Sentencia Contencioso-Administrativo 359/2025 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 4163/2025 de 23 de septiembre del 2025

SE ACEPTANlos fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida en apelación, en todo lo que no contradigan los que se pasan a exponer.

PRIMERO: Sobre los motivos del recurso de apelación.

La Letrada de la Xunta de Galicia, en representación de la APLU, alega que la sentencia no se ajusta a Derecho, por cuanto aprecia la prescripción de la orden de demolición sobre la base de que la multa coercitiva impuesta el 02/05/2014 fue anulada por la propia Administración y, por tanto, no puede interrumpir el plazo de prescripción, lo cual no se comparte por la apelante, ya que el motivo de

estimación del recurso de reposición contra la multa impuesta en mayo de 2014 no fue un motivo de nulidad de pleno derecho, sino una causa de anulabilidad, de tal forma que los efectos de la estimación del recurso son "ex nunc" y no "ex tunc".

Se cita la STS 19 de abril de 2006 (recurso 58/2004) y la STS 21 de marzo de 2022 (recurso 2221/2020).

De esta forma, la resolución que impuso la primera multa coercitiva el 2 de mayo de 2014 interrumpió la prescripción, al igual que el recurso de reposición interpuesto contra la

misma. Y dado que en el referido recurso de reposición se solicitaba la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida durante su sustanciación, cabe entender que no es hasta su resolución cuando se reanuda el referido plazo de prescripción, lo que tuvo lugar el día 29/01/2021. A tal efecto se citan diversas sentencias de esta Sala.

Con base en lo expuesto no podemos considerar que haya transcurrido el plazo de prescripción de la orden de reponer, pues la Administración no podía ejecutar el acto administrativo al estar suspendida la ejecución por petición del interesado.

Por tanto, dado que la multa coercitiva hoy recurrida se notificó a la recurrente el día 25/04/2022, no puede apreciarse transcurrido el plazo de prescripción de 5 años, que contaría desde el 29/01/2021, momento en que se alzó la suspensión y se reinició el plazo de prescripción.

SEGUNDO: Sobre la oposición al recurso de apelación.

La representación procesal de la parte apelada se opone al recurso de apelación alegando:

1º. La inadmisibilidad del recurso de apelación contra la sentencia, por las siguientes razones:

1ª. Porque así lo impone el art. 81.1.a) LJCA que veda la apelación de sentencias dictadas en asuntos de cuantía inferior a 30.000 euros.

2ª. Porque la cuantía del recurso fue fijada en 1.000 euros en el acto de vista sin que fuera cuestionada por la administración demandada, ahora apelada.

3ª. Porque se dedujo una pretensión de nulidad de un acto cuyo contenido económico viene expresamente establecido en el mismo: 1.000 euros, lo que, a la luz del art. 42.1.a) LJCA obliga a fijar la cuantía de la pretensión en ese importe adeudado.

4ª. Y, además, porque no se sustanció el recurso de queja en la forma establecida actualmente en la LEC para la queja en casación, al haber desaparecido la queja contra las inadmisiones de apelación, y ser la norma procesal civil a la que se remite el art. 85.2 LJCA.

2º.- La sentencia que se recurre en apelación estima íntegramente el recurso tramitado como procedimiento abreviado 164/2024, al considerar que, cuando se dictó la multa coercitiva de fecha 8.04.2022 (notificada el 25.04.2022), ya había prescrito la acción de la administración urbanística para ejecutar de forma forzosa el acto de 17.08.2011 que adquirió firmeza el 24.02.2014, cuando se notificó a las partes la sentencia de esa Sala 95/2014 dictada en el recurso de apelación 4229/2013 (sentencia cuya firmeza fue declarada por Diligencia de Ordenación de 21.04.2014). Así concluye la sentencia apelada.

El acto administrativo impugnado en sede judicial se denomina "IMPOSICIÓN DE PRIMEIRA MULTA COERCITIVA",y fue notificada a esta interesada el 25.04.2022, cuando el acto administrativo que se pretendía ejecutar forzosamente con dicha multa es firme desde el 24.02.2014 cuando se notificó la sentencia firme a las partes, esto es más de 8 años y dos meses después.

Como se ha dicho, la administración apelante invoca la doctrina recaída en materia de prescripción de los actos de naturaleza tributaria que tienen un régimen legal propio ( art. 68 LGT) .

La multa coercitiva es uno de los medios de ejecución forzosa de actos administrativos previstos en el art. 100 LPAC (antes, art. 96 LRJ-PAC de 1992).Con independencia de que no estemos ante un acto de naturaleza tributaria y no sea aplicable la doctrina ni la normativa tributaria en materia de prescripción, por lo que no puede otorgarse carácter interruptor a un acto anulado, ni mucho menos considerar interrumpido el plazo de prescripción por el incumplimiento de la administración de su deber se resolver (volvemos a invocar la doctrina sentada por la STS de 15.10.2020, recurso de casación 7337/2019, en materia sancionadora, aunque no venga al caso, ya que la prescripción no se refiere al acto impugnado).

