Sentencia Contencioso-Adm...e del 2025

Última revisión
12/01/2026

Sentencia Contencioso-Administrativo 4049/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 2967/2022 de 17 de noviembre del 2025

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Orden: Administrativo

Fecha: 17 de Noviembre de 2025

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta

Ponente: JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA

Nº de sentencia: 4049/2025

Núm. Cendoj: 08019330042025100605

Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2025:6550

Núm. Roj: STSJ CAT 6550:2025


Encabezamiento

-

Sala Contenciosa Administrativa Sección Cuarta de Cataluña

Vía Laietana, 56, 3a planta - Barcelona - C.P.: 08003

TEL.: 933440040

FAX: 933440076

EMAIL:salacontenciosa4.tsj.barcelona@xij.gencat.cat

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0939000085061522

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sala Contenciosa Administrativa Sección Cuarta de Cataluña

Concepto: 0939000085061522

N.I.G.: 0801945320208009151

N.º Sala TSJ: RECUR - 2967/2022 - Recurso de apelación - 615/2022-H

Materia: Personal Administración Local

Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: Jose María

Procurador/a: Jorge Rodriguez Simon

Abogado/a:

Parte demandada/Ejecutado: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Procurador/a: Jesús Sanz López

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 4049/2025

Presidente:

Pedro Luis García Muñoz

Magistrados/Magistradas: Andrés Maestre Salcedo

Juan Antonio Toscano Ortega Montserrat Raga Marimon Alfonso Codón Alameda Rosa María Fernández Cabezudo

Barcelona, a fecha de la última firma electrónica.

Ponente:Magistrado Juan Antonio Toscano Ortega

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,constituida para la resolución de este recurso de apelación, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso de Sala número 2967/2022 (registrado en la Sección con el número 615/2022),en que es parte apelante el actor Jose María, representado por el Procurador Jorge Rodríguez Simón y defendido por el Letrado Ferran Bertran Rodríguez, siendo parte apelada el demandado Ayuntamiento de Barcelona, representado por el Procurador Jesús Sanz López y defendido por la Letrada María Begoña Pérez Crespo.

Ha sido ponente Juan Antonio Toscano Ortega, Magistrado de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.

Antecedentes

PRIMERO.- La sentencia apelada contieneel fallo del tenor literal siguiente: "DESESTIMAR el presente recurso contencioso administrativo". "Sin costas".

SEGUNDO.-Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación por la parte actora, al que se opone la demandada, siendo admitidos ambos escritos por el Juzgado con remisión de lo actuado a este Tribunal previo emplazamiento de las partes procesales, personándose las partes apelante y apelada en este órgano judicial en tiempo y forma.

TERCERO.-Desarrollada la apelación, se señala día para deliberación y votación del fallo, lo que tiene lugar en la fecha fijada.

CUARTO.-En la sustanciación del procedimiento se han observado y cumplido todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Objeto del recurso de apelación, pretensiones y motivos.

1.- Sobre el objeto del recurso de apelación.

Se impugna en la presente alzada por la parte actora, Jose María, la sentencia número 249/2022, de 6 de octubre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Barcelona y su provincia en su recurso contencioso-administrativo número 416/2020 seguido por los trámites del procedimiento abreviado entre aquel actor y el demandado Ayuntamiento de Barcelona, resolución judicial en cuyo fallo se expresa:

"DESESTIMAR el presente recurso contencioso administrativo.

Sin costas".

En su fundamento de derecho primero, la sentencia apelada identifica el objeto del recurso contencioso-administrativo y expone las pretensiones de las partes.

"PRIMERO.-La parte actora interpone recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la valoración definitiva de los méritos en relación a la convocatoria de cobertura de 80 plazas de Bombero de acceso del SPEIS del Ayuntamiento de Barcelona, valoración acordada en la sesión del Tribunal Calificador de fecha 21 de julio de 2020. Impugna concretamente los resultados de la fase de concurso consistentes en la evaluación de los méritos definitivos de los aspirantes que han superado la fase de oposición.

Habiéndose dictado con posterioridad a la interposición del presente recurso acto expreso desestimatorio, debe considerarse ampliado el presente recurso a aquel acto.

La parte recurrente solicita en su escrito de demanda la estimación del recurso, con anulación de la actuación recurrida y que se declare su derecho a que le sean debidamente contados y valorados los méritos acreditados, con los efectos inherentes a la citada consideración, con imposición de las costas a la parte demandada.

Por su parte el Ayuntamiento de Barcelona solicita la desestimación del presente recurso".

La sentencia examina y resuelve la controversia en un sentido desestimatorio del recurso en sus fundamentos de derecho segundo y tercero.

"SEGUNDO.- Para la debida resolución del presente recurso debe partirse del contenido de la base 7.2 de la convocatoria y las bases específicas que rigieron el proceso para la selección mediante concurso oposición de 80 plazas de bombero de acceso del Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Barcelona

La base 7.2 del concurso, valorada en hasta 23 puntos, preveía el cómputo de méritos por: 1) estudios académicos de formación profesional, hasta 8 puntos; 2) estar en posesión de los permisos indicados en el punto 2) del Anexo 5, en vigor, de acuerdo con la normativa aplicable en la fecha de publicación de la convocatoria, hasta un punto - permiso de conducción-; 3) experiencia profesional, hasta 10 puntos.

En esta última cuestión, relativa a la experiencia profesional, se establecía en la base que el tribunal valoraría la experiencia profesional conseguida en los ámbitos profesionales vinculados con las funciones a desarrollar en el puesto de Bombero de acceso, en las ocupaciones acreditadas adecuadamente conseguidas como máximo en los últimos 9 años, requiriendo que la categoría de la contratación, la naturaleza de la actividad empresarial o profesional o los servicios prestados a la Administración estuvieran vinculados con los perfiles profesionales de los ámbitos relacionados en el punto 3) del anexo V de las bases y que permitieran desarrollar las habilidades necesarias para la categoría objeto de convocatoria.

TERCERO.- La cuestión debatida en el presente recurso se refiere a la insuficiente puntuación, según el recurrente, que le fue asignada en relación al apartado relativo a la experiencia profesional por cuanto, habiendo prestado sus servicios como Técnico especialista operador de control (TEOC) desde el año 2005 y habiéndolo documentado y acreditado, no ha sido tenido en cuenta a efectos de puntuación de la fase de concurso.

