Sentencia Contencioso-Administrativo 439/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Décima, Rec. 1055/2023 de 08 de mayo del 2025

PRIMERO:Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo formulado por la representación procesal de Dª Carlota formula el presente recurso contra la Orden nº 203/25 de la Sra. Viceconsejera de Sanidad de fecha 14 de febrero de 2025 por la que se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en fecha 9 de enero de 2023 como consecuencia de lo que la misma considera una deficiente asistencia médica dispensada en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés al serle suturada una herida en la cara anterior de la muñeca derecha.

La pretensión de la actora la hemos dejado transcrita en el antecedente de hecho 3º de esta resolución por lo que, a lo ahí expresado nos remitimos ahora.

SEGUNDO:La primera cuestión que hemos de plantearnos es la referida al acto expreso de la Viceconsejera de Sanidad de fecha 14 de febrero de 2025. La recurrente no ha ampliado formalmente el recurso a este acto. Tal resolución expresa no consta formalmente notificada a la actora, pero si podemos afirmar sin duda que la conoció formalmente pues la Sala, mediante resolución de 20 de febrero pasado le dio traslado para alegaciones complementarias, que la parte formuló en fecha 21 de febrero siguiente (vid folio 164 autos).

Sobre esta primera cuestión hay que plantearse si la misma tiene o no alguna trascendencia en orden a la admisibilidad del recurso. A esta cuestión da respuesta la sentencia de 15 de junio de 2015 (RCAs 1762/2014) donde el Tribunal Supremo establece la doctrina sobre las consecuencias procesales de la no ampliación del recurso contencioso-administrativo a resoluciones expresas, haciendo un estudio detallado de la evolución normativa reguladora del silencio administrativo e interpretando la regulación actual.

En aquel supuesto, la sentencia de instancia declaraba la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por pérdida sobrevenida de objeto, al haberse dictado después de la interposición de dicho recurso resolución expresa del recurso de alzada por el TEAC que devino firme y consentida al no haber sido objeto de impugnación mediante la ampliación del recurso contencioso-administrativo. El Tribunal Supremo casó y anuló dicha sentencia porque entendió que no era conforme a Derecho su doctrina en cuanto que, sin la suficiente matización, asocia la pérdida sobrevenida de objeto del proceso, iniciado frente a la desestimación presunta por silencio administrativo, a la falta de ampliación de la impugnación a la posterior resolución expresa por la Administración.

Según la sentencia "El art. 36.1 Ley 29/1998 utiliza el término "podrá", dándole el sentido de que la ampliación del recurso no es necesaria como ha entendido la jurisprudencia de esta Sala salvo en los casos en los que el acuerdo tardío y expreso modifique el presumido por silencio; en esos casos la ampliación sí es una carga de la parte recurrente. Pero, conforme a los más recientes pronunciamientos, hay que entender que la ampliación del recurso es facultativa y no necesaria cuando la pretensión mantiene su virtualidad impugnatoria a pesar de la resolución tardía. En ese caso, la entidad puede entender legítimamente que la resolución tardía no afecta al objeto esencial de su recurso, esto es, no priva de virtualidad a la pretensión formulada en el proceso frente a la inicial desestimación por silencio administrativo".

El Tribunal Supremo entiende que la literalidad del artículo 36 apartado 4 de la Ley 29/1998 permite entender que la opción por el desistimiento y la ulterior promoción de una nueva acción procesal, que ofrece al recurrente el citado precepto, parte del presupuesto de que la decisión expresa retrasada modifique o altere el contenido desestimatorio del silencio. Así, si se autoriza al actor a desistir con fundamento en la aceptación de la resolución expresa es porque su contenido es distinto (parcialmente estimatorio) del puramente negativo del silencio, supuesto en el que la lógica impone apartarse del proceso y, en su caso, proponer uno nuevo o, si se elige la otra solución, la ampliación, entendiéndose sustituida la decisión negativa presunta por la nueva resolución expresa. Ahora bien, tal exigencia resulta superflua cuando la explícita resolución intempestiva es totalmente desestimatoria y, por consiguiente, viene a reproducir el contenido negativo del silencio, si bien con motivación.

Este criterio sobre el carácter potestativo de la ampliación del objetodel recurso ha sido reiterado en numerosos pronunciamientos cuales las sentencias de 4 de febrero de 2016 ( RCAs 2682/2014), 4 de abril de 2016 ( RCAs 811/2014) y 3 de noviembre de 2016 ( RCAs 130/2013), así como el ATS de 6 de febrero de 2017 (RCAs 1168/2016), donde consagra la existencia de una ampliación tácita del objeto del recurso al acto expreso posteriormente dictado.

TERCERO:Conexo también con la Orden de la Viceconsejera de Sanidad de fecha 14 de febrero de 2025 se queja la recurrente, tanto en el escrito de fecha 4 de mayo de 2024 y en el de 21 de febrero de 2025, del carácter extemporáneo de esas ampliaciones del expediente, que considera completamente improcedentes.

