Sentencia Contencioso-Administrativo 492/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 699/2022 de 24 de febrero del 2026

PRIMERO.-Se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (TEARA) de fecha 24 de febrero de 2022.

Esta actuación administrativa impugnada desestima la reclamación económico administrativa nº 04/1169/2021, interpuesta por la mercantil Antequera y Cerezuela SL contra el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición frente a la providencia de apremio con clave de liquidación 088204090772, dictada por la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía por importe total de 16.719,88 euros.

La resolución de 24 de febrero de 2022 considera que con arreglo al artículo 167.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), no concurre ninguna causa de impugnación de las legalmente previstas, pues la notificación de la liquidación se efectuó con arreglo a Derecho.

Se indica, a tal efecto, que la mercantil estaba obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, sin que sea necesaria la notificación de la inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas, por lo que al ser eficaz la notificación efectuada el día 8 de diciembre de 2020, relativa a la liquidación de la que trae causa la providencia de apremio, y habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario el día 20 de enero de 2021 sin que la deuda fuese satisfecha, se considera ajustada a Derecho la providencia de apremio impugnada.

SEGUNDO.-La parte recurrente, en síntesis, sostiene que la mercantil Antequera Cerezuela SL tiene por objeto el cultivo de hortalizas y productos de vivero y que su representante es agricultor desde los dieciséis años, y que el día 30 de agosto de 2017 recibió una comunicación de la AEAT en la que se indicaba que las notificaciones de la AEAT las recibiría por vía electrónica pero que no se le comunicó la inclusión en la Dirección Electrónica Habilitada de las notificaciones de la Agencia Tributaria de Andalucía. Se alega que se le indicó que se remitiría un aviso de notificación por correo electrónico cuando hubiera una notificación.

Sin embargo, aduce la demanda que no consta en el expediente administrativo ningún requerimiento de documentación, y que los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre incumplen el artículo 10 de la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, pues no incluyen el propio acto o actuación notificada, y que no se recibió ningún aviso de puesta a disposición.

También argumenta la demanda que se dio de alta voluntaria en el sistema de notificaciones electrónicas de la Junta de Andalucía el día 31 de marzo de 2021, lo que considera que no debiera haber sido posible ya que estaba obligado a tales notificaciones electrónicas, lo que pone de manifiesto la inseguridad jurídica y la vulneración de la confianza legítima en el buen funcionamiento de las Administraciones públicas.

Expone la parte actora que no se tuvo conocimiento de ninguno de los actos supuestamente notificados, ya que hay un error en la identificación de la providencia de apremio, aunque fue aceptada la notificación el mismo día de su puesta a disposición, y la recurrió en reposición.

Se considera que la jurisprudencia constitucional avala que, en casos como el presente, se anule la providencia de apremio al haberse generado indefensión.

TERCERO.-La contestación a la demanda de la Administración estatal solicita la desestimación de la demanda al entender conforme a Derecho la actuación administrativa impugnada.

Razona la Administración demandada que las notificaciones se efectuaron con arreglo a Derecho, por lo que no concurre ninguna de las causas del artículo 167 de la LGT que regula los motivos tasados de oposición al procedimiento de apremio.

La Administración autonómica, por su parte, tras remitirse a lo razonado por el TEARA, expone que se esgrime por la parte actora "una propuesta de organización de las notificaciones electrónicas pudiendo resultar interesante en otros ámbitos esta reflexión"pero que "el objeto de este proceso no puede ir más allá de la acreditación de la notificación de la liquidación a la que sucedió la providencia de apremio".Y que la liquidación fue puesta a disposición de la mercantil recurrente el día 27 de noviembre de 2020 a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas, por lo que al transcurrir diez días sin que se accediese a su contenido se le tuvo por notificada de acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 39/2015.

CUARTO.-Para resolver la controversia jurídica sometida ante este Tribunal es menester tener en cuenta lo que establece el artículo 161.1, letra a), de la Ley General Tributaria para las deudas liquidadas por la Administración, en las que el período ejecutivo se inicia al día siguiente de finalizar el plazo reglamentario para realizar su ingreso, por lo que de forma automática la deuda no ingresada en período voluntario de pago, entra en período ejecutivo de recaudación a través de dos fases perfectamente diferenciadas:

1) Una primera donde la deuda se persigue a través de un procedimiento de apremio que se inicia con la notificación de la providencia que lleva ese nombre, título habilitante para la realización de la deuda tributaria, y que viene caracterizado por dos rasgos esenciales, cuales son, de una parte, que los plazos para realizar el ingreso de la deuda son más cortos que los previstos para proceder a su pago en período voluntario (Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005), y, de otra, que las causas de oposición a la vía de apremio quedan tasadas en el artículo 167.3 de la Ley General Tributaria.

Y 2) la siguiente fase del procedimiento ejecutivo de recaudación supone la intervención máxima sobre el patrimonio del deudor y se inicia con la diligencia de embargo, frente a la que solo es posible aducir los motivos de oposición previstos expresamente en el articulo 170.3 de la LGT, concretamente la extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, la falta de notificación de la providencia de apremio, el incumplimiento de las normas reguladoras del embargo previstas en la Ley y la suspensión del procedimiento de recaudación.

De tal manera que como consta acreditado que el recurrente no pagó en periodo voluntario, cuando se notificó la providencia de apremio se inició el periodo ejecutivo. Frente a esa providencia de apremio cabe alegar las causas previstas en el artículo 167.3, que son:

a) extinción de la deuda o prescripción, b) solicitud de aplazamiento o fraccionamiento o compensación, c) falta de notificación de la liquidación, d) anulación de la liquidación o e) error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

En la demanda se alega que hubo falta de notificación de la liquidación 088204090772, esto es, la causa prevista en la letra c) del artículo 167 de la LGT, pero las alegaciones relativas a los supuestos defectos formales relativos al requerimiento de documentación deben ser desestimadas de plano, al no corresponderse con ninguna de las causas ni legal ni jurisprudencialmente previstas para la impugnación de una providencia de apremio.

QUINTO.-El principal argumento de la parte recurrente se centra en que no se tuvo conocimiento de las notificaciones y que esto le generó indefensión material, en relación con el principio de buena administración y confianza legítima.

Sin embargo, examinado el expediente administrativo, no se considera que se hubiera generado indefensión material, ya que la notificación de la liquidación se efectuó con arreglo a Derecho.

No se aprecia que se haya generado indefensión, como se alega en la demanda, toda vez que se conocía la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas por venir contenida tal obligación en una norma con rango de ley, la ley 39/2015, y la falta de acceso a las mismas obedece únicamente a la propia voluntad de la mercantil, que disponía de acceso a las comunicaciones electrónicas.

Consta en el expediente administrativo que la notificación de la liquidación 0102041411883 tuvo lugar el día 27 de noviembre de 2020 a las 00:10:34, tras haber sido puesta a disposición de la mercantil, por lo que el día 8 de diciembre de 2020 se tuvo por notificada, según el certificado emitido por el servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (folio 152/279), sin que se accediese a la misma.