Para la debida resolución de lo planteado por la parte actora debemos acudir nuevamente a las bases de la convocatoria, y en particular a la 7. 2 a la que anteriormente nos hemos referido, así como al Anexo V de las Bases, que en el apartado 3, relativo a la experiencia profesional -y a la que se atribuye hasta 10 puntos a efectos de evaluación de la fase de concurso- se detallan distintos ámbitos profesionales vinculados con las funciones a desarrollar en la categoría convocada de Bombero, pero en modo alguno se incluye la categoría que pretende el interesado.

Si bien es cierto que en la anterior convocatoria para la selección por concurso-oposición libre de 79 plazas de Bombero para el Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento, publicada en 25 de abril de 2018, tampoco se contemplaba dentro de la experiencia profesional la categoría TEOC aun cuando fue valorada por el tribunal calificador, según se deduce de la prueba practicada, ello no puede considerarse un antecedente que modifique ni pueda modificar las actuales bases ni su aplicación, máxime teniendo en cuenta que no consta que el criterio pretendido por parte del recurrente haya sido aplicado a ningún otro aspirante dentro de la convocatoria a la que se presentó.

A tenor de lo anterior el recurso debe ser desestimado".

En cuanto a las costas procesales, se expresa en el último fundamento de derecho:

"CUARTO.-En materia de costas, a tenor del contenido del art. 139.1 LRJCA vigente al momento de la interposición del recurso, no procede su imposición a ninguna de las partes litigantes, al haberse suscitado por las mismas cuestiones que plantean serias dudas de hecho y de Derecho".

2.- Sobre las pretensiones y los motivos de las partes en esta alzada.

2.1.- La parte apelante actora.

La parte apelante actora, Jose María, interesa de la Sala que en relación con el recurso de apelación interpuesto contra "la sentència nº 249/2022 de 6 d'octubre del Jutjat Contenciós - Administratiu nº 4 de Barcelona ", dicte "Sentència estimatòria d'aquest recurs d'apel·lació, per la qual es revoqui la Sentència aquí apel·lada, tot estimant el recurs contenciós - administratiu i per extensió les peticions efectuades als escrits de demanda; amb imposició de costes respecte de la primera instància a l'Ajuntament demandat".

Tras efectuar las alegaciones "Primera.- Procedència i admissió del recurs d'apel·lació" y "Segona.- Breu resum de l'actuat i Sentència apel·lada", fundamenta en esta alzada aquellas pretensiones a través de las alegaciones que ordena y desarrolla como sigue.

"TERCERA.- Infracció de dret i necessitat d'estimació del recurs contenciós - administratiu.

Dit sigui en to estricte i respectuós de defensa, però la Sentència que recorrem erra en l'aplicació del dret que resulta de la quaestio iurisque ens ocupa, en tant que no té en compte les institucions jurídiques i doctrina que sostenim vulnerada, quina s'intentarà sintetitzar en els següents punts o apartats de la present Al·legació Tercera, destinada justament a discutir el desencert de la Sentència des del punt de vista jurídic.

En el mateix sentit, i tal com té afirmada la jurisprudència administrativista, i n'és exemple la doctrina d'aquesta Sala i Secció a la qual ens honora dirigir, en seu judicial - revisora es pot analitzar el contingut de les bases de les convocatòries i, sobretot, la interpretació que aquestes mereixin (entre altres, vid. FJ4t de la STSJ Catalunya, sec. 4ª, nº 375/2018 de 8 de juny de 2018, rec. 308/2017 ), de manera que entenem caldria analitzar la interpretació de les bases en atenció a l'ocorregut a les dues darreres convocatòries de places de bomber/a de SPEIS de l'Ajuntament de Barcelona; és a dir, la que ens ocupa i la immediatament anterior.

"1.- Vulneració de la doctrina dels actes propis de l'Administració Pública

Amb la prova practicada en autes (certificada fins i tot pel propi Ajuntament demandat en el tràmit corresponent) creiem que és evident que la mateixa entitat local convocant del procés selectiu per a la cobertura de places de Bomber/a incompliria amb la doctrina dels actes propis, incomplint i apartant-se dels seus actes propis ("venire contra factum proprium non valet"),ja que estarien tractant de manera diferent i discriminatòria dues situacions que creiem que ningú pot negar que es són del tot equivalents. I no es tracta pas de fets molt antics, sinó que estem parlant de procediments selectius molt recents, i emanats del mateix ens local, seguits "l'un després de l'altre".

Per tal de centrar la qüestió denunciada, la doctrina dels actes propis té plena aplicació a l'àmbit administratiu, com ho demostra notable i abundosa jurisprudència del Tribunal Suprem (per exemple, vid. STS, Sala Tercera, de 26 de maig de 2011 ) i la del Tribunal Constitucional (entre d'altres, la STC nº 73/1988 de 21 d'abril ), i també de múltiples tribunals d'arreu de l'Estat Espanyol, podent citar la SAN de 21 de novembre de 2013 (rec. 325/2010 ) quan admet que els actes propis de l'Administració es manifesten no només quan exterioritza el seu parer de manera expressa i positiva, sinó també mitjançant actes tàcits o presumptes, però que siguin concloents i inequívocs en relació a l'evidència d'una conducta de l'Administració reflectida en els mateixos. Sobre els actes propis de l'Administració a nivell de jurisprudència i casuística menor, citar també entre altres la SJCA nº 1 de Barcelona nº 5/2019 de 7 de gener (rec. 328/2016). A més a més, l'interès de l'existència de precedents com el que es comenta en el nostre cas (o de la doctrina dels actes propis) té una eficàcia vinculant dins de la legalitat.

A major consideració, i en matèria concreta de processos selectius, ens resulta especialment d'interès poder treure a col·lació també la STSJ Extremadura de 14 de setembre de 2018 (rec. 140/2018 ) en la que es recorda el pes de la voluntat tàcita, en la que l'Administració no pot apartar-se dels seus precedents o actes propis en acceptació d'experiència sense justificació, doncs (sic.) "lo esencial para confirmar la sentencia es que para la Sala no existe duda alguna de que el mérito de experiencia cuestionado está más que acreditado. En primer lugar por el hecho trascedente de que fue ya reconocido por la resolución de la Subdirección y Provisión de Personal con fecha 06/03/2012, para una convocatoria anterior (creemos que la iniciada con RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2010, de la Dirección Gerencia, por la que se convocan bolsas de trabajo para la cobertura con carácter temporal de plazas de personal estatutario en distintas categorías, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud), con lo que carece de sentido cuestionar ahora una experiencia que ya fue aceptada por la Administración".