La Administración tiene el deber, exigido por el art. 21 de la Ley 29/2015, de 1 de octubre, y de hecho la propia LPAC prevé en el art. 24.3. b) la posibilidad de que la Administración resuelva extemporáneamente sin sujeción al silencio negativo. Igualmente, tal posibilidad está prevista en el art. 36.1 de la LJC-A, que hemos invocado más arriba. Nada hay, en nuestro caso, inconveniente alguno para que la Administración pueda resolver una vez iniciado el procedimiento contencioso-administrativo. Solo hay un supuesto en que la Administración debe de abstenerse, cuál es la existencia de un procedimiento administrativo sancionador, que no es el caso tal y como establece el art. 2 del Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna norma que obligue a la Administración a abstenerse de pronunciarse una vez iniciado el procedimiento judicial. Es cierto que el Consejo de Estado en ocasiones (vid Dictamen con número de expediente 873/2001, de 25 de abril de 2001 y Dictamen con número de expediente 3242/2003, de 11 de diciembre de 2003) en los que ha sostenido la imposibilidad de pronunciarse el propio Consejo una vez iniciado el procedimiento judicial. Probablemente debería ser un criterio de lege ferendala imposibilidad de pronunciamiento de la Administración en supuestos como el de autos, sin embargo, como hemos visto la legislación no prohíbe la dualidad de procedimientos -administrativo y judicial-, con lo que no vemos inconveniente alguno en que la Administración haya continuado con el procedimiento hasta su conclusión con la resolución en fecha 14 de febrero pasado, a la que antes nos referíamos.

CUARTO:En la demanda la recurrente nos relata cómo la misma, en fecha 15 de mayo de 2021 sufrió un accidente con una valla metálica que le causó una herida profunda en la cara anterior de su muñeca derecha. Acudió de inmediato al Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, en lo sucesivo HUSO, donde fue atendida en el servicio de urgencias. Sostiene que los facultativos que la atendieron colocaron una serie de grapas para cerrar la herida que tenía forma de V, afirmando la representación de la recurrente que las grapas se colocaron de un modo negligente, generando, como consecuencia de ello, una serie de lesiones tanto de carácter estético como funcional, habiéndosele causado limitaciones referidas a la movilidad y sensibilidad de dicho miembro. Aporta una imagen de cómo fueron colocadas las grapas, apreciándose como las mismas se encuentran superpuestas unas con otras, colocación que el informe pericial que aporta califica de "aberrante". A la luz de dicho informe describe los dolores y las secuelas que la recurrente padece que describe como "zona de hiperalgesia al roce de la cicatriz con disestesias que sigue en el trayecto del nervio cubital (C8) en el borde interno del canto de la mano y el cuarto y quinto dedo, con prueba Tinnel positivca, así como una clara e inequívoca atrofia de la eminencia hipotenar [zona anatómica de la palma de la mano en la que se encuentran los músculos, en su mayor parte, que movilizan al quinto dedo (meñique)]. Sostiene que la recurrente no puede realizar la extensión normal del quinto dedo de su mano derecha y que, además, "tiene una pérdida de movilidad, en la muñeca derecha a pesar del tratamiento rehabilitador llevado a cabo durante bastante sesiones así como esa herida en forma de V , de aspecto todavía rojizo, que deja una clara marca antiestética, de aspecto geográfica en el interior de la cicatriz que no debía de haberse producido de haberse llevado una sutura de forma adecuada y lógica para este tipo de lesión. Evidentemente, la línea cicatricial no guarda relación alguna con el tratamiento llevado a cabo y sería un perjuicio estético derivado directamente de la propia herida sufrida pero no así, la zona de peor aspecto estético en cara anterior con esa coloración tan diferente a la piel circundante. (...) La movilidad de la muñeca está limitada en prácticamente todos los arcos, tal y como recogemos en la tabla 1 debajo de estas líneas, comparándola con la movilidad de su muñeca izquierda colateral y sana. [...] Persiste también claro está, esa alteración de la sensibilidad junto con las disestesias que siguen el trayecto el nervio cubital con una prueba de Tinel positiva y, debemos hacer mención también a que no pudo realizar prácticamente ninguna actividad normalizada de sobrecarga, repetición o carga de peso, incluso liviano, con su mano derecha hasta el mes de noviembre de 2021 debido a la sintomatología dolorosa y a la pérdida funcional que presentaba." La estabilización y sanación de las heridas y secuelas sufridas por la recurrente duraron hasta el día 10 de enero de 2022, fecha en la cual finalmente le dieron el alta médica.

En orden a la fundamentación jurídica se refiere al incumplimiento de la lex artis ad hoc, para lo cual se refiere al informe pericial del Perito Dr. D. Cipriano, que considera que la actuación de los facultativos que atendieron a la recurrente no fue diligente, señalando:

"El resultado inicial nada más colocarle las grapas o agrafes en la cara anterior del antebrazo es malo (pueden observarse claramente bordes no coaptados, presión marcada bajo la piel por la introducción de las grapas de forma profunda que pueden provocar incluso lesiones neurológicas, vasculares o tendinosas y mala alineación de la zona más aguda de la herida -zona incluso en la que se aprecia ya un claro sufrimiento cutáneo con coloración oscura de la piel, lo que denota una mala viabilidad del fragmento). Vemos que las grapas no están situadas ni colocadas de forma adecuada, algunas pasan por encima de otras, están separadas demasiados centímetros y no aproximan los bordes de forma adecuada. En ambas figuras se aprecian hematomas que probablemente se causaron, al menos en parte, por la cruenta colocación de las grapas que provocaron un sangrado interno, bajo la piel, claramente visible."

