Sentencia Contencioso-Administrativo 397/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 328/2022 de 16 de octubre del 2025

Primero.-Apela la parte actora la Sentencia número 220/2022 de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº TRES de Toledo, en el Procedimiento Ordinario 140/2021, por la que se desestimó el recurso Contencioso Administrativo planteado por la parte apelante contra la desestimación de la solicitud de nulidad y devolución de ingresos indebidos de las liquidaciones giradas por el IBI de los periodos impositivos del 2016 al 2019.

La sentencia recurrida expresa "La motivación de la resolución es errónea, porque lo que se plantea por el interesado es si son nulas las liquidaciones firmes que se ampararon en una Ordenanza fiscal que se considera a su vez nula por contravenir el artículo 72.4 LHL, al no establecer el umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual sean de aplicación los tipos impositivos incrementados.

Así que hubiera sido más pertinente citar el apartado 2º de dicho precepto, según el cual la anulación de una ordenanza fiscal, salvo que la resolución judicial disponga otra cosa, no afectará a los actos firmes dictados al amparo de la ordenanza anulada.

En parecidos términos se expresa el artículo 73 LJCA , según el cual "las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente".

De esto se desprende que la aplicación de una Ordenanza fiscal nula, antes de que hubiera sido declarada su nulidad, no constituye un motivo de nulidad de pleno derecho de la liquidación tributaria.

En este sentido se ha pronunciado una reiterada jurisprudencia, entre otras la STS 19 de diciembre del 2011 (recurso nº 288/2010 ) y la STS de 18 de mayo del 2016 (recurso nº 1999/2014 ).

Si lo anterior es así, tampoco puede prosperar la revisión de oficio promovida contra las liquidaciones, amparadas en el incumplimiento por la Ordenanza de lo dispuesto en el artículo 72.4 LHL. Desde luego que no tiene encaje en el artículo 217.1 e) LGT citado en la demanda, porque no estamos ante la ausencia de procedimiento legalmente establecido.

No obstante lo anterior, el ATS de 6 de abril del 2022 (recurso nº 3774/2021 ) ha admitido un recurso de casación para ratificar, reforzar o, en su caso, matizar el criterio anterior."

Segundo.-Expresa la parte demandante en primer lugar que la sentencia adolecería de incongruencia y falta de motivación ya que se fundamenta sobre la impugnación de los actos administrativos de liquidación por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), obviando la petición expresa sobre la nulidad del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal por IBI en su redacción publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 289, de 18/12/2014, tal y como se contenía en el suplico de la demanda y se advertía, asimismo, en los sucesivos recursos interpuestos en la vía administrativa.

Expresa, por otra parte, en lo que a la falta de motivación se refiere que "Resuelve la Sentencia apelada que no cabe el procedimiento revisorio en conformidad a lo dispuesto en el art. 217.1.e) LGT al determinar que no se ha producido la ausencia del procedimiento legalmente establecido. Consideramos, como aquí explicaremos, que se ha causado la infracción de necesaria motivación del art. 218.2 LEC "

Y es que la argumentación desestimatoria es consecuencia de la incongruencia anteriormente denunciada, pues se centra la desestimación en la aplicación del art. 73 LJCA en base a que la ordenanza fiscal es nula y no puede tener repercusión en actos tributarios firmes. No se entiende el texto de esta Resolución judicial, ya que se impugnan liquidaciones tributarias por IBI por consecuencia directa de la nulidad de la ordenanza fiscal municipal en su art. 8. Es por esto que no se analiza el procedimiento de revisión administrativo, ya que la Administración incurre, sin duda, en infracción administrativa de procedimiento al no iniciarlo tal y como prevé la Ley y, por esta sencilla, razón ya se produce la nulidad del art. 217.1.e) LGT. De esta manera, la fundamentación en Derecho falta a la garantía de que la decisión no es consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulta manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en error patente ya que, en este caso, la aplicación de la legalidad es tan solo una mera apariencia ( TCo 55/2003; 213/2003).

Afirma que también concurre infracción administrativa pues la ordenanza fiscal no respetó la jerarquía normativa al infringirse art. 7.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Este artículo establece unos límites que han de respetar las ordenanzas fiscales a la hora de establecer tipos diferenciados para el IBI y, con el ánimo de obtener una mayor contribución impositiva, aumentó el consistorio municipal los supuestos previstos para tal tipo diferenciado en perjuicio de la recurrente.

Expresa en segundo lugar que "Una vez que acreditamos que la Ordenanza Fiscal municipal por IBI no ha sido aún declarada nula, sino que tal era el objeto del recurso contencioso administrativo, tenemos que centrar la discusión en la firmeza de los actos administrativos liquidatarios de tal impuesto. Es cierto que las liquidaciones por IBI del periodo 2016 a 2019 pueden adquirir firmeza por la simple razón de que es un impuesto periódico que requiere de recurso en periodo voluntario de pago, al no estar sometido al régimen legal de notificación.

No obstante, no puede, en aras de la aplicación de las siguientes normas, una extraordinaria diligencia en el administrado, cuando es la Administración quien ha de cumplir la Ley:"

Sostiene la nulidad del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal vigente en los ejercicios 2016 a 2019 y dice también que las liquidaciones giradas por el IBI serían nulas, y ello como consecuencia de la nulidad del citado precepto de la Ordenanza Fiscal de IBI y la aplicación de la causa e) del art. 217.1 LGT.

Todo ello, aun cuando las liquidaciones de IBI no fueron impugnadas en plazo y, por tanto, devinieron firmes, lo que no es óbice al procedimiento de revisión administrativo previsto, entre otros, en los artículos 216 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Puede oponerse a los efectos ex tuncpretendidos, caso de Sentencia estimatoria, el art. 73 de la Ley Jurisdiccional contencioso administrativa y el art. 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Pero no debe olvidarse del procedimiento de devolución de ingresos indebidos para los casos expresamente tasados por la ley. Así lo establece el artículo 221.3 de la Ley General Tributaria

Afirma que la litis gira en torno a si, afirmada la nulidad de la ordenanza fiscal, procedería la nulidad de los actos de liquidación firmes, como vía para la devolución de los ingresos efectuados en base a dichas liquidaciones. En conformidad a ello, resulta posible aducir que se ha infringido el procedimiento administrativo. Y ello porque la Ordenanza Fiscal no ha respetado el principio de jerarquía normativa y legalidad en los términos anteriormente explicados y demostrados, lo que determina su nulidad como tal disposición general. Nulidad de una norma que, ni siquiera - dada la clara infracción del principio de legalidad- debió ser aplicado y, consiguientemente, se comete una infracción del procedimiento administrativo y, por ello, se aplica la causa e) del art. 217.1 LGT.

Dice que resultaría de apoyo a lo anterior, el principio de enriquecimiento injusto, que tiene su fundamento en el art. 1.902 del Código Civil, puesto que la demandante jamás debió soportar la carga tributaria del tipo incrementado y, por ello, al menos en el periodo de prescripción del art. 66 LGT tiene derecho a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas. Como asimismo, tiene apoyo en el principio de capacidad económica del art. 31 de la Constitución Española, capacidad económica que, en tal periodo prescriptivo de cuatro años, se ha visto lesionado en claro perjuicio del contribuyente, que ha de ser reparado en sus derechos.

Tercero.-El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Toledo se opuso a la estimación del recurso planteado, sosteniendo la corrección de la sentencia apelada, y expresando que la parte apelada se opuso a la estimación del recurso de apelación planteado afirmando que la sentencia apelada no sería incongruente ni adolecería de falta de motivación.

Dice que la parte recurrente ha fundamentado su demanda y solicitado la nulidad de las liquidaciones de IBI firmes y consentidas en base a considerar que la Ordenanza Fiscal en cuestión es nula por contravenir lo dispuesto en el art. 72.4 TRLHL.

Sostiene que el Juzgador a quoes claro en la fundamentación de su fallo, no existiendo falta de congruencia ni de motivación en la Sentencia, indicando, por remisión a lo establecido en los arts. 19.2 TRLHL y 73 LJCA, que los actos firmes y consentidos dictados al amparo de una Ordenanza que ha sido anulada, no se ven afectados por el dictado de sentencias firmes que anulen preceptos de dicha ordenanza fiscal, lo que implica en definitiva que encontrándonos ante actos administrativos firmes y consentidos, no procede pronunciamiento alguno sobre si la Ordenanza en cuestión o el precepto de la misma que invoca la parte actora como nulo, es o no nulo de pleno derecho.

Dice que no existe incongruencia cuando existe una respuesta global o genérica, que responde al caso planteado, sin atender específicamente a las alegaciones concretas no sustanciales formuladas en la demanda.

A lo anterior ha de añadirse que, tal y como expuso en la instancia, encontrándonos ante actos administrativos firmes y consentidos por no haber sido las liquidaciones en cuestión recurridas en plazo, no puede admitirse como pretende la recurrente que utilizando la vía del procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho se ejercite una impugnación indirecta de una Ordenanza fiscal y el juzgador se pronuncie sobre la nulidad de la Ordenanza en cuestión, pues a tenor del art. 26 de la LJCA, las disposiciones de carácter general únicamente pueden impugnarse, bien de forma directa en los plazos legalmente establecidos (dos meses desde el día siguiente al de su aplicación), bien, indirectamente a través de un acto aplicativo (la liquidación) aprovechando los recursos ordinarios que resulten procedentes frente a dicho acto.

En el motivo cuarto del recurso de apelación presentado la parte recurrente sostiene la nulidad de las liquidaciones de IBI correspondientes a los ejercicios 2016 a 2019 por la causa prevista en el art. 217.1 e) LGT, reiterando lo expuesto en la instancia y sin invocar qué precepto o preceptos infringe la sentencia recurrida al fallar la desestimación de la demanda, lo que implicaría per se,la desestimación del recurso.

En cualquier caso, considera que la fundamentación jurídica que efectúa al respecto el juzgador a quoes plenamente ajustada a Derecho.

Es decir, aún en el hipotético supuesto de que se declarara la nulidad del art. 8 de la Ordenanza fiscal de IBI aprobada por el Ayuntamiento de Seseña en los términos expuestos por la recurrente, se mantendrían los actos firmes y consentidos -las liquidaciones impugnadas por la actora en el presente procedimiento- dictados a su amparo.

Sostiene que la parte actora ni ha invocado, ni desde luego ha fundamentado, motivo de nulidad de pleno derecho alguno de los establecidos en el art. 217.1 LGT frente a las liquidaciones y Providencias de Apremio giradas, las cuales se han dictado sin lesión alguna de derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional (217.1.a) LGT) ; se han dictado por el órgano competente (art. 217.1.b); no tienen contenido imposible ( art. 217.1.c) LGT) ; obviamente, no constituyen infracción penal alguna ( art. 217.1. d) LGT) ; ni se han dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento ( art. 217.1. e) LGT) , procede la desestimación integra del recurso.

Cuarto.-El Ayuntamiento de Seseña igualmente se opuso a la estimación del recurso planteado expresando que durante los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2019 el Organismo Autónomo Provincial de la Gestión Tributaria de Toledo (en lo sucesivo, OAPGT de Toledo) notificó a la mercantil recurrente las liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Urbana del inmueble del que es propietaria en el municipio de Seseña, publicando los mismos en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo (en adelante BOP de Toledo), en las siguientes fechas.

Afirma que la mercantil no solo abonó los referidos importes de liquidación del IBI, sino más importante aún, que se aquietó a dichas liquidaciones sin impugnarlas ni manifestar nada en contra.

No es hasta el 25 de marzo de 2020 que la mercantil manifestó por primera vez su disconformidad con las liquidaciones. O al menos, se debe entender que lo impugnado son las liquidaciones ya que a pesar del requerimiento efectuado por este Ayuntamiento el 20 de octubre del mismo año, nada se aclara de contrario.

Consciente la mercantil de que ha expirado el tiempo de recurso ordinario de las liquidaciones, pretende plantear un procedimiento de devolución de ingresos indebidos (regulado en el artículo 221 de la LGT) porque considera que, al haber sido calculadas las liquidaciones en base a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal y ser dicho artículo contrario al mandato contenido en el artículo 72.4 del TRLRHL, la Ordenanza Fiscal debe ser declarada nula y en consecuencia, todo acto derivado como son las liquidaciones son también nulas.

Sin embargo, a diferencia de lo manifestado de contrario debe entenderse que el recurso indirecto tiene su justificación en la impugnación de un acto aplicativo (las liquidaciones de IBI en este caso) aprovechando los recursos ordinarios que resulten procedentes frente a dicho acto, de suerte que, transcurridos dichos plazos sin que se hayan interpuesto los recursos pertinentes, el acto aplicativo (liquidaciones) deviene firme y consentido.

Expresa que no existiría incongruencia ni falta de motivación de la sentencia apelada.

Afirma que la mercantil demandada no asume que una liquidación periódica pueda ganar firmeza ignorando así el sistema de recursos en vía administrativa.

Expresa que se habría producido una utilización fraudulenta del recurso indirecto puesto que como expresa el Tribunal Supremo "lo que no puede suplir por esa vía es la impugnación indirecta misma de la disposición general a través del acto recurrido, pues ello supone alterar el objeto mismo del recurso que no es la disposición sino el acto, en la medida en que la disposición sólo es "indirectamente" impugnada a través de éste."

En cualquier caso expresa que la apelante no justifica cómo la falta de determinación de un umbral de valor catastral incurre en una inexistencia de procedimiento de liquidación o de normas para formar la voluntad. Y no lo explica porque, sencillamente, no puede ya que no concurre causa de nulidad alguna.

Expresa que no solo no existe motivo de nulidad alguno sino que además estamos ante un acto firme y consentido que se impugna por medio de un procedimiento especial, lo que implica la mercantil ha dejado de emplear los recursos ordinarios frente a las liquidaciones (por dejar transcurrir el plazo) que, realmente, habilitan para plantear un recurso indirecto en los términos del artículo 26 de la LJCA. El fraude de ley declarado en el artículo 6.4 del Código Civil se hace aquí patente. Y de nuevo debemos manifestar que, aplicar la ley en los términos en los que ha sido dictada e interpretada no supone un excesivo formalismocomo se pretende hacer ver de contrario.

Afirma que, en definitiva, ni siquiera el instrumento procesal empleado -el recurso indirecto- se ejerce respetando los términos en los que ha sido configurado. Procede, por tanto, la íntegra desestimación del recurso de apelación.

Quinto.-En primer lugar, y en lo que a la falta de motivación se refiere, la lectura de la sentencia permite concluir que la misma, aunque de modo breve, explicita suficientemente las razones por las que concluye la procedencia de la desestimación del recurso contencioso administrativo.

Por otra parte, y en segundo lugar, no cabe considerar que la sentencia apelada incurra en la incongruencia que denuncia la apelante por el hecho de no haberse pronunciado explícitamente sobre la nulidad de la Ordenanza aplicada en la confección de las liquidaciones combatidas.

No puede perderse de vista que, siendo incuestionado que nos encontramos ante la impugnación de liquidaciones tributarias firmes y consentidas, por no haber sido recurridas en el plazo legal, únicamente cabe combatirlas, si es que se aduce que las mismas está aquejadas de un vicio de nulidad de pleno derecho, y conforme a lo expresado en el artículo 217 de la Ley General Tributaria que, en su apartado 1º, expresa "Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:

a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Que tengan un contenido imposible.

d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal."

En el caso analizado la parte recurrente aducía que concurriría el vicio a que se refiere el apartado e) anteriormente reproducido, es decir que se trataba de actos que habían "sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados".

No obstante lo anterior es lo cierto que no aparece justificado, ni se alega, que las liquidaciones que se cuestionan fueran giradas, en realidad, omitiendo el procedimiento legalmente establecido, puesto que lo que como tal omisión lo que se aduce, en realidad, es que el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal el IBI de Seseña sería nulo.

Pero lo cierto es que, como expresa la sentencia apelada, la posible nulidad de la referida ordenanza no tiene encaje en ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho a que se refiere el citado precepto, ni en particular, en la alegada (del apartado e)). Y además, antes al contrario, y como expresa la sentencia apelada, ni aun para el caso de que la nulidad de la disposición general hubiera podido ser declarada con anterioridad, que no es el caso, tal nulidad declarada no afectaría, por sí, a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente,tal y como expresa el artículo 73 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el mismo sentido, y en particular en lo que se refiere a las Ordenanzas Fiscales, el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales expresa "Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada."

Sentado lo anterior, se ha de aclarar que la posibilidad que prevé el artículo 26 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no habilita la impugnación directa de las disposiciones generales una vez transcurrido el plazo de dos meses desde su publicación, sino que lo que permite es la impugnación de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada dicha impugnación en que la disposición general aplicada no es conforme a Derecho.

El hecho de que la Ley habilite, en el artículo 27, la posibilidad de que, de considerarse finalmente que la disposición general es contraria a Derecho, la misma termine siendo expulsada del ordenamiento jurídico, se dará únicamente en los casos en que el recurso planteado contra el acto de aplicación de la disposición general termine siendo estimado, y cuando la anulación del acto sea consecuencia de la apreciación, por parte del órgano jurisdiccional, de que la disposición general en cuestión es nula. Pero ello no convierte en una pretensión autónomamente deducible por la parte la de la nulidad de la disposición general, como parece pretender la parte recurrente.

No cabe afirmar, por tanto, la existencia de incongruencia en el caso analizado pues esta requeriría que la sentencia hubiera omitido pronunciarse sobre una pretensión oportunamente deducida,sin que pueda considerarse como tal la relativa a la declaración de nulidad de la referida ordenanza fiscal.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la virtualidad que en un procedimiento dirigido a la declaración de nulidad de un acto administrativo firme puede tener la nulidad que, se sostenga, de la disposición general de que el mismo es aplicación, conviene recordar que la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 24 de enero de 2022, expresa al respecto (el subrayado es nuestro), "La resolución de la pretensión de revisión de los actos firmes debe hacerse con un planteamiento específico de los vicios de nulidad de pleno derecho que pudieran concurrir en los actos administrativos, y no como una consecuencia de una inviable declaración de nulidad de pleno derecho de la disposición general. En efecto, el art. 37 de la LPAC ,declara, aunque en un emplazamiento sistemático distinto al capítulo dedicado al de la invalidez de los actos, dispone que: "37. [...] 2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47".

En este caso, ya lo hemos dicho, la revisión de oficio por causa de nulidad de pleno derecho de los actos aplicativos no puede venir por el efecto arrastre de la nulidad de la disposición general aplicada,porque no cabe un pronunciamiento respecto a la misma, y aún en el caso de llegar por el cauce de una revisión de oficio de la disposición general acordada por la propia Administración en aplicación el art. 106.2 LPAC , se mantendría vigente el mandato del art. 106.4 de la LPAC , que dispone la conservación de los actos firmes aplicativos en los siguientes términos: "[...] 4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma [...]".

Es decir, el legislador establece, también para la revisión de las disposiciones generales por causa de nulidad, el límite de sus efectos sobre los actos aplicativos que hayan alcanzado firmeza, como es el caso, lo que en definitiva, responde al mismo principio que proclama el art. 73 de la LJCA .

Por tanto, para alcanzar el pronunciamiento de revisión de oficio de los actos aplicativosdel Decreto 62/2007 hay que determinar si en estos actos aplicativos existe, de forma autónoma, un vicio de nulidad de pleno derecho."

Siendo así, en el caso analizado, la simple afirmación de que la ordenanza aplicada pueda ser nula no determina la nulidad de pleno derecho de los actos aplicativos de la misma; al contrario debe justificarse que en estos actos aplicativos existe, de forma autónoma, un vicio de nulidad de pleno derecho.

Como se ha expresado con anterioridad no cabe afirmar que tal vicio de nulidad, autónomamente considerado, concurra en las liquidaciones cuestionadas. Descartándose, por dicho motivo, la concurrencia de una causa autónoma de nulidad de pleno derecho, en particular de la alegada por la parte recurrente (como más arriba se razonaba), procedía la desestimación del recurso planteado sin necesidad de mayor razonamiento, puesto que la desestimación de la solicitud de declaración nulidad de pleno derecho de las liquidaciones no puede considerarse contraria a Derecho, y sin que resulte preciso, para alcanzar tal conclusión, la valoración de la posible nulidad de la Ordenanza que, según lo razonado más arriba, no constituye, por sí, el objeto de la impugnación, sino que simplemente podía conformarse como un simple motivo impugnatorio.

Por último no cabe considerar que concurra, en el caso analizado, un supuesto de enriquecimiento injusto, habida cuenta de las previsiones legales, antes citadas, en que se funda la procedencia del mantenimiento de las liquidaciones firmes.

Sexto.-Aun cuando procede la desestimación recurso de apelación, conforme a lo expresado en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, habida cuenta que alguna de las cuestiones planteadas por la apelante han terminado de ser respondidas en esta segunda instancia cabe concluir concurrentes circunstancias que aconsejan la no imposición de las costas procesales, de manera que cada una de las partes habrá de soportar las causadas a su instancia, y las comunes por mitad.

Por todo lo anterior,