Sentencia Contencioso-Administrativo 2517/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1232/2023 de 04 de julio del 2025

PRIMERO. - Sobre el objeto del recurso.

Se recurre en este proceso la resolución de 27 de marzo de 2023del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, que acuerda "NO ADMITIR A TRÁMITE"la solicitud de suspensión en vía económico-administrativa en relación al Acuerdo de medidas cautelares dictado por la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT Cuantía 132.310,71 euros. Referencia R0885222029728.

Se expresa en los antecedentes de hecho de la resolución económico-administrativa impugnada el iter de la decisión adoptada:

"PRIMERO.- En fecha 01/12/2022 , el interesado presentó reclamación económico administrativa impugnando el acuerdo anteriormente referido dictado por la A.E.A.T., resultando una deuda a ingresar por la cantidad señalada.

SEGUNDO.- En la misma fecha, en escrito independiente al de interposición de la reclamación, presentó solicitud de suspensión con dispensa de garantías ante este Tribunal, según lo dispuesto en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

Aporta copia de la siguiente documentación:

Modelo 190 de los ejercicios 2018 a 2021

Certificado del registro de la propiedad de no tener titularidades vigentes

Impuestos de sociedades de los ejercicios 2018 a 2021, constando en este

último:

Fondos Propios de -184.234,70 euros

Capital de 3.100 euros

Reservas de 32.815,79 euros

Resultados de ejercicios anteriores de -162.448,99 euros

Resultado del ejercicio de -58.001,50 euros."

La resolución del TEARC, tras citar los fundamentos normativos aplicables a la suspensión en vía económico-administrativa, concluye que en el presente caso, no es posible acordar la suspensión puesto que los perjuicios ya están materializados como se observa de su contabilidad:

"...de la documentación adjuntada (entre ellos el Impuestos sobre sociedades del ejercicio 2018), a fin de acreditar los perjuicios que derivarían de su ejecución, se desprende que los perjuicios ya se habían generado previamente a la notificación del acto impugnado, hallándose la reclamante en una grave situación económico-financiera con unos Fondos Propios negativos de -184.234,70 euros, frente a un Capital de 3.100 euros, unas reservas de 32.815,79 euros, unos resultados negativos de ejercicios anteriores de -162.448,99 euros y con unos resultados del ejercicio de -58.001,50 euros, datos éstos que deben ser analizados en concordancia con lo dispuesto en el art. 363 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el cual establece en su número 1, apartado e), que la sociedad de capital deberá disolverse: "Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente",de todo lo cual cabe inferir que la sociedad se encuentra en una situación económica, financiera y patrimonial asimilable a la quiebra técnica, por lo que la suspensión de la mencionada liquidación, no resulta justificada ni por el deseo de proteger la actividad económica y el nivel de empleo de la sociedad, ni por los posibles perjuicios que pudiera sufrir por cuanto éstos ya se habían generado con anterioridad, por lo que procede inadmitir la solicitud de suspensión."

SEGUNDO. - Sobre las pretensiones de las partes y los motivos que las fundamentan.

1. La pretensión y los motivos del recurso que se contienen en la demanda.

En su demanda, el recurrente interesa de la Sala el dictado de una sentencia que:

" ... anule la inadmisión a trámite dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña."

Sostiene que contra el acuerdo de adopción de medidas cautelares dictado por la Dependencia Regional de Recaudación por importe de 132. 310, 71 euros, se presentó el 1.12.2022 reclamación económico-administrativa ante el TEARC y, en la misma fecha y en escrito independiente, se presentó una solicitud de suspensión con dispensa de garantías al amparo de lo dispuesto en el art. 46 RD 520/2005, de 13 de mayo ante el mismo órgano. El TEARC acordó la inadmisión a trámite.

Señala que la sociedad no se halla en situación de disolución obligatoria, ni en patrimonio negativo, ni en la obligación de reducir el capital o disolverse, porque en su pasivo se halla un crédito participativo. Se regulan en el art. 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. Según el art. 20.1 d) del citado texto tendrán la consideración de fondos propios a efectos de la legislación mercantil. No están en la partida de fondos propios por las exigencias contables que exige que se contabilicen como pasivo exigible. El socio único de la sociedad recurrente tiene concedido desde el año 2017 un préstamo participativo, cuyo saldo, en los años a los que se refiere la resolución administrativa compensaba más que sobradamente la diferencia entre el pasivo exigible y activo total.

Añade que procedía la admisión a trámite de la solicitud porque de la documentación aportada se aprecian indicios de perjuicios de imposible reparación.

2. Los argumentos sostenidos por el Abogado del Estado en la contestación.

La parte demandada contesta a la demanda con solicitud de dictado de sentencia por la que se "...desestime el presente recurso contencioso-administrativo".

La Abogacía del Estado mantiene que la resolución es conforme a Derecho. El actor incurría en una causa de disolución en los términos previstos en el art. 363 LSC con anterioridad a la notificación del acto administrativo cuya ejecución pretende suspender. La ejecución del acuerdo no causa al recurrente perjuicios de difícil o imposible reparación. No obstante, asumiendo como cierta esta afirmación del actor, lo cierto es que, en tal supuesto no acredita la concurrencia de los perjuicios de imposible o difícil reparación que la denegación de la suspensión le causaría. De la documentación aportada no se concluye que se le causarían perjuicios.

TERCERO. - Decisión de la Sala. (I)

1.La controversia en el presente asunto se centra en la conformidad a Derecho o no de la inadmisión de la solicitud de suspensión con dispensa de garantías. Debe señalarse, de entrada, que conforme a los artículos 46.4 RD 520/2005 y art. 211.6 LGT, el Tribunal inadmitirá la solicitud de suspensión cuando no pueda deducirse de la documentación aportada al expediente o aportada junto a la solicitud de suspensión la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación alegados.

En el presente caso la parte actora, si bien plantea una indebida inadmisión a tramite de la solicitud de suspensión, lo que pretende, en definitiva es que se suspendan los efectos del acuerdo de medidas cautelares acordados por el Departamento de Recaudación de la AEAT por cuantía de 132.310,71 euros, atendido el riesgo recaudatorio que presentaba la empresa por sus circunstancias. Para ello la actora presentó una serie de documentación relativa a la situación financiera, económica y patrimonial de la empresa, que es examinada por el TEARC y concluye que la sociedad está en quiebra técnica e incurre en causa de disolución, lo que hace no posible acreditar perjuicios irreparables.

2.Es criterio reiterado de esta Sala sobre la cuestión litigiosa (sin afán exhaustivo, Sentencias, núm. 349 de 29 de marzo de 2012, núm. 1198 de 27 de noviembre de 2013, núm. 126 de 13 de febrero de 2014 y núm. 343 de 14 de abril de 2014):

1º) Que la suspensión con dispensa total de garantías a que se refiere el art. 233.4 LGT sólo tiene lugar cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación, lo cual, a su vez, supone, dado el contexto de la norma, la imposibilidad de aportar tanto las garantías llamadas típicas del art. 233.2 LGT como de otras garantías llamadas alternativas del art. 233.3 LGT.

2º) La solicitud de suspensión ha de reunir los requisitos generales previstos en el art. 2.1 del Reglamento de revisión y los específicos establecidos para cada caso, que en el de suspensión con dispensa de garantías son los establecidos en el art. 40.2 del mismo Reglamento, y especialmente en su letra c).

Dicho art. 40.2 del Reglamento dispone en su encabezamiento que "La suspensión deberá solicitarse en escrito independiente e ir acompañada por los documentos que el interesado estime procedentes para justificar la concurrencia de los requisitos necesarios para su concesión y de una copia de la reclamación interpuesta".Y a continuación expresa la "documentación que necesariamente debe aportarse"en cada uno de los supuestos legales, disponiendo la letra c) que: " Cuando la solicitud se base en que la ejecución del acto podría causar perjuicios de difícil o imposible reparación, deberá acreditarse dicha circunstancia. En ese caso, de solicitarse la suspensión con dispensa parcial de garantías, se detallarán las que se ofrezcan conforme a lo dispuesto en el párrafo b)".

3.º) El art. 2.2 del mismo Reglamento se refiere a la subsanación, con referencia a la falta o no acompañamiento de los documentos preceptivos, pero tal norma se establece "sin perjuicio de las normas especiales de subsanación contenidas en este reglamento",de forma que ha de estarse, en materia de suspensiones, a los arts. 39 a 47:

-Para la suspensión automática, por prestación de las garantías típicas, dispone el art. 43.4: "Cuando sea necesaria la subsanación de defectos del documento en que se formalice la garantía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 y aquellos hayan sido subsanados, el órgano competente acordará la suspensión con efectos desde la solicitud. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado al interesado. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la suspensión".

-Para la suspensión con prestación de otras garantías, establece el art. 44.3 que "Examinada la solicitud, se procederá, en su caso, a la subsanación prevista en el artículo 2.2",añadiendo el art. 44.4 que "Cuando los defectos se hayan subsanado en el plazo al que se refiere el artículo 2.2, la suspensión acordada producirá efectos desde la solicitud. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado, pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la suspensión.".

-Por fin, para la suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo, dispone el art. 46.3 que "Examinada la solicitud, se procederá, en su caso, a la subsanación prevista en el artículo 2.2. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, se inadmitirá a trámite la solicitud de suspensión con las consecuencias previstas en el apartado siguiente",añadiendo el primer párrafo del art. 46.4 que "Subsanados los defectos o cuando el trámite de subsanación no haya sido necesario, el tribunal económico- administrativo decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho".

CUARTO. -Decisión de la Sala (II). Jurisprudencia del TS.

1.-A su vez, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 21 de diciembre de 2017 (RC 496/2017), ha fijado la interpretación de los artículos antes mencionados.

En este sentido, cabe destacar que de la regulación de la medida cautelar de suspensión en la vía económico-administrativa concluye el Alto Tribunal que "solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías, o con dispensa parcial de las mismas, con fundamento en que la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, y el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada (que no presenta defecto alguno susceptible de subsanación) no se acredita, ni siquiera indiciariamente, la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un trámite de subsanación sino resolver la solicitud en cuanto al fondo, rechazándola"(FJº cuarto, apartado 7).

Ahora bien, (FJº quinto) " tanto el RRVA (artículo 46.4, primer párrafo) como la RSEH (apartado Cuarto .4.2.4, primer párrafo) determinan que, subsanados los defectos o sin trámite de subsanación cuando no sea necesario, la solicitud debe ser inadmitida si de la documentación acompañada no puede deducirse la existencia de los perjuicios de difícil o imposible reparación (el primero de los preceptos habla de "indicios")."

Pone de relieve la Sentencia que "tal forma de resolver no es la ajustada a la razón de decidir. Las resoluciones de inadmisión rechazan la solicitud, sin juzgar el fondo de la misma, porque se incumplen presupuestos o requisitos que condicionan su estudio y decisión. No ha lugar a pronunciarse porque no concurren las circunstancias a las que el ordenamiento jurídico sujeta el pronunciamiento de una decisión sobre el fondo o el interesado ha incumplido las cargas que dicho ordenamiento le impone para que un órgano, en este caso económico-administrativo, considere su solicitud. Basta la lectura del artículo 239.4 LGT para comprobar que una resolución de inadmisión no es el vehículo adecuado para rechazar, en cuanto al fondo, una solicitud de suspensión por no acreditarse con la prueba practicada la concurrencia de los requisitos que permitirían acceder a la misma."

Recuerda que la jurisprudencia ha afirmado la necesidad de diferenciar entre las fases de admisión y de decisión, reservando a esta última la valoración de la capacidad de la ejecución para causar perjuicios de difícil o imposible reparación, y si bien es verdad que esta jurisprudencia, de forma implícita, admite una decisión de inadmisión cuando de la documentación aportadano se obtengan "indicios" de los perjuicios, " un análisis más detenido del marco normativo y de los parámetros utilizados para resolver por los órganos económico-administrativos, conducen a este Tribunal a precisar su jurisprudencia, indicando que en tales supuestos la decisión debe ser también de desestimación en cuanto al fondo."

A tal efecto, expone las razones que abonan esta conclusión y considera suficiente, para rectificar la constatada anomalía, realizar una exégesis de tales normas reglamentarias que las cohoneste con la ley. De esta forma fija criterios interpretativos en el FJº sexto, que transcribimos a continuación:

"SEXTO.- Contenido interpretativo de la sentencia

1. Atendiendo a lo hasta aquí expuesto, y conforme ordena el artículo 93.1 LJCA , procede fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales y reglamentarios concernidos en este litigio.

2. En particular, el artículo 46 RRVA , apartados 3 y 4, y los apartados Cuarto.4.2.3 y Cuarto 4.2.4 RSEH deben ser interpretados en el sentido de que:

Cuando, solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías, o con dispensa parcial de las mismas, porque la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, y el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada(que no presenta defecto alguno susceptible de subsanación o cuyos defectos ya han sido subsanados) no se acredita, ni siquiera indiciariamente, la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un incidente de subsanación para solventar esa deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la solicitud y desestimarla en cuanto al fondo."

2.-Pues bien, en primer lugar, procede remarcar que el TEARC al inadmitir la solicitud está valorando la documentación que ha aportado la actora y, por tanto, debe entenderse que en vez de inadmitir lo que realizó fue una desestimación de la solicitud a la vista que procedía analizar la situación que presentaba la empresa, para ver si nos encontramos ante la causación de posibles perjuicios irreparables.

Partiendo de lo anterior, es decir, que nos encontramos ante una desestimación de la solicitud y no una inadmisión por el contenido expuesto en fundamentos anteriores, por entender el TEARC que los perjuicios ya se han producido y no es posible paralizarlos por la adopción de la medida suspensiva. A su vez, mantiene la actora que los perjuicios no cabe entenderlos ya materializados, sino que la sociedad posee un préstamo participativo otorgado por el socio único de la sociedad, que debe considerarse como fondos propios de la entidad.

Sobre esta cuestión cabe señalar que es en esta instancia cuando aporta la actora un documento privado sin ningún tipo de registro oficial a que haya tenido acceso ni tampoco mención alguna sobre el mismo que hubiera realizado en la memoria de la contabilidad. Por tanto, ha desprovisto esta conducta de la actora al TEARC de su legitima competencia de valorar la situación de la empresa a los efectos de la concesión de la suspensión. El documento privado, que ahora aporta, no puede tener el efecto que considera la actora por cuanto no tiene ningún soporte público que lo valide.