"Como consecuencia de esa mala actuación médica inicial y, sobre todo por la colocación aberrante de dichas estructuras, totalmente inapropiada, no dejó de quejarse de un dolor intenso y además de alteraciones de la sensibilidad que, por otra parte, nunca se exploraron. En la figura cuatro vemos el aspecto de la herida quirúrgica todavía con las grapas colocadas, con un aspecto necrótico de la piel central, de color grisáceo o incluso negruzco, que a la larga ha provocado un enlentecimiento excesivo de la cicatrización, la necesidad de realizar fisioterapia y un sufrimiento extremo para la paciente.

"Podríamos resumir este apartado indicando que existe nexo de causalidad cierto, directo y total entre la asistencia recibida por el Sra. Carlota, en el Hospital Severo Ochoa de Leganés el pasado 1/05/2021, claramente negligente según todas las publicaciones y nuestra propia experiencia personal de más de 30 años en los servicios de urgencias y la situación actual con un daño estético inapropiado y también con daño funcional que nunca debiera haberse producido, al haberse incumplido los criterios de atención, diligencia, pericia y cautela asistencial exigibles.".

Tras ello realiza una petición total de 51621,61 €,que desglosa en las siguientes partidas:

a)Por lesiones temporales: 11559,53 €,de los cuales 2204,97 son días de perjuicio básico y los restantes 9354,56 de perjuicio moderado.

b)Por secuelas que el perito atribuye en 20 puntos, habida cuenta la edad de la recurrente ascienden a la cantidad de 29.526,60 €.

c)Por perjuicio personal particular, por pérdida de calidad de vida de carácter leve la suma de 10.534,48 €.

QUINTO:Por su parte, la representación de la Comunidad de Madrid, tras negar los hechos de la demanda, se refiere al informe obrante en el expediente administrativo redactado por el Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología de 23 de febrero de 2023 (cfr. folios 52 y ss del ea), señalando lo que transcribe:

"En cuanto al tratamiento realizado:

- En el tratamiento realizado de la herida, se han seguido los procedimientos adecuados según indica la lex artis.

- Se procedió a realizarle lavado con suero fisiológico y desinfección de la herida con clorhexidina.

- A continuación, se procedió a explorar el fondo de la herida, no apreciándose lesiones tendinosas ni vasculonerviosas. No existía tampoco afectación de la fascia antibraquial.

- Se procedió al cierre de la herida de la piel con grapas quirúrgicas.

- A alta se le dieron las indicaciones necesarias para el seguimiento de la herida y se le prescribió la medicación analgésica habitual.

En cuanto a la evolución:

- A la paciente se le indicó que debía seguir con revisiones en su centro de salud, por lo que no ha suido en nuestras consultas.

- Según consta en el Informe de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal del 17 de mayo de 2021, la paciente acude para verificar que la herida estaba en correcto estado. En dicho informe se confirma la existencia de una herida en la cara distal del antebrazo derecho, no existiendo eritema, ni signos de infección. La exploración de la sensibilidad estaba conservada y la función motora de los nervios radal, mediano y cubital conservados. Se le recomienda continuar con el tratamiento realizado y que acuda en 7n días para retirar grapas.

- En la asistencia prestada cuando ha acudido a las Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Octubre tres días después y no se aprecia déficit neurológico ni vascular, así como una buena evolución de la herida.

- Posteriormente el 10 de septiembre de 2021, fue valorada en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal, donde se le diagnostica "Alodinia e hiperalgesia en región cicatricial", descartándose lesión tendinosa y neurovascular.

- La alodinia y la hiperalgesia son dos de los síntomas evocados características del dolor neuropático, un tipo de dolor provocado por una alteración en el procesamiento de las señales nerviosas en el sistema nervioso central o periférico.

- El dolor neuropático se caracteriza por no guardar relación temporal ni causal con la lesión inicial y por presentar una respuesta al tratamiento variable para un mismo cuadro e igual tratamiento."

Por todo lo anterior considera que la asistencia dispensada a la recurrente en el HUSO fue adecuada y conforme con la lex artis.

SEXTO:La codemandada Relyens Mutual Insurance, tras analizar la construcción jurídico dogmática de la responsabilidad patrimonial, señala que en el caso de la recurrente no se dan los elementos necesarios para atribuir responsabilidad a la Administración.

