Sentencia Contencioso-Administrativo 310/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 147/2025 de 28 de julio del 2025

PRIMERO.-El recurso de apelación se interpone contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Donostia- San Sebastián de fecha 18-12-2024 dictada en el procedimiento abreviado 143/2023, cuya parte dispositiva dice:

ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Dña. Melisa contra la resolución citada en el encabezamiento y declaro la nulidad de la base cuarta, apartado cuarto: requisito específico euskera (perfil lingüístico 2 preceptivo) de las bases específicas del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal derivados de la D.A. 6 ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre para el acceso, por concurso de méritos, a las plazas de cuidador/a de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Anexo XLI), que queda sin efecto al no ser conforme a derecho.

En el FJ Cuarto de la sentencia apelada, tras reproducir la sentencia de esta Sala nº 84/2023, de 24 de febrero de 2023, rec. 699/2022, se señala lo siguiente:

Expuesto lo anterior, las mismas circunstancias concurren en el caso de autos, en el que todas las plazas de cuidador/a, aparecen perfiladas, con la exigencia de un perfil lingüístico 2 con fecha de preceptividad vencida, lo que resulta contrario a los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española y, por ello, resulta discriminatoria, excesiva y desproporcionada, al no aparecer suficientemente justificado el trasladar el índice de obligado cumplimiento a las bases de la presente convocatoria, impidiendo el acceso de las personas castellano parlantes a todas las plazas de cuidador/a convocadas, constituyendo un requisito discriminatorio que menoscaba el derecho de un grupo de ciudadanos a acceder al empleo público en condiciones de igualdad y sin que sea necesario, para garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse en euskera con la administración, que todas las plazas de cuidador/a, estén perfiladas.

SEGUNDO.-En el recurso de apelación el Sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) plantea los siguientes motivos de impugnación:

1. La sentencia apelada infringe el art. 28 LJCA en relación con el art. 69.c) LJCA como causa de inadmisibilidad del recurso, porque el Perfil Lingüístico 2 preceptivo exigido en las bases impugnadas son actos de reproducción de la Oferta de Empleo Público, así como de la Relación de Puestos de Trabajo, que no fueron impugnados por la demandante, resultando actos firmes y consentidos.

2. La sentencia de instancia infringe la sentencia del TSJ del País Vasco n.º 65/2024 de 7 de febrero, en relación a los requisitos lingüísticos recogidos en las bases de los proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021.

3. La sentencia de instancia no motiva suficientemente cómo la juzgadora de instancia llega a esa tajante conclusión, ya que respecto al caso concreto ningún análisis concreto realiza, limitándose a citar y reproducir dos sentencias de secciones distintas del TSJPV que no son firmes (incongruencia omisiva).

Al contrario de lo que recoge la sentencia de instancia, esta parte considera que el requisito del PL 2 preceptivo establecido a las veinte plazas convocadas no resulta ni discriminatorio, ni excesivo, ni desproporcionado, atendiendo a las pruebas que figuran en autos, y que no han sido suficientemente valoradas por la instancia.

-Por su parte, la apelante Confederación Sindical Euskal Langileen Alkartasuna (ELA) plantea los siguientes motivos de impugnación contra la sentencia apelada:

1. La convocatoria controvertida es mera reproducción de los requisitos lingüísticos de la RPT de la DFG y de la OPE originaria. Ninguno de estos dos últimos actos fue impugnado por la recurrente, siendo actos firmes y consentidos. Así, en aplicación del artículo 28 citado, el recurso interpuesto por Dª Melisa no es admisible y en aplicación del artículo 69.c) de la LJCA, debe revocarse la sentencia de instancia y declararse la inadmisibilidad del recurso.

2. En contra de lo afirmado por la sentencia de instancia, queda justificada (y no resulta excesiva) la exigencia del PL 2 en todos los puestos de cuidador/a del Centro Egogain, por cuanto la misma garantiza los derechos lingüísticos y la dignidad y correctos cuidados de las personas usuarias y no puede afirmarse que la exigencia del mismo resulte desproporcionada, pues es una medida adecuada y proporcionada para el fin que persigue.

3. La exigencia del PL 2 a todas las personas aspirantes en el proceso selectivo en cuestión resulta una medida necesaria, justificada y proporcionada y no es posible afirmar que la misma resulta discriminatoria y contraria al principio de igualdad.

-La Diputación Foral plantea como apelante los siguientes motivos de impugnación contra la sentencia apelada:

1. La sentencia apelada debió declarar el recurso inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 69.c) LJCA en relación con el artículo 28 LJCA, por tener por objeto lo que no es sino una mera reproducción de acto un anterior firme y consentido, por no haberse recurrido en tiempo y forma. Para rechazar la causa de inadmisibilidad planteada la sentencia apelada debió examinar si, efectivamente, la exigencia del perfil lingüístico 2 con carácter preceptivo se había recogido previamente en la oferta de empleo público y si dicha exigencia había devenido firme y consentida por no haber sido recurrida en plazo, y, de acuerdo con ello, rechazar la inadmisibilidad del recurso sólo si esas dos condiciones no concurrían. Sin embargo, no es eso lo que la sentencia apelada hace, sino que en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional obvia la causa de inadmisibilidad que impedía entrar a conocer del fondo del asunto al considerar que la cuestión suscitada afectaba a derechos fundamentales.

2. La sentencia vulnera la doctrina del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la exigencia del perfil lingüístico en los procesos selectivos para la estabilización de empleo temporal derivados de la Ley 20/2021. Sentencias nº 28/2024, 30/2024 y 31/2024, todas ellas de 19 de enero, la sentencia nº 57/2024, de 31 de enero, y las sentencias nº 64/2024 y 65/2024, ambas de 7 de febrero (Recursos 21/2023, 919/2022, 922/2022, 3/2023, 20/2023 y 22/2023, respectivamente).

3. La sentencia vulnera la doctrina constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el TRLEBEP por no analizar si las funciones concretas de la plaza de cuidador/a requieren poseer el conocimiento del euskera exigido y si este es proporcional a dichas funciones.

3. La sentencia apelada infringe el artículo 217.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que establece que corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda.

La demandante no acreditó que el conocimiento del euskera no fuera necesario para desempeñar las funciones de los puestos ni para garantizar el derecho de los usuarios del centro y sus familias a relacionarse en euskera con la Administración, y tampoco acreditó que el nivel exigido fuera desproporcionado, limitándose a acreditar, a través de los documentos nº 6 a 8 que acompañó a la demanda, cuál es el índice de obligado cumplimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa y cuál es el porcentaje del uso del euskera por parte de la población de Gipuzkoa.

Sin embargo, tales aspectos resultan irrelevantes a los efectos que nos ocupan, habida cuenta que el índice de obligado cumplimiento se refiere al conjunto de puestos de cada Administración, según establece el artículo 11.1 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, y por ello, dicho índice no se aplica, y no es trasladable, a las convocatorias de los procesos selectivos, tal y como ha declarado la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia nº 28/2024, de 19 de enero, (Recurso 21/2023) y ha reiterado con posterioridad en las sentencias antes señaladas.

4. Infracción del artículo 98.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. El artículo 98.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (actual artículo 188.2 de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco) establece que las convocatorias de pruebas selectivas deben adecuarse a los perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo que vayan a proveerse a resultas del mismo, de forma que cuando la convocatoria de una plaza tenga su causa en un puesto de trabajo cuyo perfil lingüístico sea preceptivo su cumplimiento será una exigencia obligatoria para el acceso.

La base impugnada no vulnera el derecho a la igualdad ni el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, por lo que la sentencia apelada debe ser revocada y, en su lugar, inadmitido o, en su defecto, desestimado el recurso contencioso-administrativo.

TERCERO.-La demandante Dª Melisa se opone a los recursos de apelación y solicita la desestimación de los motivos de impugnación planteados por las apelantes, ya que considera básicamente que la sentencia ha aplicado correctamente la normativa y jurisprudencia aplicables al caso.

CUARTO.- SOBRE LA CAUSA DE INADMISIBILIDAD QUE INVOCAN LAS APELANTES: ACTOS FIRMES-CONSENTIDOS RPT Y OPE.

Reiterando lo que expusimos en la sentencia de 5 de marzo de 2025 (rec. 435/24) , debemos indicar que la RPT es un instrumento de ordenación "interna". No afecta a la situación jurídica de los aspirantes a las plazas convocadas , desempeñen o no los puestos incluidos en dicha Relación. Por su parte, la OPE no proyecta sus efectos- ad extra- sobre la situación jurídica de los aspirantes si no mediante la convocatoria para la provisión de los puestos incluidos en la misma.

Por lo tanto, ni la RPT ni la OPE producen por sí solas efectos jurídicos en la esfera jurídica de los eventuales interesados a la fecha de sus respectivas publicaciones .

No son intereses de esa naturaleza, probables, sino los ciertos, actuales o futuros, los que legitiman el recurso contencioso-administrativo al amparo del artículo 19.1 de la Ley Jurisdiccional; y no a modo de acción preventiva.

Así, es la oferta de plazas ( no de puestos) plasmada en la convocatoria de acceso al empleo público y los requisitos establecidos en sus bases la que determina la relación de los aspirantes con su objeto.

Tampoco puede tenerse a la convocatoria como un acto de reproducción o simple ejecución de la OPE, aun siendo el instrumento para cumplir las previsiones de esta última, ya que es el primero de esos actos el que determina el cuándo ( plazo de presentación de las solicitudes); cómo (requisitos ) y qué ( plazas) de la OPE y, por lo tanto, los efectos "ad extra" de esa última, aparte de los internos, vinculantes para el órgano competente para aprobar las bases y convocar el procedimiento de selección.

Es por ello que este motivo de impugnación debe ser desestimado.

QUINTO.- CARGA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

La Diputación Foral de Gipuzkoa alega la vulneración del artículo 217 LEC (carga de la prueba), pero lo que discute esa parte no es que la sentencia apelada haya valorado la documental aportada a las actuaciones sin atender a las reglas establecidas en dicho precepto, sino que haya sacado de dicha valoración conclusiones, así de hecho como jurídicas, distintas a las que, según esa parte merece la valoración de la prueba respecto al requisito (PL2) discutido de provisión de las plazas convocadas, ; en particular, por su adecuación a las determinaciones de la RPT y OPE y previsiones en los Planes de normalización del euskera.

Así, no es que la Administración apelante no haya asumido la carga de la prueba de los hechos que justifican el que las bases de la convocatoria asignen el PL2 a todas las plazas convocadas, sino que esa parte sostiene haber probado las razones de tal requisito de acceso, y no la recurrente las que sustentan su pretensión. Ahora bien, alegándose la vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las plazas ofrecidas en el procedimiento selectivo es la Administración la que corre con la carga de acreditar las causas que, en su caso, justifiquen la diferencia de trato que tal requisito comporta "por sí solo" en las situaciones de euskaldunes y castellano-parlantes.

SEXTO.- SOBRE LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LOS RECURSOS.

Vamos a reproducir los razonamientos jurídicos que esta Sección ya ha expuesto en supuestos similares al aquí analizado, en las siguientes sentencias:

- En la sentencia de 5 de marzo de 2025 (rec. 435/24):

<< El juicio de proporcionalidad, adecuación, de las bases de la convocatoria de plazas en el ámbito de las Diputaciones Forales del País Vasco en punto al requisito ( de acceso) de conocimiento preceptivo del euskera, expuesto en las precitadas sentencias de esta Sección, ha sido confirmado en las más recientes, dictadas en los Recursos de apelación 160-2024 y 189./2024 ; en supuestos similares al ahora enjuiciado; esto es, la fijación de dicho requisito en porcentajes ( del 90 % o más ) de las plazas convocadas muy superiores a los que representan los índices de población vascoparlante/ previsiones de los Planes de normalización del uso del euskera/ número total de plazas del Cuerpo o Grupo de las ofrecidas; y las necesidades de personal con conocimiento de ese idioma para cumplir las funciones del puesto que implican la relación con los usuarios del servicio de cuya prestación se trate y, por lo tanto, de su derecho a dirigirse y ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas co-oficiales en el territorio foral.

En lo que hace al caso, la exigencia del requisito lingüístico en cuestión se extiende a todas las plazas convocadas (15) de limpieza-comedores en albergues infantiles-juveniles ; requerimiento que no cohonesta la atención de esos usuarios por altos que sea el porcentaje de conocimiento y uso del euskera con el derecho de los aspirantes sin conocimiento, tan siquiera básico, del mismo idioma, a acceder al empleo público en dichos puestos.

Y es que la atención en euskera o indistintamente en euskera-castellano de los usuarios del mencionado servicio puede alcanzarse sin necesidad de que dichos puestos estén desempeñados exclusivamente por empleados que acrediten el PL1 ( o superior) ; en función de la organización y distribución de tareas, especialmente, en los comedores y servicios complementarios.

Por el contrario, las alegaciones de los apelantes anteponen los objetivos de la planificación lingüística en el territorio foral y la vinculación "interna" de la convocatoria a las previsiones de ese instrumento, y otros de ordenación del empleo público ( RPT y OPE) al derecho de acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad a las plazas convocadas para la provisión de aquel ; no obstante el rango "constitucional" de estos últimos.

Y tal ponderación, ya que vulnera el derecho y principios constitucionales que se acaban de citar, no puede justificarse en el objeto y perentoriedad del procedimiento de estabilización del empleo temporal habilitado por la Ley 20/ 2021, como argumenta la Diputación Foral de Gipuzkoa, a modo de "derogación singular" de los artículos 23.2 y 103.2 de la Constitución y, por ende, de principios del mismo valor del estatuto básico del empleo público.

Por último, el contraste de las precitadas sentencias de esta Sección y las dictadas por la Sección 2ª, de esta misma Sala, invocadas por las partes, no puede obviar los distintos ámbitos administrativos ( foral las primeras; autonómico las segundas) de las OPE y/o convocatorias recurridas y, en consecuencia, sus distintas coordenadas organizativas, dotaciones/índices de implantación del euskera; y la relación de las funciones de las plazas con el conocimiento lingüístico requerido para su provisión ; ítem, los fundamentos de las pretensiones deducidas en cada proceso; al punto de extrapolar al presente de forma mimética los pronunciamientos de otras sentencias ; y de que el derecho de igualdad en la aplicación de la ley debe satisfacerse en el ámbito "funcional" de cada órgano judicial sin perjuicio de la unificación de criterios por las vías del recurso de casación procedente.>>

-Y en la sentencia de 22.11.2024 (rec. 160/24):

< art. 22.3 de la Constitución y siguiendo por los preceptos del TREBEP que regulan el régimen de acceso al empleo público; y es de la conformidad de los actos recurridos con esa normas y no con la Ley 20/2021 de lo que se ha tratado en el proceso de instancia y resuelto por la sentencia apelada, en congruencia de lo que puede tratarse y resolverse en esta de apelación.

Por supuesto que ha de haber correspondencia entre las funciones o competencias de las plazas convocadas y la capacidad y méritos que han de acreditar los concursantes con arreglo a las bases de la convocatoria...pero es que, en lo que concierne a esta causa, no se trata, al menos de forma principal y relevante, de la observancia de tales principios ( art. 103 de la Constitución ) sino del derecho de igualdad en el acceso al empleo público.

(...)

Así, la sentencia apelada no es que desconzca o no le otorgue ninguna virtualidad a los Planes de normalización del uso del euskera en el ámbito de la Administración demandada sino que, implícitamente, no reconoce a dichos instrumentos la virtualidad alegada por la demandada, a la vez que niega expresa y fundadamente la de los actos recurridos por sus efectos en la situación jurídica del recurrente; esto es, la vulneración de su derecho se acceso en condiciones de igualdad a las plazas convocadas. En conclusión, la sentencia apelada no ha vulnerado los preceptos básicos de la función pública antes citados, y los de la legislación autonómica, también alegados por la parte apelante.>>

Es por lo expuesto que el recurso de apelación debe ser desestimado.

SÉPTIMO.- COSTAS.No hay que hacer pronunciamiento de condena respecto a las costas causadas ( artículo 139 de la Ley Jurisdiccional).