamente le habrían ocasionado indefensión, merece el rechazo de este motivo pues no se aprecia y fundamentalmente en base al informe de marzo de 2016 que ya es firme y fue notificado en forma a la recurrente el 11 de marzo de 2016.Y en cuanto a la convocatoria el Jurado consta en el EA que fue convocado a raíz de esta solicitud del Sr. Milován el 11 de junio de 2018 pidiendo el cumplimiento de los acuerdos adoptados tomados por esa Comunidad de regantes y contenidos en el escrito de marzo de 2016 que se adjunta, comunicándome su resolución. No hubo denuncia ni procedimiento sancionador solo intento de resolver los conflictos. Y para ello fue citada la recurrente en dos ocasiones, una el 12 de septiembre de 2018 y otra el 13 de octubre de 2018. No asistió ni alegó justa causa, y a pesar de ello se le notificó el acta de la reunión de 24 de octubre de 2018 y pudo interponer recurso de reposición por lo que no se aprecian las irregularidades formales denunciadas. A parte de todo lo anterior, del EA resulta que la Comunidad demandada ha actuado con imparcialidad y conforme a derecho, siendo los dos Acuerdos del Jurado objetivos y fundamentados en derecho a pesar de que la recurrente pretende hacer valer alegaciones subjetivas y totalmente ajenas a las funciones y competencia de la Comunidad de Regantes. En virtud de lo anterior, procede la desestimación de la demanda por no apreciarse causa de nulidad al no haberse acreditado vicios de nulidad de pleno derecho ni defectos formales que hayan causado indefensión pues las resoluciones impugnadas se limitan a ratificar un informe ya notificado a la actora y no impugnado en tiempo y forma."

SEGUNDO.- Motivos de impugnación y alegaciones de las partes.

a) De la parte apelante.

La parte apelante considera que la sentencia apelada:

1.- Incurre en error probatorio al no aplicar correctamente la prueba documental obrante en las actuaciones, lo cual afecta a lo pedido en el suplico de la demanda.

La sentencia parte de extremos de hecho que se dan por probados cuando no lo son y omite dos documentos esenciales para la resolución del problema de fondo de la apelante y D. Milován, que obran en los folios 52 y 53 del expediente administrativo, siendo documentos emitidos por la Junta de gobierno de la Comunidad de Regantes DIRECCION000 (el primero emitido en la sesión celebrada el día 16 de junio de 2016 y el segundo un informe de la Comunidad de 19 de septiembre de 2016). En el fallo de la sesión del Jurado de 24 de octubre de 2018, la Comunidad de Regantes ignoró lo que antes había reconocido: que la recurrente venía regando su parcela desde hace más de 20 años por un ramal que atraviesa la DIRECCION001, de D. Milován, y llegaba hasta la DIRECCION002, de la recurrente, como reflejaba el documento 10 de la demanda. Y ahora la sentencia tampoco nombra esos dos documentos.

2.- La sentencia infringe el derecho invocado en la demanda.

-La sentencia es reproducción literal de un amplio trozo de la resolución administrativa impugnada.

-La sentencia se refiere a la firmeza del informe de marzo de 2016 sin invocar, pues no la hay, norma legal que fije cuando se produce la firmeza de un informe.

-El FD TERCERO es contradictorio, pues al decir que no se aprecian las irregularidades formales denunciadas se afirma que sí las hubo. Se aprecia una petición incluida en el suplico de la demanda (punto 1) pero no estima el recurso siquiera parcialmente.

-Se ignora, en el mismo fundamento, que lo pedido no fue solamente que se declarase la nulidad sino subsidiariamente que la resolución impugnada no se ajusta a Derecho.

3.- Vulnera el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales y al derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho consagrada en el art. 24 de la Constitución.