Pero es que, además, la STS de 30 de marzo de 2021, rec. 5341/2019, trata de la naturaleza de los prestamos participativos a los efectos de beneficiarse de la exención contenida en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Por tanto, se diferencian de las participaciones sociales que si que disfrutan del beneficio fiscal señalado. Señala que no cabe extender una calificación a otros efectos -beneficios fiscales- no previstos. Señala la sentencia:

"En síntesis, la equiparación del préstamo participativo al patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de la sociedad, no altera su naturaleza de contrato de préstamo, ya que no se asimila la situación del acreedor a la de los socios de la entidad prestataria.

Contrariamente a lo que propone la contribuyente, el problema que se plantea no es el de tener en cuenta una interpretación finalista de las normas, sino el de dar preferencia a esa interpretación finalista cuando es contraria al tenor de la norma, que es exactamente lo que aquí sucede. El problema no radica en la interpretación extensiva o restrictiva de las normas, sino que la norma no contempla este supuesto de exención.

En efecto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Real decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberación de la actividad económica, tienen la consideración de préstamos participativos aquellos en los que la entidad prestamista perciba un interés (fijo o variable) determinado en función del beneficio neto, volumen de negocio, patrimonio total de la empresa prestataria o de cualquier otro elemento que acuerden las partes, considerándose como patrimonio contable a efectos de la legislación mercantil, a determinados efectos, concretamente, de reducción de capital y liquidación de sociedades. No se lleva a cabo, pues, una equiparación a otros efectos y, por tanto, no cabe asimilar la situación del acreedor del préstamo participativo, en tanto en cuanto es titular de un valor representativo de la cesión a tercero de capitales propios, con la de un socio que participa de los fondos propios de la entidad prestataria. En 2014, los préstamos participativos no tenían la consideración de fondos propios en 2014, sino la consideración de financiación ajena y, por tanto, no estaban exentos.

Desde el punto de vista contable, los préstamos participativos se contabilizan conforme a la norma de registro y valoración (NRV) 9º, relativa a los "Instrumentos financieros" del Plan General de Contabilidad ( PGC 2007), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

La respuesta a la cuestión con interés casacional es la siguiente: La exención contenida en el artículo 4. Ocho. Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, no se entiende aplicable a los préstamos participativos contraídos con entidades mercantiles, con o sin cotización en mercados organizados, en las condiciones previstas en el citado precepto, dado que no son equiparables los préstamos participativos y con los fondos propios de entidades mercantiles."

Por tanto, el TS está reconociendo que no cabe equiparar complementamente ambas partidas como si fueran una y se diluyeran en el capital social.

QUINTO. -Aplicación al caso.

No dejaremos de recordar que, solicitada la suspensión con dispensa de garantías apelando a la causación de perjuicios de imposible o difícil reparación, resulta inexcusable la acreditación de tal circunstancia ( art. 40.2.c) RD 520/2005), sin que basten las simples (genéricas) manifestaciones de la reclamante al respecto,menos aún cuando trata de darse por sentada la causación de aquellos perjuicios por la sola referencia a la cuantía del acto reclamado, sin ponerla en absoluto en relación con la situación patrimonial de aquélla. La situación patrimonial, ciertamente pudiera ser no tributaria de causa de disolución pero es lo cierto que tal medida de suspensión de corte muy intenso, puesto que lo que pretende en la "neutralización" de unas medidas cautelares presentadas ante un más que acreditado riesgo recaudatorio, requiere una situación patrimonial, financiera y económica que muestre una viabilidad en el sector y en el mercado de la empresa y eso no se produce ni se vislumbra aquí. La existencia de un crédito participativo en un documento privado de fecha 2017 aportado en sede Jurisdiccional no enerva la viabilidad del negocio.

Procede, por lo anterior, desestimar el recurso por no concurrir los supuestos para la concesión de la suspensión, entendiendo que el TEARC no inadmitió sino que verdaderamente desestimó la solicitud de suspensión. Así, son los argumentos aquí expuestos los que justifican la decisión.

Se impone en definitiva la desestimación íntegra del recurso, de conformidad con lo previsto en el orden procesal por los artículos 68.1. b )y 70.1 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción.

ULTIMO. - Sobre las costas procesales.

Conforme a los artículos 68.2 y 139.1 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción, modificado este último por la Ley 37/2011, las costas procesales se impondrán en la primera o única instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia, si bien, no procede la imposición de las costasal entender que la inadmisión no fue conforme a Derecho, si bien en modo alguno procedía acoger la suspensión solicitada por no concurrir perjuicios irreparables.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo dentro del límite de las pretensiones procesales deducidas por las partes en sus respectivas demanda y contestación a la demanda, en nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que nos confieren la Constitución y las leyes,

PRIMERO. - Sobre el objeto del recurso.

Se recurre en este proceso la resolución de 27 de marzo de 2023del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, que acuerda "NO ADMITIR A TRÁMITE"la solicitud de suspensión en vía económico-administrativa en relación al Acuerdo de medidas cautelares dictado por la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT Cuantía 132.310,71 euros. Referencia R0885222029728.

Se expresa en los antecedentes de hecho de la resolución económico-administrativa impugnada el iter de la decisión adoptada:

"PRIMERO.- En fecha 01/12/2022 , el interesado presentó reclamación económico administrativa impugnando el acuerdo anteriormente referido dictado por la A.E.A.T., resultando una deuda a ingresar por la cantidad señalada.

SEGUNDO.- En la misma fecha, en escrito independiente al de interposición de la reclamación, presentó solicitud de suspensión con dispensa de garantías ante este Tribunal, según lo dispuesto en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

Aporta copia de la siguiente documentación:

Modelo 190 de los ejercicios 2018 a 2021

Certificado del registro de la propiedad de no tener titularidades vigentes

Impuestos de sociedades de los ejercicios 2018 a 2021, constando en este

último:

Fondos Propios de -184.234,70 euros

Capital de 3.100 euros

Reservas de 32.815,79 euros

Resultados de ejercicios anteriores de -162.448,99 euros

Resultado del ejercicio de -58.001,50 euros."

La resolución del TEARC, tras citar los fundamentos normativos aplicables a la suspensión en vía económico-administrativa, concluye que en el presente caso, no es posible acordar la suspensión puesto que los perjuicios ya están materializados como se observa de su contabilidad:

"...de la documentación adjuntada (entre ellos el Impuestos sobre sociedades del ejercicio 2018), a fin de acreditar los perjuicios que derivarían de su ejecución, se desprende que los perjuicios ya se habían generado previamente a la notificación del acto impugnado, hallándose la reclamante en una grave situación económico-financiera con unos Fondos Propios negativos de -184.234,70 euros, frente a un Capital de 3.100 euros, unas reservas de 32.815,79 euros, unos resultados negativos de ejercicios anteriores de -162.448,99 euros y con unos resultados del ejercicio de -58.001,50 euros, datos éstos que deben ser analizados en concordancia con lo dispuesto en el art. 363 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el cual establece en su número 1, apartado e), que la sociedad de capital deberá disolverse: "Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente",de todo lo cual cabe inferir que la sociedad se encuentra en una situación económica, financiera y patrimonial asimilable a la quiebra técnica, por lo que la suspensión de la mencionada liquidación, no resulta justificada ni por el deseo de proteger la actividad económica y el nivel de empleo de la sociedad, ni por los posibles perjuicios que pudiera sufrir por cuanto éstos ya se habían generado con anterioridad, por lo que procede inadmitir la solicitud de suspensión."

SEGUNDO. - Sobre las pretensiones de las partes y los motivos que las fundamentan.

1. La pretensión y los motivos del recurso que se contienen en la demanda.

En su demanda, el recurrente interesa de la Sala el dictado de una sentencia que:

" ... anule la inadmisión a trámite dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña."

Sostiene que contra el acuerdo de adopción de medidas cautelares dictado por la Dependencia Regional de Recaudación por importe de 132. 310, 71 euros, se presentó el 1.12.2022 reclamación económico-administrativa ante el TEARC y, en la misma fecha y en escrito independiente, se presentó una solicitud de suspensión con dispensa de garantías al amparo de lo dispuesto en el art. 46 RD 520/2005, de 13 de mayo ante el mismo órgano. El TEARC acordó la inadmisión a trámite.

Señala que la sociedad no se halla en situación de disolución obligatoria, ni en patrimonio negativo, ni en la obligación de reducir el capital o disolverse, porque en su pasivo se halla un crédito participativo. Se regulan en el art. 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. Según el art. 20.1 d) del citado texto tendrán la consideración de fondos propios a efectos de la legislación mercantil. No están en la partida de fondos propios por las exigencias contables que exige que se contabilicen como pasivo exigible. El socio único de la sociedad recurrente tiene concedido desde el año 2017 un préstamo participativo, cuyo saldo, en los años a los que se refiere la resolución administrativa compensaba más que sobradamente la diferencia entre el pasivo exigible y activo total.

Añade que procedía la admisión a trámite de la solicitud porque de la documentación aportada se aprecian indicios de perjuicios de imposible reparación.

2. Los argumentos sostenidos por el Abogado del Estado en la contestación.

La parte demandada contesta a la demanda con solicitud de dictado de sentencia por la que se "...desestime el presente recurso contencioso-administrativo".

La Abogacía del Estado mantiene que la resolución es conforme a Derecho. El actor incurría en una causa de disolución en los términos previstos en el art. 363 LSC con anterioridad a la notificación del acto administrativo cuya ejecución pretende suspender. La ejecución del acuerdo no causa al recurrente perjuicios de difícil o imposible reparación. No obstante, asumiendo como cierta esta afirmación del actor, lo cierto es que, en tal supuesto no acredita la concurrencia de los perjuicios de imposible o difícil reparación que la denegación de la suspensión le causaría. De la documentación aportada no se concluye que se le causarían perjuicios.

TERCERO. - Decisión de la Sala. (I)

1.La controversia en el presente asunto se centra en la conformidad a Derecho o no de la inadmisión de la solicitud de suspensión con dispensa de garantías. Debe señalarse, de entrada, que conforme a los artículos 46.4 RD 520/2005 y art. 211.6 LGT, el Tribunal inadmitirá la solicitud de suspensión cuando no pueda deducirse de la documentación aportada al expediente o aportada junto a la solicitud de suspensión la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación alegados.

En el presente caso la parte actora, si bien plantea una indebida inadmisión a tramite de la solicitud de suspensión, lo que pretende, en definitiva es que se suspendan los efectos del acuerdo de medidas cautelares acordados por el Departamento de Recaudación de la AEAT por cuantía de 132.310,71 euros, atendido el riesgo recaudatorio que presentaba la empresa por sus circunstancias. Para ello la actora presentó una serie de documentación relativa a la situación financiera, económica y patrimonial de la empresa, que es examinada por el TEARC y concluye que la sociedad está en quiebra técnica e incurre en causa de disolución, lo que hace no posible acreditar perjuicios irreparables.

2.Es criterio reiterado de esta Sala sobre la cuestión litigiosa (sin afán exhaustivo, Sentencias, núm. 349 de 29 de marzo de 2012, núm. 1198 de 27 de noviembre de 2013, núm. 126 de 13 de febrero de 2014 y núm. 343 de 14 de abril de 2014):

1º) Que la suspensión con dispensa total de garantías a que se refiere el art. 233.4 LGT sólo tiene lugar cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación, lo cual, a su vez, supone, dado el contexto de la norma, la imposibilidad de aportar tanto las garantías llamadas típicas del art. 233.2 LGT como de otras garantías llamadas alternativas del art. 233.3 LGT.

2º) La solicitud de suspensión ha de reunir los requisitos generales previstos en el art. 2.1 del Reglamento de revisión y los específicos establecidos para cada caso, que en el de suspensión con dispensa de garantías son los establecidos en el art. 40.2 del mismo Reglamento, y especialmente en su letra c).

Dicho art. 40.2 del Reglamento dispone en su encabezamiento que "La suspensión deberá solicitarse en escrito independiente e ir acompañada por los documentos que el interesado estime procedentes para justificar la concurrencia de los requisitos necesarios para su concesión y de una copia de la reclamación interpuesta".Y a continuación expresa la "documentación que necesariamente debe aportarse"en cada uno de los supuestos legales, disponiendo la letra c) que: " Cuando la solicitud se base en que la ejecución del acto podría causar perjuicios de difícil o imposible reparación, deberá acreditarse dicha circunstancia. En ese caso, de solicitarse la suspensión con dispensa parcial de garantías, se detallarán las que se ofrezcan conforme a lo dispuesto en el párrafo b)".

3.º) El art. 2.2 del mismo Reglamento se refiere a la subsanación, con referencia a la falta o no acompañamiento de los documentos preceptivos, pero tal norma se establece "sin perjuicio de las normas especiales de subsanación contenidas en este reglamento",de forma que ha de estarse, en materia de suspensiones, a los arts. 39 a 47:

-Para la suspensión automática, por prestación de las garantías típicas, dispone el art. 43.4: "Cuando sea necesaria la subsanación de defectos del documento en que se formalice la garantía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 y aquellos hayan sido subsanados, el órgano competente acordará la suspensión con efectos desde la solicitud. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado al interesado. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la suspensión".

-Para la suspensión con prestación de otras garantías, establece el art. 44.3 que "Examinada la solicitud, se procederá, en su caso, a la subsanación prevista en el artículo 2.2",añadiendo el art. 44.4 que "Cuando los defectos se hayan subsanado en el plazo al que se refiere el artículo 2.2, la suspensión acordada producirá efectos desde la solicitud. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado, pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la suspensión.".

-Por fin, para la suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo, dispone el art. 46.3 que "Examinada la solicitud, se procederá, en su caso, a la subsanación prevista en el artículo 2.2. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, se inadmitirá a trámite la solicitud de suspensión con las consecuencias previstas en el apartado siguiente",añadiendo el primer párrafo del art. 46.4 que "Subsanados los defectos o cuando el trámite de subsanación no haya sido necesario, el tribunal económico- administrativo decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho".

CUARTO. -Decisión de la Sala (II). Jurisprudencia del TS.

1.-A su vez, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 21 de diciembre de 2017 (RC 496/2017), ha fijado la interpretación de los artículos antes mencionados.

En este sentido, cabe destacar que de la regulación de la medida cautelar de suspensión en la vía económico-administrativa concluye el Alto Tribunal que "solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías, o con dispensa parcial de las mismas, con fundamento en que la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, y el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada (que no presenta defecto alguno susceptible de subsanación) no se acredita, ni siquiera indiciariamente, la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un trámite de subsanación sino resolver la solicitud en cuanto al fondo, rechazándola"(FJº cuarto, apartado 7).

Ahora bien, (FJº quinto) " tanto el RRVA (artículo 46.4, primer párrafo) como la RSEH (apartado Cuarto .4.2.4, primer párrafo) determinan que, subsanados los defectos o sin trámite de subsanación cuando no sea necesario, la solicitud debe ser inadmitida si de la documentación acompañada no puede deducirse la existencia de los perjuicios de difícil o imposible reparación (el primero de los preceptos habla de "indicios")."

Pone de relieve la Sentencia que "tal forma de resolver no es la ajustada a la razón de decidir. Las resoluciones de inadmisión rechazan la solicitud, sin juzgar el fondo de la misma, porque se incumplen presupuestos o requisitos que condicionan su estudio y decisión. No ha lugar a pronunciarse porque no concurren las circunstancias a las que el ordenamiento jurídico sujeta el pronunciamiento de una decisión sobre el fondo o el interesado ha incumplido las cargas que dicho ordenamiento le impone para que un órgano, en este caso económico-administrativo, considere su solicitud. Basta la lectura del artículo 239.4 LGT para comprobar que una resolución de inadmisión no es el vehículo adecuado para rechazar, en cuanto al fondo, una solicitud de suspensión por no acreditarse con la prueba practicada la concurrencia de los requisitos que permitirían acceder a la misma."

Recuerda que la jurisprudencia ha afirmado la necesidad de diferenciar entre las fases de admisión y de decisión, reservando a esta última la valoración de la capacidad de la ejecución para causar perjuicios de difícil o imposible reparación, y si bien es verdad que esta jurisprudencia, de forma implícita, admite una decisión de inadmisión cuando de la documentación aportadano se obtengan "indicios" de los perjuicios, " un análisis más detenido del marco normativo y de los parámetros utilizados para resolver por los órganos económico-administrativos, conducen a este Tribunal a precisar su jurisprudencia, indicando que en tales supuestos la decisión debe ser también de desestimación en cuanto al fondo."

A tal efecto, expone las razones que abonan esta conclusión y considera suficiente, para rectificar la constatada anomalía, realizar una exégesis de tales normas reglamentarias que las cohoneste con la ley. De esta forma fija criterios interpretativos en el FJº sexto, que transcribimos a continuación:

"SEXTO.- Contenido interpretativo de la sentencia

1. Atendiendo a lo hasta aquí expuesto, y conforme ordena el artículo 93.1 LJCA , procede fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales y reglamentarios concernidos en este litigio.

2. En particular, el artículo 46 RRVA , apartados 3 y 4, y los apartados Cuarto.4.2.3 y Cuarto 4.2.4 RSEH deben ser interpretados en el sentido de que:

Cuando, solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías, o con dispensa parcial de las mismas, porque la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, y el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada(que no presenta defecto alguno susceptible de subsanación o cuyos defectos ya han sido subsanados) no se acredita, ni siquiera indiciariamente, la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un incidente de subsanación para solventar esa deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la solicitud y desestimarla en cuanto al fondo."

2.-Pues bien, en primer lugar, procede remarcar que el TEARC al inadmitir la solicitud está valorando la documentación que ha aportado la actora y, por tanto, debe entenderse que en vez de inadmitir lo que realizó fue una desestimación de la solicitud a la vista que procedía analizar la situación que presentaba la empresa, para ver si nos encontramos ante la causación de posibles perjuicios irreparables.

Partiendo de lo anterior, es decir, que nos encontramos ante una desestimación de la solicitud y no una inadmisión por el contenido expuesto en fundamentos anteriores, por entender el TEARC que los perjuicios ya se han producido y no es posible paralizarlos por la adopción de la medida suspensiva. A su vez, mantiene la actora que los perjuicios no cabe entenderlos ya materializados, sino que la sociedad posee un préstamo participativo otorgado por el socio único de la sociedad, que debe considerarse como fondos propios de la entidad.

Sobre esta cuestión cabe señalar que es en esta instancia cuando aporta la actora un documento privado sin ningún tipo de registro oficial a que haya tenido acceso ni tampoco mención alguna sobre el mismo que hubiera realizado en la memoria de la contabilidad. Por tanto, ha desprovisto esta conducta de la actora al TEARC de su legitima competencia de valorar la situación de la empresa a los efectos de la concesión de la suspensión. El documento privado, que ahora aporta, no puede tener el efecto que considera la actora por cuanto no tiene ningún soporte público que lo valide.

Pero es que, además, la STS de 30 de marzo de 2021, rec. 5341/2019, trata de la naturaleza de los prestamos participativos a los efectos de beneficiarse de la exención contenida en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Por tanto, se diferencian de las participaciones sociales que si que disfrutan del beneficio fiscal señalado. Señala que no cabe extender una calificación a otros efectos -beneficios fiscales- no previstos. Señala la sentencia:

"En síntesis, la equiparación del préstamo participativo al patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de la sociedad, no altera su naturaleza de contrato de préstamo, ya que no se asimila la situación del acreedor a la de los socios de la entidad prestataria.

Contrariamente a lo que propone la contribuyente, el problema que se plantea no es el de tener en cuenta una interpretación finalista de las normas, sino el de dar preferencia a esa interpretación finalista cuando es contraria al tenor de la norma, que es exactamente lo que aquí sucede. El problema no radica en la interpretación extensiva o restrictiva de las normas, sino que la norma no contempla este supuesto de exención.

En efecto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Real decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberación de la actividad económica, tienen la consideración de préstamos participativos aquellos en los que la entidad prestamista perciba un interés (fijo o variable) determinado en función del beneficio neto, volumen de negocio, patrimonio total de la empresa prestataria o de cualquier otro elemento que acuerden las partes, considerándose como patrimonio contable a efectos de la legislación mercantil, a determinados efectos, concretamente, de reducción de capital y liquidación de sociedades. No se lleva a cabo, pues, una equiparación a otros efectos y, por tanto, no cabe asimilar la situación del acreedor del préstamo participativo, en tanto en cuanto es titular de un valor representativo de la cesión a tercero de capitales propios, con la de un socio que participa de los fondos propios de la entidad prestataria. En 2014, los préstamos participativos no tenían la consideración de fondos propios en 2014, sino la consideración de financiación ajena y, por tanto, no estaban exentos.

Desde el punto de vista contable, los préstamos participativos se contabilizan conforme a la norma de registro y valoración (NRV) 9º, relativa a los "Instrumentos financieros" del Plan General de Contabilidad ( PGC 2007), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

La respuesta a la cuestión con interés casacional es la siguiente: La exención contenida en el artículo 4. Ocho. Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, no se entiende aplicable a los préstamos participativos contraídos con entidades mercantiles, con o sin cotización en mercados organizados, en las condiciones previstas en el citado precepto, dado que no son equiparables los préstamos participativos y con los fondos propios de entidades mercantiles."

Por tanto, el TS está reconociendo que no cabe equiparar complementamente ambas partidas como si fueran una y se diluyeran en el capital social.

QUINTO. -Aplicación al caso.

No dejaremos de recordar que, solicitada la suspensión con dispensa de garantías apelando a la causación de perjuicios de imposible o difícil reparación, resulta inexcusable la acreditación de tal circunstancia ( art. 40.2.c) RD 520/2005), sin que basten las simples (genéricas) manifestaciones de la reclamante al respecto,menos aún cuando trata de darse por sentada la causación de aquellos perjuicios por la sola referencia a la cuantía del acto reclamado, sin ponerla en absoluto en relación con la situación patrimonial de aquélla. La situación patrimonial, ciertamente pudiera ser no tributaria de causa de disolución pero es lo cierto que tal medida de suspensión de corte muy intenso, puesto que lo que pretende en la "neutralización" de unas medidas cautelares presentadas ante un más que acreditado riesgo recaudatorio, requiere una situación patrimonial, financiera y económica que muestre una viabilidad en el sector y en el mercado de la empresa y eso no se produce ni se vislumbra aquí. La existencia de un crédito participativo en un documento privado de fecha 2017 aportado en sede Jurisdiccional no enerva la viabilidad del negocio.

Procede, por lo anterior, desestimar el recurso por no concurrir los supuestos para la concesión de la suspensión, entendiendo que el TEARC no inadmitió sino que verdaderamente desestimó la solicitud de suspensión. Así, son los argumentos aquí expuestos los que justifican la decisión.

Se impone en definitiva la desestimación íntegra del recurso, de conformidad con lo previsto en el orden procesal por los artículos 68.1. b )y 70.1 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción.

ULTIMO. - Sobre las costas procesales.

Conforme a los artículos 68.2 y 139.1 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción, modificado este último por la Ley 37/2011, las costas procesales se impondrán en la primera o única instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia, si bien, no procede la imposición de las costasal entender que la inadmisión no fue conforme a Derecho, si bien en modo alguno procedía acoger la suspensión solicitada por no concurrir perjuicios irreparables.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo dentro del límite de las pretensiones procesales deducidas por las partes en sus respectivas demanda y contestación a la demanda, en nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que nos confieren la Constitución y las leyes,

PRIMERO. - Sobre el objeto del recurso.

Se recurre en este proceso la resolución de 27 de marzo de 2023del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, que acuerda "NO ADMITIR A TRÁMITE"la solicitud de suspensión en vía económico-administrativa en relación al Acuerdo de medidas cautelares dictado por la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT Cuantía 132.310,71 euros. Referencia R0885222029728.

Se expresa en los antecedentes de hecho de la resolución económico-administrativa impugnada el iter de la decisión adoptada:

"PRIMERO.- En fecha 01/12/2022 , el interesado presentó reclamación económico administrativa impugnando el acuerdo anteriormente referido dictado por la A.E.A.T., resultando una deuda a ingresar por la cantidad señalada.

SEGUNDO.- En la misma fecha, en escrito independiente al de interposición de la reclamación, presentó solicitud de suspensión con dispensa de garantías ante este Tribunal, según lo dispuesto en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

Aporta copia de la siguiente documentación:

Modelo 190 de los ejercicios 2018 a 2021

Certificado del registro de la propiedad de no tener titularidades vigentes

Impuestos de sociedades de los ejercicios 2018 a 2021, constando en este

último:

Fondos Propios de -184.234,70 euros

Capital de 3.100 euros

Reservas de 32.815,79 euros

Resultados de ejercicios anteriores de -162.448,99 euros

Resultado del ejercicio de -58.001,50 euros."

La resolución del TEARC, tras citar los fundamentos normativos aplicables a la suspensión en vía económico-administrativa, concluye que en el presente caso, no es posible acordar la suspensión puesto que los perjuicios ya están materializados como se observa de su contabilidad:

"...de la documentación adjuntada (entre ellos el Impuestos sobre sociedades del ejercicio 2018), a fin de acreditar los perjuicios que derivarían de su ejecución, se desprende que los perjuicios ya se habían generado previamente a la notificación del acto impugnado, hallándose la reclamante en una grave situación económico-financiera con unos Fondos Propios negativos de -184.234,70 euros, frente a un Capital de 3.100 euros, unas reservas de 32.815,79 euros, unos resultados negativos de ejercicios anteriores de -162.448,99 euros y con unos resultados del ejercicio de -58.001,50 euros, datos éstos que deben ser analizados en concordancia con lo dispuesto en el art. 363 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el cual establece en su número 1, apartado e), que la sociedad de capital deberá disolverse: "Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente",de todo lo cual cabe inferir que la sociedad se encuentra en una situación económica, financiera y patrimonial asimilable a la quiebra técnica, por lo que la suspensión de la mencionada liquidación, no resulta justificada ni por el deseo de proteger la actividad económica y el nivel de empleo de la sociedad, ni por los posibles perjuicios que pudiera sufrir por cuanto éstos ya se habían generado con anterioridad, por lo que procede inadmitir la solicitud de suspensión."

SEGUNDO. - Sobre las pretensiones de las partes y los motivos que las fundamentan.

1. La pretensión y los motivos del recurso que se contienen en la demanda.

En su demanda, el recurrente interesa de la Sala el dictado de una sentencia que:

" ... anule la inadmisión a trámite dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña."

Sostiene que contra el acuerdo de adopción de medidas cautelares dictado por la Dependencia Regional de Recaudación por importe de 132. 310, 71 euros, se presentó el 1.12.2022 reclamación económico-administrativa ante el TEARC y, en la misma fecha y en escrito independiente, se presentó una solicitud de suspensión con dispensa de garantías al amparo de lo dispuesto en el art. 46 RD 520/2005, de 13 de mayo ante el mismo órgano. El TEARC acordó la inadmisión a trámite.

Señala que la sociedad no se halla en situación de disolución obligatoria, ni en patrimonio negativo, ni en la obligación de reducir el capital o disolverse, porque en su pasivo se halla un crédito participativo. Se regulan en el art. 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. Según el art. 20.1 d) del citado texto tendrán la consideración de fondos propios a efectos de la legislación mercantil. No están en la partida de fondos propios por las exigencias contables que exige que se contabilicen como pasivo exigible. El socio único de la sociedad recurrente tiene concedido desde el año 2017 un préstamo participativo, cuyo saldo, en los años a los que se refiere la resolución administrativa compensaba más que sobradamente la diferencia entre el pasivo exigible y activo total.

Añade que procedía la admisión a trámite de la solicitud porque de la documentación aportada se aprecian indicios de perjuicios de imposible reparación.

2. Los argumentos sostenidos por el Abogado del Estado en la contestación.

La parte demandada contesta a la demanda con solicitud de dictado de sentencia por la que se "...desestime el presente recurso contencioso-administrativo".

La Abogacía del Estado mantiene que la resolución es conforme a Derecho. El actor incurría en una causa de disolución en los términos previstos en el art. 363 LSC con anterioridad a la notificación del acto administrativo cuya ejecución pretende suspender. La ejecución del acuerdo no causa al recurrente perjuicios de difícil o imposible reparación. No obstante, asumiendo como cierta esta afirmación del actor, lo cierto es que, en tal supuesto no acredita la concurrencia de los perjuicios de imposible o difícil reparación que la denegación de la suspensión le causaría. De la documentación aportada no se concluye que se le causarían perjuicios.

TERCERO. - Decisión de la Sala. (I)

1.La controversia en el presente asunto se centra en la conformidad a Derecho o no de la inadmisión de la solicitud de suspensión con dispensa de garantías. Debe señalarse, de entrada, que conforme a los artículos 46.4 RD 520/2005 y art. 211.6 LGT, el Tribunal inadmitirá la solicitud de suspensión cuando no pueda deducirse de la documentación aportada al expediente o aportada junto a la solicitud de suspensión la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación alegados.

En el presente caso la parte actora, si bien plantea una indebida inadmisión a tramite de la solicitud de suspensión, lo que pretende, en definitiva es que se suspendan los efectos del acuerdo de medidas cautelares acordados por el Departamento de Recaudación de la AEAT por cuantía de 132.310,71 euros, atendido el riesgo recaudatorio que presentaba la empresa por sus circunstancias. Para ello la actora presentó una serie de documentación relativa a la situación financiera, económica y patrimonial de la empresa, que es examinada por el TEARC y concluye que la sociedad está en quiebra técnica e incurre en causa de disolución, lo que hace no posible acreditar perjuicios irreparables.

2.Es criterio reiterado de esta Sala sobre la cuestión litigiosa (sin afán exhaustivo, Sentencias, núm. 349 de 29 de marzo de 2012, núm. 1198 de 27 de noviembre de 2013, núm. 126 de 13 de febrero de 2014 y núm. 343 de 14 de abril de 2014):

1º) Que la suspensión con dispensa total de garantías a que se refiere el art. 233.4 LGT sólo tiene lugar cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación, lo cual, a su vez, supone, dado el contexto de la norma, la imposibilidad de aportar tanto las garantías llamadas típicas del art. 233.2 LGT como de otras garantías llamadas alternativas del art. 233.3 LGT.

2º) La solicitud de suspensión ha de reunir los requisitos generales previstos en el art. 2.1 del Reglamento de revisión y los específicos establecidos para cada caso, que en el de suspensión con dispensa de garantías son los establecidos en el art. 40.2 del mismo Reglamento, y especialmente en su letra c).

Dicho art. 40.2 del Reglamento dispone en su encabezamiento que "La suspensión deberá solicitarse en escrito independiente e ir acompañada por los documentos que el interesado estime procedentes para justificar la concurrencia de los requisitos necesarios para su concesión y de una copia de la reclamación interpuesta".Y a continuación expresa la "documentación que necesariamente debe aportarse"en cada uno de los supuestos legales, disponiendo la letra c) que: " Cuando la solicitud se base en que la ejecución del acto podría causar perjuicios de difícil o imposible reparación, deberá acreditarse dicha circunstancia. En ese caso, de solicitarse la suspensión con dispensa parcial de garantías, se detallarán las que se ofrezcan conforme a lo dispuesto en el párrafo b)".

3.º) El art. 2.2 del mismo Reglamento se refiere a la subsanación, con referencia a la falta o no acompañamiento de los documentos preceptivos, pero tal norma se establece "sin perjuicio de las normas especiales de subsanación contenidas en este reglamento",de forma que ha de estarse, en materia de suspensiones, a los arts. 39 a 47:

-Para la suspensión automática, por prestación de las garantías típicas, dispone el art. 43.4: "Cuando sea necesaria la subsanación de defectos del documento en que se formalice la garantía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 y aquellos hayan sido subsanados, el órgano competente acordará la suspensión con efectos desde la solicitud. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado al interesado. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la suspensión".

-Para la suspensión con prestación de otras garantías, establece el art. 44.3 que "Examinada la solicitud, se procederá, en su caso, a la subsanación prevista en el artículo 2.2",añadiendo el art. 44.4 que "Cuando los defectos se hayan subsanado en el plazo al que se refiere el artículo 2.2, la suspensión acordada producirá efectos desde la solicitud. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado, pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la suspensión.".

-Por fin, para la suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo, dispone el art. 46.3 que "Examinada la solicitud, se procederá, en su caso, a la subsanación prevista en el artículo 2.2. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, se inadmitirá a trámite la solicitud de suspensión con las consecuencias previstas en el apartado siguiente",añadiendo el primer párrafo del art. 46.4 que "Subsanados los defectos o cuando el trámite de subsanación no haya sido necesario, el tribunal económico- administrativo decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho".

CUARTO. -Decisión de la Sala (II). Jurisprudencia del TS.

1.-A su vez, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 21 de diciembre de 2017 (RC 496/2017), ha fijado la interpretación de los artículos antes mencionados.

En este sentido, cabe destacar que de la regulación de la medida cautelar de suspensión en la vía económico-administrativa concluye el Alto Tribunal que "solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías, o con dispensa parcial de las mismas, con fundamento en que la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, y el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada (que no presenta defecto alguno susceptible de subsanación) no se acredita, ni siquiera indiciariamente, la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un trámite de subsanación sino resolver la solicitud en cuanto al fondo, rechazándola"(FJº cuarto, apartado 7).

Ahora bien, (FJº quinto) " tanto el RRVA (artículo 46.4, primer párrafo) como la RSEH (apartado Cuarto .4.2.4, primer párrafo) determinan que, subsanados los defectos o sin trámite de subsanación cuando no sea necesario, la solicitud debe ser inadmitida si de la documentación acompañada no puede deducirse la existencia de los perjuicios de difícil o imposible reparación (el primero de los preceptos habla de "indicios")."

Pone de relieve la Sentencia que "tal forma de resolver no es la ajustada a la razón de decidir. Las resoluciones de inadmisión rechazan la solicitud, sin juzgar el fondo de la misma, porque se incumplen presupuestos o requisitos que condicionan su estudio y decisión. No ha lugar a pronunciarse porque no concurren las circunstancias a las que el ordenamiento jurídico sujeta el pronunciamiento de una decisión sobre el fondo o el interesado ha incumplido las cargas que dicho ordenamiento le impone para que un órgano, en este caso económico-administrativo, considere su solicitud. Basta la lectura del artículo 239.4 LGT para comprobar que una resolución de inadmisión no es el vehículo adecuado para rechazar, en cuanto al fondo, una solicitud de suspensión por no acreditarse con la prueba practicada la concurrencia de los requisitos que permitirían acceder a la misma."

Recuerda que la jurisprudencia ha afirmado la necesidad de diferenciar entre las fases de admisión y de decisión, reservando a esta última la valoración de la capacidad de la ejecución para causar perjuicios de difícil o imposible reparación, y si bien es verdad que esta jurisprudencia, de forma implícita, admite una decisión de inadmisión cuando de la documentación aportadano se obtengan "indicios" de los perjuicios, " un análisis más detenido del marco normativo y de los parámetros utilizados para resolver por los órganos económico-administrativos, conducen a este Tribunal a precisar su jurisprudencia, indicando que en tales supuestos la decisión debe ser también de desestimación en cuanto al fondo."

A tal efecto, expone las razones que abonan esta conclusión y considera suficiente, para rectificar la constatada anomalía, realizar una exégesis de tales normas reglamentarias que las cohoneste con la ley. De esta forma fija criterios interpretativos en el FJº sexto, que transcribimos a continuación:

"SEXTO.- Contenido interpretativo de la sentencia

1. Atendiendo a lo hasta aquí expuesto, y conforme ordena el artículo 93.1 LJCA , procede fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales y reglamentarios concernidos en este litigio.

2. En particular, el artículo 46 RRVA , apartados 3 y 4, y los apartados Cuarto.4.2.3 y Cuarto 4.2.4 RSEH deben ser interpretados en el sentido de que:

Cuando, solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías, o con dispensa parcial de las mismas, porque la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, y el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada(que no presenta defecto alguno susceptible de subsanación o cuyos defectos ya han sido subsanados) no se acredita, ni siquiera indiciariamente, la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un incidente de subsanación para solventar esa deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la solicitud y desestimarla en cuanto al fondo."

2.-Pues bien, en primer lugar, procede remarcar que el TEARC al inadmitir la solicitud está valorando la documentación que ha aportado la actora y, por tanto, debe entenderse que en vez de inadmitir lo que realizó fue una desestimación de la solicitud a la vista que procedía analizar la situación que presentaba la empresa, para ver si nos encontramos ante la causación de posibles perjuicios irreparables.

Partiendo de lo anterior, es decir, que nos encontramos ante una desestimación de la solicitud y no una inadmisión por el contenido expuesto en fundamentos anteriores, por entender el TEARC que los perjuicios ya se han producido y no es posible paralizarlos por la adopción de la medida suspensiva. A su vez, mantiene la actora que los perjuicios no cabe entenderlos ya materializados, sino que la sociedad posee un préstamo participativo otorgado por el socio único de la sociedad, que debe considerarse como fondos propios de la entidad.

Sobre esta cuestión cabe señalar que es en esta instancia cuando aporta la actora un documento privado sin ningún tipo de registro oficial a que haya tenido acceso ni tampoco mención alguna sobre el mismo que hubiera realizado en la memoria de la contabilidad. Por tanto, ha desprovisto esta conducta de la actora al TEARC de su legitima competencia de valorar la situación de la empresa a los efectos de la concesión de la suspensión. El documento privado, que ahora aporta, no puede tener el efecto que considera la actora por cuanto no tiene ningún soporte público que lo valide.

Pero es que, además, la STS de 30 de marzo de 2021, rec. 5341/2019, trata de la naturaleza de los prestamos participativos a los efectos de beneficiarse de la exención contenida en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Por tanto, se diferencian de las participaciones sociales que si que disfrutan del beneficio fiscal señalado. Señala que no cabe extender una calificación a otros efectos -beneficios fiscales- no previstos. Señala la sentencia:

"En síntesis, la equiparación del préstamo participativo al patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de la sociedad, no altera su naturaleza de contrato de préstamo, ya que no se asimila la situación del acreedor a la de los socios de la entidad prestataria.

Contrariamente a lo que propone la contribuyente, el problema que se plantea no es el de tener en cuenta una interpretación finalista de las normas, sino el de dar preferencia a esa interpretación finalista cuando es contraria al tenor de la norma, que es exactamente lo que aquí sucede. El problema no radica en la interpretación extensiva o restrictiva de las normas, sino que la norma no contempla este supuesto de exención.

En efecto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Real decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberación de la actividad económica, tienen la consideración de préstamos participativos aquellos en los que la entidad prestamista perciba un interés (fijo o variable) determinado en función del beneficio neto, volumen de negocio, patrimonio total de la empresa prestataria o de cualquier otro elemento que acuerden las partes, considerándose como patrimonio contable a efectos de la legislación mercantil, a determinados efectos, concretamente, de reducción de capital y liquidación de sociedades. No se lleva a cabo, pues, una equiparación a otros efectos y, por tanto, no cabe asimilar la situación del acreedor del préstamo participativo, en tanto en cuanto es titular de un valor representativo de la cesión a tercero de capitales propios, con la de un socio que participa de los fondos propios de la entidad prestataria. En 2014, los préstamos participativos no tenían la consideración de fondos propios en 2014, sino la consideración de financiación ajena y, por tanto, no estaban exentos.

Desde el punto de vista contable, los préstamos participativos se contabilizan conforme a la norma de registro y valoración (NRV) 9º, relativa a los "Instrumentos financieros" del Plan General de Contabilidad ( PGC 2007), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

La respuesta a la cuestión con interés casacional es la siguiente: La exención contenida en el artículo 4. Ocho. Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, no se entiende aplicable a los préstamos participativos contraídos con entidades mercantiles, con o sin cotización en mercados organizados, en las condiciones previstas en el citado precepto, dado que no son equiparables los préstamos participativos y con los fondos propios de entidades mercantiles."

Por tanto, el TS está reconociendo que no cabe equiparar complementamente ambas partidas como si fueran una y se diluyeran en el capital social.

QUINTO. -Aplicación al caso.

No dejaremos de recordar que, solicitada la suspensión con dispensa de garantías apelando a la causación de perjuicios de imposible o difícil reparación, resulta inexcusable la acreditación de tal circunstancia ( art. 40.2.c) RD 520/2005), sin que basten las simples (genéricas) manifestaciones de la reclamante al respecto,menos aún cuando trata de darse por sentada la causación de aquellos perjuicios por la sola referencia a la cuantía del acto reclamado, sin ponerla en absoluto en relación con la situación patrimonial de aquélla. La situación patrimonial, ciertamente pudiera ser no tributaria de causa de disolución pero es lo cierto que tal medida de suspensión de corte muy intenso, puesto que lo que pretende en la "neutralización" de unas medidas cautelares presentadas ante un más que acreditado riesgo recaudatorio, requiere una situación patrimonial, financiera y económica que muestre una viabilidad en el sector y en el mercado de la empresa y eso no se produce ni se vislumbra aquí. La existencia de un crédito participativo en un documento privado de fecha 2017 aportado en sede Jurisdiccional no enerva la viabilidad del negocio.

Procede, por lo anterior, desestimar el recurso por no concurrir los supuestos para la concesión de la suspensión, entendiendo que el TEARC no inadmitió sino que verdaderamente desestimó la solicitud de suspensión. Así, son los argumentos aquí expuestos los que justifican la decisión.

Se impone en definitiva la desestimación íntegra del recurso, de conformidad con lo previsto en el orden procesal por los artículos 68.1. b )y 70.1 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción.

ULTIMO. - Sobre las costas procesales.

Conforme a los artículos 68.2 y 139.1 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción, modificado este último por la Ley 37/2011, las costas procesales se impondrán en la primera o única instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia, si bien, no procede la imposición de las costasal entender que la inadmisión no fue conforme a Derecho, si bien en modo alguno procedía acoger la suspensión solicitada por no concurrir perjuicios irreparables.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo dentro del límite de las pretensiones procesales deducidas por las partes en sus respectivas demanda y contestación a la demanda, en nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que nos confieren la Constitución y las leyes,