Pero es que, como también se ha dicho, la anulación de la multa coercitiva de fecha 2.05.2014 lo fue por incurrir en un vicio de nulidad, al haberse dictado con anticipación antes de cumplirse el plazo de ejecución voluntaria, infringiendo flagrantemente el procedimiento legal establecido con indefensión de los interesados. El acto anulado acudía al medio de ejecución forzosa antes de haberse incumplido el plazo de demolición concedido a los interesados, provocando una evidente indefensión con la omisión del procedimiento legal establecido (causas de nulidad previstas en el art. 62.1.a) y e) de la Ley 30/1992, hoy art. 47.1.a) y e) LPAC) .

Como advierte la STS 158/2023 de 9.02.2023, recurso 2514/2022 «El apercibimiento (debidamente notificado al obligado), junto con el título ejecutivo (resolución administrativa definitiva que impone la obligación a ejecutar), es un presupuesto inexcusable para el inicio del procedimiento de ejecución forzosa».

Desde el momento que se incumple por la administración urbanística las condiciones señaladas en el presupuesto esencial de apercibimiento y eso se constata, la misma APLU revisa su acto administrativo.

En resumen, ni se ha interrumpido el plazo prescripción de la orden de demolición (que no de la multa coercitiva como se confunde en el recurso de apelación) por haberse dictado un acto nulo de pleno derecho como vino a reconocer la APLU al revisarlo, ni mucho menos por la interposición de un recurso administrativo contra dicho acto nulo.

La sentencia declara correctamente prescrita la acción de la administración urbanística para instar la ejecución de la resolución de quien fue Directora de la APLU de fecha 17.08.2011, al cumplirse sobradamente el plazo quinquenal impuesto en el art. 1964 CC. Incluso, aunque tengamos presente la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos, acordado por la DA 2ª del RD 463/20, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 4.06.2020, fecha en la que el art. 10 RD 537/2020 estableció el alzamiento de la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones. La prescripción de la acción para instar la ejecución forzosa de la resolución de 17.08.2011, dictada en el expediente NUM000 se habría producido en todo caso el 28.12.2020.

TERCERO: Sobre la admisibilidad del recurso de apelación.

En relación a la cuestionada admisibilidad del recurso de apelación, hay que reiterar la motivación de lo ya resuelto por esta Sala y Sección en el Auto de 28 de febrero por el que se acordó, en relación a la sentencia aquí recurrida:

1º. ESTIMAR el recurso de queja interpuesto por la Letrada de la Xunta de Galicia actuando en nombre y representación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Pontevedra de 6 de febrero de 2025 por el que se inadmite el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en el PA 164/2024por el Juzgado de lo contencioso-administrativo Nº2 de Pontevedra .

2º. REVOCAR el auto de inadmisión del recurso de apelación de fecha 6 de febrero de 2025 , dejándolo sin efecto, ordenando a dicho Juzgado que admita y continúe con la tramitación del recurso de apelación interpuesto.

Sin condena en costas.

La parte apelada en su oposición a la apelación, insiste en la inadmisibilidad del recurso de apelación por razón de la cuantía, cuestionando además la vigencia del recurso de queja frente a la inadmisión de apelaciones.

En respuesta a las alegaciones de la apelada, en relación a la inadmisibilidad del recurso de apelación, procede seguir manteniendo el criterio favorable a la admisibilidad del recurso de apelación, de acuerdo con la misma fundamentación ya expuesta en el Auto resolutorio del recurso de queja, en estos términos que se pasan a exponer.

El artículo 81 de la LJCA 29/1998, dispone en el mismo que "1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:

Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros".

El artículo 42 de la LJCA 29/1998 dispone:

"1. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes: a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél. b) Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada:

Primero. Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la Administración pública hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.

Segundo. Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.

2. Se reputarán de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urbanístico, los que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica, así como aquéllos en los que junto a pretensiones evaluables económicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoración."

En este caso la sentencia estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador D. José Martín Guimaraens Martínez, en nombre y representación de Purificacion, frente a la resolución del Director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), de fecha 8 de abril de 2024, por la que desestima el recurso de reposición interpuesto contra resolución del Director de la APLU de fecha 8 de abril de 2022, en el seno del expediente NUM000 y anulo y revoca las resoluciones administrativas impugnadas, dejándolas sin efecto.

La resolución administrativa recurrida en la primera instancia acordaba imponer una multa coercitiva de 1.000 euros como consecuencia de incumplir lo ordenado en resolución do 17/08/2011, en la que "O director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (...) declarou non legalizábeis as obras de construción dunha vivenda unifamiliar de planta semisoto, planta baixa e ático, cos pechamentos exteriores de mampostería de pedra, carpintería exterior de cor verde escura e cuberta de tella cerámica curva, promovidas pola persoa interesada, na parcela con referencia catastral NUM001, no DIRECCION000, DIRECCION001, no termo municipal de Vilagarcía de Arousa, provincia de de Pontevedra, por resultaren incompatíbeis co ordenamento urbanístico vixente, ordenou a súa demolición e a reposición dos terreos afectados ao estado anterior ao inicio das obras por conta da persoa interesada, prohibindo definitivamente os usos aos que desen lugar, para o que fixou un prazo de tres meses."

