Sentencia Contencioso-Administrativo 383/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 564/2024 de 13 de febrero del 2026

PRIMERO.- Objeto del recurso y pretensiones de las partes. Cuestiones previas.

El objeto del presente recurso es la resolución de la demandada de 27-5-24, en concreto, de la Directora del ICS que estima parcialmente en alzada, el recurso en tal sentido entablado por la parte recurrente en fecha 9.2.24, contra la previa resolución del tribunal calificador de 15.1.24 por la que se da publicidad a los resultados definitivos del concurso de méritos en el marco del proceso selectivo de estabilización vía concurso de méritos y concurso oposición para proveer plazas básicas del ICS (convocatoria 100 efectuada por Resolució SLT 4154/2022 de 27.12.22),resultados éstos en los que estimándose parcialmente las alegaciones actoras de 8.9.23, se le otorgaba en aquél momento un incremento de puntuación de 6,413 puntos resultando una valoración final de 57,131 puntos, si bien en alzada, se entiende que ha habido un error de cálculo valorativo, y se le otorga finalmente una puntuación de 57,714 puntosapareciendo en el puesto clasificatorio nº NUM000 dentro de la categoría 129 de Diplomada sanitaria en enfermería.

El suplico de la demanda originadora de este procedimiento en esencia consiste en que se anulen los actos administrativos impugnados y como situación jurídica individualizada del art 31.2 LJCA, se declare el derecho de la recurrente a que se le puntúe correctamente los dos siguientes cursos de formación, así como el tiempo prestado de servicios que a continuación se detallan:

"- Institut Català de la Salut (ICS), data d'inici 07/11/1994 - data de fi 31/12/1999 - Salut Pública

- Institut Català de la Salut (ICS), data d'inici 01/01/2000 - data de fi 25/11/2000 - Salut Pública

- Familiar i comunitària - (6511739) Curs sobre programes d'Atenció Primària de Salut per Infermeria 20h 03/10/1988 a 12/10/1988. Certificat d'aprofitament

- Preventiva i salut pública (6511711) Curs sobre programes de vacunació a l'Atenció Primària 20h 12/09/1988 a 30/09/1988. Certificat d'aprofitament.".

Por la representación procesal de la parte recurrente se solicita la anulación de la/s resolución/es administrativa/s antes referenciadas, considerando que nunca ha habido una desvinculación con el ICS, en los períodos litigiosos de autos, aportando las nóminas acreditativas de lo anterior, desempeñando desde el inicio su trabajo como enfermera. Y que le han de ser reconocidos los cursos antes dichos en tanto que han sido impartidos por Colegios profesionales

Por su parte, la defensa de la demandada se opone a las pretensiones de contrario, impetrando la confirmación de la/s resolución/es impugnada/s, por considerarla/s ajustada/s a Derecho por sus propios fundamentos jurídicos. Se alega, en relación a los cursos controvertidos de formación que no han sido financiados con fondos públicos ni consta certificación de entidad oficial acreditada. Y por lo que respecta a los períodos de tiempo (esencialmente desde 1994 al 2000) que interesa la contraparte procesal que se le valoren como servicios prestados en el ICS, no cabe su valoración porque no desempeñó en tales períodos funciones de enfermera del ICS sino de ATS-visitadora del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Como cuestiones previas, recordar que un ATS (Ayudante técnico sanitario) visitador es un profesional de enfermería que visita centros médicos, hospitales y farmàcias para promover, técnico-científicamente, productos, fármacos o tecnologia médica, amén de informar y resolver dudas técnicas a médicos, enfermeros y farmacéuticos, sobre el uso, contraindicaciones y beneficios de los fármacos o dispositivos. Por otra parte, el titulo oficial de "ATS" fue sustituído por el de Diplomado universitario en enfermería, y luego por el de Graduado en enfermería. Asimismo, remarcar que los actuales graduados universitarios en enfermería tienen una mayor formación acadèmica y mayor reconocimiento de funciones que los antiguos ATS.

SEGUNDO.- Jurisprudencia en general sobre la discrecionalidad técnica

Sobre el control jurisdiccional de la discrecionalidad técnica de los Tribunales Calificadores, por ejemplo, en procesos selectivos, esta Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo, en sentencia número 594/2011, de 6 de mayo, dictada en el recurso ordinario número 479/2008, significaba la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia. Así, en su fundamento de derecho cuarto:

"...Esa discrecionalidad técnica reduce las posibilidades del control de dicha actividad evaluadora, que prácticamente estarán constituidas por estos dos básicos supuestos: el de la inobservancia de los elementos reglados -cuando estos existan-, y el del error ostensible o manifiesto; y, consiguientemente, deja fuera de ese limitado control posible a aquellas pretensiones de los interesados que solo postulen una evaluación alternativa a la del órgano calificador, pero moviéndose también dentro de ese aceptado espacio de libre apreciación, y no estén sustentadas con un posible error manifiesto.

Lo anterior explica que las normas reguladoras de la actuación de esos órganos calificadores solo exijan a éstos formalizar sus dictámenes o calificaciones mediante la expresión de la puntuación que exteriorice su juicio técnico. Y que tal puntuación sea bastante para que pueda ser considerada formalmente correcta dicha actuación de evaluación técnica.

Y cuando tales normas no exijan más que dicha puntuación, el órgano calificador cumplirá con limitarse a exteriorizarla, y no podrá reprochársele, desde un punto de vista formal, el que no la haya acompañado de una explicación o motivación complementaria." (...) "el órgano de selección cumplirá en principio con expresar la puntuación que exteriorice su calificación, y solo le será reprochable formalmente el vicio de falta de motivación cuando, a pesar de habérsele reclamado expresamente por el interesado, no atienda esta petición".

La más moderna jurisprudencia sobre la discrecionalidad técnica de los Tribunales en materia de acceso a la función pública, quedan fijados en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de abril de 2023, que analiza en interés casacional objetivo:

«que se determinen las exigencias de motivación de los órganos de selección de empleados públicos en el ejercicio de la discrecionalidad técnica de valoración de los méritos y pruebas, y que se concrete cuáles son los límites de los tribunales de justicia en el control de la misma». Al respecto, tal STS estatuyó lo siguiente:

"Debe recordarse, en términos más generales, que la abundante jurisprudencia de esta Sala a propósito de la discrecionalidad técnica es constante al indicar que ésta cesa, allí donde no hay verdadero margen de apreciación, con la consiguiente ampliación de la esfera de control por parte del órgano jurisdiccional. Véanse en este sentido, entro otras, las Sentencias de esta Sala nº 184/2016, nº 1659/2017, nº 1701/2018 y nº 104/2019. (...) Por todo lo expuesto, la respuesta a las cuestiones de interés casacional objetivo debe ser que la motivación de las decisiones de los órganos de selección, ajustándose siempre a lo previsto en las bases de la correspondiente convocatoria, debe en todo caso exponer los criterios de valoración empleados, así como provenir del propio órgano de selección y dejar constancia de la misma en el expediente administrativo. En cuanto al control que puede ejercer el órgano jurisdiccional, cabe que éste corrija la aplicación de los baremos cuando éstos sean claros y no dejen margen de apreciación."

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo, razona en su sentencia número 1676/2019, de 4 de diciembre, dictada en el recurso ordinario número 188/2018, en sus fundamentos de derecho tercero y cuarto, lo siguiente:

"TERCERO. Discrecionalidad técnica y arbitrariedad.

Resulta indiscutible que nos movemos en el ámbito propio de la discrecionalidad técnica, y, por tanto, resultan de aplicación las habituales técnicas de control de los actos discrecionales en general, a través del control de los aspectos formales del acto, los hechos determinantes, la aplicación de los principios generales del derecho, la desviación de poder, o la proscripción de la arbitrariedad.

Precisamente, la interdicción de la arbitrariedad ( artículo 9.3 de la CE), así como el recto ejercicio del control jurisdiccional de la actividad administrativa ( artículo 106.1 de la CE) y la efectividad de la tutela judicial ( artículo 24.1 de la CE), además del cumplimiento de la exigencia general de la motivación de los actos, y el específico previsto en el artículo 35.2 de la Ley 39/2015, para actos como el ahora recurrido, nos han conducido a acotar el control judicial en este tipo de impugnaciones.

En lo que se refiere a la arbitrariedad invocada efectivamente nos corresponde ahora comprobar que el acto administrativo discrecional es fruto de un adecuado ejercicio de potestades de esa naturaleza, y no de la arbitrariedad, proscrita por nuestra Constitución (artículo 9.3).

Teniendo en cuenta que el control judicial de este tipo de actos se encuentra demarcado, es limitado, porque no puede alcanzar la plenitud de nuestro control jurisdiccional sobre los actos administrativos ajenos a la discrecionalidad técnica. La evaluación del tercer ejercicio controvertido, es una decisión fruto de la discrecionalidad técnica, pues corresponde al Tribunal calificador, a través de la motivación, como ha hecho en este caso, realizar una valoración adecuada de las contestaciones a los supuestos planteados en ese ejercicio, según criterios técnicos. Teniendo en cuenta que los miembros del órgano calificador tienen la capacitación y especialización exigida por la norma para estos casos, que no puede ser corregida, con carácter general, respecto de ese juicio técnico.

Ahora bien, la concurrencia de la arbitrariedad permite a este Tribunal, como venimos señalando en supuestos similares, el control de la actuación del Tribunal en el proceso selectivo, pues es uno de los medios tradicionales de control de la discrecionalidad en general y de la discrecionalidad técnica en particular. Sucede, no obstante, que en este caso al realizar el necesario contraste entre las motivaciones proporcionadas por el Tribunal para las contestaciones de la recurrente en el tercer ejercicio, y las de los demás participantes, no se evidencia ni la aplicación de criterios diferentes, ni que el resultado alcanzado por el Tribunal respecto de la recurrente que no supera el tercer ejercicio haya sido fruto de la arbitrariedad y no de una aplicación racional de las normas que rigen las pruebas selectivas realizadas, mediante unos criterios objetivos y razonables. (...)

La evolución de nuestra jurisprudencia sobre la naturaleza, el alcance y los límites de la revisión judicial en los casos de la llamada "discrecionalidad técnica", que alcanza, insistimos, tanto a la arbitrariedad o irracionabilidad de la decisión, como a la garantía del derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, no puede llevarnos, sin embargo y cuando no concurren evidencias ni indicios de arbitrariedad o vulneración de la igualdad, a ninguna otra conclusión que no sea la desestimación de este motivo de impugnación, pues el proceso evidencia que no se alcanzaron los estándares fijados sobre la calidad y aptitud del tercer ejercicio realizado por la recurrente.

CUARTO. La desviación de poder

Tampoco puede ser estimado el motivo de impugnación que se vertebra en torno a la desviación de poder. Así es, no apreciamos la infracción del artículo 70.2 de nuestra Ley Jurisdiccional, toda vez que no concurre ese defecto teleológico que constituye la base de esa desviación, pues al socaire del mismo se vuelve a plantear la misma cuestión, sobre el cambio de calificación de uno de los miembros del Tribunal durante la deliberación de dicho órgano calificador colegiado.

Conviene tener en cuenta que la desviación de poder, recogida constitucionalmente en el artículo 106.1, en relación con el artículo 103, de la CE, y definida en el artículo 70.2, párrafo segundo, de la LJCA, comporta la existencia de un acto administrativo que externamente se ajuste a la legalidad, pero inválido por desmentir en su motivación la verdadera finalidad de la actividad administrativa, que debe fundarse, con carácter general, en el interés público y, además, en la propia finalidad que habilita el ejercicio de esa potestad concreta.

