Sentencia Contencioso-Administrativo 3212/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1593/2025 de 29 de septiembre del 2025

PRIMERO.-El objeto de debate se centra, en esta segunda instancia, en determinar en si es ajustado a derecho el pronunciamiento de la sentencia de instancia conforme al cual la aplicación de las bases de la convocatoria al limitar temporal temporalmente el tiempo de servicios de naturaleza provisional acudiendo, en cuanto al exceso a la valoración de dicha experiencia profesional conforme a determinados criterios subsidiarios que no resultarían aplicables al personal interino, supone la vulneración del principio de igualdad y mérito y capacidad en el acceso a las funciones y cargos públicos.

Las bases de la convocatoria cuestionadas con las siguientes:

"10.1.1 Por el trabajo desarrollado en puestos de trabajo del cuerpo y escala objeto del concurso de las diferentes administraciones públicas, en el ejercicio de funciones correspondientes a las del cuerpo y escala mencionados, en función de los niveles asignados, se otorgan hasta 48 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Niveles 20 y 21: 0,133 puntos por mes completo.

b) Niveles 22 y 23: 0,143 puntos por mes completo.

c) Niveles 24 y 25: 0,154 puntos por mes completo.

d) Niveles 26 o superior: 0,167 puntos por mes.

10.1.2 En todos los puestos de trabajo ocupados provisionalmente, la valoración del mérito laboral desarrollado se hace de acuerdo con los siguientes criterios:

1.- Computo de los periodos de tiempo en lugares ocupados provisionalmente

La valoración del trabajo desarrollada por el nivel de destino del puesto ocupado en el cargo de funciones, comisión de servicios y otras formas de ocupación provisional de los puestos de trabajo por los funcionarios de carrera, así como la ocupación de un puesto de trabajo mediante nombramiento como personal interino, no puede valorarse en los concursos más allá de los plazos de empleo normativamente previstos

El trabajo desarrollado más allá del período máximo de ocupación debe valorarse, en primer lugar, en relación con el nivel de destino del puesto de trabajo reservado; en caso de que el funcionario no tenga un puesto reservado, se tomará como referencia, en segundo lugar, el nivel correspondiente al grado consolidado y, en tercer lugar y por último, el nivel mínimo del cuerpo o escala.

En consecuencia:

a) En el cargo de funciones de puestos de mando y en la comisión de servicios de puestos singulares, se computarán los seis meses en el nivel del puesto ocupado provisionalmente y el resto del tiempo se computará en el nivel del puesto de trabajo que se tiene reservado y, en su defecto, en el nivel correspondiente al grado consolidado y, en su defecto y por último, en el nivel mínimo del cuerpo o escala de pertenencia.

El mismo criterio se aplicará en otras formas de ocupación provisional en puestos de mando y puestos singulares, así como el nombramiento de interinidad

b) En la comisión de servicios y otras formas de ocupación provisional de base, así como el nombramiento de interinidad, se computarán los dos años, el nivel del puesto ocupado provisionalmente y el resto del tiempo se computarán en el nivel del puesto de trabajo que se tiene reservado y, en su defecto, en el nivel correspondiente al grado consolidado y, en su defecto, y finalmente en el nivel mínimo del cuerpo o escala de pertenencia.

Los períodos de tiempo en puestos ocupados provisionalmente se podrán valorar una única vez para cada puesto de trabajo (código de puesto), computándose exclusivamente el período de los primeros seis meses o los primeros dos años, según corresponda, con independencia de que se presten servicios de forma interrumpida o se reclasifique el puesto de trabajo. En caso de reclasificación del puesto, se tendrán en cuenta los niveles en los que en cada momento haya sido clasificado el puesto de trabajo."

Este límite de cómputo de tiempo de prestación de servicios que se aplica a los servicios prestados como funcionario interino, no se aplica a los servicios prestados como funcionario de carrera (salvo en los casos de encargo de funciones o comisión de servicios), debiendo analizarse si esta diferencia de trato tiene una justificación objetiva y razonable

La parte demandada alega como justificación que debe realizar un mismo trato a todos los servicios prestados con carácter temporal (encargo de funciones, comisión de servicios y funcionario interino), y argumenta, respecto del encargo de funciones y comisión de servicios, que no se pueden valorar más allá del período máximo legal en que se puede permanecer en esta función.

Esta justificación es válida en relación con la valoración de los puestos ocupados por funcionario de carrera en virtud de un encargo de funciones o comisión de servicios

SEGUNDO.-Para el adecuado encuadre de los hechos sometidos a controversia y del conflicto trasladado a esta sede de apelación, debemos formular determinadas consideraciones.

Así en primer lugar el hecho material que soporta el conflicto suscitado por la actora radica en la valoración de los servicios prestados para el ICS desde el 15 de septiembre de 2009 al 30 de noviembre de 2022 cuya valoración sostiene procedente el recurrente en tanto servicios prestados para la administración convocante. Dicho de otra forma el conflicto suscitado por la actora radica en la falta de valoración de los servicios señalados por aplicación de las bases que rechazan la valoración de los servicios de naturaleza temporal una vez transcurrida un determinado lapso de tiempo. En tal caso se procede a la valoración de tales servicios prestados mediante determinados criterios subsidiarios que la actora considera de aplicación al personal funcionario de carrera y no al personal interiono, lo que resultaría discriminatorio, atentando contra los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 y 23.2 de la CE.

Sin embargo, la administración apelante sostiene que los servicios invocados por la actora han sido correctamente valorados como servicios de similar o idéntica categoría a los de las plazas convocadas prestados para otras administraciones públicas, sosteniendo que la aplicación de la base controvertida habría supuesto la asignación de idéntica puntuación a la actora que la definitivamente atribuida. En sentido justifica la actora que la acreditación del trabajo desarrollado se producía en dos diferentes documentos, el documento número 3 que es un documento de generación automática contemplando los servicios prestados para la Generalitat y el documento 3 bis, de producción manual, que se refiere a los servicios prestados para otras administraciones o de diferente naturaleza.

A tal fin, para justificar la correcta valoración de los servicios, se aporta documento firmado por la Presidenta del Tribunal de fecha 1 de abril de 2025 en el que se indica:

"1.- Que en fecha 10 de marzo de 2025 se ha reunido la comisión de evaluación del concurso general de méritos y capacidades para proveer puestos de trabajo de la escala superior de administración general del cuerpo superior de administración de la Generalidad de Cataluña (convocatoria de provisión número FP/010/2024), y se ha acordado la aprobación de las listas provisionales de adjudicación.

2.-Que en virtud de estas listas, consta que a don Tomasa le ha sido valorado el mérito de trabajo desarrollado con la puntuación total de 24,875 puntos."

Se incorpora al documento un cuadro relativo a los méritos desarrollados por la actora en el que la experiencia profesional como interino se valora en un total de 22,594 puntos, correspondiente al periodo de desempeño de servicios para el ICS reclamado, siendo puntuados como puesto de trabajo de nivel 22.

En el referido informe se expresa además que con anterioridad al 10 de marzo de 2025 no se disponía del total de las puntuaciones provisionales ni de las listas provisionales de adjudicación

Sostiene la parte apelada y actora en el proceso que las actuaciones invocadas por la apelante no suponen perdida de objeto del proceso ni satisfacción extraprocesal pues obedecen a precisamente al dictado de la sentencia de instancia y a su ejecución provisional, que resultó instada precisamente por la actora.

Analizando las posiciones de las partes debemos concluir que efectivamente el interés legítimo invocado por la actora esto es la valoración correcta de su experiencia profesional, ha decaído en el presente proceso por cuanto que según consta en el informe aportado por la Administración tal experiencia profesional ha sido valorada de forma correcta, según indica la misma apelada. Tal circunstancia, pese a lo alegado por la parte apelada no se ha producido a consecuencia de la ejecución provisional de la sentencia de instancia y ello por cuanto que tal sentencia resultó dictada el 10 de marzo de 2025 mientras que según indica la misma parte actora, la correcta valoración de los servicios resultaba ya de la resolución de adjudicación provisional de la escala superior de la administración general del cuerpo superior de administración de la Generalitat de Cataluña, de fecha 11 de marzo de 2025, esto es publicada un dia después del dictado de la sentencia.

