Sentencia Contencioso-Administrativo 85/2026 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 286/2025 de 11 de febrero del 2026

Primero.- Objeto del procedimiento. Alegaciones de parte demandante.

El presente recurso contencioso-administrativo se dirige por Dª Brigida contra la Orden de 26 de febrero de 2025, de Comisión de Servicio del Director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), en la que se fijaba la cuantía del importe de la indemnización por residencia eventual en un 30% de la dieta entera , confirmada en resolución desestimatoria de recurso de reposición fechada electrónicamente el 11/03/2025.

Se interesa en la demanda que "se dicte sentencia por la que:

a) Se anule el acto administrativo impugnado, y se reconozca el derecho de la demandante a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual por la realización del curso selectivo del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Técnico de Hacienda, el 80% de la dieta por alojamiento y manutención del Grupo 2, por todo el periodo de impartición del curso, ordenando la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la indemnización por residencia eventual, y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 80% de la dieta entera, por importe de 6.202,20euros, más los intereses que legamente procedan.

b) Subsidiariamente, para el caso de que no se estime la petición principal expresada en el párrafo anterior, se solicita que se anule el acto administrativo impugnado, y que se reconozca a la demandante el derecho a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual, el importe resultante de aplicar el porcentaje del 50 % de la dieta por alojamiento y manutención del Grupo 2, por todo el periodo de impartición del curso, de acuerdo a la doctrina establecida por esta Sala; ordenando la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la indemnización por residencia eventual, y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 50% de la dieta entera, por importe de 2.480,88 euros, más los intereses que legamente procedan.

c) Con condena en costas a la Administración demandada".

Se alega para ello , en primer lugar, la norma donde se regula la indemnización por razón del servicio, el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE 30 de mayo), en su artículo 7, dedicado a comisiones derivadas de la asistencia a cursos convocados por la Administración, y en su artículo 16. Y de ello se infiere que, con arreglo al artículo 7, se tarta de un supuesto, no discutido, de residencia eventual con motivo a la asistencia a un curso selectivo obligatorio para el acceso, por la vía de la promoción interna, al Cuerpo Técnico de Hacienda, en el proceso selectivo convocado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante Resolución de fecha 2de enero de 2024; se indica que su cuantía se fija por la misma autoridad que confiere la comisión, con el límite máximo del 80% del importe de las dietas enteras que corresponderían en comisión de servicio, sin que se necesite justificación documental.

Se alega que de la interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que, para la determinación del porcentaje a recibir en concepto de residencia eventual, la Administración, pese a ostentar una potestad discrecional al efecto, se encuentra condicionada por un límite mínimo: que la indemnización en supuestos de pernocta fuera del domicilio nunca podrá ser inferior al 50% de la dieta entera, ya que este porcentaje es el previsto en el articulo 7 del RD 462/2002 para aquellos que vuelven a pernoctar a su residencia oficial. Y se concluye por tanto que la fijación del porcentaje del 30% llevado a cabo por el IEF, de partida, en modo alguno es acorde a Derecho, al haber acreditado la actora que se trata de una residencia eventual con pernocta fuera de su domicilio particular y, por tanto, resulta absurdo percibir menor cuantía para los gastos de manutención que alguien que vuelve para pernoctar a su residencia habitual.

Se indica que con arreglo al Anexo II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, se determina que, para el Grupo 2, el importe de la dieta entera en territorio nacional por alojamiento y manutención es de 103,37 euros diarios; 65,97 euros diarios por alojamiento y 37,40 euros diarios por manutención. Y se manifiesta que, pese al contenido del artículo 16 del RD 462/02, el importe a liquidar en concepto de indemnización por residencia eventual fijado por la orden de comisión de servicio impugnada, es el resultado de aplicar el porcentaje del 30% sobre el importe de la dieta entera diaria por alojamiento y manutención de 103,37 euros. De lo anterior resulta una cuantía total por residencia eventual fijada de 31,01 euros diarios, cantidad del todo insuficiente para sufragar los gastos de alojamiento y manutención derivados de la estancia en Madrid durante la impartición del curso, puesto que no se cubre ni siquiera el importe de la dieta por manutención (37,40 €).

Se señala que la finalidad de la indemnización por residencia eventual es indemnizar al funcionario desplazado en comisión de servicios por los gastos de su manutención y el alojamiento en el lugar de la comisión y, por tanto, el porcentaje del 30 % fijado en la orden de comisión de servicio, por ser claramente insuficiente, no cumple la finalidad de la misma. Atendiendo al coste de la manutención y del alojamiento en Madrid, ya sea en alquiler de temporada, o en hostales u hoteles, lo procedente sería fijar el 80% del porcentaje sobre la cuantía de la dieta entera, porcentaje máximo de la indemnización por residencia eventual establecido en el Real Decreto 462/2002, tal y como se hace en cursos selectivos impartidos por otros organismos estatales, de forma que con el importe resultante se pueda cubrir el gasto real por alojamiento y manutención derivado de la estancia. Resulta evidente que la concesión de un porcentaje sobre la dieta debe adecuarse a un criterio de proporcionalidad y racionalidad que permita acomodar el importe de la misma tanto a la duración del curso(residencia eventual superior a 3 meses) como a la ciudad donde se realiza, en este caso Madrid, ciudad cuya carestía de la vida es notoria y conocida, por lo que la fijación de un 30% de la dieta (31,01€/día) para alojamiento y manutención es manifiestamente insuficiente para cubrir dicha estancia y, por ende, no se cumple con la propia finalidad de dicha indemnización.

Se añade que, en relación a lo que se justifica en la memoria acompañada a la orden de comisión de servicio, en el expediente administrativo remitido por el Instituto de Estudios Fiscales no existe ningún documento que permita acreditar que se ha tenido en cuenta el precio medio del alquiler de una duración inferior al año en Madrid. Por tanto, para justificar la elección del porcentaje del 30% todo se reduce a una duración estimada del curso en base a la Disposición adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, sin tener en cuenta los costes de alojamiento y manutención en función del término medio de los mismos en la ciudad en que se celebra el curso. De hecho, se indica que desde el año 2003 el IEF viene fijando la indemnización por residencia eventual en la cuantía resultante de aplicar el porcentaje del 30% al importe de las dietas enteras del Anexo I del Real Decreto 462/2002; partiendo de esta base, la conclusión inmediata es que dicho porcentaje está obsoleto y fijado de forma totalmente ajena a la evolución del coste de la vida desde el año 2003. Además, el Director General del IEF obvia en su motivación otros gastos, inherentes al alquiler, como son los de suministros de electricidad, gas, agua, telefonía, internet, tasas de basuras, comisiones de agentes de la propiedad, fianzas y depósitos, mantenimiento de la vivienda alquilada y pequeñas reparaciones a cargo del inquilino, etc; asimismo se olvidan los gastos de manutención, que también deben ser indemnizados, y que se pueden estimar, al menos, en 37,40 euros diarios (1.159,40 euros mensuales en meses de 31 días y 1.122,00 euros mensuales en meses de 30 días) importe de la dieta de manutención del Grupo 2, invariable desde el año 2005, cuando se estableció ese importe en Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, que revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en el anexo II de dicho Real Decreto; y siendo evidente que desde el año 2005, el coste de la manutención se ha encarecido notablemente, por lo que la referencia del importe de la dieta para la estimación de los gastos de manutención se queda incluso corta, en comparación con los gastos reales de manutención.

Se alega que la fijación de un importe superior al 30% de dieta en ningún caso podría conducir a un enriquecimiento injusto a costa de los fondos públicos. Los funcionarios que hacen estos cursos dejan de percibir durante su realización las retribuciones correspondientes a los complementos de productividad, por lo que sus retribuciones son inferiores durante la impartición del curso, además de que carece de todo fundamento relacionar las retribuciones ordinarias con los gastos de alojamiento y manutención en las situaciones de comisión de servicio y comisión de servicio con consideración de residencia eventual, puesto que en ambos casos el funcionario no ha de satisfacer estos gastos, ni siquiera en parte, con sus retribuciones ordinarias, puesto que han de ser indemnizados totalmente, siempre con el límite máximo del 80 % en el caso de la residencia eventual, con las indemnizaciones por razón de servicio establecidas en el Real Decreto 462/2002.

Se añade a las consideraciones anteriores que para estancias de unos pocos meses de duración, el precio de alquiler de vivienda en Madrid es superior al dato estadístico que cita el IEF, y ello sin olvidar la dificultad de encontrar un arrendador dispuesto a alquilar un piso para un período de 4 meses, y que la LAU permite al inquilino desistir del contrato siempre que hayan pasado seis meses desde su inicio, y para ello el inquilino tiene que avisar con un mínimo de 30 días de antelación, por lo que el inquilino que quiera irse tras el 4º mes desde que comenzó el alquiler tendrá que pagar los dos meses restantes hasta cumplir seis y además tendrá que haber avisado con 30 días de antelación, porque si no lo hace deberá además pagar ese mes de preaviso, y sin perjuicio de que pueda contemplar el contrato contemple expresamente la exigencia al inquilino de una indemnización en caso de desistimiento, por no respetar el periodo al que se ha comprometido.

Se alega también que se produce un trato discriminatorio porque supone un agravio comparativo con los funcionarios de otros órganos estatales, como puede ser la Seguridad Social o las Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que se indemniza la residencia eventual con el porcentaje del 80% en este tipo de cursos. Ello supone ir en contra del derecho de igualdad ante la Ley establecido en el artículo 14 de la Constitución Española, en el sentido en que lo ha interpretado en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional.

Por tanto, se concluye que el porcentaje fijado por el IEF no está debidamente justificado ni es proporcionado; debiendo considerarse arbitrario el ejercicio de la potestad discrecional que a la Administración otorga el artículo 16 del RD 462/2002, porque con el porcentaje fijado del 30 % de la dieta entera el funcionario no tiene bastante para afrontar los gastos medios en concepto de alojamiento y manutención en Madrid. Se aprecia una insuficiente justificación, que no atiende a la valoración actualizada de los costes medios de alojamiento y manutención en la ciudad de Madrid.

Y se aclara que el concepto que se remunera es independiente del derecho al percibo de las retribuciones ordinarias, y persigue garantizar la indemnidad del funcionario desplazado de su residencia por razones de servicio, por lo que no se puede justificar un pretendido enriquecimiento injusto a partir del sumatorio de estas cantidades con las debidas en concepto de sueldo, ni tampoco evitar la comparación con los porcentajes cobrados en otros organismos aduciendo diferentes estructuras retributivas.

En cuanto a la motivación del porcentaje aplicado en base a la Disposición adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se argumenta que , al afectar exclusivamente a los cursos convocados por el IEF, quebranta el principio de igualdad recogido en el artículo 14 CE, ya que únicamente introduce limitaciones para los funcionarios formados en el Instituto de Estudios Fiscales, a pesar de que se encuentren en idénticas condiciones fácticas y jurídicas que otros funcionarios del Estado; además no consta previsión análoga en la actual Ley de presupuestos, y el precepto no rige para el ejercicio al que se refiere la actual comisión de servicio; asimismo, aun aceptando el límite normativo establecido por la citada D.A.27ª, el Director del IEF no estaría aplicando el porcentaje correcto, ya que dicha norma establece unos porcentajes en función de la duración de los cursos "excluyendo los periodos vacacionales que puedan producirse durante su impartición";por tanto, la voluntad del legislador es fijar el porcentaje en función de los días lectivos de duración del curso, y en tal sentido la duración del curso selectivo ascendió a 82 días lectivos, lo cual implica de acuerdo con la D.A. 27ª un porcentaje de indemnización del 60 %, al estar la duración comprendida en la franja "De 61 días a 120 días".

Segundo.- Alegaciones de la Administración demandada.

Por la Abogacía del Estado se contesta a la demanda en el sentido de interesar su desestimación.

Se alega para ello la Disposición Adicional Vigesimoséptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que se considera de aplicación al caso de Autos, donde se señalan porcentajes para el cálculo de la indemnización por residencia eventual en función de los días de duración: Hasta 60 días. 80%; De 61 días a 120 días. 60%; a partir de 121 días. 30 %.

Y se indica que en el caso de Autos, el importe fijado en los acuerdos de comisión de servicios es del 30%, toda vez que el curso tiene una duración de 121 días. Se señala que se olvida la parte actora en su escrito de demanda la vigencia de este precepto, que expresamente se refiere al IEF y a las indemnizaciones por razón de servicio por residencia eventual estableciendo un máximo del 30% a partir de los 121 días de duración del curso.

Se considera que se trata de una lex especialis, que señala un porcentaje máximo de abono, que en este caso es por el que ha optado el IEF, que no podría haber fijado un porcentaje superior sin vulnerar una disposición normativa con rango de ley que le resulta directa y especialmente aplicable.

Por ello, se alega que, ante la vigencia de la D.A. Vigésimo séptima de la Ley 22/2021, lo resuelto en las órdenes que recogían las comisiones de servicio era un mero acto debido, una aplicación de lo previsto en la normativa especial de aplicación, que fijó como máximo el 30% para el año 2022 y que es precisamente lo que resolvió el IEF. La aplicación de un porcentaje mayor habría sido ilegal, por contravenir la citada disposición normativa.

Tercero.- Datos de interés.

En las bases de la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda, por el sistema de promoción interna, se establece que éste se realizará mediante el sistema selectivo de concurso-oposición.

La Resolución de 2 de enero de 2024 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE de 8 de enero de 2024), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda, por el sistema de promoción interna, incluye dentro del proceso la superación de un curso selectivo para el cual los aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico de Hacienda (Grupo A2) por la autoridad convocante.