Esta apreciación si bien no precisa de una prueba acabada y completa, que lleve al Tribunal a la convicción de que se han ejercitado potestades administrativas para finalidades diferentes de las marcadas por el ordenamiento jurídico, como señala el artículo 70.2 de la LJCA, sin embargo, sí precisa de una justificación suficiente. Y en este caso, el cambio de calificación en el tercer ejercicio de uno de los miembros del tribunal, tras la deliberación de dicho órgano colegiado, no puede llevarnos al convencimiento de que hay ni una demostración, ni una justificación, ni un indicio o sospecha de la concurrencia de ese extravío teleológico que comporta la desviación de poder.

En definitiva, no se justifica que el fin perseguido sea ni ilegal, ni siquiera diferente al previsto por la norma habilitante, de modo que el ejercicio de la potestad administrativa se ha orientado, en los términos que prevén las normas del proceso de selección, a la selección según los principios de mérito y capacidad".

Asimismo, la sentencia número 1797/2020, de 17 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, dictada en el recurso número 312/2019, enseña en su fundamento de derecho séptimo, que:

"SÉPTIMO: Respecto de la alegada invalidez de los actos recurridos, por cuanto la puntuación atribuida al dictamen que realizó el recurrente carece de la exigible justificación objetiva y razonable, resultando la atribuida insuficiente e incoherente.

El debido análisis de lo suscitado aconseja recordar, con carácter previo, la jurisprudencia sobre el significado y ámbito que ha de reconocerse a la llamada doctrina de la discrecionalidad técnica, y sobre las posibilidades que ofrece el control jurisdiccional frente a los actos de calificación especializada en los que se proyecta dicha doctrina, en especial en lo referente al nivel de motivación que les es exigible. Esa jurisprudencia, procedente de este Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), está caracterizada por el permanente esfuerzo de ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa ( artículo 106.1 CE) .

También, la STS de 16 de marzo de 2015 nos dice que:

<<2.- La jurisprudencia inicial de esta Sala, desde el mismo momento del reconocimiento de esa discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma, que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas de control que significan los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho. Así lo hizo la STS de 5 de octubre de 1989, que se expresa así: "Los órganos administrativos a quienes corresponde la valoración de las pruebas de acceso a la función pública gozan de un cierto margen de discrecionalidad en la apreciación de las pruebas, que incluso merece la calificación de técnica no revisable jurisdiccionalmente en lo que se refiere a los juicios que la Administración emita acerca de la apreciación de los méritos aportados o ejercicios realizados, pero ello no excluye el que los Tribunales puedan controlar la concurrencia de los límites generales jurídicamente impuestos a la actividad discrecional no técnica de la Administración que se refieren a la competencia del órgano, procedimiento, hechos determinantes, adecuación al fin perseguido y al juego de los principios generales del derecho , entre los que, en estos casos, cobran especial interés los de mérito y capacidad expresamente señalados al efecto por el artículo 103 CE".

3.- La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el "núcleo material de la decisión" y sus "aledaños". El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacer lo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades. Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitarla materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico. Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad. La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre, como también en numerosas sentencias de esta Sala (entre otras, en las SSTS de 28 de enero de 1992, recurso 172671990 de 11 de diciembre de 1995 recurso 13272/1991; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990).

4.- Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico. Como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional ( artículo 9.3 CE) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación. Así se expresa STS de 10 de mayo de 2007, recurso 545/2002: "(...) Tiene razón el recurso de casación en que la sentencia de instancia no enjuició correctamente la cuestión de fondo que le fue suscitada y en la infracción del artículo 24 de la Constitución que con ese argumento se denuncia. La doctrina de la discrecionalidad técnica con que la Sala de Zaragoza justifica principalmente su pronunciamiento no ha sido correctamente aplicada; y no lo ha sido porque, en relación a la actuación administrativa para la que se ha hecho esa aplicación, no se ha observado el límite constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( artículo 9.3 CE) . Como es bien sabido, dicha discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las valoraciones de esa índole que hayan sido realizadas por los órganos cualificados por la posesión del correspondiente saber especializado y, por otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas cuestiones venga siendo tolerado en el concreto sector de conocimientos técnicos de que se trate. Pero una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica, ya que, ante la expresa petición de que dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate".

5.- La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás. Son exponente de este último criterio jurisprudencial los pronunciamientos de este Tribunal Supremo sobre nombramientos de altos cargos jurisdiccionales (STS de 27 de noviembre de 2007, recurso 407/2006), sobre concursos de personal docente universitario ( STS de 19 de mayo de 2008, recurso 4049/2004), sobre convocatorias del Consejo General del Poder Judicial para puestos en sus órganos técnicos ( STS de 10 de octubre de 2007, recurso 337/2004); o sobre procesos selectivos en las distintas Administraciones Públicas ( STS de 18 de diciembre de 2013, casación 3760/2012 )". Entendemos que el Tribunal que elabora el supuesto práctico, aunque consista en la realización de un informe, ha de determinar también los criterios de corrección que empleará para valorar los principios de mérito y capacidad o, dicho de otro modo, qué pautas va a seguir para calificar el informe. En este caso, dado el contenido del informe, estaba obligado a atender de forma especial a las dos áreas de conocimiento jurídico a las que se refería (urbanismo y contratación) así como a establecer el peso de cada una de ellas en el desarrollo del ejercicio práctico>>. ".

De ahí que el control jurisdiccional abunda en la finalidad de la convocatoria: seleccionar a los aspirantes más idóneos y comprobar que los aspirantes no hayan sido excluidos por un acto no conforme a Derecho.

Asimismo, en materia de jurisprudencia sobre discrecionalidad técnica, ha lugar a recordar que, según refiere el mismo Tribunal Constitucional, el único control que pueden ejercer los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es el jurídico, "salvo que el recurrente acredite desviación de poder, carencia de cualquier justificación, arbitrariedad o error patente" por parte de los órganos técnicos administrativos ( Sentencias 353/1993, de 29 de noviembre , o 40/1999, de 22 de marzo , citadas). Y es que, como ya había manifestado el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales no pueden convertirse en segundos tribunales calificadores que sustituyan por sus propios criterios los que, en virtud de la discrecionalidad técnica, corresponden a los órganos administrativos, "lo que no impide la revisión jurisdiccional en los supuestos en que concurran defectos formales sustanciales o se haya producido indefensión, arbitrariedad o desviación de poder" (entre otras, Sentencias de 18 de enero y de 27 de abril de 1990, de 13 de marzo de 1991, de 20 y de 25 de octubre de 1992 ó de 10 de marzo de 1995 )."

Razona la STC 17/2009, de 26 de enero de 2009, rec. 1703/2005, en su FJ 5º, que:

"(no cabe) censura alguna a que el control judicial de la actividad administrativa no alcance a la revisión de lo que propiamente sea discrecionalidad técnica, pues lo que no pueden hacer los Tribunales de Justicia es sustituir en las valoraciones técnicas a los órganos administrativos calificadores ( SSTC 97/1993, de 22 de marzo, FJ 2 º; 353/1993, de 29 de noviembre , FJ 3º ; 34/1995, de 6 de febrero , FJ 3º ; 73/1998, de 31 de marzo, FJ 5 º ; y 86/2004, de 10 de mayo , FJ 3, por todas)".

Conforme a la STS, Sala 3ª, de 17 de diciembre de 2020, rec. 316/2019, FJ 10º, "es doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que la calificación de los procesos selectivos se confía privativamente a los tribunales calificadores de los mismos y que por tanto no puede sustituirse por la de los propios tribunales de justicia".

La STS, Sala 3ª, de 13 de septiembre de 2021, rec. 344/2019, FJ 11º, señala, en relación con el control de la discrecionalidad técnica, que "la solvencia técnica y neutralidad que caracteriza a los órganos calificadores impone respetar su dictamen mientras no conste de manera inequívoca y patente que incurre en error técnico".

(En el mismo sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 6 de mayo de 2021, rec. 497/2020, FJ 3º).

T

TERCERO.- Decisión de la Sala al caso concreto

Sentado lo anterior, y centrados en la sede específica que nos ocupa, el ICS, y sobre la concreta pretensión formulada por la parte recurrente, cual es la errónea valoración de los méritos por ella alegados y la negativa de la demandada a computar el período 7.11.94 al 25.11.2000 como servicios prestados en enfermería, vemos que, el art 30.3 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, establece que "Las convocatorias y sus bases vinculan a la Administración, a los tribunales encargados de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas".

Desde este punto de vista, hemos de transcribir las bases de la convocatoria aplicables a la controvèrsia de autos:

«6.2.2 Fase de concurs Es valoraran els mèrits previstos al barem publicat a la convocatòria especifica. Només seran valorats els mèrits al·legats en temps i forma d'acord amb el barem d'aplicació i amb allò previst a les bases de la convocatòria especifica. Les persones aspirants que superin la fase d'oposició disposaran de quinze dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la corresponent diligència del tribunal, per tal de presentar la documentació original i còpia acreditativa dels requisits i mèrits al·legats. La documentació es presentarà en els llocs indicats a la base 1.10, d'aquestes bases generals. El tribunal pot sol·licitar l'aportació de traducció jurada dels mèrits redactats en idiomes diferents als oficials a Catalunya als aspirants. El tribunal per valorar els mèrits pot establir els criteris més adequats per a la convocatòria especifica, sense perjudici dels criteris següents:

a) Criteris generals - Els mèrits, en tot cas, han de tenir un contingut directament relacionats amb el contingut funcional de la categoria a la qual s'opta. També es podran valorar els continguts que tenen la consideració de transversal i comuna per a totes les categories. - Pel que fa als mèrits aportats amb un mateix contingut i amb coincidència en el període de realització, totalment o parcialment, o que estiguin recollits en altres títols o mèrits només es valoraran els que tinguin la valoració més favorable. - La formació que forma part d'estudis reglats (pla d'estudis, crèdits de lliure elecció...) té la consideració de formació reglada i no és formació contínua.

b) Formació reglada - Els doctorats i màsters universitaris oficials (Bolonya) es valoraran amb independència de la data de realització. - L'expedient acadèmic es valorarà únicament quan sigui el de la titulació especifica requerida. - Es podran valorar també altres titulacions reglades que no sigui la utilitzada com a requisit.

c) Formació contínua Es classifica en aquest apartat: - La formació iniciada en finalitzar els estudis requerits i destinada a actualitzar i millorar coneixements, habilitats i actituds dels professionals davant l'evolució científica i tecnològica i les demandes i necessitats tant socials com del propi sistema sanitari. - La formació transversal que desenvolupa capacitats i habilitats no especifica d'una categoria concreta i aplicable a tasques o contextos diversos, es valorarà amb independència de la data de la titulació requerida. - Els màsters, postgraus (no Bolonya) i els títols propis de les universitats es valoraran amb independència de la seva data de realització.

- La formació contínua es pot valorar segons l'antiguitat o la caducitat. - Es valorarà un màxim de 100 hores per activitat formativa (cursos...), amb un màxim de 500 hores lectives per any. Es prendrà en consideració per fer el còmput la data de finalització de l'activitat formativa - La formació contínua presencial amb certificat d'aprofitament es valorarà com a mínim el doble de la formació que disposi de certificat d'assistència.

- La formació contínua a distància amb certificat d'aprofitament es valorarà igual que la presencial amb certificat d'aprofitament. La resta de supòsits no es valorarà. - Es valorarà la formació contínua organitzada i/o impartida per l'Institut Català de la Salut i qualsevol altre servei de salut, per qualsevol administració pública estatal o autonòmica, per les universitats incloses les seves fundacions amb objectius docents, per les escoles universitàries, escoles de salut publica i centres formació professional. - També es valorarà la formació contínua organitzada i/o impartida per col·legis professionals,associacions professionals, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials o entitats degudament enregistrades que tinguin entre les seves finalitats la formació, sempre que aquesta formació estigui acreditada pels sistemes acreditadors oficials o finançada amb fons públics. - També es valorarà la formació adreçada al personal de gestió i servei i la de caràcter transversal amb reconeixement per part dels organismes habilitats (Reconeixement d'Interès Sanitari RIS), amb independència de l'entitat organitzadora.

(la negrita y subrayado es nuestro)

d) Altres mèrits L'activitat docent a l'àmbit universitari de càtedra, com a professor titular i professor associat amb activitat simultània en el servei de salut corresponent es valorarà. - La formació ocupacional només es valorarà per a les categories que no s'exigeixi estar en possessió de cap de les titulacions previstes al sistema educatiu. - L'estada formativa es podrà valorar si té una durada mínima de 4 setmanes, i estigui certificades per la gerència o la direcció de recursos humans corresponent, amb identificació de les dates, els objectius i resultats de l'estada formativa. - La cooperació internacional amb funcions relacionades amb la categoria a la qual opta, es podrà valorar si ha tingut una durada mínima de 4 setmanes i ha estat suficientment acreditada. - Els llibres i capítols de llibres, les publicacions en revistes indexades i projectes de recerca amb finançament competitiu (FIS, Universitat Carlos III...) es valoraran. -L'activitat docent de la formació contínua es valorarà amb el mateixos criteris que figuren a l'apartat de formació contínua. - La tutoria docent i la col·laboració docent de la formació sanitària especialitzada es valoraran sempre que hagin estat organitzades per la unitat docent corresponent.

e) Serveis prestats- Es valorarà l'exercici professional en centres sanitaris a la mateixa categoria i especialitat a la qual s'opta (la negrita es nuestra),com a personal estatutari, funcionari o laboral a: - L'Institut Català de la Salut o a qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut. - Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT) i centres sanitaris universitaris. - Altres administracions públiques. Al personal de gestió i serveis, se li valorarà els serveis prestats en cossos o escales de l'administració general de qualsevol administració pública en la mateixa categoria a la qual s'opta. - Els serveis prestats en còmput mensual complet es valoraren. Els dies solts es valoren sempre que la suma completi 30 dies, equivalents a 1 mes. Les fraccions no es valoren. - Dels serveis prestats en períodes coincidents en 2 o més centres només es valorarà el període més favorable. - El temps de permanència en excedència per cura de fill menor de 3 anys o per atendre un familiar fins al segon grau en un període no superior a 3 anys es valora. Igualment es valorarà el temps de permanència en excedència de víctimes de violència de gènere durant els primers 6 mesos.

L'acreditació dels serveis prestats es realitzarà mitjançant certificat en format original emès per l'òrgan, autoritat o càrrec que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent, amb indicació de la categoria i especialitat, forma d'ocupació, els períodes treballats i les funcions desenvolupades.

En el apartado 9.1 de la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (bases comunes y específicas), en la nueva redacción modificada por la Resolució SLT/185/2023, de 25 de gener, se regula la valoración provisional dels mèrits. Els tribunals qualificadors publicaran els acords de valoració provisional de mèrits, a partir de la informació al·legada i acreditada per les persones aspirants en el tràmit referit i les oportunes comprovacions. En els processos que tinguin com a sistema de selecció el concurs oposició aquesta valoració s'efectuarà un cop finalitzada la fase d'oposició. En relació amb aquesta valoració provisional de mèrits, les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a partir de la seva publicació per: a) Formular al·legacions per disconformitat amb aquesta valoració provisional. b) Presentar la documentació que considerin oportuna acreditativa dels mèrits al·legats prèviament. En aquest tràmit no s'admetrà l'al·legació de mèrits no al·legats prèviament i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador que, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte. 9.2 Valoració definitiva de mèrits. Els tribunals qualificadors publicaran la valoració definitiva de mèrits.

(...) La base 11.1.2 de la Resolució SLT/4154/2022, de 23 de desembre, señala: "11.1.2 Mèrits que es valoren. El 100% de la puntuació d'aquesta fase (100 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 70% en serveis prestats i el 30% en altres mèrits curriculars. A) Serveis prestats: 70% (puntuació màxima, 70 punts): a) Serveis prestats com a personal de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria convocada: 0,583 punts per mes complet (puntuació màxima, 70 punts). (...) "B) Altres mèrits curriculars 30% (puntuació màxima, 30 punts): (...) b) Formació continuada i formació reglada (màxima 17 punts): Formació continuada fins a in màxim de 200 hores. Es consideren també com a formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0,085 punts per hora (puntuació màxima 17 punts)".

Aplicada la anterior doctrina jurisprudencial, a nuestro caso de autos, y partiendo de las premisas que, de un lado, las bases del proceso selectivo de referencia son ajustadas a Derecho y constituyen la ley de la convocatoria, y de otro, que en virtud del art 71.2 LJCA los Tribunales no pueden sustituir el contenido de los actos discrecionales, vemos que el Tribunal Calificador basándose en la documental obrante en el expediente administrativo y en especial observando las bases de la convocatoria aplicables, antes transcritas, efectúa una valoración adecuada e individualizada a las circunstancias del caso, de los méritos de la recurrente, no arbitraria. En efecto, no cabe al amparo del principio de carga de la prueba del art 217 LEC y valoración conjunta de la prueba vía art 348 LEC, acoger la tesis de la actora, desde el momento en que no se ha aportado que los cursos de formación controvertidos hayan sido certificados por entidad oficial acreditada o en su caso se haya financiado con fondos públicos, y por lo que respecta al período 7.11.94 al 25.11.2000, es claro que visto el documento nº 5 adjunto a la demanda, que en tal período la actora trabajó como diplomada en salud pública grupo B, que tiene unas funciones distintas a las de diplomada en enfermería que es la categoría a la que se presentó la recurrente, por lo que no se le pudo valorar el citado lapso de tiempo, aunque perteneciera al ICS y a un mismo Departamento, el de Salut de la Generalitat de Catalunya, pues las funciones son diferentes, no idénticas sustancialmente.

Asimismo constatar que, más allá de las apreciaciones subjetivas e interesadas de la parte recurrente, que además afectan al núcleo de la discrecionalidad técnica del Tribunal Calificador, aprecia la Sala que no hay en las actuaciones, elementos de prueba relevantes aportadas por la parte demandante susceptibles de desmerecer y desvirtuar el acierto técnico del órgano colegiado evaluador, habiendo colmado éste de forma holgada la motivación de su decisión, que por su contenido permite conocer a la actora las razones de la valoración y las razones técnicas determinantes de la calificación-puntuación obtenida. En definitiva, no concurren en la actuación administrativa impugnada evidencias, siquiera de indicios, de arbitrariedad, error o "abuso de poder", ni vulneración del principio constitucional de igualdad, siendo que los criterios valorativos de autos se efectuaron en igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

Consiguientemente, se han de desestimar íntegramente las pretensiones de la parte recurrente.

CUARTO.- Costas procesales

Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998 reguladora de esta Jurisdicción, procede imponer las costas procesales a la parte recurrente, no es dable la imposición de costas a la parte recurrente al haberse generado serias dudas de Derecho en este Tribunal para la resolución del caso de autos.

PRIMERO.- Objeto del recurso y pretensiones de las partes. Cuestiones previas.

El objeto del presente recurso es la resolución de la demandada de 27-5-24, en concreto, de la Directora del ICS que estima parcialmente en alzada, el recurso en tal sentido entablado por la parte recurrente en fecha 9.2.24, contra la previa resolución del tribunal calificador de 15.1.24 por la que se da publicidad a los resultados definitivos del concurso de méritos en el marco del proceso selectivo de estabilización vía concurso de méritos y concurso oposición para proveer plazas básicas del ICS (convocatoria 100 efectuada por Resolució SLT 4154/2022 de 27.12.22),resultados éstos en los que estimándose parcialmente las alegaciones actoras de 8.9.23, se le otorgaba en aquél momento un incremento de puntuación de 6,413 puntos resultando una valoración final de 57,131 puntos, si bien en alzada, se entiende que ha habido un error de cálculo valorativo, y se le otorga finalmente una puntuación de 57,714 puntosapareciendo en el puesto clasificatorio nº NUM000 dentro de la categoría 129 de Diplomada sanitaria en enfermería.

El suplico de la demanda originadora de este procedimiento en esencia consiste en que se anulen los actos administrativos impugnados y como situación jurídica individualizada del art 31.2 LJCA, se declare el derecho de la recurrente a que se le puntúe correctamente los dos siguientes cursos de formación, así como el tiempo prestado de servicios que a continuación se detallan:

"- Institut Català de la Salut (ICS), data d'inici 07/11/1994 - data de fi 31/12/1999 - Salut Pública

- Institut Català de la Salut (ICS), data d'inici 01/01/2000 - data de fi 25/11/2000 - Salut Pública

- Familiar i comunitària - (6511739) Curs sobre programes d'Atenció Primària de Salut per Infermeria 20h 03/10/1988 a 12/10/1988. Certificat d'aprofitament

- Preventiva i salut pública (6511711) Curs sobre programes de vacunació a l'Atenció Primària 20h 12/09/1988 a 30/09/1988. Certificat d'aprofitament.".

Por la representación procesal de la parte recurrente se solicita la anulación de la/s resolución/es administrativa/s antes referenciadas, considerando que nunca ha habido una desvinculación con el ICS, en los períodos litigiosos de autos, aportando las nóminas acreditativas de lo anterior, desempeñando desde el inicio su trabajo como enfermera. Y que le han de ser reconocidos los cursos antes dichos en tanto que han sido impartidos por Colegios profesionales

Por su parte, la defensa de la demandada se opone a las pretensiones de contrario, impetrando la confirmación de la/s resolución/es impugnada/s, por considerarla/s ajustada/s a Derecho por sus propios fundamentos jurídicos. Se alega, en relación a los cursos controvertidos de formación que no han sido financiados con fondos públicos ni consta certificación de entidad oficial acreditada. Y por lo que respecta a los períodos de tiempo (esencialmente desde 1994 al 2000) que interesa la contraparte procesal que se le valoren como servicios prestados en el ICS, no cabe su valoración porque no desempeñó en tales períodos funciones de enfermera del ICS sino de ATS-visitadora del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Como cuestiones previas, recordar que un ATS (Ayudante técnico sanitario) visitador es un profesional de enfermería que visita centros médicos, hospitales y farmàcias para promover, técnico-científicamente, productos, fármacos o tecnologia médica, amén de informar y resolver dudas técnicas a médicos, enfermeros y farmacéuticos, sobre el uso, contraindicaciones y beneficios de los fármacos o dispositivos. Por otra parte, el titulo oficial de "ATS" fue sustituído por el de Diplomado universitario en enfermería, y luego por el de Graduado en enfermería. Asimismo, remarcar que los actuales graduados universitarios en enfermería tienen una mayor formación acadèmica y mayor reconocimiento de funciones que los antiguos ATS.

SEGUNDO.- Jurisprudencia en general sobre la discrecionalidad técnica

Sobre el control jurisdiccional de la discrecionalidad técnica de los Tribunales Calificadores, por ejemplo, en procesos selectivos, esta Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo, en sentencia número 594/2011, de 6 de mayo, dictada en el recurso ordinario número 479/2008, significaba la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia. Así, en su fundamento de derecho cuarto:

"...Esa discrecionalidad técnica reduce las posibilidades del control de dicha actividad evaluadora, que prácticamente estarán constituidas por estos dos básicos supuestos: el de la inobservancia de los elementos reglados -cuando estos existan-, y el del error ostensible o manifiesto; y, consiguientemente, deja fuera de ese limitado control posible a aquellas pretensiones de los interesados que solo postulen una evaluación alternativa a la del órgano calificador, pero moviéndose también dentro de ese aceptado espacio de libre apreciación, y no estén sustentadas con un posible error manifiesto.

Lo anterior explica que las normas reguladoras de la actuación de esos órganos calificadores solo exijan a éstos formalizar sus dictámenes o calificaciones mediante la expresión de la puntuación que exteriorice su juicio técnico. Y que tal puntuación sea bastante para que pueda ser considerada formalmente correcta dicha actuación de evaluación técnica.

Y cuando tales normas no exijan más que dicha puntuación, el órgano calificador cumplirá con limitarse a exteriorizarla, y no podrá reprochársele, desde un punto de vista formal, el que no la haya acompañado de una explicación o motivación complementaria." (...) "el órgano de selección cumplirá en principio con expresar la puntuación que exteriorice su calificación, y solo le será reprochable formalmente el vicio de falta de motivación cuando, a pesar de habérsele reclamado expresamente por el interesado, no atienda esta petición".

La más moderna jurisprudencia sobre la discrecionalidad técnica de los Tribunales en materia de acceso a la función pública, quedan fijados en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de abril de 2023, que analiza en interés casacional objetivo:

«que se determinen las exigencias de motivación de los órganos de selección de empleados públicos en el ejercicio de la discrecionalidad técnica de valoración de los méritos y pruebas, y que se concrete cuáles son los límites de los tribunales de justicia en el control de la misma». Al respecto, tal STS estatuyó lo siguiente:

"Debe recordarse, en términos más generales, que la abundante jurisprudencia de esta Sala a propósito de la discrecionalidad técnica es constante al indicar que ésta cesa, allí donde no hay verdadero margen de apreciación, con la consiguiente ampliación de la esfera de control por parte del órgano jurisdiccional. Véanse en este sentido, entro otras, las Sentencias de esta Sala nº 184/2016, nº 1659/2017, nº 1701/2018 y nº 104/2019. (...) Por todo lo expuesto, la respuesta a las cuestiones de interés casacional objetivo debe ser que la motivación de las decisiones de los órganos de selección, ajustándose siempre a lo previsto en las bases de la correspondiente convocatoria, debe en todo caso exponer los criterios de valoración empleados, así como provenir del propio órgano de selección y dejar constancia de la misma en el expediente administrativo. En cuanto al control que puede ejercer el órgano jurisdiccional, cabe que éste corrija la aplicación de los baremos cuando éstos sean claros y no dejen margen de apreciación."

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo, razona en su sentencia número 1676/2019, de 4 de diciembre, dictada en el recurso ordinario número 188/2018, en sus fundamentos de derecho tercero y cuarto, lo siguiente:

"TERCERO. Discrecionalidad técnica y arbitrariedad.

Resulta indiscutible que nos movemos en el ámbito propio de la discrecionalidad técnica, y, por tanto, resultan de aplicación las habituales técnicas de control de los actos discrecionales en general, a través del control de los aspectos formales del acto, los hechos determinantes, la aplicación de los principios generales del derecho, la desviación de poder, o la proscripción de la arbitrariedad.

Precisamente, la interdicción de la arbitrariedad ( artículo 9.3 de la CE), así como el recto ejercicio del control jurisdiccional de la actividad administrativa ( artículo 106.1 de la CE) y la efectividad de la tutela judicial ( artículo 24.1 de la CE), además del cumplimiento de la exigencia general de la motivación de los actos, y el específico previsto en el artículo 35.2 de la Ley 39/2015, para actos como el ahora recurrido, nos han conducido a acotar el control judicial en este tipo de impugnaciones.

En lo que se refiere a la arbitrariedad invocada efectivamente nos corresponde ahora comprobar que el acto administrativo discrecional es fruto de un adecuado ejercicio de potestades de esa naturaleza, y no de la arbitrariedad, proscrita por nuestra Constitución (artículo 9.3).

Teniendo en cuenta que el control judicial de este tipo de actos se encuentra demarcado, es limitado, porque no puede alcanzar la plenitud de nuestro control jurisdiccional sobre los actos administrativos ajenos a la discrecionalidad técnica. La evaluación del tercer ejercicio controvertido, es una decisión fruto de la discrecionalidad técnica, pues corresponde al Tribunal calificador, a través de la motivación, como ha hecho en este caso, realizar una valoración adecuada de las contestaciones a los supuestos planteados en ese ejercicio, según criterios técnicos. Teniendo en cuenta que los miembros del órgano calificador tienen la capacitación y especialización exigida por la norma para estos casos, que no puede ser corregida, con carácter general, respecto de ese juicio técnico.

Ahora bien, la concurrencia de la arbitrariedad permite a este Tribunal, como venimos señalando en supuestos similares, el control de la actuación del Tribunal en el proceso selectivo, pues es uno de los medios tradicionales de control de la discrecionalidad en general y de la discrecionalidad técnica en particular. Sucede, no obstante, que en este caso al realizar el necesario contraste entre las motivaciones proporcionadas por el Tribunal para las contestaciones de la recurrente en el tercer ejercicio, y las de los demás participantes, no se evidencia ni la aplicación de criterios diferentes, ni que el resultado alcanzado por el Tribunal respecto de la recurrente que no supera el tercer ejercicio haya sido fruto de la arbitrariedad y no de una aplicación racional de las normas que rigen las pruebas selectivas realizadas, mediante unos criterios objetivos y razonables. (...)

La evolución de nuestra jurisprudencia sobre la naturaleza, el alcance y los límites de la revisión judicial en los casos de la llamada "discrecionalidad técnica", que alcanza, insistimos, tanto a la arbitrariedad o irracionabilidad de la decisión, como a la garantía del derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, no puede llevarnos, sin embargo y cuando no concurren evidencias ni indicios de arbitrariedad o vulneración de la igualdad, a ninguna otra conclusión que no sea la desestimación de este motivo de impugnación, pues el proceso evidencia que no se alcanzaron los estándares fijados sobre la calidad y aptitud del tercer ejercicio realizado por la recurrente.

CUARTO. La desviación de poder

Tampoco puede ser estimado el motivo de impugnación que se vertebra en torno a la desviación de poder. Así es, no apreciamos la infracción del artículo 70.2 de nuestra Ley Jurisdiccional, toda vez que no concurre ese defecto teleológico que constituye la base de esa desviación, pues al socaire del mismo se vuelve a plantear la misma cuestión, sobre el cambio de calificación de uno de los miembros del Tribunal durante la deliberación de dicho órgano calificador colegiado.

Conviene tener en cuenta que la desviación de poder, recogida constitucionalmente en el artículo 106.1, en relación con el artículo 103, de la CE, y definida en el artículo 70.2, párrafo segundo, de la LJCA, comporta la existencia de un acto administrativo que externamente se ajuste a la legalidad, pero inválido por desmentir en su motivación la verdadera finalidad de la actividad administrativa, que debe fundarse, con carácter general, en el interés público y, además, en la propia finalidad que habilita el ejercicio de esa potestad concreta.

Esta apreciación si bien no precisa de una prueba acabada y completa, que lleve al Tribunal a la convicción de que se han ejercitado potestades administrativas para finalidades diferentes de las marcadas por el ordenamiento jurídico, como señala el artículo 70.2 de la LJCA, sin embargo, sí precisa de una justificación suficiente. Y en este caso, el cambio de calificación en el tercer ejercicio de uno de los miembros del tribunal, tras la deliberación de dicho órgano colegiado, no puede llevarnos al convencimiento de que hay ni una demostración, ni una justificación, ni un indicio o sospecha de la concurrencia de ese extravío teleológico que comporta la desviación de poder.

En definitiva, no se justifica que el fin perseguido sea ni ilegal, ni siquiera diferente al previsto por la norma habilitante, de modo que el ejercicio de la potestad administrativa se ha orientado, en los términos que prevén las normas del proceso de selección, a la selección según los principios de mérito y capacidad".

Asimismo, la sentencia número 1797/2020, de 17 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, dictada en el recurso número 312/2019, enseña en su fundamento de derecho séptimo, que:

"SÉPTIMO: Respecto de la alegada invalidez de los actos recurridos, por cuanto la puntuación atribuida al dictamen que realizó el recurrente carece de la exigible justificación objetiva y razonable, resultando la atribuida insuficiente e incoherente.

El debido análisis de lo suscitado aconseja recordar, con carácter previo, la jurisprudencia sobre el significado y ámbito que ha de reconocerse a la llamada doctrina de la discrecionalidad técnica, y sobre las posibilidades que ofrece el control jurisdiccional frente a los actos de calificación especializada en los que se proyecta dicha doctrina, en especial en lo referente al nivel de motivación que les es exigible. Esa jurisprudencia, procedente de este Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), está caracterizada por el permanente esfuerzo de ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa ( artículo 106.1 CE) .

También, la STS de 16 de marzo de 2015 nos dice que:

<<2.- La jurisprudencia inicial de esta Sala, desde el mismo momento del reconocimiento de esa discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma, que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas de control que significan los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho. Así lo hizo la STS de 5 de octubre de 1989, que se expresa así: "Los órganos administrativos a quienes corresponde la valoración de las pruebas de acceso a la función pública gozan de un cierto margen de discrecionalidad en la apreciación de las pruebas, que incluso merece la calificación de técnica no revisable jurisdiccionalmente en lo que se refiere a los juicios que la Administración emita acerca de la apreciación de los méritos aportados o ejercicios realizados, pero ello no excluye el que los Tribunales puedan controlar la concurrencia de los límites generales jurídicamente impuestos a la actividad discrecional no técnica de la Administración que se refieren a la competencia del órgano, procedimiento, hechos determinantes, adecuación al fin perseguido y al juego de los principios generales del derecho , entre los que, en estos casos, cobran especial interés los de mérito y capacidad expresamente señalados al efecto por el artículo 103 CE".

3.- La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el "núcleo material de la decisión" y sus "aledaños". El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacer lo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades. Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitarla materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico. Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad. La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre, como también en numerosas sentencias de esta Sala (entre otras, en las SSTS de 28 de enero de 1992, recurso 172671990 de 11 de diciembre de 1995 recurso 13272/1991; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990).

4.- Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico. Como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional ( artículo 9.3 CE) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación. Así se expresa STS de 10 de mayo de 2007, recurso 545/2002: "(...) Tiene razón el recurso de casación en que la sentencia de instancia no enjuició correctamente la cuestión de fondo que le fue suscitada y en la infracción del artículo 24 de la Constitución que con ese argumento se denuncia. La doctrina de la discrecionalidad técnica con que la Sala de Zaragoza justifica principalmente su pronunciamiento no ha sido correctamente aplicada; y no lo ha sido porque, en relación a la actuación administrativa para la que se ha hecho esa aplicación, no se ha observado el límite constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( artículo 9.3 CE) . Como es bien sabido, dicha discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las valoraciones de esa índole que hayan sido realizadas por los órganos cualificados por la posesión del correspondiente saber especializado y, por otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas cuestiones venga siendo tolerado en el concreto sector de conocimientos técnicos de que se trate. Pero una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica, ya que, ante la expresa petición de que dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate".

5.- La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás. Son exponente de este último criterio jurisprudencial los pronunciamientos de este Tribunal Supremo sobre nombramientos de altos cargos jurisdiccionales (STS de 27 de noviembre de 2007, recurso 407/2006), sobre concursos de personal docente universitario ( STS de 19 de mayo de 2008, recurso 4049/2004), sobre convocatorias del Consejo General del Poder Judicial para puestos en sus órganos técnicos ( STS de 10 de octubre de 2007, recurso 337/2004); o sobre procesos selectivos en las distintas Administraciones Públicas ( STS de 18 de diciembre de 2013, casación 3760/2012 )". Entendemos que el Tribunal que elabora el supuesto práctico, aunque consista en la realización de un informe, ha de determinar también los criterios de corrección que empleará para valorar los principios de mérito y capacidad o, dicho de otro modo, qué pautas va a seguir para calificar el informe. En este caso, dado el contenido del informe, estaba obligado a atender de forma especial a las dos áreas de conocimiento jurídico a las que se refería (urbanismo y contratación) así como a establecer el peso de cada una de ellas en el desarrollo del ejercicio práctico>>. ".

De ahí que el control jurisdiccional abunda en la finalidad de la convocatoria: seleccionar a los aspirantes más idóneos y comprobar que los aspirantes no hayan sido excluidos por un acto no conforme a Derecho.

Asimismo, en materia de jurisprudencia sobre discrecionalidad técnica, ha lugar a recordar que, según refiere el mismo Tribunal Constitucional, el único control que pueden ejercer los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es el jurídico, "salvo que el recurrente acredite desviación de poder, carencia de cualquier justificación, arbitrariedad o error patente" por parte de los órganos técnicos administrativos ( Sentencias 353/1993, de 29 de noviembre , o 40/1999, de 22 de marzo , citadas). Y es que, como ya había manifestado el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales no pueden convertirse en segundos tribunales calificadores que sustituyan por sus propios criterios los que, en virtud de la discrecionalidad técnica, corresponden a los órganos administrativos, "lo que no impide la revisión jurisdiccional en los supuestos en que concurran defectos formales sustanciales o se haya producido indefensión, arbitrariedad o desviación de poder" (entre otras, Sentencias de 18 de enero y de 27 de abril de 1990, de 13 de marzo de 1991, de 20 y de 25 de octubre de 1992 ó de 10 de marzo de 1995 )."

Razona la STC 17/2009, de 26 de enero de 2009, rec. 1703/2005, en su FJ 5º, que:

"(no cabe) censura alguna a que el control judicial de la actividad administrativa no alcance a la revisión de lo que propiamente sea discrecionalidad técnica, pues lo que no pueden hacer los Tribunales de Justicia es sustituir en las valoraciones técnicas a los órganos administrativos calificadores ( SSTC 97/1993, de 22 de marzo, FJ 2 º; 353/1993, de 29 de noviembre , FJ 3º ; 34/1995, de 6 de febrero , FJ 3º ; 73/1998, de 31 de marzo, FJ 5 º ; y 86/2004, de 10 de mayo , FJ 3, por todas)".

Conforme a la STS, Sala 3ª, de 17 de diciembre de 2020, rec. 316/2019, FJ 10º, "es doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que la calificación de los procesos selectivos se confía privativamente a los tribunales calificadores de los mismos y que por tanto no puede sustituirse por la de los propios tribunales de justicia".

La STS, Sala 3ª, de 13 de septiembre de 2021, rec. 344/2019, FJ 11º, señala, en relación con el control de la discrecionalidad técnica, que "la solvencia técnica y neutralidad que caracteriza a los órganos calificadores impone respetar su dictamen mientras no conste de manera inequívoca y patente que incurre en error técnico".

(En el mismo sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 6 de mayo de 2021, rec. 497/2020, FJ 3º).

T

TERCERO.- Decisión de la Sala al caso concreto

Sentado lo anterior, y centrados en la sede específica que nos ocupa, el ICS, y sobre la concreta pretensión formulada por la parte recurrente, cual es la errónea valoración de los méritos por ella alegados y la negativa de la demandada a computar el período 7.11.94 al 25.11.2000 como servicios prestados en enfermería, vemos que, el art 30.3 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, establece que "Las convocatorias y sus bases vinculan a la Administración, a los tribunales encargados de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas".

Desde este punto de vista, hemos de transcribir las bases de la convocatoria aplicables a la controvèrsia de autos:

«6.2.2 Fase de concurs Es valoraran els mèrits previstos al barem publicat a la convocatòria especifica. Només seran valorats els mèrits al·legats en temps i forma d'acord amb el barem d'aplicació i amb allò previst a les bases de la convocatòria especifica. Les persones aspirants que superin la fase d'oposició disposaran de quinze dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la corresponent diligència del tribunal, per tal de presentar la documentació original i còpia acreditativa dels requisits i mèrits al·legats. La documentació es presentarà en els llocs indicats a la base 1.10, d'aquestes bases generals. El tribunal pot sol·licitar l'aportació de traducció jurada dels mèrits redactats en idiomes diferents als oficials a Catalunya als aspirants. El tribunal per valorar els mèrits pot establir els criteris més adequats per a la convocatòria especifica, sense perjudici dels criteris següents:

a) Criteris generals - Els mèrits, en tot cas, han de tenir un contingut directament relacionats amb el contingut funcional de la categoria a la qual s'opta. També es podran valorar els continguts que tenen la consideració de transversal i comuna per a totes les categories. - Pel que fa als mèrits aportats amb un mateix contingut i amb coincidència en el període de realització, totalment o parcialment, o que estiguin recollits en altres títols o mèrits només es valoraran els que tinguin la valoració més favorable. - La formació que forma part d'estudis reglats (pla d'estudis, crèdits de lliure elecció...) té la consideració de formació reglada i no és formació contínua.

b) Formació reglada - Els doctorats i màsters universitaris oficials (Bolonya) es valoraran amb independència de la data de realització. - L'expedient acadèmic es valorarà únicament quan sigui el de la titulació especifica requerida. - Es podran valorar també altres titulacions reglades que no sigui la utilitzada com a requisit.

c) Formació contínua Es classifica en aquest apartat: - La formació iniciada en finalitzar els estudis requerits i destinada a actualitzar i millorar coneixements, habilitats i actituds dels professionals davant l'evolució científica i tecnològica i les demandes i necessitats tant socials com del propi sistema sanitari. - La formació transversal que desenvolupa capacitats i habilitats no especifica d'una categoria concreta i aplicable a tasques o contextos diversos, es valorarà amb independència de la data de la titulació requerida. - Els màsters, postgraus (no Bolonya) i els títols propis de les universitats es valoraran amb independència de la seva data de realització.

- La formació contínua es pot valorar segons l'antiguitat o la caducitat. - Es valorarà un màxim de 100 hores per activitat formativa (cursos...), amb un màxim de 500 hores lectives per any. Es prendrà en consideració per fer el còmput la data de finalització de l'activitat formativa - La formació contínua presencial amb certificat d'aprofitament es valorarà com a mínim el doble de la formació que disposi de certificat d'assistència.

- La formació contínua a distància amb certificat d'aprofitament es valorarà igual que la presencial amb certificat d'aprofitament. La resta de supòsits no es valorarà. - Es valorarà la formació contínua organitzada i/o impartida per l'Institut Català de la Salut i qualsevol altre servei de salut, per qualsevol administració pública estatal o autonòmica, per les universitats incloses les seves fundacions amb objectius docents, per les escoles universitàries, escoles de salut publica i centres formació professional. - També es valorarà la formació contínua organitzada i/o impartida per col·legis professionals,associacions professionals, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials o entitats degudament enregistrades que tinguin entre les seves finalitats la formació, sempre que aquesta formació estigui acreditada pels sistemes acreditadors oficials o finançada amb fons públics. - També es valorarà la formació adreçada al personal de gestió i servei i la de caràcter transversal amb reconeixement per part dels organismes habilitats (Reconeixement d'Interès Sanitari RIS), amb independència de l'entitat organitzadora.

(la negrita y subrayado es nuestro)

d) Altres mèrits L'activitat docent a l'àmbit universitari de càtedra, com a professor titular i professor associat amb activitat simultània en el servei de salut corresponent es valorarà. - La formació ocupacional només es valorarà per a les categories que no s'exigeixi estar en possessió de cap de les titulacions previstes al sistema educatiu. - L'estada formativa es podrà valorar si té una durada mínima de 4 setmanes, i estigui certificades per la gerència o la direcció de recursos humans corresponent, amb identificació de les dates, els objectius i resultats de l'estada formativa. - La cooperació internacional amb funcions relacionades amb la categoria a la qual opta, es podrà valorar si ha tingut una durada mínima de 4 setmanes i ha estat suficientment acreditada. - Els llibres i capítols de llibres, les publicacions en revistes indexades i projectes de recerca amb finançament competitiu (FIS, Universitat Carlos III...) es valoraran. -L'activitat docent de la formació contínua es valorarà amb el mateixos criteris que figuren a l'apartat de formació contínua. - La tutoria docent i la col·laboració docent de la formació sanitària especialitzada es valoraran sempre que hagin estat organitzades per la unitat docent corresponent.

e) Serveis prestats- Es valorarà l'exercici professional en centres sanitaris a la mateixa categoria i especialitat a la qual s'opta (la negrita es nuestra),com a personal estatutari, funcionari o laboral a: - L'Institut Català de la Salut o a qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut. - Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT) i centres sanitaris universitaris. - Altres administracions públiques. Al personal de gestió i serveis, se li valorarà els serveis prestats en cossos o escales de l'administració general de qualsevol administració pública en la mateixa categoria a la qual s'opta. - Els serveis prestats en còmput mensual complet es valoraren. Els dies solts es valoren sempre que la suma completi 30 dies, equivalents a 1 mes. Les fraccions no es valoren. - Dels serveis prestats en períodes coincidents en 2 o més centres només es valorarà el període més favorable. - El temps de permanència en excedència per cura de fill menor de 3 anys o per atendre un familiar fins al segon grau en un període no superior a 3 anys es valora. Igualment es valorarà el temps de permanència en excedència de víctimes de violència de gènere durant els primers 6 mesos.

L'acreditació dels serveis prestats es realitzarà mitjançant certificat en format original emès per l'òrgan, autoritat o càrrec que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent, amb indicació de la categoria i especialitat, forma d'ocupació, els períodes treballats i les funcions desenvolupades.

En el apartado 9.1 de la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (bases comunes y específicas), en la nueva redacción modificada por la Resolució SLT/185/2023, de 25 de gener, se regula la valoración provisional dels mèrits. Els tribunals qualificadors publicaran els acords de valoració provisional de mèrits, a partir de la informació al·legada i acreditada per les persones aspirants en el tràmit referit i les oportunes comprovacions. En els processos que tinguin com a sistema de selecció el concurs oposició aquesta valoració s'efectuarà un cop finalitzada la fase d'oposició. En relació amb aquesta valoració provisional de mèrits, les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a partir de la seva publicació per: a) Formular al·legacions per disconformitat amb aquesta valoració provisional. b) Presentar la documentació que considerin oportuna acreditativa dels mèrits al·legats prèviament. En aquest tràmit no s'admetrà l'al·legació de mèrits no al·legats prèviament i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador que, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte. 9.2 Valoració definitiva de mèrits. Els tribunals qualificadors publicaran la valoració definitiva de mèrits.

(...) La base 11.1.2 de la Resolució SLT/4154/2022, de 23 de desembre, señala: "11.1.2 Mèrits que es valoren. El 100% de la puntuació d'aquesta fase (100 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 70% en serveis prestats i el 30% en altres mèrits curriculars. A) Serveis prestats: 70% (puntuació màxima, 70 punts): a) Serveis prestats com a personal de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria convocada: 0,583 punts per mes complet (puntuació màxima, 70 punts). (...) "B) Altres mèrits curriculars 30% (puntuació màxima, 30 punts): (...) b) Formació continuada i formació reglada (màxima 17 punts): Formació continuada fins a in màxim de 200 hores. Es consideren també com a formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0,085 punts per hora (puntuació màxima 17 punts)".

Aplicada la anterior doctrina jurisprudencial, a nuestro caso de autos, y partiendo de las premisas que, de un lado, las bases del proceso selectivo de referencia son ajustadas a Derecho y constituyen la ley de la convocatoria, y de otro, que en virtud del art 71.2 LJCA los Tribunales no pueden sustituir el contenido de los actos discrecionales, vemos que el Tribunal Calificador basándose en la documental obrante en el expediente administrativo y en especial observando las bases de la convocatoria aplicables, antes transcritas, efectúa una valoración adecuada e individualizada a las circunstancias del caso, de los méritos de la recurrente, no arbitraria. En efecto, no cabe al amparo del principio de carga de la prueba del art 217 LEC y valoración conjunta de la prueba vía art 348 LEC, acoger la tesis de la actora, desde el momento en que no se ha aportado que los cursos de formación controvertidos hayan sido certificados por entidad oficial acreditada o en su caso se haya financiado con fondos públicos, y por lo que respecta al período 7.11.94 al 25.11.2000, es claro que visto el documento nº 5 adjunto a la demanda, que en tal período la actora trabajó como diplomada en salud pública grupo B, que tiene unas funciones distintas a las de diplomada en enfermería que es la categoría a la que se presentó la recurrente, por lo que no se le pudo valorar el citado lapso de tiempo, aunque perteneciera al ICS y a un mismo Departamento, el de Salut de la Generalitat de Catalunya, pues las funciones son diferentes, no idénticas sustancialmente.

Asimismo constatar que, más allá de las apreciaciones subjetivas e interesadas de la parte recurrente, que además afectan al núcleo de la discrecionalidad técnica del Tribunal Calificador, aprecia la Sala que no hay en las actuaciones, elementos de prueba relevantes aportadas por la parte demandante susceptibles de desmerecer y desvirtuar el acierto técnico del órgano colegiado evaluador, habiendo colmado éste de forma holgada la motivación de su decisión, que por su contenido permite conocer a la actora las razones de la valoración y las razones técnicas determinantes de la calificación-puntuación obtenida. En definitiva, no concurren en la actuación administrativa impugnada evidencias, siquiera de indicios, de arbitrariedad, error o "abuso de poder", ni vulneración del principio constitucional de igualdad, siendo que los criterios valorativos de autos se efectuaron en igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

Consiguientemente, se han de desestimar íntegramente las pretensiones de la parte recurrente.

CUARTO.- Costas procesales

Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998 reguladora de esta Jurisdicción, procede imponer las costas procesales a la parte recurrente, no es dable la imposición de costas a la parte recurrente al haberse generado serias dudas de Derecho en este Tribunal para la resolución del caso de autos.

PRIMERO.- Objeto del recurso y pretensiones de las partes. Cuestiones previas.

El objeto del presente recurso es la resolución de la demandada de 27-5-24, en concreto, de la Directora del ICS que estima parcialmente en alzada, el recurso en tal sentido entablado por la parte recurrente en fecha 9.2.24, contra la previa resolución del tribunal calificador de 15.1.24 por la que se da publicidad a los resultados definitivos del concurso de méritos en el marco del proceso selectivo de estabilización vía concurso de méritos y concurso oposición para proveer plazas básicas del ICS (convocatoria 100 efectuada por Resolució SLT 4154/2022 de 27.12.22),resultados éstos en los que estimándose parcialmente las alegaciones actoras de 8.9.23, se le otorgaba en aquél momento un incremento de puntuación de 6,413 puntos resultando una valoración final de 57,131 puntos, si bien en alzada, se entiende que ha habido un error de cálculo valorativo, y se le otorga finalmente una puntuación de 57,714 puntosapareciendo en el puesto clasificatorio nº NUM000 dentro de la categoría 129 de Diplomada sanitaria en enfermería.

El suplico de la demanda originadora de este procedimiento en esencia consiste en que se anulen los actos administrativos impugnados y como situación jurídica individualizada del art 31.2 LJCA, se declare el derecho de la recurrente a que se le puntúe correctamente los dos siguientes cursos de formación, así como el tiempo prestado de servicios que a continuación se detallan:

"- Institut Català de la Salut (ICS), data d'inici 07/11/1994 - data de fi 31/12/1999 - Salut Pública

- Institut Català de la Salut (ICS), data d'inici 01/01/2000 - data de fi 25/11/2000 - Salut Pública

- Familiar i comunitària - (6511739) Curs sobre programes d'Atenció Primària de Salut per Infermeria 20h 03/10/1988 a 12/10/1988. Certificat d'aprofitament

- Preventiva i salut pública (6511711) Curs sobre programes de vacunació a l'Atenció Primària 20h 12/09/1988 a 30/09/1988. Certificat d'aprofitament.".

Por la representación procesal de la parte recurrente se solicita la anulación de la/s resolución/es administrativa/s antes referenciadas, considerando que nunca ha habido una desvinculación con el ICS, en los períodos litigiosos de autos, aportando las nóminas acreditativas de lo anterior, desempeñando desde el inicio su trabajo como enfermera. Y que le han de ser reconocidos los cursos antes dichos en tanto que han sido impartidos por Colegios profesionales

Por su parte, la defensa de la demandada se opone a las pretensiones de contrario, impetrando la confirmación de la/s resolución/es impugnada/s, por considerarla/s ajustada/s a Derecho por sus propios fundamentos jurídicos. Se alega, en relación a los cursos controvertidos de formación que no han sido financiados con fondos públicos ni consta certificación de entidad oficial acreditada. Y por lo que respecta a los períodos de tiempo (esencialmente desde 1994 al 2000) que interesa la contraparte procesal que se le valoren como servicios prestados en el ICS, no cabe su valoración porque no desempeñó en tales períodos funciones de enfermera del ICS sino de ATS-visitadora del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Como cuestiones previas, recordar que un ATS (Ayudante técnico sanitario) visitador es un profesional de enfermería que visita centros médicos, hospitales y farmàcias para promover, técnico-científicamente, productos, fármacos o tecnologia médica, amén de informar y resolver dudas técnicas a médicos, enfermeros y farmacéuticos, sobre el uso, contraindicaciones y beneficios de los fármacos o dispositivos. Por otra parte, el titulo oficial de "ATS" fue sustituído por el de Diplomado universitario en enfermería, y luego por el de Graduado en enfermería. Asimismo, remarcar que los actuales graduados universitarios en enfermería tienen una mayor formación acadèmica y mayor reconocimiento de funciones que los antiguos ATS.

SEGUNDO.- Jurisprudencia en general sobre la discrecionalidad técnica

Sobre el control jurisdiccional de la discrecionalidad técnica de los Tribunales Calificadores, por ejemplo, en procesos selectivos, esta Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo, en sentencia número 594/2011, de 6 de mayo, dictada en el recurso ordinario número 479/2008, significaba la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia. Así, en su fundamento de derecho cuarto:

"...Esa discrecionalidad técnica reduce las posibilidades del control de dicha actividad evaluadora, que prácticamente estarán constituidas por estos dos básicos supuestos: el de la inobservancia de los elementos reglados -cuando estos existan-, y el del error ostensible o manifiesto; y, consiguientemente, deja fuera de ese limitado control posible a aquellas pretensiones de los interesados que solo postulen una evaluación alternativa a la del órgano calificador, pero moviéndose también dentro de ese aceptado espacio de libre apreciación, y no estén sustentadas con un posible error manifiesto.

Lo anterior explica que las normas reguladoras de la actuación de esos órganos calificadores solo exijan a éstos formalizar sus dictámenes o calificaciones mediante la expresión de la puntuación que exteriorice su juicio técnico. Y que tal puntuación sea bastante para que pueda ser considerada formalmente correcta dicha actuación de evaluación técnica.

Y cuando tales normas no exijan más que dicha puntuación, el órgano calificador cumplirá con limitarse a exteriorizarla, y no podrá reprochársele, desde un punto de vista formal, el que no la haya acompañado de una explicación o motivación complementaria." (...) "el órgano de selección cumplirá en principio con expresar la puntuación que exteriorice su calificación, y solo le será reprochable formalmente el vicio de falta de motivación cuando, a pesar de habérsele reclamado expresamente por el interesado, no atienda esta petición".

La más moderna jurisprudencia sobre la discrecionalidad técnica de los Tribunales en materia de acceso a la función pública, quedan fijados en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de abril de 2023, que analiza en interés casacional objetivo:

«que se determinen las exigencias de motivación de los órganos de selección de empleados públicos en el ejercicio de la discrecionalidad técnica de valoración de los méritos y pruebas, y que se concrete cuáles son los límites de los tribunales de justicia en el control de la misma». Al respecto, tal STS estatuyó lo siguiente:

"Debe recordarse, en términos más generales, que la abundante jurisprudencia de esta Sala a propósito de la discrecionalidad técnica es constante al indicar que ésta cesa, allí donde no hay verdadero margen de apreciación, con la consiguiente ampliación de la esfera de control por parte del órgano jurisdiccional. Véanse en este sentido, entro otras, las Sentencias de esta Sala nº 184/2016, nº 1659/2017, nº 1701/2018 y nº 104/2019. (...) Por todo lo expuesto, la respuesta a las cuestiones de interés casacional objetivo debe ser que la motivación de las decisiones de los órganos de selección, ajustándose siempre a lo previsto en las bases de la correspondiente convocatoria, debe en todo caso exponer los criterios de valoración empleados, así como provenir del propio órgano de selección y dejar constancia de la misma en el expediente administrativo. En cuanto al control que puede ejercer el órgano jurisdiccional, cabe que éste corrija la aplicación de los baremos cuando éstos sean claros y no dejen margen de apreciación."

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo, razona en su sentencia número 1676/2019, de 4 de diciembre, dictada en el recurso ordinario número 188/2018, en sus fundamentos de derecho tercero y cuarto, lo siguiente:

"TERCERO. Discrecionalidad técnica y arbitrariedad.

Resulta indiscutible que nos movemos en el ámbito propio de la discrecionalidad técnica, y, por tanto, resultan de aplicación las habituales técnicas de control de los actos discrecionales en general, a través del control de los aspectos formales del acto, los hechos determinantes, la aplicación de los principios generales del derecho, la desviación de poder, o la proscripción de la arbitrariedad.