Se trata de una sentencia que no cita precepto legal alguno, salvo el art. 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, referente a las costas, de modo que la sentencia constituye una resolución inmotivada y arbitraria, causando indefensión a la recurrente, al desconocerse los fundamentos jurídicos en los cuales la Juzgadora de instancia fundamente su fallo.

b) De la parte apelada (demandada).

1.- La sentencia no incurre en error probatorio al declarar que la pretensión de impugnación de los acuerdos del Jurado de riegos es fruto de una enemistad personal entre vecinos, que alcanza a las jurisdicciones civil, penal y contencioso-administrativa.

2.- La sentencia aprecia correctamente que no ha existido nulidad de pleno derecho ni indefensión, no sólo porque la recurrente voluntariamente no se personó al acto al que había sido citada sino también porque ha quedado acreditado que no se le ha incoado ningún expediente sancionador.

3.- En cuanto a la omisión en la sentencia de dos documentos esenciales para la solución del problema de fondo.

El hecho de que en la apelación la actora traiga a colación que en la sentencia se omita cualquier mención a los informes de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes de 6 de junio y 19 de septiembre viene a acreditar una vez más cómo por la actora se pretende utilizar la impugnación de las resoluciones de 24 de octubre de 2018 y 29 de abril de 2019, que se limitan a ratificarse en los anteriores informes de la comunidad sobre el lugar por donde han de regarse las fincas de unos vecinos en conflicto, para conseguir de manera indirecta y subrepticia que se anule el informe de marzo de 2016 que no conviene a sus intereses, pese a habérsele notificado y no haber sido recurrido en su día, y que la Comunidad se pronuncia sobre una cuestión de servidumbre ajena a sus competencias.

c) De la parte apelada (codemandada).

1.- El contenido del recurso de apelación es prácticamente una reproducción de los fundamentos y alegaciones formuladas por la actora en sus escritos de demanda y conclusiones, lo cual debe conllevar la desestimación o rechazo in limine del recurso.

2.- La sentencia recurrida resulta plenamente ajustada a derecho y congruente con la pretensión de anulación que se contiene en el recurso contencioso-administrativo, pese a que en dicha pretensión se entremezclen indebidamente otras cuestiones con el fin de pretender dilucidar una cuestión estrictamente civil, como es la existencia o no de una servidumbre de acueducto respecto de la finca de su propiedad.

3.- Resulta plenamente ajustada a Derecho la actuación de la comunidad de Regantes DIRECCION000, así como los fallos del Jurado de Riegos de dicha Comunidad.

TERCERO.- Posición de la Sala.

1.- Sobre la falta de crítica de la sentencia apelada.

Como señala la STS de 26 de octubre de 1.998 el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia - sentencias de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993, etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal ad quem la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo. Así pues, los recursos de apelación deben contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la sentencia de instancia. En este sentido las SSTS de 19 de abril y 14 de junio de 1991, indican que el recurso de apelación no tiene por objeto reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo, sino revisar la sentencia que se pronunció sobre ello, es decir, la depuración de un resultado procesal obtenido con anterioridad, por lo que el escrito de alegaciones del apelante ha de ser, precisamente, una crítica de la sentencia impugnada con la que se fundamente la pretensión revocatoria que integra el proceso de apelación, de suerte que, si esa crítica se omite, se priva al Tribunal ad quemdel necesario conocimiento de los motivos por los que dicha parte considera a la decisión judicial jurídicamente vulnerable, sin que se pueda suplir tal omisión ni eludir la obligada confirmación de la sentencia por otro procedimiento, ya que la revisión de ésta no puede "hacerse de oficio por el Tribunal competente para conocer del recurso".Sin embargo, el incumplimiento de dichos requisitos no constituye causa de inadmisión del recurso de apelación sino de desestimación.

Al hilo de lo anterior debemos dejar constancia de la existencia de dicha crítica en el recurso de apelación no pudiéndose confundir la reiteración con la argumentación dado que la invocación de la infracción determina el juicio de crítica suficiente a los efectos de la pretensión deducida.

