Sentencia Contencioso-Administrativo 349/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 893/2025 de 15 de abril del 2026

PRIMERO.-El Procurador don Jacobo García García en nombre y representación de Leandro interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de fecha 14 de marzo de 2025 dictada por el Consulado General de España en Tetuán-Larache por la que se denegó la solicitud de visado de trabajo por cuenta ajena, como bien de la construcción para su trabajo en la empresa "Obras y reformas 2014 S.L."

SEGUNDO.-La citada resolución denegó el visado estableciendo como causa de denegación de la de la establecido en el artículo 70.4 del hoy derogado Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, establece que La misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos: c) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe

Afirma la oficina consular que de la documentación presentada entrevista realizada entiende si Consulado que sin duda razonable ni motivo de la solicitud de trabajo. Las declaraciones del solicitante demuestra poco conocimiento de las condiciones laborales y Comité del contrato a lo que cabe añadir que durante la entrevista se comprobó un nuevo conocimiento de la lengua española por lo que en todo momento sido necesario recurrir un intérprete. Todo lo anterior llevado este Consulado convencimiento de que no se acreditaron intuitivamente la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado ya que el mismo no parecería responderme discipline lograr concretar sin un propósito miró tenido por parte del solicitante. Por todo ello este Consulado procedía denegar la solicitud de visado de residencia por cuenta ajena

TERCERO.-La parte recurrente impugna la citada resolución alegando la falta de motivación de la resolución recurrida y Que la empresa Obras y reformas 2014 SL, es una empresa constituida por Marroquíes, regentada por marroquíes, y con personal marroquí. El Administrador es Marroquí y todos los trabajadores son marroquíes, con lo que no conocimiento del español no le impedirá la comunicación en su lugar de trabajo, ni el desarrollo del mismo, puesto que no es un elemento esencial del lugar de trabajo.

Entre ellos, trabaja el padre del interesado que es el que le recomendó para el trabajo. Los familiares trabajando en la empresa, son los que le han postulado como un ayuda efectivo para la empresa, que al tratarse de personal principalmente marroquí, se sienten acomodados trabajando entre paisanos, por costumbres y cultura.

Se opone la Administración demandada en base a la normativa aplicable y el contenido de la resolución impugnada, señalando que

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una solicitud de visado de residencia y trabajo por cuenta ajena formulada por un varón marroquí de 29 años de edad, que no consta que tenga estudios; que no habla ni escribe en castellano, y que pretende trasladarse a España, donde residen algunos familiares, para trabajar como peón de la construcción. No consta que tenga ninguna formación ni experiencia en el sector de la construcción.

De la entrevista personal realizada se desprende que el interesado no entiende el castellano, algo que necesariamente supondrá un grave obstáculo en sus relaciones diarias en la empresa y fuera de ella. Además, desconoce aspectos básicos del contrato de trabajo que le ha sido ofertado.

A la vista de ello hay que concluir que la decisión del Consulado español de no considerar acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención del visado de residencia y trabajo por cuenta ajena no puede calificarse como ilógica, arbitraria o irrazonable, ni tampoco de inmotivada, y de la entrevista realizada se desprende que estamos ante una reagrupación familiar encubierta.

CUARTO.-Procede analizar, en primer lugar, el alegado vicio de falta de motivación de la resolución recurrida en los términos que se expresan en sus Fundamentos de Derecho, pues su apreciación impediría a la Sala entrar en el examen del fondo de la cuestión controvertida.

Como señalamos en nuestra Sentencia de 14 de julio de 2022 (rec. 151/2022) "El deber de la Administración de motivar sus actos, como señala entre otras la STS de 19 de noviembre de 2001, Recurso 6690/2000, tiene su engarce constitucional en el principio de legalidad que establece el artículo 103 CE, así como en la efectividad del control jurisdiccional de la actuación de la Administración reconocido en el artículo 106 CE, siendo en el plano legal, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el precepto que concreta con amplitud los actos que han de ser motivados, con suscita referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

Asimismo, la Disposición adicional décima del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, relativa al procedimiento en materia de visados, dispone en su apartado 6º que "La resolución denegatoria de un visado se notificará al solicitante de forma que le garantice la información sobre su contenido las normas que en Derecho la fundamenten, el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo para interponerlo".

La exigencia de la motivación de los actos administrativos responde, según reiterada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente la STS 16 de julio de 2001, Recurso 92/1994, a la finalidad de que el interesado pueda conocer el cuándo, cómo y por qué de lo establecido por la Administración, con la amplitud necesaria para la defensa de sus derechos e intereses, permitiendo también, a su vez, a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos que les permitan resolver la impugnación judicial del acto, en el juicio de su facultad de revisión y control de la actividad administrativa; de tal modo que la falta de esa motivación o su insuficiencia notoria, en la medida que impiden impugnar ese acto con seria posibilidad de criticar las bases y criterios en que se funda, integran un vicio de anulabilidad, en cuanto dejan al interesado en situación de indefensión. Esta exigencia es consecuencia de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos y supone no sólo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de derechos.

En consecuencia, cuando el acto administrativo carece de motivación se impide el control jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa que viene constitucionalmente impuesto - artículo 106.1 CE-, pues se impide comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad

En definitiva, la motivación consiste en la exteriorización de las razones que sirvieron de justificación o de fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, necesaria para conocer la voluntad de la Administración.

Motivación de los actos administrativos que, como señala la STS de 29 de marzo de 2012, Recurso 2940/2010, no exige ningún razonamiento exhaustivo y pormenorizado, bastando con que se expresen las razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la decisión "facilitando a los interesados el conocimiento necesario para valorar la corrección o incorrección jurídica del acto a los efectos de ejercitar las acciones de impugnación que el ordenamiento jurídico establece y articular adecuadamente sus medios de defensa".

La motivación del acto administrativo es, en definitiva, una consecuencia derivada de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad garantizados en el artículo 9.3 de la Constitución, pudiendo considerarse, desde otra perspectiva, como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 CE sino por el principio de legalidad en la actuación administrativa que también surge del artículo 106.1 CE.

Por último, deberá recordarse, como lo hemos hecho en otras muchas ocasiones (por todas, sentencia de 5 de junio de 2017, recurso contencioso-administrativo 567/2016) que el "Derecho a una buena Administración", incluye dentro del mismo, en particular, "la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones". Así lo había venido declarando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre otras, en SSTJCE, de 29 de febrero de 1996, (Bélgica/Comisión, C-56/93), 7 de marzo de 2002 (Italia/Comisión, C-310/99) y 12 de diciembre de 2002. Ya el citado Tribunal, en STJUE de 2 de abril de 1998 (Comisión/Sytraval y Brink's France, C-367/95) declaró que la motivación "debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución del que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes"; el requisito que aquí nos concierne debe, finalmente, "apreciarse no sólo en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate".