Además, consta el certificado emitido en fecha 26 de marzo de 2025 por la Presidenta de la Comisión de Evaluación indicando la total valoración del tiempo de trabajo invocado por la actora como experiencia profesional. Tal documento se produjo con anterioridad a que se efectuase traslado a la administración demandada respecto de la ejecución provisional instada por la actora.

Aún debe señalarse que no consta en el expediente ninguna evaluación anterior que rechazase la valoración de los méritos de la ejecutante, en contra de la valoración final realizada. Todo lo contrario. En particular, avalando la interpretación indicada podemos indicar que la resolución dictada per la Dirección General de Función Pública del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, dictada en data 09/10/2024, en relación a la cual se extendió el objeto del recurso mediante solicitud de ampliación de la demanda formulada por la actora, indicaba expresamente que los servicios invocados por la recurrente serían objeto de valoración, señalando:

"En este punto, en cuanto al cómputo del tiempo de servicios prestados como personal estatutario Interino al servicio del Instituto Catalán de la Salud, procede traer a colación el informe que ha dictado la Subdirección General de Análisis y Planificación estratégica de fecha 29 de julio de 2024. En este informe, se expone que la persona recurrente ha planteado numerosas consultas, entre las que se encuentra la solicitud de que le sean valorados los servicios prestados como personal estatutario interino, y en relación con esta cuestión, se ponen de manifiesto las siguientes consideraciones:

En relación a esta consulta en particular se da respuesta a través de una consulta tramitada mediante el departamento de Empresa y Trabajo en la que se constata que atês que estos servicios prestados al Instituto Catalán de la Salud como personal estatutario se consideraron equivalentes al cuerpo superior de administración general, en los procesos de estabilización se tendrían en cuenta en el concurso general méritós y capacidades. Otra cosa es que estos servicios no se incorporen al documento 3, que sólo recoge a efectos del cómputo de mérito/trabajo desarrollado, las ocupaciones de puestos de trabajo de la escala superior de administración general del cuerpo superior de administración de la Generalidad de Cataluña. Así que el decreto 123/1997 DECRETO 123/1997, de 13 de mayo, se aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en e/ su artículo 14. establece lo siguiente respecto de la valoración del trabajo desarrollado:

Por todo esto y por lo que se refiere a lo solicitado por el recurrente en el punto ll:

Que, en el mérito trabajo desarrollado en puestos de trabajo objeto de esta convocatoria, resulten efectivamente computados los servicios prestados al Instituto Catalán de hace Salud que totalizan 14 años, 8 meses y 16 días, desde el 15/09/2009 hasta/ 30/11/2022, con vínculo estatutario y categoría profesional de técnico titulado superior en derecho (grupo profesional A fin nivel 22)} íntegramente"

Ya se le ha dado respuesta indicando que estos servicios serán contabilizados para ser prestados en un cuerpo considerado equivalente a los de la escala superior de administración general del cuerpo superior de administración de la Generalitat de Catalunya.

De esta forma los servicios desarrollados por el recurrente resultan computados "estos servicios serán contabilizados para ser prestados en un cuerpo considerado equivalente a los de la escala superior de administración general del cuerpo superior de administración de la Generalitat de Catalunya" sin que la parte apelada y actora en el proceso de instancia objete en algún modo la puntuación otorgada a tal experiencia profesional valorada por la Administración

Por lo tanto, la única conclusión razonable posible es que el informe firmado el 1 de abril de 2024 no es sino la concreción en el resultado final valorativos de los méritos de la recurrente, de las conclusiones que ya apuntaba la resolución de la Dirección General de Función Pública del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, dictada en data 09/10/2024.

TERCERO.- Sobre las causas de inadmisibilidad del recurso invocadas por la apelada.

La parte apelada invoca determinadas causas de inadmisibilidad que en suma cabe agrupar, salvo la atinente a la inadecuación de procedimiento alegada por la apelante, a la incorrecta técnica procesal del recurso de apelación formulado de contrario, la ausencia de crítica de la sentencia de instancia y la alteración de los términos del debate.

No pueden admitirse los reproches realizados por la apelada

En relación a la segunda instancia cabe señalar que el recurso de apelación permite la revisión íntegra del objeto procesal que constituye el proceso en la instancia, si bien el mismo aparece acotado por los extremos que las partes hayan incorporado al recurso de apelación. De esta forma serán los recursos de apelación de las partes los que determinen el objeto de la apelación al efectuar la crítica de la resolución de instancia impugnada, extremo ineludible.

Debe traerse a colación la jurisprudencia consolidada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cuando conocía de recursos de apelación (Sentencias de 25 de junio y 24 de julio de 1996 ), en que declara que el recurso de apelación contencioso- administrativo tiene por objeto depurar el resultado procesal obtenido con anterioridad, de suerte que el contenido del escrito de alegaciones de la parte apelante ha de consistir precisamente en una crítica de la sentencia impugnada, que sirva de fundamento a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en la primera instancia por otro distinto.

El análisis y aplicación de la indicada doctrina debe ser fundamentalmente casuística y en el presente caso, pese a la alegación efectuada por la parte apelada invocando la doctrina expuesta, no cabe sostener la inadmisibilidad del recurso de apelación pues la parte apelante en su recursos sostiene la inexistencia de discriminación apreciada por la sentencia de instancia entre el personal funcionario y personal interino, la aplicación de la limitación atinente a los servicios temporales tanto al personal de carrera como al interino así como la posibilidad, en cuanto al exceso de valorar también al personal interino estos periodos a través del grado consolidado de que dispongan o el atinente al nivel mínimo del cuerpo o escala correspondiente.

Existe por tanto una crítica de la sentencia de instancia absolutamente congruente con lo mantenido en la instancia. Cosa bien distinta es el hecho, puesto de manifiesto con posterioridad a la sentencia, de que los servicios invocados por la actora hubieran sido efectiva y correctamente valorados, lo cual desde luego no puedo ser invocado por la actora con anterioridad (aunque como dijimos ya se apuntaba en la resolución Dirección General de Función Pública del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, dictada en data 09/10/2024.

CUARTO.- Sobre la perdida de objeto y la satisfacción extraprocesal en el proceso contencioso-administrativo.

En cuanto a la pérdida sobrevenida de objeto hemos de manifestar que como recuerda el Auto del TS de 28-5-07 (rec 47/06) y la STS 13-5-14 (rec 153/12), la Ley de la Jurisdicción 29/1998 no contempla de forma expresa la perdida sobrevenida como causa de terminación del proceso contencioso-administrativo, pero una jurisprudencia reiterada venía aplicándola ya antes de la aprobación de esta Ley y se ha seguido aplicando pacíficamente después de su entrada en vigor. Su pertinencia y operatividad se ha reforzado más aún al recogerse el supuesto en el art.22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (LEC), pero en todo caso conviene retener que la desaparición del objeto del proceso como causa de su terminación y archivo cuenta con una larga e ininterrumpida tradición jurisprudencial, anterior en el tiempo a la LEC, que se ha desarrollado y matizado en una jurisprudencia posterior.

La STS núm 1061/17, Sala 3ª, sec 5ª, 15-6-17 (rec. 821/2015) recuerda que la perdida sobrevenida no puede identificarse con la satisfacción extraprocesal. En dicha sentencia, siguiendo el criterio mantenido en sentencias anteriores, de fechas 29-1-13 (rec 2789/10), 7-10-13 (rec 247/11) se afirma que «el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable con carácter supletorio al proceso contencioso administrativo según la disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, no identifica la carencia sobrevenida de objeto con la satisfacción extraprocesal de las pretensiones ejercitadas, sino que ambas son manifestaciones diferentes de que el proceso ha perdido su interés al objeto de obtener la tutela judicial pretendida, que no sólo deriva de haberse obtenido extraprocesalmente la satisfacción de dicho interés sino de "cualquier otra causa (...)"».

Sin olvidar también la consolidada doctrina jurisprudencial existente en orden a lo que ha dado en llamarse "perdida sobrevenida del objeto de recurso" respecto de la que cabe traer a colación, por ilustrativa, la Sentencia de 19 de febrero de 2015 dictada por la Sección 2ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso nº 2347/2013, ROJ: STS 572/2015, al decir que, "Según constante doctrina jurisprudencial, la desaparición del objeto del recurso contencioso es uno de los modos de terminación del procedimiento contencioso administrativo, tanto si lo impugnado era una disposición general, en que la ulterior derogación de ésta o su declaración de nulidad por sentencia anterior ha determinado la desestimación del recurso, cuanto si se trata de actos administrativos o resoluciones singulares, en los que se ha considerado que desaparecía su objeto cuando circunstancias posteriores les privaban de eficacia, hasta el punto de determinar la desaparición de la controversia".

En consecuencia, como dice el Alto Tribunal en Sentencia de 15-6-2010, dictada por la Sección 5ª de su Sala 3ª en recurso 2025/2009 (EDJ 2012/125406), la causa legal de terminación del proceso por desaparición sobrevenida del objeto, "se conecta con la pérdida del interés legítimo en obtener la tutela judicial en relación a la pretensión ejercitada, y precisamente por ello su sentido es evitar la continuación del proceso (...)",de manera que, y así lo declara el Tribunal Constitucional, "para que la decisión judicial de cierre del proceso por pérdida sobrevenida del objeto resulte respetuosa con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es necesario que la pérdida del interés legítimo sea completa", pronunciándose en igual sentido la de Sentencia de 26 de febrero de 2014 dictada por la Sección 5ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso nº 414/2011, ROJ: STS 935/2014 ,así como el Auto de 13 de enero de 2012 dictado por la Sección 1ª del Tribunal Constitucional en recurso nº 3540/2003, ( ROJ: ATC 3/2012 - ECLI:ES:TC:2012:3A ).

Como ya señaló el Tribunal Constitucional en la STC 102/2009, (FJ 6 y Fallo), hemos dicho que la causa legal de terminación anticipada de un proceso por pérdida sobrevenida de su objeto, de conformidad a lo establecido en el art. 22 LEC, supletoria de nuestra LJCA (D. final 1 ª), se conecta con la pérdida del interés legítimo en obtener la tutela judicial en relación a la pretensión ejercitada, y precisamente por ello su sentido es evitar la continuación de un proceso. Y así, en fin, en la misma STC citada se declara que para que la decisión judicial de cierre del proceso por pérdida sobrevenida del objeto resulte respetuosa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es necesario que la pérdida del interés legítimo sea completa.

En el caso que nos ocupa, las resoluciones aportadas en sede de apelación suponen la satisfacción de la pretensión material invocada por el demandante y que sustentaba su legitimación, esto es el reconocimiento por la administración de la puntuación correspondiente a su experiencia profesional razón por la cual debemos entender satisfecha extraprocesalmente su pretensión, aun cuando no se produjese la declaración de nulidad de las bases instada en la instancia pues es manifiesto que el objeto del proceso, esto es la controversia que permite la tramitación del mismo, no puede radicar en la mera legalidad abstracta del contenido de los actos administrativos, sino en la medida en que los mismos afectan a la esfera jurídica de las partes sin que pueda desarrollarse el proceso a fin de pronunciarse, de un modo abstracto y sin aplicación concreta, en relación a la legalidad de la actuación administrativa. Es por ello que otorgada a la actora la puntuación reclamada debe entenderse decaído el objeto procesal de la controversia y satisfechas sus pretensiones.

De acuerdo con lo expuesto y habiendo desaparecido la lesión que justificaba la lesión del derecho fundamental esgrimido por la actora, el proceso no puede continuar con el único objeto de la interpretación de las bases de la convocatoria pues conforme a reiterada jurisprudencia tal interpretación consiste una actividad propia del examen de la legalidad ordinaria, ajena al objeto del presente procedimiento restringido, por su carácter sumario, al análisis de la possible lesión de los derechos fundamentales invocados por la actora, en concreto el derecho de igualdad ( art 14 CE) y el de acceso a las funciones y cargos públicos conforme a los principios de mérito y capacidad. Debe citarse así a modo de ejemplo lo establecido en sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 16 de diciembre de 2015, dictada en el recurso 2914/2014, cuando indica:

«La primera es que ciertamente habrán de considerarse cuestiones de legalidad ordinaria aquellas que únicamente versen sobre la interpretación que haya d edarse a los concretos méritos que haya establecido el legislador en el ejercicio de su amplia libertad de determinación, però sin que al mismo tiempo susciten que se haya producido una desigual aplicacion de esos méritos (...)

QUINTO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 139.2 de la LJCA no procede la imposición de las costas a la apelante, a razón de la estimación parcial del recurso de apelación.