També i en aquest sentit, podem citar el FJ4t de la més antiga STSJ Castella - La Manxa, sec. 1ª, de 29 de gener de 1999 (rec. 787/1996) quan comentava que, en anteriors convocatòries de processos selectius, la mateixa Administració havia reconegut i interpretat la puntuació de determinats mèrits professionals, havent de regir indefectiblement la doctrina dels actes propis de l'Administració, per evitar que en la convocatòria actual objecte del recurs i per via de la interpretació d'ambigüitats, es puguin menystenir o excloure aquests mèrits dels candidats.

Per contraposició a l'anterior doctrina, és clar que aquí no estem davant una disparitat de criteris emprats per part de diferents Administracions Públiques que han convocat processos o concursos similars (per totes, vid. SAN, sec. 4ª, de 18 de gener de 2006, rec. 309/2004 ; quina al seu FJ8è estableix que no pot ser invocable la necessitat d'un tracte uniforme al llarg del territori, citant també les SSTC nº 37/1981 de 26 de març i nº 186/1993 de 7 de juny ), sinó que estem parlant SEMPRE de la mateixa Administració Pública que se sap del cert - i endemés, en ocasió del present contenciós - administratiu ho certifica clarament - ha emprat dos criteris radicalment distints en les darreres convocatòries (que ja s'ha vist que són del tot equivalents), i que com es pot veure, perjudica greument els interessos del Sr. Jose María a poder accedir al cos de bombers del SPEIS de Barcelona, a pesar d'acreditar una llarga trajectòria professional com a TEOC.

Endemés, el fet d'obviar aquests antecedents i actes propis que es palesaven per l'aspirant és quelcom que també vulnera l'interrelacionat principi bàsic administratiu de la confiança legítima, previst a l' article 3 de la Llei 40/2015 (LRJSP ) - anterior art. 3.1 LRJ-PAC -, principi comentat en multiplicitat de Sentències judicials com ara al FJ5è de la JCA nº 1 de Barcelona, nº 5/2019 de 7 de gener (rec. 328/2016 -D) quan deia que (sic.): "(...) A simple título ilustrativo no está de más recordar lo siguiente. La protección de la confianza legítima ex artículo 3.1 de la Ley 30/1992 es un principio de origen germánico, introducido en nuestro Derecho público a través de la jurisprudencia comunitaria europea, que guarda una estrecha relación con el principio constitucional de seguridad jurídica garantizado por el artículo 9.3 de la Constitución española . Pues bien, en el contexto de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, en los últimos años ha cobrado fuerza dicho principio de confianza legítima. Éste se configura como una manifestación de la seguridad jurídica, en su dimensión de protección de la confianza de los ciudadanos en el Derecho. Tal principio protege la confianza que el ciudadano deposita en sus relaciones con la Administración frente a las informaciones erróneas, defectos de funcionamiento, voluntad cambiante, actitud arbitraria, o actuación irregular de ésta. Su aplicación puede comportar para el administrado, si incurre en error o ignorancia como consecuencia de la confianza depositada en la Administración, la excusa del cumplimiento de la norma y la exoneración de su responsabilidad por incumplimiento. Como se ha dicho, el legislador ha acogido tal principio. La Ley 4/1999, de 13 de enero, que reforma la Ley 30/1992, en el artículo 3 formula la obligación de la Administración de actuar en el marco de sus relaciones con los ciudadanos, con observancia de los "principios de la buena fe y de confianza legítima". En el ámbito jurisprudencial, al igual que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, el Tribunal Supremo español reconoce el principio, en este sentido, claramente, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, de 26 de febrero de 1989 .";ja que els aspirants participants en aquest procés selectiu, com l'aquí recurrent Sr. Jose María, precisament tenen plena constància d'aquest criteri del Tribunal Qualificador en la convocatòria passada, en la fase o tràmit de puntuació de mèrits personals, de manera que és clar que confiava legítimament que es despatxaria el mateix tractament per part del mateix Ajuntament de Barcelona, en tant que l'ens convocant dels dos processos selectius de les places de Bomber/a, amb bases equivalents en quant als mèrits professionals.

2.-Tracte discriminatori amb vulneració dels drets fonamentals de l'aspirant ( arts. 13 i 23.2 CE )

Seguint amb el fil de l'anterior apartat o crítica, pensem que també es fa palès com l'actuar de l'Administració demandada en contra dels seus propis antecedents i actes (els quals sap perfectament, fins a tal punt que els té a bé a certificar expressament) constitueix un clar menysteniment al principi de seguretat jurídica (previst a l' article 9.3 CE ), a banda que es vulneren clarament els drets fonamentals de l'aspirant en qüestió a la igualtat i a la no discriminació en el procés selectiu (drets que, com se sap,es troben previstos constitucionalment a l' article14 i 23.2 CE ), a banda de reconèixer-se també aquests drets a les diferents normes de rang legal i reglamentari,com el TRLEBEP (art. 55 ) i el Decret 214/1990 (art. 63.1), entre d'altres cossos normatius que regulen l'accés a la funció pública, i que resulten igualment d'aplicació en el nostre cas.

No podem compartir doncs el criteri del Jutjat a quo,en el sentit que evidentment que aquí es genera un greuge comparativament discriminatori, atès que es tracta d'aspirants a la mateixa plaça de Bomber de l'Ajuntament de Barcelona, amb les mateixes "regles del joc"rectores en els seus respectius processos selectius, produint-se un tracte clarament discriminatori en el sentit de que l'Ajuntament a uns els compta el mèrit professional, i a l'altre i de manera incomprensiblement no.

3.- Vulneració del principi de bona administració en la selecció de personal, al no seleccionar els candidats amb millor mèrit i capacitat

Per bé que aquesta qüestió es trobava argumentada en fases anteriors, creiem que la Sentència no dóna resposta a una de les nostres singulars al·legacions que entronquen la nostra pretensió, i és que aquí també cal denunciar que, amb les resolucions impugnades emeses per part de l'Ajuntament de Barcelona, s'està vulnerant el principi de bona administració, el qual es troba previst i regulat a les diferents lleis administratives d'arreu (per exemple, a l'art. 22 LRJPAP Cat), essent aquest un dret "d'última generació",que ha estat treballat i desenvolupat en diverses Sentències judicials de l'ordre contenciós - administratiu en diverses matèries del dret públic, citant les molt rellevants SSTS, Sala Tercera, de 30 d'abril de 2012 (rec. 1869/2011 ) i la STS, Sala Tercera, de 3 de novembre de 2015 (rec. 396/2014 ) en la qual es comentava que (sic.) "En este sentido, cabe significar que los principios de transparencia y buena administración exigen de las autoridades administrativas que motiven sus decisiones y que acrediten que se adoptan con objetividad y de forma congruente los fines de interés público que justifican la actuación administrativa, tomando en consideración todas aquellas circunstancias que conforman la realidad fáctica y jurídica subyacente.