Por tanto, de acuerdo con el artículo 43.2 de la ley 39/2015, se entendió rechazada la notificación al haber transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se accediese a la misma.

La parte actora discute en este proceso cuáles son los efectos de la supuesta falta de aviso de puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica mediante correo electrónico.

Y para dar respuesta a esta cuestión hay que tener en cuenta que, como se sostuvo en la Sentencia de 1 de julio de 2023, dictada en el recurso 1204/2020, no se puede dar por supuesta ni la falta de envío de correo electrónico, ni tampoco la existencia de avisos mediante correo electrónico en anteriores ocasiones, por ser una cuestión relevante para este proceso, y sobre la que la mercantil actora no ha aportado ninguna prueba, pese a tener la carga de la prueba con arreglo al artículo 217 de la LEC por ser un hecho constitutivo de su pretensión.

Esto es, no puede darse por sentado, con la simple alegación, que en este caso concreto no se envió correo electrónico de aviso de puesta a disposición, y en anteriores ocasiones sí se envió, pues una alegación de tal naturaleza requiere que la misma sea probada o que se practique algún tipo de prueba al respecto, cosa que no se ha hecho.

En este sentido, hay una evidente facilidad probatoria al alcance de la mercantil para probar que en ocasiones anteriores se había enviado un correo electrónico, pues habría bastado con que se aportara copia de tales correos supuestamente recibidos, pero lo aportado como documento 2 de la demanda es una captura de pantalla de la página de la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y no de un servidor de correo electrónico.

Aún dando por probado que se hubieran dado los avisos en ocasiones anteriores, sí que sería más difícil que se probara no haber recibido un correo electrónico relativo a la notificación aquí controvertida por tratarse de un hecho negativo, que siempre es más difícil demostrar, pues obviamente es complicado demostrar que no se recibió un correo electrónico. Pero se debería haber solicitado como prueba que la Administración aportase, si lo hubiere, tal correo, y tampoco se ha propuesto prueba alguna al respecto.

Así las cosas, de la valoración de la prueba, según las reglas de la sana crítica, no se considera probado que la Administración tributaria enviara habitualmente un correo electrónico de aviso a la mercantil, pero aún considerándolo probado, tampoco se considera probado que en la notificación aquí controvertida hubiera habido ausencia de correo electrónico de aviso de puesta a disposición, por lo que no se consideran vulnerados los principios de buena administración y confianza legítima.

En este caso concreto no hay ni incumplimiento de las formalidades legales ni tampoco ninguna infracción de las normas sobre notificación antes citadas.

SEXTO.-Con lo anteriormente expuesto ya se podría desestimar el recurso interpuesto, pues la falta de prueba de la habitual recepción de correo electrónico de aviso, así como la falta de prueba de la ausencia de correo en la última notificación controvertida impide que se pueda valorar si, en este caso concreto, se ha lesionado el derecho a una buena administración o el principio de confianza legítima, invocados implícitamente en la demanda.

En cualquier caso, y a mayor abundamiento, hay que señalar que el tenor del artículo 41.6 de la Ley 39/2015 es bastante claro:

"La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida".

Y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido contraria a atribuir efecto anulatorio a la falta de ese aviso de puesta a disposición mediante correo electrónico.

Así, en la Sentencia nº 610/2022, dictada en el recurso 163/2021, de fecha 25 de mayo de 2022, manifiesta el Tribunal Supremo que:

"cabe significar que no entendemos que la regulación del aviso, establecida en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015 , sea incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada en relación con el sistema de notificación de los actos procesales a través de "Lexnet", en cuanto no se prevé que el aviso por la Administración sea imprescindible para que se pueda construir la excepción procesal del acto consentido contra el administrado y en favor de la decisión de la Administración, porque lo que exige el principio de seguridad jurídica es que la notificación se practique al interesado de la forma legalmente prevista en los artículos 40 , 41 y 42 del citado texto legal , y que, con independencia de que se realice en papel o por medios electrónicos, se garantice plenamente al interesado el conocimiento de la resolución administrativa que le permita utilizar todos los medios de defensa que considere adecuados para defender sus derechos e intereses legítimos."

Y añade que "no estimamos que sea pertinente el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto de la previsión contenida en el artículo 41.6 in fine de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , que se sustenta en la infracción del artículo 24 de la Constitución , puesto que de la doctrina expuesta en la mencionada sentencia constitucional 6/2019, de 17 de enero, no existe base para entender que la regulación del "aviso de la puesta a disposición de la notificación", en lo que se refiere a que la falta de práctica de este aviso no impedirá que sea considera plenamente válida la notificación, debido al carácter meramente informativo del aviso, pueda incidir negativamente en el ejercicio del derecho de defensa ante la Administración Pública y en la ulterior vía del procedimiento judicial, en la medida que la previsión legal cuestionada no pone en riesgo las garantías procedimentales ni procesales, en referencia a los actos de comunicación por medios electrónicos, que tiene como objeto que quede constancia fehaciente tanto del hecho de la recepción del acto de comunicación por el destinatario y su fecha, como del contenido del acto administrativo."

De tal forma que ni el tenor del artículo 41.6 de la Ley 39/2015, ni tampoco su finalidad, ni la interpretación del mismo por parte del Tribunal Supremo sostienen la interpretación que postula la mercantil en este asunto, lo que obliga a desestimar el recurso, máxime si tenemos en cuenta, como antes se expuso, que, además, no está probada ni la recepción del aviso en anteriores ocasiones ni la falta de aviso en este caso concreto.

SÉPTIMO.-Sobre la falta de la notificación de inclusión en el sistema se ha pronunciado la resolución del TEAC de 22 de enero de 2021, en sentido contrario a lo sostenido en la demanda, señalando que con la legislación en vigor no es necesaria la notificación de inclusión en la DEH.

Se pronuncia el TEAC en los siguientes términos:

"Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la posibilidad de la AEAT de efectuar notificaciones electrónicas a los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 39/2015 , no puede depender de la previa notificación de su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas (NEO). Quiere ello decir que a partir del 2 de octubre de 2016 ya no es exigible a la AEAT la obligación de notificar la inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada a que se refiere el artículo 5.1 del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre , a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica del artículo 4.1 del Real Decreto 1363/2010 , a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica no incluidas entre las anteriores que cumplan alguno de los requisitos del artículo 4.2 de dicha norma y a aquellas personas físicas que reuniendo alguno de los requisitos del artículo 4.2 del Real Decreto 1363/2010 estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 ."

El planteamiento del TEAC ha tenido expresa acogida en la Sentencia de 17 de diciembre de 2024, recurso nº 3605/2023, ponente Excma. Sra. Dª Esperanza Córdoba Castroverde, que señala lo siguiente en Fundamento de Derecho Cuarto, punto 2, párrafo segundo:

"desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, que deroga las normas anteriores en la medida en que contradigan su texto, se ha regulado expresamente quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones sin que aparezca regulada la obligación por parte de estas de realizar comunicación o aviso alguno a los administrados sobre la inclusión en el sistema electrónico".

Esta interpretación normativa, que comparte plenamente este Tribunal, implica, por tanto, que no existía ninguna obligación de la Administración de notificar a la mercantil aquí recurrente, Antequera y Cerezuela SL, su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas, ya que por disposición legal estaba obligada a ello, y no era precisa ninguna comunicación o aviso a tal efecto.

OCTAVO.-Sentado lo anterior, y siguiendo lo señalado por el Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de diciembre de 2024, recurso nº 3605/2023, antes citada, debemos indicar que la notificación de los actos administrativos viene configurada como un presupuesto de su eficacia ( art. 39.2º de la Ley 39/2015), siendo obligatoria respecto de los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados por tales actos.

La finalidad de la notificación es garantizar que el contenido del acto administrativo llegue a conocimiento de los interesados y que estos, en su caso, puedan interponer los recursos procedentes.

La más reciente doctrina constitucional, sentencias 84/2022, de 27 de junio y 147/2022, de 29 de noviembre, no es ajena a la ponderación, en todo tipo de procedimientos administrativos tributarios (no solo sancionadores), de las circunstancias concurrentes para la salvaguarda de las garantías del artículo 24 de la CE, ante notificaciones en direcciones electrónicas habilitadas.

Y, de acuerdo con lo señalado, hemos de indagar si en este caso concreto, a pesar de no ser necesario un aviso de inclusión en la notificación electrónica habilitada, ni tampoco un aviso de puesta a disposición de cada notificación, la regularidad formal de las notificaciones cumplió con las garantías propias del proceso administrativo.

Partimos de la base de que, como señala el Tribunal Supremo, la Agencia Tributaria de Andalucía podía hacer uso de la Dirección Electrónica Habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en virtud del Convenio (adhesión) suscrito el 4 de abril de 2018 por la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía y el Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMTRCM), en el que la Agencia Tributaria de Andalucía manifiesta su voluntad de utilizar, para la práctica de las notificaciones y comunicaciones, los servicios de Notificaciones Electrónicas y de Dirección Electrónica Habilitada operados por la FNMT-RCM, cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública (Secretaría General de Administración Digital -SGAD), y que forman parte del Servicio compartido de gestión de notificaciones -Notific@.

Igualmente, partimos de que la sociedad destinataria de la comunicación, Antequera Cerezuela SL, está obligada a comunicarse por medios electrónicos siempre que la Administración cuente con los medios electrónicos necesarios (y la Agencia Tributaria de Andalucía cuenta con la DEH -Dirección Electrónica Habilitada- para realizar las notificaciones y comunicaciones electrónicas a partir del 4 de abril de 2018), habiendo sido practicadas las notificaciones a través del servicio de Soporte del Servicio de Notificaciones Electrónicas y Dirección Electrónica Habilitada (DEH), de acuerdo con el citado Convenio.

Pues bien, como señala el Tribunal Supremo, en la sentencia citada de 17 de diciembre de 2024, no puede establecerse una doctrina general de aplicación a cualquier supuesto suscitado, pues ello requiere el examen de las concretas circunstancias del caso planteado.

Y en este caso concreto se concluye que la notificación se efectuó con arreglo a Derecho y que la falta de acceso a la notificación obedeció a la falta de diligencia de la mercantil.

La sentencia 84/2022 del Tribunal Constitucional que invoca la parte, y a la que antes hemos hecho referencia, se dicta en un caso con unas concretas circunstancias muy particulares que no se dan en el presente recurso.

Por último, no se considera que los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre incumplan el artículo 10 de la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, pues lo que exige esta norma es que en la DEH del interesado se incluya la copia del acto o actuación notificada y que así se certifique, no que la certificación que obra al folio 152 adjunte copia del acto, siendo válido, además, el sello electrónico, que sí contiene la indicada certificación.

NOVENO.-La consecuencia de que no se considere contraria a Derecho la notificación de la liquidación es que, en definitiva, la actuación administrativa es ajustada a Derecho, puesto que la liquidación que dio lugar a la providencia de apremio fue notificada de forma correcta, y ante el impago en periodo voluntario se dictó la providencia de apremio.

No concurre, por tanto, la causa c) del artículo 167.3 de la LGT invocada en la demanda, lo que obliga a la desestimación del recurso y confirmación de la actuación administrativa impugnada.

DÉCIMO.-Procede la imposición de costas de esta instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, al haber sido desestimadas todas las pretensiones de la demanda, ya que el caso no presentaba serias dudas de hecho ni de derecho.

Se acuerda limitar el importe de las costas, por el concepto de Letrado, a la cantidad máxima de 1.500 euros, de los que 750 corresponderán a la Administración estatal, y 750 a la Administración autonómica, cantidad que se fija en atención a la cuantía del recurso, la complejidad de las cuestiones planteadas, y la tramitación procesal que ha incluido la presentación de conclusiones.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.-Se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (TEARA) de fecha 24 de febrero de 2022.

Esta actuación administrativa impugnada desestima la reclamación económico administrativa nº 04/1169/2021, interpuesta por la mercantil Antequera y Cerezuela SL contra el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición frente a la providencia de apremio con clave de liquidación 088204090772, dictada por la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía por importe total de 16.719,88 euros.

La resolución de 24 de febrero de 2022 considera que con arreglo al artículo 167.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), no concurre ninguna causa de impugnación de las legalmente previstas, pues la notificación de la liquidación se efectuó con arreglo a Derecho.

Se indica, a tal efecto, que la mercantil estaba obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, sin que sea necesaria la notificación de la inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas, por lo que al ser eficaz la notificación efectuada el día 8 de diciembre de 2020, relativa a la liquidación de la que trae causa la providencia de apremio, y habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario el día 20 de enero de 2021 sin que la deuda fuese satisfecha, se considera ajustada a Derecho la providencia de apremio impugnada.

SEGUNDO.-La parte recurrente, en síntesis, sostiene que la mercantil Antequera Cerezuela SL tiene por objeto el cultivo de hortalizas y productos de vivero y que su representante es agricultor desde los dieciséis años, y que el día 30 de agosto de 2017 recibió una comunicación de la AEAT en la que se indicaba que las notificaciones de la AEAT las recibiría por vía electrónica pero que no se le comunicó la inclusión en la Dirección Electrónica Habilitada de las notificaciones de la Agencia Tributaria de Andalucía. Se alega que se le indicó que se remitiría un aviso de notificación por correo electrónico cuando hubiera una notificación.

Sin embargo, aduce la demanda que no consta en el expediente administrativo ningún requerimiento de documentación, y que los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre incumplen el artículo 10 de la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, pues no incluyen el propio acto o actuación notificada, y que no se recibió ningún aviso de puesta a disposición.

También argumenta la demanda que se dio de alta voluntaria en el sistema de notificaciones electrónicas de la Junta de Andalucía el día 31 de marzo de 2021, lo que considera que no debiera haber sido posible ya que estaba obligado a tales notificaciones electrónicas, lo que pone de manifiesto la inseguridad jurídica y la vulneración de la confianza legítima en el buen funcionamiento de las Administraciones públicas.

Expone la parte actora que no se tuvo conocimiento de ninguno de los actos supuestamente notificados, ya que hay un error en la identificación de la providencia de apremio, aunque fue aceptada la notificación el mismo día de su puesta a disposición, y la recurrió en reposición.

Se considera que la jurisprudencia constitucional avala que, en casos como el presente, se anule la providencia de apremio al haberse generado indefensión.

TERCERO.-La contestación a la demanda de la Administración estatal solicita la desestimación de la demanda al entender conforme a Derecho la actuación administrativa impugnada.

Razona la Administración demandada que las notificaciones se efectuaron con arreglo a Derecho, por lo que no concurre ninguna de las causas del artículo 167 de la LGT que regula los motivos tasados de oposición al procedimiento de apremio.

La Administración autonómica, por su parte, tras remitirse a lo razonado por el TEARA, expone que se esgrime por la parte actora "una propuesta de organización de las notificaciones electrónicas pudiendo resultar interesante en otros ámbitos esta reflexión"pero que "el objeto de este proceso no puede ir más allá de la acreditación de la notificación de la liquidación a la que sucedió la providencia de apremio".Y que la liquidación fue puesta a disposición de la mercantil recurrente el día 27 de noviembre de 2020 a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas, por lo que al transcurrir diez días sin que se accediese a su contenido se le tuvo por notificada de acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 39/2015.

CUARTO.-Para resolver la controversia jurídica sometida ante este Tribunal es menester tener en cuenta lo que establece el artículo 161.1, letra a), de la Ley General Tributaria para las deudas liquidadas por la Administración, en las que el período ejecutivo se inicia al día siguiente de finalizar el plazo reglamentario para realizar su ingreso, por lo que de forma automática la deuda no ingresada en período voluntario de pago, entra en período ejecutivo de recaudación a través de dos fases perfectamente diferenciadas:

1) Una primera donde la deuda se persigue a través de un procedimiento de apremio que se inicia con la notificación de la providencia que lleva ese nombre, título habilitante para la realización de la deuda tributaria, y que viene caracterizado por dos rasgos esenciales, cuales son, de una parte, que los plazos para realizar el ingreso de la deuda son más cortos que los previstos para proceder a su pago en período voluntario (Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005), y, de otra, que las causas de oposición a la vía de apremio quedan tasadas en el artículo 167.3 de la Ley General Tributaria.

Y 2) la siguiente fase del procedimiento ejecutivo de recaudación supone la intervención máxima sobre el patrimonio del deudor y se inicia con la diligencia de embargo, frente a la que solo es posible aducir los motivos de oposición previstos expresamente en el articulo 170.3 de la LGT, concretamente la extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, la falta de notificación de la providencia de apremio, el incumplimiento de las normas reguladoras del embargo previstas en la Ley y la suspensión del procedimiento de recaudación.

De tal manera que como consta acreditado que el recurrente no pagó en periodo voluntario, cuando se notificó la providencia de apremio se inició el periodo ejecutivo. Frente a esa providencia de apremio cabe alegar las causas previstas en el artículo 167.3, que son:

a) extinción de la deuda o prescripción, b) solicitud de aplazamiento o fraccionamiento o compensación, c) falta de notificación de la liquidación, d) anulación de la liquidación o e) error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

En la demanda se alega que hubo falta de notificación de la liquidación 088204090772, esto es, la causa prevista en la letra c) del artículo 167 de la LGT, pero las alegaciones relativas a los supuestos defectos formales relativos al requerimiento de documentación deben ser desestimadas de plano, al no corresponderse con ninguna de las causas ni legal ni jurisprudencialmente previstas para la impugnación de una providencia de apremio.

QUINTO.-El principal argumento de la parte recurrente se centra en que no se tuvo conocimiento de las notificaciones y que esto le generó indefensión material, en relación con el principio de buena administración y confianza legítima.

Sin embargo, examinado el expediente administrativo, no se considera que se hubiera generado indefensión material, ya que la notificación de la liquidación se efectuó con arreglo a Derecho.

No se aprecia que se haya generado indefensión, como se alega en la demanda, toda vez que se conocía la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas por venir contenida tal obligación en una norma con rango de ley, la ley 39/2015, y la falta de acceso a las mismas obedece únicamente a la propia voluntad de la mercantil, que disponía de acceso a las comunicaciones electrónicas.

Consta en el expediente administrativo que la notificación de la liquidación 0102041411883 tuvo lugar el día 27 de noviembre de 2020 a las 00:10:34, tras haber sido puesta a disposición de la mercantil, por lo que el día 8 de diciembre de 2020 se tuvo por notificada, según el certificado emitido por el servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (folio 152/279), sin que se accediese a la misma.

Por tanto, de acuerdo con el artículo 43.2 de la ley 39/2015, se entendió rechazada la notificación al haber transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se accediese a la misma.

La parte actora discute en este proceso cuáles son los efectos de la supuesta falta de aviso de puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica mediante correo electrónico.

Y para dar respuesta a esta cuestión hay que tener en cuenta que, como se sostuvo en la Sentencia de 1 de julio de 2023, dictada en el recurso 1204/2020, no se puede dar por supuesta ni la falta de envío de correo electrónico, ni tampoco la existencia de avisos mediante correo electrónico en anteriores ocasiones, por ser una cuestión relevante para este proceso, y sobre la que la mercantil actora no ha aportado ninguna prueba, pese a tener la carga de la prueba con arreglo al artículo 217 de la LEC por ser un hecho constitutivo de su pretensión.

Esto es, no puede darse por sentado, con la simple alegación, que en este caso concreto no se envió correo electrónico de aviso de puesta a disposición, y en anteriores ocasiones sí se envió, pues una alegación de tal naturaleza requiere que la misma sea probada o que se practique algún tipo de prueba al respecto, cosa que no se ha hecho.

En este sentido, hay una evidente facilidad probatoria al alcance de la mercantil para probar que en ocasiones anteriores se había enviado un correo electrónico, pues habría bastado con que se aportara copia de tales correos supuestamente recibidos, pero lo aportado como documento 2 de la demanda es una captura de pantalla de la página de la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y no de un servidor de correo electrónico.

Aún dando por probado que se hubieran dado los avisos en ocasiones anteriores, sí que sería más difícil que se probara no haber recibido un correo electrónico relativo a la notificación aquí controvertida por tratarse de un hecho negativo, que siempre es más difícil demostrar, pues obviamente es complicado demostrar que no se recibió un correo electrónico. Pero se debería haber solicitado como prueba que la Administración aportase, si lo hubiere, tal correo, y tampoco se ha propuesto prueba alguna al respecto.

Así las cosas, de la valoración de la prueba, según las reglas de la sana crítica, no se considera probado que la Administración tributaria enviara habitualmente un correo electrónico de aviso a la mercantil, pero aún considerándolo probado, tampoco se considera probado que en la notificación aquí controvertida hubiera habido ausencia de correo electrónico de aviso de puesta a disposición, por lo que no se consideran vulnerados los principios de buena administración y confianza legítima.

