Sentencia Contencioso-Administrativo 481/2024 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 7128/2024 de 23 de diciembre del 2024

1.- Objeto del recurso de apelación.

El recurso de apelación sustanciado en este asunto a instancia de Covadonga tiene por objeto la Sentencia de 14.04.2024 del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Vigo dictada en sus autos de Proceso ordinario nº 34/2023, que desestimó el recurso contencioso promovido por la Sra Covadonga contra la resolución definitiva dictada por el Consello de Administración de la Autoridad Portuaria viguesa en el expediente seguido con motivo de su reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial asociada a su caída, el 27.01.2020, mientras caminaba por el paseo de madera del muelle hacia el pantalán de acceso al barco pasaje que en ese momento ocupaba la línea de transporte marítimo de Ría Vigo-Moaña, a la altura del Club Náutico, después de resbalar en el pavimento de madera perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo.

La sentencia apelada desestima su recurso después de reconocer como cierto el accidente (en la fecha, hora, lugar, incluso en lo relativo al estado resbaladizo de la superficie sobre la que caminaba la Sra. Covadonga) así como su mecánica: que la causa de la caída fue un resbalón con la consiguiente pérdida de equilibrio debido a la humedad del pavimento.

A continuación, después de mencionar los requisitos para la concurrencia de responsabilidad patrimonial de la Administración pública -descritos por doctrina y jurisprudencia constantes--la Magistrada autora de la sentencia enseña en su FJ 3º (titulado "De la traslación al caso concreto")que "para que nazca esa responsabilidad, es presupuesto inexcusable demostrar el cómo, esto es, la dinámica del evento dañoso, para -a partir de esa acreditación-sustentar un funcionamiento del servicio público como causante del mismo".

Y añade:

"A pesar del esfuerzo argumental de la parte actora, en la falta de señalización en sus iniciales escritos, la insuficiencia o falta de visibilidad de las mismas en pavimento, lo cierto es que no podido desvirtuar la existencia de señalización adecuada de la zona y que el pavimento es adecuado. Sin que haya aportado ninguna prueba pericial, técnica, en ese sentido."

En ese FJ (3º) la Sentencia apelada refiere el resultado de la valoración de la prueba practicada y que la única prueba propuesta por la actora en relación con la dinámica de los hechos es la testifical del Sr. Joaquín, quien manifestó que en el momento de la caída se encontraba en pantalán trabajando, como marinero de uno de los barcos, ayudando a los pasajeros a embarcar pero que "no pudo concretar la secuencia de hechos de la caída, cómo o de qué forma resbaló la actora, pues terminó reconociendo que cuando vio a la Sra Covadonga se encontraba ya en el suelo."

Continúa:

"...son relevantes los informes técnicos, Jefe del área de Planificación e Infraestructuras - Jefe de División de Conservación de 16.10.2020 y de 19.12.2021 de la Autoridad Portuaria en los que se indica que el pavimento es el adecuado: "los materiales empleados en la pavimentación aledaña a los pantalanes de tráfico de la ría son comúnmente utilizados en la urbanización de entornos urbanos y aptos para su empleo en exteriores. La climatología ese día era adversa.

Y ante esas circunstancias climatológicas es evidente que puede existir cierto riesgo de resbalamiento, pero en ese riesgo influyen múltiples factores, además del estado del pavimento.

En la zona existe señalización vertical advirtiendo del riesgo de resbalamiento y de la necesidad de circular con precaución y señalización era la adecuada.

Y en ese sentido son clarificadoras las imágenes del lugar incorporadas al expediente administrativo (folios 34 a 36) a instancia de la parte demandante en las que se observa un pavimento en perfecto estado, y en las que, además, puede comprobarse que la señalización se encentra ubicada en el acceso a la zona de madera que constituye el paseo, la existencia de barandillas, asimismo, consta el plano que se adjunta al informe en el que aparece señalado con tres círculos en rojo las distintas ubicaciones de la señalización a lo largo del paseo.

Informes clarificados y confirmados en el acto de la vista por sus redactores, el Sr. Virgilio Jefe de División de Seguridad y Protección y por el Sr Sixto Jefe de Conservación. El Sr Virgilio puntualizó que la señalización de las zonas susceptibles se llevó a cabo en el año 2016, instalándose cartelería de advertencia, que se sigue ampliando. Manifestando que el día del accidente había señales en el lugar, distribuidas por esa zona, señales azules con prohibiciones y advertencias. La misma señal distribuida en distintas zonas a lo largo del paseo (en la entrada, a los lados). Señales que son visibles para los usuarios del puerto de la zona de embarque/desembarque. Y que tienen una doble función, advertir de los peligros y de la Ordenanza en relación con los usos de la zona centro Que no han recibido ninguna queja de que son insuficientes o que no son visibles.

El Sr. Sixto Jefe de Conservación de la Autoridad Portuaria Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, siendo su especialidad el desarrollo de urbanizaciones abiertas a la ciudad como es la zona portuaria, quien especificó que el pavimento de esa zona del paseo se trata de pavimento rastrelado de madera, madera IPE, adecuado para su uso en el exterior, utilizado frecuentemente en este tipo de instalaciones. Y que en contacto con la humedad no resulta más resbaladizo que otro tipo de pavimento. Como jefe del departamento de conservación, que tienen constancia de los desperfectos que puedan producirse, bien por los operarios del departamento, o la Policía portuaria o por queja de algún usuario, para intentar actuar y reparar a la mayor brevedad posible. Señalando que es una zona de tránsito habitual con gran afluencia de personas y los operarios realizan rondas para comprobar que se encuentran en perfecto estado.

Informe de la Abogacía del Estado.

A razón de siniestro, la Abogacía del Estado elaboró un informe específico, de fecha 25 de octubre, en que se establece que el pavimento cumple las características exigidas por la normativa técnica de aplicación, añadiendo que a lo largo del 2020 (año del siniestro) un total de 849.893 pasajeros embarcaron y desembarcaron en el Puerto de Vigo y solo constan a la Autoridad Portuaria dos reclamaciones patrimoniales por caídas en la zona de pavimento de madera, incluida la referida en la presente reclamación.

No ha quedado acreditado un funcionamiento anormal del servicio público.

Los obstáculos a la normal circulación, sea peatonal o de vehículos, no cabe que sean permitidos, a menos que se señalicen adecuadamente o se adopten medidas pertinentes para la prevención (distintos colores, texturas, alturas, cerramientos, nivelación a ras de suelo siquiera provisional...) así como la conservación en buen estado que permita ese normal desenvolvimiento y el cumplimiento de su finalidad.

Al ser una zona transitada, con gran afluencia de peatones, se probado la adopción de medidas, con señalización a lo largo del paseo de madera, adecuada en el momento del accidente.

En ningún caso se ha podido acreditar el nexo causal entre el anormal funcionamiento del servicio público y el resultado dañoso reclamado, por falta de una detallada descripción de los hechos, debidamente amparada en prueba bastante, para luego determinar la incidencia de la actuación u omisión administrativa en lo acontecido.

La parte actora debe ser consciente de la debilidad probatoria que afecta a su pretensión, fragilidad que solo podía ser suplida si la demandada hubiese reconocido o aceptando, aunque fuese tácitamente, la realidad del hecho, en las circunstancias denunciadas por la demandante. Pero no ha sido así. No se acepta por la demandad la realidad del relato fáctico en el que se sustenta la acción que se ejercita y si no se acepta, merece ser acreditado, si quiera indiciariamente, por sobre quien pesa esa carga probatoria, quien reclama, ex art. 217.2. de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) . El caso es que la actora no ha aportado ningún elemento documental o de otra índole que respalde su versión de los hechos, por lo que si bien no existe duda sobre los daños, lo que no puede considerarse acreditado es cuando se produjo las heridas, ni el lugar en el que se causó, salvo lo manifestado por la reclamante.

La objetividad de la responsabilidad que se demanda no exime de la acreditación de sus presupuestos básicos antes señalados, y dar por cierto el relato de la actora abriría una espita inaceptable para la estimación de cualquier acción de esta naturaleza basada en la existencia de cualquier desperfecto, obstáculo en los espacios públicos y con independencia de la total ausencia de prueba sobre el nexo que vincule esa deficiencia, con los perjuicios sufridos por el particular.

La demanda no puede ser estimada porque se ignora si los hechos han sucedido como se dice que sucedieron, donde han sucedido o cómo se han producido, lo único que tenemos por cierto es que la recurrente sufrió una caída el día 27 de enero de 2020 de la que fue asistida en el Servicio de urgencias del Hospital Povisa con diagnóstico fractura de radio distal muñeca izquierda...

Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso."

2.- Motivos de la apelación.