Es tracta doncs d'un principi que es troba vulnerat amb l'actuar de l'Ajuntament demandat, sense que pugui afirmar-se la congruència i objectivitat amb la qual s'han tractat ambdós casos que volíem contraposar, demostrant de manera activa com es produeix aquesta disfuncionalitat i disparitat inexplicable de situacions, per bé que reverteix en contra dels principis de mèrit i capacitat que han d'imperar en el procés selectiu del personal al servei de les Administracions Públiques. Aquesta disparitat no es troba, en absolut, justificada per part de l'adversa i menysprea la vàlua professional del Sr. Jose María que ha treballat tants anys com a TEOC, depenent de la de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, al igual que els aspirants a qui l'Ajuntament li reconeixia aquesta vàlua puntuant-los els mèrits professionals.

En darrer terme, i no menys important, ens permetem reproduir aquí per a la Sala unes sàvies paraules del prestigiós articulista, autor i també Magistrat José Ramon Chaves a "Vademécum de oposiciones y concursos"(6ª Edición; Ed. Amarante, 2019; pàg. 415) "No existe buena administración sino se selecciona al candidato con mayor mérito y capacidad, o lo que es lo mismo, no es indiferente para la calidad y eficacia de la gestión pública seleccionar uno u otro",que fem plenament nostres i extrapolables en la problemàtica que presenta el present recurs, ja que realment serà molt difícil de sostenir que el fet deixar fora al Sr. Jose María de la seva aspiració (mai millor dit) a Bomber de l'Ajuntament de Barcelona, realment garanteixi l'esmentat principi bàsic de bona administració, en relació a la qualitat i eficàcia de la gestió pública".

2.2.- La parte apelada demandada.

La parte apelada demandada, Ayuntamiento de Barcelona, interesa de la Sala que "dicti sentència en virtut de la qual es desestimi el recurs d'apel·lació formalitzat davant la Sentència núm. 249/2022 de 6 d'octubre de 2022 i confirmi íntegrament la sentència apel·lada, amb expressa imposició de costes a l'apel·lant".

Tras la exposición de "I.- Antecedents de fet", presenta "II.- Motius d'oposició", que titula y desarrolla como sigue.

1.- "Primer.- Sobre la presumpta infracció de drets i necessitat d'estimació del RCA".

1.A) "A. Sobre la presumpta vulneració de la doctrina d'actes propis".

"En primer lloc, destacar que les bases de la convocatòria constitueixen la veritable llei que regula el procés selectiu.

Senyalar que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, (Sala del Contenciós - Administratiu, Secció 6ª), núm. 423/2019 de 28 juny feia les següents consideracions en relació amb les bases de la convocatòria:

"Por tanto, no se aprecia infracción alguna del principio de legalidad, sino por el contrario, una actuación plenamente ajustada a lo dispuesto en las bases de la convocatoria que resulta absolutamente lógica teniendo en cuenta la situación concreta planteada.

El Tribunal y los aspirantes están vinculados por las Bases de la convocatoria, y como hemos venido manifestando en esta Sección en numerosas ocasiones" Tal vinculación es reiterada invariadamente por nuestra jurisprudencia desde la pionera STS de 27 de junio de 1987 , a cuyo FJ 3 se instauró la axiomática formula que identificaba las bases de la convocatoria con la "Ley del concurso que obliga a todos, concursantes, Tribunal y Administración". En similar sentido y más recientemente lo recuerdan las SSTS de 22 de mayo de 2012 (RJ 2012, 6921) (recurso de casación 2574/2011 ), 18 de febrero de 2015 (RJ 2015, 1973) (casación 3464/2013 ) o 15 de junio de 2016 (casación 1418/2016 ), resaltando que esta vinculación incluye a todos los intervinientes, tanto a la Administración y a sus órganos calificadores como a los aspirantes."

En aquest sentit, es fa precís indicar que el recurrent va participar en el procés selectiu de la convocatòria qüestionada i que era coneixedor de les bases i del procediment que se'n ha derivat des de l'inici i no les va impugnar, es devenint fermes i consentides i vinculants per a tots els aspirants i el mateix Ajuntament.

És per això que no pot considerar-se anul·lable la resolució, ni contraria a l'ordenament, ja que el Sr. Jose María no va fer cap impugnació de les bases i la decisió del TQ , primer, i després la resolució administrativa, observen les bases.

L'objecte d'aqueta litis versen sobre la disconformitat de l'administrat respecte la valoració dels seus mèrits - experiència professional com TEOC.

Actualment, els Tribunals ha anat matisant el criteri clàssic i acceptant la possibilitat que, encara que no s'hagin impugnat les bases en el moment de la seva publicació, es pugui recórrer judicialment una decisió adoptada en el procés selectiu, quan s'al·lega i s'acredita que aquesta decisió constitueix un acte administratiu nul de ple dret o que amb aquesta, s'ha produït una violació de drets fonamentals o que el resultat final del procés selectiu, ha suposat un veritable perjudici il·legal per a qui no ha de suportar-lo.

La part recorrent refereix al seu escrit que l'actuació del Tribunal, sobre el fet de no tenir en consideració la seva experiència com a TEOC, podria significar una autèntica vulneració de drets fonamentals, si bé, només fa una al·legació genèrica que no és admissible en dret. A més a més, no s'ha vulnerat cap dret fonamental del recorrent i és un tema de mera legalitat ordinària..

Entre altres, destacar que la jurisprudència del Tribunal Suprem ha vingut aplicant les regles generals sobre la càrrega de la prova establertes a l'article 1214 del Codi Civil (Llei 1/1889) (en l'actualitat article 217 de la LEC de 2000 Llei 58/2000) als àmbits civil i administratiu. I en base a aquesta regla general, la doctrina jurisprudencial existent es resumeix en què s'imposa la càrrega de la prova de l'obligació al qual insta el seu compliment.