En este caso concreto no hay ni incumplimiento de las formalidades legales ni tampoco ninguna infracción de las normas sobre notificación antes citadas.

SEXTO.-Con lo anteriormente expuesto ya se podría desestimar el recurso interpuesto, pues la falta de prueba de la habitual recepción de correo electrónico de aviso, así como la falta de prueba de la ausencia de correo en la última notificación controvertida impide que se pueda valorar si, en este caso concreto, se ha lesionado el derecho a una buena administración o el principio de confianza legítima, invocados implícitamente en la demanda.

En cualquier caso, y a mayor abundamiento, hay que señalar que el tenor del artículo 41.6 de la Ley 39/2015 es bastante claro:

"La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida".

Y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido contraria a atribuir efecto anulatorio a la falta de ese aviso de puesta a disposición mediante correo electrónico.

Así, en la Sentencia nº 610/2022, dictada en el recurso 163/2021, de fecha 25 de mayo de 2022, manifiesta el Tribunal Supremo que:

"cabe significar que no entendemos que la regulación del aviso, establecida en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015 , sea incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada en relación con el sistema de notificación de los actos procesales a través de "Lexnet", en cuanto no se prevé que el aviso por la Administración sea imprescindible para que se pueda construir la excepción procesal del acto consentido contra el administrado y en favor de la decisión de la Administración, porque lo que exige el principio de seguridad jurídica es que la notificación se practique al interesado de la forma legalmente prevista en los artículos 40 , 41 y 42 del citado texto legal , y que, con independencia de que se realice en papel o por medios electrónicos, se garantice plenamente al interesado el conocimiento de la resolución administrativa que le permita utilizar todos los medios de defensa que considere adecuados para defender sus derechos e intereses legítimos."

Y añade que "no estimamos que sea pertinente el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto de la previsión contenida en el artículo 41.6 in fine de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , que se sustenta en la infracción del artículo 24 de la Constitución , puesto que de la doctrina expuesta en la mencionada sentencia constitucional 6/2019, de 17 de enero, no existe base para entender que la regulación del "aviso de la puesta a disposición de la notificación", en lo que se refiere a que la falta de práctica de este aviso no impedirá que sea considera plenamente válida la notificación, debido al carácter meramente informativo del aviso, pueda incidir negativamente en el ejercicio del derecho de defensa ante la Administración Pública y en la ulterior vía del procedimiento judicial, en la medida que la previsión legal cuestionada no pone en riesgo las garantías procedimentales ni procesales, en referencia a los actos de comunicación por medios electrónicos, que tiene como objeto que quede constancia fehaciente tanto del hecho de la recepción del acto de comunicación por el destinatario y su fecha, como del contenido del acto administrativo."

De tal forma que ni el tenor del artículo 41.6 de la Ley 39/2015, ni tampoco su finalidad, ni la interpretación del mismo por parte del Tribunal Supremo sostienen la interpretación que postula la mercantil en este asunto, lo que obliga a desestimar el recurso, máxime si tenemos en cuenta, como antes se expuso, que, además, no está probada ni la recepción del aviso en anteriores ocasiones ni la falta de aviso en este caso concreto.

SÉPTIMO.-Sobre la falta de la notificación de inclusión en el sistema se ha pronunciado la resolución del TEAC de 22 de enero de 2021, en sentido contrario a lo sostenido en la demanda, señalando que con la legislación en vigor no es necesaria la notificación de inclusión en la DEH.

Se pronuncia el TEAC en los siguientes términos:

"Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la posibilidad de la AEAT de efectuar notificaciones electrónicas a los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 39/2015 , no puede depender de la previa notificación de su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas (NEO). Quiere ello decir que a partir del 2 de octubre de 2016 ya no es exigible a la AEAT la obligación de notificar la inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada a que se refiere el artículo 5.1 del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre , a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica del artículo 4.1 del Real Decreto 1363/2010 , a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica no incluidas entre las anteriores que cumplan alguno de los requisitos del artículo 4.2 de dicha norma y a aquellas personas físicas que reuniendo alguno de los requisitos del artículo 4.2 del Real Decreto 1363/2010 estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 ."

El planteamiento del TEAC ha tenido expresa acogida en la Sentencia de 17 de diciembre de 2024, recurso nº 3605/2023, ponente Excma. Sra. Dª Esperanza Córdoba Castroverde, que señala lo siguiente en Fundamento de Derecho Cuarto, punto 2, párrafo segundo:

"desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, que deroga las normas anteriores en la medida en que contradigan su texto, se ha regulado expresamente quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones sin que aparezca regulada la obligación por parte de estas de realizar comunicación o aviso alguno a los administrados sobre la inclusión en el sistema electrónico".

Esta interpretación normativa, que comparte plenamente este Tribunal, implica, por tanto, que no existía ninguna obligación de la Administración de notificar a la mercantil aquí recurrente, Antequera y Cerezuela SL, su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas, ya que por disposición legal estaba obligada a ello, y no era precisa ninguna comunicación o aviso a tal efecto.

OCTAVO.-Sentado lo anterior, y siguiendo lo señalado por el Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de diciembre de 2024, recurso nº 3605/2023, antes citada, debemos indicar que la notificación de los actos administrativos viene configurada como un presupuesto de su eficacia ( art. 39.2º de la Ley 39/2015), siendo obligatoria respecto de los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados por tales actos.

La finalidad de la notificación es garantizar que el contenido del acto administrativo llegue a conocimiento de los interesados y que estos, en su caso, puedan interponer los recursos procedentes.

La más reciente doctrina constitucional, sentencias 84/2022, de 27 de junio y 147/2022, de 29 de noviembre, no es ajena a la ponderación, en todo tipo de procedimientos administrativos tributarios (no solo sancionadores), de las circunstancias concurrentes para la salvaguarda de las garantías del artículo 24 de la CE, ante notificaciones en direcciones electrónicas habilitadas.

Y, de acuerdo con lo señalado, hemos de indagar si en este caso concreto, a pesar de no ser necesario un aviso de inclusión en la notificación electrónica habilitada, ni tampoco un aviso de puesta a disposición de cada notificación, la regularidad formal de las notificaciones cumplió con las garantías propias del proceso administrativo.

Partimos de la base de que, como señala el Tribunal Supremo, la Agencia Tributaria de Andalucía podía hacer uso de la Dirección Electrónica Habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en virtud del Convenio (adhesión) suscrito el 4 de abril de 2018 por la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía y el Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMTRCM), en el que la Agencia Tributaria de Andalucía manifiesta su voluntad de utilizar, para la práctica de las notificaciones y comunicaciones, los servicios de Notificaciones Electrónicas y de Dirección Electrónica Habilitada operados por la FNMT-RCM, cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública (Secretaría General de Administración Digital -SGAD), y que forman parte del Servicio compartido de gestión de notificaciones -Notific@.

Igualmente, partimos de que la sociedad destinataria de la comunicación, Antequera Cerezuela SL, está obligada a comunicarse por medios electrónicos siempre que la Administración cuente con los medios electrónicos necesarios (y la Agencia Tributaria de Andalucía cuenta con la DEH -Dirección Electrónica Habilitada- para realizar las notificaciones y comunicaciones electrónicas a partir del 4 de abril de 2018), habiendo sido practicadas las notificaciones a través del servicio de Soporte del Servicio de Notificaciones Electrónicas y Dirección Electrónica Habilitada (DEH), de acuerdo con el citado Convenio.

Pues bien, como señala el Tribunal Supremo, en la sentencia citada de 17 de diciembre de 2024, no puede establecerse una doctrina general de aplicación a cualquier supuesto suscitado, pues ello requiere el examen de las concretas circunstancias del caso planteado.

Y en este caso concreto se concluye que la notificación se efectuó con arreglo a Derecho y que la falta de acceso a la notificación obedeció a la falta de diligencia de la mercantil.

La sentencia 84/2022 del Tribunal Constitucional que invoca la parte, y a la que antes hemos hecho referencia, se dicta en un caso con unas concretas circunstancias muy particulares que no se dan en el presente recurso.

Por último, no se considera que los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre incumplan el artículo 10 de la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, pues lo que exige esta norma es que en la DEH del interesado se incluya la copia del acto o actuación notificada y que así se certifique, no que la certificación que obra al folio 152 adjunte copia del acto, siendo válido, además, el sello electrónico, que sí contiene la indicada certificación.

NOVENO.-La consecuencia de que no se considere contraria a Derecho la notificación de la liquidación es que, en definitiva, la actuación administrativa es ajustada a Derecho, puesto que la liquidación que dio lugar a la providencia de apremio fue notificada de forma correcta, y ante el impago en periodo voluntario se dictó la providencia de apremio.

No concurre, por tanto, la causa c) del artículo 167.3 de la LGT invocada en la demanda, lo que obliga a la desestimación del recurso y confirmación de la actuación administrativa impugnada.

DÉCIMO.-Procede la imposición de costas de esta instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, al haber sido desestimadas todas las pretensiones de la demanda, ya que el caso no presentaba serias dudas de hecho ni de derecho.

Se acuerda limitar el importe de las costas, por el concepto de Letrado, a la cantidad máxima de 1.500 euros, de los que 750 corresponderán a la Administración estatal, y 750 a la Administración autonómica, cantidad que se fija en atención a la cuantía del recurso, la complejidad de las cuestiones planteadas, y la tramitación procesal que ha incluido la presentación de conclusiones.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.-Se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (TEARA) de fecha 24 de febrero de 2022.

Esta actuación administrativa impugnada desestima la reclamación económico administrativa nº 04/1169/2021, interpuesta por la mercantil Antequera y Cerezuela SL contra el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición frente a la providencia de apremio con clave de liquidación 088204090772, dictada por la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía por importe total de 16.719,88 euros.

La resolución de 24 de febrero de 2022 considera que con arreglo al artículo 167.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), no concurre ninguna causa de impugnación de las legalmente previstas, pues la notificación de la liquidación se efectuó con arreglo a Derecho.

Se indica, a tal efecto, que la mercantil estaba obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, sin que sea necesaria la notificación de la inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas, por lo que al ser eficaz la notificación efectuada el día 8 de diciembre de 2020, relativa a la liquidación de la que trae causa la providencia de apremio, y habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario el día 20 de enero de 2021 sin que la deuda fuese satisfecha, se considera ajustada a Derecho la providencia de apremio impugnada.

SEGUNDO.-La parte recurrente, en síntesis, sostiene que la mercantil Antequera Cerezuela SL tiene por objeto el cultivo de hortalizas y productos de vivero y que su representante es agricultor desde los dieciséis años, y que el día 30 de agosto de 2017 recibió una comunicación de la AEAT en la que se indicaba que las notificaciones de la AEAT las recibiría por vía electrónica pero que no se le comunicó la inclusión en la Dirección Electrónica Habilitada de las notificaciones de la Agencia Tributaria de Andalucía. Se alega que se le indicó que se remitiría un aviso de notificación por correo electrónico cuando hubiera una notificación.

Sin embargo, aduce la demanda que no consta en el expediente administrativo ningún requerimiento de documentación, y que los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre incumplen el artículo 10 de la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, pues no incluyen el propio acto o actuación notificada, y que no se recibió ningún aviso de puesta a disposición.

También argumenta la demanda que se dio de alta voluntaria en el sistema de notificaciones electrónicas de la Junta de Andalucía el día 31 de marzo de 2021, lo que considera que no debiera haber sido posible ya que estaba obligado a tales notificaciones electrónicas, lo que pone de manifiesto la inseguridad jurídica y la vulneración de la confianza legítima en el buen funcionamiento de las Administraciones públicas.

Expone la parte actora que no se tuvo conocimiento de ninguno de los actos supuestamente notificados, ya que hay un error en la identificación de la providencia de apremio, aunque fue aceptada la notificación el mismo día de su puesta a disposición, y la recurrió en reposición.

Se considera que la jurisprudencia constitucional avala que, en casos como el presente, se anule la providencia de apremio al haberse generado indefensión.

TERCERO.-La contestación a la demanda de la Administración estatal solicita la desestimación de la demanda al entender conforme a Derecho la actuación administrativa impugnada.

Razona la Administración demandada que las notificaciones se efectuaron con arreglo a Derecho, por lo que no concurre ninguna de las causas del artículo 167 de la LGT que regula los motivos tasados de oposición al procedimiento de apremio.

La Administración autonómica, por su parte, tras remitirse a lo razonado por el TEARA, expone que se esgrime por la parte actora "una propuesta de organización de las notificaciones electrónicas pudiendo resultar interesante en otros ámbitos esta reflexión"pero que "el objeto de este proceso no puede ir más allá de la acreditación de la notificación de la liquidación a la que sucedió la providencia de apremio".Y que la liquidación fue puesta a disposición de la mercantil recurrente el día 27 de noviembre de 2020 a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas, por lo que al transcurrir diez días sin que se accediese a su contenido se le tuvo por notificada de acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 39/2015.

CUARTO.-Para resolver la controversia jurídica sometida ante este Tribunal es menester tener en cuenta lo que establece el artículo 161.1, letra a), de la Ley General Tributaria para las deudas liquidadas por la Administración, en las que el período ejecutivo se inicia al día siguiente de finalizar el plazo reglamentario para realizar su ingreso, por lo que de forma automática la deuda no ingresada en período voluntario de pago, entra en período ejecutivo de recaudación a través de dos fases perfectamente diferenciadas:

1) Una primera donde la deuda se persigue a través de un procedimiento de apremio que se inicia con la notificación de la providencia que lleva ese nombre, título habilitante para la realización de la deuda tributaria, y que viene caracterizado por dos rasgos esenciales, cuales son, de una parte, que los plazos para realizar el ingreso de la deuda son más cortos que los previstos para proceder a su pago en período voluntario (Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005), y, de otra, que las causas de oposición a la vía de apremio quedan tasadas en el artículo 167.3 de la Ley General Tributaria.

Y 2) la siguiente fase del procedimiento ejecutivo de recaudación supone la intervención máxima sobre el patrimonio del deudor y se inicia con la diligencia de embargo, frente a la que solo es posible aducir los motivos de oposición previstos expresamente en el articulo 170.3 de la LGT, concretamente la extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, la falta de notificación de la providencia de apremio, el incumplimiento de las normas reguladoras del embargo previstas en la Ley y la suspensión del procedimiento de recaudación.

De tal manera que como consta acreditado que el recurrente no pagó en periodo voluntario, cuando se notificó la providencia de apremio se inició el periodo ejecutivo. Frente a esa providencia de apremio cabe alegar las causas previstas en el artículo 167.3, que son:

a) extinción de la deuda o prescripción, b) solicitud de aplazamiento o fraccionamiento o compensación, c) falta de notificación de la liquidación, d) anulación de la liquidación o e) error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

En la demanda se alega que hubo falta de notificación de la liquidación 088204090772, esto es, la causa prevista en la letra c) del artículo 167 de la LGT, pero las alegaciones relativas a los supuestos defectos formales relativos al requerimiento de documentación deben ser desestimadas de plano, al no corresponderse con ninguna de las causas ni legal ni jurisprudencialmente previstas para la impugnación de una providencia de apremio.

QUINTO.-El principal argumento de la parte recurrente se centra en que no se tuvo conocimiento de las notificaciones y que esto le generó indefensión material, en relación con el principio de buena administración y confianza legítima.

Sin embargo, examinado el expediente administrativo, no se considera que se hubiera generado indefensión material, ya que la notificación de la liquidación se efectuó con arreglo a Derecho.

No se aprecia que se haya generado indefensión, como se alega en la demanda, toda vez que se conocía la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas por venir contenida tal obligación en una norma con rango de ley, la ley 39/2015, y la falta de acceso a las mismas obedece únicamente a la propia voluntad de la mercantil, que disponía de acceso a las comunicaciones electrónicas.

Consta en el expediente administrativo que la notificación de la liquidación 0102041411883 tuvo lugar el día 27 de noviembre de 2020 a las 00:10:34, tras haber sido puesta a disposición de la mercantil, por lo que el día 8 de diciembre de 2020 se tuvo por notificada, según el certificado emitido por el servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (folio 152/279), sin que se accediese a la misma.

Por tanto, de acuerdo con el artículo 43.2 de la ley 39/2015, se entendió rechazada la notificación al haber transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se accediese a la misma.

La parte actora discute en este proceso cuáles son los efectos de la supuesta falta de aviso de puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica mediante correo electrónico.

Y para dar respuesta a esta cuestión hay que tener en cuenta que, como se sostuvo en la Sentencia de 1 de julio de 2023, dictada en el recurso 1204/2020, no se puede dar por supuesta ni la falta de envío de correo electrónico, ni tampoco la existencia de avisos mediante correo electrónico en anteriores ocasiones, por ser una cuestión relevante para este proceso, y sobre la que la mercantil actora no ha aportado ninguna prueba, pese a tener la carga de la prueba con arreglo al artículo 217 de la LEC por ser un hecho constitutivo de su pretensión.

Esto es, no puede darse por sentado, con la simple alegación, que en este caso concreto no se envió correo electrónico de aviso de puesta a disposición, y en anteriores ocasiones sí se envió, pues una alegación de tal naturaleza requiere que la misma sea probada o que se practique algún tipo de prueba al respecto, cosa que no se ha hecho.

En este sentido, hay una evidente facilidad probatoria al alcance de la mercantil para probar que en ocasiones anteriores se había enviado un correo electrónico, pues habría bastado con que se aportara copia de tales correos supuestamente recibidos, pero lo aportado como documento 2 de la demanda es una captura de pantalla de la página de la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y no de un servidor de correo electrónico.

Aún dando por probado que se hubieran dado los avisos en ocasiones anteriores, sí que sería más difícil que se probara no haber recibido un correo electrónico relativo a la notificación aquí controvertida por tratarse de un hecho negativo, que siempre es más difícil demostrar, pues obviamente es complicado demostrar que no se recibió un correo electrónico. Pero se debería haber solicitado como prueba que la Administración aportase, si lo hubiere, tal correo, y tampoco se ha propuesto prueba alguna al respecto.

Así las cosas, de la valoración de la prueba, según las reglas de la sana crítica, no se considera probado que la Administración tributaria enviara habitualmente un correo electrónico de aviso a la mercantil, pero aún considerándolo probado, tampoco se considera probado que en la notificación aquí controvertida hubiera habido ausencia de correo electrónico de aviso de puesta a disposición, por lo que no se consideran vulnerados los principios de buena administración y confianza legítima.

En este caso concreto no hay ni incumplimiento de las formalidades legales ni tampoco ninguna infracción de las normas sobre notificación antes citadas.

SEXTO.-Con lo anteriormente expuesto ya se podría desestimar el recurso interpuesto, pues la falta de prueba de la habitual recepción de correo electrónico de aviso, así como la falta de prueba de la ausencia de correo en la última notificación controvertida impide que se pueda valorar si, en este caso concreto, se ha lesionado el derecho a una buena administración o el principio de confianza legítima, invocados implícitamente en la demanda.

En cualquier caso, y a mayor abundamiento, hay que señalar que el tenor del artículo 41.6 de la Ley 39/2015 es bastante claro:

"La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida".

Y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido contraria a atribuir efecto anulatorio a la falta de ese aviso de puesta a disposición mediante correo electrónico.

Así, en la Sentencia nº 610/2022, dictada en el recurso 163/2021, de fecha 25 de mayo de 2022, manifiesta el Tribunal Supremo que:

"cabe significar que no entendemos que la regulación del aviso, establecida en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015 , sea incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada en relación con el sistema de notificación de los actos procesales a través de "Lexnet", en cuanto no se prevé que el aviso por la Administración sea imprescindible para que se pueda construir la excepción procesal del acto consentido contra el administrado y en favor de la decisión de la Administración, porque lo que exige el principio de seguridad jurídica es que la notificación se practique al interesado de la forma legalmente prevista en los artículos 40 , 41 y 42 del citado texto legal , y que, con independencia de que se realice en papel o por medios electrónicos, se garantice plenamente al interesado el conocimiento de la resolución administrativa que le permita utilizar todos los medios de defensa que considere adecuados para defender sus derechos e intereses legítimos."

Y añade que "no estimamos que sea pertinente el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto de la previsión contenida en el artículo 41.6 in fine de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , que se sustenta en la infracción del artículo 24 de la Constitución , puesto que de la doctrina expuesta en la mencionada sentencia constitucional 6/2019, de 17 de enero, no existe base para entender que la regulación del "aviso de la puesta a disposición de la notificación", en lo que se refiere a que la falta de práctica de este aviso no impedirá que sea considera plenamente válida la notificación, debido al carácter meramente informativo del aviso, pueda incidir negativamente en el ejercicio del derecho de defensa ante la Administración Pública y en la ulterior vía del procedimiento judicial, en la medida que la previsión legal cuestionada no pone en riesgo las garantías procedimentales ni procesales, en referencia a los actos de comunicación por medios electrónicos, que tiene como objeto que quede constancia fehaciente tanto del hecho de la recepción del acto de comunicación por el destinatario y su fecha, como del contenido del acto administrativo."

De tal forma que ni el tenor del artículo 41.6 de la Ley 39/2015, ni tampoco su finalidad, ni la interpretación del mismo por parte del Tribunal Supremo sostienen la interpretación que postula la mercantil en este asunto, lo que obliga a desestimar el recurso, máxime si tenemos en cuenta, como antes se expuso, que, además, no está probada ni la recepción del aviso en anteriores ocasiones ni la falta de aviso en este caso concreto.

SÉPTIMO.-Sobre la falta de la notificación de inclusión en el sistema se ha pronunciado la resolución del TEAC de 22 de enero de 2021, en sentido contrario a lo sostenido en la demanda, señalando que con la legislación en vigor no es necesaria la notificación de inclusión en la DEH.

Se pronuncia el TEAC en los siguientes términos:

"Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la posibilidad de la AEAT de efectuar notificaciones electrónicas a los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 39/2015 , no puede depender de la previa notificación de su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas (NEO). Quiere ello decir que a partir del 2 de octubre de 2016 ya no es exigible a la AEAT la obligación de notificar la inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada a que se refiere el artículo 5.1 del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre , a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica del artículo 4.1 del Real Decreto 1363/2010 , a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica no incluidas entre las anteriores que cumplan alguno de los requisitos del artículo 4.2 de dicha norma y a aquellas personas físicas que reuniendo alguno de los requisitos del artículo 4.2 del Real Decreto 1363/2010 estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 ."

El planteamiento del TEAC ha tenido expresa acogida en la Sentencia de 17 de diciembre de 2024, recurso nº 3605/2023, ponente Excma. Sra. Dª Esperanza Córdoba Castroverde, que señala lo siguiente en Fundamento de Derecho Cuarto, punto 2, párrafo segundo:

"desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, que deroga las normas anteriores en la medida en que contradigan su texto, se ha regulado expresamente quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones sin que aparezca regulada la obligación por parte de estas de realizar comunicación o aviso alguno a los administrados sobre la inclusión en el sistema electrónico".

Esta interpretación normativa, que comparte plenamente este Tribunal, implica, por tanto, que no existía ninguna obligación de la Administración de notificar a la mercantil aquí recurrente, Antequera y Cerezuela SL, su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas, ya que por disposición legal estaba obligada a ello, y no era precisa ninguna comunicación o aviso a tal efecto.

OCTAVO.-Sentado lo anterior, y siguiendo lo señalado por el Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de diciembre de 2024, recurso nº 3605/2023, antes citada, debemos indicar que la notificación de los actos administrativos viene configurada como un presupuesto de su eficacia ( art. 39.2º de la Ley 39/2015), siendo obligatoria respecto de los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados por tales actos.

La finalidad de la notificación es garantizar que el contenido del acto administrativo llegue a conocimiento de los interesados y que estos, en su caso, puedan interponer los recursos procedentes.

La más reciente doctrina constitucional, sentencias 84/2022, de 27 de junio y 147/2022, de 29 de noviembre, no es ajena a la ponderación, en todo tipo de procedimientos administrativos tributarios (no solo sancionadores), de las circunstancias concurrentes para la salvaguarda de las garantías del artículo 24 de la CE, ante notificaciones en direcciones electrónicas habilitadas.

Y, de acuerdo con lo señalado, hemos de indagar si en este caso concreto, a pesar de no ser necesario un aviso de inclusión en la notificación electrónica habilitada, ni tampoco un aviso de puesta a disposición de cada notificación, la regularidad formal de las notificaciones cumplió con las garantías propias del proceso administrativo.

Partimos de la base de que, como señala el Tribunal Supremo, la Agencia Tributaria de Andalucía podía hacer uso de la Dirección Electrónica Habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en virtud del Convenio (adhesión) suscrito el 4 de abril de 2018 por la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía y el Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMTRCM), en el que la Agencia Tributaria de Andalucía manifiesta su voluntad de utilizar, para la práctica de las notificaciones y comunicaciones, los servicios de Notificaciones Electrónicas y de Dirección Electrónica Habilitada operados por la FNMT-RCM, cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública (Secretaría General de Administración Digital -SGAD), y que forman parte del Servicio compartido de gestión de notificaciones -Notific@.

Igualmente, partimos de que la sociedad destinataria de la comunicación, Antequera Cerezuela SL, está obligada a comunicarse por medios electrónicos siempre que la Administración cuente con los medios electrónicos necesarios (y la Agencia Tributaria de Andalucía cuenta con la DEH -Dirección Electrónica Habilitada- para realizar las notificaciones y comunicaciones electrónicas a partir del 4 de abril de 2018), habiendo sido practicadas las notificaciones a través del servicio de Soporte del Servicio de Notificaciones Electrónicas y Dirección Electrónica Habilitada (DEH), de acuerdo con el citado Convenio.

Pues bien, como señala el Tribunal Supremo, en la sentencia citada de 17 de diciembre de 2024, no puede establecerse una doctrina general de aplicación a cualquier supuesto suscitado, pues ello requiere el examen de las concretas circunstancias del caso planteado.

Y en este caso concreto se concluye que la notificación se efectuó con arreglo a Derecho y que la falta de acceso a la notificación obedeció a la falta de diligencia de la mercantil.

La sentencia 84/2022 del Tribunal Constitucional que invoca la parte, y a la que antes hemos hecho referencia, se dicta en un caso con unas concretas circunstancias muy particulares que no se dan en el presente recurso.

Por último, no se considera que los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre incumplan el artículo 10 de la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, pues lo que exige esta norma es que en la DEH del interesado se incluya la copia del acto o actuación notificada y que así se certifique, no que la certificación que obra al folio 152 adjunte copia del acto, siendo válido, además, el sello electrónico, que sí contiene la indicada certificación.

NOVENO.-La consecuencia de que no se considere contraria a Derecho la notificación de la liquidación es que, en definitiva, la actuación administrativa es ajustada a Derecho, puesto que la liquidación que dio lugar a la providencia de apremio fue notificada de forma correcta, y ante el impago en periodo voluntario se dictó la providencia de apremio.

No concurre, por tanto, la causa c) del artículo 167.3 de la LGT invocada en la demanda, lo que obliga a la desestimación del recurso y confirmación de la actuación administrativa impugnada.

DÉCIMO.-Procede la imposición de costas de esta instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, al haber sido desestimadas todas las pretensiones de la demanda, ya que el caso no presentaba serias dudas de hecho ni de derecho.

Se acuerda limitar el importe de las costas, por el concepto de Letrado, a la cantidad máxima de 1.500 euros, de los que 750 corresponderán a la Administración estatal, y 750 a la Administración autonómica, cantidad que se fija en atención a la cuantía del recurso, la complejidad de las cuestiones planteadas, y la tramitación procesal que ha incluido la presentación de conclusiones.

En atención a lo expuesto,