Precisamente, la interdicción de la arbitrariedad ( artículo 9.3 de la CE), así como el recto ejercicio del control jurisdiccional de la actividad administrativa ( artículo 106.1 de la CE) y la efectividad de la tutela judicial ( artículo 24.1 de la CE), además del cumplimiento de la exigencia general de la motivación de los actos, y el específico previsto en el artículo 35.2 de la Ley 39/2015, para actos como el ahora recurrido, nos han conducido a acotar el control judicial en este tipo de impugnaciones.

En lo que se refiere a la arbitrariedad invocada efectivamente nos corresponde ahora comprobar que el acto administrativo discrecional es fruto de un adecuado ejercicio de potestades de esa naturaleza, y no de la arbitrariedad, proscrita por nuestra Constitución (artículo 9.3).

Teniendo en cuenta que el control judicial de este tipo de actos se encuentra demarcado, es limitado, porque no puede alcanzar la plenitud de nuestro control jurisdiccional sobre los actos administrativos ajenos a la discrecionalidad técnica. La evaluación del tercer ejercicio controvertido, es una decisión fruto de la discrecionalidad técnica, pues corresponde al Tribunal calificador, a través de la motivación, como ha hecho en este caso, realizar una valoración adecuada de las contestaciones a los supuestos planteados en ese ejercicio, según criterios técnicos. Teniendo en cuenta que los miembros del órgano calificador tienen la capacitación y especialización exigida por la norma para estos casos, que no puede ser corregida, con carácter general, respecto de ese juicio técnico.

Ahora bien, la concurrencia de la arbitrariedad permite a este Tribunal, como venimos señalando en supuestos similares, el control de la actuación del Tribunal en el proceso selectivo, pues es uno de los medios tradicionales de control de la discrecionalidad en general y de la discrecionalidad técnica en particular. Sucede, no obstante, que en este caso al realizar el necesario contraste entre las motivaciones proporcionadas por el Tribunal para las contestaciones de la recurrente en el tercer ejercicio, y las de los demás participantes, no se evidencia ni la aplicación de criterios diferentes, ni que el resultado alcanzado por el Tribunal respecto de la recurrente que no supera el tercer ejercicio haya sido fruto de la arbitrariedad y no de una aplicación racional de las normas que rigen las pruebas selectivas realizadas, mediante unos criterios objetivos y razonables. (...)

La evolución de nuestra jurisprudencia sobre la naturaleza, el alcance y los límites de la revisión judicial en los casos de la llamada "discrecionalidad técnica", que alcanza, insistimos, tanto a la arbitrariedad o irracionabilidad de la decisión, como a la garantía del derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, no puede llevarnos, sin embargo y cuando no concurren evidencias ni indicios de arbitrariedad o vulneración de la igualdad, a ninguna otra conclusión que no sea la desestimación de este motivo de impugnación, pues el proceso evidencia que no se alcanzaron los estándares fijados sobre la calidad y aptitud del tercer ejercicio realizado por la recurrente.

CUARTO. La desviación de poder

Tampoco puede ser estimado el motivo de impugnación que se vertebra en torno a la desviación de poder. Así es, no apreciamos la infracción del artículo 70.2 de nuestra Ley Jurisdiccional, toda vez que no concurre ese defecto teleológico que constituye la base de esa desviación, pues al socaire del mismo se vuelve a plantear la misma cuestión, sobre el cambio de calificación de uno de los miembros del Tribunal durante la deliberación de dicho órgano calificador colegiado.

Conviene tener en cuenta que la desviación de poder, recogida constitucionalmente en el artículo 106.1, en relación con el artículo 103, de la CE, y definida en el artículo 70.2, párrafo segundo, de la LJCA, comporta la existencia de un acto administrativo que externamente se ajuste a la legalidad, pero inválido por desmentir en su motivación la verdadera finalidad de la actividad administrativa, que debe fundarse, con carácter general, en el interés público y, además, en la propia finalidad que habilita el ejercicio de esa potestad concreta.

Esta apreciación si bien no precisa de una prueba acabada y completa, que lleve al Tribunal a la convicción de que se han ejercitado potestades administrativas para finalidades diferentes de las marcadas por el ordenamiento jurídico, como señala el artículo 70.2 de la LJCA, sin embargo, sí precisa de una justificación suficiente. Y en este caso, el cambio de calificación en el tercer ejercicio de uno de los miembros del tribunal, tras la deliberación de dicho órgano colegiado, no puede llevarnos al convencimiento de que hay ni una demostración, ni una justificación, ni un indicio o sospecha de la concurrencia de ese extravío teleológico que comporta la desviación de poder.

En definitiva, no se justifica que el fin perseguido sea ni ilegal, ni siquiera diferente al previsto por la norma habilitante, de modo que el ejercicio de la potestad administrativa se ha orientado, en los términos que prevén las normas del proceso de selección, a la selección según los principios de mérito y capacidad".

Asimismo, la sentencia número 1797/2020, de 17 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, dictada en el recurso número 312/2019, enseña en su fundamento de derecho séptimo, que:

"SÉPTIMO: Respecto de la alegada invalidez de los actos recurridos, por cuanto la puntuación atribuida al dictamen que realizó el recurrente carece de la exigible justificación objetiva y razonable, resultando la atribuida insuficiente e incoherente.

El debido análisis de lo suscitado aconseja recordar, con carácter previo, la jurisprudencia sobre el significado y ámbito que ha de reconocerse a la llamada doctrina de la discrecionalidad técnica, y sobre las posibilidades que ofrece el control jurisdiccional frente a los actos de calificación especializada en los que se proyecta dicha doctrina, en especial en lo referente al nivel de motivación que les es exigible. Esa jurisprudencia, procedente de este Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), está caracterizada por el permanente esfuerzo de ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa ( artículo 106.1 CE) .

También, la STS de 16 de marzo de 2015 nos dice que:

<<2.- La jurisprudencia inicial de esta Sala, desde el mismo momento del reconocimiento de esa discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma, que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas de control que significan los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho. Así lo hizo la STS de 5 de octubre de 1989, que se expresa así: "Los órganos administrativos a quienes corresponde la valoración de las pruebas de acceso a la función pública gozan de un cierto margen de discrecionalidad en la apreciación de las pruebas, que incluso merece la calificación de técnica no revisable jurisdiccionalmente en lo que se refiere a los juicios que la Administración emita acerca de la apreciación de los méritos aportados o ejercicios realizados, pero ello no excluye el que los Tribunales puedan controlar la concurrencia de los límites generales jurídicamente impuestos a la actividad discrecional no técnica de la Administración que se refieren a la competencia del órgano, procedimiento, hechos determinantes, adecuación al fin perseguido y al juego de los principios generales del derecho , entre los que, en estos casos, cobran especial interés los de mérito y capacidad expresamente señalados al efecto por el artículo 103 CE".

3.- La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el "núcleo material de la decisión" y sus "aledaños". El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacer lo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades. Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitarla materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico. Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad. La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre, como también en numerosas sentencias de esta Sala (entre otras, en las SSTS de 28 de enero de 1992, recurso 172671990 de 11 de diciembre de 1995 recurso 13272/1991; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990).

4.- Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico. Como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional ( artículo 9.3 CE) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación. Así se expresa STS de 10 de mayo de 2007, recurso 545/2002: "(...) Tiene razón el recurso de casación en que la sentencia de instancia no enjuició correctamente la cuestión de fondo que le fue suscitada y en la infracción del artículo 24 de la Constitución que con ese argumento se denuncia. La doctrina de la discrecionalidad técnica con que la Sala de Zaragoza justifica principalmente su pronunciamiento no ha sido correctamente aplicada; y no lo ha sido porque, en relación a la actuación administrativa para la que se ha hecho esa aplicación, no se ha observado el límite constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( artículo 9.3 CE) . Como es bien sabido, dicha discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las valoraciones de esa índole que hayan sido realizadas por los órganos cualificados por la posesión del correspondiente saber especializado y, por otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas cuestiones venga siendo tolerado en el concreto sector de conocimientos técnicos de que se trate. Pero una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica, ya que, ante la expresa petición de que dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate".

5.- La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás. Son exponente de este último criterio jurisprudencial los pronunciamientos de este Tribunal Supremo sobre nombramientos de altos cargos jurisdiccionales (STS de 27 de noviembre de 2007, recurso 407/2006), sobre concursos de personal docente universitario ( STS de 19 de mayo de 2008, recurso 4049/2004), sobre convocatorias del Consejo General del Poder Judicial para puestos en sus órganos técnicos ( STS de 10 de octubre de 2007, recurso 337/2004); o sobre procesos selectivos en las distintas Administraciones Públicas ( STS de 18 de diciembre de 2013, casación 3760/2012 )". Entendemos que el Tribunal que elabora el supuesto práctico, aunque consista en la realización de un informe, ha de determinar también los criterios de corrección que empleará para valorar los principios de mérito y capacidad o, dicho de otro modo, qué pautas va a seguir para calificar el informe. En este caso, dado el contenido del informe, estaba obligado a atender de forma especial a las dos áreas de conocimiento jurídico a las que se refería (urbanismo y contratación) así como a establecer el peso de cada una de ellas en el desarrollo del ejercicio práctico>>. ".

De ahí que el control jurisdiccional abunda en la finalidad de la convocatoria: seleccionar a los aspirantes más idóneos y comprobar que los aspirantes no hayan sido excluidos por un acto no conforme a Derecho.

Asimismo, en materia de jurisprudencia sobre discrecionalidad técnica, ha lugar a recordar que, según refiere el mismo Tribunal Constitucional, el único control que pueden ejercer los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es el jurídico, "salvo que el recurrente acredite desviación de poder, carencia de cualquier justificación, arbitrariedad o error patente" por parte de los órganos técnicos administrativos ( Sentencias 353/1993, de 29 de noviembre , o 40/1999, de 22 de marzo , citadas). Y es que, como ya había manifestado el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales no pueden convertirse en segundos tribunales calificadores que sustituyan por sus propios criterios los que, en virtud de la discrecionalidad técnica, corresponden a los órganos administrativos, "lo que no impide la revisión jurisdiccional en los supuestos en que concurran defectos formales sustanciales o se haya producido indefensión, arbitrariedad o desviación de poder" (entre otras, Sentencias de 18 de enero y de 27 de abril de 1990, de 13 de marzo de 1991, de 20 y de 25 de octubre de 1992 ó de 10 de marzo de 1995 )."

Razona la STC 17/2009, de 26 de enero de 2009, rec. 1703/2005, en su FJ 5º, que:

"(no cabe) censura alguna a que el control judicial de la actividad administrativa no alcance a la revisión de lo que propiamente sea discrecionalidad técnica, pues lo que no pueden hacer los Tribunales de Justicia es sustituir en las valoraciones técnicas a los órganos administrativos calificadores ( SSTC 97/1993, de 22 de marzo, FJ 2 º; 353/1993, de 29 de noviembre , FJ 3º ; 34/1995, de 6 de febrero , FJ 3º ; 73/1998, de 31 de marzo, FJ 5 º ; y 86/2004, de 10 de mayo , FJ 3, por todas)".

Conforme a la STS, Sala 3ª, de 17 de diciembre de 2020, rec. 316/2019, FJ 10º, "es doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que la calificación de los procesos selectivos se confía privativamente a los tribunales calificadores de los mismos y que por tanto no puede sustituirse por la de los propios tribunales de justicia".

La STS, Sala 3ª, de 13 de septiembre de 2021, rec. 344/2019, FJ 11º, señala, en relación con el control de la discrecionalidad técnica, que "la solvencia técnica y neutralidad que caracteriza a los órganos calificadores impone respetar su dictamen mientras no conste de manera inequívoca y patente que incurre en error técnico".

(En el mismo sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 6 de mayo de 2021, rec. 497/2020, FJ 3º).

T

TERCERO.- Decisión de la Sala al caso concreto

Sentado lo anterior, y centrados en la sede específica que nos ocupa, el ICS, y sobre la concreta pretensión formulada por la parte recurrente, cual es la errónea valoración de los méritos por ella alegados y la negativa de la demandada a computar el período 7.11.94 al 25.11.2000 como servicios prestados en enfermería, vemos que, el art 30.3 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, establece que "Las convocatorias y sus bases vinculan a la Administración, a los tribunales encargados de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas".

Desde este punto de vista, hemos de transcribir las bases de la convocatoria aplicables a la controvèrsia de autos:

«6.2.2 Fase de concurs Es valoraran els mèrits previstos al barem publicat a la convocatòria especifica. Només seran valorats els mèrits al·legats en temps i forma d'acord amb el barem d'aplicació i amb allò previst a les bases de la convocatòria especifica. Les persones aspirants que superin la fase d'oposició disposaran de quinze dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la corresponent diligència del tribunal, per tal de presentar la documentació original i còpia acreditativa dels requisits i mèrits al·legats. La documentació es presentarà en els llocs indicats a la base 1.10, d'aquestes bases generals. El tribunal pot sol·licitar l'aportació de traducció jurada dels mèrits redactats en idiomes diferents als oficials a Catalunya als aspirants. El tribunal per valorar els mèrits pot establir els criteris més adequats per a la convocatòria especifica, sense perjudici dels criteris següents:

a) Criteris generals - Els mèrits, en tot cas, han de tenir un contingut directament relacionats amb el contingut funcional de la categoria a la qual s'opta. També es podran valorar els continguts que tenen la consideració de transversal i comuna per a totes les categories. - Pel que fa als mèrits aportats amb un mateix contingut i amb coincidència en el període de realització, totalment o parcialment, o que estiguin recollits en altres títols o mèrits només es valoraran els que tinguin la valoració més favorable. - La formació que forma part d'estudis reglats (pla d'estudis, crèdits de lliure elecció...) té la consideració de formació reglada i no és formació contínua.

b) Formació reglada - Els doctorats i màsters universitaris oficials (Bolonya) es valoraran amb independència de la data de realització. - L'expedient acadèmic es valorarà únicament quan sigui el de la titulació especifica requerida. - Es podran valorar també altres titulacions reglades que no sigui la utilitzada com a requisit.

c) Formació contínua Es classifica en aquest apartat: - La formació iniciada en finalitzar els estudis requerits i destinada a actualitzar i millorar coneixements, habilitats i actituds dels professionals davant l'evolució científica i tecnològica i les demandes i necessitats tant socials com del propi sistema sanitari. - La formació transversal que desenvolupa capacitats i habilitats no especifica d'una categoria concreta i aplicable a tasques o contextos diversos, es valorarà amb independència de la data de la titulació requerida. - Els màsters, postgraus (no Bolonya) i els títols propis de les universitats es valoraran amb independència de la seva data de realització.

- La formació contínua es pot valorar segons l'antiguitat o la caducitat. - Es valorarà un màxim de 100 hores per activitat formativa (cursos...), amb un màxim de 500 hores lectives per any. Es prendrà en consideració per fer el còmput la data de finalització de l'activitat formativa - La formació contínua presencial amb certificat d'aprofitament es valorarà com a mínim el doble de la formació que disposi de certificat d'assistència.

- La formació contínua a distància amb certificat d'aprofitament es valorarà igual que la presencial amb certificat d'aprofitament. La resta de supòsits no es valorarà. - Es valorarà la formació contínua organitzada i/o impartida per l'Institut Català de la Salut i qualsevol altre servei de salut, per qualsevol administració pública estatal o autonòmica, per les universitats incloses les seves fundacions amb objectius docents, per les escoles universitàries, escoles de salut publica i centres formació professional. - També es valorarà la formació contínua organitzada i/o impartida per col·legis professionals,associacions professionals, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials o entitats degudament enregistrades que tinguin entre les seves finalitats la formació, sempre que aquesta formació estigui acreditada pels sistemes acreditadors oficials o finançada amb fons públics. - També es valorarà la formació adreçada al personal de gestió i servei i la de caràcter transversal amb reconeixement per part dels organismes habilitats (Reconeixement d'Interès Sanitari RIS), amb independència de l'entitat organitzadora.

(la negrita y subrayado es nuestro)

d) Altres mèrits L'activitat docent a l'àmbit universitari de càtedra, com a professor titular i professor associat amb activitat simultània en el servei de salut corresponent es valorarà. - La formació ocupacional només es valorarà per a les categories que no s'exigeixi estar en possessió de cap de les titulacions previstes al sistema educatiu. - L'estada formativa es podrà valorar si té una durada mínima de 4 setmanes, i estigui certificades per la gerència o la direcció de recursos humans corresponent, amb identificació de les dates, els objectius i resultats de l'estada formativa. - La cooperació internacional amb funcions relacionades amb la categoria a la qual opta, es podrà valorar si ha tingut una durada mínima de 4 setmanes i ha estat suficientment acreditada. - Els llibres i capítols de llibres, les publicacions en revistes indexades i projectes de recerca amb finançament competitiu (FIS, Universitat Carlos III...) es valoraran. -L'activitat docent de la formació contínua es valorarà amb el mateixos criteris que figuren a l'apartat de formació contínua. - La tutoria docent i la col·laboració docent de la formació sanitària especialitzada es valoraran sempre que hagin estat organitzades per la unitat docent corresponent.

e) Serveis prestats- Es valorarà l'exercici professional en centres sanitaris a la mateixa categoria i especialitat a la qual s'opta (la negrita es nuestra),com a personal estatutari, funcionari o laboral a: - L'Institut Català de la Salut o a qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut. - Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT) i centres sanitaris universitaris. - Altres administracions públiques. Al personal de gestió i serveis, se li valorarà els serveis prestats en cossos o escales de l'administració general de qualsevol administració pública en la mateixa categoria a la qual s'opta. - Els serveis prestats en còmput mensual complet es valoraren. Els dies solts es valoren sempre que la suma completi 30 dies, equivalents a 1 mes. Les fraccions no es valoren. - Dels serveis prestats en períodes coincidents en 2 o més centres només es valorarà el període més favorable. - El temps de permanència en excedència per cura de fill menor de 3 anys o per atendre un familiar fins al segon grau en un període no superior a 3 anys es valora. Igualment es valorarà el temps de permanència en excedència de víctimes de violència de gènere durant els primers 6 mesos.

L'acreditació dels serveis prestats es realitzarà mitjançant certificat en format original emès per l'òrgan, autoritat o càrrec que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent, amb indicació de la categoria i especialitat, forma d'ocupació, els períodes treballats i les funcions desenvolupades.

En el apartado 9.1 de la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (bases comunes y específicas), en la nueva redacción modificada por la Resolució SLT/185/2023, de 25 de gener, se regula la valoración provisional dels mèrits. Els tribunals qualificadors publicaran els acords de valoració provisional de mèrits, a partir de la informació al·legada i acreditada per les persones aspirants en el tràmit referit i les oportunes comprovacions. En els processos que tinguin com a sistema de selecció el concurs oposició aquesta valoració s'efectuarà un cop finalitzada la fase d'oposició. En relació amb aquesta valoració provisional de mèrits, les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a partir de la seva publicació per: a) Formular al·legacions per disconformitat amb aquesta valoració provisional. b) Presentar la documentació que considerin oportuna acreditativa dels mèrits al·legats prèviament. En aquest tràmit no s'admetrà l'al·legació de mèrits no al·legats prèviament i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador que, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte. 9.2 Valoració definitiva de mèrits. Els tribunals qualificadors publicaran la valoració definitiva de mèrits.

(...) La base 11.1.2 de la Resolució SLT/4154/2022, de 23 de desembre, señala: "11.1.2 Mèrits que es valoren. El 100% de la puntuació d'aquesta fase (100 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 70% en serveis prestats i el 30% en altres mèrits curriculars. A) Serveis prestats: 70% (puntuació màxima, 70 punts): a) Serveis prestats com a personal de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria convocada: 0,583 punts per mes complet (puntuació màxima, 70 punts). (...) "B) Altres mèrits curriculars 30% (puntuació màxima, 30 punts): (...) b) Formació continuada i formació reglada (màxima 17 punts): Formació continuada fins a in màxim de 200 hores. Es consideren també com a formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0,085 punts per hora (puntuació màxima 17 punts)".

Aplicada la anterior doctrina jurisprudencial, a nuestro caso de autos, y partiendo de las premisas que, de un lado, las bases del proceso selectivo de referencia son ajustadas a Derecho y constituyen la ley de la convocatoria, y de otro, que en virtud del art 71.2 LJCA los Tribunales no pueden sustituir el contenido de los actos discrecionales, vemos que el Tribunal Calificador basándose en la documental obrante en el expediente administrativo y en especial observando las bases de la convocatoria aplicables, antes transcritas, efectúa una valoración adecuada e individualizada a las circunstancias del caso, de los méritos de la recurrente, no arbitraria. En efecto, no cabe al amparo del principio de carga de la prueba del art 217 LEC y valoración conjunta de la prueba vía art 348 LEC, acoger la tesis de la actora, desde el momento en que no se ha aportado que los cursos de formación controvertidos hayan sido certificados por entidad oficial acreditada o en su caso se haya financiado con fondos públicos, y por lo que respecta al período 7.11.94 al 25.11.2000, es claro que visto el documento nº 5 adjunto a la demanda, que en tal período la actora trabajó como diplomada en salud pública grupo B, que tiene unas funciones distintas a las de diplomada en enfermería que es la categoría a la que se presentó la recurrente, por lo que no se le pudo valorar el citado lapso de tiempo, aunque perteneciera al ICS y a un mismo Departamento, el de Salut de la Generalitat de Catalunya, pues las funciones son diferentes, no idénticas sustancialmente.

Asimismo constatar que, más allá de las apreciaciones subjetivas e interesadas de la parte recurrente, que además afectan al núcleo de la discrecionalidad técnica del Tribunal Calificador, aprecia la Sala que no hay en las actuaciones, elementos de prueba relevantes aportadas por la parte demandante susceptibles de desmerecer y desvirtuar el acierto técnico del órgano colegiado evaluador, habiendo colmado éste de forma holgada la motivación de su decisión, que por su contenido permite conocer a la actora las razones de la valoración y las razones técnicas determinantes de la calificación-puntuación obtenida. En definitiva, no concurren en la actuación administrativa impugnada evidencias, siquiera de indicios, de arbitrariedad, error o "abuso de poder", ni vulneración del principio constitucional de igualdad, siendo que los criterios valorativos de autos se efectuaron en igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

Consiguientemente, se han de desestimar íntegramente las pretensiones de la parte recurrente.

CUARTO.- Costas procesales

Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998 reguladora de esta Jurisdicción, procede imponer las costas procesales a la parte recurrente, no es dable la imposición de costas a la parte recurrente al haberse generado serias dudas de Derecho en este Tribunal para la resolución del caso de autos.