Sentencia Contencioso-Administrativo 1694/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 376/2023 de 21 de abril del 2025

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, la sentencia número 14/2023, de 24 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Granada en cuyo fallo se estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Granada de 21.10.22, expediente NUM000, que deniega la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo y se dispone en el fallo "QUE ESTIMO ÍNTEGRAMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Vicente contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Granada de 21.10.22, expediente NUM000, anulando la misma y declarando procedente la autorización por arraigo social interesada. Se imponen las costas a la parte recurrida, fijándose en 300 euros la cantidad máxima a reclamar por todos los conceptos del artículo 241.1 de la LEC ."

SEGUNDO.-Posición de la parte apelante.

La Abogada del Estado sustituta apela la sentencia antes citada alegando, en síntesis, que no se ha aportado prueba suficiente capaz de desvirtuar el sentido de la resolución impugnada. Invoca error en la valoración de la prueba, toda vez que si la carencia de prueba se determina entre enero de 2020 hasta julio de 2021, la Sentencia apelada no puede otorgar fuerza probatoria al contrato con Banco Sabadell de tarjeta bancaria de 28.5.21 (constando solo firma bancaria);cancelación de depósito del Banco Sabadell (sin firma) cuando el actor no estaba presente a la fecha de su firma; o declaración de datos personales (sin constar firma) en el Banco Sabadell de 22 de junio de 2020. En cuanto al resto de pruebas que menciona la sentencia: El poder notarial de 20 de julio de 2020 seguirá dejando un periodo sin prueba de mas de 120 días (desde enero 2020 a Julio 2020). Igual ocurre con los envíos de dinero a través de la empresa Money Gran de 9.10.21, 6.9.21; 18.9.21; 2.9.21; 3.8.21; de 29.3.21; Certificado de vacuna COVID emitido por el SAS de 4.11.21; solicitud de licencia de venta ambulante ante el Ayuntamiento de Granada de 22.3.22; certificado de empadronamiento en las Gabias de 6.4.22: sigue existiendo un perido de carencia de prueba entre agosto 2020 a marzo de 2021 (mas de 8 meses) y desde abril 2021 a julio 2021 (otros tres meses más). Igualmente la sentencia apelada comete un claro error en la valoración de la prueba aludiendo a pruebas que no se refieren al periodo consignado en la denegación, e incurriendo en una grave incongruencia. Los movimientos de cuenta de correos de julio 2021 a septiembre de 2022 a julio ; movimientos de cuenta del Banco Sabadell de mayo de 2021 a enero de 2022 no son personales, por lo que podrían haberse realizado por cualquier persona.

TERCERO.-Posición de la parte apelada.

La parte recurrente formuló oposición al recurso de apelación alegando, en síntesis, que tal y como recoge la sentencia apelada, de la documental obrante se deduce su estancia continuada y los documentos aportados, hacen prueba plena, pues en ningún caso han sido impugnados de contrario y tal y como establece el artículo 60.4 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con el 326.1 y el 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El recurrente vive en España desde hace más de tres años, dispone de todos los requisitos exigidos en derecho para disponer de residencia por circunstancia excepcionales, y la prueba aportada y no impugnada verifica la residencia exigida. Es doctrina reiterada de la Sala, que ha de prevalecer la apreciación de las pruebas realizada en la instancia, salvo en aquellos casos en los que se revele de forma clara y palmaria que el órgano a quo ha incurrido en error al efectuar tal operación, en supuestos graves y evidentes de desviación que la hagan totalmente ilógica, opuesta a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica. La razón de fondo se encuentra en que es el órgano judicial de instancia quien practica de forma directa las pruebas, con observancia del principio de inmediación y en contacto directo con el material probatorio, con lo que estará en mejor posición para llevar a cabo esta labor de análisis de la prueba que la que tendrá la Sala que conozca de la apelación. Por tanto, como punto de partida, debe respetarse esta valoración, siempre que no sea manifiestamente ilógica, irracional, arbitraria o absurda, o conculque principios generales del derecho. Añade que ha de tenerse en cuenta la dificultad de un extranjero, en estos tres últimos años, agravada por la situación de estado alarma generada por el COVID, para poder desplazarse fuera del territorio nacional y retornar.

