Sentencia Contencioso-Administrativo 78/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 149/2022 de 11 de abril del 2025

Primero.- Impugna la parte actora la Sentencia número 77/2022 de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº UNO de Albacete, en el Procedimiento Ordinario 209/2021, por la que se desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la apelante frente a la resolución N° 811 de 30 de marzo de 2021 de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por OHL contra la liquidación del ICIO y de la Tasa por licencias urbanísticas propuesta por la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Albacete en relación con el contrato administrativo de obras de Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Expresa la sentencia apelada que "Consta en el expediente administrativo que el día 15 de abril de 2011, se concedió al SESCAM (Exp.1276/2009) Licencia de Obras para la ampliación y reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, en base al estudio de detalle que se aprobó por la Corporación el día 29 de abril de 2010, con un plazo de ejecución de 60 meses. EN SEPTIEMBRE DE 2017, SE SUSPENDIERON estas obras por resolución de contrato con la constructora, habiéndose ejecutado sólo un 5,70% de la obra. Así las cosas, 12 de noviembre de 2019, mediante escrito presentado por el Servicio de Salud de Castilla- La Mancha (SESCAM), se solicitó la REHABILITACIÓN DE LA LICENCIA para ampliación y reforma de este Hospital otorgada en fecha 26 de abril de 2011, adjuntando asimismo un proyecto de ejecución de las obras para adecuación a la normativa vigente del proyecto de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. En dicha solicitud el SESCAM recordaba que la anterior empresa constructora, liquidó ante el Ayuntamiento de Albacete la totalidad del concepto por ICIO (1.860.409,03€) y Tasas por Licencia Urbanística (121.349,41€) y solicitaba que el importe ingresado en su día, por estos conceptos, sirviera de "pago a cuenta" en el momento de la liquidación del nuevo ICIO y Tasas que se devengarán por la actualización de la licencia de Obras en base al Proyecto de Adecuación y que correrá a cargo de la adjudicataria. Tras diversos informes y completos del expediente, el día 13 de octubre de 2020 se realiza requerimiento para su abono, por estos conceptos dirigido tanto al SESCAM, en calidad de dueño de la construcción, como a la recurrente adjudicataria de las obras. A la vista de este requerimiento la recurrente solicito el recalculo de las bases imponibles de dichas tasas, en base a esta petición el día 18 de noviembre de 2020, vuelva a remitirse otro requerimiento de abono, frente a ello se vuelven a formular alegaciones y el día 27 de noviembre de 2020, la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo resuelve denegarlas.

Por todo ello, el día 1 de diciembre de 2020, la Gerencia de Urbanismo resuelve rehabilitar la licencia del año 2011, y autorizar su modificación. El 23 de diciembre de 2020 se presenta recurso de reposición que se desestima ordenando lo ya dicho anteriormente en cuanto a la práctica de liquidaciones provisionales."

Afirma que respecto de la liquidación provisional por el ICIO, y teniendo en cuenta que han transcurridos más de 8 años desde la concesión de la anterior licencia de la cual solo se ejecutó el 5,70%, tenemos que el SESCAM solicitó la rehabilitación, presentando un nuevo proyecto y adjudicando las obras a la recurrente.

Expresa que en los autos declaró doña Eloisa, arquitecta de la Gerencia, quien valora y aclara las cantidades tenidas en cuenta para calcular la base imponible del ICIO, a estos efectos indica que se trata de otro proyecto de rehabilitación con modificaciones sustanciales al primitivo, con mucha más superficie construida (más de 5.000 metros), y más de doce millones de presupuesto con una redistribución de espacios en muchas de las plantas y con nueva normativa a la que adaptar las instalaciones, que se tuvo que revisar todo el proyecto que es prácticamente nuevo y entonces se realizó la liquidación provisional a expensas de realizar la definitiva cuando terminen las obras. Que excluyo de la base imponible todo lo que entendía que eran bienes muebles pasando a explicar las partidas que entendía incluidas (las necesarias para el servicio público ambulatorio) y las excluidas (espejos de los baños, armarios de formica, ordenadores, programas informáticos etc...), explica también porque incluye partidas que el perito de OHL ha excluido, y que entiende que por normativa o por necesidad para el correcto funcionamiento del edificio, deben estar incluidas (estores para oscurecimiento de las habitaciones (obligatorios por normativa), brazos quirúrgicos, extintores, sistema de alimentación ininterrumpida etc...). Y finalmente expresa claramente que no considera correcto el criterio utilizado por los arquitectos de OHL.

Después de referirse a las reglas de la carga de la prueba expresa "En nuestro caso, son de suma importancia las pruebas aportadas y las declaraciones a las que ya hemos aludido, aunque debemos señalar que las mismas no acreditan por sí solas los hechos controvertidos de una forma irrefutable, sino que expresan el juicio o convicción de los peritos con arreglo a los antecedentes que se les han facilitado, por lo que no prevalecen necesariamente sobre otros medios de prueba, ya que no existen reglas generales preestablecidas para valorarlas, salvo la vinculación a las reglas de la sana crítica en el marco de la valoración conjunta de los medios probatorios traídos al proceso, aunque es claro que la fuerza probatoria de los dictámenes periciales reside en gran medida en la cualificación técnica de los peritos, en su fundamentación y coherencia interna, y en la independencia o lejanía de los peritos respecto a los intereses de las partes.

En el presente caso, esta Juzgadora estima que, del examen del extensísimo expediente así como de lo declarado por la arquitecto municipal, es su clara exposición la que debe prevalecer, siendo que ha explicado en términos de fácil entendimiento las razones de inclusión y exclusión de las partidas que determinan la base imponible de la liquidación provisional en concepto de ICIO."

Por otra parte, respecto de las manifestaciones recogidas en la demanda sobre la improcedencia de girar una nueva tasa por licencia urbanística, expresa que ha de recordarse que estamos ante una tasa que tiene como contraprestación la realización de una actividad municipal que es claro que en este caso se ha realizado (o vuelto a realizar), sin perjuicio de la anterior, nos encontramos como ya hemos dicho ante un proyecto prácticamente nuevo, que requiere otra vez, de dicha actividad.