"Artículo 217. Carga de la prueba.

1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

Per tant, no es pot atendre a l'al·legació genèrica del recurrent sobre vulneració de drets fonamentals, en tant, manca completament de fonamentació i no aporta cap tipus de prova.

En relació a l'argument plantejat pel Sr. Jose María sobre l'admissió d'experiència com a TEOC en l'anterior convocatòria cal recordar la Sentència del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, (Sala Contenciós - Administratiu, Secció 2ª), núm. 747/2004 de 30 novembre:

"el argumento más importante expuesto por la recurrente es que aplicando el mismo baremo que en la anterior convocatoria, ha obtenido peor puntuación, teniendo en cuenta además que en esta segunda valoración de junio de 2000 tenía más experiencia y méritos, a lo que no encuentra justificación. Sin embargo debe recordarse que cada concurso se somete al control y valoración de una Comisión o Tribunal diferente, cuya composición normalmente también lo es, teniendo cada comisión criterios propios en función de las circunstancias concurrentes, y sobre todo existiendo distintos aspirantes o concursantes, por lo que la segunda comisión no se ve vinculada con lo resuelto y valorado por la primera. Ello ha sido puesto de relieve por el TSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso) en la Sentencia 22 de junio de 1994 , y que se cita en la contestación a la demanda, cuyo criterio es compartido por esta Sala. Esta explicación es suficiente para entender justificada la distinta valoración efectuada por las Comisiones, aún aplicando el mismo baremo. Y en la valoración concreta se insiste en que no se aprecia ninguna de las circunstancias que permitiría a la Sala anular la decisión de la Comisión, sin que deba hacer valoración en consonancia con lo pedido, que supondría sustituir a la propia Comisión en su función de valorativa."

Per tant, independentment que en l'anterior convocatòria s'acceptés l'experiència com a TEOC, el TQ del procés selectiu objecte de litigi no estava obligat a seguir el mateix camí ni prendre les mateixes decisions que a l'anterior convocatòria, en tant no estava vinculat a les seves valoracions i en conseqüència disposava de plena "discrecionalitat tècnica" i independència (article 55.2. c) i d) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic).

I en aquest concret procés selectiu, com ja hem dit, a l'annex 5.3 no figurava el perfil professional de TEOC en ordre a computar com mèrits-experiència professional, sent que el TQ s'ha limitat a aplicar les bases.

En aquest sentit, és il·lustrativa la Sentència del TSJ de Catalunya, de 10 de novembre de 2006 (JUR 2007\117660):

"(...) con carácter previo, conviene resaltar la doctrina jurisprudencial seguida por nuestros Tribunales y por esta Sala en cuanto a la "discrecionalidad técnica" de estos Tribunales administrativos a la hora de calificar y valorar a los aspirantes en estos procesos selectivos.

Tal doctrina, suficientemente conocida parte de la base de que los actos de dichos Tribunales o Comisiones, cuando emiten un juicio técnico sobre conocimientos de los aspirantes en ejercicios o pruebas desarrolladas por éstos, no pueden ser revisados por los Tribunales de Justicia, convirtiéndose así en un 2º Tribunal administrativo que sustituye en la instancia judicial a la Comisión técnica correspondiente, salvo que se vulneren las bases de la convocatoria o normas específicamente aplicables, o incurran en desviación de poder o notoria arbitrariedad ( STS 8-7-94 [ RJ 1994, 6478] , a título de ejemplo). El propio Tribunal Supremo, recogiendo doctrina constitucional ( Sentencia Tribunal Constitucional 215/91, de 14-12 [ RTC 1991, 215] ) ha señalado que ha de partirse aquí de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a las funciones públicas, estando reservado en exclusiva a las Comisiones de estos concursos el "núcleo material" de la decisión técnica (decisión de selección del candidato idóneo) y no sus aledaños, constituidos por la verificación de que se haya respetado efectivamente la igualdad de condiciones de los candidatos y los principios de mérito y capacidad de los mismos en el procedimiento de adjudicación de las plazas ( STS 15-1-96 [ RJ 1996, 354] y las en ella citadas de10-1 -92 [ RJ 1992, 563] , 23-2-93 [ RJ 1993, 1190] , 3-12-93 y 9-6-94 [ RJ 1994, 5151] ).

Estamos pues ante una potestad discrecional, que comporta "per se" la introducción en el proceso de aplicación de las normas de una "estimación subjetiva", que no es una facultad extralegal, sino querida por la Ley (y dentro de ella) para completarla, como reitera la doctrina científica.

Cual señala STS 11-6-91 ( RJ 1991, 4874) , "la legitimidad de la actuación de una potestad discrecional no deriva sin más de su naturaleza discrecional, sino de la racionalidad de su contenido en relación con la base de hecho que integra la, causa del acto administrativo".

Si damos un paso más, también podemos señalar que, dada la índole del concurso-oposición, el margen de discrecionalidad es mayor o más amplio que el que se da en, por ejemplo, concursos públicos de cobertura de plazas funcionariales en la Administración general (concursos de traslados o cobertura de jefaturas administrativas -no acceso a la función pública-), por cuanto en éstos hay (o suele haber) un baremo de puntuación (muy desarrollado, a veces, incluso), que reduce mucho el margen de discrecionalidad (hasta lo puede anular casi del todo inclusive), permitiendo así con mayor amplitud el control jurisdiccional en su aplicación. No es este el caso aquí: El Tribunal administrativo ha de valorar en la presente fase aspectos ya no propios de la formación teórica o generales de aptitud personal, sino un paso más, la traslación practica de esos conocimientos a la realidad misma, en contacto mismo con la función directa que debe desarrollar un Agente de Policía. Para ello, la convocatoria delimita los aspectos que deben valorarse como aquellos directamente dirigidos a que esa estimación subjetiva que se introduce en el proceso de selección se ajuste en sus parámetros a la consecución del fin que es el reflejo del adecuado perfil para el puesto y, de acuerdo con los principios de merito y capacidad e igualdad, conducir a la selección de aquellos aspirantes dotados de los perfiles directamente adecuados a la función, en cuanto que idóneos para el cargo".

En correlació a l'anterior, la Sentència del Tribunal Suprem de 24 de juliol de 2012, entre d'altres declara que:

"la discrecionalidad técnica expresada conduce a partir de una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación. De modo que dicha presunción "iuris tantum" sólo puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del proceder razonable que se presume en el órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible justificación del criterio adoptado, entre otros motivos, por fundarse en patente error, debidamente acreditado por la parte que lo alega. Por ello, la discrecionalidad técnica reduce las posibilidades de control jurisdiccional sobre la actividad evaluadora de los órganos de la Administración prácticamente a los supuestos de inobservancia de los elementos reglados del ejercicio de la potestad administrativa y de error ostensible o manifiesto, quedando fuera de ese limitado control aquellas pretensiones de los interesados que sólo postulen una evaluación alternativa a la del órgano calificador, moviéndose dentro del aceptado espacio de libre apreciación, y no estén sustentadas con un posible error manifiesto".

La recent Sentència de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem de 17 de desembre de 2020 (rec.312/2019) s'ocupa de sintetitzar l'estat de la qüestió del control de la discrecionalitat tècnica:

"La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el «núcleo material de la decisión» y sus «aledaños». El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacer lo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades. Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitarla materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico. Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad. La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre , como también en numerosas sentencias de esta Sala (entre otras, en las SSTS de 28 de enero de 1992, recurso 172671990 de 11 de diciembre de 1995 recurso 13272/1991 ; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991 ; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990 )"

Per tant i, en segon lloc, de conformitat amb el citat article 55 i la Jurisprudència, era competència del Tribunal interpretar i aplicar les bases (entre d'altres, STSJ Madrid de 7 d'abril de 2016, rec. 978/2014, EDJ 2016/67897), sent la seva decisió ajustada a dret. Reiterar que al punt 3 de l'annex 5 al que es remet la base 7.2.1 no figura el perfil professional de TEOC en el llistat, per tant, el TQ va aplicar correctament les bases en ordre a la valoració dels mèrits del Sr. Jose María" .

1.B).- "B. Sobre la presumpta vulneració dels drets fonamentals de l'aspirant".

"Contràriament al que al·lega l'altre part, la Sentencia aquí objecte de recurs és ajustada a dret, i no considerem que s'hagi vulnerat cap dret fonamental a l'aspirant i en conseqüència els drets d'igualtat i no discriminació previstos constitucionalment als articles 14 i 23.2 de la CE.

Aquesta part discrepa sobre la invocació que fa l'altre part en relació a la vulneració del dret d'igualtat i discriminació en l'accés a la funció pública previstos als articles 14 i 23.2 de la CE, en tant, aquests estableixen:

Artículo 14.

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."

Artículo 23.2 CE

"...Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes."

El fet que no es valorés l'experiència com a TEOC del recurrent no vulnera cap dret, sinó que correspon al TQ prendre decisions de conformitat amb els requisits que consideri idonis a les bases del concret procés selectius i, en aquest cas, ha aplicat les bases que no contemplen com a mèrits els perfil professional de TEOC.

Cal concloure per tant, que en cap moment s'han vulnerat els articles invocats de la CE, en tant, aquest parla de la igualtat, la qual no pot invocar-se en el cas concret, ja que no és absoluta i únicament opera en supòsits sustancialment idèntics, tal i com ha estat reiterat pel nostre Tribunal Constitucional.

No obstant, tal i com s'ha mencionat anteriorment no ens trobem davant de la mateixa convocatòria sino convocatòries diferents. Per tant, entenem que aquesta al·legació que fa la part recurrent únicament es podria manifestar si s'hagués acceptat l'experiència com a TEOC a un altre aspirant del mateix procés, en tant, sí que estariem davant de supòsits substancialment idèntics, ja que ambdos estarien opositant al mateix procediment i haurien rebut un tracte diferent a l'hora de valorar aquests pretesos mèrits.

No obstant, el cas concret res té a veure, ja que no són supòsits amb les mateixes característiques, sino que són procediments diferents que es van desenvolupar en espais temporals diferents i per tribunals diferents. Per tant, atès que la base s'ha aplicat igual a totes les persones aspirants, no hi ha vulneració del dret fonamental".

1.C).- "C. Vulneració principi de bona administració en la selecció de personal, al no seleccionar els candidats amb millor mèrit i capacitat".

"Ens oposem a la manifestació de la part recorrent sobre la vulneració del principi de bona administració en la selecció de personal, com a conseqüència de no haver-se considerat com experiència professional els candidats amb experiència com a TEOC.

Considerem que el Sr. Jose María únicament es basa en els seus interessos particulars i en cap moment va més enllà de les seves consideracions subjectives i genèriques.

Cal destacar la Sentència del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala Contenciós - Administratiu, Secció 7ª) núm. 1202/2003 de 19 desembre:

Como bien dice la demandada, los méritos y capacidad para ocupar un puesto en cualquier Administración Pública , le corresponde fijarlos a la propia Administración , en virtud del principio autoorganizativo que es preciso reconocerles, ya que son las Administraciones las que tienen conocimiento de los perfiles necesarios en sus funcionarios y empleados para el mejor desempeño de sus funciones .

Concloure que en definitiva si existeix algún órgan competent a l'hora de fixar els mèrits i capacitats per ocupar un lloc de treball a qualsevol AP és la pròpia Administració, en tant, és qui realment coneix els perfils que necessitarà per tal de desenvolupar les funcions en qüestió en el marc de la seva potestat d'autoorganització

Posar de manifest que la Sentència 249/2022 recaiguda sobre aquest procediment va dictar el següent:

Para la debida resolución de lo planteado por la parte actora debemos acudir nuevamente a las bases de la convocatoria, y en particular a la 7. 2 a la que anteriormente nos hemos referido, así como al Anexo V de las Bases, que en el apartado 3, relativo a la experiencia profesional -y a la que se atribuye hasta 10 puntos a efectos de evaluación de la fase de concurso- se detallan distintos ámbitos profesionales vinculados con las funciones a desarrollar en la categoría convocada de Bombero, pero en modo alguno se incluye la categoría que pretende el interesado.

Si bien es cierto que en la anterior convocatoria para la selección por concurso-oposición libre de 79 plazas de Bombero para el Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento, publicada en 25 de abril de 2018, tampoco se contemplaba dentro de la experiencia profesional la categoría TEOC aun cuando fue valorada por el tribunal calificador, según se deduce de la prueba practicada, ello no puede considerarse un antecedente que modifique ni pueda modificar las actuales bases ni su aplicación, máxime teniendo en cuenta que no consta que el criterio pretendido por parte del recurrente haya sido aplicado a ningún otro aspirante dentro de la convocatoria a la que se presentó.

A tenor de lo anterior el recurso debe ser desestimado.

Concloure doncs que els perfils professionals que puntuàvem com a mèrit eren els que figuren a l'annex 5.3, entre les quals no figura el TEOC (tècnic/a especialista operador/a de control) i, es per això, que el TQ aplicant les bases no el va puntuar ni al recorrent ni a cap altre aspirant en aquest procés selectiu. De fet, el propi recorrent al seu escrit de demanda posa de manifest que no hi és a les bases aquesta categoria de TEOC a efectes de còmput com a mèrit , però que s'havia de valorar perquè així es va fer en una altra convocatòria de l'any 2018".

SEGUNDO.- Decisión de la controversia.

De entrada, sobre la naturaleza y la finalidad del recurso de apelación no sobra recordar que: 1) La finalidad del recurso de apelación es la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica razonada y articulada de la sentencia apelada, que es lo que ha de servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia. Es decir, no es posible la reiteración simple y llana de los argumentos vertidos en la instancia con la finalidad de convertir la revisión en una nueva instancia para conseguir una sentencia a su favor. 2) En el recurso de apelación el Tribunal "ad quem"goza de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, pero no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada al margen de los motivos esgrimidos por la parte apelante, como fundamento de su pretensión revocatoria; por lo que la parte apelante debe individualizar los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengan ejercitados sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, al no estar concebida la apelación como una repetición del proceso de instancia, sino como una revisión de la sentencia impugnada. La falta de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir la sentencia apelada, equivale a omitir las alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda instancia. 3) Por otro lado, el recurso de apelación permite discutir la valoración que de la prueba practicada hizo el juzgador de instancia. Sin embargo, la facultad revisora por el Tribunal "ad quem"de la prueba realizada por el Juzgado de instancia debe ejercitarse con ponderación, en tanto que fue aquel órgano quien las realizó con inmediación y por tanto dispone de una percepción directa de aquellas, percepción inmediata de la que carece la Sala de Apelación, salvo siquiera de la prueba documental. En este caso el Tribunal "ad quem"podrá entrar a valorar la práctica de las diligencias de prueba practicadas defectuosamente, entendiendo por infracción aquella que afecta a la regulación específica de las mismas, fácilmente constatable, así como de aquellas diligencias de prueba cuya valoración sea notoriamente errónea; esto es, cuya valoración se revele como equivocada sin esfuerzo.

Centrado el objeto de esta alzada en los términos antes expuestos, y partiéndose aquí de la naturaleza y la finalidad del recurso de apelación que acaban de referirse, sobre todo que el mismo no puede considerarse como una mera reiteración de la primera instancia cuyo objeto sea la actuación administrativa impugnada en el correspondiente proceso sino como un proceso especial de impugnación de una resolución judicial cuyo objeto es la sentencia dictada en primera instancia, procede significar que la parte apelante actora efectivamente realiza críticas a resolución judicial por entender a través de sus alegaciones que a través de su fundamentación valida una actuación administrativa que incurre por este orden en "Vulneració de la doctrina dels actes propis de l'Administració Pública", "Tracte discriminatori amb vulneració dels drets fonamentals de l'aspirant ( Arts. 14 i 23.2 CE) " y "Vulneració del principi de bona administració en la selecció de personal, al no seleccionar els candidats amb millor mèrit i capacitat". Así las cosas, aunque en lo sustancial trae a esta alzada lo alegado en primera instancia, no cabe plantearse una posible carencia de fundamento (desnaturalización) del recurso de apelación. Cosa distinta es que la parte apelante actora tenga razón en esas críticas a la sentencia, lo que se trata seguidamente.

Se ha reproducido más arriba la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto "contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la valoración definitiva de los méritos en relación a la convocatoria de cobertura de 80 plazas de Bombero de acceso al SPEIS del Ayuntamiento de Barcelona, valoración acordada en sesión del Tribunal Calificador de fecha 21 de julio de 2020", que el Juzgado entiende ampliado al acto expreso desestimatorio (cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 3 d'agost de 2020, pel Sr. Jose María, contra l'acord del tribunal qualificador de data 21 de juliol de 2020, pel qual es fan públiques les valoracions definitives dels mèrits de les persones aspirants, en el procés per a la selecció mitjançant concurs oposició de 80 places de Bomber/a d'accés, del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, corresponents al grup C, subgrup C2, escala d'Administració especial, sotsescala de serveis especials i règim funcionarial (Exp. 533/2019); atès que les bases que regeixen la convocatòria, són ajustades a dret, als principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat conforme a la interpretació que fa la jurisprudència dels mateixos, fruit de la potestat d'autoorganització de l'Administració pública, que no resta vinculada per les bases de convocatòries anteriors. A més, sent fermes les bases de la convocatòria, aquestes no poden impugnar-se posteriorment quan la seva aplicació comporti resultats no favorables per qui ho podia haver impugnat". "La decisió presa pel tribunal qualificador del procés selectiu de continua referència, no admetent les al·legacions del Sr. Jose María i, per tant, no valorant el mèrit de l'experiència professional com a tècnic especialista operador de control (TEOC), quedant fora de la llista dels 80 aspirants amb millor puntuació, és plenament ajustada a les bases de la convocatòria i s'ha pres d'acord amb la normativa vigent aplicable, trobant-se suficientment justificada a l'expedient administratiu". "Amb la informació que consta a l'informe emès per la secretària del tribunal de 20 de novembre de 2020, que obra a l'expedient administratiu, en relació amb els mèrits plantejats i a les fitxes de valoració de mèrits assignats al recurrent que també consten al mateix expedient, ja es troba suficientment motivada la puntuació assignada al Sr. Jose María". "Dit en altres termes, ja consta en l'expedient del procediment selectiu una individualització dels criteris d'avaluació en relació a la persona del recurrent, amb el que queda completa la previsió de l'article 35.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, d'acord amb el qual la motivació dels actes que posin fi als procediments selectius i de concurrència competitiva es realitzarà de conformitat amb el que disposin les normes que regulin les seves convocatòries, havent, en tot cas, de quedar acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopti").

Esa fundamentación jurídica desplegada en la sentencia contiene por este orden la exposición de las pretensiones de ambas partes, el contenido de la base 7.2 y el punto 3 del anexo 5 de la convocatoria (donde "se detallan distintos ámbitos profesionales vinculados con las funciones a desarrollar en la categoría convocada de bombero, pero no se incluye la categoría que pretende el interesado") y la motivación concluyente de la desestimación del recurso, concretamente, al considerar que si bien consta acreditado que en la convocatoria inmediatamente anterior del proceso selectivo el Tribunal Calificador valora en el apartado de méritos de experiencia profesional la de técnico especialista operador de control, "ello no puede considerarse un antecedente que modifique ni pueda modificar las actuales bases ni su aplicación, máxime teniendo en cuenta que no consta que el criterio pretendido por parte del recurrente haya sido aplicado a ningún otro aspirante dentro de la convocatoria a la que se presentó".

También se han reproducido más arriba las alegaciones, contrarias y favorables, a la sentencia, esgrimidas en el recurso de apelación de la parte actora y en la oposición al mismo por la parte demandada, que pivotan en torno a los principios de actos propios, igualdad en el acceso a la función pública y buena administración, habiendo aportado ambas partes citas de resoluciones judiciales sobre dichos trascendentales principios.

Como se ha expuesto, el Juzgado resuelve la controversia acerca de si conforme a las bases de la convocatoria, no impugnadas, la valoración definitiva de los méritos concernidos (puntuación definitiva dada por el Tribunal Calificador) debió contemplar como alega y considera efectivamente probada la parte actora la experiencia profesional ejercida como técnico especialista operador de control por referencia a la valoración efectuada en una convocatoria anterior.

El examen del Juzgado pasa primero por considerar que dicha categoría, la de técnico especialista operador de control, no figura expresamente entre los ámbitos profesionales valorables como experiencia profesional. No hay constancia de la impugnación formal por la parte actora de la base 7.2, puesta en relación con el punto 3del anexo V de la convocatoria, ni siquiera desde un punto de vista material en esta vía judicial, donde centra exclusivamente toda su argumentación en la relevancia de la acreditación de la valoración por Tribunal Calificador en la convocatoria inmediatamente anterior como experiencia profesional de la categoría de técnico especialista operador de control, y con ello la aplicación al caso de la doctrina de los actos propios, el principio de igualdad en el acceso a la función pública y el principio de buena administración.

Precisamente, el siguiente paso en el examen del Juzgado pasa por juzgar la relevancia o no de ese antecedente, que da por acreditado.

Considera la Sala que acierta plenamente el Juzgado en ese examen que exterioriza de forma escueta pero atinada. En efecto, en modo alguno el antecedente expuesto de la valoración favorable en una anterior convocatoria modifica ni permite modificar la base actual concernida, tampoco su aplicación, habida cuenta que no ello no contraviene la alegada doctrina de los actos propios, al tratarse de convocatorias distintas en las que los correspondientes Tribunales Calificadores actúan en el ejercicio de la discrecionalidad técnica, de tal suerte que el Tribunal Calificador de la convocatoria de autos no está vinculado por la decisión técnica que haya podido adoptarse por el Tribunal Calificador de la convocatoria inmediatamente anterior o de otras convocatorias.

Además, no hay constancia en las actuaciones de que la decisión de no valorar la experiencia profesional de técnico especialista operador de control se haya aplicado de forma desigual a otros candidatos de la convocatoria aquí concernida, por lo que tampoco puede prosperar la invocada contravención del principio de igualdad en el acceso a la plaza convocada. A los efectos pretendidos por la parte apelante actora con la invocación de dicho principio, no son válidos los términos de comparación entre convocatorias distintas.

Por último, alega la parte apelante el principio de buena administración, que considera infringido con base en la "disfuncionalidad" o "disparidad" de criterios de trato a aspirantes de dos convocatorias, lo que a su juicio "menysprea la vàlua professional del Sr. Jose María, que ha treballat tants anys com a TEOC, depenent de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salaments del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, al igual que els aspirants a qui l'Ajuntament li reconeixia aquesta vàlua puntuant-los els mèrits professionals". En realidad, por su contenido, esa alegación redunda en las alegaciones anteriores sobre actos propios y principio de igualdad.

Ha de significarse que más allá de esa comparación con una convocatoria anterior, no aporta la parte actora en la instancia argumentos de fondo ni pruebas para sustentar que efectivamente la experiencia profesional como técnico especialista operador de control tiene encaje en el apartado "3. Experiència professional" del "Annex 5 Mèrits avaluables" de la convocatoria de autos por tratarse en su caso de un ámbito profesional vinculado a las funciones a desarrollar en la categoría de bombero, aunque sea distinto de los allí detallados, y con ello combatir el juicio técnico del Tribunal Calificador.

Resulta así procedente la desestimación del recurso de apelación interpuesto por el actor Jose María contra la sentencia número 249/2022, de 6 de octubre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Barcelona y su provincia en su recurso contencioso-administrativo número 416/2020, seguido por los trámites del procedimiento abreviado entre aquel actor y el demandado Ayuntamiento de Barcelona.

TERCERO.- Sobre las costas procesales en esta alzada.

Conforme al artículo 139.2 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción, las costas procesales se impondrán en la segunda instancia a la parte recurrente si se desestimara totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen la no imposición, por lo que dicho principio de vencimiento mitigado debe conducir aquí a la no imposición de costas procesales a la parte apelante actora habida cuenta que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se hallare ausente en este caso iusta causa Iitigandi,de dudas de hecho en los términos de la controversia de autos.

Vistos los preceptos antes citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que nos confieren la Constitución y las leyes, se dicta el fallo siguiente.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Cuarta, ha decidido:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por interpuesto por el actor Jose María contra la sentencia número 249/2022, de 6 de octubre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Barcelona y su provincia en su recurso contencioso-administrativo número 416/2020, seguido por los trámites del procedimiento abreviado entre aquel actor y el demandado Ayuntamiento de Barcelona. Sin imposición de costas procesales en esta segunda instancia.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, que no es firme.

Luego quegane firmeza, líbrese y remítase certificación de la misma, junto a los autos originales, al Juzgado provincial de procedencia, acusando el oportuno recibo.

Modo de impugnación:recurso de CASACIÓN,que se preparará ante este Órgano judicial, en el plazo de TREINTAdías, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, conforme a lo dispuesto en el art. 89.1 de la Ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA).

Se advierte a las partes que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Además, se debe constituir en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de éste Órgano judicial y acreditar debidamente, el depósito de 50 euros a que se refiere la DA 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), del que están exentas aquellas personas que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita ( art. 6.5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero), y, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos, de acuerdo con la citada DA 15ª.5 LOPJ.

Sin estos requisitos no se admitirá la impugnación.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

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