Sentencia Contencioso-Adm...l del 2025

Última revisión
05/06/2025

Sentencia Contencioso-Administrativo 1328/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 204/2022 de 10 de abril del 2025

nuevo

GPT Iberley IA

Copiloto jurídico


Relacionados:

Tiempo de lectura: 48 min

Orden: Administrativo

Fecha: 10 de Abril de 2025

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta

Ponente: ANDRES MAESTRE SALCEDO

Nº de sentencia: 1328/2025

Núm. Cendoj: 08019330042025100133

Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2025:1982

Núm. Roj: STSJ CAT 1982:2025


Encabezamiento

Sala Contenciosa Administrativa Sección Cuarta de Cataluña

Vía Laietana, 56, 3a planta - Barcelona - C.P.: 08003

TEL.: 933440040

FAX: 933440076

EMAIL:salacontenciosa4.tsj.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801945320188004318

N.º Sala TSJ: RECUR - 973/2022 - Recurso de apelación - 204/2022-H

Materia:

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0939000089020422

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sala Contenciosa Administrativa Sección Cuarta de Cataluña

Concepto: 0939000089020422

Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: Carlos Ramón, METGES DE BARCELONA COL.LEGI OFICIAL DE

Procurador/a: Sonia Oria Perez, David Elies Vivancos

Abogado/a:

Parte demandada/Ejecutado: Col.legio Oficial de Metges de Barcelona, Carlos Ramón

Procurador/a:

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 1328/2025

Presidente:

Pedro Luis García Muñoz

Magistrados/Magistradas:

Andrés Maestre Salcedo Jorge Rafael Muñoz Cortes

Barcelona, a fecha de la última firma electrónica.

Ponente:Magistrado Andrés Maestre Salcedo

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN CUARTA)ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el Rollo de Apelación nº 204/2022, interpuestos respectivamente, en su doble condición de parte apelante/apelada, de un lado, por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (en adelante COMB), representado por el Procurador Sr. David Elies Vivancos, contra la Sentencia nº 226/2021 de 30.9.21 dictada por el JCA nº 1 de Barcelona, recaída en recurso abreviado nº 215/2018-C, y de otro, también en su doble condición de parte apelante/apelada, D. Carlos Ramón, representado por la Procuradora Sra. Montserrat Aumatell i Arnau.

Ha sido Ponente el Magistrado D. Andrés Maestre Salcedo, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO -En el recurso contencioso-administrativo nº 215/2018-C, seguido por los trámites del Procedimiento Abreviado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Barcelona, a instancia del Sr. Carlos Ramón, frente al Colegio oficial demandado, se dictó Sentencia ya dicha, desestimaroria del recurso judicial interpuesto, aclarada parcialmente por auto de 19.1.22cuyo contenido damos por reproducido en esta sede en aras a la celeridad procesal.

SEGUNDO -Contra la referida Sentencia, se formularon sendos recursos de apelación por las respectivas partes litigantes, que fueron admitidos a trámite, con traslado a las contrapartes procesales, quienes evacuaron respectivos escritos oponiéndose a los recursos de apelación deducidos de contrario.

TERCERO -Elevadas las actuaciones a la Sala, se acordó formar el oportuno rollo de apelación, y se designó Magistrado Ponente. Tras los trámites legales y procedimentales pertinentes, se señaló finalmente fecha para la deliberación, votación y fallo del recurso, que tuvo lugar en fecha 10.4.25.

Fundamentos

PRIMERO - Objeto de la apelación

El Juzgado a quo dictó Sentencia nº 226/2021 de 30.9.21 dictada por el JCA nº 1 de Barcelona, recaída en recurso abreviado nº 215/2018-C, desestimatoria de las pretensiones actoras (consistentes en esencia que se dejara sin efecto cada una de la/s sanción/es disciplinaria/s deontológica/s de suspensión del ejercicio profesional de médico, cada una de ellas por espacio de un año), relativas en concreto, a la anulación de la resolución de la Junta de Gobierno del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) de fecha 22 de marzo del 2018 por la que acuerda:

"I. Imposar al Dr. Carlos Ramón la sanció de suspensió de l'exercici professional pel termini d'un any, per la comissió d'una infracció tipificada com a greu de l'article 83.a.1 dels Estatuts del COMB, en relació a les normes 2, 8, 9 i 47 del Codi de Deontologia, i en relació als articles 4.7.b) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de professions sanitàries.

II. Imposar al Dr. Carlos Ramón la sanció de suspensió de l'exercici professional pel termini d'un any, per la comissió d'una infracció tipificada com a greu de l'article 83.1.a dels Estatuts del COMB, en relació a les normes 2, 8, 9 i 48 del Codi de Deontologia,

III. Imposar al Dr. Carlos Ramón la sanció de suspensió de l'exercici professional pel termini d'un any, per la comissió d'una infracció tipificada com a greu de l'article 83.a.1 dels Estatuts del COMB, en relació a les normes 2 i 45 del Codi de Deontologia, i en relació als articles 4.5 i 5.1. a) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de professió sanitàries.

IV. Imposar al Dr. Carlos Ramón la sanció de suspensió de l'exercici professional pel termini d'un any, per la comissió d'una infracció tipificada com a greu de l'article 83.a.1 dels Estatuts del COMB, en relació a les normes 82 del Codi de Deontologia, i en relació als articles 4.7.b) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de professions sanitàries.

V. Imposar al Dr. Carlos Ramón la sanció de suspensió de l'exercici professional pel termini d'un any, per la comissió d'una infracció tipificada com a molt greu de l'article 82.b) dels Estatuts del COMB.

VI.- Requerir al Dr. Carlos Ramón per a que s'abstingui en el futur de continuar aplicant i divulgant procediments i tractament mèdics no validats i sense evidència científica, com ara el contingut de la Nova medicina Germànica o mètode Juan Ignacio".

Todo ello en relación al expediente disciplinario número NUM000, debiéndose destacar que, el Código de deontología del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, es de fecha 24 de enero de 2005. Recordar asimismo que, previamente a lo aquí judicado existieron unas diligencias previas penales, con nº 3191/1995/TR, seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barcelona, por presuntos delitos de negligencia médica y contra la salud pública, que desembocaron en el auto de archivo de 3.5.1996, confirmado por auto de la Sección 7ª de la AP de Barcelona, de fecha 11.10.1996.

Reseñar que los arts 83.a)1 y 82.b) de los Estatutos del Colegio de Médicos de Barcelona de fecha 26.6.08, vigentes "rationae temporis", prescriben lo siguiente:

"82 b).- Se consideran infracciones muy graves:b) el incumplimiento de acuerdos o decisiones adoptadas por los órganos de gobierno mediante los cuales se imponen sanciones graves".

"83. a) 1.- Se consideran infracciones graves:a) las infracciones previstas en el art 18 de la Ley 7/06 de 31 de mayo , del ejercicio de las profesiones tituladas y de los colegios profesionales, y, en concreto:

1.La vulneración de las normas esenciales del ejercicio y la deontología profesionales".

Resumimos a efectos aclaratorios cada uno de los cargos imputados al aquí recurrente:

1) Primer cargo: Indicar procedimientos y tratamientos no basados en la evidencia científica o en la eficacia clínica, y ello, aunque el paciente los consienta.

2) Segundo cargo: Vulneración de la obligación de informar al paciente de la necesidad de no abandonar ningún tratamiento necesario.

3) Tercer cargo: Vulneración del deber de emplear todos los medios adecuados para preservar el derecho fundamental a la protección de la salud y a la prestación de la asistencia necesaria para la conservación o recuperación de la salud.

4) Cuarto cargo: Divulgar en su condición de médico teorías no validadas científicamente (en concreto, la norma 82 de Código deontológico establece literalmente que "el médico habrá de tener especial cuidado en la difusión de los resultados de experimentaciones, por los medios de comunicación social, que puedan conducir a equívoco. Es preciso evitar siempre la creación de falsas expectativas en los pacientes, sobre todo a los afectados de enfermedades para las cuales no se ha encontrado una solución probadamente eficaz").

5) Quinto cargo: Incumplimiento de la conducta sancionada en el previo acuerdo de la Junta de Govern del COMB de 30.5.1996 (acuerdo éste ratificado por el Consell de Col.legis de Catalunya de 20.11.1996), por el que se imponían al Dr. Carlos Ramón sanciones por hechos idénticos (sanciones, confirmadas por el TSJC -sentencia nº 784bis/2001 de 26.7.2001 recaída en recurso nº 1869/1996-, por la comisión de dos infracciones graves fundamentadas en la aplicación de las teorías de la "Nova Medicina, Dr. Juan Ignacio", sin validación científica y por su divulgación como idóneas y eficaces).

Nótese que, por auto firme nº 130/2018 de 15.6.18 se desestimó por el JCA nº 1 de Barcelona la medida cautelar suspensiva deducida por la parte actora.

Igualmente, en la STSJC firme, antes dicha de 26.7.01, debemos extractar, en esencia, lo siguiente:

"La societat oncológica assenyala que les teories del mètode Juan Ignacio són inadmisibles des del punt de vista científic i refuta la pràctica dŽaquest mètode en malalts oncològics, perquè:

-nega els coneixements actuals de la biología cel.lular del cáncer que han estat comprovats i ampliats pels avenços de la biología molecular.

-aquest mètode nega lŽevolució natural de les malaties tumorals, sense cap rigor científic" (...)

Ha dŽassenyalar-se que resulta correcta la graduació dŽambdues faltes (greus), quant a les sancions acordades, vistos els Estatuts aplicats, les circumstàncies concurrents i la repercussió profesional i social de les conductes inculpades.

En definitiva, ...lŽortodoxia de la "lex actio" o "normopraxis", no ha dŽevitar el necessari desenvolupament de la medicina i la recerca de nous procediments i tècniques, si bé aquests últims han dŽincorporar mecanismos de necessària seguretat i protecció de la salut dels subjectes a lŽexperimentació mèdica, recollits en la normativa juridicomèdica vigent, no tant per errar un tractament com per estar errat en relació a les obligacions que comporta ser metge en exercici, la societat espera que els seus metges no actuïn amb criteris mèdics no vàlids o no contrasignats per la Comunitat científica. És necessari protegir la societat dŽaquells metges que sŽaparten de les vies formatives acreditades (garanties de seguretat per als ciutadans), amb la pretensió de ser posseïdors dŽuna veritat única i exclusivament sustentada en un subjectivisme personal."

Por su parte, la resolución de 22-3-18 en esencia, establecía que la actuación del aquí recurrente con respecto a cómo tratar las patologías y pacientes oncológicos, es impropia de un médico, con fraude y deslealtad al paciente al apartarlo de un tratamiento de eficacia reconocida. Entiende tal resolución que los tratamientos quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia son instrumentos terapeúticos validados y consensuados en oncología por la comunidad científica. Indica que la actuación del Dr. Carlos Ramón no se corresponde con la metodología del buen ejercicio profesional médico, de acuerdo con las normas ético-deontológicas y de la buena praxis. Considera que el Dr. Carlos Ramón no efectúa ninguna anamnesis con un ánimo de rigor, no establece ningún diagnóstico diferencial ni plantea ninguna hipótesis de trabajo, diagnóstica, exploratoria o terapéutica. Concluye que induce, con voluntad consciente (no error ni olvido), a los pacientes a abandonar o no iniciar el tratamiento consensuado por las sociedades científicas y académicas, no siendo aceptable resumir el cáncer en un conflicto biológico y/o psicológico que se ha de tratar siguiendo las teorías de la nueva medicina germánica.

El fallo de la citada sentenciaes el siguiente:

"DESESTIMO el recurs contenciós administratiu interposat per la representació processal del senyor Carlos Ramón contra la resolució del Col.legi oficial de Metges de Barcelona de 22 de març del 2018 per la qual sŽimposa a lŽactor cinc sancions consistents en la suspensió de lŽexercici professional pel termini dŽun any per vulneració de la normativa continguda als Estatus del COMB en relació al codi deontològic.

Imposo les costes processals a la part actora en la quantia màxima de 600 euros seguint els criteris orientatius aprovats per la Junta de Jutges dŽaquesta ciutat i jurisdicció per acord de 17 de novembre de 2018."

Y la fundamentación jurídica de la mencionada sentencia apelada fue la siguiente:

"La part demandant realitza una sèrie dŽal.legacions en relació al nomenament de la persona instructora i secretària de lŽexpedient però no fa esment a cap precepte que es consideri infringit ni a cap possible motiu que invalidi els seus nomenaments els quals consten a lŽexpedient.

El mateix cal dir de les argumentacions referides al fet iniciador del procediment disciplinari. El cert és que el COMB arrel de lŽescrit presentat per lŽactor va tenir coneixement dŽuns fets que va entendre que podien implicar una vulneració de la normativa reguladora de la professió, i el seu deure era incoar lŽexpedient. El fet que lŽactor es dirigís al COMB per tal de demanar empara davant dŽuna situació que va considerar vexatòria no impedeix que atenent als fets relatats o examinats la incoació del procediment. Un altre extrem serà si lŽactor considera que el COMB no va donar una resposta adequada la seva petició extrem que no és objecte dŽaquest procediment, i que a aquesta jutjadora no li consta que lŽactor hagi endegat.

Per tant, lŽal.legació que es fa dŽextralimitació contravenint lŽarticle 88.2 Llei 39/2015 no es pot admetre doncs davant de la sol.licitud de la part actora i la manca de resposta lŽactor podia haver accionat davant la inactivitat, extrem, reitero, que no sŽha fet. Però aquesta manca de resposta no es pot articular en el procediment disciplinari obert.

En segon lloc, sŽal.lega el principi non bis in idem per entendre que els fets que es sancionen van ser objecte dŽun expedient a lŽany 1995, i sancionats al 1996.

Aquests fets van donar lloc a una procediment penal que va finalitzar per interlocutòria de 11 dŽoctubre del 1996 de lŽAudiència Provincial de sobreseïment per entendre que no hi havia mala praxis des del punt de vista penal. Entén que no hi ha fets nous, i per tant, que ja van ser objecte de sanció. Va ser per resolució de 30 de maig del 1996 en què es va sancionar a lŽactor per dos

infraccions greus consistents en lŽaplicació de teories de " La Nova Medicina Dr. Juan Ignacio" a la una pacient, la senyora Teresa i per la seva divulgació. Sanció que va ser confirmada a nivell administratiu i judicial.

No obstant, els fets que fonamenten lŽexpedient inoat a lŽany 2017 versa sobre uns fets comesos en altres dates si bé es torna a tractar de lŽaplicació i divulgació de les mateixes teories i pràctiques no validades científicament referides a altres pacients. Sent un dŽells el que apareix en el programa " En el punto de mira" emès el 22 de maig del 2017. La divulgació dŽaquestes teories es va fer en el mes de maig del 2017, amb independència de quan es gravessin les converses. A més , sŽha de recordar que la resolució sancionadora recaiguda a lŽexpedient del 1995 ja sŽadvertia a lŽactor que no podia realitzar aquesta divulgació.

En tercer lloc, semblaria, ja que anticipo que la demanda no és gaire entenedora en aquest sentit, que entén que es vulnera lŽarticle 6 del Codi Deontològic que prohibeix la discriminació i rebuig cap a un metge que es negui a emprar o empri una determinada terapeutica o mitja de diagnòstic". No obstant, cal tenir en compte que amb les sancions que sŽimposen no sŽestà produint cap discriminació sinó una protecció de la salut dels pacients en la mesura que el metge té llibertat de prescripció però dintre de les opcions científicament validades.

En quart lloc, es fa esment a la proporcionalitat de la sanció. LŽarticle 86 Estatut del Col.legi de Metges estableix " Graduació de les infraccions i sancions Per graduar les infraccions i sancions, a més del que objectivament s'ha comès o omès, i actuant sota el principi de proporcionalitat, cal tenir en compte: a) La intencionalitat. b) La pertorbació en els serveis, l'activitat col·legial, la professió mèdica, el Col·legi o el centre de treball. c) La transcendència de la conducta envers el pacient, un altre company metge o qualsevol altra persona directament afectada. d) La participació en la comissió o en l'omissió. e) La gravetat de l'alteració o alarma social produïda. f) Generalització de la infracció. g) Magnitud de l'eventual avantatge obtinguda. " La resolució sancionadora hi fa esment entenent que estem davant de tractament del càncer, per la situació en què es troben els pacients i la consciència dels fets per part de lŽactor que en la resolució de 1996 ja va ser advertit en el sentit dŽabstenir-se de divulgar les teories que ens ocupen. Per tant, la resolució esta motivada en relació a la sanció a imposat.

En les al.legacions ubicades en aquest apartat lŽactor posa en dubte la infracció manifestant que amb la seva conducta no ha vulnerat cap norma deontològica i que res prohibeix que en pugui fer ús. No obstant, lŽarticle 47 del Codi de Deontologia estableix " El metge no emprarà procediments ni prescriurà medecines amb les quals no estigui degudament familiaritzat i que no estiguin basades en l'evidència científica o en l'eficàcia clínica, encara que el pacient hi consent " I lŽ article 48 disposa " El metge que empri tractaments no convencionals o simptomàtics corresponents al procés que afecta el pacient està obligat a informar-lo de la necessitat de no abandonar cap tractament necessari, advertint-lo de manera clara i entenedora del caràcter no convencional ni substitutori del tractament. Així mateix està obligat a coordinar-se amb el metge responsable del tractament bàsic ." Son aquests deures que es consideren vulnerats, entre dŽaltres. És cert que res impedeix que lŽactor cregui en els beneficis del Mètode Harmer però no tenir la validesa de la comunitat científica no els pot prescriure com a tal tractament. En cinquè lloc, sŽal.lega la prescripció de lŽacció dŽacord amb els terminis que fixa lŽarticle 88 dels Estatuts. Els fets que fonamenten la sanció son:

- el programa de televisió " En el punto de mira" emès el 22 de maig del 2017, en què es constata que lŽactor empra aquestes teories amb els pacients que tracta, pel que els fets es realitzen en aquest any 2017. Certament, la part demandada manifesta que el programa no era en directe, però si resulta que es va gravar feia més de tres anys ho havia dŽhaver acreditat ja que és ell qui al.lega la prescripció.

- el llibre " La Salud y la Persona. La enfermedad no es un error de la naturaleza. Ni ésta juega a los dados con nosotros"en què es recullen manifestacions i dades que fan ubicar els fets i les seves pràctiques, novament, a lŽany 2017.

I en darrer terme respecte a lŽal.legació de la possible vulneració del dret a la intimitat, cal tenir en compte que els drets fonamentals no son ilimitats ni absoluts, de manera que les mateixes lleis que els desenvolupen poden definir-los sempre que es respecti el seu contingut essencial, com ja he recordat el mateix Tribunal Constitucional. I a la vegada tenen un altre límit consistent en la col.lisió amb altres drets fonamentals, com és en el cas que ens ocupa . El dret a la vida i a la integritat física, béns jurídics que es protegeixen mitjançant la tipificació administrativa dŽaquestes infraccions. Si bé no existeix el dret a la curació, sí que hi ha una obligació de mitjans i dŽutilització dels coneixements segons lŽestat de la ciència que en últim aspecte protegeixen el dret a la salut el qual està intimament connectat amb el dret a la vida i a la integritat física.

Per tant, no es pot entendre que hi ha una nul.litat dŽuna de les proves de càrrec a lŽempara de lŽ article 11.1 LOPJ atès que considero que la lesió que es denuncia ha de cedir davant dŽuna major interès a protegir.

Altrament, el mateix actor reconeix en la compareixença davant de lŽinstructor que a la periodista del programa canal Cuatro li va manifestar que tenia càncer i malgrat això li va dir que no fes quimioteràpia. Ell mateix creu que la " Nova Medicina Germánica" és un métode científic i que com a tractament del càncer indica que sŽha de resoldre el conflicte i finalment afegeix " el declarant manifesta que per un tema de conscipencia que als pacients els hi ha dŽindicar i aplicar els fonaments de la nova medicina germànica per a la resolució dels seus problemes de salut" . Per tant, es pot concloure que lŽactor reconeix que prescriu aquests tractaments, que els divulga amb caràcter científic i que deixa de prescriure altres que sí que estan validats per la comunitat científica. I ho fa amb un convenciment del seu caràcter científic.

I respecte a la possible vulneració dels drets fonamentals previstos a lŽ article 20 CE , en concret manifestat en el dret a la investigació científica, cal tenir en compte que la investigació científica es permet dins dels paràmetres legals i degudament regulada en el sentit que es fixa a la Llei 14/2007, de 3 de juliol i la Llei 17/2007. No podem entendre que les pràctiques que fa o feia lŽactor entressin dins dŽaquest concepte atès que no compleixen els paràmetres marcats per la dita normativa, en concret, i com bé assenyala la part demandada en la contestació a la demanda lŽarticle 10.2 Llei 17/2007.

I respecte a la llibertat dŽinformació i expressió, com abans he manifestat no són drets ilimitats ni absoluts, però les conductes que es sancionen van dirigides a una pràctica no permesa dins de la comunitat sanitària atès que no sŽha provat la seva base científica, col.lisionant directament tant la seva posada en pràctica com la seva divulgació amb el dret a la salut, a la vida i a la integritat física en el moment que sŽexclouen la resta que sí tenen aquest aval científic."

SEGUNDO.- Pretensiones de las partes.

Por la representación procesal del COMB se postula la revocación de la sentencia apelada porque no se aclaró en el auto de 19-1-22 de rectificación de la citada sentencia, lo suplicado por tal parte procesal, que se resume en la siguiente pretensión literal: "...com es desprèn del propi literal de la resolució (foli 202 EA), s'acorda imposar al Sr. Carlos Ramón cincs sancions consistents en la suspensió de l'exercici professional pel termini d'un any cadascuna d'elles, per tant, el total de la sanció imposada és de 5 anys, i no d'un (any)com sembla que es pot deduir de la decisió de la Sentència.

D'altra banda, a la resolució també s'acorda requerir al Sr. Carlos Ramón per a que s'abstingui de continuar aplicant i divulgant procediments i tractaments mèdics no validats i sense evidència científica, com ara el contingut de la Nova Medicina Germànica o Mètode Juan Ignacio, al temps que se'l requereix per a que doni

instruccions oportunes per a que es suspengui la distribució de la seva obra "La

salud y la persona. La enfermedad no es un error de la naturaleza. Ni esta juega

a los dados con nosotros".

El problema, o l'error, es produeix en el moment en que en forma de resum es descriu o refereix aquesta resolució, doncs no es refereixen amb exactitud les sancions, advertiments i requeriments que conté, que resulten transcendents atenent a la gravetat dels fets, i la resolució de la Junta de Govern sanciona no només les conductes infractores, sinó que també acorda mesures per evitar i combatre la difusió de teories no acceptades per la comunitat científica i que poden posar en risc la salut de les persones.

Així, i per evitar qualsevol confusió en la interpretació de la decisió judicial que pugui generar conflictes en l'execució de la resolució, s'ha de procedir a esmenar

l'error en la descripció de la resolució adoptada per la Junta de Govern del COMB, i quin literal es desprèn del propi expedient administratiu, com ja s'ha referit."

Por lo que se refiere al recurso de apelación planteado de contrario, la defensa del COMB se opone al mismo, postulando la inexistencia de irregularidad procedimental y la ausencia de infracción de normativa alguna. Que el hecho que el recurrente inicial fuera sancionado en 1997, sanción ratificada por el TSJC en el 2001, no implica que no haya habido, a lo largo de los sucesivos años posteriores, en especial en el 2017, reiteración de su conducta incumplidora de las normas esenciales del ejercicio y deontología profesional. Continúa manifestando que la sentencia de instancia no ha aplicado ninguna agravante de reincidencia, sino que, se ha limitado a confirmar una previa resolución administrativa sancionadora. Indica que el Dr. Carlos Ramón no ha sufrido ningún tipo de discriminación, ni se le ha vulnerado ningún derecho fundamental, en especial, los arts 18 y 20 CE78, ni se ha conculcado el principio de inmediación.

Por su parte, por la defensa del Sr. Carlos Ramón se interesa la anulación de la sentencia de instancia por vulneración del art 55 LJCA, arts 70 y 88.2 Ley 39/2015, art 4.2 Estatutos del COMB, e infracción del principio non bis in idem. También se alega conculcación de los arts 88 y 89 de los estatutos colegiales, que estatuyen lo siguiente:

"Article 88 dels Estatuts del COMB regula la prescripció de les infraccions i de les sancions: Prescripció de les infraccions: 1.- Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus prescriuen al cap de dos anys i les lleus prescriuen al cap d'un any, a comptar d'ençà del dia en què la infracció es va cometre. 2.- La prescripció queda interrompuda per la notificació formal a la persona interessada de la incoació de la informació reservada o del procediment sancionador. El termini de prescripció es torna a iniciar si l'expedient ha estat aturat durant un mes per una causa no imputable a la persona presumptament infractora. I Article 89 fa referència a la Prescripció de les sancions establint que: 1. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys d'haver estat imposades; les sancions per infraccions greus prescriuen al cap de dos anys, i les sancions per infraccions lleus prescriuen al cap d'un any.

2. Les sancions que comporten una inhabilitació professional per un període igual o superior a tres anys prescriuen un cop transcorregut el mateix termini pel qual van ésser imposades. 3. Els

terminis de prescripció de les sancions es comencen a comptar a partir de l'endemà del dia en què esdevingui ferma la resolució que les imposa.

La prescripció queda interrompuda per l'inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment d'execució. El termini de prescripció es torna a iniciar si el procediment d'execució resta aturat durant més de sis mesos per una causa no imputable a la persona infractora.".

Por tanto, según esta parte procesal, los hechos de 1997 no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de reincidencia en relación a hechos acaecidos en el 2017.

Indica asimismo que, se ha producido una vulneración de la norma sexta del Código deontológico médico relativa a discriminación, pues en su opinión el Dr. Carlos Ramón ha sido discriminado al impedírsele investigar métodos complementarios a la medicina convencional tradicional. También señala que ha habido vulneración de los arts 18 y 20 CE78 y la jurisprudencia constitucional y del TEDH al respecto, así como conculcación del principio de inmediación.

Por lo que respecta al recurso de apelación planteado por la adversa, se opone al mismo, considerando que no cabe la prohibición de investigación, siendo prevalente la libertad de búsqueda científica y que la aplicación práctica de la Nueva Medicina Germánica, no contraría el ordenamiento jurídico pues no está ilegalizada en nuestro país.

TERCERO.- Decisión de la Sala

Para la resolución del pleito de autos, hemos de partir de las siguientes premisas:

1) Como quiera que la sentencia de instancia no aclara ni corrige el error u omisión en consonancia con lo peticionado por la defensa del COMB, es dable estimar el recurso de apelación planteado por tal parte procesal y anular parcialmente tal sentencia en el sentido de incluir en los hechos, fundamentación y fallo de aquélla, los requerimientos contenidos en la resolución sancionadora disciplinaria obrante en folio 202 EA así como, las instrucciones suspensivas de distribución de la obra "ut supra" relatada, también claramente marcadas en la citada resolución. Todo ello, en congruencia con lo que alberga el expediente administrativo y en el bien entendido que la sanción total impuesta al Dr. Carlos Ramón no es de un año sino de cinco años (un año por cada sanción) de suspensión del ejercicio profesional de médico.

2) La resolución administrativa sancionadora origen de las presentes actuaciones, confirmada por la sentencia de instancia, no prohíbe en ninguno de sus pasajes la investigación científica, y la búsqueda científica, sino que se limita a requerir al Dr. Carlos Ramón de abstenerse de aplicar y divulgar tratamientos, procedimientos no validados y sin evidencia científica, adoptando como medida cautelar con efectos "ex nunc" la suspensión de la distribución del libro antes comentado, que se menciona en la parte decisoria de la resolución sancionadora disciplinaria. Desde este punto de vista, debe decaer la oposición a la apelación deducida por la defensa del Dr. Carlos Ramón.

3) Por mor de los principios de coherencia y seguridad jurídica del art 9.3 CE78, unificación de doctrina jurisprudencial y no conculcación del principio de igualdad ante temáticas idénticas, es dable seguir los pronunciamientos previos de nuestra Sección (nuestra Sentencia de 26.7.01 -que damos por reproducida íntegramente en esta sede en aras a la celeridad procesal-, y las menciones a las STS que allí se contienen), pues en esencia, lo que está "sub iudice" en nuestro pleito es una reiteración de la conducta del Dr. Carlos Ramón, a la que ya fue suspendido antaño en la sentencia apuntada.

4) Es un error que se subsana en este acto, y se suprime, por mor del art 85.10 LJCA, el que la sentencia en el hecho tercero de la misma se habla que se ha dado traslado para alegaciones sobre cuestiones nuevas, cuando las mismas no se han dado. Al respecto, no se ha opuesto la contraparte procesal, por lo que debemos estimar parcialmente el recurso de apelación en este extremo, en el sentido de corregir tal error.

Sentado lo anterior, y entrando en el fondo del asunto que nos ocupa, en especial, en el recurso de apelación planteado por la representación procesal del Dr. Carlos Ramón. Primeramente, se nos alega infracción del art 55 LJCA (no constan en el EA determinados documentos) y vulneración del art 70 Ley 39/2015 (el expediente administrativo no está ordenando cronológicamente), pues bien, este Tribunal no estima tal motivo impugnativo, por haber precluido el plazo establecido al efecto para denunciar tales posibles irregularidades (no consta queja formal), que todo lo más, en su caso, no serían invalidantes, ya que del propio contenido del expediente administrativo, se desprende suficiente documental en que se basa la prueba de cargo existente contra el inicial recurrente, y sin que en ningún caso se le haya causado indefensión material a tal parte procesal, desde el instante en que la misma ha podido alegar y probar todo cuanto ha estimado pertinente en defensa de sus derechos e intereses legítimos, tanto en primera como en segunda instancia.

Prosigue el apelante Dr. Carlos Ramón, que se ha vulnerado el art 88.2 de la LPA (Ley 39/2015, congruencia con la petición del interesado) y el art 4.2 (deber del Colegio de defender el prestigio de sus colegiados) de los Estatutos del COMB, en base a que, no se le ha ofrecido por el Colegio demandado un amparo por él solicitado en su escrito de 1.6.17, solicitud ésta que es calificada de consulta por la contraparte procesal. Pues bien, nuevamente no puede tener favorable acogida esta pretensión impugnativa, ya que, tal petición de amparo no es el objeto de este pleito y ello sin perjuicio del derecho a entablar la parte recurrente las acciones que estime pertinentes por esta actuación de la Administración Corporativa.

Se nos alega asimismo por la parte apelante Dr. Carlos Ramón, vulneración del principio "non bis in ídem", tesis que no puede prosperar ya que no ha habido ninguna conculcación de este principio del art 31 de la Ley 40/2015, desde el momento en que los hechos aquí judicados se remontan especialmente al 2017, y no a los de 1997 por los que primeramente fue sancionado, sanción ratificada por nuestra Sección de la Sala de lo C-A del TSJC en fecha 26.7.01, siendo perfectamente compatible unos hechos no sancionables penalmente, sí que lo puedan ser vía Derecho administrativo sancionador, disciplinario, en nuestro caso.

Por lo que respecta a la vulneración de los arts 88 y 89 de los estatutos colegiales, vemos que los hechos por los que fue sancionado inicialmente el recurrente fue en 1997, pero los acontecimientos fácticos que dan origen al presente expediente disciplinario se remontan al 2017, así lo expresa la propia defensa del COMB en su escrito de oposición a recurso de apelación, cuando manifiesta que:

"...L'anterior es desprèn de l'expedient administratiu, en el que consta amb claredat que els fets objecte de l'expedient disciplinari es situen a l'any 2017,respecte de pacients diferents i a través de la divulgació del llibre titulat "La Salud y la Persona. La enfermedad no es un error de la naturaleza", del que resulten especialment rellevants les teories descrites a les pàgines 63 a 138, del capítol "Alrededor de una mesa de cristal. Año 2017", del que n'és autor el Sr. Carlos Ramón i que malgrat a no constar l'any de publicació, situa fets a l'any 2017.".

Así las cosas, la infracción muy grave por la que fue sancionado el recurrente al amparo del art 82 b) de los estatutos colegiales, ha de ser anulada, porque las sanciones disciplinarias relativas a los hechos de 1997 fueron sanciones por infracciones graves, y no por infracciones muy graves, y el período de prescripción ha sobrepasado con creces en nuestro caso, debiéndose entender que la redacción del citado art 82 b) tiene sentido para el caso de reiteración de conductas no prescritas, y ya hemos visto que éste no es el caso de autos, pues del 1997 al 2017 han transcurrido 20 años, no cabiendo la tesis de la contraparte procesal que el requerimiento de antaño tenía carácter permanente, pues entraríamos en el absurdo de requerimientos de vigencia ilimitada, sine die.

También se nos alega infracción de la norma 6ª del Código de deontología. Ya hemos dicho, "ut supra" que, la resolución administrativa sancionadora origen de las presentes actuaciones, confirmada por la sentencia de instancia, no prohíbe en ninguno de sus pasajes la investigación científica, y la búsqueda científica, por lo que no cabe la prosperabilidad de la impugnación de la apelante sobre haber sufrido discriminación por investigar métodos complementarios a la medicina tradicional.

En relación a la supuesta vulneración del art 18 CE78 y la jurisprudencia constitucional y del TEDH al respecto, sobre la utilización de una cámara oculta, sin consentimiento ni autorización del Dr. Carlos Ramón, en la emisión del programa de TV en fecha 22.5.2017 "En el punto de mira" en el Canal Cuatro, vemos que, sin perjuicio de las acciones que pueda entablar el recurrente contra los directivos de tal programa de TV, lo cierto y verdad es que, tal emisión televisiva no ha sido promovida por la Administración actuante, la cual ha contado con profusa documental para sustentar la prueba de cargo contra la parte recurrente. Por tanto, ha de decaer tal motivo impugnativo.

En cuanto a una supuesta vulneración del principio de inmediación, no la ha habido como tal, sino una valoración conjunta de la prueba practicada por la Magistrada de instancia, con arreglo a las reglas de la sana crítica del art 348 LEC, basada en unos puntos controvertidos fijados por las partes al amparo del art 60 LJCA.

Finalmente, se nos alega infracción del art 20 CE78, se sobreentiende que el relativo al apartado 1.b) concerniente a la producción científica, derecho fundamental éste que no entiende que haya sido violentado con el dictado de la resolución administrativa aquí judicada, ya que no se trata de un derecho absoluto e ilimitado, sino que colisiona con otros derechos también fundamentales, que priman sobre el anterior, cual es el derecho a la vida e integridad física y psíquica del art 15 CE78 relacionado e integrado con el derecho a la protección de la salud contenida en el art 43 CE78.

Por lo demás, damos por reproducidos en tanto que ajustados a Derecho los razonamientos jurídicos de la sentencia de instancia, complementados con nuestra fundamentación jurídica que hemos expuesto.

Consiguientemente, se estiman parcialmente los respectivos recursos de apelación en los términos "ut supra" referenciados.

ÚLTIMO.- Costas procesales

En el presente caso, no cabe la imposición de costas a ninguna parte procesal con arreglo al art. 139 LJCA, habiendo concurrido serias dudas de derecho en la resolución del caso de autos, y haberse estimado parcialmente las respectivas pretensiones de las partes, sin que ninguna de ellas haya obrado con temeridad o mala fe procesal.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Cuarta) ha decidido:

Que con estimación parcialdel recurso de apelación formulado por la representación procesal de Carlos Ramón, y estimación del recurso de apelación formulado por la representación procesal del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, ambos recursos planteados contra la Sentencia nº226/2021 de 30.9.21 dictada por el JCA nº 1 de Barcelona, recaída en recurso abreviado nº 215/2018-C, declaramos que procede su anulación parcial en los términos indicados en el FD 3º de nuestra sentencia, de tal manera que confirmamos la resolución administrativa sancionadora disciplinaria de 22-3-18 impuesta al Sr. Carlos Ramón (un año de suspensión de ejercicio profesional por cada sanción por infracción grave, por los cargos primero a cuarto ambos inclusive, en total cuatro años de suspensión), a excepción de la quinta sanción (la relativa a la infracción muy grave del art 82.b) de los Estatutos del COMB, de un año de suspensión de ejercicio profesional) que se anula, manteniéndose el requerimiento de abstención y la suspensión distributiva fijados en la citada resolución sancionadora. Y todo ello sin costas derivadas de las dos instancias.

Contra esta Sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo al art. 89.1 LJCA en la redacción conferida por la L.O. 7/2015, en relación con lo previsto en el art. 86 y siguientes LJCA.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Modo de impugnación:recurso de CASACIÓN,que se preparará ante este Órgano judicial, en el plazo de TREINTAdías, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, conforme a lo dispuesto en el art. 89.1 de la Ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA).

Se advierte a las partes que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Además, se debe constituir en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de éste Órgano judicial y acreditar debidamente, el depósito de 50 euros a que se refiere la DA 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), del que están exentas aquellas personas que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita ( art. 6.5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero), y, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos, de acuerdo con la citada DA 15ª.5 LOPJ.

Sin estos requisitos no se admitirá la impugnación.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Fórmate con Colex en esta materia. Ver libros relacionados.