En relación con lo anterior, será también útil traer colación la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (entre otras muchas, en SSTC núm. 145/1986; 102/1987; 155/1988 y 35/1989) en relación con la proscripción del efecto de indefensión, que sostiene que, para que sea posible su apreciación, es preciso en primer lugar una adecuada valoración de las circunstancias concurrentes en cada caso; en segundo, la idea base de que la indefensión constitucionalmente prohibida no nace de la mera infracción formal de las normas procedimentales de modo que la ruptura con la legalidad no siempre habrá provocado la supresión de los derechos que corresponden a la parte que alega haberla padecido sino sólo en aquellos casos en que dicha privación sea real y efectiva, y no sólo formal. Por lo que no puede sostenerse válidamente que el artículo 24.1 CE tutele situaciones de mera indefensión formal sino tan sólo supuestos de indefensión calificable como tal desde un punto de vista material, siendo claro el perjuicio que se haya derivado para quien la haya sufrido efectivamente (en este mismo sentido, nuestra sentencia de 5 de junio de 2017, recurso contencioso-administrativo 567/2016)".

Pues bien, en el supuesto de autos, las propias manifestaciones expresadas en el escrito de demanda determinan la inexistencia de esa indefensión material que exige la doctrina antes referida en cuanto que, siendo cierto que no hay un examen detallado de la documentación aportada, el recurrente conoce las razones de la denegación y se ha expresado y ha traído al procedimiento hechos y documentos que ha entendido relevantes para acreditar la concurrencia del requisito negado por la Administración por lo que no podemos atender a la pretensión deducida en tal sentido.

QUINTO.- Parala correcta resolución de la problemática aquí suscitada convendrá tener presente que el vigente sistema español de extranjería establecido por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por LO 8/00 y por LO 14/03, -aplicable en razón a la fecha de la solicitud- establece la necesidad de visado como requisito normal de acceso al territorio nacional. El visado será expedido por las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España y su denegación deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena e indicar los recursos que procedan ( artículo 27). Las disposiciones reglamentarias aplicables son las contenidas en el RD 557/2011, cuyo artículo 62 dispone que se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad laboral por cuenta ajena.

Por otro lado, conforme expresa el apartado tercero del art. 27 de la L.O. 14/2003, de reforma de la L.O. 4/2000, el ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como las de inmigración, económica y de seguridad, y de acuerdo con la normativa citada (art. 25 bis b), no configurándose como un derecho fundamental del extranjero la entrada en nuestro país ya sea para una estancia corta o para prestar servicios por cuenta ajena. Debe tenerse en cuenta que el supuesto normativo que aquí examinamos no contempla propiamente la restricción de un derecho, pues la obtención del visado no es un derecho reglado del extranjero, como afirma el Abogado del Estado, dado que el derecho a entrar en España no es un derecho fundamental del que sean titulares los extranjeros con apoyo en el art. 19 CE.

Además, a la vista de las alegaciones vertidas por el actor en su demanda, habrá de recordarse que esta misma Sala y Sección tiene declarado que las legaciones diplomáticas, al estar ubicadas en o muy cercanas al país de origen del solicitante del visado, conocen mejor su realidad social, jurídica y administrativa y tienen por ello más elementos de convicción que las autoridades nacionales que otorgan la previa autorización de residencia temporal para poder aplicar la normativa sobre extranjería, pudiendo además proceder al cotejo de los documentos presentados para la concesión del visado, a fin de determinar no sólo su autenticidad sino también la veracidad de su contenido. Un criterio que ha sido confirmado por el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, entre otras, en la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2014 (Rec. Cas. 2995/2013), (ROJ: STS 3186/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3186)

SEXTO.-Dicho lo anterior, en el caso de autos, presentada la solicitud de visado la misma fue denegada conforme a los términos reseñados con anterioridad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 del Reglamento, la misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos:

Cuando el extranjero se encontrará en situación irregular en España en la fecha en que se presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo.

Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

Cuando la copia del contrato presentada no coincida con la información proporcionada por la Oficina de Extranjería o por el órgano autonómico competente sobre el contrato original".

Expresa la Disposición Adicional Décima, apartado cuarto, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, que "cuando se determine la celebración de la entrevista dentro de procedimientos regulados en el título IV de este Reglamento, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado".

El solicitante cuenta con autorización de trabajo y residencia temporal por cuenta ajena otorgada por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona ello con validez de un año desde el alta en la Seguridad Social y quedando en suspenso en tanto el interesado obtuviese visado de trabajo y residencia en la representación consular española correspondiente.

Conviene recordar que la capacitación profesional es un requisito que ya es analizado por la citada Subdelegación con ocasión del estudio del procedimiento previo de autorización ( artículo 64.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, ) pero ello no impide para que el Consulado pueda analizar dicha capacidad en base a hechos nuevos y distintos que no pudieron ser examinados por la autoridad gubernativa, siendo la realización de una entrevista un elemento fundamental a los efectos de poder determinar la existencia de algún indicio racional de simulación contractual.

Dicha facultad no pude ser sustituida por el análisis fáctico que se realiza en el escrito de contestación a la demanda pues resulta esencial que la resolución motive decisivamente los indicios de fraude y los sustente en elementos de juicio fácticos.

Como tiene declarado esta Sala y Sección en, entre otras, Sentencia nº 110/2019, de 18 de febrero (rec. 909/2018), ( ROJ: STSJ M 1540/2019 - ECLI:ES:TSJM:2019:1540) la figura jurídica del fraude de ley, que en nuestro Derecho positivo plasma, entre otros, el artículo 6.4 del Código civil, supone un acto humano por el que, utilizando medios suficientes, se trata de conseguir un concreto fin amparándose en la tutela de una norma jurídica que está dada para una finalidad distinta y contrapuesta a la perseguida.

Así pues, corresponde analizar si en el presente caso se produce tal fraude lo que nos lleva a realizar un juicio inferencial tanto de la resolución como de los datos, en este caso, consignados en el expediente en el que no se ha llegado a celebrar dicha entrevista ni consta actividad de investigación alguna por lo que, a la vista de todos los datos, la respuesta debe ser positiva a las pretensiones del recurrente dado que del expediente no se deduce elemento alguna del que poder extraer que existan serias dudas de que desconozca los elementos esenciales del contrato o de que carezca de la experiencia suficiente

Se ha practicado una entrevista personal obrante a los folios 40 y siguientes del expediente administrativo en la que se indica lo siguiente

--Preguntado sobre nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento manifiesta lo siguiente:

Leandro, no entiende la pregunta, continúa la entrevista con intérprete, nació en el DIRECCION000" el NUM000.1996.

-Preguntado sobre si trabaja manifiesta lo siguiente: Trabaja en la construcción de manera ocasional.

-Preguntado sobre dónde y en qué profesión ha trabajado en Marruecos anteriormente, manifiesta lo siguiente:

Trabajó en "Marjane" durante dos años como vendedor.