Toda vez que los daños que son objeto de reclamación por la recurrente no derivan de

una supuesta deficiente asistencia sanitaria no acreditada sino de la propia herida sufrida por la paciente, al haberse cortado accidentalmente con una valla metálica, pues la alodinia y la hiperestesia son complicaciones habituales de las heridas que no tienen relación con los tipos de sutura si no con los trazos de la herida y la sección de las terminaciones nerviosas que proporcionan la sensibilidad a la piel. Así lo expresa la conclusión del informe pericial que aporta confeccionado por el Dr. D. Eulalio, que afirma:

«Por consiguiente, tenemos que considerar que la evolución y las secuelas que presenta la paciente no son debidas a una incorrecta actuación médica ni al tipo de sutura utilizada, si no a las características propias de este tipo de heridas por traumatismo que son heridas con un componente de contusión importante.»

Por otra parte, considera la codemandada que no existe el requisito de antijuridicidad del daño padecido, que la recurrente atribuye a la mala praxis en el tratamiento de la herida sufrida, consecuencia de la cual misma afirma haber sufrido múltiples, intensos e innecesarios dolores en la zona afectada, presentando la misma importantes secuelas y daños en su mano

derecha, habiendo además perdido cualitativamente una parte importante de la movilidad y sensibilidad de la misma. Señala como dichos daños, tal y como hemos expuesto anteriormente, no derivan de la supuesta mala praxis alegada de contrario, sino de la propia patología de la paciente, pues la asistencia prestada fue correcta y ajustada a las guías clínicas.

Expresa como la paciente de 24 años de edad, sufrió un traumatismo con una valla metálica, produciéndose una herida en el antebrazo derecho, que es atendida en Urgencias del H. Severo Ochoa, en el cual:

- Se realiza exploración clínica que no revela déficits funcionales, es decir, no presenta clínica de alteraciones de la sensibilidad ni de vascularización, ni de movilidad.

- Se realiza lavado exhaustivo de la herida con suero fisiológico y se hace una exploración profunda de la herida descartando que hubiera lesiones de tendones, nervios o grandes vasos. Tampoco se apreció rotura de la fascia.

Indica cómo se trataba de una herida superficial que solo afecta a las capas de la piel dada la localización en la cara volar del tercio distal del antebrazo, el tejido celular subcutáneo es prácticamente inexistente. Por ello, solo procede realizar una sutura de la piel, eligiéndose una sutura mecánica con grapas de acero, lo cual es una elección correcta ya que solo se pretendía aproximar los bordes de la herida y no había ninguna necesidad de suturar planos profundos. Señala también como la herida tenía forma V, pero con un ángulo de más de 90º por lo que no se podía considerar este hecho como un factor de riesgo. La paciente siguió un proceso de cicatrización, ligeramente tórpido, pero en ninguna de las revisiones de la herida se constató infección. Señalando como se trataba una herida inciso - contusa, es decir no eran bordes limpios como los que se producen por un corte con algo afilado. El proceso de cicatrización evolucionó y se produjo un cierre completo de la herida.

Reseña como en todas las revisiones que se hicieron a la recurrente nunca se reflejó existencia de dolor indicándose como la movilidad y fuerza normales. Ni en la exploración inicial -clínica y quirúrgica- ni en ninguna de las revisiones realizadas posteriormente se detectó ninguna sintomatología que hiciera sospechar una afectación del nervio cubital. Si se hubiera sospechado se habría hecho un estudio con electromiograma para diagnosticarla. En ninguna de las revisiones se hace constar pérdida de fuerza en el territorio cubital.

Posteriormente en el informe del Centro de Rehabilitación se hace constar que la paciente padecía alodinia e hiperalgesia en la zona cicatricial, así como cicatriz adherida. Tanto la alodinia, la hiperalgesia y la adherencia, son "complicaciones" clásicas de cualquier cicatriz independientemente de si la lesión cutánea no se suturó, o se suturó con cualquier técnica, es debido a la sección de las microscópicas ramas nerviosas que proporcionan sensibilidad a la piel y que, por supuesto no son suturables, ni se puede hacer nada para prevenirlo cuando se trata de heridas accidentales.

Tras transcribir parte del informe del Jefe del Servicio de Traumatología al que nos hemos referido en el fundamento anterior, reseña las conclusiones del informe pericial del Dr. D. Eulalio, expresando lo siguiente:

- La actuación inicial en el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa fue correcta y se aplicaron de forma impecable los protocolos de actuación en este tipo de patologías.

- La utilización de una sutura mecánica en este caso fue una decisión correcta ya que no hay tejido celular subcutáneo.

- La angulación del trazo de la herida no es un factor de riesgo en este caso ya que era un ángulo muy superior a 90º.

- La evolución tórpida fue debida a que la herida además de incisa era contusa y en estas circunstancias la cicatrización es más lenta.

- Las grapas metálicas no son causa de una mala evolución, es más en estas circunstancias la utilización de hilos podría haber sido peor, por la reacción tisular que se hubiera producido.

- La Alodinia y la hiperestesia son complicaciones habituales de las heridas que no tienen relación con los tipos de sutura si no con los trazos de la herida y la sección de las terminaciones nerviosas que proporcionan la sensibilidad a la piel.

- En ninguna parte de la documentación clínica examinada se hace referencia a sintomatología de afectación del nervio cubital.