Más concretamente, y si bien es cierto que en el recurso de apelación se reproducen en parte las alegaciones de los escritos de demanda y conclusiones, no lo es menos que el apelante combate claramente la fundamentación de la sentencia de instancia, como seguidamente se verá.

2.- Sobre el primer motivo del recurso de apelación: existencia de error probatorio al no aplicar correctamente la prueba documental obrante en las actuaciones.

Se queja la parte apelante, en primer lugar, de que en la sentencia se hace alusión, en el FD PRIMERO, a la existencia de una serie de escritos que ambas parte dirigen constantemente a la Comunidad, entorpeciendo su labor con disputas que vienen alcanzando a los tribunales de la jurisdicción penal, a los de la jurisdicción penal y y ahora ante la jurisdicción contencioso-administrativa, señalando la apelante, que en cuanto a ella se refiere, no se corresponde con la realidad no ha habido ninguna actuación penal ni cabe computar el presente proceso ante la jurisdicción contencioso-administrativa dado que se encuentra en curso y es ejercicio de un derecho fundamental, sin que su conducta se pueda calificar como "entorpecer".

Es cierto, como se alega, que no se ha encontrado en las actuaciones actuación penal alguna, pues todas ellas se refieren, como indica la Comunidad de Regantes en su escrito de oposición a la apelación, a procedimientos civiles instados por la apelante, como también lo es que el presente procedimiento contencioso-administrativo se halla actualmente en curso, como lo prueba que estamos resolviendo el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia recaída en primera instancia, entendiendo la Sala que con dicha expresión la Juzgadora de instancia se ha querido referir a la existencia de una serie de actuaciones judiciales que, o han sido ya resueltas o se encuentran actualmente en trámite; siendo, por otro lado, irrelevante dicha cuestión para la resolución del presente recurso de apelación.

En segundo lugar, y con referencia al FD SEGUNDO, señala la apelante que la sentencia le atribuye una incomparecencia injustificada a la reunión del Jurado de Riegos de fecha 24 de octubre de 2018, lo cual no es cierto pues, como consta en el expediente, la recurrente sí alegó una justa causa, cual era la de conocer la denuncia -de la que le había notificado la Comunidad de Regantes- antes de acudir a la reunión y así poder defender su derecho. Entendemos que, aun asistiendo la razón en lo relativo a que la actora puso en conocimiento de la Comunidad de Regantes que para documentar su defensa necesitaba conocer el texto de la denuncia presentada por el codemandado, el conocimiento de dicha "denuncia", al no versar sobre aspectos sancionadores, como seguidamente veremos, no era indispensable para preparar sus alegaciones en un asunto sobre el que ya se habían producido diversos escritos cruzados por ambas partes, dirigidos a la Comunidad de Regantes.

En tercero, referido ya al FD TERCERO, indica que la sentencia dice que "no hubo denuncia",cuando consta en las actuaciones que sí la hubo, como evidencia el documento nº 4 de la demanda, donde consta la "PAPELETA/ CÉDULA DE CITACIÓN"que le fue enviada con fecha 12 de septiembre de 2018, en la que figura "EN CALIDAD DE DENUNCIADO",constando además en la misma que el objeto de la citación era el "Examen público del conflicto ocasionado como consecuencia del paso de riego (...) ante el escrito de denuncia presentado por este último a este Jurado de Riego",lo que se reproduce, en similares términos, en el folio 30 del expediente administrativo, citación al Sr. Milován (codemandado) y, en similares términos, en los folios 33, 34 y 35 del expediente. Considerando la apelante que por ello es erróneo declarar que no hubo denuncia. Sin embargo, y como ya hemos anticipado en al párrafo anterior, la Juzgadora de instancia considera que no hubo denuncia ni procedimiento sancionador, sino sólo intento de resolver los conflictos y ello "a raíz de esta solicitud del Sr. Milován el 11 de junio de 2018 pidiendo el cumplimiento de los acuerdos adoptados tomados por esa Comunidad de regantes y contenidos en el escrito de marzo de 2016 que se adjunta, comunicándome su resolución".