En su recurso de apelación frente a la Sentencia la parte actora en instancia ha insistido en que la forma de construirse el paseo en que se produce la caída, no se ajusta a las exigencias de la normativa reglamentaria de aplicación (el material empleado no se encuentra entre los más propicios para el uso al que está destinado el paseo: Documento Básico DG-SVA, CTE, Normativa UNE-ENVI).

Sostiene que la afirmación (que según expone la apelante contiene la sentencia) de que se han incorporado una serie de argumentos asociados precisamente a esa falta de reglamentariedad del material empleado en la construcción del paseo (el suelo de madera sobre rastrelesno aparece entre los que se consideran seguros en la normativa, según Documento básico DG-SVA, CTE, normativa UNE-ENVI) con motivo del escrito de conclusiones -ni siquiera en demanda, y tampoco en el escrito de demanda--, en forma sorpresiva, nueva, contraría uno de los principios básicos de la actuación judicial (iura novit curia),que no se ve impedido por lo que dice el art. 33 LJCA de manera que nada impedía que la sentencia respondiera a la resbaladicidad (ajena a lo reglamentario) del suelo como evidente causa de la caída.

Cita a tal fin sentencias como las de 29.11.2021 (rec casación 338/2009) o 24.01.2012 (rec 1052/2012) de las que se deduciría, según expone, que la delimitación de pretensiones que exige el art. 33 LJCA y afecta a las resoluciones judiciales contenciosas no alcanza a los argumentos jurídicos, de manera que el deber de congruencia exige del juzgador que se pronuncie sobre las pretensiones y que analice las cuestiones que se hayan podido suscitar durante el pleito; delimitando también la finalidad de prohibición que contiene el art. 65.1. LJCA (sobre lo que puede incorporarse a un escrito de conclusiones), sobre la que insiste en que no juega en el campo de la interpretación jurídica, que es atribución indeclinable y exclusiva del Tribunal sentenciador.

En definitiva, centra su alegato en apelación en que la sentencia ha desechado la antirreglamentariedad-alegada por la actora-o en su caso la resbaladicidaddel suelo -atendiendo a la normativa básica de aplicación--, del pavimento situado en el punto en que sucede la caída, a pesar de que se definió siempre por la recurrente como el origen de lo sucedido y de que incluso habría sido reconocido por los demandados.

Critica que no se aborda tal cosa en la resolución apelada y también que en la misma se haga alusión a una supuesta variación en los hechos, así como en los argumentos y pretensiones en el escrito de conclusiones de la parte actora que estaría prohibido por el art. 65.1. LJCA.

A su entender, se han excluido del análisis de la sentencia los apartados primero, segundo y tercero de su escrito de conclusiones, que no se pronuncia al respecto de lo que en ellos se suscita a pesar del resultado de la prueba y de que durante la práctica de esa prueba la actora impugnó la documental que aparecía en el expediente (informes de 16.10.2020 del Departamento de Conservación, notas interiores de 19.02.2021 de los testigos Sixto y Virgilio, de 25.10.2022 del Sr. Sixto sobre la normativa vigente de aprobación del proyecto de acondicionamiento del cantil este de la dársena, y cuando la administración nunca se preocupó de medir la resistencia al deslizamiento del pavimento de madera sobre rastreles que produjo la caída de Doña Covadonga, ni que fuese seguro/idóneo para el fin proyectado, ni que sus características se conservasen durante toda la vida útil del proyecto.

Indica que la "lex artis"y el Código técnico de la Edificación (CTE)RD 313/2006 de aplicación a todo el territorio nacional, introducen los valores de resbaladicidadque deben cumplir los pavimentos exteriores según los usos (que en este caso se calificaría como de clase 3) en el documento básico de seguridad DB-SUA, Sección SUA1 y que el Ministerio de Fomento desde el año 2010 publica los documentos de apoyo a ese Documento que establecen índices de resbaladicidad aceptables del pavimento dependiendo del uso y la zona y señala la relación de suelos que se consideran seguros en exteriores, sin incluir el de madera sobre rastreles.

Añade que al exterior del lugar le resulta de aplicación el CTE y la normativa sobre índice de resbaladicidad, así como la UNE-ENVI 2633:2003 y posteriores (UNE 41901 EX); también señala que la declaración responsable del Jefe de Conservación, Sr. Sixto, sobre el valor de resistencia al deslizamiento, así como la del Sr Virgilio, carecerían de relevancia jurídica así como que la administración carece de certificado (mediante ensayo de péndulo) tanto en la fase inicial como posteriormente, que garantice las propiedades de antideslizamiento durante toda la vida útil de la instalación.