-Preguntado sobre si ha cotizado a la Caja Nacional de la Seguridad Social manifiesta lo siguiente: Sí, cuando trabajaba en Marjane.

-Preguntado sobre cómo ha conseguido el contrato manifiesta lo siguiente: Le contrata el marido de su prima.

Su padre también trabaja en la misma empresa.

-Preguntado sobre si conoce al empleador manifiesta lo siguiente: Sí, lo conoce personalmente.

-Preguntado sobre dónde trabajará manifiesta lo siguiente: Terrassa.

-Preguntado sobre qué actividad desempeñará manifiesta lo siguiente: Trabajará en la construcción.

-Preguntado sobre cuánto cobrará manifiesta lo siguiente: 1700 € al mes.

-Preguntado sobre la duración del contrato manifiesta lo siguiente: Indefinido.

-Preguntado sobre a qué hora entrará a trabajar y a qué hora saldrá de trabajar manifiesta lo siguiente: Desde las 8h hasta 17h.

-Preguntado sobre las vacaciones que tendrá manifiesta lo siguiente: Un mes al año.

-Preguntado sobre dónde se alojará en caso de concesión de visado manifiesta lo siguiente: Con su tía mientras se busca alojamiento.

-Preguntado sobre cuántas personas trabajan con el empleador manifiesta lo siguiente: Cincuenta y seis personas.

-Preguntado sobre si tendrá periodo de prueba manifiesta lo siguiente: Si, quince días.

La administración no indica singularmente cuál es el motivo del desconocimiento de las condiciones de trabajo

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que conforme al convenio colectivo de los trabajadores de la construcción de Barcelona un peón se encuadra en el grupo primero de las categorías profesionales en el que se incluyen se incluyen los trabajadores que ejecutan tareas establecidas de forma concreta y con un alto grado de dependencia. Dichas tareas son sencillas y requieren, con carácter general, la aportación de esfuerzo físico. Los trabajadores enmarcados en el presente grupo profesional no tienen ningún otro trabajador a su cargo.

Formación.

Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, no es necesario poseer una formación específica.

Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades, siempre que no implique su realización situados sobre equipos, medios auxiliares o elementos provisionales.

Área de producción y actividades asimiladas.

1. Limpieza y ordenación del centro de trabajo.

2. Actividades auxiliares realizadas de modo manual, tales como: elaborar hormigones, pastas y adhesivos; sanear y regularizar soportes para revestimiento; aplicar imprimaciones o pinturas protectoras.

3. Transporte y manipulación de materiales por medios manuales o mediante la utilización de equipos de trabajo sin motor (carretillas, traspaletas, etc.).

4. Manejo y utilización de herramientas manuales y equipos de trabajo no motorizados que no requieran un especial adiestramiento.

5. Manejo de equipos de trabajo motorizados portátiles como, por ejemplo, taladros, radiales, etc.

6. Ayuda en máquinas-vehículos equipos de trabajo.

7. Apoyo y colaboración a sus superiores en la ejecución de los trabajos.

De dicho convenio debe significarse que las labores a realizar por un peón y precisan una formación previa ni exigen conocimientos especializados por lo que la formación del solicitante no sería obstáculo para la concesión del visado

Y respecto al conocimiento del idioma en atención a las funciones antes señaladas puede concluirse que no es preciso conocer el idioma del lugar donde se prestan los servicios (catalán o castellano) más aún cuando sus superiores son originarios de Marruecos y por lo tanto disponen de una lengua común con el solicitante en lo que pueden impartir órdenes instrucciones indicaciones.

No es lo mismo el conocimiento del idioma por un trabajo de atención al público, que para un trabajo donde el contacto con los ciudadanos es escaso por no decir nulo y no se precisa la integración con los mismos para la realización de las funciones propias del puesto de trabajo.

Por dichas razones el acto administrativo recurrido se ha de anular por no ser conforme a derecho ( artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ), puesto que del certificado antes señalado consta no sólo la actividad de colocación tradicional de azulejos y mosaicos sino que figura en la categoría de artesano con experiencia y además consta que el inicio de la actividad es en enero de 2020 es decir muy anterior a la solicitud del visado por lo que no se puede negar la experiencia en el sector.

El motivo a que se hace referencia la resolución administrativa recurrida queda desvirtuado a través de la prueba practicada en el presente procedimiento

SÉPTIMO.-Establece el artículo 139.1 de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En el caso de autos procede la condena en costas a la administración demandada que ha visto rechazadas sus pretensiones sin que concurra motivo para su no imposición.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima".

La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de quinientos euros (500 €) por los honorarios de Letrado y Procurador, más la cantidad de IVA correspondiente a dicha cantidad, y ello en función de la índole del litigio y la actividad desplegada por las partes.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-El Procurador don Jacobo García García en nombre y representación de Leandro interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de fecha 14 de marzo de 2025 dictada por el Consulado General de España en Tetuán-Larache por la que se denegó la solicitud de visado de trabajo por cuenta ajena, como bien de la construcción para su trabajo en la empresa "Obras y reformas 2014 S.L."

SEGUNDO.-La citada resolución denegó el visado estableciendo como causa de denegación de la de la establecido en el artículo 70.4 del hoy derogado Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, establece que La misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos: c) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe

Afirma la oficina consular que de la documentación presentada entrevista realizada entiende si Consulado que sin duda razonable ni motivo de la solicitud de trabajo. Las declaraciones del solicitante demuestra poco conocimiento de las condiciones laborales y Comité del contrato a lo que cabe añadir que durante la entrevista se comprobó un nuevo conocimiento de la lengua española por lo que en todo momento sido necesario recurrir un intérprete. Todo lo anterior llevado este Consulado convencimiento de que no se acreditaron intuitivamente la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado ya que el mismo no parecería responderme discipline lograr concretar sin un propósito miró tenido por parte del solicitante. Por todo ello este Consulado procedía denegar la solicitud de visado de residencia por cuenta ajena

TERCERO.-La parte recurrente impugna la citada resolución alegando la falta de motivación de la resolución recurrida y Que la empresa Obras y reformas 2014 SL, es una empresa constituida por Marroquíes, regentada por marroquíes, y con personal marroquí. El Administrador es Marroquí y todos los trabajadores son marroquíes, con lo que no conocimiento del español no le impedirá la comunicación en su lugar de trabajo, ni el desarrollo del mismo, puesto que no es un elemento esencial del lugar de trabajo.

Entre ellos, trabaja el padre del interesado que es el que le recomendó para el trabajo. Los familiares trabajando en la empresa, son los que le han postulado como un ayuda efectivo para la empresa, que al tratarse de personal principalmente marroquí, se sienten acomodados trabajando entre paisanos, por costumbres y cultura.