Las alegaciones que se contienen en el ordinal 4º del motivo que ahora examinamos han sido ya analizados al referirnos al primero, por lo que, en aras a la brevedad, nos remitimos a cuanto a ese respecto hemos dicho al analizar la correspondiente alegación.

En quinto y último lugar, se queja la apelante de que la sentencia omite dos documentos esenciales para la resolución del problema de fondo de la apelante y D. Milován, que obran en los folios 52 y 53 del expediente administrativo, siendo documentos emitidos por la Junta de gobierno de la Comunidad de Regantes DIRECCION000 (el primero emitido en la sesión celebrada el día 16 de junio de 2016 y el segundo un informe de la Comunidad de 19 de septiembre de 2016), y puntualiza que el fallo de la sesión del Jurado de 24 de octubre de 2018 se ignora lo que antes había reconocido la Comunidad, es decir, que la recurrente venía regando su parcela desde hace más de 20 años por un ramal que atraviesa la DIRECCION001, de D. Milován, y llegaba hasta la DIRECCION002, de la recurrente, como reflejaba el documento 10 de la demanda. Y ahora la sentencia tampoco nombra esos dos documentos.

Al respecto hemos de significar que, como ya hemos dicho con reiteración, que es el Juez "a quo" el que ha de valorar los medios de prueba, salvo las excepciones legalmente previstas como la del artículo 319 de la Ley 1/2.000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil , para los documentos públicos, "según las reglas de la sana crítica",- artículos 316.2 para el interrogatorio de las partes, 326, último párrafo, para los documentos privados, 334 para las copias reprográficas, 348 para la prueba pericial y 376 para la testifical, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Civil antes citada-. Ello implica que, en principio, ha de respetarse la valoración efectuada por el Juez de instancia siempre que la misma no sea manifiestamente ilógica, irracional, arbitraria, absurda o conculque principios generales del derecho ( STS de 22 de Septiembre, 6 de Octubre y 19 de Noviembre de 1.999, 22 de Enero y 5 de Febrero de 2.000), sin que esté permitido sustituir la lógica o la sana crítica del Juzgador actuante por la de la parte ( sentencias del mismo Alto Tribunal de 30 de Enero, 27 de Marzo, 17 de Mayo, 19 de Junio y 1 de Octubre de 1.999 , de 22 de Enero y 5 de Mayo de 2.000 entre innumerables otras). Debiendo subrayarse, como nos recuerda el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de febrero de 2018 (recurso de casación 2386/2016 ), que "Respecto de la forma de acometer la valoración de la prueba, también es consolidada la jurisprudencia que afirma la validez de la valoración conjunta de los medios de prueba, sin que sea preciso exteriorizar el valor que al Tribunal sentenciador le merezca cada concreto medio de prueba obrante en el expediente administrativo o la aportada o practicada en vía judicial. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que "... la Constitución no garantiza el derecho a que todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes del litigio hayan de ser objeto de un análisis explícito y diferenciado por parte de los jueces y tribunales a los que, ciertamente, la Constitución no veda ni podría vedar la apreciación conjunta de las pruebas aportadas" ( ATC 307/1985, de 8 de mayo )".".

Dicha doctrina ha sido recogida por esta Sala, por ejemplo, en sentencia de 2 de noviembre de 2021 (recurso de apelación nº 4296/2020, Sección Tercera), y de la que interesa retener, por un lado, que es al Juez de instancia a quien corresponde valorar la prueba practicada, que dicha valoración ha de hacerse de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y que no es preciso que en la sentencia de instancia se lleve a cabo un análisis explícito y diferenciado de cada una de las pruebas practicadas, bastando con una valoración de la prueba en su conjunto.

En todo caso, entendemos que los documentos a valorar como antecedentes de la resolución administrativa impugnada no son sólo los dos a que alude la parte apelante, que serían favorables a sus pretensiones, sino, como dicen los apelados, también el informe de "marzo 2016",en el que, en contestación al escrito presentado por el codemandado el 26 de agosto de 2015, solicitando a la Comunidad que "haga cumplir definitivamente los acuerdos tomados por la misma Comunidad de Regantes y contenidos en el escrito de marzo de 2016 que se adjunta, comunicándome su resolución",se indica que "Según se desprende de la información disponible en la comunidad una parte de la DIRECCION002 se está regando con aguas que proceden desde ese mismo ramal de referencia de Los llanos; por lo que las DIRECCION002 y DIRECCION003 debe tomar en su totalidad, las aguas que proceden del ramal de Los Llanos". Lo que es coherente con el sentido de las resoluciones administrativas objeto de impugnación, cuya fundamentación se ve confirmada no sólo por los planos que ilustran el expediente administrativo sino también por el informe emitido por el Ingeniero Agrónomo D. Leonel, aportado a los autos por el codemandado, que la Sala entiende es más más completo y convincente que el redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Joao, especialmente porque basa sus conclusiones, entre otros documentos, en el plano oficial de la Red de Riegos de la comunidad de Regantes, no impugnada de contrario.

3.- Sobre el segundo motivo del recurso: La sentencia infringe el derecho invocado en la demanda.

Considera la parte apelante que la sentencia es reproducción literal de un amplio trozo de la resolución administrativa impugnada. Efectivamente, la sentencia reproduce en parte la resolución administrativa impugnada, pero dicha reproducción se hace a modo de antecedente y en un Fundamento de Derecho (SEGUNDO) distinto al que la Juzgadora de instancia valora la prueba y concluye que procede desestimar la demanda al no apreciarse que concurra causa de nulidad de pleno derecho ni defectos formales que hayan causado indefensión a la recurrente.

Mayor enjundia tiene la alegación de que la sentencia se refiere a la firmeza del informe de marzo de 2016 sin invocar, pues no la hay, norma legal que fije cuando se produce la firmeza de un informe. Efectivamente, el art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que "Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.".Y, en ese mismo sentido, el art. 25.1 de la LJCA establece que "El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos".

Consecuencia de ello es que la firmeza únicamente podría predicarse con respecto a las resoluciones que, siendo recurribles, no lo hubiesen sido en tiempo y forma.

Pero la errónea conclusión a que llega la sentencia al extender la firmeza de los actos a los informes no implica necesariamente que la sentencia haya de ser revocada pues, como decimos, y más allá de dicho criterio de la Juzgadora de instancia, la cuestión es si la Sala comparte las conclusiones a que llega la Juzgadora de instancia y, en ese sentido, es pertinente poner de manifiesto, en coincidencia con los apelados, que la resolución de 13 de junio de 2016 lo que dispone es el requerimiento al Sr. Milován para que en el plazo de dos días proceda a restituir el paso del agua a través de la DIRECCION001 para el riego de las DIRECCION002 y DIRECCION003, advirtiéndole de que, transcurrido dicho plazo sin que se haya restituido el paso del agua, se procederá a elevar denuncia ante el Jurado de Riegos de la Comunidad a fin de que la imponga la sanción que proceda; resolución que no es la que constituye el objeto de impugnación pero que no es incompatible, acogiendo la alegación de la Comunidad de Regantes, con las resoluciones de 24 de abril de 2018 y 29 de abril de 2019, que la confirma, pues en éstas, en armonía con el informe de marzo de 2016, que viene a aclarar que según consta en los planos de riego de la Comunidad demandada el riego de dichas fincas se efectuaba de forma distinta a la que defiende la apelante, lo que se indica es que las DIRECCION002 y DIRECCION003 deben utilizar en su totalidad las aguas que procedan del ramal de Los Llanos para irrigar sus parcelas, y ello "sin perjuicio de los acuerdos o precedentes entre ambas partes que no son competencia de esta comunidad de Regantes";lo que, sin perjuicio de lo ordenado en la resolución de 13 de junio de 2016, es lo que entendemos se ha acreditado a la vista del expediente administrativo y de la prueba practicada.

Seguidamente, señala la parte apelante que el FD TERCERO es contradictorio, pues al decir que no se aprecian las irregularidades formales denunciadas se afirma que sí las hubo, pues se aprecia una petición incluida en el suplico de la demanda (punto 1) pero no estima el recurso siquiera parcialmente. Sin embargo, a la vista del FD TERCERO, consideramos que la sentencia en modo alguno admite la existencia de irregularidades, que ni siquiera se especifican en el recurso de apelación, pues lo que en la misma se dice es que no se aprecia ningún perjuicio a la recurrente derivado de las resoluciones impugnadas y que "si se basa en defectos de forma de la convocatoria y celebración del Jurado de riegos de 24 de octubre de 2018, que supuestamente le habrían ocasionado indefensión, merece el rechazo de este motivo(...)", expresión de la que en modo alguno puede inferirse que la Juzgadora de instancia haya acogido la primera pretensión del suplico de la demanda, donde se pretendía que se declare que son nulos, o subsidiariamente, que no se ajustan a Derecho, tanto la resolución de 14 de junio de 2019 como el acta y fallo del Jurado de Riegos de 24 de octubre de 2018.

A ello añade que la sentencia ignora que lo pedido no fue solamente que se declarase la nulidad sino subsidiariamente que la resolución impugnada no se ajusta a Derecho. De nuevo, a alegación ha de resolverse a la luz de la propia literalidad de la sentencia, que termina diciendo que no aprecia causa de nulidad al no haberse acreditado vicios de nulidad de pleno derecho, y tampoco defectos formales que hayan causado indefensión a la recurrente, con lo que se está dando respuesta a dicha pretensión subsidiaria.

4.- Sobre el cuarto motivo de impugnación: la sentencia vulnera el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales y al derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho consagrada en el art. 24 de la Constitución .

Fundamenta la parte apelante el motivo de impugnación en que la sentencia no cita precepto legal alguno, salvo el art. 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, referente a las costas, de modo que constituye una resolución inmotivada y arbitraria, causando indefensión a la recurrente al desconocerse los fundamentos jurídicos en los cuales la Juzgadora de instancia fundamente su fallo.

Ciertamente, en el FD TERCERO, que es donde reside la ratio decidendide la sentencia, no se menciona precepto jurídico o jurisprudencia alguna que fundamente la resolución judicial impugnada, pero ha de tenerse en cuenta que en el presente caso nos hallamos ante un supuesto eminentemente fáctico y, en todo caso, la ausencia de esa fundamentación jurídica no implica la disconformidad a Derecho de la sentencia apelada, máxime cuando la propia demanda se limita a citar, en general la normativa que considera de aplicación (Texto Refundido de la Ley de Aguas, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Reglamento de la Comunidad de Regantes DIRECCION000 y Ordenanzas de dicha Comunidad), sin citar tampoco, como tampoco lo hace en apelación, ningún precepto de dichas normas que se considere vulnerado ni la jurisprudencia que pueda ser de aplicación al caso enjuiciado, abstracción hecha de unos preceptos, de genérica aplicación, del TRLA y el art. 24.2 de la constitución española.

CUARTO.-Procede, en consecuencia, desestimar el recurso de apelación. En cuanto a las costas de esta instancia, se imponen a la parte apelante en aplicación del art. 139 de la Ley Jurisdiccional, limitando las mismas a un máximo de 1.500 euros por honorarios de Letrado, a dividir entre las partes apeladas.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación