Sentencia Contencioso-Administrativo 1067/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 504/2022 de 24 de marzo del 2025

PRIMERO.-Acto administrativo impugnado. Sentencia del Juzgado.

1.-El acto administrativo impugnado es la Resolución de 17 de mayo de 2019 del SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Urbano Y Adriana, en nombre propio y en representación de su hija menor Vicenta, por los daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria que le fue dispensada a su hija menor Vicenta en el Hospital DIRECCION001 y en el Hospital DIRECCION000 de Barcelona.

2.-La sentencia del Juzgado desestima el recurso al no apreciar negligencia en la actuación del Hospital. Lo hace, en síntesis, por estas razones:

"TERCERO. Las alegaciones de la actora sobre la negligencia en la actuación de los facultativos que cambiaron la prescripción del sintrom y dieron de alta a la paciente no han quedado en absoluto acreditadas. La única prueba practicada a instancia de la actora para acreditar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración consiste en la pericial judicial, habiendo concluido el médico forense designado por el Juzgado que el tratamiento con sintrom y concretamente la modificación en la pauta no tuvo ninguna incidencia en la causa de la muerte, y que la atención prestada tanto en el Hospital DIRECCION001 como en el Hospital DIRECCION000 fue correcta, de acuerdo con las patologías que presentaba la menor. Las conclusiones de este informe pericial son coincidentes con las del informe del Institut Català dŽAvaluacions Mèdiques y las del dictamen pericial del Dr. Saturnino. En ausencia de prueba de mala praxis, procede la desestimación de la demanda".

SEGUNDO.-Recurso de apelación.

Interpone recurso de apelación la Letrada de Urbano Y Adriana, en nombre propio y en representación de su hija menor Vicenta.

Sostienen que ha quedado acreditado en el procedimiento la situación de la menor y su delicado estado de salud:

"Mis mandantes -y esta letrada- siempre ha indicado que si la menor hubiera estado unas horas más en el hospital podría haberse evitado su muerte en aquel momento, si bien su estado de salud era precario, pero precisamente por esta precariedad el servicio de pediatría del Hospital de DIRECCION001, debería haber esperado a dar de alta a la menor, y más cuando conocía todos sus antecedentes e historia clínica, la menor no debería haber sido dada de alta en la madrugada del 22 de enero de 2014, debería haber permanecido ingresada, tal y como solicitaron sus padres, puesto que le dolía la cabeza y estaba más parada y quieta de lo normal, se adjunta la carta de los padres de Vicenta donde se refleja si situación personal y familiar".

Interesa la revocación de la sentencia del Juzgado y la estimación del recurso contencioso-administrativo.

TERCERO.-Impugnación del recurso de apelación.

1.-La defensa jurídica del SERVEI CATALÁ DE LA SALUT se opone al recurso de apelación alegando la correcta valoración de la prueba practicada y la conclusión de no existir mala praxis.

Se remite al dictamen pericial del médico forense, doctor Ezequias, designado judicialmente a instancia de la parte actora, que analiza exhaustivamente les patologías que presentaba la menor Vicenta, y la asistencia que se le va dispensar el 22 de enero de 2014.

2.-La representación procesal del HOSPITAL DIRECCION000, comparecido como codemandado, se ha opuesto al recurso de apelación. Defiende, en síntesis, lo siguiente:

"El juzgado de primera instancia ha analizado los distintos informes periciales presentados. Todos llegan a la conclusión que la atención prestada por los profesionales fue adecuada y cumpliendo la lex artis ad hoc.Por lo tanto, raro sería que el juez hubiese fallado en contra el saber pericial.

A continuación, para no ser exhaustivos ni repetirnos con la demandada CATSALUT, se resumen en tres las conclusiones de los informes del ICAM, el perito judicial Dr. Ezequias y el perito Dr. Saturnino.

Para empezar, la autopsia y estudios posteriores demuestran que la menor falleció súbitamente de forma natural. La causa inmediata del fallecimiento fue el fallo cardiorrespiratorio agudo, derivado del DIRECCION002, enfermedad que, entre otras, padecía la menor desde que nació.

Tampoco se pudo apreciar ninguna lesión externa o interna ni otras alteraciones significativas distintas a las otras malformaciones que padecía.

Segundo, tanto el ICAM como el Dr. Ezequias, indican que la reducción de la pauta del medicamento Sintrom de 7 mg a 6,5 el día anterior a su muerte no tuvo ninguna incidencia en esta.

Tercero, los peritos concluyen que la atención prestada a la menor tanto en el Hospital DIRECCION001 como en el Hospital de DIRECCION000 de DIRECCION003, fue en todo momento correcta y adecuada, según criterios medicolegales y desde un punto de vista asistencial-diagnóstico y terapéutico, según las patologías que presentaba la menor".

Interesa la confirmación de la sentencia del Juzgado.

CUARTO.-Resolución del recurso. Régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.

Cabe señalar que el recurso de apelación se clasifica como un recurso ordinario y ello implica que es un recurso que permite plantear ante el órgano que los resuelve un conocimiento pleno de la cuestión objeto de controversia. Esto significa que la apelación por su función revisora de la sentencia o auto dictado en primera instancia, en principio, constituye una reiteración del debate objeto del proceso.

Ahora bien, la discusión en la apelación debe articularse no frente a la pretensión de la parte que dio lugar al inicial proceso dialéctico, sino frente a la sentencia que pone fin a la primera instancia, lo que significa que no es admisible, plantear sin más el debate sobre los mismos términos en que lo fue en primera instancia, como si no hubiera recaído la resolución judicial, pues ello desnaturaliza la función del recurso.

En suma, se exige un examen crítico de la sentencia, para llegar a demostrar la errónea prueba o la argumentación equívoca, de modo que el Tribunal ad quem tendrá la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en conexión con los motivos, pero no podrá revisar de oficio los razonamientos de la sentencia no impugnados. El recurso de los demandantes cumple con el requisito.

La parte actora fundamenta su pretensión en el régimen de responsabilidad patrimonial establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en desarrollo de lo establecido en el artículo 106.2 de la Constitución española que establece: "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

El artículo 32 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece: "Principios de la responsabilidad. 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios público salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen".

Y el artículo 34 dispone que: "Indemnización. 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos".(En igual sentido se pronunciaban los artículos 139, apartados 1 y 2 y el art. 141.1 de la ahora derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración Pública tenga el deber de responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares, sino que, como ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el daño o perjuicio sea antijurídico, en el sentido de que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportarlo.

La concurrencia de las anteriores circunstancias es determinante de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que es una responsabilidad configurada de forma objetiva (consecuencia de la mera existencia de un nexo causal entre el daño producido y la acción u omisión administrativa), con independencia de la existencia de una culpa o negligencia que es lo característico de la responsabilidad extracontractual por hechos de los particulares.

En el ámbito de las prestaciones médicas, a los servicios públicos de salud no se les puede exigir más que ejecuten correctamente y a tiempo las técnicas vigentes en función del conocimiento de la práctica sanitaria. Se trata, pues, de una obligación de medios, por lo que sólo cabe sancionar su indebida aplicación, sin que, en ningún caso, pueda exigirse la curación del paciente. La Administración no es en este ámbito una aseguradora universal a la que quepa demandar responsabilidad por el sólo hecho de la producción de un resultado dañoso.

En materia de responsabilidad patrimonial derivada de una actuación médica, el criterio básico utilizado es el de la "lex artis", de modo que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados: la obligación del médico es prestar la debida asistencia y no de garantizar, en todo caso, la curación del enfermo. Por ello, la "lex artis" constituye el parámetro de actuación de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos, imponiendo al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida. Este criterio es fundamental a la hora de delimitar la responsabilidad en este ámbito, exigiéndose para su existencia no sólo la lesión sino también la infracción de dicha "lex artis". Si sólo bastara la lesión se incurriría en una excesiva objetivación de la responsabilidad. Los conocimientos científicos, técnicos o experimentales ni en medicina ni, probablemente, en ningún sector de la actividad humana, pueden garantizar al ciento por ciento un resultado determinado. La certeza absoluta debe tenerse por excluida de antemano.

