Sentencia Contencioso-Administrativo 956/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Décima, Rec. 745/2025 de 30 de octubre del 2025

PRIMERO:Es objeto del presente recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del nacional colombiano Genaro interpone el presente recurso de apelación contra el auto de fecha 10 de junio de 2025 dictado en la Pieza Separada de Medidas Caute-lares del Procedimiento Abreviado nº 250-2025 por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzga-do de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de Madrid, por la que se denegó la adopción de la medida cautelarísima de suspensión contra la resolución de fecha 20 de octubre de 2023 de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se acordaba decretar la expulsión del terri-torio nacional del mismo con la consiguiente prohibición de entrada en territorio nacional por un periodo de cinco años, a contar desde la fecha en que se lleve a efecto por estar incurso en el art. 53.1.a de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social .

SEGUNDO:La representación del ahora apelante Genaro interesó la adopción de una medida cautelarísima de suspensión de la ejecutividad de la orden de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid el 20 de octubre de 2023, con prohibición de entrada por cinco años. La solicitud se formula al amparo de los artículos 130 y 135 LJCA, pidiendo resolución inaudita parte dada la inmediatez de la ejecución que iba a ser materializada el día 11 de junio, esto es, al día siguiente de la solicitud. La finalidad de dicha medida era preservar la utilidad del proceso principal y evitar un daño irreparable que desnaturalizaría cualquier eventual sentencia estimatoria.

La apariencia de buen derecho se apoya, ante todo, en un entramado familiar y social sólido. El recurrente reside en España desde hace cerca de siete años, con entrada por puesto habilitado y empadronamientos continuados, primero en DIRECCION000 (Toledo) -junto a la madre de su hija- y, posteriormente, en Madrid. Mantiene una relación paterno-filial cotidiana con su hija menor, escolarizada en el CEIP DIRECCION001, y vive a escasos minutos a pie del domicilio de la menor y de su madre, residente legal, lo que permite una participación diaria en la crianza (recogida escolar, convivencia efectiva). Este cuadro fáctico, suficientemente documentado, se conecta con la protección del artículo 8 CEDH y con los artículos 18.1 y 39 CE y 11.2 de la LO 1/1996, desde los que se postula la primacía del interés superior de la menor frente a una ejecución inmediata que quebraría la unidad familiar.

A ello se añade un vínculo matrimonial con ciudadana española -matrimonio autorizado ante notario e inscrito en el Registro Civil de Torrejón de Ardoz el 23 de enero de 2024- y la convivencia de ambos en Madrid, extremos que el escrito hace valer como manifestación de arraigo familiar cualificado a la luz de la jurisprudencia citada. En la misma línea, se reseña actividad laboral lícita en España (contrato indefinido con ILUNION y cotizaciones) y la previa condición de solicitante de protección internacional con "tarjeta roja", apoyando, por razones humanitarias y de proporcionalidad, la improcedencia de ejecutar la expulsión mientras pende el litigio.

Desde la óptica cautelar, el periculum in mora se describe con nitidez: si la expulsión se consuma, la restitutio in integrum deviene inviable; el proceso perdería su finalidad legítima y el perjuicio -afectación de la libertad ambulatoria y desarraigo familiar de una menor- sería irreversible. Se invoca, como sostén de esa conclusión, la doctrina constitucional que integra la tutela cautelar en el contenido esencial del artículo 24 CE y que impone un control judicial efectivo también sobre la ejecutividad administrativa. Con apoyo en esa línea, se insiste en que no concurre un interés público cualificado que reclame la ejecución inmediata, ni se ocasiona grave perjuicio a terceros por la suspensión interesada.

Sobre esa base, la petición concreta es doble: que se acuerde, con carácter urgente y sin previa audiencia, la suspensión de la resolución de 20 de octubre de 2023, y que, correlativamente, se decrete la inmediata puesta en libertad del recurrente -actualmente privado de libertad a efectos de ejecución- para posibilitar además el otorgamiento de poder apud acta ante el propio órgano. Todo ello con señalamiento de la comparecencia del artículo 135 LJCA dentro de los tres días para decidir sobre el mantenimiento, modificación o levantamiento de la medida.

TERCERO:El Juzgado, mediante auto de fecha 10 de junio de 2025, que es objeto de esta apelación respondió a esta petición partiendo del principio de que el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE comprende, como contenido inherente, la tutela cautelar, en cuanto instrumento para asegurar la eficacia real de la resolución que ponga fin al proceso. Con cita expresa de la STC 14/1992, se recuerda que la tutela "no es tal" si carece de medidas que garanticen el cumplimiento del fallo. Esta exigencia cobra singular relieve en el orden contencioso-administrativo, donde rige la ejecutividad de los actos administrativos -privilegio de autotutela- conforme al artículo 38 de la Ley 39/2015, lo que impone a los tribunales un especial deber de ponderación antes de excepcionar esa fuerza ejecutiva.

Sobre esa base, la resolución reconstruye el marco legal de la LJCA. De los artículos 129 y 130 deduce que las medidas cautelares han de orientarse a salvaguardar la efectividad de la sentencia futura, previa ponderación circunstanciada de los intereses en conflicto y constatación de que la ejecución del acto impugnado podría hacer perder al recurso su finalidad legítima; a la inversa, procede denegarlas cuando acarrearían perturbación grave del interés general o de terceros. El razonamiento sitúa en el centro el "periculum in mora" -evitación de perjuicios relevantes e irreparables- y subraya como la suspensión es excepcional en un sistema donde la regla sigue siendo la ejecutividad del acto, no bastando por sí sola la interposición del recurso para paralizar la actuación administrativa. Incluso se recuerda la línea histórica del régimen anterior ( art. 56 de la Ley 30/1992), a efectos de resaltar la continuidad del principio.

A continuación, el auto precisa la lógica propia del artículo 135 LJCA. La adopción de una medida cautelar "inaudita parte" exige, cumulativamente, que concurran los presupuestos generales de los artículos 129 y 130 y, además, circunstancias de especial urgencia que impidan acudir al trámite ordinario del artículo 131. La decisión provisionalísima tiene vigencia limitada: el mismo auto que la acuerde debe convocar comparecencia dentro de los tres días siguientes para resolver su mantenimiento, modificación o levantamiento. Se advierte, igualmente, que tal comparecencia solo procede cuando la medida se ha otorgado; si se deniega, no hay lugar a señalarla.

Hecho este encuadre, la resolución aplica el derecho al caso y, por una razón estrictamente procesal, concluye que no procede acordar la cautelar solicitada. Constatado en el expediente que el decreto de expulsión fue notificado el 13 de noviembre de 2023, y no constando su impugnación ni en reposición ni en vía jurisdiccional dentro del plazo del artículo 46 LJCA, el auto reputa el acto como consentido y firme. La propia solicitud cautelar no refiere la interposición de recurso alguno contra el decreto cuya suspensión se pretende. En consecuencia, al tratarse de un acto firme, la pieza cautelar carece de objeto legítimo y no puede prosperar ni por la vía del artículo 135 ni por la tramitación ordinaria ulterior, lo que conduce a la denegación de la medida.

CUARTO:Frente al auto recurrido se alza la representación de Genaro, quien, primeramente, señala en orden al presupuesto procesal que el auto de instancia consideró impeditivo -la firmeza del acto administrativo por ausencia de impugnación-, el recurso aporta como eje central la acreditación de que sí se interpuso recurso de reposición frente a la orden de expulsión (expediente NUM000), presentado el 21 de noviembre de 2023, dentro del mes legalmente previsto. Se acompaña justificante de esa presentación como documento n.º 1 y, partiendo de tal extremo, se sostiene la inexistencia de acto consentido, lo que permitiría entrar a valorar la medida cautelar con arreglo a los artículos 129 y 130 LJCA.

A partir de ahí, el recurso sistematiza el canon de enjuiciamiento cautelar conforme a la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recordando que la procedencia de la suspensión exige una ponderación de las circunstancias del caso atendiendo a la justificación ofrecida en el momento de solicitarla y que la carga de acreditar el perjuicio imputable a la ejecución recae en quien lo alega. Como soporte cita, entre otras, la STS de 15 de septiembre de 2003 (rec. 12/2000), la STS de 14 de mayo de 2008 (rec. 3562/2007) y el ATS de 8 de mayo de 2012 (rec. 313/2012). Con ese marco, se remite a lo ya expuesto en la solicitud cautelar inicial y a la documentación aportada entonces.

En el plano fáctico, el recurso incorpora datos sobre la permanencia y vínculos personales del interesado: residencia en España desde hace casi siete años; cumplimiento del requisito temporal para vías de regularización por arraigo sociolaboral o socioformativo; matrimonio con ciudadana española - Vanesa-; existencia de hija menor de ocho años - María Antonieta- residente y escolarizada en España; proximidad de domicilios entre la menor y el interesado que facilita la participación cotidiana del padre; y residencia legal en España de la madre de la menor - Marta-. Asimismo, se hace constar la previa solicitud de protección internacional en España por motivos de persecución en Colombia, con la consiguiente "tarjeta roja" habilitante para trabajar. Todo ello se presenta como cuadro documental que sustentaría la concurrencia de riesgo de perjuicio irreparable en caso de ejecución.

El escrito añade un hecho sobrevenido relativo a la situación sanitaria y psicológica de la esposa del interesado, quien, como consecuencia de la expulsión, estaría en tratamiento por depresión y pendiente de intervención de columna, precisando apoyo familiar, extremo que se acredita como "doc. 2". Este bloque de hechos se integra, a efectos de la ponderación cautelar, junto con las referencias normativas sobre protección de la vida familiar y del interés superior del menor.

Desde la perspectiva jurídica sustantiva invocada, el recurso articula la solicitud de suspensión con fundamento en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -derecho a la vida privada y familiar- y en los artículos 18.1 y 39 CE -protección de la intimidad y de la familia-, así como en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que orienta la decisión hacia la preservación del entorno familiar de la persona menor de edad. Se incorporan además referencias a pronunciamientos del Tribunal Supremo que contemplan el daño irreparable derivado de la ejecución de expulsiones cuando concurren situaciones de arraigo, citándose, entre otras, las resoluciones de 4 de diciembre de 1990 y 17 de noviembre de 2004. Por todo ello solicita la revocación del auto, la adopción de la medida cautelar solicitada de suspensión de la orden de expulsión, con la consecuencia de permitir la entrada del interesado en territorio españolen atención a sus circunstancias personales y familiares.

QUINTO:Por su parte, la Abogacía del Estado, impugna el recurso de apelación solicitando la íntegra desestimación de la alzada. Abre su argumentación fijando el marco normativo de la tutela cautelar en la LJCA (arts. 129 y ss.), con cita de los criterios jurisprudenciales de ponderación -justificación indiciaria, prohibición de prejuzgar el fondo, "periculum in mora", balance de intereses y "fumus boni iuris"-, y recuerda la regla general de ejecutividad de los actos administrativos ( art. 38 de la Ley 39/2015), de la que la suspensión constituye excepción sujeta a estricta motivación. Con ese encuadre sostiene que en el caso no concurren los presupuestos habilitantes de la medida ni se acredita perjuicio irreparable que haga decaer el interés público en la ejecución.

Desde esa base, centra el debate en dos frentes. Primero, niega la existencia de un arraigo relevante y, por derivación, del riesgo de pérdida de finalidad del proceso: tras exponer la noción jurisprudencial de "arraigo" -vínculos familiares, sociales o económicos cuya ruptura supondría perjuicios de muy difícil reparación-, examina la documentación aportada por la parte actora (pasaporte y nacimiento de la hija, justificantes de escolarización, empadronamientos, certificado matrimonial, DNI de la esposa, contrato indefinido y nómina) y concluye que, aun tomada en conjunto, no permite inferir una situación cualificada, destacando que el empadronamiento del recurrente es de 17 de enero de 2025 en domicilio distinto al de la menor y su madre y que no se acredita dependencia ni convivencia efectiva con la hija. De ahí que, a su juicio, no quede anudado un daño irreparable que justifique la paralización de la expulsión.

Segundo, rechaza la concurrencia de "fumus boni iuris". Recuerda que la apariencia de buen derecho opera en supuestos tasados (nulidad manifiesta, ejecución de disposición general anulada, previa anulación judicial, o línea jurisprudencial consolidada) y afirma que el caso no encaja en esos escenarios. Añade que el apelante no habría incorporado soporte documental que avale un derecho a la permanencia en España y que la resolución sancionadora cuya suspensión se pretende reúne las exigencias formales y materiales de validez, por lo que la medida cautelar no puede cimentarse en este pilar.

En la ponderación de intereses, invoca la prevalencia del interés general atendiendo a los antecedentes policiales que constarían en el expediente (por delitos contra la salud pública, malos tratos y violencia de género) y se apoya en jurisprudencia reciente para sostener que tales actuaciones policiales pueden valorarse, desde la óptica del art. 63.1 LOEx, como circunstancia agravante sin menoscabar la presunción de inocencia, en cuanto expresión del riesgo para el orden público o la seguridad pública. Subraya que el apelante no habría desvirtuado ese riesgo con información sobre el devenir de los procedimientos penales, y enlaza este extremo con la doctrina que reputa tales circunstancias idóneas para sustentar la sanción de expulsión y, en su caso, para neutralizar el peso de un eventual arraigo. Conecta, asimismo, el incidente cautelar con su específica función instrumental -evitar perjuicios irreparables sin anticipar el fondo- a la luz del ATS de 3 de noviembre de 2015.

Concluye interesando que se tenga por formulada la oposición, se desestime el recurso de apelación en todos sus términos y se mantenga la decisión denegatoria de la suspensión.

SEXTO:Es necesario recordar que el recurso de apelación no tiene como finalidad abrir un nuevo enjuiciamiento de la cuestión en las mismas condiciones que tuvo lugar en la primera instancia, sino depurar el resultado procesal obtenido en ella. El escrito de alegaciones del apelante ha de consistir en una crítica de la sentencia impugnada que sirva de fundamento a la pretensión de sustitución de sus pronunciamientos por otros distintos. El hecho de que la parte apelante no estime ajustada a derecho la decisión sobre la cuestión planteada contenida en la sentencia impugnada no autoriza a hacer caso omiso de ésta y a obligar al juez de apelación a un "novum iudicium",convirtiendo la apelación en una reiteración de la primera instancia. La jurisprudencia (entre otras, muchas SSTS de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993) ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal ad quemla plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere la individualización de los motivos opuestos a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo. Por tanto, el enjuiciamiento de esta Sala debe limitarse al estudio de los concretos motivos alegados por las partes recurrentes en el presente recurso de apelación, sin extender su enjuiciamiento a otros que fueron objeto de discusión y debate en la instancia, ni a otros que no sean estrictamente los planteados en el escrito de interposición del recurso de apelación.

SEPTIMO:El recurso de apelación plantea dos cuestiones previas que, necesariamente, han de ser abordadas por la Sala antes de cualquier otra, en particular, i)la cuestión de la admisibilidad del recurso de apelación, y, en segundo lugar, ii)la posibilidad de suspender judicialmente actos administrativos que ya han sido ejecutados y han desplegado la totalidad de sus efectos.

La primera de las cuestiones es de orden público procesal, y para su análisis debemos de recordar el contenido del art. 135 de la LJC-A, que expresa lo que sigue:

"1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto:

a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno.En la misma resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme a las reglas generales.

En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63.

b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo.

2. En los supuestos que tengan relación con actuaciones de la Administración en materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad, el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal con carácter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este artículo".

La interpretación del precepto citado no suscita duda alguna acerca de que el auto, mediante el que se adopta o deniega la medida cautelarísima, no es susceptible de recurso alguno, lo que viene justificado por el carácter especialmente urgente que reviste el procedimiento especial regulado en el precitado artículo 135, en el que la tutela cautelar se otorga o se deniega sin oír a la parte contraria, así lo hemos dicho en nuestra reciente sentencia de fecha 10 de julio de 2025 (Rec. 497/2025).

En efecto, el régimen de recursos aplicable contra tales autos -resolutorios de solicitudes de medidas cautelarísima o provisionalísimas según terminología aceptada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo- viene establecido en el mentado artículo 135 que dispone que «contra este auto no se dará recurso alguno». Y si bien en un principio se suscitaron dudas sobre la interpretación del citado inciso en orden a determinar si efectivamente impedía la interposición de recurso únicamente cuando se adoptaba la medida cautelar, o, por el contrario, se imposibilitaba el recurso contra toda resolución cualquiera que fuera su contenido, tanto si adopta como si deniega la medida cautelar instada.

Pues bien, estas dudas fueron disipadas por el Tribunal Supremo mediante Auto de 24 de enero de 2003, recaído en el recurso de queja nº 3364/2001) que declara «Pero al lado de esta regulación general la Ley de la Jurisdicción prevé en el artículo 135 unas especialidades para los supuestos en que concurran "circunstancias de especial urgencia". En estos casos la medida cautelar se puede adoptar mediante auto sin audiencia previa de la parte contraria, añadiéndose a continuación que "contra este auto no se dará recurso alguno". Imposibilidad de recurso que también es aplicable si la medida se deniega, como aquí ha sucedido.».

Es cierto que en el pie de recursos del auto impugnado se indicó que contra el mismo cabría interponer recurso de apelación. Pero también lo es que el error del Juzgado de instancia carece de efectos vinculantes para la Sala porque la instrucción o "pie" de recursos, tiene un valor meramente informativo, no integrando, como dijo la sentencia del tribunal Constitucional 70/1996 de 24 de abril de 1996, con cita de las anteriores ( SSTC 175/1985, 155/1991), el "decissum" de la resolución. Por ello, como se ha dicho, el presupuesto procesal que habilita el recurso de apelación tiene naturaleza de orden público y no puede dejarse a la libre disponibilidad de las partes, ni al arbitrio de los órganos jurisdiccionales, a quienes compete su examen y control de oficio, tanto en la instancia como, en su caso, en esta alzada.

Ahora bien, también es cierto que en el caso aquí enjuiciado, a diferencia de lo que ocurre en otros supuestos enjuiciados por este Tribunal, el Auto apelado no se limita a valorar la urgencia que justifica la adopción de la medida cautelar inaudita parte, sino que realiza un examen detallado de la solicitud formulada y de los requisitos que deben concurrir para que se pueda adoptar la suspensión pretendida y llega a la conclusión de que en este caso no concurren, lo que le lleva a determinar que no ha lugar a la medida cautelar solicitada.

Por lo expuesto, y dado que la Administración demandada se ha opuesto en su contestación al recurso de apelación a la pretensión esgrimida y ha formulado alegaciones respecto de la ausencia de los requisitos para poder acordar la suspensión solicitada, procede admitir la apelación y pronunciarnos sobre el fondo de la controversia, conclusión a la que llegamos en nuestra sentencia de fecha 21 de septiembre de 2023 (Rec. 617/2023).

OCTAVO:La segunda de las cuestiones es si resulta posible suspender los efectos de un acto que ya ha sido ejecutado y ha desplegado la totalidad de sus efectos, cuestión que, además hay que anudar con la pretensión que articula la apelante en el suplico del recurso, quien interesa de esta Sala, no solo que revoquemos el auto y concedamos la suspensión, sino que, además, permitamos la entrada y regreso del interesado en territorio español.

Si como sabemos el sentido de la medida cautelar es la evitación de la pérdida de la finalidad legítima del recurso, lo cierto es que difícilmente puede verse afectada esta por la suspensión, que en un caso como el de autos deviene imposible, no por otra cosa que porqué la Administración ha ejecutado ya el acto administrativo, dado que como expresa el propio apelante el retorno del recurrente al país de su procedencia se produjo el mismo en fecha 11 de junio de 2025, con lo que ejecutado el acto, resulta imposible la suspensión del mismo, pues tal hipótesis implicaría la desnaturalización del acto dado que es un principio consolidado en materia de suspensión que no es posible suspender el acto que ya ha sido ejecutado (vid ATS 3 de julio de 2003, 17 de diciembre de 2002, 23 de enero de 1995 y 3 de junio de 1991) que sería la situación que aquí se produce, con lo que no parecería factible suspender el acto administrativo.

Tampoco sería posible autorizar la entrada en territorio nacional del apelante, puesto que eso sería un acto nuevo decisión de la autoridad gubernativa, que solo podríamos revisar una vez que ya ha sido ejecutada y materializada la expulsión del apelante.

NOVENO:Despejadas estas dos cuestiones nos parece que es necesario señalar que, con los elementos que dispuso la juzgadora de instancia, la decisión que adoptó era acertada y ajustada a derecho. No es posible que valoremos la decisión cautelar con un sesgo retrospectivo, introduciendo como hace el apelante, elementos nuevos que no pudieron tomarse en cuenta para la decisión apelada.

En efecto, el argumento central que utilizó el auto recurrido para denegar la medida cautelarísima era la firmeza del acto impugnado, y esa decisión nos parece acertada, pues dado el carácter instrumental de la medida cautelar en abstracto, es necesario que exista un proceso viable, lo que entonces no ocurría, pues constaba la notificación del acto recurrido el 13 de noviembre de 2023, con lo que era lógica la presunción de que el acto resultaba firme y consentido.

Es cierto que con la apelación se ha acompañado un justificante de interposición por un Letrado distinto de un justificante de remisión telemática el 21 de noviembre de 2023 de un recurso de reposición en vía administrativa contra el acuerdo de expulsión, pero a dicho documento no le era aplicable el art. 460 de la LEC, pues era de fecha anterior a la fecha de la solicitud de la medida cautelar y no se ha acreditado por la apelante ni que se cumpla el requisito del 460.3 de la LEC, tampoco los del 270 del mismo cuerpo legal, ni los del art. 85.3 y 4 de la LJC-A, para lo que, además, hubiese sido necesario que el apelante instase el recibimiento y práctica de prueba en la apelación lo que no ha ocurrido.

La aportación de documentos nuevos en la apelación es una facultad excepcional, y tiene sentido esta restricción pues, como hemos dicho en el fundamento 6º la apelación no es un "novum iudicium", sino que es, como se ha dicho en ocasiones, un "juicio al juicio", se trata, por lo tanto, de valorar, normalmente, con los mismos elementos que dispuso el juzgador de instancia, la adecuación y corrección jurídica de la resolución apelada, y, con esos mismos elementos concluimos que la determinación de la improcedencia de la medida cautelar resultaba ajustada y conforme a derecho, pues en los supuestos en que de un modo claro e indubitado es apreciable la inadmisibilidad del recurso no resulta factible la adopción de medidas cautelares, criterio que hemos mantenido, entre otras muchas, en nuestra sentencia de fecha 11 de abril de 2024 (Rec. 152-2023) y la de la Sección 2ª de esta Sala de fecha 26 de abril de 2011 (Rec. 365/2010).

Todo lo anterior hace que debamos desestimar el presente recurso de apelación formulado por la representación procesal de Genaro contra el auto de fecha 10 de junio de 2025 dictado en la Pieza Separada de Medidas Cautelares del Procedimiento Abreviado nº 250-2025 por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de Madrid, por la que se denegó la adopción de la medida cautelarísima de suspensión contra la resolución de fecha 20 de octubre de 2023 de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se acordaba decretar la expulsión del territorio nacional del mismo con la consiguiente prohibición de entrada en territorio nacional por un periodo de cinco años, a contar desde la fecha en que se lleve a efecto por estar incurso en el art. 53.1.a de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social .

y DECIMO:Nos parece que el tema debatido en ambas instancias presentaba dudas jurídicas, por lo que al amparo del 139.2 de la LJCA, considera la Sala adecuado, en el caso de autos, no hacer pronunciamiento en materia de costas en ninguna de las dos instancias. No obstante lo anterior, procede que por la Sra. Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de instancia se dé el destino legalmente establecido al depósito que el apelante hubo de consignar para formalizar la apelación conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procediéndose por la Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de Madrid a librar los despachos y mandamientos oportunos a tal efecto

V I S T O Slos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,