Adicionalmente en la resolución administrativa recurrida en la primera instancia se acordaba:

"4º REQUIRIR novamente a Purificacion para que proceda a executar a orde de demolición das obras informando á persoa interesada de que o deberá comunicar por escrito á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, achegando reportaxe fotográfica das actuacións que así o acrediten.

Igualmente, apercíbeselle que, caso incumpra a orde de demolición, procederase á súa execución forzosa mediante a imposición de novas multas coercitivas, reiterábeis periodicamente ata lograr a execución polo suxeito obrigado, na contía de 1.000 a 10.000 euros cada unha, conforme o disposto no artigo 152.6 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, ou se for o caso, mediante a súa execución subsidiaria."

En su fundamentación jurídica la sentencia anula la resolución administrativa recurrida, razonando que:

"desde que alanzó (sic) firmeza la Sentencia del TSJ de Galicia que acordaba la demolición de las obras en fecha 21 de abril de 2014 hasta que se acordó la imposición de la multa coercitiva en fecha 8 de abril de 2022, han transcurrido casi ocho años, ya que no podemos, como pretende la Administración, adoptar como cómputo inicial el del día 2 de mayo de 2014, que fue cuando se impuso la primer multa coercitiva, ya que dicho acto fue anulado por la propia Administración y, por tanto, la consecuencia es que dicho acto nunca existió, de manera que ni siquiera puede tener efecto interruptivo de la prescripción.

Por tanto, teniendo en cuenta que el plazo de prescripción es de cinco años, conforme lo ya argumentado, podemos concluir que la multa coercitiva aquí impugnada estaba prescrita, lo que conlleva, por tanto, a la estimación del recurso."

En consecuencia, la sentencia no se limita a declarar la no conformidad a Derecho de la resolución por la que se impone la multa coercitiva en razón a un vicio circunscrito a tal resolución, sino que la nulidad de dicha multa deriva según la fundamentación de la sentencia, de la prescripción de la orden de demolición.

Por ello, debe considerarse que la estimación de la sentencia tiene un alcance que trasciende al del acto concreto recurrido, pues impediría a la Administración continuar con la ejecución, esto es, seguir imponiendo multas coercitivas o incluso proceder a la ejecución subsidiaria en defecto de cumplimiento voluntario.

Procede en este caso tener en cuenta que la cuantía litigiosa a los efectos de la segunda instancia trasciende al mero importe de la multa coercitiva, ya que lo que está en juego es la propia posibilidad de acometer la ejecución forzosa de la orden de demolición, que podría considerarse que se frustra por la sentencia de forma definitiva, lo que determina que la cuantía litigiosa se sitúe en el valor de la obra que no va a poder ser demolida, el cual, según se acredita, supera los 30.000 euros con claridad.

A este respecto procede traer a colación la doctrina fijada por esta Sala en diversos autos que abordan la problemática de la fijación de la cuantía litigiosa cuando se recurre la imposición de multas coercitivas, pero por motivos que trascienden al mero establecimiento de una obligación económica de pago de una concreta suma dineraria, y que conciernen a la propia posibilidad de continuar la ejecución forzosa de la orden de demolición.

Así, por ejemplo, cabe recordar el Auto de esta Sala y Sección de 25/09/2018, estima recurso de queja nº 4192/2018 interpuesto contra auto que inadmite recurso de apelación, en el que se expresa:

"Aunque como regla general cuando se recurre en vía contencioso-administrativa la imposición de una multa coercitiva es el importe de la multa impuesta el que determina la cuantía del procedimiento (en este caso, 350,51 euros), sin que se deba atender al valor económico de pretensiones ejercitadas frente a actos previos (como la resolución del procedimiento administrativo de reposición de la legalidad), en este caso particular hay que tener en cuenta que el acto recurrido en vía contencioso-administrativa daba respuesta a una serie de pretensiones del ejecutado, en relación con la caducidad de la acción para el restablecimiento de la legalidad urbanística, la caducidad del procedimiento de ejecución forzosa y la improcedencia de la ejecución, así como la suspensión de esta última, que determinan que el valor económico de la pretensión deba considerarse como de cuantía indeterminada, en congruencia con la tramitación que se le dio al procedimiento contencioso-administrativo como procedimiento ordinario, sin que sea presumible que esa cuantía indeterminada sea inferior a 30.000 euros, sino todo lo contrario.

