Sentencia Contencioso-Administrativo 1281/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 289/2025 de 12 de diciembre del 2025

PRIMERO.-A través del presente recurso jurisdiccional por don Juan Antonio se impugna la resolución de fecha 29 de enero del 2025 dictada por la Embajada de España en La Paz que, en reposición, confirma la de fecha 12 de noviembre de 2024 por la que se denegaba su solicitud de visado de trabajo por cuenta ajena, como mozo de almacén, para la mercantil VAND LOGISTIC SL.

La citada resolución de fecha 12 de noviembre de 2024 denegó el visado señalando que "En relación con la solicitud de visado de TRABAJO POR CUENTA AJENA, le informo que ha sido denegada por no cumplir con las condiciones establecidas en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derecho y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

En concreto el art. 70.4 establece que "La misión diplomática u oficina consultar denegará el visado en los siguientes supuestos: c) Cuando para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o media mala fe".

En la fecha en la que el solicitante acude a la oficina consular para presentar su documentación, se realiza una entrevista relativa al tipo de visado solicitado. Las respuestas de dicha entrevista constituyen un elemento definitorio para la resolución de la solicitud del visado. A la luz de las respuestas ofrecidas por el solicitante, existen dudas acerca de la veracidad del contrato de trabajo, así como del motivo real de la solicitud".

En reposición se mantuvo la decisión señalando que "Las alegaciones del recurrente no desvirtúan los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución recurrida, ya que habiendo sido examinada de nuevo la documentación obrante en el expediente, así como el texto y la documentación del recurso, no se deduce la aparición de hechos, argumentos jurídicos o elementos de juicio significativos que puedan determinar una modificación de la resolución denegatoria inicialmente notificada, por lo que sigue quedando justificada la denegación del visado de TRA -TRABAJO Y RESIDENCIA CUENTA AJENA que se considera ajustada a derecho".

SEGUNDO.-La parte recurrente impugna la citada denegación señalando que el contrato es indefinido, pero con una cláusula adicional que expresa que el contrato se garantiza por al menos un año, coincidiendo este periodo con la validez del permiso de residencia y trabajo. Añade que los certificados aportados por el recurrente y que obran en el expediente administrativo acreditan que su labor en el hospital fue voluntaria durante la pandemia del COVID-19, cuando la colaboración de voluntarios fue crucial debido a la escasez de personal sanitario por lo que en ningún momento ha formulado alegaciones inexactas en cuanto a su experiencia previa, pues nunca afirmó que estaba contratado por el hospital por cuenta ajena, simplemente prestó unos servicios de forma altruista.

Indica que de la entrevista realizada no se deduce que se haya incurrido en falsedades o motivos dispares a los de trabajar, sino que el solicitante contesta de modo racional y congruente a las preguntas que le efectuaron. Aduce, igualmente, la falta de motivación de la resolución recurrida y ausencia de veracidad en los motivos alegados, con infracción del artículo 27. 6º de la Ley Orgánica 4/2000, habiendo la Administración incorporado un informe consular con posterioridad a la fase administrativa, privándole de su derecho a conocer y rebatir dicho documento a la hora de elaborar el recurso potestativo de reposición.

Se opone la Administración demandada en base a la normativa aplicable, señalando que en el expediente hay datos que permiten concluir que la verdadera finalidad del visado solicitado no es laboral, sino migratoria o de reagrupación familiar, sobre todo de las contradicciones que se pusieron de manifiesto como consecuencia de la entrevista personal realizada al recurrente. Añade que gran parte de la familia del interesado reside legalmente en España, primos y tíos, concretamente en Madrid y Ourense, siendo, según la declaración del interesado, con su tío con el que vivirá en Madrid y que también formuló alegaciones inexactas en relación a la experiencia previa, como que también desconoce datos relevantes del contrato de trabajo, tales como la duración del propio contrato o sobre las funciones o sobre el lugar de desempeño del trabajo. Niega la falta de motivación.

TERCERO.-Procede analizar, en primer lugar, el alegado vicio de falta de motivación de la resolución recurrida en los términos que se expresan en sus Fundamentos de Derecho, pues su apreciación impediría a la Sala entrar en el examen del fondo de la cuestión controvertida.