CUARTO.-La sentencia recurrida argumenta "Dicho esto, el recurrente trata de acreditar su estancia en España entre enero de 2020 y julio de 2022 con la siguiente documentación: poder notarial de 20 de julio de 2020; declaración de datos personales (sin constar firma) en el Banco Sabadell de 22 de junio de 2020;envíos de dinero a través de la empresa Money Gran de 9.10.21, 6.9.21; 18.9.21; 2.9.21; 3.8.21;contrato con Banco Sabadell de tarjeta bancaria de 28.5.21 (constando solo firma bancaria);cancelación de depósito del Banco Sabadell (sin firma)de 29.3.21; certificado de vacuna COVID emitido por el SAS de 4.11.21;movimientos de cuenta de correos de julio 2021 a septiembre de 2022 a julio; movimientos de cuenta del Banco Sabadell de mayo de 2021 a enero de 2022; solicitud de licencia de venta ambulante ante el Ayuntamiento de Granada de 22.3.22;certificado de empadronamiento en las Gabias de 6.4.22. Examinados tales documentos, se considera acreditado suficientemente la estancia continuada del interesado en España durante el periodo discutido. Fundamentalmente los constituidos por el poder notarial de julio de 2020, certificado vacunación COVID de noviembre de 2021, solicitud de licencia de venta ambulante de marzo de 2022 y solicitud de empadronamiento en Las Gabias de abril de 2022. A mayor abundamiento, se le ha de unir la demás documentación, fundamentalmente envíos de dinero, habiendo además de valorarse el hecho evidente del periodo de estado de alarma declarado en España desde marzo de 2020 y el confinamiento que supuso durante los primeros meses, que implica necesariamente una mayor dificultad de prueba. En concreto y en cuanto a la acreditación de la estancia en España mediante el certificado del Padrón Municipal, constituye una presunción de residencia. Es bien conocido que conforme al artículo 18.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local «La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España». Y, en todo caso, constituye reiterada doctrina jurisprudencial que los datos que figuran en el padrón del municipio admiten prueba en contrario, es decir, que establecen una presunción "iuris tantum" y no "iure et de iure".

QUINTO.-Versa la cuestión sobre la acreditación de la permanencia continuada en España durante tres años, conforme exige el artículo 124.1 del Real Decreto 557/2011 dice:

"por arraigo social, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años.

Además, deberá cumplir, de forma acumulativa, los siguientes requisitos :

a) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años.

b) Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año. Dicha contratación habrá de estar basada en la existencia de un solo contrato, salvo en los siguientes supuestos:

1º En el caso del sector agrario, cabrá la presentación de dos contratos, con distintos empleadores y concatenados, cada uno de ellos de duración mínima de seis meses.

2º En el caso de desarrollo de actividades en una misma ocupación, trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de un empleador, se admitirá la presentación de varios contratos, todos ellos de duración mínima de un año, y cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a treinta horas en el cómputo global.

c) Tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe de arraigo que acredite su integración social, emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual.

A estos efectos, los vínculos familiares se entenderán referidos exclusivamente a los cónyuges o parejas de hecho registradas, ascendientes y descendientes en primer grado y línea directa.

En los supuestos de arraigo social acreditado mediante informe, que deberá ser emitido y notificado al interesado en el plazo máximo de treinta días desde su solicitud, en éste deberá constar, entre otros factores de arraigo que puedan acreditarse por las diferentes Administraciones competentes, el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio habitual, en el que deberá estar empadronado, los medios económicos con los que cuente, los vínculos con familiares residentes en España, y los esfuerzos de integración a través del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales. Simultáneamente y por medios electrónicos, la Comunidad Autónoma deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería competente.