Es cierto que la elección del procedimiento (ordinario o abreviado) no impide reconsiderar en la sentencia la valoración definitiva de la cuantía del recurso contencioso-administrativo a los efectos de determinar el carácter apelable de esa sentencia; pero en este caso tanto en el acto recurrido como en la demanda se suscitan como cuestiones controvertidas una serie de aspectos que conciernen no solo a la procedencia de la imposición de la multa coercitiva recurrida, sino que van más allá al cuestionar la procedencia misma de la ejecución forzosa en su globalidad, lo que nos obliga a atender, siguiendo el criterio más reciente de esta Sala, como valor económico de la pretensión, al valor de las obras de construcción sobre las que se proyecta la orden de demolición que se trata de ejecutar forzosamente. Y este valor debe considerarse superior a 30.000 euros, en la medida en que se trata de la ejecución de una reposición de la legalidad por la construcción de una vivienda unifamiliar sin licencia.

Ello es así en este caso, toda vez que el núcleo de la controversia resuelta por el acto recurrido y planteada en la demanda gira alrededor de la restitución de las cosas al estado anterior a la obra, esto es, sobre la procedencia de la ejecución forzosa de la demolición de las obras de construcción de vivienda unifamiliar; por ello la cuantía del recurso debe venir determinada por el valor de la construcción que debe ser demolida, en este caso una vivienda unifamiliar.

La demandante fijaba en su demanda la valoración de las obras en 43.080,55 euros, por ser esta la valoración de las obras que figuraba en el expediente; y afirma que la parte demandada consideró en su escrito de contestación a la demanda como indeterminada la cuantía.

Lo expuesto ha de ser interpretado a favor del derecho a la tutela judicial efectiva, y la ausencia de concreción del importe concreto y determinado, unido al contenido del acto recurrido en la primera instancia, puesto en relación con las pretensiones de la demanda, lleva a considerar que contra la sentencia recaída en las actuaciones sí que cabe recurso de apelación.".

En segundo lugar, en el Auto de esta Sala y Sección de 24/09/2018, dictado en AP 4133/2018, admite el recurso de apelación contra sentencia del Juzgado C.A. nº 1 de Pontevedra que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la resolución del Director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, por la que se le impuso la 8ª multa coercitiva, por incumplir la orden de demolición de dos naves, y por la que se le requiere nuevamente para la ejecución de la demolición, y contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de del Director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, por la que se le impuso 9ª multa coercitiva, por incumplir la orden de demolición de dos naves y se le requiere nuevamente para la ejecución de la demolición, razonando que:

"Aunque como regla general cuando se recurre en vía contencioso-administrativa la imposición de una multa coercitiva es el importe de la multa impuesta el que determina la cuantía del procedimiento (en este caso, 10.000 euros), sin que se deba atender al valor económico de pretensiones ejercitadas frente a actos previos (como la resolución del procedimiento administrativo de reposición de la legalidad), en este caso particular hay que tener en cuenta que en el procedimiento de primera instancia se fijó la cuantía como indeterminada atendiendo a la circunstancia de que lo controvertido no era solo la multa impuesta sino también el requerimiento de ejecución de demolición de las obras, referidas a dos naves.

En la sentencia se da respuesta a una serie de pretensiones del ejecutado, en relación con la competencia de la APLU para la ejecución forzosa, que aunque se proyectan sobre las multas coercitivas, tienen un alcance más global, al referirse al procedimiento de ejecución forzosa en su integridad, respecto al cual en los actos recurridos en la instancia se ordenaba su continuación.

En la medida en que lo controvertido es el propio requerimiento de ejecución de demolición, reiterado en los actos recurridos, y por tanto, en la medida en que se alega la improcedencia de la ejecución forzosa por la APLU , el valor económico de la pretensión debe considerarse como de cuantía indeterminada, en congruencia con la tramitación que se le dio al procedimiento contencioso-administrativo como procedimiento ordinario en la primera instancia, sin que sea presumible que esa cuantía indeterminada sea inferior a 30.000 euros, sino todo lo contrario, en atención a la naturaleza de las obras a demoler.

Es cierto que la elección del procedimiento (ordinario o abreviado) no impide reconsiderar en la sentencia la valoración definitiva de la cuantía del recurso contencioso-administrativo a los efectos de determinar el carácter apelable de esa sentencia; pero en este caso la sentencia no reconsidera ese criterio, manteniendo la cuantía como indeterminada, y tanto en el acto recurrido como en la demanda y en el recurso de apelación se suscitan como cuestiones controvertidas una serie de aspectos que conciernen no solo a la procedencia de la imposición de la multa coercitiva recurrida, sino que van más allá al cuestionar la procedencia misma de la ejecución forzosa en su globalidad, llegando a sostener la posibilidad de legalización de las naves, lo que nos obliga a atender, siguiendo el criterio más reciente de esta Sala, como valor económico de la pretensión, al valor de las obras de construcción sobre las que se proyecta la orden de demolición que se trata de ejecutar forzosamente. Y este valor debe considerarse superior a 30.000 euros, en la medida en que se trata de la ejecución de una demolición de dos naves, a falta de otros datos que permitan presuponer una valoración inferior.