Finalmente cita el contenido del artículo 167.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, LOTAU, dispone que: "Con las mismas garantías el Municipio, siempre que no proceda otra modalidad de edificación, podrá acordar la rehabilitación de la licencia caducada que, sin embargo, podrá dar lugar al cobro de las tasas correspondientes a la tramitación por concesión de licencia".

Segundo.-Expresa la parte apelante que, en primer lugar, la sentencia no se pronunciaría sobre lo pedido en relación con la improcedencia de una segunda liquidación provisional del ICIO, e incurriría en error manifiesto en la aplicación de la jurisprudencia.

Expresa que la recurrente no pretende eludir el pago del ICIO, a cuyo pago procederá a mediante el abono de la liquidación definitiva del impuesto, sosteniendo la improcedencia de una segunda liquidación provisional del mismo.

Expresa que habría mantenido en la instancia que la improcedencia de una segunda liquidación provisional del ICIO y de la Tasa, por cuanto la obra licitada, y por tanto, el hecho imponible, es esencialmente la misma que ya fuera licitada en el año 2011.

Expresa que de la jurisprudencia de nuestros Tribunales quedaría perfectamente claro que el ICIO es un impuesto que grava un único (e indivisible) hecho imponible: la obra (más concretamente su Coste de Ejecución Material). Bajo esta premisa, la jurisprudencia se ha encargado de aclarar que el hecho imponible se mantiene inalterado y desvinculado tanto de la solicitud de licencia, como de cualquier suspensión, modificación o cambio de contratista que pudiera producirse.

Con cita de alguna referencia jurisprudencial dice que, tanto el SESCAM como los propios arquitectos autores del Proyecto entienden que efectivamente se trataría, en esencia, del mismo Proyecto.

Afirma que el SESCAM, se expresó en los siguientes términos en su escrito de solicitud de Licencia: "Las obras objeto de solicitud de Licencia, se tramitaron con expediente nº 1276/2009, habiéndose concedido con fecha 26/04/2011. Se puede entender, por tanto, que el trámite actual es una Rehabilitación de dicha Licencia, dado que las obras iniciales se suspendieron en septiembre del año 2017, por resolución de contrato con la empresa constructora, pretendiéndose la continuidad de las mismas, una vez actualizado y adecuado a normativa el Proyecto original."

Que los propios autores del informe expresan, en el informe que elaboraron a requerimiento del Servicio Contra Incendios "pues el proyecto del cual se solicita ahora licencia, 9 años después, es sustancialmente el mismo, siendo de hecho su denominación "Proyecto de Adecuación a Normativa y Ampliación del Hospital de Albacete."

Sobre este extremo, la arquitecta municipal, contra todos, discreparía tanto con el Órgano de Contratación (SESCAM), como con los propios autores del Proyecto, lo que resultaría ciertamente sorprendente, evidenciándose una posición claramente interesada.

Afirma la parte apelante, en definitiva, que la sentencia no se habría pronunciado sobre la procedencia de una segunda liquidación y por ello interesa que la Sala se pronuncie al respecto manifestando que procede su nulidad "por ser manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico y a la correcta práctica tributaria una segunda liquidación provisional del mismo, sin perjuicio de la eventual liquidación definitiva por la que se regularice el impuesto."

Dice que la ratio decidendide la sentencia parece apuntar a justificar la existencia de una liquidación provisional y su posterior regularización, pero no se pronuncia sobre lo que se le pide si cabe con carácter general, y en este caso concreto, una segunda liquidación provisional, además de la definitiva.

Expresa que la sentencia, con la argumentación que contiene, no determina que la liquidación provisional que la actora recurre, goza de una presunción de certeza tal que la hace inatacable, pues ello sería precisamente contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se cita en el referido Fundamento de Derecho 4º sobre la independencia de la firmeza de las liquidaciones provisionales con respecto a las definitivas.

De hecho dice que convendría aclarar que lo que se recurre en este caso por OHLA en relación con dicha liquidación provisional no versa sobre ningún concepto que sea desconocido para la Administración en este momento, pues los conceptos que se recurren son los criterios jurídico-técnicos empleados en el cálculo de la base imponible en relación con las partidas incluidas en el Proyecto.

Por tanto, cuando se habla del "desconocimiento de la Administración de datos físicos, económicos o relativos a valores",en el caso de ICIO, se refiere a eventuales aumentos o disminuciones de medición, a la introducción de nuevas partidas, o cualesquiera otros conceptos que atienden a la naturaleza cambiante de una obra, y que, por tanto, a su finalización habrán de computarse en la base imponible del impuesto que quedará oportunamente regularizada.

De este modo, lo que reclama la demandante no podría rechazarse en base a esa presunción sobre el desconocimiento de datos inciertos al momento de la liquidación provisional, pues nada tiene que ver una cosa con la otra.

En segundo lugar afirma que la sentencia no motivaría por qué considera que nos encontramos ante una obra nueva en relación con la procedencia de la liquidación de la Tasa por Licencia Urbanística. Dice que la Gerencia de Urbanismo tramitó la solicitud de licencia urbanística mediante la rehabilitación de la anterior, y no mediante una nueva solicitud de licencia, lo que sería contradictorio con su propia tesis de que nos encontramos ante una obra nueva.

Expresa que, de hecho, precisamente porque no se modifica sustancialmente el proyecto original no sería posible la solicitud de una nueva licencia, pues supondría un acto no ajustado a Derecho.

Que la jurisprudencia ha venido sosteniendo que la solicitud de nueva licencia sólo puede ser requerida en aquellos casos en los que se realicen modificaciones de carácter sustancial que alteren la esencia y naturaleza de la obra en cuestión. Así como que en relación con la TASA no se encontraría debidamente motivada la conclusión en relación con la novedad del Proyecto.

Sostiene que la sentencia se pronuncia expresando que se trataría de un proyecto prácticamente nuevo, pero afirma la apelante que resultaría sorprendente que una cuestión tan compleja como la de dilucidar si nos encontramos ante un Proyecto nuevo, lo que conllevaría una comparativa entre el proyecto primitivo y el actual, con el añadido de que los propios redactores del mismo se manifiesta en el sentido de que se trataría, esencialmente, del mismo proyecto, siendo que la sentencia ventilaría la cuestión en una sola frase sin motivación ni soporte.

La sentencia se pronunciaría sobre este extremo, siendo que la alusión previa sobre la novedad del Proyecto es en la página 10 de la Sentencia, y se refiere a la descripción en tercera persona del posicionamiento de la arquitecta municipal, que posteriormente parece que se asumiría como propio sin explicar por qué.