A dichos efectos, el órgano autonómico competente podrá realizar consulta al Ayuntamiento donde el extranjero tenga su domicilio habitual sobre la información que pueda constar al mismo.

El informe de arraigo referido anteriormente podrá ser emitido por la Corporación local en la que el extranjero tenga su domicilio habitual, cuando así haya sido establecido por la Comunidad Autónoma competente, siempre que ello haya sido previamente puesto en conocimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

El informe de la Corporación local habrá de ser emitido y notificado al interesado en el plazo de treinta días desde la fecha de la solicitud. Simultáneamente y por medios electrónicos, la Corporación local deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería competente.

El órgano que emita el informe podrá recomendar que se exima al extranjero de la necesidad de contar con un contrato de trabajo, siempre y cuando acredite que cuenta con medios económicos suficientes. En caso de cumplirse los requisitos previstos en el art. 105.3 de este Reglamento, se podrá alegar que los medios económicos derivan de una actividad a desarrollar por cuenta propia.

En caso de que el informe no haya sido emitido en plazo, circunstancia que habrá de ser debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito por cualquier medio de prueba admitido en Derecho".

SEXTO.-Posición de la Sala

Se impugna la sentencia dictada en la instancia alegando error en la valoración de la prueba.

En relación con la valoración de la prueba, es reiterada y constante la doctrina Jurisprudencial que destaca que en el proceso contencioso administrativo la prueba se rige por los mismos principios que la regulan en el proceso civil, y no se puede olvidar que la base de la convicción del Juzgador para dictar sentencia descansa en la valoración conjunta y ponderada de toda la prueba practicada. Ello implica que, en principio, ha de respetarse la valoración efectuada por el Juez de instancia siempre que la misma no sea manifiestamente ilógica, irracional, arbitraria, absurda o conculque principios generales del derecho ( STS de 22 de Septiembre , 6 de Octubre y 19 de Noviembre de 1.999 , 22 de Enero y 5 de Febrero de 2.000 ), sin que esté permitido sustituir la lógica o la sana crítica del Juzgador actuante por la de la parte ( sentencias del mismo Alto Tribunal de 30 de Enero , 27 de Marzo , 17 de Mayo , 19 de Junio y 1 de Octubre de 1.999 , de 22 de Enero y 5 de Mayo de 2.000 entre innumerables otras).

Del expediente administrativo resulta que el recurrente presenta la solicitud de autorización dc residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, (arraigo social) en fecha de 8 de julio de 2022, siendo denegada en resolución de 2 de septiembre de 2022, por no quedar suficientemente acreditada la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 3 años como exige el artículo 124.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, en relación con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, al no constar documentación acreditativa de dicha permanencia, a pesar del requerimiento efectuado. Frente a la citada resolución se interpuso recurso de reposición, el cual fue desestimado en resolución de 21 de octubre de 2022 por "No quedar suficientemente acreditada la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 3 años como exige el artículo 124.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, en relación con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, al no constar documentación acreditativa de dicha permanencia durante el periodo comprendido desde enero de 2020 hasta julio de 202, a pesar del requerimiento efectuado".

Entre las pruebas documentales que han sido valoradas en la sentencia de instancia para tener por acreditada la permanencia continuada en los tres años anteriores a la solicitud se cita el certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de Las Gabias de 6 de abril de 2022 y su valor probatorio. Se aporta al expediente administrativo el referido certificado del que resulta la fecha de alta, el día 2 de mayo de 2018. No obstante, respecto de la eficacia probatoria de la inscripción en el Padrón municipal, hemos de significar que esta Sala y Sección, en sentencia de 27 de mayo de 2021 (recurso de apelación 1080/2019) ya se ha pronunciado al respecto, concluyendo que, a los efectos del artículo 124.2 del Reglamento de Extranjería, de los arts. 53.1 y 56.2 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, no se desprende de una presunción de permanencia continuada derivada del certificado de empadronamiento.

Efectivamente, en la mencionada sentencia la Sala dijo que " Señala el artículo 53.1 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales "El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos". Por su parte, dispone el artículo 56.2. del mismo texto legal que "La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España". De la lectura conjunta de ambos preceptos entiende esta Sala que no se desprende la existencia, a los efectos del artículo 124.2, de una presunción de permanencia continuada derivada del certificado de empadronamiento. Tal posibilidad no está consagrada en la legislación de extranjería ni puede extraerse del tenor literal de las normas trascritas. Una cosa es la residencia habitual (con los numerosos efectos civiles y administrativos) que no exige una presencia permanente, y otra cosa la permanencia continuada. Es cierto que el certificado de empadronamiento constituye un indicio de permanencia en el territorio nacional, pero por si sólo no permite entender que aquélla sea continuada si no va acompañada de otras pruebas."

En relación a la documental que ha sido valorada en la sentencia resultan los siguientes documentos:

-poder notarial de 20 de julio de 2020;

-declaración de datos personales (sin constar firma) en el Banco Sabadell de 22 de junio de 2020;

-envíos de dinero a través de la empresa Money Gran de 9.10.21, 6.9.21; 18.9.21; 2.9.21; 3.8.21;

-contrato con Banco Sabadell de tarjeta bancaria de 28.5.21 (constando solo firma bancaria);

-cancelación de depósito del Banco Sabadell (sin firma)de 29.3.21;

-certificado de vacuna COVID emitido por el SAS de 4.11.21;

-movimientos de cuenta de correos de julio 2021 a septiembre de 2022;

-movimientos de cuenta del Banco Sabadell de mayo de 2021 a enero de 2022; -solicitud de licencia de venta ambulante ante el Ayuntamiento de Granada de 22.3.22;

-certificado de empadronamiento en las Gabias de 6.4.22.

De la documental referenciada no resulta acreditada la permanencia en España durante tres años anteriores a la solicitud, toda vez que como se invoca en el recurso de apelación por la Abogacía del Estado, el poder notarial de 20 de julio de 2020 seguirá dejando un periodo sin prueba de mas de 120 días (desde enero 2020 a Julio 2020). Igual ocurre con los envíos de dinero a través de la empresa Money Gran de 9.10.21, 6.9.21; 18.9.21; 2.9.21; 3.8.21; de 29.3.21; certificado de vacuna COVID emitido por el SAS de 4.11.21; solicitud de licencia de venta ambulante ante el Ayuntamiento de Granada de 22.3.22 de lo que resulta un perido de carencia de prueba entre agosto 2020 a marzo de 2021 (mas de 8 meses) . Respecto de los movimientos de cuenta de correos de julio 2021 a septiembre de 2022 y movimientos de cuenta del Banco Sabadell de mayo de 2021 a enero de 2022 aún cuando hubieran sido realizados personalmente no justifican los periodos de carencia. De cuanto antecede, de la prueba documental valorada en la sentencia de instancia, resulta que de enero de 2020 a julio de 2020 no queda acreditada la permanencia, y aún cuando ciertamente el periodo de confinamiento por COVID-19 abarcó entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020 , desde enero de 2020 hasta el 20 de julio de 2020, no consta ninguna documentación justificativa de la permanencia. Así mismo desde la indicada fecha hasta el 29 de marzo de 2021, fecha del primero de los envios de dinero a través de la empresa Money Granm esto es, aproximadamente ocho meses.

Por lo expuesto el recurso va a ser estimado, toda vez que de la documental aportada y valorada en la sentencia, esta Sala no considera acreditado el requisito de estancia continuada en España por lo que siendo los requisitos que establece el artículo 124 del RD 557/2011 cumulativos, y no cumpliéndose uno de ellos, la resolución administrativa se considera ajustada a derecho.

SEXTO.-No procede la imposición de costas en aplicación del art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.