Se opone la Administración demandada en base a la normativa aplicable y el contenido de la resolución impugnada, señalando que

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una solicitud de visado de residencia y trabajo por cuenta ajena formulada por un varón marroquí de 29 años de edad, que no consta que tenga estudios; que no habla ni escribe en castellano, y que pretende trasladarse a España, donde residen algunos familiares, para trabajar como peón de la construcción. No consta que tenga ninguna formación ni experiencia en el sector de la construcción.

De la entrevista personal realizada se desprende que el interesado no entiende el castellano, algo que necesariamente supondrá un grave obstáculo en sus relaciones diarias en la empresa y fuera de ella. Además, desconoce aspectos básicos del contrato de trabajo que le ha sido ofertado.

A la vista de ello hay que concluir que la decisión del Consulado español de no considerar acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención del visado de residencia y trabajo por cuenta ajena no puede calificarse como ilógica, arbitraria o irrazonable, ni tampoco de inmotivada, y de la entrevista realizada se desprende que estamos ante una reagrupación familiar encubierta.

CUARTO.-Procede analizar, en primer lugar, el alegado vicio de falta de motivación de la resolución recurrida en los términos que se expresan en sus Fundamentos de Derecho, pues su apreciación impediría a la Sala entrar en el examen del fondo de la cuestión controvertida.

Como señalamos en nuestra Sentencia de 14 de julio de 2022 (rec. 151/2022) "El deber de la Administración de motivar sus actos, como señala entre otras la STS de 19 de noviembre de 2001, Recurso 6690/2000, tiene su engarce constitucional en el principio de legalidad que establece el artículo 103 CE, así como en la efectividad del control jurisdiccional de la actuación de la Administración reconocido en el artículo 106 CE, siendo en el plano legal, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el precepto que concreta con amplitud los actos que han de ser motivados, con suscita referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

Asimismo, la Disposición adicional décima del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, relativa al procedimiento en materia de visados, dispone en su apartado 6º que "La resolución denegatoria de un visado se notificará al solicitante de forma que le garantice la información sobre su contenido las normas que en Derecho la fundamenten, el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo para interponerlo".

La exigencia de la motivación de los actos administrativos responde, según reiterada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente la STS 16 de julio de 2001, Recurso 92/1994, a la finalidad de que el interesado pueda conocer el cuándo, cómo y por qué de lo establecido por la Administración, con la amplitud necesaria para la defensa de sus derechos e intereses, permitiendo también, a su vez, a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos que les permitan resolver la impugnación judicial del acto, en el juicio de su facultad de revisión y control de la actividad administrativa; de tal modo que la falta de esa motivación o su insuficiencia notoria, en la medida que impiden impugnar ese acto con seria posibilidad de criticar las bases y criterios en que se funda, integran un vicio de anulabilidad, en cuanto dejan al interesado en situación de indefensión. Esta exigencia es consecuencia de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos y supone no sólo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de derechos.

En consecuencia, cuando el acto administrativo carece de motivación se impide el control jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa que viene constitucionalmente impuesto - artículo 106.1 CE-, pues se impide comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad

En definitiva, la motivación consiste en la exteriorización de las razones que sirvieron de justificación o de fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, necesaria para conocer la voluntad de la Administración.

Motivación de los actos administrativos que, como señala la STS de 29 de marzo de 2012, Recurso 2940/2010, no exige ningún razonamiento exhaustivo y pormenorizado, bastando con que se expresen las razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la decisión "facilitando a los interesados el conocimiento necesario para valorar la corrección o incorrección jurídica del acto a los efectos de ejercitar las acciones de impugnación que el ordenamiento jurídico establece y articular adecuadamente sus medios de defensa".

La motivación del acto administrativo es, en definitiva, una consecuencia derivada de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad garantizados en el artículo 9.3 de la Constitución, pudiendo considerarse, desde otra perspectiva, como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 CE sino por el principio de legalidad en la actuación administrativa que también surge del artículo 106.1 CE.

Por último, deberá recordarse, como lo hemos hecho en otras muchas ocasiones (por todas, sentencia de 5 de junio de 2017, recurso contencioso-administrativo 567/2016) que el "Derecho a una buena Administración", incluye dentro del mismo, en particular, "la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones". Así lo había venido declarando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre otras, en SSTJCE, de 29 de febrero de 1996, (Bélgica/Comisión, C-56/93), 7 de marzo de 2002 (Italia/Comisión, C-310/99) y 12 de diciembre de 2002. Ya el citado Tribunal, en STJUE de 2 de abril de 1998 (Comisión/Sytraval y Brink's France, C-367/95) declaró que la motivación "debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución del que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes"; el requisito que aquí nos concierne debe, finalmente, "apreciarse no sólo en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate".

En relación con lo anterior, será también útil traer colación la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (entre otras muchas, en SSTC núm. 145/1986; 102/1987; 155/1988 y 35/1989) en relación con la proscripción del efecto de indefensión, que sostiene que, para que sea posible su apreciación, es preciso en primer lugar una adecuada valoración de las circunstancias concurrentes en cada caso; en segundo, la idea base de que la indefensión constitucionalmente prohibida no nace de la mera infracción formal de las normas procedimentales de modo que la ruptura con la legalidad no siempre habrá provocado la supresión de los derechos que corresponden a la parte que alega haberla padecido sino sólo en aquellos casos en que dicha privación sea real y efectiva, y no sólo formal. Por lo que no puede sostenerse válidamente que el artículo 24.1 CE tutele situaciones de mera indefensión formal sino tan sólo supuestos de indefensión calificable como tal desde un punto de vista material, siendo claro el perjuicio que se haya derivado para quien la haya sufrido efectivamente (en este mismo sentido, nuestra sentencia de 5 de junio de 2017, recurso contencioso-administrativo 567/2016)".

Pues bien, en el supuesto de autos, las propias manifestaciones expresadas en el escrito de demanda determinan la inexistencia de esa indefensión material que exige la doctrina antes referida en cuanto que, siendo cierto que no hay un examen detallado de la documentación aportada, el recurrente conoce las razones de la denegación y se ha expresado y ha traído al procedimiento hechos y documentos que ha entendido relevantes para acreditar la concurrencia del requisito negado por la Administración por lo que no podemos atender a la pretensión deducida en tal sentido.

QUINTO.- Parala correcta resolución de la problemática aquí suscitada convendrá tener presente que el vigente sistema español de extranjería establecido por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por LO 8/00 y por LO 14/03, -aplicable en razón a la fecha de la solicitud- establece la necesidad de visado como requisito normal de acceso al territorio nacional. El visado será expedido por las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España y su denegación deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena e indicar los recursos que procedan ( artículo 27). Las disposiciones reglamentarias aplicables son las contenidas en el RD 557/2011, cuyo artículo 62 dispone que se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad laboral por cuenta ajena.

Por otro lado, conforme expresa el apartado tercero del art. 27 de la L.O. 14/2003, de reforma de la L.O. 4/2000, el ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como las de inmigración, económica y de seguridad, y de acuerdo con la normativa citada (art. 25 bis b), no configurándose como un derecho fundamental del extranjero la entrada en nuestro país ya sea para una estancia corta o para prestar servicios por cuenta ajena. Debe tenerse en cuenta que el supuesto normativo que aquí examinamos no contempla propiamente la restricción de un derecho, pues la obtención del visado no es un derecho reglado del extranjero, como afirma el Abogado del Estado, dado que el derecho a entrar en España no es un derecho fundamental del que sean titulares los extranjeros con apoyo en el art. 19 CE.

Además, a la vista de las alegaciones vertidas por el actor en su demanda, habrá de recordarse que esta misma Sala y Sección tiene declarado que las legaciones diplomáticas, al estar ubicadas en o muy cercanas al país de origen del solicitante del visado, conocen mejor su realidad social, jurídica y administrativa y tienen por ello más elementos de convicción que las autoridades nacionales que otorgan la previa autorización de residencia temporal para poder aplicar la normativa sobre extranjería, pudiendo además proceder al cotejo de los documentos presentados para la concesión del visado, a fin de determinar no sólo su autenticidad sino también la veracidad de su contenido. Un criterio que ha sido confirmado por el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, entre otras, en la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2014 (Rec. Cas. 2995/2013), (ROJ: STS 3186/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3186)

SEXTO.-Dicho lo anterior, en el caso de autos, presentada la solicitud de visado la misma fue denegada conforme a los términos reseñados con anterioridad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 del Reglamento, la misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos:

Cuando el extranjero se encontrará en situación irregular en España en la fecha en que se presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo.

Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

Cuando la copia del contrato presentada no coincida con la información proporcionada por la Oficina de Extranjería o por el órgano autonómico competente sobre el contrato original".

Expresa la Disposición Adicional Décima, apartado cuarto, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, que "cuando se determine la celebración de la entrevista dentro de procedimientos regulados en el título IV de este Reglamento, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado".

El solicitante cuenta con autorización de trabajo y residencia temporal por cuenta ajena otorgada por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona ello con validez de un año desde el alta en la Seguridad Social y quedando en suspenso en tanto el interesado obtuviese visado de trabajo y residencia en la representación consular española correspondiente.

Conviene recordar que la capacitación profesional es un requisito que ya es analizado por la citada Subdelegación con ocasión del estudio del procedimiento previo de autorización ( artículo 64.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, ) pero ello no impide para que el Consulado pueda analizar dicha capacidad en base a hechos nuevos y distintos que no pudieron ser examinados por la autoridad gubernativa, siendo la realización de una entrevista un elemento fundamental a los efectos de poder determinar la existencia de algún indicio racional de simulación contractual.

Dicha facultad no pude ser sustituida por el análisis fáctico que se realiza en el escrito de contestación a la demanda pues resulta esencial que la resolución motive decisivamente los indicios de fraude y los sustente en elementos de juicio fácticos.

Como tiene declarado esta Sala y Sección en, entre otras, Sentencia nº 110/2019, de 18 de febrero (rec. 909/2018), ( ROJ: STSJ M 1540/2019 - ECLI:ES:TSJM:2019:1540) la figura jurídica del fraude de ley, que en nuestro Derecho positivo plasma, entre otros, el artículo 6.4 del Código civil, supone un acto humano por el que, utilizando medios suficientes, se trata de conseguir un concreto fin amparándose en la tutela de una norma jurídica que está dada para una finalidad distinta y contrapuesta a la perseguida.

Así pues, corresponde analizar si en el presente caso se produce tal fraude lo que nos lleva a realizar un juicio inferencial tanto de la resolución como de los datos, en este caso, consignados en el expediente en el que no se ha llegado a celebrar dicha entrevista ni consta actividad de investigación alguna por lo que, a la vista de todos los datos, la respuesta debe ser positiva a las pretensiones del recurrente dado que del expediente no se deduce elemento alguna del que poder extraer que existan serias dudas de que desconozca los elementos esenciales del contrato o de que carezca de la experiencia suficiente

Se ha practicado una entrevista personal obrante a los folios 40 y siguientes del expediente administrativo en la que se indica lo siguiente

--Preguntado sobre nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento manifiesta lo siguiente:

Leandro, no entiende la pregunta, continúa la entrevista con intérprete, nació en el DIRECCION000" el NUM000.1996.

-Preguntado sobre si trabaja manifiesta lo siguiente: Trabaja en la construcción de manera ocasional.

-Preguntado sobre dónde y en qué profesión ha trabajado en Marruecos anteriormente, manifiesta lo siguiente:

Trabajó en "Marjane" durante dos años como vendedor.

-Preguntado sobre si ha cotizado a la Caja Nacional de la Seguridad Social manifiesta lo siguiente: Sí, cuando trabajaba en Marjane.

-Preguntado sobre cómo ha conseguido el contrato manifiesta lo siguiente: Le contrata el marido de su prima.

Su padre también trabaja en la misma empresa.

-Preguntado sobre si conoce al empleador manifiesta lo siguiente: Sí, lo conoce personalmente.

-Preguntado sobre dónde trabajará manifiesta lo siguiente: Terrassa.

-Preguntado sobre qué actividad desempeñará manifiesta lo siguiente: Trabajará en la construcción.

-Preguntado sobre cuánto cobrará manifiesta lo siguiente: 1700 € al mes.

-Preguntado sobre la duración del contrato manifiesta lo siguiente: Indefinido.

-Preguntado sobre a qué hora entrará a trabajar y a qué hora saldrá de trabajar manifiesta lo siguiente: Desde las 8h hasta 17h.

-Preguntado sobre las vacaciones que tendrá manifiesta lo siguiente: Un mes al año.

-Preguntado sobre dónde se alojará en caso de concesión de visado manifiesta lo siguiente: Con su tía mientras se busca alojamiento.

-Preguntado sobre cuántas personas trabajan con el empleador manifiesta lo siguiente: Cincuenta y seis personas.

-Preguntado sobre si tendrá periodo de prueba manifiesta lo siguiente: Si, quince días.

La administración no indica singularmente cuál es el motivo del desconocimiento de las condiciones de trabajo

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que conforme al convenio colectivo de los trabajadores de la construcción de Barcelona un peón se encuadra en el grupo primero de las categorías profesionales en el que se incluyen se incluyen los trabajadores que ejecutan tareas establecidas de forma concreta y con un alto grado de dependencia. Dichas tareas son sencillas y requieren, con carácter general, la aportación de esfuerzo físico. Los trabajadores enmarcados en el presente grupo profesional no tienen ningún otro trabajador a su cargo.

Formación.

Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, no es necesario poseer una formación específica.

Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades, siempre que no implique su realización situados sobre equipos, medios auxiliares o elementos provisionales.

Área de producción y actividades asimiladas.

1. Limpieza y ordenación del centro de trabajo.

2. Actividades auxiliares realizadas de modo manual, tales como: elaborar hormigones, pastas y adhesivos; sanear y regularizar soportes para revestimiento; aplicar imprimaciones o pinturas protectoras.

3. Transporte y manipulación de materiales por medios manuales o mediante la utilización de equipos de trabajo sin motor (carretillas, traspaletas, etc.).

4. Manejo y utilización de herramientas manuales y equipos de trabajo no motorizados que no requieran un especial adiestramiento.

5. Manejo de equipos de trabajo motorizados portátiles como, por ejemplo, taladros, radiales, etc.

6. Ayuda en máquinas-vehículos equipos de trabajo.

7. Apoyo y colaboración a sus superiores en la ejecución de los trabajos.

De dicho convenio debe significarse que las labores a realizar por un peón y precisan una formación previa ni exigen conocimientos especializados por lo que la formación del solicitante no sería obstáculo para la concesión del visado

Y respecto al conocimiento del idioma en atención a las funciones antes señaladas puede concluirse que no es preciso conocer el idioma del lugar donde se prestan los servicios (catalán o castellano) más aún cuando sus superiores son originarios de Marruecos y por lo tanto disponen de una lengua común con el solicitante en lo que pueden impartir órdenes instrucciones indicaciones.

No es lo mismo el conocimiento del idioma por un trabajo de atención al público, que para un trabajo donde el contacto con los ciudadanos es escaso por no decir nulo y no se precisa la integración con los mismos para la realización de las funciones propias del puesto de trabajo.

Por dichas razones el acto administrativo recurrido se ha de anular por no ser conforme a derecho ( artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ), puesto que del certificado antes señalado consta no sólo la actividad de colocación tradicional de azulejos y mosaicos sino que figura en la categoría de artesano con experiencia y además consta que el inicio de la actividad es en enero de 2020 es decir muy anterior a la solicitud del visado por lo que no se puede negar la experiencia en el sector.

El motivo a que se hace referencia la resolución administrativa recurrida queda desvirtuado a través de la prueba practicada en el presente procedimiento

SÉPTIMO.-Establece el artículo 139.1 de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En el caso de autos procede la condena en costas a la administración demandada que ha visto rechazadas sus pretensiones sin que concurra motivo para su no imposición.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima".

La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de quinientos euros (500 €) por los honorarios de Letrado y Procurador, más la cantidad de IVA correspondiente a dicha cantidad, y ello en función de la índole del litigio y la actividad desplegada por las partes.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-El Procurador don Jacobo García García en nombre y representación de Leandro interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de fecha 14 de marzo de 2025 dictada por el Consulado General de España en Tetuán-Larache por la que se denegó la solicitud de visado de trabajo por cuenta ajena, como bien de la construcción para su trabajo en la empresa "Obras y reformas 2014 S.L."

SEGUNDO.-La citada resolución denegó el visado estableciendo como causa de denegación de la de la establecido en el artículo 70.4 del hoy derogado Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, establece que La misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos: c) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe

Afirma la oficina consular que de la documentación presentada entrevista realizada entiende si Consulado que sin duda razonable ni motivo de la solicitud de trabajo. Las declaraciones del solicitante demuestra poco conocimiento de las condiciones laborales y Comité del contrato a lo que cabe añadir que durante la entrevista se comprobó un nuevo conocimiento de la lengua española por lo que en todo momento sido necesario recurrir un intérprete. Todo lo anterior llevado este Consulado convencimiento de que no se acreditaron intuitivamente la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado ya que el mismo no parecería responderme discipline lograr concretar sin un propósito miró tenido por parte del solicitante. Por todo ello este Consulado procedía denegar la solicitud de visado de residencia por cuenta ajena

TERCERO.-La parte recurrente impugna la citada resolución alegando la falta de motivación de la resolución recurrida y Que la empresa Obras y reformas 2014 SL, es una empresa constituida por Marroquíes, regentada por marroquíes, y con personal marroquí. El Administrador es Marroquí y todos los trabajadores son marroquíes, con lo que no conocimiento del español no le impedirá la comunicación en su lugar de trabajo, ni el desarrollo del mismo, puesto que no es un elemento esencial del lugar de trabajo.

Entre ellos, trabaja el padre del interesado que es el que le recomendó para el trabajo. Los familiares trabajando en la empresa, son los que le han postulado como un ayuda efectivo para la empresa, que al tratarse de personal principalmente marroquí, se sienten acomodados trabajando entre paisanos, por costumbres y cultura.

Se opone la Administración demandada en base a la normativa aplicable y el contenido de la resolución impugnada, señalando que

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una solicitud de visado de residencia y trabajo por cuenta ajena formulada por un varón marroquí de 29 años de edad, que no consta que tenga estudios; que no habla ni escribe en castellano, y que pretende trasladarse a España, donde residen algunos familiares, para trabajar como peón de la construcción. No consta que tenga ninguna formación ni experiencia en el sector de la construcción.

De la entrevista personal realizada se desprende que el interesado no entiende el castellano, algo que necesariamente supondrá un grave obstáculo en sus relaciones diarias en la empresa y fuera de ella. Además, desconoce aspectos básicos del contrato de trabajo que le ha sido ofertado.

A la vista de ello hay que concluir que la decisión del Consulado español de no considerar acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención del visado de residencia y trabajo por cuenta ajena no puede calificarse como ilógica, arbitraria o irrazonable, ni tampoco de inmotivada, y de la entrevista realizada se desprende que estamos ante una reagrupación familiar encubierta.

CUARTO.-Procede analizar, en primer lugar, el alegado vicio de falta de motivación de la resolución recurrida en los términos que se expresan en sus Fundamentos de Derecho, pues su apreciación impediría a la Sala entrar en el examen del fondo de la cuestión controvertida.

Como señalamos en nuestra Sentencia de 14 de julio de 2022 (rec. 151/2022) "El deber de la Administración de motivar sus actos, como señala entre otras la STS de 19 de noviembre de 2001, Recurso 6690/2000, tiene su engarce constitucional en el principio de legalidad que establece el artículo 103 CE, así como en la efectividad del control jurisdiccional de la actuación de la Administración reconocido en el artículo 106 CE, siendo en el plano legal, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el precepto que concreta con amplitud los actos que han de ser motivados, con suscita referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

Asimismo, la Disposición adicional décima del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, relativa al procedimiento en materia de visados, dispone en su apartado 6º que "La resolución denegatoria de un visado se notificará al solicitante de forma que le garantice la información sobre su contenido las normas que en Derecho la fundamenten, el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo para interponerlo".

La exigencia de la motivación de los actos administrativos responde, según reiterada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente la STS 16 de julio de 2001, Recurso 92/1994, a la finalidad de que el interesado pueda conocer el cuándo, cómo y por qué de lo establecido por la Administración, con la amplitud necesaria para la defensa de sus derechos e intereses, permitiendo también, a su vez, a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos que les permitan resolver la impugnación judicial del acto, en el juicio de su facultad de revisión y control de la actividad administrativa; de tal modo que la falta de esa motivación o su insuficiencia notoria, en la medida que impiden impugnar ese acto con seria posibilidad de criticar las bases y criterios en que se funda, integran un vicio de anulabilidad, en cuanto dejan al interesado en situación de indefensión. Esta exigencia es consecuencia de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos y supone no sólo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de derechos.