En tercer lugar afirma que la sentencia no se pronunciaría sobre lo pedido en relación con cada una de las partidas controvertidas a excluir de la base imponible del ICIO, fallando a favor de la Administración sin motivación alguna.

Afirma que como ya se explicara en profundidad en el escrito de demanda, la base imponible del ICIO se calcula a partir del Coste de Ejecución Material de la obra. El Coste de Ejecución Material se compone de todos aquellos elementos que constituyen el soporte de la edificación, no como unidad funcional sino como unidad material.

Esta genérica definición del Coste de Ejecución Material no presenta un grado de complejidad excesivo, ahora bien, para aplicar un concepto, a priori etéreo, a cada uno de los elementos de una construcción, se debe atender a distintos criterios técnicos o "estándares" que se han ido perfilando jurisprudencialmente.

Asentado lo anterior, mi representada, remitiéndose al meritado Informe de D. Higinio, reclamó mediante recurso contencioso administrativo la exclusión de determinadas partidas, entendiendo que las mismas no son elementos consustanciales a la edificación como unidad material, apoyándose en un concepto de elemento mueble que conjuga los estándares de separabilidad y autonomía funcional con el de imprescindibilidad.

Es decir, como bien ha señalado la jurisprudencia, el Coste de Ejecución Material no se compone de aquellas partidas necesarias para la prestación final del servicio para el que se construye la edificación, esto es, como unidad funcional, sino de las que son imprescindibles para el uso del edificio en las mínimas condiciones de seguridad, es decir, como unidad material.

La respuesta no podía ser otra que la que fundamenta su Informe: porque el Coste de Ejecución Material no atiende a un criterio funcional de la edificación, sino material.

Así, por ejemplo, en relación con los sistemas de alimentación ininterrumpida y los grupos electrógenos (Capítulo 16.02) se objetó por parte de la arquitecta municipal que, si no se incluyesen en el hospital, un corte de electricidad o un apagón podría resultar en la muerte de un paciente, llevando el debate sobre la base imponible del impuesto a una distorsión tal que roza el absurdo.

A este respecto el Informe Pericial explica claramente que, en efecto, tales partidas se deben excluir del Coste de Ejecución Material por tratarse de "Equipos definidos para dotar de alimentación al edificio en caso de corte de suministro. Las máquinas en cuestión son elementos trasladables (de hecho, se utilizan a menudo en instalaciones temporales) y no forman parte esencial del suministro eléctrico necesario para el uso del edificio en las mínimas condiciones de habitabilidad."

Lo mismo, aunque aún más sangrante si cabe, se puede predicar de muchos otros capítulos y partidas, que son clara y oportunamente evaluadas en el meritado Informe Pericial, por ejemplo, los elementos muebles anteriormente mencionados (vinilos, espejos, estores, armarios no empotrados, mostradores trasladables, papeleras, cabeceros, etc.).

Igualmente, en cuanto a partidas de software y comunicaciones, elementos que claramente no son consustanciales a la edificación, el perito propone su exclusión por tratarse de "Equipos, canalizaciones y cableado de las instalaciones de telecomunicaciones. Se propone la retirada de todos los elementos que, según el entendimiento del firmante, son equipamiento informático (CPUS, teclados, racks, servidores, etc.), de audio (altavoces, etapas de potencia), software, muebles y honorarios técnicos (programación, legalizaciones, etc.). No se retiran elementos empotrados."

Sin embargo, la Gerencia de Urbanismo, como así señala en su escrito de conclusiones, entiende que estas partidas deben incluirse por tratarse de 13 "instalaciones para telecomunicaciones e instalaciones para megafonía, necesarias para el funcionamiento del hospital".

Y la misma discusión bizantina ocurre con el resto de partidas controvertidas, pues, en definitiva, no es que se trate de una valoración distinta de lo que son o no elementos que constituyen el soporte de la construcción como como unidad material, sino que la valoración que realiza el Ayuntamiento no emplea el criterio legal y jurisprudencialmente establecido, sino otro unilateralmente confeccionado que engorda injustificadamente la base imponible del impuesto.

A los efectos, se remite al Informe Pericial en su totalidad y al Fundamento de Derecho 3º del escrito de demanda sobre la correcta cuantificación del Coste de Ejecución Material que arroja un resultado de 63.176.092,61 €, por los 67.371.721,77 € que giró la Gerencia de Urbanismo.

Concluye que resultaría evidente que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete realiza una discriminación de partidas inobservando los criterios jurisprudencialmente establecidos y la buena práctica tributaria:

- Utilizando criterios simplistas y erróneamente enfocados, inobservando la naturaleza del hecho imponible del ICIO.

- Realizando una exclusión de partidas superflua y meramente testimonial parapetándose en una apariencia de buena praxis en referencia a la jurisprudencia más generalista.

El motivo empleado por la Sentencia de instancia para justificar su decisión en favor del Ayuntamiento de Albacete, se basa en que se "ha explicado en términos de fácil entendimiento", lo que sería es inadmisible. Más aún, si se tiene en cuenta que el Informe Pericial de D. Higinio aportado con el escrito de demanda, es perfectamente claro y redactado de un modo ciertamente asequible para cualquier lego en la materia, habiéndose dado la oportunidad de pedirle cualquier aclaración durante su ratificación en Sala.

Expresa que la motivación que esgrime la Juzgadora no es un motivo sustantivo en sí mismo, sino una simple apreciación que, lejos de ofrecer sustento a la decisión, la debilita, pues implica que la decisión no se basa en el pleno entendimiento del objeto del procedimiento, o al menos que la misma no se toma en base a criterios sustantivos, sino que se supedita al grado de comprensión.

Tercero.-La Administración demandada se opuso a la estimación del recurso de apelación planteado por la actora sosteniendo la corrección de la sentencia apelada expresando, en síntesis, en primer lugar que en relación con la alegada incongruencia de la sentencia apelada este reproche parte de una lectura precitada o desatenta de la sentencia apelada pues, frente a lo que afirma el apelante, se observa que la referida sentencia dedica la mayor parte de sus Fundamentos a dicha cuestión y viene a concluir, o así se deduce de su fundamentación, que en realidad no estamos ante una "segunda" liquidación provisional al tener en cuenta que han trascurrido más de 8 años desde la concesión de la anterior licencia de la cual sólo se ejecutó el 5,70% de la obra y que el SESCAM solicitó la rehabilitación de la licencia "presentando un nuevo proyecto y adjudicando las obras a la recurrente".