Lo expuesto ha de ser interpretado a favor del derecho a la tutela judicial efectiva, y la ausencia de concreción del importe concreto y determinado, unido al contenido de los actos recurrido en la primera instancia, y puesto en relación con las pretensiones de la apelante, lleva a considerar que contra la sentencia recaída en las actuaciones sí que cabe recurso de apelación, tal y como se apreció por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra."

En el Auto de esta Sala y Sección de 17/12/2018, nº rec.: 4335/2018 ,sobre multa coercitiva, en el que se discute la competencia de la APLU para la ejecución forzosa, se acuerda admitir el recurso de apelación interpuesto por la Letrada de la Xunta de Galicia, en representación de la APLU, contra sentencia del Juzgado C.A. nº 2 A Coruña, por la que se estimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la desestimación por silencio de la APLU del recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de por la que se imponía al actor multa coercitiva en la cuantía de 4.000 euros,argumentando, en síntesis, del siguiente modo:

" Aunque como regla general cuando se recurre en vía contencioso-administrativa la imposición de una multa coercitiva es el importe de la multa impuesta el que determina la cuantía del procedimiento (en este caso, 4.000 euros), sin que se deba atender al valor económico de pretensiones ejercitadas frente a actos previos (como la resolución del procedimiento administrativo de reposición de la legalidad), en este caso particular hay que tener en cuenta que la causa petendi de la pretensión anulatoria se sustentaba en la falta de competencia objetiva de la AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA (APLU) para desarrollar cualquier actuación en el procedimiento de ejecución forzosa de esa orden de demolición. Y la ratio decidendi de la estimación de la demanda descansa en la apreciación de la pérdida de competencia de la APLU, no solo para dictar el acto anulado, sino para desarrollar cualquier actividad de ejecución forzosa de la demolición acordada.

Por ello, el alcance de la sentencia va más allá de la mera anulación de un acto de cuantía determinada, ya el núcleo de la controversia resuelta giró alrededor de la competencia para desarrollar cualquier actividad ejecutiva, respecto a una orden de demolición que se proyecta sobre dos edificaciones, una de tipología de vivienda unifamiliar y otra de planta baja destinada a uso residencial.

Las pretensiones del recurrente, en relación con la competencia de la APLU para la ejecución forzosa, aunque se proyectan de forma inmediata sobre una multa coercitiva, tienen un alcance más global, al referirse al procedimiento de ejecución forzosa en su integridad, respecto al cual el acto recurrido en la instancia se ordenaba su continuación, y esa continuación queda condicionada por la fundamentación de la sentencia, en cuanto niega la posibilidad de que se pueda producir por parte de la APLU.

En la medida en que la pretensión actora y la sentencia se proyectan sobre la competencia de la APLU para cualquier acto ejecutivo, el valor económico de la pretensión debe considerarse como de cuantía indeterminada, no determinable en cifra inferior a 30.000 euros, atendida la naturaleza de las obras sobre las que se proyecta la orden de demolición y el alcance de la pretensión actora y de la fundamentación de la sentencia, que trascienden a la mera imposición de una concreta multa coercitiva, en cuanto de las mismas se deriva la imposibilidad para la APLU de seguir adelante con la ejecución forzosa de la orden de demolición, por motivos competenciales."

En atención a lo expuesto, y trasladando los criterios mencionados al presente caso, debe estimarse el recurso de queja, ya que el valor económico de la pretensión impugnatoria de la APLU trasciende a la mera anulación de la multa por importe de 1.000 euros, en cuanto lo que se discute es la propia procedencia de la ejecución forzosa de una orden de demolición en relación a una construcción de valor superior a 30.000 euros (se aporta informe de valoración por importe de 233.088,90 euros) y de ganar firmeza la sentencia se frustraría la posibilidad de llevarse a efecto la ejecución forzosa de la orden de demolición a consecuencia de la prescripción de la orden de demolición apreciada en la sentencia que se recurre, lo que sitúa el valor económico de la pretensión en la valoración de las obras.

No cabe olvidar que la resolución administrativa recurrida en la primera instancia no solo impone una multa, sino que vuelve a requerir al interesado la ejecución de la orden de demolición, con apercibimiento de la utilización de otros medios de ejecución forzosa, y que el pronunciamiento anulatorio de la sentencia podría considerarse que afecta también a esta parte de la resolución administrativa recurrida, dejándola igualmente sin efecto."