En consecuencia, cuando el acto administrativo carece de motivación se impide el control jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa que viene constitucionalmente impuesto - artículo 106.1 CE-, pues se impide comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad

En definitiva, la motivación consiste en la exteriorización de las razones que sirvieron de justificación o de fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, necesaria para conocer la voluntad de la Administración.

Motivación de los actos administrativos que, como señala la STS de 29 de marzo de 2012, Recurso 2940/2010, no exige ningún razonamiento exhaustivo y pormenorizado, bastando con que se expresen las razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la decisión "facilitando a los interesados el conocimiento necesario para valorar la corrección o incorrección jurídica del acto a los efectos de ejercitar las acciones de impugnación que el ordenamiento jurídico establece y articular adecuadamente sus medios de defensa".

La motivación del acto administrativo es, en definitiva, una consecuencia derivada de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad garantizados en el artículo 9.3 de la Constitución, pudiendo considerarse, desde otra perspectiva, como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 CE sino por el principio de legalidad en la actuación administrativa que también surge del artículo 106.1 CE.

Por último, deberá recordarse, como lo hemos hecho en otras muchas ocasiones (por todas, sentencia de 5 de junio de 2017, recurso contencioso-administrativo 567/2016) que el "Derecho a una buena Administración", incluye dentro del mismo, en particular, "la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones". Así lo había venido declarando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre otras, en SSTJCE, de 29 de febrero de 1996, (Bélgica/Comisión, C-56/93), 7 de marzo de 2002 (Italia/Comisión, C-310/99) y 12 de diciembre de 2002. Ya el citado Tribunal, en STJUE de 2 de abril de 1998 (Comisión/Sytraval y Brink's France, C-367/95) declaró que la motivación "debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución del que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes"; el requisito que aquí nos concierne debe, finalmente, "apreciarse no sólo en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate".

En relación con lo anterior, será también útil traer colación la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (entre otras muchas, en SSTC núm. 145/1986; 102/1987; 155/1988 y 35/1989) en relación con la proscripción del efecto de indefensión, que sostiene que, para que sea posible su apreciación, es preciso en primer lugar una adecuada valoración de las circunstancias concurrentes en cada caso; en segundo, la idea base de que la indefensión constitucionalmente prohibida no nace de la mera infracción formal de las normas procedimentales de modo que la ruptura con la legalidad no siempre habrá provocado la supresión de los derechos que corresponden a la parte que alega haberla padecido sino sólo en aquellos casos en que dicha privación sea real y efectiva, y no sólo formal. Por lo que no puede sostenerse válidamente que el artículo 24.1 CE tutele situaciones de mera indefensión formal sino tan sólo supuestos de indefensión calificable como tal desde un punto de vista material, siendo claro el perjuicio que se haya derivado para quien la haya sufrido efectivamente (en este mismo sentido, nuestra sentencia de 5 de junio de 2017, recurso contencioso-administrativo 567/2016)".

Pues bien, en el supuesto de autos, las propias manifestaciones expresadas en el escrito de demanda determinan la inexistencia de esa indefensión material que exige la doctrina antes referida en cuanto que, siendo cierto que no hay un examen detallado de la documentación aportada, el recurrente conoce las razones de la denegación y se ha expresado y ha traído al procedimiento hechos y documentos que ha entendido relevantes para acreditar la concurrencia del requisito negado por la Administración por lo que no podemos atender a la pretensión deducida en tal sentido.

QUINTO.- Parala correcta resolución de la problemática aquí suscitada convendrá tener presente que el vigente sistema español de extranjería establecido por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por LO 8/00 y por LO 14/03, -aplicable en razón a la fecha de la solicitud- establece la necesidad de visado como requisito normal de acceso al territorio nacional. El visado será expedido por las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España y su denegación deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena e indicar los recursos que procedan ( artículo 27). Las disposiciones reglamentarias aplicables son las contenidas en el RD 557/2011, cuyo artículo 62 dispone que se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad laboral por cuenta ajena.

Por otro lado, conforme expresa el apartado tercero del art. 27 de la L.O. 14/2003, de reforma de la L.O. 4/2000, el ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como las de inmigración, económica y de seguridad, y de acuerdo con la normativa citada (art. 25 bis b), no configurándose como un derecho fundamental del extranjero la entrada en nuestro país ya sea para una estancia corta o para prestar servicios por cuenta ajena. Debe tenerse en cuenta que el supuesto normativo que aquí examinamos no contempla propiamente la restricción de un derecho, pues la obtención del visado no es un derecho reglado del extranjero, como afirma el Abogado del Estado, dado que el derecho a entrar en España no es un derecho fundamental del que sean titulares los extranjeros con apoyo en el art. 19 CE.

Además, a la vista de las alegaciones vertidas por el actor en su demanda, habrá de recordarse que esta misma Sala y Sección tiene declarado que las legaciones diplomáticas, al estar ubicadas en o muy cercanas al país de origen del solicitante del visado, conocen mejor su realidad social, jurídica y administrativa y tienen por ello más elementos de convicción que las autoridades nacionales que otorgan la previa autorización de residencia temporal para poder aplicar la normativa sobre extranjería, pudiendo además proceder al cotejo de los documentos presentados para la concesión del visado, a fin de determinar no sólo su autenticidad sino también la veracidad de su contenido. Un criterio que ha sido confirmado por el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, entre otras, en la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2014 (Rec. Cas. 2995/2013), (ROJ: STS 3186/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3186)

SEXTO.-Dicho lo anterior, en el caso de autos, presentada la solicitud de visado la misma fue denegada conforme a los términos reseñados con anterioridad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 del Reglamento, la misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos:

Cuando el extranjero se encontrará en situación irregular en España en la fecha en que se presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo.

Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

Cuando la copia del contrato presentada no coincida con la información proporcionada por la Oficina de Extranjería o por el órgano autonómico competente sobre el contrato original".

Expresa la Disposición Adicional Décima, apartado cuarto, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, que "cuando se determine la celebración de la entrevista dentro de procedimientos regulados en el título IV de este Reglamento, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado".

El solicitante cuenta con autorización de trabajo y residencia temporal por cuenta ajena otorgada por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona ello con validez de un año desde el alta en la Seguridad Social y quedando en suspenso en tanto el interesado obtuviese visado de trabajo y residencia en la representación consular española correspondiente.

