Sentencia Contencioso-Administrativo 619/2024 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 15039/2024 de 26 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Objeto del recurso contencioso-administrativo y motivos de impugnación:

Don Jesús interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico-administrativo Regional de Galicia de 5 de octubre de 2023, que acuerda archivar las actuaciones dimanantes de la reclamación económico-administrativa número NUM000, y acumuladas, presentadas contra la diligencia de embargo de bienes muebles dictada por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Galicia.

En el acuerdo del TEAR se acuerda el archivo de las actuaciones sin realizar ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto, en base a que "el acto reclamado ha sido anulado fuera de la vía económico-administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la resolución del recurso de reposición",y por tanto se ha producido una satisfacción extraprocesal.

En esta vía judicial el actor alega como motivos de impugnación la prescripción de las deudas reclamadas por nulidad de la notificación de las providencias de apremio.

SEGUNDO.-Sobre la inexistencia de una satisfacción extraprocesal:

En esta vía judicial el actor insiste en parte de los motivos en base a los cuales había intentado la anulación de la diligencia de embargo en la vía administrativa -a través del recurso de reposición- y en la vía económico-administrativa destacando, entre ellos, el que se refiere a la prescripción y caducidad del procedimiento. Alega que tanto las providencias apremio como las liquidaciones practicadas fueron notificados de forma incorrecta.

El hecho de que en esta vía judicial el actor insista en estos motivos de impugnación pese a que el TEAR acordó el archivo de las actuaciones sin hacer ningún pronunciamiento de fondo, significa una clara disconformidad con esta decisión.

En el acuerdo que resolvió el recurso de reposición se dejó sin efecto la diligencia de embargo una vez que la Dirección General de Tráfico informó que sobre el único bien sobre el que recaía el embargo (vehículo) existía una reserva de dominio, de manera que el actor carecía de la condición de propietario. Sin embargo, el recurso de reposición fue estimado parcialmente al descartar la prescripción alegada previo análisis de los actos de notificación de las deudas reclamadas y de las providencias de apremio. Esta es la cuestión que se sometía a debate en la reclamación económico-administrativa y que el TEAR dejó imprejuzgada. Es la que entonces debe de resolver este tribunal, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 170.3 LGT, contra la diligencia de embargo es admisible como motivo de oposición la prescripción del derecho a exigir el pago que, en el caso de prosperar, impediría a la Administración continuar con las actuaciones de recaudación de las deudas reclamadas. Alegado, como ha sido, este motivo de oposición frente a la diligencia de embargo, su anulación por otro motivo que no impida la continuación de las actuaciones de recaudación no determina la existencia de una satisfacción extraprocesal.

TERCERO.-Sobre la defectuosa notificación de las providencias de apremio y la prescripción del derecho a exigir el pago de las deudas reclamadas:

I.Normativa aplicable: Ley 30/92. Interpretación del artículo 59.2 por la STS de 10 de noviembre de 2004 :

Tal como hemos adelantado, el artículo 170.3 LGT declara admisible como motivo de oposición frente a la diligencia de embargo la prescripción del derecho a exigir el pago de la deuda, en este caso, liquidaciones provisionales de IVA 4T 2009, IRPF 2010 y 2011, y sanciones correspondientes.

Sostiene el actor que en la notificación de las providencias de apremio y diligencias de embargo de bienes muebles se incumple lo establecido en el artículo 42 de la Ley 39/2015, así como lo establecido por la Jurisprudencia que lo interpreta, pues los dos intentos de notificación fueron efectuados dentro de la misma franja horaria. Y cita en favor de su tesis la STS de 10 de noviembre de 2004; añadiendo que no se ha dejado el correspondiente aviso de llegada de las notificaciones por correo.

En respuesta a estas alegaciones diremos, en primer lugar, que cuando se practicaron los intentos de notificación de las providencias de apremio, según el cuadro que se inserta en el escrito de demanda, no había entrado en vigor la Ley 39/2015, pues esta norma entró en vigor el día 2 de octubre de 2016 y todos los intentos de notificación que allí figuran reflejados son anteriores a esta fecha (a excepción del segundo intento de notificación de la última de ellas).

La norma que regía cuando se practicaron esas notificaciones era la ley 30/92, cuyo artículo 59.2 establecía en su apartado 1º, lo siguiente:

"Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente".

Y el apartado segundo, que:

"En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes".

El Tribunal Supremo en la sentencia de 28 de octubre de 2004, dictada en recurso de casación en interés de la Ley, fijó la siguiente doctrina legal:

"Que, a efecto de dar cumplimiento al artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la expresión en una hora distinta determina la validez de cualquier notificación que guarde una diferencia de al menos sesenta minutos a la hora en que se practicó el primer intento de notificación".

Pero el mismo Tribunal, con una diferencia temporal inferior a quince días, dictó otra sentencia el 10 de noviembre de 2004, en el recurso de casación en interés de la Ley 4/2004, según la cual:

"tratándose cual se trata de interpretar una norma que regula el régimen de las notificaciones, su aplicación ha de tratar de posibilitar, que se consiga el fin de la notificación, que esta llegue al interesado, y si un día no estaba en el domicilio en las primeras horas de la mañana se ha posibilitar, que la segunda notificación sea en franja horaria distinta, por ejemplo, al final de la mañana, y de otro, porque esa interpretación la exige en parte la norma, cuando dice, dentro de los tres días y en hora distinta, pues, si al Legislador le hubiese dado igual el horario concreto, debía haberse limitado a decir, que la segunda notificación se practicará en el día siguiente o en el otro, y no dice eso, sino que dice, dentro de los tres días en hora distinta, y hora distinta a los efectos de la notificación, no es 9,30 cuando la anterior se había realizado a las 10, aunque ciertamente las nueve y las diez sean horas distintas según el Diccionario, pues ese horas distintas, se ha de entender a los efectos de la notificación, las que se practican en distintas franjas horarias, como pueden ser, mañana, tarde, primeras horas de la mañana o de la tarde".

Ahora bien, en el presente caso esta doctrina es aplicable únicamente a la notificación de la providencia de apremio NUM001, de fecha 13 de noviembre de 2015, en la que, en el primer de intento de notificación, que tuvo lugar el día 19 de noviembre de 2015 a las 13:00 horas, el actor estaba ausente en su domicilio, al igual que en la fecha del segundo intento de notificación, a las 11:25 horas del día 20 de noviembre de 2015.

Pero no sería aplicable a la notificación de las demás providencias de apremio, respecto de las cuales en el primer intento de notificación el actor figuraba como desconocido en el domicilio en el que se produjo el intento de notificación.

II. Notificación de las providencias de apremio en las que el destinatario figuraba como desconocido en el domicilio en el que se intentaron practicar:

La doctrina que se recoge en la STS de 10 de noviembre de 2004 no es aplicable a la notificación de las demás providencias de apremio respecto de las cuales en el primer intento de notificación el actor figuraba como desconocido en el domicilio en el que se intentaron practicar, pues en estos casos rige lo dispuesto en el artículo 112.1 de la LGT, del siguiente tenor:

"Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar (...)".

De las providencias de apremio en las no era necesario practicar un segundo intento de notificación hemos de convenir con el actor que en tres de ellas ( NUM002, NUM003 y NUM004) no fueron notificadas conforme a lo dispuesto en la citada norma, pues el artículo 112.1 LGT añade lo siguiente:

"En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el "Boletín Oficial del Estado".

La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente".

En el acuerdo resolviendo el recurso de reposición contra la diligencia de embargo se dice que estas providencias fueron notificadas "por comparecencia (BOE) de conformidad con lo previsto en el art. 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , al haber resultado infructuosos los intentos de notificación practicados en el domicilio fiscal del contribuyente mediante correo certificado con acuse de recibo".

Sin embargo, así como obran incorporados al expediente administrativo certificados de publicación en el BOE de anuncios de citación para notificación por comparecencia de varias providencias apremio, por ejemplo la NUM001 (documento PDF número 37), la NUM005 (documento PDF número 34), o la NUM006 (documento PDF número 31), de las providencias de apremio NUM002, NUM003 y NUM004, lo único que consta es un certificado de publicación del anuncio de citación para notificación por comparecencia a la sede electrónica de la AEAT (documentos PDF número 52, 60 y 63).

III. Sobre la incorrecta notificación de las providencias de apremio NUM002, NUM003, NUM004, y NUM001:

En base a lo expuesto en los apartados precedentes no se consideran correctamente notificadas las providencias de apremio NUM002, NUM003 y NUM004, y la NUM001, por incumplimiento del criterio establecido por el Tribunal Supremo en la sentencia de 10 de noviembre 2004 que, como queda dicho, interpretaba el artículo 59.2 de la ley 30/92 en el sentido de que, por hora distinta debía entenderse una franja horaria diferente (primera/última hora de la mañana, mañana/tarde...).

Sobre esto último hemos de añadir que, si bien el Tribunal Supremo en sentencias como las de 13 de febrero de 2014 (recurso número 777/2012), o la posterior de 7 de junio de 2017 (Recurso 3815/2015), con cita a su vez de la de 19 de julio de 2014 -dictada en el recurso de revisión por error judicial de derecho 12/2011-, desestimaron recursos de casación para unificación de doctrina interpuestos contra sentencias que aplicaban la doctrina legal fijada en la sentencia de 28 de octubre de 2004, y no el criterio de interpretación del artículo 59.2 de la ley 30/92 que se recoge en la posterior de 10 de noviembre de 2004, la sentencia de 13 de febrero de 2014 también recuerda, con cita de la anterior de 4 de marzo de 2010 dictada en el recurso de casación número 8640/04, que:

"el que no pueda afirmarse que las Sentencias que desestiman recursos de casación en interés de Ley no crean doctrina legal y, por tanto, deba negarse que vinculan a los órganos de la jurisdicción contenciosa, no significa que los pronunciamientos que en ellas se contienen no puedan ser tomados en consideración por los Tribunales de instancia en aquellos supuestos en los que de su contenido se desprende claramente una orientación a seguir, en el presente caso el Juzgado de Burgos, en la sentencia objeto de revisión, ha seguido la doctrina contenida en la Sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de fecha 28 de octubre de 2004 , dictada en el recurso de casación en interés de la Ley núm. 70/2003, que "sí constituye doctrina legal", al establecer en su fallo parcialmente estimatorio "Que, a efecto de dar cumplimiento al artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la expresión en una hora distinta determina la validez de cualquier notificación que guarde una diferencia de al menos sesenta minutos a la hora en que se practicó el primer intento de notificación".

Las circunstancias que rodearon las actuaciones de recaudación a que se refiere esta litis aconsejaban seguir el criterio orientativo que se recoge en la STS de 10 de noviembre de 2004, sobre todo teniendo en cuenta que en la fecha en la que se practicó la notificación de algunas de estas providencias de apremio (por ejemplo, de la NUM001, de fecha 13 de noviembre de 2015; de la NUM007 de fecha 18 de diciembre de 2015, o de la NUM008 de fecha 16 de julio de 2016) ya se conocía un dato que reforzaba tal proceder -aunque la normativa aplicable fuese la ley 30/92-, y es que el legislador se guió por dicho criterio a la hora de redactar el artículo 42 (Práctica de las notificaciones en papel) de la Ley 39/2015, estableciendo que la notificación:

"se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes", y añadiendo que "En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44".

IV.- Sobre la incorrecta notificación de las providencias de apremio NUM005, NUM006, NUM007 y NUM008:

En cuanto a estas providencias de apremio es verdad que la AEAT no estaba obligada a dejar aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, aplicable únicamente cuando deban realizarse dos intentos de notificación, y no en los casos en los que no se consigue la notificación en el domicilio del destinatario por figurar como desconocido.

Ahora bien, lo que llama la atención es que la notificación de estos actos de recaudación, y prácticamente todos los demás, unido a los actos de liquidación y sanción, se intentaron notificar en el mismo domicilio: DIRECCION000 de Vigo (Pontevedra). Y mientras que en unos casos el empleado de corroes indicaba que el destinatario estaba ausente en él (por ejemplo, documento PDF 36, notificación de la providencia de apremio de fecha 20 de noviembre de 2015), en otros muchos -la mayoría- aparece como desconocido, y en otros (por ejemplo, documento PDF 33, notificación de 11 de mayo de 2015) se tacha la cuadricula previamente marcada como ausente, y se marca la de desconocido.

Como dice el actor en su demanda un mismo domicilio no puede considerarse al mismo tiempo desconocido, y conocido pero estando ausente el destinatario. Frente a la alegación de que las notificaciones recogidas, anteriores a la primera liquidación, y la de la diligencia objeto de recurso fueron practicadas en el mismo domicilio, denota claramente que la AEAT, pese a que desde el año 2013 sabía que el actor figuraba como desconocido en el domicilio antes señalado, siguió practicando las notificaciones en él, sin constar que hubiese hecho averiguaciones para conocer el domicilio en el que poder practicar las notificaciones con éxito, como era el de DIRECCION001 de Vigo, en el que sí se llegaron a practicar otras notificaciones, por ejemplo la de las diligencias de embargo que tuvieron lugar los días 9 de agosto de 2021 (documento PDF 28), o la de 5 de noviembre de 2021 (documento PDF 23), entre otros actos administrativos.

En definitiva, no considerándose correctamente notificadas las providencias de apremio no son tampoco conformes a derecho las actuaciones de recaudación encaminadas a su ejecución, y entre ellas la diligencia de embargo objeto del presente recurso, produciéndose la prescripción del derecho a exigir las deudas para cuya recaudación fueron dictadas teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se intentó su notificación. No se puede admitir el carácter interruptivo de diligencias de embargo posteriores, o de las solicitudes de suspensión que se hayan podido presentar, pues derivan de providencias de embargo incorrectamente notificadas y, por tanto, ningún efecto podían surtir.

En consecuencia, el recurso ha de ser estimado totalmente.

CUARTO.-Imposición de costas:

Dispone el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 11 de octubre, que, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. A tal efecto, es de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso por imperativo de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley Reguladora conforme al cual, para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

No concurriendo las circunstancias mencionadas en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede la imposición de costas a la Administración demandada, en la cuantía máxima de mil quinientos euros, por todos los conceptos.

En atención a lo expuesto,