Termina declarando que la carga de la prueba imponía a la administración, para el caso, y en virtud de los principios de disponibilidad y facilitad probatoria, adjunta al procedimiento el certificado de resbaladicidad del suelo donde tuvo lugar la caída.

Concluye su escrito de apelación indicando que el lugar en que tiene lugar la caída es una zona muy transitada (habida cuenta las cifras, pues constaría, sólo en el año 2020, del orden de 850.000 pasajeros embarcando y desembarcando en el Puerto de Vigo) de manera que la actuación de la administración ha devenido muy deficiente, ya que no cumple los stándaresmínimos de calidad que han de exigirse a un servicio público de estas características.

3.- Oposición a la apelación.

En sus respectivos escritos de oposición a la apelación, la Letrada de la Abogacía del Estado y el de la aseguradora UK P&I Club N.V., mantienen que no existe, en el recurso de apelación, una verdadera crítica de la sentencia atendiendo a que no se llega a refutar, por la actora, la mecánica -no demostrada según la resolución apelada-del accidente.

En el caso de la codemandada, literalmente su escrito de oposición indica que de contrario se pretende dar por acreditado, sobre la base de una supuesto (no aceptada) construcción no ajustada a la norma, que el lugar y sus condiciones eran inadecuados, peligroso, o potencialmente inadecuados; que ni la señalización del riesgo, ni el adecuado y cuidado tránsito hubiesen evitado el accidente, y que se identifique, sin ninguna base legal ni fáctica, un alegado incumplimiento de una norma con una condición defectuosa como si tal resultado viniera impuesto por la norma.

A entender de las demandadas, la actora palía su falta de argumentos insistiendo en un supuesto incumplimiento de la normativa sobre resbaladicidad del suelo que no tiene por qué constituir, para el caso, un verdadero defecto de construcción y tampoco servir, por sí sola, como causa eficiente y probada de lo sucedido; sin contar con que es cierto lo que dicta la sentencia al respecto de que esta cuestión termina resultando novedosa ya en sede de conclusiones.

4.- La respuesta de la Sala.

Se aceptan los fundamentos de la Sentencia apelada; no ha lugar a la estimación del recurso de apelación.

El art. 106.2 CE consagra el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración al señalar que "los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

El régimen de tal responsabilidad, cuyo conocimiento se atribuye, en todo caso, a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa en los arts. 9.4 LOPJ y 2 e) LJ, se desarrolla en las Leyes 39 y 40/2015, de forma sustancialmente idéntica al régimen de los arts. 139 a 146 de la LRJAP 30/1992 debiendo tenerse en cuanta, a su vez, el art. 121 LEF.

Desde el punto de vista de la doctrina y jurisprudencia emanadas en torno a este régimen, conviene recordar que para que proceda una declaración de responsabilidad patrimonial de la administración hay que acreditar (la carga de la prueba corresponde a quien reclama):

a) Un hecho imputable a la administración, siendo suficiente por tanto con acreditar que se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

b) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, es decir, que el que lo padece no tenga el deber jurídico de soportarlo. El perjuicio patrimonial ha de ser real, evaluable económicamente, efectivo y individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

c) Una relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la administración y el daño producido.

d) Ausencia de fuerza mayor, como causa ajena a la organización y diferente del caso fortuito.

Pero para que se pueda hablar de una lesión que origina la responsabilidad lo imprescindible es que el daño sea directa y eficientemente imputable a la administración (a su funcionamiento, que no tiene por qué ser incorrecto). Este elemento de la imputación es esencial para el surgimiento de la responsabilidad no bastando la mera relación de causalidadpues es preciso que la lesión causalmente ligada a la acción u omisión pueda ser jurídicamente atribuida a la Administración.

Volviendo sobre lo que son los requisitos que deben concurrir en estos casos para que proceda una declaración de responsabilidad patrimonial de la administración, conviene recordar que la causa a la que se le imputa lo sucedido debe actuar en forma directa y eficiente con respecto al efecto, al resultado.

Después de explicar lo que es bien conocido, ya a estas alturas, deducible de la doctrina y la jurisprudencia de aplicación, no se aprecia error alguno en la apreciación de la prueba por parte de la juzgadora de instancia porque no se ha demostrado, ni siquiera asumiendo que se hubieran hecho esfuerzos destinados a tal fin por la parte actora, que el pavimento del suelo donde sucedió la caída estuviera en mal estado de conservación o mantenimiento y tampoco que un "deficiente"grado o índice de resbaladicidadasociado al material (madera en rastreles) con el que se construyó el paseo de referencia, hubiera sido el origen (causa eficiente y directa) de la caída de la recurrente.

Aún asumiendo que una falta de adecuación del pavimento del suelo de interés a la normativa a la que alude el recurso de apelación (CTE, Documento Básico que describe los diversos materiales a efectos de seguridad, de menor resbaladicidad) se hubiera barajado en instancia ya desde la demanda, no con motivo de las conclusiones (el escrito de conclusiones de la parte actora), como critica la sentencia, de todos modos el resultado en instancia, atendiendo a la valoración de la prueba que contiene la resolución apelada, hubiera sido el mismo desde el momento en que la Sentencia niega que se haya conseguido demostrar por la recurrente siquiera la mecánica del accidente.

De hecho la sentencia señala que ni siquiera se ha logrado demostrar cuál es el punto exacto en que tiene lugar la caída y también insiste en que no se ha ofrecido una versión (sobre lo sucedido, sobre la mecánica) del accidente.

Si se examina esa versión,la que se hace valer en el escrito de demanda y en la reclamación en vía administrativa, se limita a referir que sucedió esa caída, sin explicar en qué punto concreto del pavimento del suelo del paseo, y a atribuir esa caída, en exclusiva, al estado resbaladizo del suelo que es cierto que no se negó de contrario, tal y como insiste en afirmar la apelante; pero, en palabras literales de la propia sentencia, resulta que "...el medio de prueba propuesto por la parte actora en relación con la dinámica de los hechos es la testifical del Sr Joaquín, quien manifestó que en ese momento se encontraba en pantalán trabajando, como marinero de uno de los barcos ayudando a los pasajeros a embarcar, pero no pudo concretar la secuencia de hecho de la caída, como o de qué forma resbaló la actora, pues terminó reconociendo que cuando vio a la Sra Covadonga...se encontraba ya en el suelo... Llegando a comentar que los usuarios no prestan atención a las señales (y no por falta de visibilidad de las ismas), sin por las prisas en embarcar, refiriendo que las caídas también se deben a la falta de cuidado y las prisas."

Explica también la Juzgadora de instancia, en su sentencia, que los esfuerzos iniciales de la actora, ya en su reclamación, se habrían centrado en demostrar una falta de señalización suficienteen la zona, a la hora de advertir a posibles usuarios de la posibilidad de que el suelo esté resbaladizo especialmente en temporada invernal o cuando ha habido mal tiempo. A continuación, refiere la sentencia que no se ha demostrado ni la ausencia ni la insuficiencia de señalización frente al resultado de la prueba practicada ya en vía administrativa (informes técnicos de 16.10.2020 y 19.02.2021 del Jefe de división de Conservación de la Autoridad Portuaria, según los cuales los materiales empleados en la pavimentación aledaña a los pantalanes de tráfico de la ría son "comúnmente utilizados en la urbanización de entornos urbanos y aptos para su empleo en exteriores")y que ese día "la situación climatológica ...era adversa"lo que revertía en la evidencia de que "puede existir cierto riesgo de resbalamiento, pero ese riesgo influyen múltiples factores, además del estado del pavimento."

Añade que en la zona hay señalización vertical advirtiendo del riesgo de resbalamiento y de la necesidad de circular con precaución y que la señalización era la adecuada. En este punto de la Sentencia, alude su autora a "las imágenes del lugar incorporadas al Expediente administrativo (folios 34 a 36) a instancia de la parte demandante en las que se observa un pavimento en perfecto estado y en las que, además, puede comprobarse que la señalización se encuentra ubicada en el acceso a la zona de madera que constituye el paseo, la existencia de barandillas, asimismo, consta el plano que se adjunta al informe en el que aparece señalado con tres círculos en rojo las distintas ubicaciones de a señalización a lo largo del paseo."

Sobre el tipo de pavimento, refiere la declaración del Sr. Sixto, Jefe de Conservación, autor de los informes de referencia, quien indicó en su intervención en Sala que se trataba de "pavimento rastrelado de madera, madera IPE, adecuado para su uso en el exterior, utilizado frecuentemente en este tipo de instalaciones. Y que en contacto con la humedad no resulta más resbaladizo que otro tipo de pavimento."