- Por consiguiente, tenemos que considerar que la evolución y las secuelas que presenta la paciente no son debidas a una incorrecta actuación médica ni al tipo de sutura utilizada, si no a las características propias de este tipo de heridas por traumatismo que son heridas con un componente de contusión importante.

Concluyendo, finalmente, en la procedencia de la desestimación de la demanda, al ser ajustada y correcta la asistencia dispensada a la recurrente, no pudiendo establecerse una relación causal directa entre los daños reclamados y la asistencia prestada, toda vez que los daños derivan de la propia herida sufrida por la paciente.

SEPTIMO:Antes de avanzar en el análisis de las cuestiones debatidas en autos, resulta necesario que la Sala realice un relato de los hechos que afectan al presente procedimiento.

La recurrente, Carlota, tenía 23 años de edad cuando ocurrieron los hechos objeto de este procedimiento, acudió a Urgencias del HUSO el día 14 de mayo de 2021, a las 21:53 horas por una herida en la muñeca derecha, tras un corte sufrido esa misma tarde. La exploración física reseña herida inciso-contusa de 5-6 cm de diámetro aproximado en región volar de 1/3 distal de antebrazo. La herida presenta bordes irregulares y sangrado. Balance articular, tendones flexores y exploración neurovascular distal, sin alteraciones.

Tras lavado y desinfección, se cierra con grapas. El tratamiento, reposo relativo, y cura en su centro de salud en 48-72 horas; analgesia y en 10-15 días retirada de las grapas. Alta a domicilio (cfr. folios 50 y 51 ea).

El 17 de mayo, acude por primera vez a su centro de salud, abriéndose episodio de "herida abierta", "se encuentra sutura blanda y sin inflamación ni sangrado activo". Se pauta analgesia. Ese mismo día 17 de mayo, por la tarde, acude a Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal (en lo sucesivo, HURyC) para revisión de la herida. En la exploración, herida de unos 4 cm en la cara interna distal de antebrazo derecho, no eritema ni calor, ni signos de infección. Se anota "sensibilidad conservada y función motora conservada de nervio radial, mediano y cubital". Alta la misma tarde, con recomendación de continuar tratamiento y retirada de grapas en 7 días (vid folios 13 y 14 ea).

A partir del día 19 de mayo, la recurrente acude a las curas de enfermería a su centro de salud; el 24 de mayo le retiran las grapas. El día 26 figura "buena evolución". El día 27 se anota "prácticamente cerrada" y el día 31, el comentario del cuidado de la herida es resuelta. El 5 de julio de 2021, vuelve a su centro de salud refiriendo pérdida de fuerza, con disminución del arco de flexión palmar, cicatriz de 4 cm en la cara interna distal del antebrazo derecho sobre cicatriz previa. No se refiere complicación nerviosa ni tendinosa. Se efectúa interconsulta al Servicio de Rehabilitación del HURyC.

El 29 de julio, la paciente acude a dicho servicio (vid folios 58 y 59 ea) manifestando que nota sensación de tirantez en la zona de cicatriz. Exploración física: "NO déficit de fuerza, NO dolor a elongación o resistir flexores de la mano. Zona Central de cicatriz adherida. PLAN: Pauto TO (terapia ocupacional) para despegamiento de la cicatriz y revisión posterior".

La primera consulta de rehabilitación en el centro asociado al HURyC es el 14 de septiembre de 2021 (folios 17 y 18 ea), en la que figura anotado "descartan lesiones tendinosas. No afectación de paquete vasculo-nervioso. Ahora no dolor. Déficit de movilidad en flexión dorsal. Sensación de tirantez asociada. Alodinia e hiperalgesia en la región de la cicatriz". Se pauta un tratamiento específico de terapia ocupacional con electroterapia, masoterapia y potenciar musculatura. No constan en el expediente más informes de dicho centro.

El 11 de noviembre de 2021, la paciente acude a consulta en el Servicio de Rehabilitación del HURyC: "ha realizado tratamiento mediante estiramiento de cicatriz y despegamiento con buen resultado. Persiste dolor y sensación de tirantez, piel no adherida. Balance articular: codo muñeca y mano completo. Se le pautó continuar tratamiento con TO para el despegamiento de la cicatriz que debe terminar y alta. Continuar con ejercicios en casa" (cfr. folios 58 y 59). Acude por última vez al citado servicio de Rehabilitación del HURyC el 10 de mayo de 2023.

OCTAVO:Conviene recordar ahora que el artículo 106.2 de la Constitución Española proclama la responsabilidad patrimonial de la Administración, al disponer que:

"Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

En concordancia con la norma constitucional el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, disponía:

"Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

El artículo 32.1 y 2 y el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, vigente en el momento de prestación de la asistencia sanitaria objeto de este proceso, disponen, a su vez:

"Artículo 32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

.../...

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

"Artículo 34. Indemnización.

1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

.../...

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado".

La doctrina jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración recogida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2012 y de 29 de julio de 2013, exige para que la misma se produzca que concurran los siguientes requisitos:

1º.-Un hecho imputable a la Administración, bastando con acreditar que el daño se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

2º.-Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar.

El daño o perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de marzo de 2011, con cita de la de 1 de julio de 2009, declara que

" no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa".

Y añade que, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2007,

"la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido". Finalmente, insiste en que "es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público ( Sentencias, entre otras, de 21 de marzo , 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995 , 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999 )".

3º.-Relación de causalidad entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido.

Se ha de señalar que el concepto de relación causal se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final, como presupuesto o "conditio sine qua non", esto es, como acto o hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del anterior, aunque es necesario además que resulte normalmente idóneo para determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso, hasta alcanzar la categoría de causa adecuada, eficiente y verdadera del daño ( sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 y de 16 de febrero de 1999, entre otras).

4º.-Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

5º.-Que el derecho a reclamar no haya prescrito, lo que acontece al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, si bien, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, dicho plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

También es doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que esa responsabilidad patrimonial es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, aunque es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, dado que no es posible constituir a la Administración en aseguradora universal ( sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2011 y 14 de noviembre de 2011, entre otras).

NOVENO:En interpretación de esta normativa en asuntos de reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de asistencia sanitaria, la doctrina jurisprudencial -por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2008- tiene declarado que

"(...) el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial no impide que, para su exigencia, como señala la sentencia de 7 de febrero de 2006, sea imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. A tal efecto, la jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, lo que supondría convertir a la Administración en aseguradora universal de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, siendo necesario, por el contrario, que esos daños sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración ( Ss. 14-10-2003 y 13-11-1997). La concepción del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial que se mantiene por la parte recurrente no se corresponde con la indicada doctrina de esta Sala y la que se recoge en la sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988, 29 mayo 1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual: "esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar" (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30- 10-2003)".

Se ha de precisar que, cuando se trata de reclamaciones derivadas de actuaciones sanitarias, la doctrina jurisprudencial viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la "lex artis"como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente, de manera que, si el servicio sanitario o médico se prestó correctamente y de acuerdo con el estado del saber y de los medios disponibles, la lesión causada no constituiría un daño antijurídico - sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2002, con cita de la de 22 de diciembre de 2001-.

En este sentido, en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2012 se declaraba:

"(...) debemos insistir en que, frente al principio de responsabilidad objetiva interpretado radicalmente y que convertiría a la Administración sanitaria en aseguradora del resultado positivo y, en definitiva, obligada a curar todos las dolencias, la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, pero, en ningún caso, garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales; conforme con este entendimiento del régimen legal de la responsabilidad patrimonial, en modo alguno puede deducirse la existencia de responsabilidad por toda actuación médica que tenga relación causal con una lesión y no concurra ningún supuesto de fuerza mayor, sino que ésta deriva de la, en su caso, inadecuada prestación de los medios razonablemente exigibles (así Sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 2.009, recurso 9.484/2.004, con cita de las de 20 de junio de 2.007 y 11 de julio del mismo año).

Con esto queremos decir que la nota de objetividad de la responsabilidad de las Administraciones Públicas no significa que esté basada en la simple producción del daño, pues además este debe ser antijurídico, en el sentido que no deban tener obligación de soportarlo los perjudicados por no haber podido ser evitado con la aplicación de las técnicas sanitarias conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en dicho momento, por lo que únicamente cabe considerar antijurídica la lesión que traiga causa en una auténtica infracción de la lex artis (...)".

También la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2015 (recurso de casación nº 2099/2013) declaraba que:

"...no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente ", por lo que " si no es posible atribuir la lesión o secuelas a una o varias infracciones de la lex artis , no cabe apreciar la infracción que se articula por muy triste que sea el resultado producido" ya que " la ciencia médica es limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos una respuesta coherente a los diferentes fenómenos que se producen y que a pesar de los avances siguen evidenciando la falta de respuesta lógica y justificada de los resultados".

DECIMO:Hemos de recordar la importancia que tiene lo dispuesto en las leyes procesales respecto a la carga de la prueba, y así, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , corresponde al demandante " la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda ", y corresponde al demandado " la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior". Las precitadas reglas generales se matizan en el apartado 7 del precepto citado, en el sentido de que se " deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio".

La Jurisprudencia ( STS de 7 de septiembre y 18 de octubre de 2005 , de 9 de diciembre de 2008 , de 30 de septiembre , 22 de octubre , 24 de noviembre , y 18 y 23 de diciembre de 2009 , y las que en ellas se citan) han precisado el alcance de las anteriores normas sobre la carga probatoria en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria a la luz del principio de facilidad probatoria, en el sentido de que compete al recurrente la prueba del daño antijurídico y del nexo y de la relación de causalidad entre éste y el acto generador de la responsabilidad, de forma que, no habiéndose producido esa prueba no existe responsabilidad administrativa, si bien tales exigencias deben moderarse, en aplicación del principio de facilidad de la prueba, tomando en consideración las dificultades que en cada caso concreto haya encontrado el recurrente para cumplir con la carga probatoria que le incumbe debido a que la Administración es la parte que dispone del expediente administrativo.

Y, finalmente, como es sabido, por haber sido reiterado en numerosas sentencias que se han dictado acerca de cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial sanitaria, resulta necesario acudir a los informes técnicos que suministran al Tribunal los conocimientos necesarios, de carácter técnico-médico, para resolver las cuestiones debatidas. Y, también es sabido que las alegaciones sobre negligencia médica deben acreditarse con medios probatorios idóneos, como son las pruebas periciales médicas, pues estamos ante una cuestión eminentemente técnica y este Tribunal carece de los conocimientos técnicos-médicos necesarios, por lo que debe apoyarse en las pruebas periciales que figuren en los autos, bien porque las partes hayan aportado informes del perito de su elección al que hayan acudido o bien porque se hubiera solicitado la designación judicial de un perito a fin de que informe al Tribunal sobre los extremos solicitados. En estos casos, los órganos judiciales vienen obligados a decidir con tales medios de prueba empleando la lógica y el buen sentido o sana crítica con el fin de zanjar el conflicto planteado.

En estos casos es procedente un análisis crítico de los mismos, dándose preponderancia a aquellos informes valorativos de la praxis médica que, describiendo correctamente los hechos, los datos y fuentes de la información, están revestidos de mayor imparcialidad, objetividad e independencia y cuyas afirmaciones o conclusiones vengan dotadas de una mayor explicación racional y coherencia interna, asumiendo parámetros de calidad asentados por la comunidad científica, con referencia a protocolos que sean de aplicación al caso y estadísticas médicas relacionadas con el mismo. También se acostumbra a dar preferencia a aquellos dictámenes emitidos por facultativos especialistas en la materia, o bien con mayor experiencia práctica en la misma. Y en determinados asuntos, a aquéllos elaborados por funcionarios públicos u organismos oficiales en el ejercicio de su cargo y a los emitidos por sociedades científicas que gozan de prestigio en la materia sobre la que versa el dictamen.

DECIMOPRIMERO:Veamos pues, el resultado valorativo que ofrecen cada uno de estos elementos probatorios que obran en el procedimiento. Hemos de recordar a este respecto, como el art. 348 de la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero establece la valoración de los dictámenes periciales "según las reglas de la sana crítica",lo que significa que las conclusiones de los peritos deben ser examinadas depurando sus razonamientos ( sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1988), ponderándose atendiendo a su fuerza convincente ( sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1989, 3 de octubre de 1990 o 31 de mayo y 5 de junio de 1991, análoga de 30 de junio de 1994), y es que la prueba pericial no es una prueba tasada, sino de libre apreciación por el Tribunal según las reglas de la sana crítica ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1991)

Pues bien, la representación de la recurrente sostiene que la sutura con grapas, que fue la técnica empleada por el HUSO, está desaconsejada en manos y cara, y, además que dichas grapas se colocaron mal, de lo que deriva la lesión del nervio cubital que dice padecer. Al respecto hemos de señalar, primeramente, que no se ha demostrado la relación causal de la sutura con la supuesta lesión nerviosa. Es especialmente relevante notar a este respecto que la primera manifestación de limitación del movimiento de flexión palmar es el 5 de julio de 2021, esto es 35 días después de la retirada de las grapas, ello nos hace pensar, como sostiene la Inspección Médica y el Dr. Eulalio, en una complicación propia de los procesos cicatriciales. Nunca se tuvo la sospecha de una afectación nerviosa del nervio cubital, pues la alodinia, la hiperalgesia y las adherencias son complicaciones propias del proceso cicatricial con independencia de la técnica de sutura que se utilice, esto es con sutura con hilos o con sutura con grapas, como se utilizó el caso de la recurrente.

Es más, el Dr. Eulalio, quien nos ha referido su amplia experiencia en urgencias hospitalarias y en suturas, cosa que no ha hecho el Dr. Cipriano, nos ha expresado como la sutura con grapa es una elección correcta y adecuada en una lesión como que tenía la recurrente, sin que exista esa supuesta limitación para la utilización de esa técnica de sutura en las manos.

Igualmente, la Inspección Médica y el Dr. Eulalio nos dicen que esas complicaciones padecidas por la actora se habrían padecido , muy probablemente, si se hubiese utilizado una sutura con seda , pues las mismas no dependían de la técnica empleada, sino de la propia herida causada accidentalmente, pues tanto la alodinia como la hiperalgesia no guardan relación con la sutura sino con la propia herida y las terminaciones nerviosas que existen debajo de la piel y no se pueden, lógicamente, suturar, por ello, el tratamiento dispensado nos parece que fue el adecuado para una herida de la naturaleza y características que padeció la recurrente, con unos bordes no limpios, que era necesario suturar.

DECIMOSEGUNDO:Pues bien, con estos elementos fácticos, que no han sido desvirtuados por la actora no podemos concluir en modo alguno, que exista responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.

En efecto, llegados a este punto, y valorando estos elementos, no podemos olvidar como la jurisprudencia tiene dicho respecto de la responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria el Tribunal Supremo (sentencia de la Sala Tercera, Sección 4ª, de 30 de abril de 2013, recurso 2989/2012 ) dice que

"la jurisprudencia de esta Sala utiliza el criterio de la lex artiscomo delimitador de la normalidad de la asistencia sanitaria; así la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2011 (Rec. 3536/2007) cuando habla, citando otras sentencias anteriores, de que la responsabilidad de las administraciones públicas, de talante objetivo porque se focaliza en el resultado antijurídico (el perjudicado no está obligado a soportar el daño) en lugar de en la índole de la actuación administrativa se modula en el ámbito de las prestaciones médicas, de modo que a los servicios públicos de salud no se les puede exigir más que ejecuten correctamente y a tiempo las técnicas vigentes en función del conocimiento de la práctica sanitaria. Se trata, pues, de una obligación de medios, por lo que sólo cabe sancionar su indebida aplicación, sin que, en ningún caso, pueda exigirse la curación del paciente."

Se configura así la asistencia sanitaria como una prestación de medios por lo que ha de atenderse a sí, efectivamente, fueron utilizados los medios materiales y humanos adecuados a la situación.

Igualmente las Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de enero y 1 de febrero de 2008 , con cita de otras anteriores como las de 7 y 20 de marzo , 12 de julio y 10 de octubre de 2007 , dicen que

"(...) a la Administración no le es exigible nada más que la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficioso para el paciente",insistiendo la Sentencia de 11 de julio de 2007 en que " a la Administración sanitaria pública no cabe exigirle otra prestación que la de los medios disponibles por la ciencia médica en el momento histórico en que se produce su actuación, lo que impide un reconocimiento tan amplio de la responsabilidad objetiva que conduzca a la obtención de una indemnización aun en el supuesto de que se hubiera actuado con una correcta praxis médica por el hecho de no obtener curación, puesto que lo contrario sería tanto como admitir una especie de consideración de la Administración como una aseguradora de todo resultado sanitario contrarios a la salud de la actora, cualquiera que sea la posibilidad de curación admitida por la ciencia médica cuando se produce la actuación sanitaria.

Por el contrario, y partiendo de que lo que cabe exigir de la Administración sanitaria es una correcta aportación de los medios puestos a disposición de la ciencia en el momento en que se produce la prestación de la asistencia sanitaria pública, es lo cierto que no existiendo una mala praxis médica no existe responsabilidad de la Administración y, en definitiva, el paciente o sus familiares están obligados a sufrir las consecuencias de dicha actuación al carecer la misma del carácter antijurídico, que, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.3 de la Ley 30/92, es exigible como requisito imprescindible para el reconocimiento de responsabilidad de la Administración".

Más recientemente, los principios que rigen la responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito sanitario, se recogen, entre otras muchas, en la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2015 de la que podemos destacar el siguiente tenor:

"En relación con la responsabilidad patrimonial derivada de la actuación médica o sanitaria, ha señalado este Tribunal con reiteración (por todas, sentencias de 21 de diciembre de 2012, dictada en el recurso de casación núm. 4229/2011 , y 4 de julio de 2013, recaída en el recurso de casación núm. 2187/2010 ) que " no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente", por lo que " si no es posible atribuir la lesión o secuelas a una o varias infracciones de la lex artis , no cabe apreciar la infracción que se articula por muy triste que sea el resultado producido" ya que " la ciencia médica es limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos una respuesta coherente a los diferentes fenómenos que se producen y que a pesar de los avances siguen evidenciando la falta de respuesta lógica y justificada de los resultados ".

Pues bien, de todo lo que hemos dicho y con los elementos que se han valorado por la Sala, podemos concluir que, en nuestro caso, la Administración demandada dispuso de los medios y tratamientos necesarios para procurar la curación de la paciente, sin que se le pueda a la misma imputar causalmente, como hemos concluido valorando los informes obrantes en autos, pese a la insatisfactoria evolución de la recurrente, no hay elemento alguno que permita inferir una vulneración de la lex artis ad hoc,en la atención dispensada a Dª Carlota.

Todo lo anterior nos lleva a la desestimación del presente recurso formulado por la representación procesal de Dª Carlota contra la Orden nº 203/25 de la Sra. Viceconsejera de Sanidad de fecha 14 de febrero de 2025 por la que se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en fecha 9 de enero de 2023 como consecuencia de lo que la misma considera una deficiente asistencia médica dispensada en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés al serle suturada una herida en la cara anterior de la muñeca derecha, resolución que por no ser contraria a derecho debemos confirmar.

y DECIMOTERCERO:El art. 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece en su primer párrafo:

"En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho."

Por su parte, el art. 139.4 del mismo Texto Legal, en su redacción vigente en el momento de la interposición del recurso, dispone:

"La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima."

En el presente caso se imponen las costas a la recurrente, al haber visto rechazadas todas sus pretensiones y no apreciar la Sala que existan serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, se limita el importe máximo que podrá reclamarse por todas las partes y todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a la suma de MIL QUINIENTOS (1500) euros.

V I S T O Slos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del S.M. el Rey, y, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,