La citada Resolución establece asimismo que: "Las personas aspirantes que superen la fase de concurso-oposición realizarán un curso selectivo, de una duración máxima de siete meses lectivos, en el Instituto de Estudios Fiscales, que se desarrollará en los lugares que se determinen en la resolución por la que se apruebe la relación definitiva de personas aspirantes aprobadas en la fase de concurso-oposición en la que se concretará el procedimiento de elección, si hay más de uno. Corresponde al Instituto de Estudios Fiscales la organización, dirección, impartición y evaluación del citado curso selectivo, sin perjuicio de la coordinación conjunta con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (...)La asistencia a las clases y actividades que se organicen en el desarrollo del mismo será obligatoria. El incumplimiento de este requisito, podrá dar lugar a la imposibilidad de concurrir a las pruebas que se realicen durante el mismo y, por tanto, se perderá el derecho a ser nombrado funcionario de carrera. (...)".

Habiendo superado la fase de concurso-oposición, se convocó al curso selectivo que se inició en fecha 02 de marzo de 2025 y con fecha prevista de finalización el 4 de julio de 2025, de acuerdo con la Orden de comisión de servicio fechada electrónicamente el 26-02-2025.

La AEAT concedió a la actora, al igual que al resto de opositores de promoción interna que superaron aquella fase del proceso selectivo, una comisión de servicio en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, sito en Madrid, para poder asistir al curso selectivo obligatorio de dicho proceso. Para dicho fin, tuvo que desplazarse desde Vigo, donde tiene su residencia habitual (y donde estaba destinada como funcionaria en la Delegación de la AEAT) y residir temporalmente en Madrid durante todo el periodo de impartición, siendo la hora y fecha de inicio el día 2 de marzo de 2025 a las 14:01horas y la de finalización y regreso el 4 de julio de 2025 a las 22:00 horas, tal como consta en la correspondiente orden de comisión de servicio.

En la Orden de comisión de servicio de fecha 26 de febrero de 2025 consta que el porcentaje fijado en concepto de indemnización por residencia eventual es el 30% de la dieta entera por alojamiento y manutención, y que el grupo de clasificación es el 2º del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A dicha orden se anexa una memoria que motiva la elección de dicho porcentaje.

En fecha 5 de marzo de 2025 la demandante presentó recurso de Reposición contra la mencionada Orden de Comisión de Servicios, de fecha 26de febrero de 2025, por entender que tenía derecho a que se le reconociera el derecho de asignación de hasta el 80% de la dieta como gasto reembolsable en concepto de residencia eventual durante el periodo en que se realizara la totalidad del curso.

El recurso de reposición fue desestimado por Resolución del Director del IEF fechada electrónicamente el 11/03/2025 y notificada el 19/03/2025. Contra esa desestimación se interpone el presente recurso contencioso administrativo.

Cuarto.- Resolución del recurso.

Tal y como se alega por ambas partes, la norma de la que ha de partirse es el Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio, cuyo artículo 7 dispone "1. La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento convocados por las Administraciones públicas, así como a la de los módulos o cursos de capacitación o formación para el ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos, podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual de acuerdo con la decisión que se adopte al respecto en la correspondiente Orden de designación.

Cuando quienes estén realizando estos cursos vuelvan a pernoctar en su residencia oficial, no devengarán indemnización pero, si por razón del horario de los cursos tuvieran que almorzar en la localidad donde se imparten, tendrán derecho a percibir el 50 por 100 de los gastos de manutención y la indemnización que por gastos de viaje pudiera corresponderles según lo regulado en el presente Real Decreto" .

Asimismo, se establece en el artículo 16, en relación a la cuantía de la indemnización por residencia eventual, "1. La cuantía del importe por indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera la comisión dentro del límite máximo, sin que se necesite justificación documental, del 80 por 100 del importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del presente Real Decreto , según se trate de comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, respectivamente. El porcentaje a aplicar, incluso aunque fuera el máximo, deberá figurar de forma expresa en la orden de estas comisiones de servicios con la consideración de residencia eventual.

2. Cuando en las comisiones de servicio el personal en la situación de residencia eventual tuviera que desplazarse de la misma, además de la cuantía prevista en el apartado anterior, percibirá durante los días que dure dicho desplazamiento dietas exclusivamente por alojamiento y los correspondientes gastos de viaje, en las condiciones establecidas para las comisiones de servicio en general".

Pues bien, la controversia se suscita por el hecho de que la Administración demandada, en este caso, haciendo uso del margen de discrecionalidad que le otorga la norma, fijó en el 30% de la dieta entera el porcentaje a abonar. Según resulta de la documentación que obra en el expediente administrativo, - en concreto la Memoria que motiva la elección del porcentaje indicado, y que se acompañó a la Orden de comisión de servicio, así como el informe sobre la Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022- , se fija tal porcentaje en atención a la citada disposición legal, por tratarse de curso de duración superior a 121 días, y, considerando suficiente la cantidad resultante a la vista del precio máximo estimado del alquiler de una vivienda en el distrito Fuencarral-El Pardo, en el que se encuentra ubicado el Instituto de Estudios Fiscales, entre otras cuestiones.

Por su parte, el recurrente considera insuficiente la cantidad que resulta de la aplicación de ese porcentaje, dando las razones por las que estima que se debería fijar el mismo en el 80%, o subsidiariamente al menos en el 50%, considerando desproporcionado e injustificada la aplicación del 30%, por entender no aplicable la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022, y no acorde a la realidad de los gastos por estancia en Madrid ; e incluso, de entender aplicables aquellos porcentajes de la referida ley, se indica que habría de considerarse el curso de duración menor a los 120 días al descontar los días no lectivos, por lo que procedería aplicar el porcentaje del 60%.

Al respecto, ha de valorarse que no es ésta la primera demanda que sobre esta materia se resuelve por esta Sala y Sección, de forma que resulta necesario hacer mención a sentencias anteriores, como la reciente sentencia nº 654/25 de 12 de noviembre de 2025, dictada en el PO 102/25, en la que se sigue lo ya interpretado por esta Sala en casos similares anteriores, y que dispone :

"resulta necesario hacer mención a sentencias anteriores, como la nº 608/21 de 20 de octubre de 2021 (procedimiento ordinario 197/2020 ), en la que, aclarando el cambio de criterio de esta Sección, se razonó lo siguiente :

"En el caso presente, de las dos opciones que ofrece el artículo 7.1 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ) para los cursos selectivos de ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna (como comisión de servicio o comisión de servicio con la consideración de residencia eventual), se ha elegido la de comisión de servicio con la consideración de residencia eventual, por lo que para la fijación de la cuantía de la indemnización hemos de acudir al artículo 16 de la misma norma .

El artículo 16 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ) establece: "( ...) ".

De dicho precepto se desprende que la cuantía del importe de la indemnización no viene determinada por la justificación documental que presente cada uno de los participantes en el curso selectivo, lo que, además de ir en contra del espíritu, finalidad y concepto de indemnización de residencia eventual, podría generar diferencias injustificadas en función de la mayor o menor calidad del alojamiento y manutención elegidos por cada alumno, estableciéndose con carácter unitario por la autoridad que confiere la comisión, siguiendo los criterios previamente fijados, para lo que se tiene en cuenta el precio medio de la vivienda de alquiler en Madrid, en función de la información suministrada por el Ayuntamiento de la capital. En definitiva, no ha de atenderse a los gastos generados por la propia demandante durante el período del curso selectivo, pues ello privilegiaría a quien generase mayores gastos, e iría en contra del criterio de unidad que propugna el artículo 16.1 del citado Real Decreto en esta materia.

En el caso presente, para la fijación del 30% como cuantía de la indemnización se tomó en consideración la nota informativa sobre la calificación como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual en el caso de la asistencia de funcionarios a pruebas y cursos selectivos para el acceso a otros cuerpos de la Administración por promoción interna e instrucciones para su aplicación, emitida el 13 de febrero de 2003, por la Subdirectora General de Organización, Planificación y Gestión de recursos, que además de recoger los criterios expresados por la CECIR en Resolución de 24 de octubre de 2002, sobre la correcta aplicación del mencionado Real Decreto, añade otros aspectos dirigidos a la aplicación homogénea de esta materia en el ámbito del Instituto de Estudios Fiscales .

Así, conforme a dicha nota informativa, concretamente en su párrafo séptimo, el porcentaje de residencia eventual a que tienen derecho quienes se hallen en el caso de la recurrente, se fija en un 30%, que es el previsto para ingreso en Cuerpos o Escalas por promoción interna de duración superior a 3 meses, que se desarrollen en localidad distinta al de la residencia oficial del funcionario.

Hasta la reciente sentencia de fecha 12 de febrero de 2020 (P.O. 57/2019), esta Sala y Sección había desestimado recursos planteados con pretensiones idénticas a las de este litigio, considerando que el porcentaje del 30% fijado se fundaba en razones lógicas, en cuanto basadas en motivos racionales. Así lo hemos hecho en las sentencias de 15 de noviembre de 2017 (recurso 32/2017 ) y 2 de octubre de 2019 (recurso 157/2018 ), siguiendo la misma línea que la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 16 de noviembre de 2018 , así como la de Murcia en sus sentencias de 25 de julio de 2008 , 9 de diciembre de 2011 , y 28 de junio de 2013 , y por la de las Islas Baleares de 5 de octubre de 2011 y 3 de junio de 2012 .

Sin embargo, varias son las razones que aconsejaron variar el criterio anterior a fin de incrementar el porcentaje que puede considerarse racional, justificado y proporcionado, aunque no sea hasta el punto de acoger el máximo del 80%.

Esas razones eran, y se siguen manteniendo, las siguientes:

1ª El dilatado tiempo transcurrido desde que en febrero de 2003 se fijó en la nota informativa de la Subdirectora General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos, el porcentaje en el 30% de la misma cantidad determinada como dieta entera en el anexo II del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778) para el Grupo 2 (dieta entera 103,37 euros, descompuestos en 65,97 euros por alojamiento y 37,40 euros por manutención), sin tener en cuenta la variación del coste de la vida desde entonces y demás circunstancias que indudablemente incidieron en el encarecimiento tanto del precio del alojamiento como de la manutención, comprendiendo esta última los correspondientes al desayuno, comida, cena y teléfono, tal como establece el artículo 10.2 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ).

2ª Más en concreto, al no haber aumentado el importe del porcentaje de que se trata, tampoco se ha tenido en cuenta el notorio e importante incremento del precio del alojamiento en Madrid, sobre todo en los últimos tiempos, para deducir el cual basta con comprobar que, con los datos que se han hecho constar como probados en el recurso 32/2017, 642 euros diarios era la media de la renta por el alquiler de un apartamento en Madrid en 2016, mientras que con la información del Ayuntamiento de Madrid que se adjunta a la resolución impugnada del año 2018 se deduce que se puede alquilar un apartamento de 60 metros cuadrados en el distrito Fuencarral-El Pardo, en el que se encuentra ubicado el IEF, por una renta mensual de 744 euros al mes, detectándose ese aumento en poco tiempo en ese documento incorporado en el expediente administrativo, en el que se aprecia que la vivienda en alquiler en el distrito Fuencarral-El Pardo ha pasado desde 11,5 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2017 hasta 12,4 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2018, lo que significa que el alquiler de un apartamento de 60 metros cuadrados pasaría de una renta de 690 euros en aquel primer trimestre de 2017 a 744 euros en el segundo trimestre de 2018.

3ª Si se tiene en cuenta que el 30% de la dieta entera es de 945 euros/mes de media, correspondiendo 744 euros para alojamiento, en base a aquella información obtenida del Ayuntamiento de Madrid, quedan para manutención 201 euros, lo que significa una dieta diaria de 6,7 euros, cantidad notoria y notablemente insuficiente para afrontar en Madrid los gastos de desayuno, comida, cena y teléfono, pues incluso está por debajo de 11,22 euros, que sería el 30% de la suma de 37,40 euros en que está fijada la dieta entera para manutención.

4ª Al tratar conjuntamente el porcentaje del 30% como límite para alojamiento y manutención, y no computarlos por separado, no sólo no se tiene en cuenta el incremento del precio de alojamiento, sino que este último se lleva la mayor parte de la dieta y se perjudica notablemente al funcionario, que se vería obligado a reducir notablemente los gastos de manutención hasta el punto de hacer imposible afrontarlos con la dieta. Y,

5ª De todo lo anteriormente argumentado se desprende que ha de considerarse arbitrario el ejercicio de la potestad discrecional que a la Administración otorga el artículo 16 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ), porque con el porcentaje fijado del 30% de la dieta entera el funcionario no tiene bastante para afrontar los gastos medios en concepto de alojamiento y manutención en Madrid.

Es por todo lo anterior que, de cara a tener posibilidad de afrontar los gastos de alojamiento y manutención en Madrid durante el curso selectivo, la Sala estima que el porcentaje que ha de aplicarse es el del 50% de la dieta entera, lo que daría una suma de 51,68 euros al día y 1.550,4 euros al mes. De ese modo, si se destinan 744 euros al mes para alojamiento, quedarían 806,55 euros mensuales para manutención, lo que se corresponde con 26,88 euros diarios en este último concepto. De ese modo se podrá considerar proporcionada y justificada la dieta nuevamente fijada en cuanto que se adaptará en mayor y mejor medida a las circunstancias actuales, siendo así que, según el artículo 3.1 del Código Civil (EDL 1889/1), las normas han de interpretarse según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, además de que resulta evidente que con aquel porcentaje del 50% no se producirá un enriquecimiento injusto a costa de los fondos públicos sino el abono de una suma más adecuada a los gastos realmente afrontados.

Consecuencia de lo anteriormente argumentado es que debe estimarse el recurso contencioso administrativo en el sentido de que ha de reconocerse el derecho de la demandante a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual, el 50% de la dieta entera por alojamiento y manutención del Grupo 2, ordenando la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la IRE y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 50% de la dieta entera...".

En cuanto a la alegación de vulneración del principio de igualdad, por el hecho de que a otros cuerpos funcionariales puedan percibir un porcentaje mayor o incluso el máximo del 80% señalado en la norma, se indicaba en la sentencia de esta Sala y Sección antes indicada que "respecto a la ausencia de percepción de la dieta entera en un porcentaje superior al fijado, no cabe hablar de discriminación, pues no hay identidad de razón entre los términos de comparación propuestos para aplicar el principio, ya que se trata de funcionarios de distintas Administraciones y distintos Cuerpos, con una estructura retributiva y centro pagador también diferentes, mientras que la cantidad percibida por la recurrente es la misma que percibe el resto de funcionarios de la AEAT en su misma situación, con los que habría que establecer el término comparativo válido. Por tanto, no existe base para reputar conculcado el principio de igualdad ante la Ley recogido en el artículo 14 de la Constitución española (EDL 1978/3879).

Además, la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley exige que el trato dispar sea dispensado por la misma Sala o Tribunal, de modo que el hecho de que otros Tribunales Superiores de Justicia sigan un criterio diferente no da base para reputar vulnerado el artículo 14 de la Constitución española (EDL 1978/3879)".

Se citan, en apoyo de la anterior consideración las sentencias nº 120/2019, de 28 de octubre , y la nº 151/2019, de 25 de noviembre, del Tribunal Constitucional".

A los anteriores argumentos se añade que a partir de la Ley 22/2021 las indemnizaciones por razón del servicio en el Instituto de Estudios Fiscales tiene su regulación legal propia y diferenciada de las de los demás Cuerpos funcionariales con los que se realiza la comparación. Al estar fijadas en una norma con rango legal sólo cabría entrar en el análisis de su legalidad previo planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, pero la Sala no encuentra motivos para ello en este caso.

En efecto, en el caso presente no se cita ya por la Abogacía del Estado, en defensa de la Administración, el Acuerdo de la CECIR de 24 de octubre de 2002, y la emisión en fecha 13 de febrero de 2003 de la "Nota Informativa sobre la calificación como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual en el caso de asistencia de funcionarios a pruebas y cursos selectivos para el acceso a otros Cuerpos de la Administración por promoción interna e instrucciones para su aplicación" sino que se refiere el sustento de la fijación del 30% a lo previsto en aquella Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley 22/21, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, según la cual :

"Uno. La asistencia a cursos convocados por la Administración e impartidos por el Instituto de Estudios Fiscales devengaran las indemnizaciones reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, con las siguientes especialidades:

1. La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos, excluyendo los periodos vacacionales que puedan producirse durante su impartición, podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual de acuerdo con la decisión que se adopte al respecto en la correspondiente Orden de designación.

2. La cuantía de la indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera la comisión, en función de la duración de los cursos, excluido en su cómputo, si hubiere, el periodo vacacional, de acuerdo con los porcentajes máximos que se establecen a continuación, aplicándose al importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del Real Decreto 462/2002, según se trate de comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, respectivamente. El porcentaje a aplicar, incluso aunque fuera el máximo, deberá figurar de forma expresa en la orden de estas comisiones de servicios con la consideración de residencia eventual.

Porcentajes para el cálculo de la indemnización por residencia eventual

Porcentaje

Hasta 60 días 80

De 61 días a 120 días 60

A Partir de 121 días 30

Dos. Este artículo podrá ser modificado mediante Real Decreto".

En el caso presente la propia Administración dividió en dos períodos la duración del curso, emitiendo dos órdenes de comisión de servicios distintas, separadas por el período vacacional de Navidades, y que, de hecho, aunque vienen siendo recurridas de forma conjunta en este procedimiento, podrían haber dado lugar a dos procedimientos distintos. Tales períodos lectivos son desde el 2 de octubre de 2022 hasta el 22 de diciembre de 2022 el primero y desde el 8 de enero de 2023 hasta el 24 de febrero de 2023 el segundo, por lo que no cabe valorar la duración del curso de formación en cuestión a estos efectos en más de 121 días, como ya lo argumentamos en nuestra anterior sentencia de 15 de noviembre de 2023 (procedimiento ordinario 126/2023 ), declarada firme por decreto de 22 de febrero de 2024, pues ninguno de ellos excede de 120 días, y siendo incluso el segundo período inferior a 60 días, por lo que el porcentaje máximo a tener en cuenta según la norma sería del 60% o incluso del 80%, siendo este último precisamente el que se contempla en el artículo 16 del RD 462/2002 .

A la vista de lo anterior, ha de considerarse que el porcentaje del 80% se señala como un máximo en la Disposición Adicional 27ª antes transcrita cuando la duración es hasta 60 días, y, por ello, considerando los argumentos expuestos ya en sentencias anteriores, en las que se acogió como porcentaje justificado y suficiente en casos análogos el del 50%, que coincide con la petición concreta de la actora, se estima que no procede variar el criterio ya indicado, y por tal razón, se acoge la pretensión del recurso en el sentido de fijar aquel porcentaje del 50 %. Este fue también el porcentaje fijado en nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2024 (procedimiento ordinario 52/2024 ), que ha sido declarada firme por decreto de 28 de noviembre de 2024, al no haberse interpuesto frente a la misma recurso de casación..."

Pues bien, los argumentos expuestos en la sentencia transcrita se consideran de aplicación a este caso, y, si bien es cierto que en este supuesto la Administración no emitió dos órdenes de comisión de servicio, sino una única Orden de 26 de febrero de 2025, en la que se indica como hora y fecha de inicio el día 2 de marzo de 2025 a las 14:01 horas y la de finalización y regreso el 4 de julio de 2025 a las 22:00 horas, no puede obviarse el tenor literal de la norma en que se basa la Administración, pues en la Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley 22/21, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, tras reconocer que la asistencia a cursos convocados por la Administración e impartidos por el Instituto de Estudios Fiscales devengaran las indemnizaciones reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, indica como especialidades, que "la asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos"podrá ser indemnizada "excluyendo los periodos vacacionales que puedan producirse durante su impartición";y al hacer referencia a la cuantía indemnizatoria indica que se fijará de acuerdo con los porcentajes máximos que se establecen a continuación, en función de la duración de los cursos, "excluido en su cómputo, si hubiere, el periodo vacacional".

Teniendo en cuenta esa literalidad, ha de considerarse que en el período transcurrido entre el 2 de marzo y el 4 de julio de 2025 -en concreto 124 días- se encuentra el período de Semana Santa, siendo festivos los días 17 y 18 de abril de 2025, y, asimismo, en el período a considerar se encuentra el día 1 de mayo, también festivo nacional, y a esos días festivos han de sumarse los de la Comunidad Autónoma de Madrid y los locales de esta ciudad, es decir, los días 1 , 2 y 15 de mayo. Por tanto, al menos hay que descontar en el período indicado 5 días, de forma que serían 119 los días a tener en cuenta de acuerdo con la propia Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley 22/21, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y, por tal razón, el porcentaje a aplicar sobre el importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del Real Decreto 462/2002 , según la citada norma, no sería como máximo el 30%, sino el 60%, y de ahí que haya de ser estimado el recurso interpuesto por Dª Brigida.

En consecuencia, y siguiendo lo resuelto en sentencias anteriores de esta Sala y Sección, se considera procedente estimar la pretensión de la parte demandante en cuanto a reconocerle el derecho a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual por la realización del curso selectivo del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Técnico de Hacienda, el 60% establecido en la Disposición adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, de la dieta entera por alojamiento y manutención correspondiente al Grupo 2, incrementando el porcentaje que se venía fijando en sentencias anteriores de esta Sala y Sección (50%) , tales como la antes citada 654/25 de 12 de noviembre de 2025, por estimar que el transcurso del tiempo y el incremento en los precios del alojamiento habido en estos últimos años, hace necesario una adaptación de ese porcentaje al máximo señalado en la norma legal antes citada.

En consecuencia, el recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado ,en cuanto se reconoce el derecho del demandante a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual por la realización del curso selectivo del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Técnico de Hacienda, el 60% de la dieta entera por alojamiento y manutención correspondiente al Grupo 2, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 para cursos de duración máxima de 120 días lectivos, por todo el periodo de impartición del curso , con la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la indemnización por residencia eventual, y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 60 % de la dieta entera, más los intereses que legamente procedan.

Quinto.- Costas.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, han de imponerse las costas a la Administración demandada, y no apreciarse en el caso serias dudas de hecho o de derecho, ante los antecedentes ya expuestos. Con arreglo al artículo 139.4 LJ, se fija en 1.500 euros la cantidad máxima correspondiente a costas por todos los conceptos

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.

Primero.- Objeto del procedimiento. Alegaciones de parte demandante.

El presente recurso contencioso-administrativo se dirige por Dª Brigida contra la Orden de 26 de febrero de 2025, de Comisión de Servicio del Director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), en la que se fijaba la cuantía del importe de la indemnización por residencia eventual en un 30% de la dieta entera , confirmada en resolución desestimatoria de recurso de reposición fechada electrónicamente el 11/03/2025.

Se interesa en la demanda que "se dicte sentencia por la que:

a) Se anule el acto administrativo impugnado, y se reconozca el derecho de la demandante a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual por la realización del curso selectivo del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Técnico de Hacienda, el 80% de la dieta por alojamiento y manutención del Grupo 2, por todo el periodo de impartición del curso, ordenando la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la indemnización por residencia eventual, y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 80% de la dieta entera, por importe de 6.202,20euros, más los intereses que legamente procedan.

b) Subsidiariamente, para el caso de que no se estime la petición principal expresada en el párrafo anterior, se solicita que se anule el acto administrativo impugnado, y que se reconozca a la demandante el derecho a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual, el importe resultante de aplicar el porcentaje del 50 % de la dieta por alojamiento y manutención del Grupo 2, por todo el periodo de impartición del curso, de acuerdo a la doctrina establecida por esta Sala; ordenando la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la indemnización por residencia eventual, y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 50% de la dieta entera, por importe de 2.480,88 euros, más los intereses que legamente procedan.

c) Con condena en costas a la Administración demandada".

Se alega para ello , en primer lugar, la norma donde se regula la indemnización por razón del servicio, el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE 30 de mayo), en su artículo 7, dedicado a comisiones derivadas de la asistencia a cursos convocados por la Administración, y en su artículo 16. Y de ello se infiere que, con arreglo al artículo 7, se tarta de un supuesto, no discutido, de residencia eventual con motivo a la asistencia a un curso selectivo obligatorio para el acceso, por la vía de la promoción interna, al Cuerpo Técnico de Hacienda, en el proceso selectivo convocado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante Resolución de fecha 2de enero de 2024; se indica que su cuantía se fija por la misma autoridad que confiere la comisión, con el límite máximo del 80% del importe de las dietas enteras que corresponderían en comisión de servicio, sin que se necesite justificación documental.

Se alega que de la interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que, para la determinación del porcentaje a recibir en concepto de residencia eventual, la Administración, pese a ostentar una potestad discrecional al efecto, se encuentra condicionada por un límite mínimo: que la indemnización en supuestos de pernocta fuera del domicilio nunca podrá ser inferior al 50% de la dieta entera, ya que este porcentaje es el previsto en el articulo 7 del RD 462/2002 para aquellos que vuelven a pernoctar a su residencia oficial. Y se concluye por tanto que la fijación del porcentaje del 30% llevado a cabo por el IEF, de partida, en modo alguno es acorde a Derecho, al haber acreditado la actora que se trata de una residencia eventual con pernocta fuera de su domicilio particular y, por tanto, resulta absurdo percibir menor cuantía para los gastos de manutención que alguien que vuelve para pernoctar a su residencia habitual.

Se indica que con arreglo al Anexo II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, se determina que, para el Grupo 2, el importe de la dieta entera en territorio nacional por alojamiento y manutención es de 103,37 euros diarios; 65,97 euros diarios por alojamiento y 37,40 euros diarios por manutención. Y se manifiesta que, pese al contenido del artículo 16 del RD 462/02, el importe a liquidar en concepto de indemnización por residencia eventual fijado por la orden de comisión de servicio impugnada, es el resultado de aplicar el porcentaje del 30% sobre el importe de la dieta entera diaria por alojamiento y manutención de 103,37 euros. De lo anterior resulta una cuantía total por residencia eventual fijada de 31,01 euros diarios, cantidad del todo insuficiente para sufragar los gastos de alojamiento y manutención derivados de la estancia en Madrid durante la impartición del curso, puesto que no se cubre ni siquiera el importe de la dieta por manutención (37,40 €).

Se señala que la finalidad de la indemnización por residencia eventual es indemnizar al funcionario desplazado en comisión de servicios por los gastos de su manutención y el alojamiento en el lugar de la comisión y, por tanto, el porcentaje del 30 % fijado en la orden de comisión de servicio, por ser claramente insuficiente, no cumple la finalidad de la misma. Atendiendo al coste de la manutención y del alojamiento en Madrid, ya sea en alquiler de temporada, o en hostales u hoteles, lo procedente sería fijar el 80% del porcentaje sobre la cuantía de la dieta entera, porcentaje máximo de la indemnización por residencia eventual establecido en el Real Decreto 462/2002, tal y como se hace en cursos selectivos impartidos por otros organismos estatales, de forma que con el importe resultante se pueda cubrir el gasto real por alojamiento y manutención derivado de la estancia. Resulta evidente que la concesión de un porcentaje sobre la dieta debe adecuarse a un criterio de proporcionalidad y racionalidad que permita acomodar el importe de la misma tanto a la duración del curso(residencia eventual superior a 3 meses) como a la ciudad donde se realiza, en este caso Madrid, ciudad cuya carestía de la vida es notoria y conocida, por lo que la fijación de un 30% de la dieta (31,01€/día) para alojamiento y manutención es manifiestamente insuficiente para cubrir dicha estancia y, por ende, no se cumple con la propia finalidad de dicha indemnización.

Se añade que, en relación a lo que se justifica en la memoria acompañada a la orden de comisión de servicio, en el expediente administrativo remitido por el Instituto de Estudios Fiscales no existe ningún documento que permita acreditar que se ha tenido en cuenta el precio medio del alquiler de una duración inferior al año en Madrid. Por tanto, para justificar la elección del porcentaje del 30% todo se reduce a una duración estimada del curso en base a la Disposición adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, sin tener en cuenta los costes de alojamiento y manutención en función del término medio de los mismos en la ciudad en que se celebra el curso. De hecho, se indica que desde el año 2003 el IEF viene fijando la indemnización por residencia eventual en la cuantía resultante de aplicar el porcentaje del 30% al importe de las dietas enteras del Anexo I del Real Decreto 462/2002; partiendo de esta base, la conclusión inmediata es que dicho porcentaje está obsoleto y fijado de forma totalmente ajena a la evolución del coste de la vida desde el año 2003. Además, el Director General del IEF obvia en su motivación otros gastos, inherentes al alquiler, como son los de suministros de electricidad, gas, agua, telefonía, internet, tasas de basuras, comisiones de agentes de la propiedad, fianzas y depósitos, mantenimiento de la vivienda alquilada y pequeñas reparaciones a cargo del inquilino, etc; asimismo se olvidan los gastos de manutención, que también deben ser indemnizados, y que se pueden estimar, al menos, en 37,40 euros diarios (1.159,40 euros mensuales en meses de 31 días y 1.122,00 euros mensuales en meses de 30 días) importe de la dieta de manutención del Grupo 2, invariable desde el año 2005, cuando se estableció ese importe en Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, que revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en el anexo II de dicho Real Decreto; y siendo evidente que desde el año 2005, el coste de la manutención se ha encarecido notablemente, por lo que la referencia del importe de la dieta para la estimación de los gastos de manutención se queda incluso corta, en comparación con los gastos reales de manutención.

Se alega que la fijación de un importe superior al 30% de dieta en ningún caso podría conducir a un enriquecimiento injusto a costa de los fondos públicos. Los funcionarios que hacen estos cursos dejan de percibir durante su realización las retribuciones correspondientes a los complementos de productividad, por lo que sus retribuciones son inferiores durante la impartición del curso, además de que carece de todo fundamento relacionar las retribuciones ordinarias con los gastos de alojamiento y manutención en las situaciones de comisión de servicio y comisión de servicio con consideración de residencia eventual, puesto que en ambos casos el funcionario no ha de satisfacer estos gastos, ni siquiera en parte, con sus retribuciones ordinarias, puesto que han de ser indemnizados totalmente, siempre con el límite máximo del 80 % en el caso de la residencia eventual, con las indemnizaciones por razón de servicio establecidas en el Real Decreto 462/2002.

Se añade a las consideraciones anteriores que para estancias de unos pocos meses de duración, el precio de alquiler de vivienda en Madrid es superior al dato estadístico que cita el IEF, y ello sin olvidar la dificultad de encontrar un arrendador dispuesto a alquilar un piso para un período de 4 meses, y que la LAU permite al inquilino desistir del contrato siempre que hayan pasado seis meses desde su inicio, y para ello el inquilino tiene que avisar con un mínimo de 30 días de antelación, por lo que el inquilino que quiera irse tras el 4º mes desde que comenzó el alquiler tendrá que pagar los dos meses restantes hasta cumplir seis y además tendrá que haber avisado con 30 días de antelación, porque si no lo hace deberá además pagar ese mes de preaviso, y sin perjuicio de que pueda contemplar el contrato contemple expresamente la exigencia al inquilino de una indemnización en caso de desistimiento, por no respetar el periodo al que se ha comprometido.

Se alega también que se produce un trato discriminatorio porque supone un agravio comparativo con los funcionarios de otros órganos estatales, como puede ser la Seguridad Social o las Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que se indemniza la residencia eventual con el porcentaje del 80% en este tipo de cursos. Ello supone ir en contra del derecho de igualdad ante la Ley establecido en el artículo 14 de la Constitución Española, en el sentido en que lo ha interpretado en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional.

Por tanto, se concluye que el porcentaje fijado por el IEF no está debidamente justificado ni es proporcionado; debiendo considerarse arbitrario el ejercicio de la potestad discrecional que a la Administración otorga el artículo 16 del RD 462/2002, porque con el porcentaje fijado del 30 % de la dieta entera el funcionario no tiene bastante para afrontar los gastos medios en concepto de alojamiento y manutención en Madrid. Se aprecia una insuficiente justificación, que no atiende a la valoración actualizada de los costes medios de alojamiento y manutención en la ciudad de Madrid.

Y se aclara que el concepto que se remunera es independiente del derecho al percibo de las retribuciones ordinarias, y persigue garantizar la indemnidad del funcionario desplazado de su residencia por razones de servicio, por lo que no se puede justificar un pretendido enriquecimiento injusto a partir del sumatorio de estas cantidades con las debidas en concepto de sueldo, ni tampoco evitar la comparación con los porcentajes cobrados en otros organismos aduciendo diferentes estructuras retributivas.

En cuanto a la motivación del porcentaje aplicado en base a la Disposición adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se argumenta que , al afectar exclusivamente a los cursos convocados por el IEF, quebranta el principio de igualdad recogido en el artículo 14 CE, ya que únicamente introduce limitaciones para los funcionarios formados en el Instituto de Estudios Fiscales, a pesar de que se encuentren en idénticas condiciones fácticas y jurídicas que otros funcionarios del Estado; además no consta previsión análoga en la actual Ley de presupuestos, y el precepto no rige para el ejercicio al que se refiere la actual comisión de servicio; asimismo, aun aceptando el límite normativo establecido por la citada D.A.27ª, el Director del IEF no estaría aplicando el porcentaje correcto, ya que dicha norma establece unos porcentajes en función de la duración de los cursos "excluyendo los periodos vacacionales que puedan producirse durante su impartición";por tanto, la voluntad del legislador es fijar el porcentaje en función de los días lectivos de duración del curso, y en tal sentido la duración del curso selectivo ascendió a 82 días lectivos, lo cual implica de acuerdo con la D.A. 27ª un porcentaje de indemnización del 60 %, al estar la duración comprendida en la franja "De 61 días a 120 días".

Segundo.- Alegaciones de la Administración demandada.

Por la Abogacía del Estado se contesta a la demanda en el sentido de interesar su desestimación.

Se alega para ello la Disposición Adicional Vigesimoséptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que se considera de aplicación al caso de Autos, donde se señalan porcentajes para el cálculo de la indemnización por residencia eventual en función de los días de duración: Hasta 60 días. 80%; De 61 días a 120 días. 60%; a partir de 121 días. 30 %.

Y se indica que en el caso de Autos, el importe fijado en los acuerdos de comisión de servicios es del 30%, toda vez que el curso tiene una duración de 121 días. Se señala que se olvida la parte actora en su escrito de demanda la vigencia de este precepto, que expresamente se refiere al IEF y a las indemnizaciones por razón de servicio por residencia eventual estableciendo un máximo del 30% a partir de los 121 días de duración del curso.

Se considera que se trata de una lex especialis, que señala un porcentaje máximo de abono, que en este caso es por el que ha optado el IEF, que no podría haber fijado un porcentaje superior sin vulnerar una disposición normativa con rango de ley que le resulta directa y especialmente aplicable.

Por ello, se alega que, ante la vigencia de la D.A. Vigésimo séptima de la Ley 22/2021, lo resuelto en las órdenes que recogían las comisiones de servicio era un mero acto debido, una aplicación de lo previsto en la normativa especial de aplicación, que fijó como máximo el 30% para el año 2022 y que es precisamente lo que resolvió el IEF. La aplicación de un porcentaje mayor habría sido ilegal, por contravenir la citada disposición normativa.

Tercero.- Datos de interés.

En las bases de la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda, por el sistema de promoción interna, se establece que éste se realizará mediante el sistema selectivo de concurso-oposición.

La Resolución de 2 de enero de 2024 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE de 8 de enero de 2024), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda, por el sistema de promoción interna, incluye dentro del proceso la superación de un curso selectivo para el cual los aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico de Hacienda (Grupo A2) por la autoridad convocante.

La citada Resolución establece asimismo que: "Las personas aspirantes que superen la fase de concurso-oposición realizarán un curso selectivo, de una duración máxima de siete meses lectivos, en el Instituto de Estudios Fiscales, que se desarrollará en los lugares que se determinen en la resolución por la que se apruebe la relación definitiva de personas aspirantes aprobadas en la fase de concurso-oposición en la que se concretará el procedimiento de elección, si hay más de uno. Corresponde al Instituto de Estudios Fiscales la organización, dirección, impartición y evaluación del citado curso selectivo, sin perjuicio de la coordinación conjunta con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (...)La asistencia a las clases y actividades que se organicen en el desarrollo del mismo será obligatoria. El incumplimiento de este requisito, podrá dar lugar a la imposibilidad de concurrir a las pruebas que se realicen durante el mismo y, por tanto, se perderá el derecho a ser nombrado funcionario de carrera. (...)".

Habiendo superado la fase de concurso-oposición, se convocó al curso selectivo que se inició en fecha 02 de marzo de 2025 y con fecha prevista de finalización el 4 de julio de 2025, de acuerdo con la Orden de comisión de servicio fechada electrónicamente el 26-02-2025.

La AEAT concedió a la actora, al igual que al resto de opositores de promoción interna que superaron aquella fase del proceso selectivo, una comisión de servicio en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, sito en Madrid, para poder asistir al curso selectivo obligatorio de dicho proceso. Para dicho fin, tuvo que desplazarse desde Vigo, donde tiene su residencia habitual (y donde estaba destinada como funcionaria en la Delegación de la AEAT) y residir temporalmente en Madrid durante todo el periodo de impartición, siendo la hora y fecha de inicio el día 2 de marzo de 2025 a las 14:01horas y la de finalización y regreso el 4 de julio de 2025 a las 22:00 horas, tal como consta en la correspondiente orden de comisión de servicio.

En la Orden de comisión de servicio de fecha 26 de febrero de 2025 consta que el porcentaje fijado en concepto de indemnización por residencia eventual es el 30% de la dieta entera por alojamiento y manutención, y que el grupo de clasificación es el 2º del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A dicha orden se anexa una memoria que motiva la elección de dicho porcentaje.

En fecha 5 de marzo de 2025 la demandante presentó recurso de Reposición contra la mencionada Orden de Comisión de Servicios, de fecha 26de febrero de 2025, por entender que tenía derecho a que se le reconociera el derecho de asignación de hasta el 80% de la dieta como gasto reembolsable en concepto de residencia eventual durante el periodo en que se realizara la totalidad del curso.

El recurso de reposición fue desestimado por Resolución del Director del IEF fechada electrónicamente el 11/03/2025 y notificada el 19/03/2025. Contra esa desestimación se interpone el presente recurso contencioso administrativo.

Cuarto.- Resolución del recurso.

Tal y como se alega por ambas partes, la norma de la que ha de partirse es el Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio, cuyo artículo 7 dispone "1. La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento convocados por las Administraciones públicas, así como a la de los módulos o cursos de capacitación o formación para el ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos, podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual de acuerdo con la decisión que se adopte al respecto en la correspondiente Orden de designación.

Cuando quienes estén realizando estos cursos vuelvan a pernoctar en su residencia oficial, no devengarán indemnización pero, si por razón del horario de los cursos tuvieran que almorzar en la localidad donde se imparten, tendrán derecho a percibir el 50 por 100 de los gastos de manutención y la indemnización que por gastos de viaje pudiera corresponderles según lo regulado en el presente Real Decreto" .

Asimismo, se establece en el artículo 16, en relación a la cuantía de la indemnización por residencia eventual, "1. La cuantía del importe por indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera la comisión dentro del límite máximo, sin que se necesite justificación documental, del 80 por 100 del importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del presente Real Decreto , según se trate de comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, respectivamente. El porcentaje a aplicar, incluso aunque fuera el máximo, deberá figurar de forma expresa en la orden de estas comisiones de servicios con la consideración de residencia eventual.

2. Cuando en las comisiones de servicio el personal en la situación de residencia eventual tuviera que desplazarse de la misma, además de la cuantía prevista en el apartado anterior, percibirá durante los días que dure dicho desplazamiento dietas exclusivamente por alojamiento y los correspondientes gastos de viaje, en las condiciones establecidas para las comisiones de servicio en general".