También refiere el contenido, y lo valora, de esa declaración testifical cuando describe la zona como de "tránsito habitual, con gran afluencia de personas" para la que los operarios realizan rondas para comprobar que se encuentra en perfecto estado"; así como el informe de la Abogacía del Estado según el cual a lo largo del 2020, año del siniestro, "un total de 849.893 pasajeros embarcaron y desembarcaron en el Puerto de Vigo y sólo constarían dos reclamaciones patrimoniales por caídas a cargo de la Autoridad Portuaria."

Concluye que "La prueba practicada a instancia de la apelante no es suficiente para acreditar que el paso de peatones se hallaba en mal estado y que la pintura no cumplía las condiciones de resbaladicidad porque la pericial elaborada por don Carlos Ramón no resulta convincente a esos efectos y ha sido contundentemente desacreditada por la pericial elaborada a instancia de la parte demandada, la cual se corresponde en mayor medida con lo que se desprende de las fotografías que figuran en uno y otro informe."

Esta Sala coincide con el argumento que emplea la Juzgadora de instancia en su sentencia cuando señala que demostrar el nexo causal directo entre el accidente (y por tanto la lesión asociada al mismo) y el funcionamiento del servicio que venía prestando la Autoridad Portuaria en este caso, requería de un mayor esfuerzo probatorio relativo al modo y causa de la caída, pues aún sin poner en duda que bajo factores climatológicos adversos (mal tiempo), el pavimento -de cualquier zona, pero más especialmente una portuaria por su proximidad al mar-puede resultar más resbaladizo de lo habitual, y aún asumiendo que el material empleado para la construcción del pantalán en que la Sra Covadonga sufrió su caída pudiera no ajustarse en todo a las exigencias de la normativa reglamentaria que se le dice de aplicación por la apelante (esto tampoco se llega a demostrar, a salvo por la "falta de indicación" de ese material entre los más seguros a efectos de resbaladicidad a que alude la recurrente sin pericial técnica alguna que pudiera corroborarlo en la práctica, más allá de la teoría); de todos modos hablamos de un paseo situado en la zona de embarque sobre el que había llovido, que dispone de señalización suficiente destinada a advertir a los usuarios sobre un más que probable estado resbaladizo del mismo en condiciones incluso naturales (ordinarias, dada su proximidad lógica al mar), por el que se habría demostrado -gracias a los informes de la Abogacía del Estado que barajó la sentencia apelada-que transitan un considerable número de pasajeros cada año (en 2020 cerca de 850.000) sin que en ese ejercicio anual se registraran más que dos reclamaciones de usuarios sin conocerse el resultado de la otra.

Frente a ello nada se ha probado o acreditado acerca siquiera del punto exacto en que tiene lugar esa caída, o acerca de la mecánica del accidente, por quien ha de hacerlo ( art. 217 Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria a esta Jurisdicción) que en este caso era la parte actora; es más, el resultado de la única prueba practicada a instancia destinada a demostrar cómo sucedió la caída no sólo se saldó con una falta de demostración de tal cosa (el testigo Sr Joaquín no llegó a ver directamente la caída) sino que hasta con una indicación del propio testigo relativa a la habitualidad con la que los pasajeros, los usuarios de la zona circulan por ella con prisas o desatendiendo las circunstancias (y las señales situadas allí) a la hora de asegurar que lo hacen de forma segura.

En definitiva, la Sentencia apelada no incurre en error en la valoración de la prueba; tampoco en incongruencia por falta de respuesta a la antirreglamentariedado falta de seguridad que la actora le predica al pavimento del suelo del paseo por el que transitaba Covadonga en la fecha de referencia.

Se trata de una resolución que valora correctamente la prueba y que aplica su resultado, debidamente interpretado de acuerdo con los principios de inmediación judicial y las reglas de la sana crítica, al instituto de la responsabilidad patrimonial, sobre la base del cual se formula la reclamación alcanzando la conclusión de que no se ha demostrado el "nexo de causalidad exigible"entre la lesión -que nadie pone en duda-y el estado resbaladizo del pavimento que como causa eficiente única ofrece la actora a la hora de calibrar la procedencia de una declaración de responsabilidad a cargo de la Autoridad Portuaria.

5.- Costas procesales.

Dada la desestimación del recurso de apelación, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 139-2 LJCA, procede la condena en las costas de la apelación a cargo de la parte actora, en cuantía que no excederá del límite total de 500 euros (a repartir entre las dos partes demandada, 250 euros como límite para la administración y el mismo para la codemandada)