El artículo 43.1 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud, que debe concretarse en el derecho a que se garantice a las personas la asistencia y las prestaciones precisas con arreglo al estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica en el momento en que requieren el concurso de los servicios sanitarios. Corresponde al reclamante justificar la vulneración de la "lex artis" por parte de las instituciones sanitarias, siendo válida la acreditación de modo indiciario a través de presunciones, como admite el artículo 386 de la LEC. En tales hipótesis, una vez acreditado que un tratamiento no se ha manejado de forma idónea o que lo ha sido con retraso, no puede exigirse al perjudicado la prueba de que, de actuarse correctamente, no se habría llegado al desenlace que motiva su reclamación. De otra forma se desconocerían las especialidades de la responsabilidad pública médica y se trasladaría al afectado la carga de un hecho de demostración imposible. Por el contrario, probada la irregularidad, corresponde a la Administración justificar que, en realidad, actuó como le era exigible. Así lo demanda el principio de la "facilidad probatoria", aplicado por el Tribunal Supremo en el ámbito de la responsabilidad de los servicios sanitarios de las administraciones públicas.

QUINTO.-Juicio de la Sala. Desestimación del recurso de apelación.

No es discutido que la niña Vicenta estaba diagnosticada con el DIRECCION004, que es una anomalía congénita caracterizada por la presencia de alteraciones en el encéfalo y en el desarrollo del vérnix cerebeloso y dilatación quística del IV ventrículo; DIRECCION002, enfermedad que se caracteriza por anomalías craneofaciales, cerebelosas y alteraciones cardíacas; e hidrocefalia, enfermedad basada en la alteración hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, es decir, en la dificultad de circulación de dicho líquido que produce acumulación del mismo en el espacio intra craneal con aumento de presión y dilatación.

La menor fue atendida en el Hospital y se decidió su alta por no presentar agravación de su estado que hiciera presagiar el fatal desenlace. Esta conclusión es ratificada por el médico forense designado por el Juzgado, siendo estos profesionales al servicio de la Administración de Justicia con un elevado nivel de especialidad y, sobre todo, imparciales en sus dictámenes.

La menor murió de forma natural súbitamente por fallo cardio respiratorio derivado, como causa mediata, del DIRECCION002. En la autopsia no se apreció ninguna hemorragia, ni otras alteraciones, más allá de las malformaciones que tenía.

Tampoco incide que tomara una dosis semanal del medicamento Sintrom de 7 mgs, y el día anterior a su muerte se le hubiera reducido a 6,5 mgs, pues ni este tratamiento ni la modificación de la pauta tuvieron incidencia en desencadenarse el fallo cardio respiratorio que sufrió la menor.

No puede concluirse sino que la atención prestada a la menor Vicenta, tanto en el Hospital DIRECCION001 como en el Hospital DIRECCION000 de DIRECCION003 fue correcta desde el punto de vista asistencial, diagnóstico y terapéutico. En este sentido también el dictamen pericial del pediatra doctor Saturnino; pruebas concluyentes de la muerte por causas naturales, derivadas de sus patologías previas.

Por todo lo expuesto ha de confirmarse la sentencia del Juzgado pues ha apreciado correctamente las pruebas practicadas, y la conclusión de no existir prueba de infracción alguna de la práctica sanitaria exigible. En procedimientos similares la prueba se muestra concluyente, inmediata de forma temporal y causal, y aquí aparece una correcta actuación que no puede cubrirse con el pago de una indemnización pecuniaria a cargo de la Administración sanitaria.

SEXTO.-Costas.

El artículo 139 de la LJCA , en la redacción dada por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10 octubre 2011 , de medidas de agilización procesal, establece que: "1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad".

No obstante, el principio de vencimiento mitigado debe conducir aquí a la no imposición de costas procesales habida cuenta que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se hallare ausente en este caso "iusta causa litigandi"("serias dudas de hecho o derecho"), teniendo en cuenta para ello en relación a algunos aspectos de la controversia que el caso era jurídicamente dudoso, conforme a la jurisprudencia recaída en casos similares, como señala el artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes, de existir, por mitad.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.