Por las razones expuestas, no tiene trascendencia decisiva, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad del recurso de apelación, el hecho de que el juzgado a quo acordase la tramitación por el procedimiento abreviado y que la Administración no hubiese cuestionado la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía, ya que la real entidad de la cuantía litigiosa es revisable en segunda instancia, y en todo caso ha de estarse al interés subyacente en la formulación del recurso de apelación, a la vista del pronunciamiento de la sentencia y de cómo afecte el mismo a los intereses de las partes, lo que determina que el juicio sobre la admisibilidad del recurso de apelación deba atender a la real entidad de la cuantía litigiosa, en relación con la posición de cada una de las partes, una vez dictada la sentencia, y valorando los efectos del pronunciamiento de esta en relación con la esfera de intereses de cada parte y la real entidad de la pretensión ejercitada por el apelante, con independencia de los actos procesales de fijación de cuantía en la primera instancia, que no vinculan a la hora de determinar la admisibilidad del recurso de apelación.

La parte apelada en su advierte que en la primera instancia solo se dedujo una pretensión de nulidad de un acto cuyo contenido económico viene expresamente establecido en el mismo: 1.000 euros, lo que, a la luz del art. 42.1.a) LJCA obliga a fijar la cuantía de la pretensión en ese importe adeudado. Sin embargo, a los efectos de la segunda instancia, no se puede obviar que no se anuló una resolución cuya virtualidad se agote en la mera imposición de una obligación de pago de una cantidad de 1.000 euros, sino que se anuló una resolución que, además de incorporar una obligación de pago, lo hacía como medio de ejecución forzosa de un mandato de demolición y la misma resolución reiteraba el requerimiento de cumplimiento de ese mandato, y la fundamentación de la sentencia conduce a anular la multa por considerar prescrita la acción ejecutiva, por lo que se debe concluir que a los efectos de la segunda instancia el interés que determina la formulación del recurso de apelación excede de la mera suma de 1.000 euros, a que ascendía la multa coercitiva, puesto que si la sentencia alcanzase firmeza es evidente que no se podría dictar ningún otro acto de ejecución forzosa, pasando en autoridad de cosa juzgada la consideración de la prescripción de la acción ejecutiva de la orden de demolición de las obras, razón por la cual procede considerar admisible el recurso de apelación.

Baste advertir que no solo la fundamentación de la sentencia anula la multa por considerar prescrita la acción ejecutiva, sino la propia posición de la parte apelada, consciente de la trascendencia de la ratio decidendi de dicho pronunciamiento anulatorio, concluye su oposición a la apelación recordando que "la prescripción de la acción de ejecución forzosa de un acto administrativo también se extiende, en la línea de la sentencia anteriormente citada, a la orcen de demolición firme que se pretendía ejecutar a través de la acción prescrita".

Por todo ello es evidente que la real entidad de la cuestión litigiosa se proyecta más allá del mero pago de 1.000 euros en concepto de multa coercitiva, tratándose de dilucidar si la acción ejecutiva está o no prescrita y, por tanto, si existe o no la posibilidad de exigir forzosamente la obligación de demolición de las obras, que la propia parte apelada recuerda en la exposición de los antecedentes del procedimiento tramitado en la primera instancia, que se refieren a la construcción de una vivienda en la que reside la apelada y su esposo.

CUARTO: Sobre los antecedentes de hecho relevantes para juzgar sobre la prescripción de la acción ejecutiva de la orden de demolición.

Consta en las actuaciones que:

1º.- El expediente de reposición de la legalidad urbanística NUM000 fue resuelto por acuerdo del Director de la APLU de fecha 17 de agosto 2011, por entender que las obras ejecutadas en el DIRECCION000, DIRECCION001, Vilagarcía de Arousa, eran ilegalizables, ordenando su demolición por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico.

Esta resolución fue recurrida en vía administrativa y el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición en sede judicial, dando lugar al Procedimiento Ordinario 426/2011, que fue resuelto por Sentencia desestimatoria del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra en fecha 25 de febrero de 2013. Esta Sala desestimó el recurso de apelación 4229/2013 interpuesto contra aquella, mediante la sentencia 95/2014, de 30 de enero. La declaración de firmeza de la sentencia de esta Sala se produjo por Diligencia de Ordenación de fecha 21 de abril de 2014.

2º.-Por resolución de fecha 2 de mayo de 2014, la APLU acordó instar la ejecución forzosa de la resolución firme de fecha 17 de agosto de 2011 imponiendo una primera multa coercitiva, resolución que fue recurrida en reposición por la parte ahora recurrente, alegando que no procedía la imposición de multa coercitiva porque en el momento de imponerse (2 de mayo de 2014) no había transcurrido el plazo de tres meses fijados en la resolución de 17/08/2011 para el cumplimiento voluntario de la orden de demolición, ya que el plazo estuvo suspendido con la adopción de la medida cautelar y no comenzó a computar hasta el 21-4-2014. Tampoco habían transcurrido los tres meses computando desde el 21-2-2014, fecha en que se notificó la sentencia. Además alegaban que no procedía imponer la multa mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional, pues la sentencia de esta Sala había sido recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión de la ejecución y también presentaron escrito en la APLU el 7-5-2014 en el que consideran que el interés general debe ceder para no perder la finalidad el recurso de amparo.

Este recurso de reposición fue estimado por la resolución de fecha 29 de enero de 2021 que anuló la multa coercitiva impuesta.