Como señalamos en nuestra Sentencia de 14 de julio de 2022 (rec. 151/2022) "El deber de la Administración de motivar sus actos, como señala entre otras la STS de 19 de noviembre de 2001, Recurso 6690/2000, tiene su engarce constitucional en el principio de legalidad que establece el artículo 103 CE, así como en la efectividad del control jurisdiccional de la actuación de la Administración reconocido en el artículo 106 CE, siendo en el plano legal, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el precepto que concreta con amplitud los actos que han de ser motivados, con suscita referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

Asimismo, la Disposición adicional décima del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, relativa al procedimiento en materia de visados, dispone en su apartado 6º que "La resolución denegatoria de un visado se notificará al solicitante de forma que le garantice la información sobre su contenido las normas que en Derecho la fundamenten, el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo para interponerlo".

La exigencia de la motivación de los actos administrativos responde, según reiterada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente la STS 16 de julio de 2001, Recurso 92/1994, a la finalidad de que el interesado pueda conocer el cuándo, cómo y por qué de lo establecido por la Administración, con la amplitud necesaria para la defensa de sus derechos e intereses, permitiendo también, a su vez, a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos que les permitan resolver la impugnación judicial del acto, en el juicio de su facultad de revisión y control de la actividad administrativa; de tal modo que la falta de esa motivación o su insuficiencia notoria, en la medida que impiden impugnar ese acto con seria posibilidad de criticar las bases y criterios en que se funda, integran un vicio de anulabilidad, en cuanto dejan al interesado en situación de indefensión. Esta exigencia es consecuencia de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos y supone no sólo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de derechos.

En consecuencia, cuando el acto administrativo carece de motivación se impide el control jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa que viene constitucionalmente impuesto - artículo 106.1 CE-, pues se impide comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad

En definitiva, la motivación consiste en la exteriorización de las razones que sirvieron de justificación o de fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, necesaria para conocer la voluntad de la Administración.

Motivación de los actos administrativos que, como señala la STS de 29 de marzo de 2012, Recurso 2940/2010, no exige ningún razonamiento exhaustivo y pormenorizado, bastando con que se expresen las razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la decisión "facilitando a los interesados el conocimiento necesario para valorar la corrección o incorrección jurídica del acto a los efectos de ejercitar las acciones de impugnación que el ordenamiento jurídico establece y articular adecuadamente sus medios de defensa".

La motivación del acto administrativo es, en definitiva, una consecuencia derivada de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad garantizados en el artículo 9.3 de la Constitución, pudiendo considerarse, desde otra perspectiva, como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 CE sino por el principio de legalidad en la actuación administrativa que también surge del artículo 106.1 CE.

Por último, deberá recordarse, como lo hemos hecho en otras muchas ocasiones (por todas, sentencia de 5 de junio de 2017, recurso contencioso-administrativo 567/2016) que el "Derecho a una buena Administración", incluye dentro del mismo, en particular, "la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones". Así lo había venido declarando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre otras, en SSTJCE, de 29 de febrero de 1996, (Bélgica/Comisión, C-56/93), 7 de marzo de 2002 (Italia/Comisión, C-310/99) y 12 de diciembre de 2002. Ya el citado Tribunal, en STJUE de 2 de abril de 1998 (Comisión/Sytraval y Brink's France, C-367/95) declaró que la motivación "debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución del que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes"; el requisito que aquí nos concierne debe, finalmente, "apreciarse no sólo en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate".

En relación con lo anterior, será también útil traer colación la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (entre otras muchas, en SSTC núm. 145/1986; 102/1987; 155/1988 y 35/1989) en relación con la proscripción del efecto de indefensión, que sostiene que, para que sea posible su apreciación, es preciso en primer lugar una adecuada valoración de las circunstancias concurrentes en cada caso; en segundo, la idea base de que la indefensión constitucionalmente prohibida no nace de la mera infracción formal de las normas procedimentales de modo que la ruptura con la legalidad no siempre habrá provocado la supresión de los derechos que corresponden a la parte que alega haberla padecido sino sólo en aquellos casos en que dicha privación sea real y efectiva, y no sólo formal. Por lo que no puede sostenerse válidamente que el artículo 24.1 CE tutele situaciones de mera indefensión formal sino tan sólo supuestos de indefensión calificable como tal desde un punto de vista material, siendo claro el perjuicio que se haya derivado para quien la haya sufrido efectivamente (en este mismo sentido, nuestra sentencia de 5 de junio de 2017, recurso contencioso-administrativo 567/2016)".