Conviene recordar que la capacitación profesional es un requisito que ya es analizado por la citada Subdelegación con ocasión del estudio del procedimiento previo de autorización ( artículo 64.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, ) pero ello no impide para que el Consulado pueda analizar dicha capacidad en base a hechos nuevos y distintos que no pudieron ser examinados por la autoridad gubernativa, siendo la realización de una entrevista un elemento fundamental a los efectos de poder determinar la existencia de algún indicio racional de simulación contractual.

Dicha facultad no pude ser sustituida por el análisis fáctico que se realiza en el escrito de contestación a la demanda pues resulta esencial que la resolución motive decisivamente los indicios de fraude y los sustente en elementos de juicio fácticos.

Como tiene declarado esta Sala y Sección en, entre otras, Sentencia nº 110/2019, de 18 de febrero (rec. 909/2018), ( ROJ: STSJ M 1540/2019 - ECLI:ES:TSJM:2019:1540) la figura jurídica del fraude de ley, que en nuestro Derecho positivo plasma, entre otros, el artículo 6.4 del Código civil, supone un acto humano por el que, utilizando medios suficientes, se trata de conseguir un concreto fin amparándose en la tutela de una norma jurídica que está dada para una finalidad distinta y contrapuesta a la perseguida.

Así pues, corresponde analizar si en el presente caso se produce tal fraude lo que nos lleva a realizar un juicio inferencial tanto de la resolución como de los datos, en este caso, consignados en el expediente en el que no se ha llegado a celebrar dicha entrevista ni consta actividad de investigación alguna por lo que, a la vista de todos los datos, la respuesta debe ser positiva a las pretensiones del recurrente dado que del expediente no se deduce elemento alguna del que poder extraer que existan serias dudas de que desconozca los elementos esenciales del contrato o de que carezca de la experiencia suficiente

Se ha practicado una entrevista personal obrante a los folios 40 y siguientes del expediente administrativo en la que se indica lo siguiente

--Preguntado sobre nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento manifiesta lo siguiente:

Leandro, no entiende la pregunta, continúa la entrevista con intérprete, nació en el DIRECCION000" el NUM000.1996.

-Preguntado sobre si trabaja manifiesta lo siguiente: Trabaja en la construcción de manera ocasional.

-Preguntado sobre dónde y en qué profesión ha trabajado en Marruecos anteriormente, manifiesta lo siguiente:

Trabajó en "Marjane" durante dos años como vendedor.

-Preguntado sobre si ha cotizado a la Caja Nacional de la Seguridad Social manifiesta lo siguiente: Sí, cuando trabajaba en Marjane.

-Preguntado sobre cómo ha conseguido el contrato manifiesta lo siguiente: Le contrata el marido de su prima.

Su padre también trabaja en la misma empresa.

-Preguntado sobre si conoce al empleador manifiesta lo siguiente: Sí, lo conoce personalmente.

-Preguntado sobre dónde trabajará manifiesta lo siguiente: Terrassa.

-Preguntado sobre qué actividad desempeñará manifiesta lo siguiente: Trabajará en la construcción.

-Preguntado sobre cuánto cobrará manifiesta lo siguiente: 1700 € al mes.

-Preguntado sobre la duración del contrato manifiesta lo siguiente: Indefinido.

-Preguntado sobre a qué hora entrará a trabajar y a qué hora saldrá de trabajar manifiesta lo siguiente: Desde las 8h hasta 17h.

-Preguntado sobre las vacaciones que tendrá manifiesta lo siguiente: Un mes al año.

-Preguntado sobre dónde se alojará en caso de concesión de visado manifiesta lo siguiente: Con su tía mientras se busca alojamiento.

-Preguntado sobre cuántas personas trabajan con el empleador manifiesta lo siguiente: Cincuenta y seis personas.

-Preguntado sobre si tendrá periodo de prueba manifiesta lo siguiente: Si, quince días.

La administración no indica singularmente cuál es el motivo del desconocimiento de las condiciones de trabajo

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que conforme al convenio colectivo de los trabajadores de la construcción de Barcelona un peón se encuadra en el grupo primero de las categorías profesionales en el que se incluyen se incluyen los trabajadores que ejecutan tareas establecidas de forma concreta y con un alto grado de dependencia. Dichas tareas son sencillas y requieren, con carácter general, la aportación de esfuerzo físico. Los trabajadores enmarcados en el presente grupo profesional no tienen ningún otro trabajador a su cargo.

Formación.

Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, no es necesario poseer una formación específica.

Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades, siempre que no implique su realización situados sobre equipos, medios auxiliares o elementos provisionales.

Área de producción y actividades asimiladas.

1. Limpieza y ordenación del centro de trabajo.

2. Actividades auxiliares realizadas de modo manual, tales como: elaborar hormigones, pastas y adhesivos; sanear y regularizar soportes para revestimiento; aplicar imprimaciones o pinturas protectoras.

3. Transporte y manipulación de materiales por medios manuales o mediante la utilización de equipos de trabajo sin motor (carretillas, traspaletas, etc.).

4. Manejo y utilización de herramientas manuales y equipos de trabajo no motorizados que no requieran un especial adiestramiento.

5. Manejo de equipos de trabajo motorizados portátiles como, por ejemplo, taladros, radiales, etc.

6. Ayuda en máquinas-vehículos equipos de trabajo.

7. Apoyo y colaboración a sus superiores en la ejecución de los trabajos.

De dicho convenio debe significarse que las labores a realizar por un peón y precisan una formación previa ni exigen conocimientos especializados por lo que la formación del solicitante no sería obstáculo para la concesión del visado

Y respecto al conocimiento del idioma en atención a las funciones antes señaladas puede concluirse que no es preciso conocer el idioma del lugar donde se prestan los servicios (catalán o castellano) más aún cuando sus superiores son originarios de Marruecos y por lo tanto disponen de una lengua común con el solicitante en lo que pueden impartir órdenes instrucciones indicaciones.

No es lo mismo el conocimiento del idioma por un trabajo de atención al público, que para un trabajo donde el contacto con los ciudadanos es escaso por no decir nulo y no se precisa la integración con los mismos para la realización de las funciones propias del puesto de trabajo.

Por dichas razones el acto administrativo recurrido se ha de anular por no ser conforme a derecho ( artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ), puesto que del certificado antes señalado consta no sólo la actividad de colocación tradicional de azulejos y mosaicos sino que figura en la categoría de artesano con experiencia y además consta que el inicio de la actividad es en enero de 2020 es decir muy anterior a la solicitud del visado por lo que no se puede negar la experiencia en el sector.

El motivo a que se hace referencia la resolución administrativa recurrida queda desvirtuado a través de la prueba practicada en el presente procedimiento

SÉPTIMO.-Establece el artículo 139.1 de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En el caso de autos procede la condena en costas a la administración demandada que ha visto rechazadas sus pretensiones sin que concurra motivo para su no imposición.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima".

La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de quinientos euros (500 €) por los honorarios de Letrado y Procurador, más la cantidad de IVA correspondiente a dicha cantidad, y ello en función de la índole del litigio y la actividad desplegada por las partes.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.