Pues bien, la controversia se suscita por el hecho de que la Administración demandada, en este caso, haciendo uso del margen de discrecionalidad que le otorga la norma, fijó en el 30% de la dieta entera el porcentaje a abonar. Según resulta de la documentación que obra en el expediente administrativo, - en concreto la Memoria que motiva la elección del porcentaje indicado, y que se acompañó a la Orden de comisión de servicio, así como el informe sobre la Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022- , se fija tal porcentaje en atención a la citada disposición legal, por tratarse de curso de duración superior a 121 días, y, considerando suficiente la cantidad resultante a la vista del precio máximo estimado del alquiler de una vivienda en el distrito Fuencarral-El Pardo, en el que se encuentra ubicado el Instituto de Estudios Fiscales, entre otras cuestiones.

Por su parte, el recurrente considera insuficiente la cantidad que resulta de la aplicación de ese porcentaje, dando las razones por las que estima que se debería fijar el mismo en el 80%, o subsidiariamente al menos en el 50%, considerando desproporcionado e injustificada la aplicación del 30%, por entender no aplicable la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022, y no acorde a la realidad de los gastos por estancia en Madrid ; e incluso, de entender aplicables aquellos porcentajes de la referida ley, se indica que habría de considerarse el curso de duración menor a los 120 días al descontar los días no lectivos, por lo que procedería aplicar el porcentaje del 60%.

Al respecto, ha de valorarse que no es ésta la primera demanda que sobre esta materia se resuelve por esta Sala y Sección, de forma que resulta necesario hacer mención a sentencias anteriores, como la reciente sentencia nº 654/25 de 12 de noviembre de 2025, dictada en el PO 102/25, en la que se sigue lo ya interpretado por esta Sala en casos similares anteriores, y que dispone :

"resulta necesario hacer mención a sentencias anteriores, como la nº 608/21 de 20 de octubre de 2021 (procedimiento ordinario 197/2020 ), en la que, aclarando el cambio de criterio de esta Sección, se razonó lo siguiente :

"En el caso presente, de las dos opciones que ofrece el artículo 7.1 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ) para los cursos selectivos de ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna (como comisión de servicio o comisión de servicio con la consideración de residencia eventual), se ha elegido la de comisión de servicio con la consideración de residencia eventual, por lo que para la fijación de la cuantía de la indemnización hemos de acudir al artículo 16 de la misma norma .

El artículo 16 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ) establece: "( ...) ".

De dicho precepto se desprende que la cuantía del importe de la indemnización no viene determinada por la justificación documental que presente cada uno de los participantes en el curso selectivo, lo que, además de ir en contra del espíritu, finalidad y concepto de indemnización de residencia eventual, podría generar diferencias injustificadas en función de la mayor o menor calidad del alojamiento y manutención elegidos por cada alumno, estableciéndose con carácter unitario por la autoridad que confiere la comisión, siguiendo los criterios previamente fijados, para lo que se tiene en cuenta el precio medio de la vivienda de alquiler en Madrid, en función de la información suministrada por el Ayuntamiento de la capital. En definitiva, no ha de atenderse a los gastos generados por la propia demandante durante el período del curso selectivo, pues ello privilegiaría a quien generase mayores gastos, e iría en contra del criterio de unidad que propugna el artículo 16.1 del citado Real Decreto en esta materia.

En el caso presente, para la fijación del 30% como cuantía de la indemnización se tomó en consideración la nota informativa sobre la calificación como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual en el caso de la asistencia de funcionarios a pruebas y cursos selectivos para el acceso a otros cuerpos de la Administración por promoción interna e instrucciones para su aplicación, emitida el 13 de febrero de 2003, por la Subdirectora General de Organización, Planificación y Gestión de recursos, que además de recoger los criterios expresados por la CECIR en Resolución de 24 de octubre de 2002, sobre la correcta aplicación del mencionado Real Decreto, añade otros aspectos dirigidos a la aplicación homogénea de esta materia en el ámbito del Instituto de Estudios Fiscales .

Así, conforme a dicha nota informativa, concretamente en su párrafo séptimo, el porcentaje de residencia eventual a que tienen derecho quienes se hallen en el caso de la recurrente, se fija en un 30%, que es el previsto para ingreso en Cuerpos o Escalas por promoción interna de duración superior a 3 meses, que se desarrollen en localidad distinta al de la residencia oficial del funcionario.

Hasta la reciente sentencia de fecha 12 de febrero de 2020 (P.O. 57/2019), esta Sala y Sección había desestimado recursos planteados con pretensiones idénticas a las de este litigio, considerando que el porcentaje del 30% fijado se fundaba en razones lógicas, en cuanto basadas en motivos racionales. Así lo hemos hecho en las sentencias de 15 de noviembre de 2017 (recurso 32/2017 ) y 2 de octubre de 2019 (recurso 157/2018 ), siguiendo la misma línea que la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 16 de noviembre de 2018 , así como la de Murcia en sus sentencias de 25 de julio de 2008 , 9 de diciembre de 2011 , y 28 de junio de 2013 , y por la de las Islas Baleares de 5 de octubre de 2011 y 3 de junio de 2012 .

Sin embargo, varias son las razones que aconsejaron variar el criterio anterior a fin de incrementar el porcentaje que puede considerarse racional, justificado y proporcionado, aunque no sea hasta el punto de acoger el máximo del 80%.

Esas razones eran, y se siguen manteniendo, las siguientes:

1ª El dilatado tiempo transcurrido desde que en febrero de 2003 se fijó en la nota informativa de la Subdirectora General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos, el porcentaje en el 30% de la misma cantidad determinada como dieta entera en el anexo II del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778) para el Grupo 2 (dieta entera 103,37 euros, descompuestos en 65,97 euros por alojamiento y 37,40 euros por manutención), sin tener en cuenta la variación del coste de la vida desde entonces y demás circunstancias que indudablemente incidieron en el encarecimiento tanto del precio del alojamiento como de la manutención, comprendiendo esta última los correspondientes al desayuno, comida, cena y teléfono, tal como establece el artículo 10.2 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ).

2ª Más en concreto, al no haber aumentado el importe del porcentaje de que se trata, tampoco se ha tenido en cuenta el notorio e importante incremento del precio del alojamiento en Madrid, sobre todo en los últimos tiempos, para deducir el cual basta con comprobar que, con los datos que se han hecho constar como probados en el recurso 32/2017, 642 euros diarios era la media de la renta por el alquiler de un apartamento en Madrid en 2016, mientras que con la información del Ayuntamiento de Madrid que se adjunta a la resolución impugnada del año 2018 se deduce que se puede alquilar un apartamento de 60 metros cuadrados en el distrito Fuencarral-El Pardo, en el que se encuentra ubicado el IEF, por una renta mensual de 744 euros al mes, detectándose ese aumento en poco tiempo en ese documento incorporado en el expediente administrativo, en el que se aprecia que la vivienda en alquiler en el distrito Fuencarral-El Pardo ha pasado desde 11,5 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2017 hasta 12,4 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2018, lo que significa que el alquiler de un apartamento de 60 metros cuadrados pasaría de una renta de 690 euros en aquel primer trimestre de 2017 a 744 euros en el segundo trimestre de 2018.

3ª Si se tiene en cuenta que el 30% de la dieta entera es de 945 euros/mes de media, correspondiendo 744 euros para alojamiento, en base a aquella información obtenida del Ayuntamiento de Madrid, quedan para manutención 201 euros, lo que significa una dieta diaria de 6,7 euros, cantidad notoria y notablemente insuficiente para afrontar en Madrid los gastos de desayuno, comida, cena y teléfono, pues incluso está por debajo de 11,22 euros, que sería el 30% de la suma de 37,40 euros en que está fijada la dieta entera para manutención.

4ª Al tratar conjuntamente el porcentaje del 30% como límite para alojamiento y manutención, y no computarlos por separado, no sólo no se tiene en cuenta el incremento del precio de alojamiento, sino que este último se lleva la mayor parte de la dieta y se perjudica notablemente al funcionario, que se vería obligado a reducir notablemente los gastos de manutención hasta el punto de hacer imposible afrontarlos con la dieta. Y,

5ª De todo lo anteriormente argumentado se desprende que ha de considerarse arbitrario el ejercicio de la potestad discrecional que a la Administración otorga el artículo 16 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ), porque con el porcentaje fijado del 30% de la dieta entera el funcionario no tiene bastante para afrontar los gastos medios en concepto de alojamiento y manutención en Madrid.

Es por todo lo anterior que, de cara a tener posibilidad de afrontar los gastos de alojamiento y manutención en Madrid durante el curso selectivo, la Sala estima que el porcentaje que ha de aplicarse es el del 50% de la dieta entera, lo que daría una suma de 51,68 euros al día y 1.550,4 euros al mes. De ese modo, si se destinan 744 euros al mes para alojamiento, quedarían 806,55 euros mensuales para manutención, lo que se corresponde con 26,88 euros diarios en este último concepto. De ese modo se podrá considerar proporcionada y justificada la dieta nuevamente fijada en cuanto que se adaptará en mayor y mejor medida a las circunstancias actuales, siendo así que, según el artículo 3.1 del Código Civil (EDL 1889/1), las normas han de interpretarse según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, además de que resulta evidente que con aquel porcentaje del 50% no se producirá un enriquecimiento injusto a costa de los fondos públicos sino el abono de una suma más adecuada a los gastos realmente afrontados.

Consecuencia de lo anteriormente argumentado es que debe estimarse el recurso contencioso administrativo en el sentido de que ha de reconocerse el derecho de la demandante a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual, el 50% de la dieta entera por alojamiento y manutención del Grupo 2, ordenando la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la IRE y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 50% de la dieta entera...".

En cuanto a la alegación de vulneración del principio de igualdad, por el hecho de que a otros cuerpos funcionariales puedan percibir un porcentaje mayor o incluso el máximo del 80% señalado en la norma, se indicaba en la sentencia de esta Sala y Sección antes indicada que "respecto a la ausencia de percepción de la dieta entera en un porcentaje superior al fijado, no cabe hablar de discriminación, pues no hay identidad de razón entre los términos de comparación propuestos para aplicar el principio, ya que se trata de funcionarios de distintas Administraciones y distintos Cuerpos, con una estructura retributiva y centro pagador también diferentes, mientras que la cantidad percibida por la recurrente es la misma que percibe el resto de funcionarios de la AEAT en su misma situación, con los que habría que establecer el término comparativo válido. Por tanto, no existe base para reputar conculcado el principio de igualdad ante la Ley recogido en el artículo 14 de la Constitución española (EDL 1978/3879).

Además, la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley exige que el trato dispar sea dispensado por la misma Sala o Tribunal, de modo que el hecho de que otros Tribunales Superiores de Justicia sigan un criterio diferente no da base para reputar vulnerado el artículo 14 de la Constitución española (EDL 1978/3879)".

Se citan, en apoyo de la anterior consideración las sentencias nº 120/2019, de 28 de octubre , y la nº 151/2019, de 25 de noviembre, del Tribunal Constitucional".

A los anteriores argumentos se añade que a partir de la Ley 22/2021 las indemnizaciones por razón del servicio en el Instituto de Estudios Fiscales tiene su regulación legal propia y diferenciada de las de los demás Cuerpos funcionariales con los que se realiza la comparación. Al estar fijadas en una norma con rango legal sólo cabría entrar en el análisis de su legalidad previo planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, pero la Sala no encuentra motivos para ello en este caso.

En efecto, en el caso presente no se cita ya por la Abogacía del Estado, en defensa de la Administración, el Acuerdo de la CECIR de 24 de octubre de 2002, y la emisión en fecha 13 de febrero de 2003 de la "Nota Informativa sobre la calificación como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual en el caso de asistencia de funcionarios a pruebas y cursos selectivos para el acceso a otros Cuerpos de la Administración por promoción interna e instrucciones para su aplicación" sino que se refiere el sustento de la fijación del 30% a lo previsto en aquella Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley 22/21, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, según la cual :

"Uno. La asistencia a cursos convocados por la Administración e impartidos por el Instituto de Estudios Fiscales devengaran las indemnizaciones reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, con las siguientes especialidades:

1. La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos, excluyendo los periodos vacacionales que puedan producirse durante su impartición, podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual de acuerdo con la decisión que se adopte al respecto en la correspondiente Orden de designación.

2. La cuantía de la indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera la comisión, en función de la duración de los cursos, excluido en su cómputo, si hubiere, el periodo vacacional, de acuerdo con los porcentajes máximos que se establecen a continuación, aplicándose al importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del Real Decreto 462/2002, según se trate de comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, respectivamente. El porcentaje a aplicar, incluso aunque fuera el máximo, deberá figurar de forma expresa en la orden de estas comisiones de servicios con la consideración de residencia eventual.

Porcentajes para el cálculo de la indemnización por residencia eventual

Porcentaje

Hasta 60 días 80

De 61 días a 120 días 60

A Partir de 121 días 30

Dos. Este artículo podrá ser modificado mediante Real Decreto".

En el caso presente la propia Administración dividió en dos períodos la duración del curso, emitiendo dos órdenes de comisión de servicios distintas, separadas por el período vacacional de Navidades, y que, de hecho, aunque vienen siendo recurridas de forma conjunta en este procedimiento, podrían haber dado lugar a dos procedimientos distintos. Tales períodos lectivos son desde el 2 de octubre de 2022 hasta el 22 de diciembre de 2022 el primero y desde el 8 de enero de 2023 hasta el 24 de febrero de 2023 el segundo, por lo que no cabe valorar la duración del curso de formación en cuestión a estos efectos en más de 121 días, como ya lo argumentamos en nuestra anterior sentencia de 15 de noviembre de 2023 (procedimiento ordinario 126/2023 ), declarada firme por decreto de 22 de febrero de 2024, pues ninguno de ellos excede de 120 días, y siendo incluso el segundo período inferior a 60 días, por lo que el porcentaje máximo a tener en cuenta según la norma sería del 60% o incluso del 80%, siendo este último precisamente el que se contempla en el artículo 16 del RD 462/2002 .

A la vista de lo anterior, ha de considerarse que el porcentaje del 80% se señala como un máximo en la Disposición Adicional 27ª antes transcrita cuando la duración es hasta 60 días, y, por ello, considerando los argumentos expuestos ya en sentencias anteriores, en las que se acogió como porcentaje justificado y suficiente en casos análogos el del 50%, que coincide con la petición concreta de la actora, se estima que no procede variar el criterio ya indicado, y por tal razón, se acoge la pretensión del recurso en el sentido de fijar aquel porcentaje del 50 %. Este fue también el porcentaje fijado en nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2024 (procedimiento ordinario 52/2024 ), que ha sido declarada firme por decreto de 28 de noviembre de 2024, al no haberse interpuesto frente a la misma recurso de casación..."

Pues bien, los argumentos expuestos en la sentencia transcrita se consideran de aplicación a este caso, y, si bien es cierto que en este supuesto la Administración no emitió dos órdenes de comisión de servicio, sino una única Orden de 26 de febrero de 2025, en la que se indica como hora y fecha de inicio el día 2 de marzo de 2025 a las 14:01 horas y la de finalización y regreso el 4 de julio de 2025 a las 22:00 horas, no puede obviarse el tenor literal de la norma en que se basa la Administración, pues en la Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley 22/21, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, tras reconocer que la asistencia a cursos convocados por la Administración e impartidos por el Instituto de Estudios Fiscales devengaran las indemnizaciones reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, indica como especialidades, que "la asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos"podrá ser indemnizada "excluyendo los periodos vacacionales que puedan producirse durante su impartición";y al hacer referencia a la cuantía indemnizatoria indica que se fijará de acuerdo con los porcentajes máximos que se establecen a continuación, en función de la duración de los cursos, "excluido en su cómputo, si hubiere, el periodo vacacional".

Teniendo en cuenta esa literalidad, ha de considerarse que en el período transcurrido entre el 2 de marzo y el 4 de julio de 2025 -en concreto 124 días- se encuentra el período de Semana Santa, siendo festivos los días 17 y 18 de abril de 2025, y, asimismo, en el período a considerar se encuentra el día 1 de mayo, también festivo nacional, y a esos días festivos han de sumarse los de la Comunidad Autónoma de Madrid y los locales de esta ciudad, es decir, los días 1 , 2 y 15 de mayo. Por tanto, al menos hay que descontar en el período indicado 5 días, de forma que serían 119 los días a tener en cuenta de acuerdo con la propia Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley 22/21, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y, por tal razón, el porcentaje a aplicar sobre el importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del Real Decreto 462/2002 , según la citada norma, no sería como máximo el 30%, sino el 60%, y de ahí que haya de ser estimado el recurso interpuesto por Dª Brigida.

En consecuencia, y siguiendo lo resuelto en sentencias anteriores de esta Sala y Sección, se considera procedente estimar la pretensión de la parte demandante en cuanto a reconocerle el derecho a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual por la realización del curso selectivo del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Técnico de Hacienda, el 60% establecido en la Disposición adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, de la dieta entera por alojamiento y manutención correspondiente al Grupo 2, incrementando el porcentaje que se venía fijando en sentencias anteriores de esta Sala y Sección (50%) , tales como la antes citada 654/25 de 12 de noviembre de 2025, por estimar que el transcurso del tiempo y el incremento en los precios del alojamiento habido en estos últimos años, hace necesario una adaptación de ese porcentaje al máximo señalado en la norma legal antes citada.

En consecuencia, el recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado ,en cuanto se reconoce el derecho del demandante a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual por la realización del curso selectivo del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Técnico de Hacienda, el 60% de la dieta entera por alojamiento y manutención correspondiente al Grupo 2, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 para cursos de duración máxima de 120 días lectivos, por todo el periodo de impartición del curso , con la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la indemnización por residencia eventual, y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 60 % de la dieta entera, más los intereses que legamente procedan.

Quinto.- Costas.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, han de imponerse las costas a la Administración demandada, y no apreciarse en el caso serias dudas de hecho o de derecho, ante los antecedentes ya expuestos. Con arreglo al artículo 139.4 LJ, se fija en 1.500 euros la cantidad máxima correspondiente a costas por todos los conceptos

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.

Primero.- Objeto del procedimiento. Alegaciones de parte demandante.

El presente recurso contencioso-administrativo se dirige por Dª Brigida contra la Orden de 26 de febrero de 2025, de Comisión de Servicio del Director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), en la que se fijaba la cuantía del importe de la indemnización por residencia eventual en un 30% de la dieta entera , confirmada en resolución desestimatoria de recurso de reposición fechada electrónicamente el 11/03/2025.

Se interesa en la demanda que "se dicte sentencia por la que:

a) Se anule el acto administrativo impugnado, y se reconozca el derecho de la demandante a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual por la realización del curso selectivo del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Técnico de Hacienda, el 80% de la dieta por alojamiento y manutención del Grupo 2, por todo el periodo de impartición del curso, ordenando la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la indemnización por residencia eventual, y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 80% de la dieta entera, por importe de 6.202,20euros, más los intereses que legamente procedan.

b) Subsidiariamente, para el caso de que no se estime la petición principal expresada en el párrafo anterior, se solicita que se anule el acto administrativo impugnado, y que se reconozca a la demandante el derecho a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual, el importe resultante de aplicar el porcentaje del 50 % de la dieta por alojamiento y manutención del Grupo 2, por todo el periodo de impartición del curso, de acuerdo a la doctrina establecida por esta Sala; ordenando la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la indemnización por residencia eventual, y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 50% de la dieta entera, por importe de 2.480,88 euros, más los intereses que legamente procedan.

c) Con condena en costas a la Administración demandada".

Se alega para ello , en primer lugar, la norma donde se regula la indemnización por razón del servicio, el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE 30 de mayo), en su artículo 7, dedicado a comisiones derivadas de la asistencia a cursos convocados por la Administración, y en su artículo 16. Y de ello se infiere que, con arreglo al artículo 7, se tarta de un supuesto, no discutido, de residencia eventual con motivo a la asistencia a un curso selectivo obligatorio para el acceso, por la vía de la promoción interna, al Cuerpo Técnico de Hacienda, en el proceso selectivo convocado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante Resolución de fecha 2de enero de 2024; se indica que su cuantía se fija por la misma autoridad que confiere la comisión, con el límite máximo del 80% del importe de las dietas enteras que corresponderían en comisión de servicio, sin que se necesite justificación documental.

Se alega que de la interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que, para la determinación del porcentaje a recibir en concepto de residencia eventual, la Administración, pese a ostentar una potestad discrecional al efecto, se encuentra condicionada por un límite mínimo: que la indemnización en supuestos de pernocta fuera del domicilio nunca podrá ser inferior al 50% de la dieta entera, ya que este porcentaje es el previsto en el articulo 7 del RD 462/2002 para aquellos que vuelven a pernoctar a su residencia oficial. Y se concluye por tanto que la fijación del porcentaje del 30% llevado a cabo por el IEF, de partida, en modo alguno es acorde a Derecho, al haber acreditado la actora que se trata de una residencia eventual con pernocta fuera de su domicilio particular y, por tanto, resulta absurdo percibir menor cuantía para los gastos de manutención que alguien que vuelve para pernoctar a su residencia habitual.

Se indica que con arreglo al Anexo II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, se determina que, para el Grupo 2, el importe de la dieta entera en territorio nacional por alojamiento y manutención es de 103,37 euros diarios; 65,97 euros diarios por alojamiento y 37,40 euros diarios por manutención. Y se manifiesta que, pese al contenido del artículo 16 del RD 462/02, el importe a liquidar en concepto de indemnización por residencia eventual fijado por la orden de comisión de servicio impugnada, es el resultado de aplicar el porcentaje del 30% sobre el importe de la dieta entera diaria por alojamiento y manutención de 103,37 euros. De lo anterior resulta una cuantía total por residencia eventual fijada de 31,01 euros diarios, cantidad del todo insuficiente para sufragar los gastos de alojamiento y manutención derivados de la estancia en Madrid durante la impartición del curso, puesto que no se cubre ni siquiera el importe de la dieta por manutención (37,40 €).

Se señala que la finalidad de la indemnización por residencia eventual es indemnizar al funcionario desplazado en comisión de servicios por los gastos de su manutención y el alojamiento en el lugar de la comisión y, por tanto, el porcentaje del 30 % fijado en la orden de comisión de servicio, por ser claramente insuficiente, no cumple la finalidad de la misma. Atendiendo al coste de la manutención y del alojamiento en Madrid, ya sea en alquiler de temporada, o en hostales u hoteles, lo procedente sería fijar el 80% del porcentaje sobre la cuantía de la dieta entera, porcentaje máximo de la indemnización por residencia eventual establecido en el Real Decreto 462/2002, tal y como se hace en cursos selectivos impartidos por otros organismos estatales, de forma que con el importe resultante se pueda cubrir el gasto real por alojamiento y manutención derivado de la estancia. Resulta evidente que la concesión de un porcentaje sobre la dieta debe adecuarse a un criterio de proporcionalidad y racionalidad que permita acomodar el importe de la misma tanto a la duración del curso(residencia eventual superior a 3 meses) como a la ciudad donde se realiza, en este caso Madrid, ciudad cuya carestía de la vida es notoria y conocida, por lo que la fijación de un 30% de la dieta (31,01€/día) para alojamiento y manutención es manifiestamente insuficiente para cubrir dicha estancia y, por ende, no se cumple con la propia finalidad de dicha indemnización.

Se añade que, en relación a lo que se justifica en la memoria acompañada a la orden de comisión de servicio, en el expediente administrativo remitido por el Instituto de Estudios Fiscales no existe ningún documento que permita acreditar que se ha tenido en cuenta el precio medio del alquiler de una duración inferior al año en Madrid. Por tanto, para justificar la elección del porcentaje del 30% todo se reduce a una duración estimada del curso en base a la Disposición adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, sin tener en cuenta los costes de alojamiento y manutención en función del término medio de los mismos en la ciudad en que se celebra el curso. De hecho, se indica que desde el año 2003 el IEF viene fijando la indemnización por residencia eventual en la cuantía resultante de aplicar el porcentaje del 30% al importe de las dietas enteras del Anexo I del Real Decreto 462/2002; partiendo de esta base, la conclusión inmediata es que dicho porcentaje está obsoleto y fijado de forma totalmente ajena a la evolución del coste de la vida desde el año 2003. Además, el Director General del IEF obvia en su motivación otros gastos, inherentes al alquiler, como son los de suministros de electricidad, gas, agua, telefonía, internet, tasas de basuras, comisiones de agentes de la propiedad, fianzas y depósitos, mantenimiento de la vivienda alquilada y pequeñas reparaciones a cargo del inquilino, etc; asimismo se olvidan los gastos de manutención, que también deben ser indemnizados, y que se pueden estimar, al menos, en 37,40 euros diarios (1.159,40 euros mensuales en meses de 31 días y 1.122,00 euros mensuales en meses de 30 días) importe de la dieta de manutención del Grupo 2, invariable desde el año 2005, cuando se estableció ese importe en Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, que revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en el anexo II de dicho Real Decreto; y siendo evidente que desde el año 2005, el coste de la manutención se ha encarecido notablemente, por lo que la referencia del importe de la dieta para la estimación de los gastos de manutención se queda incluso corta, en comparación con los gastos reales de manutención.

Se alega que la fijación de un importe superior al 30% de dieta en ningún caso podría conducir a un enriquecimiento injusto a costa de los fondos públicos. Los funcionarios que hacen estos cursos dejan de percibir durante su realización las retribuciones correspondientes a los complementos de productividad, por lo que sus retribuciones son inferiores durante la impartición del curso, además de que carece de todo fundamento relacionar las retribuciones ordinarias con los gastos de alojamiento y manutención en las situaciones de comisión de servicio y comisión de servicio con consideración de residencia eventual, puesto que en ambos casos el funcionario no ha de satisfacer estos gastos, ni siquiera en parte, con sus retribuciones ordinarias, puesto que han de ser indemnizados totalmente, siempre con el límite máximo del 80 % en el caso de la residencia eventual, con las indemnizaciones por razón de servicio establecidas en el Real Decreto 462/2002.

Se añade a las consideraciones anteriores que para estancias de unos pocos meses de duración, el precio de alquiler de vivienda en Madrid es superior al dato estadístico que cita el IEF, y ello sin olvidar la dificultad de encontrar un arrendador dispuesto a alquilar un piso para un período de 4 meses, y que la LAU permite al inquilino desistir del contrato siempre que hayan pasado seis meses desde su inicio, y para ello el inquilino tiene que avisar con un mínimo de 30 días de antelación, por lo que el inquilino que quiera irse tras el 4º mes desde que comenzó el alquiler tendrá que pagar los dos meses restantes hasta cumplir seis y además tendrá que haber avisado con 30 días de antelación, porque si no lo hace deberá además pagar ese mes de preaviso, y sin perjuicio de que pueda contemplar el contrato contemple expresamente la exigencia al inquilino de una indemnización en caso de desistimiento, por no respetar el periodo al que se ha comprometido.

Se alega también que se produce un trato discriminatorio porque supone un agravio comparativo con los funcionarios de otros órganos estatales, como puede ser la Seguridad Social o las Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que se indemniza la residencia eventual con el porcentaje del 80% en este tipo de cursos. Ello supone ir en contra del derecho de igualdad ante la Ley establecido en el artículo 14 de la Constitución Española, en el sentido en que lo ha interpretado en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional.

Por tanto, se concluye que el porcentaje fijado por el IEF no está debidamente justificado ni es proporcionado; debiendo considerarse arbitrario el ejercicio de la potestad discrecional que a la Administración otorga el artículo 16 del RD 462/2002, porque con el porcentaje fijado del 30 % de la dieta entera el funcionario no tiene bastante para afrontar los gastos medios en concepto de alojamiento y manutención en Madrid. Se aprecia una insuficiente justificación, que no atiende a la valoración actualizada de los costes medios de alojamiento y manutención en la ciudad de Madrid.

Y se aclara que el concepto que se remunera es independiente del derecho al percibo de las retribuciones ordinarias, y persigue garantizar la indemnidad del funcionario desplazado de su residencia por razones de servicio, por lo que no se puede justificar un pretendido enriquecimiento injusto a partir del sumatorio de estas cantidades con las debidas en concepto de sueldo, ni tampoco evitar la comparación con los porcentajes cobrados en otros organismos aduciendo diferentes estructuras retributivas.

En cuanto a la motivación del porcentaje aplicado en base a la Disposición adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se argumenta que , al afectar exclusivamente a los cursos convocados por el IEF, quebranta el principio de igualdad recogido en el artículo 14 CE, ya que únicamente introduce limitaciones para los funcionarios formados en el Instituto de Estudios Fiscales, a pesar de que se encuentren en idénticas condiciones fácticas y jurídicas que otros funcionarios del Estado; además no consta previsión análoga en la actual Ley de presupuestos, y el precepto no rige para el ejercicio al que se refiere la actual comisión de servicio; asimismo, aun aceptando el límite normativo establecido por la citada D.A.27ª, el Director del IEF no estaría aplicando el porcentaje correcto, ya que dicha norma establece unos porcentajes en función de la duración de los cursos "excluyendo los periodos vacacionales que puedan producirse durante su impartición";por tanto, la voluntad del legislador es fijar el porcentaje en función de los días lectivos de duración del curso, y en tal sentido la duración del curso selectivo ascendió a 82 días lectivos, lo cual implica de acuerdo con la D.A. 27ª un porcentaje de indemnización del 60 %, al estar la duración comprendida en la franja "De 61 días a 120 días".

Segundo.- Alegaciones de la Administración demandada.

Por la Abogacía del Estado se contesta a la demanda en el sentido de interesar su desestimación.

Se alega para ello la Disposición Adicional Vigesimoséptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que se considera de aplicación al caso de Autos, donde se señalan porcentajes para el cálculo de la indemnización por residencia eventual en función de los días de duración: Hasta 60 días. 80%; De 61 días a 120 días. 60%; a partir de 121 días. 30 %.

Y se indica que en el caso de Autos, el importe fijado en los acuerdos de comisión de servicios es del 30%, toda vez que el curso tiene una duración de 121 días. Se señala que se olvida la parte actora en su escrito de demanda la vigencia de este precepto, que expresamente se refiere al IEF y a las indemnizaciones por razón de servicio por residencia eventual estableciendo un máximo del 30% a partir de los 121 días de duración del curso.

Se considera que se trata de una lex especialis, que señala un porcentaje máximo de abono, que en este caso es por el que ha optado el IEF, que no podría haber fijado un porcentaje superior sin vulnerar una disposición normativa con rango de ley que le resulta directa y especialmente aplicable.

Por ello, se alega que, ante la vigencia de la D.A. Vigésimo séptima de la Ley 22/2021, lo resuelto en las órdenes que recogían las comisiones de servicio era un mero acto debido, una aplicación de lo previsto en la normativa especial de aplicación, que fijó como máximo el 30% para el año 2022 y que es precisamente lo que resolvió el IEF. La aplicación de un porcentaje mayor habría sido ilegal, por contravenir la citada disposición normativa.

Tercero.- Datos de interés.

En las bases de la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda, por el sistema de promoción interna, se establece que éste se realizará mediante el sistema selectivo de concurso-oposición.

La Resolución de 2 de enero de 2024 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE de 8 de enero de 2024), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda, por el sistema de promoción interna, incluye dentro del proceso la superación de un curso selectivo para el cual los aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico de Hacienda (Grupo A2) por la autoridad convocante.

La citada Resolución establece asimismo que: "Las personas aspirantes que superen la fase de concurso-oposición realizarán un curso selectivo, de una duración máxima de siete meses lectivos, en el Instituto de Estudios Fiscales, que se desarrollará en los lugares que se determinen en la resolución por la que se apruebe la relación definitiva de personas aspirantes aprobadas en la fase de concurso-oposición en la que se concretará el procedimiento de elección, si hay más de uno. Corresponde al Instituto de Estudios Fiscales la organización, dirección, impartición y evaluación del citado curso selectivo, sin perjuicio de la coordinación conjunta con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (...)La asistencia a las clases y actividades que se organicen en el desarrollo del mismo será obligatoria. El incumplimiento de este requisito, podrá dar lugar a la imposibilidad de concurrir a las pruebas que se realicen durante el mismo y, por tanto, se perderá el derecho a ser nombrado funcionario de carrera. (...)".

Habiendo superado la fase de concurso-oposición, se convocó al curso selectivo que se inició en fecha 02 de marzo de 2025 y con fecha prevista de finalización el 4 de julio de 2025, de acuerdo con la Orden de comisión de servicio fechada electrónicamente el 26-02-2025.

La AEAT concedió a la actora, al igual que al resto de opositores de promoción interna que superaron aquella fase del proceso selectivo, una comisión de servicio en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, sito en Madrid, para poder asistir al curso selectivo obligatorio de dicho proceso. Para dicho fin, tuvo que desplazarse desde Vigo, donde tiene su residencia habitual (y donde estaba destinada como funcionaria en la Delegación de la AEAT) y residir temporalmente en Madrid durante todo el periodo de impartición, siendo la hora y fecha de inicio el día 2 de marzo de 2025 a las 14:01horas y la de finalización y regreso el 4 de julio de 2025 a las 22:00 horas, tal como consta en la correspondiente orden de comisión de servicio.

En la Orden de comisión de servicio de fecha 26 de febrero de 2025 consta que el porcentaje fijado en concepto de indemnización por residencia eventual es el 30% de la dieta entera por alojamiento y manutención, y que el grupo de clasificación es el 2º del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A dicha orden se anexa una memoria que motiva la elección de dicho porcentaje.

En fecha 5 de marzo de 2025 la demandante presentó recurso de Reposición contra la mencionada Orden de Comisión de Servicios, de fecha 26de febrero de 2025, por entender que tenía derecho a que se le reconociera el derecho de asignación de hasta el 80% de la dieta como gasto reembolsable en concepto de residencia eventual durante el periodo en que se realizara la totalidad del curso.

El recurso de reposición fue desestimado por Resolución del Director del IEF fechada electrónicamente el 11/03/2025 y notificada el 19/03/2025. Contra esa desestimación se interpone el presente recurso contencioso administrativo.

Cuarto.- Resolución del recurso.

Tal y como se alega por ambas partes, la norma de la que ha de partirse es el Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio, cuyo artículo 7 dispone "1. La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento convocados por las Administraciones públicas, así como a la de los módulos o cursos de capacitación o formación para el ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos, podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual de acuerdo con la decisión que se adopte al respecto en la correspondiente Orden de designación.

Cuando quienes estén realizando estos cursos vuelvan a pernoctar en su residencia oficial, no devengarán indemnización pero, si por razón del horario de los cursos tuvieran que almorzar en la localidad donde se imparten, tendrán derecho a percibir el 50 por 100 de los gastos de manutención y la indemnización que por gastos de viaje pudiera corresponderles según lo regulado en el presente Real Decreto" .

Asimismo, se establece en el artículo 16, en relación a la cuantía de la indemnización por residencia eventual, "1. La cuantía del importe por indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera la comisión dentro del límite máximo, sin que se necesite justificación documental, del 80 por 100 del importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del presente Real Decreto , según se trate de comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, respectivamente. El porcentaje a aplicar, incluso aunque fuera el máximo, deberá figurar de forma expresa en la orden de estas comisiones de servicios con la consideración de residencia eventual.

2. Cuando en las comisiones de servicio el personal en la situación de residencia eventual tuviera que desplazarse de la misma, además de la cuantía prevista en el apartado anterior, percibirá durante los días que dure dicho desplazamiento dietas exclusivamente por alojamiento y los correspondientes gastos de viaje, en las condiciones establecidas para las comisiones de servicio en general".

Pues bien, la controversia se suscita por el hecho de que la Administración demandada, en este caso, haciendo uso del margen de discrecionalidad que le otorga la norma, fijó en el 30% de la dieta entera el porcentaje a abonar. Según resulta de la documentación que obra en el expediente administrativo, - en concreto la Memoria que motiva la elección del porcentaje indicado, y que se acompañó a la Orden de comisión de servicio, así como el informe sobre la Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022- , se fija tal porcentaje en atención a la citada disposición legal, por tratarse de curso de duración superior a 121 días, y, considerando suficiente la cantidad resultante a la vista del precio máximo estimado del alquiler de una vivienda en el distrito Fuencarral-El Pardo, en el que se encuentra ubicado el Instituto de Estudios Fiscales, entre otras cuestiones.

Por su parte, el recurrente considera insuficiente la cantidad que resulta de la aplicación de ese porcentaje, dando las razones por las que estima que se debería fijar el mismo en el 80%, o subsidiariamente al menos en el 50%, considerando desproporcionado e injustificada la aplicación del 30%, por entender no aplicable la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022, y no acorde a la realidad de los gastos por estancia en Madrid ; e incluso, de entender aplicables aquellos porcentajes de la referida ley, se indica que habría de considerarse el curso de duración menor a los 120 días al descontar los días no lectivos, por lo que procedería aplicar el porcentaje del 60%.

Al respecto, ha de valorarse que no es ésta la primera demanda que sobre esta materia se resuelve por esta Sala y Sección, de forma que resulta necesario hacer mención a sentencias anteriores, como la reciente sentencia nº 654/25 de 12 de noviembre de 2025, dictada en el PO 102/25, en la que se sigue lo ya interpretado por esta Sala en casos similares anteriores, y que dispone :

"resulta necesario hacer mención a sentencias anteriores, como la nº 608/21 de 20 de octubre de 2021 (procedimiento ordinario 197/2020 ), en la que, aclarando el cambio de criterio de esta Sección, se razonó lo siguiente :

"En el caso presente, de las dos opciones que ofrece el artículo 7.1 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ) para los cursos selectivos de ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna (como comisión de servicio o comisión de servicio con la consideración de residencia eventual), se ha elegido la de comisión de servicio con la consideración de residencia eventual, por lo que para la fijación de la cuantía de la indemnización hemos de acudir al artículo 16 de la misma norma .

El artículo 16 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ) establece: "( ...) ".

De dicho precepto se desprende que la cuantía del importe de la indemnización no viene determinada por la justificación documental que presente cada uno de los participantes en el curso selectivo, lo que, además de ir en contra del espíritu, finalidad y concepto de indemnización de residencia eventual, podría generar diferencias injustificadas en función de la mayor o menor calidad del alojamiento y manutención elegidos por cada alumno, estableciéndose con carácter unitario por la autoridad que confiere la comisión, siguiendo los criterios previamente fijados, para lo que se tiene en cuenta el precio medio de la vivienda de alquiler en Madrid, en función de la información suministrada por el Ayuntamiento de la capital. En definitiva, no ha de atenderse a los gastos generados por la propia demandante durante el período del curso selectivo, pues ello privilegiaría a quien generase mayores gastos, e iría en contra del criterio de unidad que propugna el artículo 16.1 del citado Real Decreto en esta materia.

En el caso presente, para la fijación del 30% como cuantía de la indemnización se tomó en consideración la nota informativa sobre la calificación como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual en el caso de la asistencia de funcionarios a pruebas y cursos selectivos para el acceso a otros cuerpos de la Administración por promoción interna e instrucciones para su aplicación, emitida el 13 de febrero de 2003, por la Subdirectora General de Organización, Planificación y Gestión de recursos, que además de recoger los criterios expresados por la CECIR en Resolución de 24 de octubre de 2002, sobre la correcta aplicación del mencionado Real Decreto, añade otros aspectos dirigidos a la aplicación homogénea de esta materia en el ámbito del Instituto de Estudios Fiscales .

Así, conforme a dicha nota informativa, concretamente en su párrafo séptimo, el porcentaje de residencia eventual a que tienen derecho quienes se hallen en el caso de la recurrente, se fija en un 30%, que es el previsto para ingreso en Cuerpos o Escalas por promoción interna de duración superior a 3 meses, que se desarrollen en localidad distinta al de la residencia oficial del funcionario.

Hasta la reciente sentencia de fecha 12 de febrero de 2020 (P.O. 57/2019), esta Sala y Sección había desestimado recursos planteados con pretensiones idénticas a las de este litigio, considerando que el porcentaje del 30% fijado se fundaba en razones lógicas, en cuanto basadas en motivos racionales. Así lo hemos hecho en las sentencias de 15 de noviembre de 2017 (recurso 32/2017 ) y 2 de octubre de 2019 (recurso 157/2018 ), siguiendo la misma línea que la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 16 de noviembre de 2018 , así como la de Murcia en sus sentencias de 25 de julio de 2008 , 9 de diciembre de 2011 , y 28 de junio de 2013 , y por la de las Islas Baleares de 5 de octubre de 2011 y 3 de junio de 2012 .

Sin embargo, varias son las razones que aconsejaron variar el criterio anterior a fin de incrementar el porcentaje que puede considerarse racional, justificado y proporcionado, aunque no sea hasta el punto de acoger el máximo del 80%.

Esas razones eran, y se siguen manteniendo, las siguientes:

1ª El dilatado tiempo transcurrido desde que en febrero de 2003 se fijó en la nota informativa de la Subdirectora General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos, el porcentaje en el 30% de la misma cantidad determinada como dieta entera en el anexo II del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778) para el Grupo 2 (dieta entera 103,37 euros, descompuestos en 65,97 euros por alojamiento y 37,40 euros por manutención), sin tener en cuenta la variación del coste de la vida desde entonces y demás circunstancias que indudablemente incidieron en el encarecimiento tanto del precio del alojamiento como de la manutención, comprendiendo esta última los correspondientes al desayuno, comida, cena y teléfono, tal como establece el artículo 10.2 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ).

2ª Más en concreto, al no haber aumentado el importe del porcentaje de que se trata, tampoco se ha tenido en cuenta el notorio e importante incremento del precio del alojamiento en Madrid, sobre todo en los últimos tiempos, para deducir el cual basta con comprobar que, con los datos que se han hecho constar como probados en el recurso 32/2017, 642 euros diarios era la media de la renta por el alquiler de un apartamento en Madrid en 2016, mientras que con la información del Ayuntamiento de Madrid que se adjunta a la resolución impugnada del año 2018 se deduce que se puede alquilar un apartamento de 60 metros cuadrados en el distrito Fuencarral-El Pardo, en el que se encuentra ubicado el IEF, por una renta mensual de 744 euros al mes, detectándose ese aumento en poco tiempo en ese documento incorporado en el expediente administrativo, en el que se aprecia que la vivienda en alquiler en el distrito Fuencarral-El Pardo ha pasado desde 11,5 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2017 hasta 12,4 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2018, lo que significa que el alquiler de un apartamento de 60 metros cuadrados pasaría de una renta de 690 euros en aquel primer trimestre de 2017 a 744 euros en el segundo trimestre de 2018.

3ª Si se tiene en cuenta que el 30% de la dieta entera es de 945 euros/mes de media, correspondiendo 744 euros para alojamiento, en base a aquella información obtenida del Ayuntamiento de Madrid, quedan para manutención 201 euros, lo que significa una dieta diaria de 6,7 euros, cantidad notoria y notablemente insuficiente para afrontar en Madrid los gastos de desayuno, comida, cena y teléfono, pues incluso está por debajo de 11,22 euros, que sería el 30% de la suma de 37,40 euros en que está fijada la dieta entera para manutención.

4ª Al tratar conjuntamente el porcentaje del 30% como límite para alojamiento y manutención, y no computarlos por separado, no sólo no se tiene en cuenta el incremento del precio de alojamiento, sino que este último se lleva la mayor parte de la dieta y se perjudica notablemente al funcionario, que se vería obligado a reducir notablemente los gastos de manutención hasta el punto de hacer imposible afrontarlos con la dieta. Y,

5ª De todo lo anteriormente argumentado se desprende que ha de considerarse arbitrario el ejercicio de la potestad discrecional que a la Administración otorga el artículo 16 del Real Decreto 462/2002 (EDL 2002/14778 ), porque con el porcentaje fijado del 30% de la dieta entera el funcionario no tiene bastante para afrontar los gastos medios en concepto de alojamiento y manutención en Madrid.

Es por todo lo anterior que, de cara a tener posibilidad de afrontar los gastos de alojamiento y manutención en Madrid durante el curso selectivo, la Sala estima que el porcentaje que ha de aplicarse es el del 50% de la dieta entera, lo que daría una suma de 51,68 euros al día y 1.550,4 euros al mes. De ese modo, si se destinan 744 euros al mes para alojamiento, quedarían 806,55 euros mensuales para manutención, lo que se corresponde con 26,88 euros diarios en este último concepto. De ese modo se podrá considerar proporcionada y justificada la dieta nuevamente fijada en cuanto que se adaptará en mayor y mejor medida a las circunstancias actuales, siendo así que, según el artículo 3.1 del Código Civil (EDL 1889/1), las normas han de interpretarse según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, además de que resulta evidente que con aquel porcentaje del 50% no se producirá un enriquecimiento injusto a costa de los fondos públicos sino el abono de una suma más adecuada a los gastos realmente afrontados.

Consecuencia de lo anteriormente argumentado es que debe estimarse el recurso contencioso administrativo en el sentido de que ha de reconocerse el derecho de la demandante a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual, el 50% de la dieta entera por alojamiento y manutención del Grupo 2, ordenando la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la IRE y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 50% de la dieta entera...".

En cuanto a la alegación de vulneración del principio de igualdad, por el hecho de que a otros cuerpos funcionariales puedan percibir un porcentaje mayor o incluso el máximo del 80% señalado en la norma, se indicaba en la sentencia de esta Sala y Sección antes indicada que "respecto a la ausencia de percepción de la dieta entera en un porcentaje superior al fijado, no cabe hablar de discriminación, pues no hay identidad de razón entre los términos de comparación propuestos para aplicar el principio, ya que se trata de funcionarios de distintas Administraciones y distintos Cuerpos, con una estructura retributiva y centro pagador también diferentes, mientras que la cantidad percibida por la recurrente es la misma que percibe el resto de funcionarios de la AEAT en su misma situación, con los que habría que establecer el término comparativo válido. Por tanto, no existe base para reputar conculcado el principio de igualdad ante la Ley recogido en el artículo 14 de la Constitución española (EDL 1978/3879).

Además, la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley exige que el trato dispar sea dispensado por la misma Sala o Tribunal, de modo que el hecho de que otros Tribunales Superiores de Justicia sigan un criterio diferente no da base para reputar vulnerado el artículo 14 de la Constitución española (EDL 1978/3879)".

Se citan, en apoyo de la anterior consideración las sentencias nº 120/2019, de 28 de octubre , y la nº 151/2019, de 25 de noviembre, del Tribunal Constitucional".

A los anteriores argumentos se añade que a partir de la Ley 22/2021 las indemnizaciones por razón del servicio en el Instituto de Estudios Fiscales tiene su regulación legal propia y diferenciada de las de los demás Cuerpos funcionariales con los que se realiza la comparación. Al estar fijadas en una norma con rango legal sólo cabría entrar en el análisis de su legalidad previo planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, pero la Sala no encuentra motivos para ello en este caso.

En efecto, en el caso presente no se cita ya por la Abogacía del Estado, en defensa de la Administración, el Acuerdo de la CECIR de 24 de octubre de 2002, y la emisión en fecha 13 de febrero de 2003 de la "Nota Informativa sobre la calificación como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual en el caso de asistencia de funcionarios a pruebas y cursos selectivos para el acceso a otros Cuerpos de la Administración por promoción interna e instrucciones para su aplicación" sino que se refiere el sustento de la fijación del 30% a lo previsto en aquella Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley 22/21, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, según la cual :

"Uno. La asistencia a cursos convocados por la Administración e impartidos por el Instituto de Estudios Fiscales devengaran las indemnizaciones reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, con las siguientes especialidades:

1. La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos, excluyendo los periodos vacacionales que puedan producirse durante su impartición, podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual de acuerdo con la decisión que se adopte al respecto en la correspondiente Orden de designación.

2. La cuantía de la indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera la comisión, en función de la duración de los cursos, excluido en su cómputo, si hubiere, el periodo vacacional, de acuerdo con los porcentajes máximos que se establecen a continuación, aplicándose al importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del Real Decreto 462/2002, según se trate de comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, respectivamente. El porcentaje a aplicar, incluso aunque fuera el máximo, deberá figurar de forma expresa en la orden de estas comisiones de servicios con la consideración de residencia eventual.

Porcentajes para el cálculo de la indemnización por residencia eventual

Porcentaje

Hasta 60 días 80

De 61 días a 120 días 60

A Partir de 121 días 30

Dos. Este artículo podrá ser modificado mediante Real Decreto".

En el caso presente la propia Administración dividió en dos períodos la duración del curso, emitiendo dos órdenes de comisión de servicios distintas, separadas por el período vacacional de Navidades, y que, de hecho, aunque vienen siendo recurridas de forma conjunta en este procedimiento, podrían haber dado lugar a dos procedimientos distintos. Tales períodos lectivos son desde el 2 de octubre de 2022 hasta el 22 de diciembre de 2022 el primero y desde el 8 de enero de 2023 hasta el 24 de febrero de 2023 el segundo, por lo que no cabe valorar la duración del curso de formación en cuestión a estos efectos en más de 121 días, como ya lo argumentamos en nuestra anterior sentencia de 15 de noviembre de 2023 (procedimiento ordinario 126/2023 ), declarada firme por decreto de 22 de febrero de 2024, pues ninguno de ellos excede de 120 días, y siendo incluso el segundo período inferior a 60 días, por lo que el porcentaje máximo a tener en cuenta según la norma sería del 60% o incluso del 80%, siendo este último precisamente el que se contempla en el artículo 16 del RD 462/2002 .

A la vista de lo anterior, ha de considerarse que el porcentaje del 80% se señala como un máximo en la Disposición Adicional 27ª antes transcrita cuando la duración es hasta 60 días, y, por ello, considerando los argumentos expuestos ya en sentencias anteriores, en las que se acogió como porcentaje justificado y suficiente en casos análogos el del 50%, que coincide con la petición concreta de la actora, se estima que no procede variar el criterio ya indicado, y por tal razón, se acoge la pretensión del recurso en el sentido de fijar aquel porcentaje del 50 %. Este fue también el porcentaje fijado en nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2024 (procedimiento ordinario 52/2024 ), que ha sido declarada firme por decreto de 28 de noviembre de 2024, al no haberse interpuesto frente a la misma recurso de casación..."

Pues bien, los argumentos expuestos en la sentencia transcrita se consideran de aplicación a este caso, y, si bien es cierto que en este supuesto la Administración no emitió dos órdenes de comisión de servicio, sino una única Orden de 26 de febrero de 2025, en la que se indica como hora y fecha de inicio el día 2 de marzo de 2025 a las 14:01 horas y la de finalización y regreso el 4 de julio de 2025 a las 22:00 horas, no puede obviarse el tenor literal de la norma en que se basa la Administración, pues en la Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley 22/21, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, tras reconocer que la asistencia a cursos convocados por la Administración e impartidos por el Instituto de Estudios Fiscales devengaran las indemnizaciones reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, indica como especialidades, que "la asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos"podrá ser indemnizada "excluyendo los periodos vacacionales que puedan producirse durante su impartición";y al hacer referencia a la cuantía indemnizatoria indica que se fijará de acuerdo con los porcentajes máximos que se establecen a continuación, en función de la duración de los cursos, "excluido en su cómputo, si hubiere, el periodo vacacional".

Teniendo en cuenta esa literalidad, ha de considerarse que en el período transcurrido entre el 2 de marzo y el 4 de julio de 2025 -en concreto 124 días- se encuentra el período de Semana Santa, siendo festivos los días 17 y 18 de abril de 2025, y, asimismo, en el período a considerar se encuentra el día 1 de mayo, también festivo nacional, y a esos días festivos han de sumarse los de la Comunidad Autónoma de Madrid y los locales de esta ciudad, es decir, los días 1 , 2 y 15 de mayo. Por tanto, al menos hay que descontar en el período indicado 5 días, de forma que serían 119 los días a tener en cuenta de acuerdo con la propia Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley 22/21, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y, por tal razón, el porcentaje a aplicar sobre el importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del Real Decreto 462/2002 , según la citada norma, no sería como máximo el 30%, sino el 60%, y de ahí que haya de ser estimado el recurso interpuesto por Dª Brigida.

En consecuencia, y siguiendo lo resuelto en sentencias anteriores de esta Sala y Sección, se considera procedente estimar la pretensión de la parte demandante en cuanto a reconocerle el derecho a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual por la realización del curso selectivo del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Técnico de Hacienda, el 60% establecido en la Disposición adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, de la dieta entera por alojamiento y manutención correspondiente al Grupo 2, incrementando el porcentaje que se venía fijando en sentencias anteriores de esta Sala y Sección (50%) , tales como la antes citada 654/25 de 12 de noviembre de 2025, por estimar que el transcurso del tiempo y el incremento en los precios del alojamiento habido en estos últimos años, hace necesario una adaptación de ese porcentaje al máximo señalado en la norma legal antes citada.

En consecuencia, el recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado ,en cuanto se reconoce el derecho del demandante a percibir, en concepto de indemnización por residencia eventual por la realización del curso selectivo del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Técnico de Hacienda, el 60% de la dieta entera por alojamiento y manutención correspondiente al Grupo 2, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 27ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 para cursos de duración máxima de 120 días lectivos, por todo el periodo de impartición del curso , con la liquidación de las diferencias entre los importes percibidos por la indemnización por residencia eventual, y los resultantes del reconocimiento del derecho, liquidados al 60 % de la dieta entera, más los intereses que legamente procedan.

Quinto.- Costas.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, han de imponerse las costas a la Administración demandada, y no apreciarse en el caso serias dudas de hecho o de derecho, ante los antecedentes ya expuestos. Con arreglo al artículo 139.4 LJ, se fija en 1.500 euros la cantidad máxima correspondiente a costas por todos los conceptos

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.