Pues bien, en el supuesto de autos, las propias manifestaciones expresadas en el escrito de demanda determinan la inexistencia de esa indefensión material que exige la doctrina antes referida en cuanto que, siendo cierto que no hay un examen detallado de la documentación aportada, El recurrente se ha expresado y ha traído al procedimiento hechos y documentos que ha entendido relevantes para acreditar la concurrencia del requisito negado por la Administración por lo que no podemos atender a la pretensión deducida en tal sentido.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, para la correcta resolución de la problemática aquí suscitada convendrá tener presente que el vigente sistema español de extranjería establecido por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por LO 8/00 y por LO 14/03, -aplicable en razón a la fecha de la solicitud- establece la necesidad de visado como requisito normal de acceso al territorio nacional. El visado será expedido por las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España y su denegación deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena e indicar los recursos que procedan ( artículo 27). Las disposiciones reglamentarias aplicables son las contenidas en el RD 557/2011, cuyo artículo 62 dispone que se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad laboral por cuenta ajena.

Por otro lado, conforme expresa el apartado tercero del art. 27 de la L.O. 14/2003, de reforma de la L.O. 4/2000, el ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como las de inmigración, económica y de seguridad, y de acuerdo con la normativa citada (art. 25 bis b), no configurándose como un derecho fundamental del extranjero la entrada en nuestro país ya sea para una estancia corta o para prestar servicios por cuenta ajena. Debe tenerse en cuenta que el supuesto normativo que aquí examinamos no contempla propiamente la restricción de un derecho, pues la obtención del visado no es un derecho reglado del extranjero, como afirma el Abogado del Estado, dado que el derecho a entrar en España no es un derecho fundamental del que sean titulares los extranjeros con apoyo en el art. 19 CE.

Además, a la vista de las alegaciones vertidas por el actor en su demanda, habrá de recordarse que esta misma Sala y Sección tiene declarado que las legaciones diplomáticas, al estar ubicadas en o muy cercanas al país de origen del solicitante del visado, conocen mejor su realidad social, jurídica y administrativa y tienen por ello más elementos de convicción que las autoridades nacionales que otorgan la previa autorización de residencia temporal para poder aplicar la normativa sobre extranjería, pudiendo además proceder al cotejo de los documentos presentados para la concesión del visado, a fin de determinar no sólo su autenticidad sino también la veracidad de su contenido. Un criterio que ha sido confirmado por el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, entre otras, en STS de 23 de julio de 2014 (Rec. Cas. 2995/2013).

QUINTO.-Dicho lo anterior, en el caso de autos, presentada la solicitud de visado la misma fue denegada conforme a los términos reseñados más arriba que estarían fundamentadas "por haber serias dudas de que realmente se va a incorporar al puesto de trabajo para el que se le va a contratar en España".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 del Reglamento, la misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos:

Cuando el extranjero se encontrara en situación irregular en España en la fecha en que se presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo.

Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

Cuando la copia del contrato presentada no coincida con la información proporcionada por la Oficina de Extranjería o por el órgano autonómico competente sobre el contrato original".

Consta en las actuaciones que el recurrente, nacido el NUM000 de 1997, es natural de Bolivia y en su solicitud declaró estar soltero y ser estudiante. Suscribió un contrato de trabajo indefinido con la mercantil VAND LOGISTIC SL cuya actividad es la de "manipulación de mercancías". La categoría sería la de mozo de almacén, un salario anual de 15.731,88 € brutos y una jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes. El centro de trabajo está ubicado en Madrid.

El solicitante cuenta con autorización de trabajo y residencia temporal por cuenta ajena otorgada por la Delegación del Gobierno en Madrid, ello con validez de un año desde el alta en la Seguridad Social y quedando en suspenso en tanto el interesado obtuviese visado de trabajo y residencia en la representación consular española correspondiente. Sin embargo, lo que la Embajada en su resolución sostiene es que el contrato de trabajo era simulado. Conviene recordar que la capacitación profesional es un requisito que ya es analizado por la citada Delegación ocasión del estudio del procedimiento previo de autorización (artículo 64.3 RLOEX) pero ello no impide para que la Embajada pueda analizar dicha capacidad en base a hechos nuevos y distintos que no pudieron ser examinados por la autoridad gubernativa, siendo la realización de una entrevista un elemento fundamental a los efectos de poder determinar la existencia de algún indicio racional de simulación contractual.

Como tiene declarado esta Sala y Sección en, entre otras, Sentencia nº 110/2019, de 18 de febrero (rec. 909/2018), la figura jurídica del fraude de ley, que en nuestro Derecho positivo plasma, entre otros, el artículo 6.4 del Código civil, supone un acto humano por el que, utilizando medios suficientes, se trata de conseguir un concreto fin amparándose en la tutela de una norma jurídica que está dada para una finalidad distinta y contrapuesta a la perseguida.

Es reiterada la doctrina de que el fraude, aunque es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, de todas formas es suficiente con que los datos objetivos revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la y que la existencia del fraude de ley -al igual que la del abuso de derecho- no puede presumirse, y sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados, inducirlo vía presunciones y su elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma. El fraude nunca puede presumirse, sino que es precisa plena acreditación del mismo y ha de basarse su apreciación en cumplida prueba de los hechos que lo configuran, y ello, normalmente, por vía de la presunción regulada en el artículo 386 LEC.

Así pues, corresponde analizar si en el presente caso se produce tal fraude lo que nos lleva a realizar un juicio inferencial tanto de la resolución como de los datos, en este caso, consignados en el expediente en el que aparece un acta de una entrevista cuyo contenido es del siguiente tenor literal:

1.-¿Cómo se denomina la empresa en la que va a trabajar?

Respuesta: La empresa se llama "Vand Lagistic SL"

2- ¿Conoce los detalles de su contrato?

Respuesta: Sí. [¿Cuántas horas va a trabajar a la semana?] 40 horas. [¿Qué días de la semana va a trabajar?] De lunes a viernes por 8 horas. [¿Qué horarios va a tener?] De 6 de la mañana a 2 de la tarde. [¿Va a tener descansos dentro de ese horario?] No, las 8 horas corridas. [¿Le han dicho si tendrá un periodo de prueba?] No voy a tener prueba. [¿Qué duración tiene el contrato?] Es un contrato indefinido, de un año. [¿El contrato es indefinido o de un año de duración?] Es indefinido, pero abajo dice que puedo estar un año. [¿Cuántos días de vacaciones tendrá al año?] 30 días.

3- ¿Tiene experiencia previa o formación para trabajar el este puesto de trabajo?

Respuesta: Le comento que sí, me han estado capacitan o virtualmente; una vez estando alió me van a capacitar presencialmente. [¿Trabaja actualmente o ha trabajado recientemente en ese cargo?] Actualmente no estoy trabajando. [¿y anteriormente ha trabajado en ese cargo?] Anteriormente no. [¿En qué ha abajado anteriormente?] Estaba trabajando en un hospital. [¿En qué hospital?] El General San Juan de Dios de Oruro. [¿Qué cargo ocupaba en ese hospital?] Se llamaba "manual". [¿En qué consistía ese trabajo?] Era recoger el desayuno, darles el desayuno, mantener el área limpia, y asear la habitación del paciente. [¿Tiene algún contrato de trabajo o certificado que demuestre su experiencia?] Tengo certificado. [¿Podría aportarlo?] Claro. [¿En qué fecha terminó sus estudios?] Colegio, sería, en 2016.

4- ¿Cuánto va a cobrar?

Respuesta: 1310 € mensuales. [¿Cuántas pagas va a recibir al año?] 12.

5- ¿Cuáles serán sus funciones y dónde trabajará?

Respuesta: Voy a trabajar en el almacén, mis funciones serán descargar mercancías, ponerlas en el palet, y después alistar el almacén para su distribución. [¿Podría decirme la dirección de la empresa?] Está ubicada en una provincia de Guadalajara, me dijo. (¿Sabe la dirección exacta de la empresa?] La dirección exacta no tengo conocimiento. (¿Pero está en Guadalajara?] Guadalajara, Henares, me dijo, ahí está el almacén. [¿Dónde va usted a residir?] En el DIRECCION000 [lo escribe] [¿Esa es la dirección en la que usted va a vivir?] Sí. (¿En qué ciudad?] Madrid. (¿Va vivir con alguien en esa dirección?] Sí, con mi tío. [¿Él también vive en la dirección que ha escrito antes?] Sí.

6- ¿Cómo se llama su empleador y cómo lo ha contactado?

Respuesta: Se llama Arcadio, y lo contacté directamente, hablé con él porque es mi tío. (¿Su tío es su empleador?] Sí. [¿Tiene otros familiares en España?] Tengo mis primos y mis tíos, igual. [¿Dónde residen?] Unos tíos viven en Ourense y otros en Madrid.

7- ¿Es la primera vez que presenta solicitud de visado para ir a España?

Respuesta: Sí, la primera.

8-¿Cuál es su propósito a la hora de obtener el visado?

Respuesta: Ir a cumplir mis funciones laborales y ganar experiencia laboral. (¿No tiene la intención de reunirse con su familia en España?] Eh, más vaya trabajar. [Pero va a vivir con su tío] Sí. [¿No pensó en solicitar un visado de reagrupación familiar?] No, sólo contrato de trabajo. (¿Alguien le indicó que podría ser más fácil conseguir un visado de trabajo que uno de reagrupación familiar u otro tipo de visado?] No.

Con la misma fecha de la resolución del recurso de reposición aparece en el expediente un informe consular sin firma alguna y con sello de la Embajada en el que se señala lo siguiente:

"En primer lugar, el solicitante, al ser preguntado por la duración del contrato, el solicitante respondió que "es un contrato indefinido, de un año". En este sentido, la contradicción es evidente, pues un contrato indefinido, como su propio nombre indica, no puede tener una duración de un año. Del mismo modo, un contrato de un año tampoco podría ser indefinido.

El solicitante también formuló alegaciones inexactas e relación a la experiencia previa. El solicitante indicó que tenía experiencia al haber trabajad de "manual" en el Hospital "General San Juan de Dios de Oruro". Asimismo, aportó documentación sobre la misma. Al indicar que trabajó, el solicitante debería haber contado con contrato de trabajo y con las correspondientes boletas de pago, de acuerdo al ordenamiento jurídico que exige las relaciones laborales en Bolivia. El Artículo 42 de la Ley General del Trabajo del Estado Plurinacional de Bolivia establece lo siguiente: "Al efectuarse el pago de salarios el patrono deducirá las sumas correspondientes al impuesto a la Renta, a los aportes a la Caja Seguro Social y las demás que determinen las leyes, la autoridad judicial competente o los contratos".

Igualmente, al haberse establecido esa relación laboral a la que el solicitante hace referencia en la entrevista, el señor Juan Antonio debería contar con aporte al sistema de la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo (el organismo público boliviano que en España sería el equivalente al Instituto Público de la Seguridad Social). Sin embargo, al consultar en el sistema virtual de la Gestora, se certifica que el solicitante "no se encuentra registrado en el Sistema Integral de Pensiones, como Asegurado", quedado así constancia de que el señor Juan Antonio ha formulado alegaciones inexactas. El hecho de que el solicitante no se encuentre registrado en el sistema de la Gestora, demuestra que no ha trabajado anteriormente y, por lo tanto, no puede demostrar ningún tipo de experiencia previa. Asimismo, y con la evidencia de que el señor Juan Antonio no cuenta con aportes al sistema de pensiones boliviano, la presencia de esos documentos del Hospital General San Juan de Dios sugiere que el solicitante podría haber presentado documentos presuntamente falsos.

De acuerdo a la jurisprudencia de la sentencia del TSJM 870/2024 de 11 de octubre de 2024 (PO 137/2024) "conviene recordar que la capacitación profesional es un requisito que ya es analizado por el citado Departamento [esto es, la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente] con ocasión del estudio del procedimiento previo de autorización (artículo 64.3 RLOEX) pero ello no impide para que la Embajada pueda analizar dicha capacidad en base a hechos nuevos y distintos que no pudieron ser examinados por la autoridad gubernativa, siendo la realización de una entrevista un elemento fundamental los efectos de poder determinar la existencia de algún indicio racional de simulación contractual".

A tenor de las alegaciones inexactas formuladas por el solicitante y de la presunta falsedad documental, la oficina consular dedujo, de acuerdo a eso, que estaba frente a un contrato de trabajo simulado y ficticio, cuyo propósito real obedece a la obtención de una residencia legal en España bajo una reagrupación familiar encubierta.

En este sentido, se puede considerar la presunta comisión de un fraude de ley, pues de acuerdo a la jurisprudencia de la Sentencia 110/2019, de 18 de febrero (rec. 909/2018) la figura jurídica del fraude de ley ( art. 6.4 del Código Civil) , supone un acto humano por el que, utilizando medios suficientes, se trata de conseguir un concreto fin amparándose en la tutela de una norma jurídica que está dada para una finalidad distinta y contrapuesta a la perseguida.

Por ello, la oficina consular denegó la solicitud de visado el 12 de noviembre de 2024.

Contra la denegación de visado, el solicitante interpuso recurso potestativo de reposición el 27 de diciembre de 2024. La documentación presentada no logró revertir las decisiones de la oficina consular acerca de la fiabilidad del contrato de trabajo. Por ello, se desestimó el recurso de reposición el 29 de enero de 2025".

En el análisis de una posible simulación contractual se debe mantener, en primer lugar, al conocimiento que el solicitante del visado pueda tener de la prestación a la que se ha comprometido y, tras ello, a su capacidad para desarrollarla. En relación con la primera, las respuestas dadas se corresponden con los elementos esenciales del contrato, siendo, como ya hemos dicho en tras ocasiones, que el error en la fijación de la duración del contrato es debido al alcance temporal de la autorización.

En relación con su capacidad, nos encontramos con un trabajo de mozo de almacén que no exige una especial capacitación.

La realidad es que la Embajada deniega el visado por el hecho de haber, supuestamente, realizado manifestaciones falsas en relación con su experiencia, lo que, a su vez, determinaría que los documentos aportados en relación con esta cuestión serían falsos. Ninguna de las dos apreciaciones puede acogerse. El documento en cuestión aparece al folio 27 del expediente. Se trata de un certificado emitido por el Servicio Departamental de Salud Oruro, Hospital General "San Juan de Dios" en el que simplemente se le reconoce su labor en el Arca Covid "Terapia Intermedia" y sus servicios en bien de la población tras un años de pandemia en el Hospital que, según consta al folio 29, fue desinteresada y altruista por lo que es imposible que haya contrato y aportes al Sistema. Cuando respondió en la entrevista a esta cuestión, nunca refirió que tuviera contrato y solo manifestó las tareas que realizó durante dicho periodo.

A la vista de todos los datos, la respuesta debe ser positiva a las pretensiones del recurrente dado que del expediente no se deduce elemento alguno del que poder del que se pueda extraer que existan serias dudas de que realmente se vaya a incorporar al puesto de trabajo para el que se le va a contratar en España pues no se ha desvirtuado en este caso, con datos objetivos y relevantes, dicha voluntad contractual lo que nos lleva a la estimación del recurso al resultar las resoluciones recurridas contrarias a derecho ya que no existen en este caso datos nuevos que han sido valorados y razonados por la Embajada que determinen la no veracidad del motivo alegado en la solicitud del visado, por lo que el acto administrativo recurrido se ha de anular por no ser conforme a derecho ( artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) .

SEXTO.-Establece el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción que, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el caso de autos procede la condena en costas de la parte demandada que ha visto rechazada sus pretensiones sin que concurra motivo para su no imposición.

A tenor del apartado cuarto de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, de los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de quinientos euros (500 €) por los honorarios de Letrado y Procurador, más el IVA correspondiente a dicha cantidad, y ello atendiendo a la índole del litigio y a la actividad procesal desplegada por las partes.

VISTOS.-los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.