En dicha resolución se motiva que la ejecución de la resolución de 17 de agosto de 2011 quedó en suspenso desde la fecha en que se solicitó la medida cautelar de suspensión de la orden de demolición en vía judicial. Continuó la suspensión con su estimación por auto de 24 de noviembre de 2011 del juzgado de lo Contencioso administrativo número 3 de Pontevedra y estuvo suspendida hasta la confirmación de la resolución por sentencia de él TSJ de Galicia núm 95/2014 de 30 de enero, declarada firme el 21 de abril de 2014.

También se razona en dicha resolución que conforme a la sentencia de esta sala 290/2017 de 15 de enero dictada en el recurso 4168/2017, si se suspende la ejecutividad de una orden de demolición no puede mantenerse la ejecutividad una multa que tiene por objeto que se lleve a cabo esa demolición.

Y por ello se concluye que el día 2 de mayo de 2014, fecha de la imposición de la multa coercitiva recurrida, no había transcurrido el plazo de 3 meses para el cumplimiento voluntario de la orden de demolición, fijado en el apercibimiento de la resolución de 17 de agosto de 2011, ya que estuvo suspendido y no comenzó a computar hasta que la orden de demolición fue confirmada por la sentencia de 30 de enero de 2014 de esta sala, notificada a los alegantes el 21 de febrero de 2014 y declarada firme el 21 de abril de 2014.

Se valora tal efecto que la multa coercitiva es un medio de ejecución Tortosa cuya finalidad es vencer la pasividad de los interesados en el cumplimiento de la orden de demolición, circunstancia que en el momento de la imposición de la multa coercitiva que se recurre no se había producido. Y por todo ello se estima el recurso de reposición contra esa multa coercitiva, dejándola sin efecto.

3º.- Mediante resolución del Director de la APLU de fecha 8 de abril de 2022 se instó la ejecución forzosa de la resolución firme de fecha 17 de agosto de 2011 imponiendo una primera multa coercitiva, resolución que fue recurrida en reposición por la parte ahora recurrente y la cual fue desestimada en fecha 8 de abril de 2024, que es la resolución objeto de impugnación en los presentes.

QUINTO: Sobre la prescripción de la acción ejecutiva.

La cuestión litigiosa gira alrededor del valor interruptivo de la prescripción de la acción ejecutiva conducente a exigir forzosamente el cumplimiento de la orden de demolición que la APLU le atribuye a la resolución de fecha 2 de mayo de 2014, por la que se impuso una multa coercitiva, que después fue anulada y dejada sin efecto por la resolución de 29 de enero de 2021, estimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la misma.

De acogerse el planteamiento de la APLU, esto es, en el caso de que se le atribuyese valor interruptivo de la prescripción a ese acto de 2 de mayo de 2014 -ulteriormente dejado sin efecto con la estimación del recurso de reposición-, y como quiera que esa interrupción determinaría que se inicie nuevamente el cómputo del plazo de prescripción, actualmente fijado en 5 años (por remisión al plazo de las acciones personales conforme al art. 1964 CC, fijado en 5 años tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre) y la interposición del recurso de reposición con solicitud de medida cautelar de suspensión determinaría la suspensión de la ejecutividad, que impedía a la Administración ejecutar el acto (ex art. 111.3 LRJPAC), la consecuencia sería -solo en el caso de poder acogerse su planteamiento- la pretendida por la Administración apelante, puesto que en dicha hipótesis el plazo se computaría de nuevo desde la notificación de ese acto que impuso la primera multa coercitiva en el año 2014, esto es, desde el 12-5-2014, y habría quedado en suspenso durante la tramitación del recurso de reposición, desde que se incumplió el plazo mensual de resolución, hasta la resolución de 29 de abril de 2021, que lo estima y deja sin efecto la resolución, y se habría reanudado con la notificación de esta resolución estimatoria del recurso de reposición, sin que desde esta hasta la resolución de 2022 que impone la multa coercitiva hayan transcurrido 5 años.

Sin embargo, toda esta argumentación depende de otorgarle eficacia, aunque sea a los meros efectos de interrumpir la prescripción, a la resolución de 2 de mayo de 2014, a pesar de que fue sido anulada por la propia APLU con la estimación del recurso de reposición, y este reconocimiento de eficacia a ese acto a esos efectos interruptivos de la prescripción resultaría contradictoria no solo con el hecho de que esa resolución fue dejada sin efecto por la APLU, sino que entraría en contradicción con la motivación que condujo a esa anulación.

Debe concluirse, por tanto, que no cabe acoger el planteamiento de la APLU, basado en la extrapolación de jurisprudencia dictada en materia tributaria, respecto a la diferencia entre liquidaciones nulas y anulables a los efectos de la interrupción de la prescripción, ya que cuando se dicta el acto de imposición de la primera multa coercitiva el 2-5-2014 no concurrían los presupuestos esenciales para abrir la ejecución forzosa, puesto que la ejecutividad de la orden de demolición había estado suspendida y la firmeza de la sentencia que la confirmó, que pone fin a la vigencia de la medida cautelar de suspensión, se había alcanzado el 21-4-2014.

La orden de demolición concedía un plazo de cumplimiento voluntario de 3 meses y ese plazo no se discute en este caso que solo se puede considerar iniciado a partir del 21-4-2014. En consecuencia, los obligados estaban todavía en el periodo de cumplimiento voluntario cuando se impone la primera multa coercitiva en el año 2014, a la que no se puede atribuir virtualidad interruptiva del plazo de prescripción de la acción ejecutiva, porque en puridad ese plazo aún no había comenzado, siendo este el motivo de su anulación por la propia APLU al estimar el recurso de reposición interpuesto contra aquella resolución, dejándola sin efecto.

Como advierte la STS 158/2023 de 9.02. 2023, recurso 2514/2022 «El apercibimiento (debidamente notificado al obligado), junto con el título ejecutivo (resolución administrativa definitiva que impone la obligación a ejecutar), es un presupuesto inexcusable para el inicio del procedimiento de ejecución forzosa».

Desde el momento que se incumple por la administración urbanística las condiciones señaladas en el presupuesto esencial de apercibimiento y eso se constata, la misma APLU revisa su acto administrativo, dictado sin que concurriesen los presupuestos esenciales en ese momento para acudir a la apertura del procedimiento de ejecución forzosa.

En consecuencia, faltaban los presupuestos esenciales para el ejercicio de la acción ejecutiva, así se reconoció en resolución posterior, que estimó el recurso de reposición, dejando sin efecto dicha resolución de 2-5-2014. Y una vez anulada esa resolución, que es dejada sin efecto por la APLU, lo que se constata es que desde la firmeza de la sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la orden de demolición, esto es, desde que cesó la suspensión cautelar de la ejecutividad de ésta, y después de que hubiera transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario que habilita a la Administración a adoptar medidas de ejecución forzosa, no se dictó ninguna resolución con virtualidad interruptiva del plazo de prescripción iniciado tras el transcurso de ese plazo de cumplimiento voluntario, razón por la cual procede confirmar la sentencia recurrida, ya que cuanto se dictó el acto recurrido había transcurrido en exceso el plazo de prescripción de la acción ejecutiva, el cual no fue interrumpido válidamente con ningún acto administrativo dictado con posterioridad a su inicio, siendo que entre la fecha de firmeza de la sentencia desestimatoria y la imposición de la primera multa coercitiva el 8 de abril de 2022 transcurrieron casi ocho años.

En cuanto al plazo de prescripción aplicable, debe entenderse que, una vez iniciado con el transcurso de tres meses computados desde el 21 de abril de 2014 (periodo de cumplimiento voluntario), sería de aplicación el régimen transitorio de la prescripción de las acciones personales, de acuerdo con las determinaciones establecidas en la Ley 42/2015 de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,régimen que transitorio ha sido clarificado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la STS de 20 de enero de 2020 y luego reiterada en 20 de octubre de 2020.

Expresa la primera de las sentencias:

" Como la Ley 42/2015 entró en vigor el 7 de octubre de 2015, si conjugamos lo previsto en su Disposición transitoria quinta con el art. 1939 CC , al que se remite, tendríamos las siguientes posibles situaciones (sobre la base de que no hubiera actos interruptivos de la prescripción ), teniendo en cuenta que la prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor se regirá por el plazo anteriormente fijado (quince años), si bien, si desde dicha entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años) surtirá efecto la prescripción incluso aunque anteriormente hubiera un plazo de quince años:

(i) Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley.

(ii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción original del art. 1964 CC .

(iii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 CC , no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.

(iv) Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años, conforme a la vigente redacción del art. 1964 CC ."

La aplicación del régimen transitorio del Código Civil al presente caso determina que la prescripción se produciría a los cinco años de la entrada en vigor de la Ley 42/2015, con el añadido de la suspensión de plazos de prescripción derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que no permite extender el dies ad quem del plazo prescriptivo más allá de diciembre de 2020, tal y como alegada la parte apelada. Sin embargo, el acto recurrido, que es el que impone la primera multa coercitiva, se dicta en el año 2022, no habiéndose dictado con anterioridad al mismo ningún acto con virtualidad interruptiva de un plazo ya iniciado, al ser el acto anulado y dejado sin efecto, dictado en el 2014, previo al propio inicio del plazo de prescripción, carente de los presupuestos esenciales para la iniciación del procedimiento de ejecución.

En atención a lo expuesto, procede confirmar la sentencia recurrida y desestimar el recurso de apelación de la APLU.

SEXTO: Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA en los recursos de apelación las costas se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que se aprecie, razonándolo debidamente, la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

La desestimación del recurso de apelación determina la imposición de las costas procesales a la parte apelante, con el límite máximo de 1.000 euros, por todos los conceptos.