Expresa que no puede dejar de advertirse que la apelante sostendría su apelación, al igual que su demanda, partiendo de una premisa no acreditada cual es que la obra a ejecutar por el nuevo contratista es "esencialmente la misma"que fuera adjudicada al anterior contratista en el año 2011.

Sin embargo y contrariamente, la Juzgadora de instancia estima que "del examen del extensísimo expediente así como lo declarado por la arquitecto municipal, es su clara exposición la que debe prevalecer...", la cual "...indica que se trata de otro proyecto de rehabilitación con modificaciones sustanciales al primitivo, con mucha más superficie construida (mas de 5.000 metros), y más de doce millones de presupuesto con una redistribución de espacios en muchas de las plantas y con nueva normativa a la que adaptar las instalaciones, que se tuvo que revisar todo el proyecto que es prácticamente nuevo y entonces se realizó la liquidación provisional..."

Por lo tanto y pese a haber obtenido en su día la preceptiva licencia urbanística lo cierto es que la obra no se materializó y por tanto no se realizó el hecho imponible corriendo como pago a cuenta la cantidad entonces abonada de la nueva obra que requería nueva licencia y por lo tanto "nueva liquidación"al ser otro y distinto del anterior el proyecto presentado.

En segundo lugar afirma que igual suerte desestimatoria debe correr la alegación de incongruencia omisiva respecto de la cuantificación de la base imponible del ICIO pues de la lectura de la sentencia apelada se deduce claramente los motivos que han llevado a la Juzgadora a desestimar la pretensión del actor que esperaba un análisis de inclusión o exclusión de la Base Imponible "partida por partida". De hecho lo que se cuestiona en el recurso de apelación no es realmente la ausencia de pronunciamiento sino la preferencia de los informes y declaración de la Arquitecta Municipal sobre los del perito Don Higinio por la Juzgadora de instancia lo cual no resulta admisible.

En este sentido, hay que indicar que la parte actora, hoy apelante, pretende excluir numerosas partidas (por cierto ya excluidas por la Administración), "apoyándose en un concepto de elemento mueble que conjuga los estándares de separabilidad y autonomía funcional con el de imprescindibilidad (afecta ésta a su uso en las mínimas condiciones de seguridad y habitabilidad), criterio que no es distinto del empleado por la Administración demandada.

A juicio de la apelada el Tribunal Supremo en sus últimas sentencias habría puesto coto al desbarajuste generado por la lógica tendencia de los contribuyentes a excluir partidas de instalaciones, lo que supone una reconsideración de la doctrina referente a la exclusión del coste de la maquinaria o instalaciones.

A ello añade la circunstancia de que la redacción actual del art. 102.1 del TRLHL indica que se entiende por coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, el coste de ejecución material de aquélla y que tales términos no pueden ser interpretados sino en el sentido que les confiere la legislación de contratos públicos.

Por tanto, para analizar si una determinada partida de maquinaria o instalaciones debe incluirse en la base imponible, deberá tenerse en cuenta si las máquinas o instalaciones quedan integrados en la unidad de obra de que se trate o son necesarios para su ejecución y sirven para proveer a la construcción, instalación u obra de servicios esenciales para su habitabilidad o utilización. La conclusión de estas consideraciones es que las partidas a excluir de la base imponible no serán las mismas según se trate de la construcción de una plaza de toros, un gasoducto, un polideportivo o un hospital como aquí sucede.

En cualquier caso, el apelante se limita a ofrecer unas alegaciones genéricas y teóricas en defensa de su pretensión revocatoria sin justificar las razones, "partida por partida", que debieron ser excluidas, lo que debe conllevar su desestimación, máxime si de la sentencia apelada se deduce con toda claridad que alcanza su pronunciamiento con fundamento en la prueba practicada en la instancia.

Cuarto.-En primer lugar, en lo que se refiere a la incongruencia en que sostiene la apelante incurriría la sentencia recurrida, sobre la base de afirmar que la misma no se habría pronunciado en relación con la procedencia de la emisión de una segunda liquidación provisional del ICIO, como expresa la parte apelada lo cierto es que no cabe considerar que la resolución apelada omita pronunciarse respecto de tal motivo planteado por la recurrente en la instancia sino que considera que, en el caso analizado, a la vista de las circunstancias concurrentes, no resultaba contrario a Derecho el hecho de que se girara una nueva liquidación provisional, habida cuenta el tiempo transcurrido desde la inicialmente girada, la práctica inejecución inicial de la obra, y el hecho de que la modificación del proyecto llevada a cabo, implicaba, entre otras cuestiones, una ampliación de la superficie inicialmente proyectada, en alrededor de 5.000 metros cuadrados y un incremento del presupuesto de ejecución de alrededor de 12.000.000 €.

En efecto, tal y como resulta de la prueba obrante en autos, el tiempo transcurrido y la modificación operada en el proyecto, que en abstracto alcanza una indudable relevancia económica, determinan un incremento de la liquidación procedente que, aun en la hipótesis de que se terminaran acogiendo todas las reservas planteadas por la parte recurrente en cuanto a las partidas computadas en la base imponible del ICIO, implicaría un incremento del impuesto de 565.556,93 euros. Ello de por sí resulta demostrativo de que las circunstancias concurrentes en el momento de girarse la primera liquidación se habrían alterado de manera relevante en el momento en que se giró la segunda de las liquidaciones, hasta tal punto que implicaba un incremento del impuesto exigible provisionalmente, aun en la mejor de las hipótesis para la recurrente, que sobradamente excede del 20% del importe total, lo que, de por sí, y a los efectos que aquí resultan relevantes, permite calificar de sustancial la modificación que implicaba la rehabilitación de la licencia que dio lugar a la nueva liquidación provisional girada por el Ayuntamiento demandado.

Y es que, en efecto, como expresa la sentencia apelada, y como resulta de la declaración de la arquitecta municipal verificada en la primera instancia, el nuevo proyecto que se acompañó a los efectos de solicitar la rehabilitación de la licencia implicaba un incremento de la superficie construida de más de 5.000 metros cuadrados, una redistribución de espacios en muchas de las plantas, entre otros particulares, así como un incremento del presupuesto de ejecución alrededor de 12.000.000 €.

Es por todo ello que el primero de los motivos del recurso de apelación planteado debe decaer.

Quinto.-En segundo lugar, en lo que se refiere a la exacción de la Tasa por el otorgamiento de la Licencia Urbanística, expresa la parte apelante que la sentencia apelada se limitaría a asumir el planteamiento de la arquitecta municipal en relación con la novedad del proyecto sin explicar por qué, pero lo cierto es que, a lo ya manifestado en el anterior ordinal segundo, atinente a alteración de las circunstancias del proyecto (para cuya calificación ha de estarse a los aspectos materiales de la modificación, pero también al tiempo transcurrido desde el otorgamiento de la primera de las licencias, y a los cambios normativos producidos en el intervalo temporal referido, que indudablemente afectan a la actividad de control que despliega la Administración demandada mediante el otorgamiento de la licencia), añade la sentencia como fundamento del pronunciamiento desestimatorio que termina dispensando -y que la parte apelante, en realidad, no combate en su recurso-, el tenor del artículo 167.4 del TRLOTAU que expresa "Con las mismas garantías el Municipio, siempre que no proceda otra modalidad de edificación, podrá acordar la rehabilitación de la licencia caducada que,sin embargo, podrá dar lugar al cobro de las tasas correspondientes a la tramitación por concesión de licencia", siendo precisamente este el precepto en que se amparaba la solicitud de rehabilitación de la licencia de obras que formuló el SESCAM en fecha 12 de noviembre de 2019 que expresa, entre otros particulares, "Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la Rehabilitación de Licencia de obras, conforme al trámite previsto en el artículo 167.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010 , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística[...]

Se puede entender, por tanto, que el trámite actual es una Rehabilitación de dicha Licencia, dado que las obras iniciales se suspendieron en septiembre del año 2017, por resolución de contrato con la empresa constructora, pretendiéndose la continuidad de las mismas, una vez actualizado y adecuado a normativa el Proyecto original."

Como expresa la sentencia apelada la actividad que determina el devengo de la tasa cuestionada fue realizada por la Administración demandada sin que el control que pudiera haberse realizado a la hora de otorgar la licencia originaria implique que la rehabilitación de la licencia imponga necesariamente realizar un control menor, o simplemente parcial, del proyecto presentado y sin que, por dicho motivo, y en cualquier caso, se prevea en la regulación aplicable el devengo del tributo parcial, o minorado, en tales casos. Ese es el sentido de la regulación de la figura de la rehabilitación de la licencia que lleva a cabo la legislación urbanística, que clarifica que su tratamiento tributario habrá de ser equivalente al de la concesión de una nueva licencia.

Sexto.-En tercer lugar, en lo que se refiere a la cuantificación de la Base imponible del ICIO y de la Tasa, es cierto que la sentencia apelada se limita a acoger las conclusiones del informe de la arquitecta municipal, pero, al margen de ello, no realiza un análisis individualizado de las partidas cuestionadas por la parte recurrente, que aparecen debidamente detalladas en el informe pericial de parte presentado, informe que si bien es cierto que comprende muchas partidas que ya fueron excluidas del cálculo realizado por parte de la Administración demandada (sobre la base del contenido del informe del departamento del intervención de la actividad urbanística, fecha 17 de noviembre de 2020), también es cierto que comprende muchas otras que, de uno u otro modo, y siguiendo el propio criterio mantenido por la Administración demandada, habrían de ser excluidas, al no aparecer debidamente motivado que las mismas difieran de otras partidas similares que la propia administración demandada descuenta del presupuesto de ejecución a los efectos del cálculo de la Base imponible del ICIO. Y ello además teniendo en cuenta que el informe en que se funda la liquidación cuestionada no observa, en algunos casos, como se verá, la doctrina sentada por la jurisprudencia en interpretación del artículo 102 de la LRHL.

Expresa el referido precepto en su apartado 1º "La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material."

Conforme a la doctrina jurisprudencial sentada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en interpretación del citado artículo de la LRHL deben integrarse en la base imponible las partidas correspondientes a elementos, aparatos o máquinas incorporados a la obra cuando, en primer lugar,figuran, o deben figurar, en el proyecto en que se fundamenta la licencia urbanística, en segundo lugarforman parte integrante y estable de la obra, construcción o instalación, y en tercer lugarestán funcionalmente vinculados a la obra por ser elementos diseñados, organizados y necesarios para la consecución de un concreto fin productivo. En sentido contrario, no deben incluirse las relativas a elementos, aparatos o máquinas en que no concurran tales requisitos.

Como expresa la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 15 de febrero de 2013, entre otras "Asiste, pues, la razón a la Corporación recurrente cuando afirma que la base imponible del ICIO no puede quedar limitada de modo exclusivo al importe del presupuesto de ejecución de la obra civil de instalación, que es a lo que se circunscribe la sentencia impugnada, sino que, de conformidad con la doctrina legal fijada por esta Sala, deberá extenderse también a todas aquellas cantidades presupuestadas que conlleve la incorporación de elementos estables y configuradores de una instalación permanente, no un montaje sustituible, que dé lugar a una estructura determinada, de tal manera que constituyan un todo unitario e inseparable con la construcción realizada, hasta el punto de que no puedan concederse las licencias oportunas si tales instalaciones, maquinaria o equipos no han sido incluidos en el proyecto de ejecución.

Aunque los equipos o maquinaria fueran desmontados o desmantelados para quedar incorporados a otra construcción, no por ello habrán de quedar excluidos del ámbito de la base imponible del ICIO porque la idea de que se trata de elementos que son necesarios para que la instalación pueda funcionar, unido a la circunstancia de que carecen de singularidad propia por permanecer indisolublemente unidos a aquélla mientras funcione, es el factor determinante de la inclusión de su importe en la base imponible de este impuesto."

Como se decía se advierte que la sentencia apelada no llevó a cabo el análisis de los distintos capítulos y partidas que la parte actora controvertía en la instancia, cuando, como se decía más arriba, el informe que sustenta la actuación administrativa cuestionada, implícitamente incurría en alguna contradicción en la medida en que excluyendo determinadas partidas, omitía excluir otras semejantes y, por otra parte, alguna de las incluidas, como se verá, no reunían los requisitos precisos para la que su importe pudiera integrar la base imponible del ICIO.

Partiendo de las anteriores consideraciones, en cuanto al Capítulo I del presupuesto de ejecución, deben considerarse no incluibles las partidas relativas al desalojo de mobiliario y equipamiento, 01.01.01. y 01.02.39 por importes de 40.141,69 eurosy 23.672,04 euros,siendo que el propio informe de 17 de noviembre de 2020 ya excluye, entre otras, otra partida semejante, la 29.04.02, relativa a desalojo de mobiliario y equipamiento.

En relación con el capítulo 8 las partidas 08.08 ESPEJO PLATEADO 5 mm. y 08.09 ESPEJO DE ACERO INOXIDABLE ya se encuentran descontadas por el informe municipal.

Por el contrario se considera procedente la exclusión de las partidas 08.10 VINILO TIPO HIELO - 17.412,93 euros €08.11 VINILO TIPO HIELO RAYADO - 2.295,90 €y 08.20 REVEST. EXTERIOR ASCENSORES VESTÍBULOS DE VIDRIO LAMINADO - 19.203,25 €.

No cabe establecer diferenciación entre estos elementos, de carácter decorativo, y otros tomados en consideración por el propio informe de la Gerencia demandada, de 17/11/2020, que excluye, entre otras, en el capítulo 27, la partida relativa a la rotulación interior.

En relación con el capítulo 11, dado su carácter de mobiliario, similares, por otra parte, a otras excluidas por la propia Administración demandada en este mismo capítulo, se considera procedente la exclusión de las siguientes partidas: 11.03.14- ENCIMERA FORMICA, 81.528,67 €,11.03.18 MOSTRADOR PUESTO DE ENFERMERA, 54.594,27 €,11.03.19 MOSTRADOR CON VIDRIO STADIP, 18.689,52 €,11.03.20 MOSTRADOR ATENCION AL PUBLICO, 14.828,98 €,11.03.21 MOSTRADOR FORMICA, 9.996,30 €,11.03.22 MUEBLE COMPACTO FORMICA CONTROL, 10.905,03 €.

El resto de partidas a que se refiere el informe de la parte recurrente, ya resultaron excluidas por la Administración demandada y, como se decía, no difieren en las características relevantes a los efectos que nos ocupa, de las omitidas de exclusión, tratándose aquellas de armarios, frentes de armarios, encimeras, lejas y faldones.

En el capítulo 15 procede la exclusión de la partida 15.04.17 bañera asistida, 9.070,20 euros,siguiendo el criterio de exclusión del mobiliario al tratarse, como expresa el perito de la parte recurrente, de un elemento autónomo, no fijo y fácilmente trasladable y conexionable, sin que aparezca justificado que, en este caso, la misma posea alguna peculiaridad que determine la procedencia de su inclusión a los efectos del cálculo del impuesto por encontrarse integrado en la edificación construida.

En relación con el capítulo 16 se considera procedente la exclusión de la partida 16.01.01.12, ANÁLISIS DE CARGAS Y PROGRAMACION DE DESLATRES, 1.507,47 €,sin que la misma difiera, en esencia, de otras partidas de honorarios sí excluidas en el informe de gerencia, como las relativas a certificaciones, programación, entre otras. La partida 16.01.03.10, a que se refería el perito de la actora, ya había sido excluida por la Administración demandada.

Igualmente procede la exclusión de las partidas 16.02.01, GRUPO ELECTRÓG. EMERGENCIA 1.250kVA-1.000kW 400V 50Hz, 122.609,44 €,16.02.03 GRUPO ELECTRÓG. EMERGENCIA 1.500kVA-1.200kW 400V 50Hz 273.084,48 €,que no consta que se trate de equipos fijos incorporados en la construcción, ni que formen parte integrante de la instalación eléctrica del edificio, sin que el hecho de que puedan resultar necesarios para el desarrollo de la actividad permita la inclusión si, conforme a los criterios más arriba expresados, no forman parte integrante y estable de la obra, construcción o instalación.

El mismo criterio procede aplicar en relación con los sistemas de alimentación ininterrumpida a que se refieren las partidas 16.03. 01 a 04 por importes de 188.578,10 euros, 140.183,26 euros, 53.435,56 euros,y 60.378,99 euros.

No cabe, por el contrario, la exclusión de las partidas relativas a los transformadores de aislamiento que no cabe entender aislados o separables de la instalación eléctrica, pues no aparece mínimamente justificado que se trate de equipos trasladables y/o desmontables, ni tampoco ello resulta de su descripción, siendo que, antes al contrario, la partida, que ya excluía el informe de la Gerencia demandada, relativa a la programación del sistema de aislamiento, sugiere que se trataría de equipos integrados en la instalación eléctrica del edificio.

Las partidas 16.08.26, 27 y 28, por importes de 123.721,82 euros, 220.850,15 eurosy 14.600,05 euros,y relativas a distintos tipos de cabeceros camas, han de ser excluidas al equipararse al mobiliario propiamente dicho.

Del mismo modo debe serlo la partida 16.09.20 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DAISATEST, 4.186,55 euros,aplicando el mismo criterio anteriormente expresado, y acogido por la propia administración en relación a otras partidas.

Del mismo modo deben ser excluidas las partidas 16.10.32, MANDO DIST. PARA PROG. DE DETECTORES DE MOVIMIENTO, 19,82 euros,16.10.33, MANDO DIST. PROG. DETECTORES DE PRESENCIA KNX, 20,63 euros,al no ser elementos integrantes de la edificación.

El certificado de inspección de instalación de la red de tierras y pararrayos (partida 16.11.22) se encuentra ya excluido de la liquidación.

En lo que se refiere al capítulo 17, la partida de etiquetaje y marcado 17.02.10.01, asimilable a honorarios técnicos, debe ser excluida, siendo su importe de 1.857,52 euros.

La clasificación de salas limpias a que se refiere el informe de la parte actora ya se encuentra excluida de la base imponible tomada en consideración por la Administración demandada.

En lo que se refiere al capítulo 20 no cabe excluir el equipamiento referido en las partidas 20.02.11.09 y .10 en la medida en que ya por la propia manifestación del perito de la parte se trata de equipos integrados en el sistema de conducción y transporte de gases medicinales, sin que se considere procedente la exclusión por el simple hecho de no se encuentren necesariamente empotradosen la construcción, o que hipotéticamente pudieran ser desmontados por el personal de mantenimiento, pues no cabe considerar que se trate de elementos desmontables, separables y que puedan tener un funcionamiento autónomo para prestar servicio en otras ubicaciones, sino que cabe presumir que se encuentran formando parte integrante de la edificación construida, según los criterios expresados al inicio del presente ordinal.

En relación al capítulo 21 procede la exclusión de las partidas 21.06 a 21.69 (a excepción de la partida 21.61 que ya había sido excluida por la Administración demandada), estando todas ellas referidas a mobiliario, por los siguientes importes 27.130,56 euros, 1.361,26 euros, 1.509,05 euros, 7.816,56 euros, 4.161,12 euros, 2.170,02 euros, 2.351,72 euros, 19.186,86 euros, 20.145,72 euros, 3.136,76 euros, 22.4442,28 euros, 61.317,51 euros, 1.772,99 euros, 1.888,75 euros, 4.009,02 euros, 4.240,56 euros, 7.182,12 euros, 6.237,51 euros, 5.270,20 euros, 5.530,90 euros, 2.096,88 euros, 29.079,12 euros, 64.672,85 euros, 34.429,08 euros, 9.333,73 euros, 72.631,09 euros, 22.170,84 euros, 1.879,53 euros, 5.829,87 euros, 7.299,72 euros, 2.532,69 euros, 8.732,00 euros, 4.625,50 euros, 4.994,26 euros, 29.046,16 euros, 22.162,48 euros, 5.635,74 euros, 5.737,36 euros, 11.600,12 euros, 6.767,16 euros, 6.008,16 euros, 23.457,28 euros, 11.584,20 euros, 36.987,02 euros, 41.575,35 euros, 11.605,72 euros, 6.185,26 euros, 16.077,80 euros, 25.679,85 euros, 20.876,48 euros, 13.867,50 euros, 9.902,16 euros, 5.188,83 euros, 3.522,44 euros, 1.802,45 euros, 895,66 euros, 24.629,54 euros, 15.004,80 euros, 6.372,00 euros, 5.415,84 euros, 2.867,06 euros, 2.930,82 eurosy 1.583,91 euros.

En lo que se refiere al capítulo 23, la partida 23.01.04.01 se encuentra excluida ya en el informe de la gerencia de 17 de noviembre de 2020.

Procede excluir las partidas relativas a los extintores de incendios (23.02.04.01 a .03), pues se trata de elementos portátiles y aun, como expresa el perito de la actora, consumibles, siendo sus importes de 5.699,40 euros, 7.852,24 euros y 1.523,52 euros,sin que de ningún modo pueda considerarse que, de algún modo, formen parte integrante y estable de la obra, construcción o instalación.

El resto de partidas cuestionadas, las 23.04.01.01 a .06 y 23.04.02.01, .02, 06, 07 y 08 y 09 ya se encontraban excluidas por la Administración demandada.

En lo que se refiere al capítulo 24 deben excluirse la partidas señaladas en el informe pericial de la parte recurrente referidas a elementos que por su propia descripción se corresponden con elementos del mobiliario o incluso con instrumental médico, ya sea éste de mayor o menor tamaño, o aparatos que no se encuentran integrados en la construcción, y todo ello a excepción de las partidas 24.01.04.02 y .03 ya excluidas por la Administración. Deben excluirse, por tanto, las partidas 24.01.01.02 Depósitos de almacenamiento y envejecimiento - 35.292,84 €;24.01.01.03 Dispositivos de llenado, trasvase y evacuación - 16.245,93 €;24.01.01.04 Sistema de control radiológico - 21.287,76 €;24.01.01.05 Dispositivos de seguridad - 5.882,13 €;24.01.01.07 Programa de cálculo de fracción de dilución - 4.388,26 €;24.01.02.01 Depósitos residuos sólidos - 38.000,49 €;24.01.02.02 Armarios blindados residuos sólidos. Baja energía. - 27.449,97 €;24.01.03.01 Depósitos residuos sólidos. Med. Nuclear. - 26.889,78 €;24.01.03.02 Depósitos residuos sólidos. Hospitalización. - 17.926,52 €;24.01.04.01 Bancada de trabajo con mampara blindada - 6.442,34 €;24.01.04.04 Detectores de radiación - 5.461,98 €;24.02.01.01 Celda almacén isótopos emisores gamma y positrones - 14.752,03 €;24.02.01.02 Celda almacén isótopos emisores gamma y beta - 13.164,79 €;24.02.01.03 SAS tipo 1 - 7.282,65 €;24.02.01.04 Bancada - 7.095,92 €;24.02.02.01 Celda elución generadores de Mo-Tc99 - 15.125,50 €;24.02.02.02 Celda preparación dosis gammagrafía - 13.724,99 €;24.02.02.03 Celda preparación dosis PET - 16.245,91 €;24.02.02.04 Bancada con mampara blindada - 9.710,19 €;24.02.02.05 Bancada con mampara blindada - 7.656,12 €;24.02.02.06 SAS tipo 2 - 5.415,31 €;24.02.03.01 Celda marcaje celular - 13.724,99 €;24.02.03.02 Bancada con mampara blindada - 10.083,67 €;24.02.04.01 Bancada con mampara blindada - 7.095,92 €;24.02.04.02 Bancada con mampara blindada - 7.656,12 €;24.02.05.01 Bancada con mampara blindada - 7.282,65 €;24.02.05.02 Celda almacén jeringas cargadas - 4.948,46 €;24.02.06.01 Detectores radiación - 9.103,30 €.

En cuanto al capítulo 25 procede la exclusión del equipamiento informático señalado por la parte recurrente, pero no así aquellos elementos que por estar destinados a albergar tales equipamientos, y ser destino de las canalizaciones del sistema de telecomunicaciones, tales como armarios o paneles de conectores pues puede inferirse que se trata de instalaciones fijas pertenecientes al referido sistema de telecomunicaciones, y por tanto parte integrante de los sistemas propios de la edificación construida, como son las partidas 25.01.02, .03 y .04, 25.02.01, 25.04.01, 25.04.02, .04, .05, .08, .09 y .13, sin que, en este caso proceda, tampoco, la exclusión de las partidas 25.01.12, 25.02.17, 25.07.01, .02, .03 y .04, 25.09.01 y .02 y 25.10.10 ya excluidas por la Administración demandada.

Así las cosas en el citado capítulo procede la exclusión de las siguientes 25.01.05 AMPLIACIÓN DE CENTRO REPARTIDOR SECUNDARIO DE VOZ-DATOS - 7.642,45 €;25.01.08 SAI SALAS DE COMUNICACIONES DE PLANTA 3kVA 36.662,22 €;25.02.02 UNIDAD DE CONTROL 8 ZONAS 28.514,10 €;25.02.03 MODULO AMPLIFICADOR 500W 7.377,20 €;25.02.04 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA - 10.161,15 €;25.02.05 BATERIA DE PLOMO 12VCC - 2.883,24 €; 25.02.06 PUPITRE MICROFONICO AVISOS MEGAFONIA - 4.781,64 €;25.02.07 TECLADO EXPANSION PUPITRE - 1.609,02 €;25.02.08 FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC - 91,62 €;25.02.09 PUPITRE MICROFONICO AVISOS BOMBERO - 1.353,34 €;25.02.10 TECLADO EXPANSION PUPITRE EMERGENCIA - 673,76 €;25.02.12 ALTAVOZ EXPONENCIAL 15W - 431,85 €;25.02.13 PROYECTOR ACUSTICO CILINDRICO 6W - 3.687,90 €;25.02.18 ALTAVOZ 5W 100V ANTIPOLVO INOX - 3.556,00 €;25.02.19 MANDO 1CANAL EST.RADIO-FM FUENTE MUSICAL - 4.907,75 €;25.04.06 MODULO HIGH DENSITY 12 LC OM4 - 17.285,45 €;25.04.07 MODULO HIGH DENSITY 12 LC OS2 - 17.785,00 €;25.08.02 SISTEMA DE AMPLIACION DE CABECERA - 1.497,57 €;25.10.14 CENTRAL RECEPTORA DE SOBREMESA IP - 26.422,08 €.

En lo que se refiere al capítulo 26, por referirse a equipamiento informático y honorarios procede excluir las partidas 26.07.03 ROUTER IP N146 PARA LÍNEAS DE BUS EIB-KNX - 13.520,98 €;26.07.08 SOFTWARE DE CONTROL KNX ETS5 PROF. Y LICENCIA - 599,21 €;26.07.09- u INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA - 115.818,52 €.

No procede la exclusión de las partidas 26.05.01, 26.06.01, .02 y .03, ya excluidas por las Administración.

Las partidas correspondientes al capítulo 27 que controvierte la parte actora se encuentran ya excluidas del cálculo realizado por la Administración demandada.

En cuanto al capítulo 28 procede excluir la partida 28.07.04 MACETERO BAMBU 5.870,04 €que a falta de otra prueba cabe presumir que no se encuentra integrado en la obra ejecutada y tienen autonomía respecto de la misma; no así la partida 28.08.01 pues por definición los bolardos son elementos destinados a integrarse de manera inamovible en la construcción careciendo de singularidad propia por permanecer indisolublemente unidos a la misma mientras ésta se mantenga en funcionamiento. Tampoco cabe excluir las partidas 28.08.02 y .03, ya excluidas por la Administración demandada.

En cuanto al capítulo 29 no puede procederse a la exclusión de las partidas propuestas por la parte recurrente, 29.01.01 y 29.01.02 pues no resulta asumible el criterio a que alude el perito de la parte actora, sin que acabe de entenderse la consideración de las góndolas de limpieza a que se refieren las citadas partidas como elementos muebles, a diferencia de la estructura en la que se integran.

Debe excluirse, no obstante, la partida 29.02.01, cortina oscurecimiento enrollable motorizada 603.585,22 euros,tratándose, pese a lo manifestado por la arquitecta de la Gerencia, y como resulta del informe pericial de la actora, de elementos de ornamentación, tipo estor, que no se encuentran empotrados ni integrados en la carpintería, equiparables, por ello, y a los efectos que nos ocupan, al mobiliario.

Las partidas 29.02.06 a .08 y 29.04.02 ya fueron excluidas por la Administración demandada.

Si bien debe excluirse, como propone la parte recurrente, la partida 29.04.03 MOSTRADOR PROVISIONAL 1.916,74 euros,al tratarse de mobiliario.

Del mismo modo procede la exclusión de las partidas de certificación (honorarios) y señalización de la instalación de accesibilidad de personas con discapacidad auditiva 29.05.02 BUCLE MAGÉTICO PERS. DISCAPACIDAD AUDITIVA . SEÑALIZACIÓN 130,56 €,29.05.03 BUCLE MAGÉTICO PERS. DISCAPACIDAD AUDITIVA . CERTIFICACIÓN 1.884,49 €,conforme a los criterios anteriormente aplicados, así como la partida 29.06.05, Cámara Frigorífica 4500x3350x2400mm (toma de muestras) 8.795,17 euros.

Por todo ello procede la estimación en parte del recurso de apelación planteado, y la estimación en parte del recurso contencioso administrativo deducido en la instancia, y la anulación de las resoluciones recurridas en la medida en que el cálculo de la base imponible incorpora determinadas partidas que debieron se excluidas, reconociéndose el derecho de la parte recurrente a la exclusión del cómputo de las bases imponibles del impuesto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por Licencia Urbanística Integrada de nueva planta e instalación de actividad (para la que se empleó el mismo cálculo), de las partidas referidas, debiendo procederse, por tanto, al cálculo de la base imponible y liquidación por parte de la Administración demandada, conforme a los anteriores criterios, cálculo que, en caso de discrepancia, podrá ser cuestionado, en su caso, en ejecución de sentencia.

Séptimo.-Procediendo la estimación en parte del recuso de apelación planteado, conforme a lo expresado en el artículo 139.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no procede hacer pronunciamiento condenatorio en materia de costas en la segunda instancia, sin que tampoco resulte procedente la condena en costas en la primera instancia, al proceder la estimación parcial del recurso contencioso administrativo, de manera que cada parte habrá de soportar las causadas a su instancia, y las comunes por mitad.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey,