Sentencia Contencioso-Administrativo 174/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 61/2025 de 05 de septiembre del 2025

PRIMERO.- Auto apelado.

Es objeto de apelación el Auto reseñado en el encabezamiento de la presente sentencia por el que se deniega la medida cautelar de suspensión interesada.

Y dicho Auto desestima la medida en base a la siguiente fundamentación:

" PRIMERO.- Con carácter general, la eficacia de la actuación administrativa, constitucionalmente reconocida en el artículo 103.1 de la Constitución, impone que los actos de las administraciones públicas nazcan con vocación de inmediato cumplimiento, esto es que sean inmediatamente ejecutivos y produzcan efectos desde la fecha en que se dictan, por lo que su impugnación en vía administrativa o judicial no produce la suspensión automática de su ejecución.

En la vía jurisdiccional, la garantía de la justicia cautelar que forma parte de la tutela judicial efectiva, se concreta en la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la necesidad para la adopción de medidas cautelares, de conjugar dos criterios. De un lado, hacer una previa valoración circunstanciada de los intereses en conflicto, lo que determinará la denegación de la medida cautelar cuando su adopción pueda causar perturbación grave a los intereses generales o de tercero, y de otro, que podrá acordarse cuando la ejecución del acto pueda hacer perder su finalidad legítima - "periculum in mora"- al recurso ( artículo 130 de la expresada Ley Jurisdiccional).

El Tribunal Constitucional ha reconocido la importancia de la adopción de medidas cautelares en diversas sentencias, así en la Sentencia 78/1996 de 20 de mayo ha señalado que "el privilegio de autotutela atribuido a la Administración Pública no es contrario a la Constitución, sino que engarza con el principio de eficacia enunciado en el art. 103 CE ( STC 22/84), y la ejecutividad de sus actos en términos generales y abstractos tampoco puede estimarse como incompatible con el art. 24.1 CE ( STC. 66/84 y AATC 458/88, 930/88 y 1095/88), pero que de este mismo derecho fundamental deriva la potestad jurisdiccional para adoptar medidas cautelares y suspender la ejecución por los motivos que la ley señala. Mas "la efectividad de la tutela judicial respecto de derechos o intereses legítimos reclama la posibilidad de acordar medidas adecuadas para asegurar la eficacia real del pronunciamiento futuro que recaiga en el proceso" ( STC 14/92), evitando un daño irremediable de los mismos. "Es más, la fiscalización plena, sin inmunidades de poder, de la actuación administrativa impuesta por el art. 106.1 CE, comporta que el control judicial se extienda también al carácter inmediatamente ejecutivo de sus actos" ( SSTC 238/92 y 148/93).

Por último, el Tribunal Supremo, en la ponderación del interés público y del interés particular a la hora de acceder, o no, a la suspensión de las resoluciones impugnadas dentro de un recurso administrativo, habitualmente viene a dar preferencia al interés general ( STS 24 abril 1998).

SEGUNDO.- El Auto del TS de 20 de junio de 2023, Sala 3ª, Sección 5ª, realiza un análisis exhaustivo de la figura de la medida cautelar, señalando que

Para resolver sobre la medida cautelar que se nos solicita, no está de más que recordemos la doctrina establecida con reiteración por la Sala en relación con lo previsto, al respecto, en la LJCA, en numerosas resoluciones (por todas, AATS de 15 de junio de 2017 y de 29 de julio de 2020 - recursos contencioso-administrativo núms. 432/2017 y 93/2020 -):

"Vistos los anteriores precedentes, y con la finalidad de responder a la solicitud cautelar planteada, debe señalarse que la vigente regulación de las medidas cautelares en el proceso Contencioso-Administrativo de la Ley 29/1998, de 13 de julio (Capítulo II del Título VI) se integra, como se ha expresado, por:

a) Un sistema general, previsto en los artículos 129 a 134 de la LRJCA .

b) Dos supuestos especiales procesales, previstos en los artículos 135 (medidas de especial urgencia, provisionalísimas o cautelarísimas) y 136 de la misma Ley (supuestos de inactividad de la Administración o vía de hecho, de los artículos 29 y 30 de la propia Ley). Y,

c) Otras dos especialidades, por razón de la materia a que se refieren, como son las previstas en el artículo 122 bis (en relación con la autorización judicial contemplada en el Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico ), así como en el 127 quarter de la misma LRJCA (en relación con el Procedimiento especial para la garantía de la Unidad de Mercado, Ley 20/2013, de 9 de diciembre).

Dejando al margen las citadas especialidades, el sistema general se caracterizaría por las siguientes notas:

1ª. Constituye un sistema de amplio ámbito, por cuanto resulta de aplicación al procedimiento ordinario, al abreviado ( artículo 78 LRJCA ), así como al de protección de los derechos fundamentales (artículos 114 y siguientes). Las medidas cautelares pueden adoptarse respecto de toda la actuación administrativa, incluyendo, por tanto, los actos administrativos y las disposiciones generales, si bien respecto de estas sólo es posible la medida cautelar de suspensión de los preceptos impugnados ( artículos 129.2), con algunas especialidades procesales previstas en el mismo artículo 129.2 in fine y en el artículo 134.2 de la misma LRJCA .

2ª. Se fundamenta el sistema cautelar en un presupuesto claro y evidente: la existencia del periculum in mora. En el artículo 130.1, inciso segundo, se señala que "la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso".

3ª. Como contrapeso o parámetro de contención del anterior criterio, el sistema exige, al mismo tiempo, una detallada valoración o ponderación del interés general o de tercero. En concreto, en el artículo 130.2 se señala que, no obstante la concurrencia del perículum in mora, "la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero".

4ª. Como aportación jurisprudencial al sistema que se expone, debe dejarse constancia de que la conjugación de los dos criterios legales de precedente cita (perículum in mora y ponderación de intereses) debe llevarse a cabo sin prejuzgar el fondo del litigio, ya que, por lo general, en la pieza separada de medidas cautelares se carece todavía de los elementos bastantes para llevar a cabo esa clase de enjuiciamiento, y porque, además, se produciría el efecto indeseable de que, por amparar el derecho a la tutela judicial efectiva cautelar, se vulneraría otro derecho, también fundamental, e igualmente recogido en el artículo 24 de la Constitución , cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba.

5ª. Como segunda aportación jurisprudencial ---y no obstante la ausencia de soporte normativo expreso en los preceptos de referencia--- sigue contando con singular relevancia la doctrina de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), la cual permite (1) en un marco de provisionalidad, (2) dentro del limitado ámbito de la pieza de medidas cautelares, y (3) sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, proceder a valorar la solidez de los fundamentos jurídicos de la pretensión, si quiera a los meros fines de la tutela cautelar.

6ª. Desde una perspectiva procedimental la LRJCA apuesta decididamente por la motivación de la medida cautelar, consecuencia de la previa ponderación de los intereses en conflicto; así, en el artículo 130.1.1 º exige para su adopción la "previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto" ; expresión que reitera en el artículo 130.2 in fine , al exigir también una ponderación "en forma circunstanciada" de los citados intereses generales o de tercero.

7ª. Con esta regulación concluye el monopolio legal de la medida cautelar de suspensión, pasándose a un sistema de "númerus apertus", de medidas innominadas, entre las que sin duda se encuentran las de carácter positivo. El artículo 129.1 se remite a "cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia".

8ª. Se establece con precisión el ámbito temporal de las medidas: La solicitud podrá llevarse a cabo "en cualquier estado del proceso" (129.1, con la excepción del número 2 para las disposiciones generales), y su duración se extiende "hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en que se hayan acordado, o hasta que este finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley" (132.1), contemplándose, no obstante, su modificación por cambio de circunstancias (132.1 y 2).

9ª. En correspondencia con la amplitud de ámbito de las medidas cautelares, la LRJCA lleva a cabo, igualmente, una ampliación de las contracautelas compensatorias de las anteriores, permitiéndose, sin límite alguno, que puedan acordarse "las medidas que sean adecuadas" para evitar o paliar "los perjuicios de cualquier naturaleza" que pudieran derivarse de la medida cautelar que se adopte (133.1); añadiéndose, además, que la misma "podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en derecho" (133.3).

10ª. Por último, y de conformidad con lo previsto en el Disposición Final de la LRJCA, en todo lo no previsto en la misma rigen los artículos 721 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ".

TERCERO.- En el caso que nos ocupa se pretende la suspensión de la Resolución de 8 de noviembre de 2024 de la Unidad de Impugnación de la Dirección Provincial de Burgos de la Tesorería General de la Seguridad Social que desestima el recurso de alzada interpuesto frente a la reclamación de deuda Nº NUM000 por importe de 9.759,54 €; sin que la recurrente acredite el importante perjuicio económico que le supondría el posible (en caso de que se estimara el recurso y se dejase sin efecto la resolución) adelanto de la liquidación; pues no se prueba circunstancia económica alguna de la actora.

Por tanto, y sin entrar a valorar la suspensión del acto que efectivamente se impugna, no se ha acreditado en esta sede de medidas cautelares que la no adopción de la medida cause daños y perjuicios de naturaleza irreparable, dado que no basta con su mera invocación genérica, sin aportar prueba alguna que la fundamente. Por lo cual, ponderando los intereses concurrentes, han de prevalecer los generales o públicos y ha de denegarse la adopción de la medida, considerando que el recurso, de no adoptarse la medida interesada, y estimarse finalmente, no perdería su finalidad legítima, ni menguaría los efectos de una posible sentencia en tal sentido, ni causaría perjuicios irreparables o de difícil reparación".

SEGUNDO.- Alegaciones de la parte apelante.

La parte apelante apeló el auto porque entiende que es contrario al ordenamiento jurídico en base a las siguientes alegaciones:

1.-Infracción del art. 24.1 de la Constitución española y del art. 79 de la LRJS. viola el derecho de esta parte a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, porque nos impide acceder a la justicia aduciendo que no concurren los principios característicos a los que han de responder las medidas cautelares, como son el "periculum in mora" y el "fumus boni iuris", requisitos que esta parte sigue considerando concurrentes. Concurren razones de urgencia y que la espera a la celebración del juicio oral y a una sentencia firme que determine si es ajustada o no la resolución comprometería gravemente el buen fin de la conclusión de la controversia. Todo ello partiendo de una hipotética relación laboral que no solamente no está probada, sino que no ha sido reconocida por las partes implicadas (empleador y trabajadoras).

2.- Esta parte sigue manteniendo que es claro que además concurre "el periculum in mora". la mercantil demandante se está viendo apremiada a una precaria situación económica por tener que soportar embargos en sus cuentas por deudas cuyo origen no solamente no tienen fundamento real sino tampoco firmeza para ejecutarse, imposibilitando de esta manera el desarrollo normal de la actividad de hostelería al verse desprovistos de recursos económicos con los que hacer frente a las cargas diarias propias de la actividad hostelera, así como a proveedores y personal a cargo. Quedan probados los daños y perjuicios ocasionados a la mercantil por los embargos que se vienen produciendo en la cuenta de la misma por TGSS como justificamos documentalmente con los movimientos de la cuenta cuya titularidad también se acredita (documentos número 1 y 2).

3.- Es claro que la ejecución del acto impugnado puede hacer perder la finalidad legítima del recurso puesto que, si este concluye con sentencia firme favorable, en ese momento procesal la situación de la mercantil habrá variado sustancialmente, abocándole a perjuicios irreparables. Por el contrario, la adopción de la medida cautelar no afectaría a interés legítimo alguno, ni al interés general ni tampoco al interés de terceros.

4.- Para que concurran los requisitos de la doctrina jurisprudencial que fue alegada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos ( sentencia del Tribunal Supremo de 29/09/2022), debían darse dos factores, ninguno de los cuales se daba en el presente caso, por lo que no resultaría de aplicación la misma. Prueba de que no es cierto que las personas alojadas en el hotel, de quien Inspección de Trabajo afirma la existencia de relación laboral, no prestaban servicio alguno para mi patrocinada es la primera de las Actas de manifestaciones efectuadas ante Notario por una de esas personas, concretamente María Cristina, quien niega rotundamente la prestación de servicios para el recurrente (doc. num.3). No se da la ajenidad ni concurren rasgos de la dependencia exigida jurisprudencialmente. No es cierto, que dichas personas se encuentren sometidas a la dirección y poder de decisión del Empresario, toda vez que aquella actividad que aquellas presten es ajena al dueño/gerente del establecimiento. Ninguna de las personas a las que se aludía en al Acta de Inspección manifestó en ningún momento, que la mercantil obtuviera beneficios, ni estar sometidas a horarios, decisiones o ningún otro tipo de norma, ya que únicamente meramente se encontraban alojadas allí.

TERCERO.- Alegaciones de la parte apelada.

La Administración apelada formuló las siguientes alegaciones:

1.- En el presente caso, las altas de oficio de las trabajadoras se producen como consecuencia de una actuación conjunta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional concluyendo que los trabajos realizados por varias chicas de alterne, consistentes en incitar al cliente a la toma de copas para el lucro de la empresa, reúnen los requisitos legalmente establecidos para considerarlos trabajos por cuenta ajena. Existen, por lo tanto, en el presente supuesto más que meros indicios de que la actividad desarrollada por las trabajadoras es una actividad de alterne en el sentido de que constituye una autentica relación laboral en el sentido indicado por el Tribunal Supremo. Son las propias trabajadoras las que manifiestan a la Inspección de Trabajo el día de la visita que perciben el 50% de la consumición. Además, dichas labores las realizan en las instalaciones de la empresa y en el horario de apertura del local al público, horario establecido por la empresa. Por tanto y tal como ya se ha indicado queda comprobado por la Inspección de trabajo con la presunción de certeza de que gozan las actas y los informes de la Inspección de Trabajo que la relación entre la empresa SEGUNDO DESFILADERO SL y las chicas de alterne antes citadas reúne las notas que definen la relación de laboral en los términos establecidos en el art 1 del Real Decreto Legislativo 2/2015.

2.- No puede accederse a la suspensión de las altas de oficio y el procedimiento recaudatorio ya que de lo contrario se causarían perjuicios irreparables a las trabajadoras por la falta de alta durante el periodo liquidado, ya que ello afectaría a prestaciones de subsistencia, amén de que la retroactividad de una sentencia no permite retrotraer el estado de necesidad que haya sufrido mientras tanto. Por otro lado, hacer referencia a que la Sala tiene declarado desde el 16.4.2020, mediante sentencia núm. 38/2020, que el art. 117.3 de la Ley 39/2015, no es de aplicación a la afiliación en Seguridad Social, donde prevalece los arts. 33, 34 y 129 del TRLGSS, que autoexcluye aquel precepto y que el procedimiento solo se suspende por pago o aval.

3.- Tampoco se acredita por la parte recurrente la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación conforme al artículo 117 de la Ley 39/2015, ya que ninguna prueba ha aportado respecto a la situación económica de la empresa.

4.- Subsidiari amente por el caso que judicialmente se acordara la suspensión del procedimiento recaudatorio de la TGSS, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46 del R.D. 1415/2004 sería requisito imprescindible que la empresa SEGUNDO DESFILADERO SL otorgue a favor de la TGSS aval o consignación suficiente que incluya el importe de la deuda reclamada, con los recargos e intereses de demora que procedan y la cantidad que se presupueste en concepto de costas del procedimiento, debiendo ser calculado por el Órgano competente de la TGSS esta cuantía total..

CUARTO.- Sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del presente recurso de apelación: planteamiento, normativa y jurisprudencia aplicable.

De conformidad con el traslado dado al respecto por esta Sala mediante providencia de fecha 12 de mayo de 2.025, procede enjuiciar si en el presente caso es o no admisible el recurso de apelación interpuesto, y ello porque se trata de resolver si es o no susceptible de poder ser recurrido en apelación el citado auto de denegación de medidas cautelares dictado en una pieza separada de medidas cautelares tramitadas en el curso de un procedimiento abreviado, en el que es objeto de impugnación la resolución por la que se acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto frente a la reclamación de deuda nº NUM000 formulada por la TGSS por el importe total de 9.759,54.

La representación procesal de la parte actora considera que el recurso de apelación es admisible de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.1 de la LJCA, por entender de conformidad con dicho precepto que son apelables los autos dictados por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en los procesos de los que conozcan en primera instancia que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares, como es el caso apelado en autos, toda vez que considera que no es aplicable el art. 81.1.a) en el que si está limitada la apelación por la cuantía.

Para resolver esta cuestión es preciso recordar los siguientes extremos:

1º).- Que el acto recurrido en los autos principales es la citada resolución de 8 de noviembre de 2.024, dictada por la Dirección Provincial de la TGSS en Burgos por la que se desestima el recurso de alzada presentado por la mercantil Segundo Desfiladero S.L frente a la Reclamación de deuda nº NUM000 por importe total a ingresar de 9.759,54 euros.

2º).- Que no es objeto de impugnación en el presente procedimiento la resolución de 30.10.2024 de la Unidad de Impugnaciones de la Dirección Provincial de la TGSS de Burgos que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Administración de la Seguridad Socia 09/01 por la que se acuerda reconocer de oficio el alta en el Régimen General de la Seguridad Social en la empresa Segundo Desfiladero, S.L. con fecha real y efectos de 22.2.2024 de las trabajadoras identificadas en dicha resolución, toda vez que dicha resolución es objeto de impugnación en el Procedimiento ordinario núm. 49/2025 que se tramita ante esta Sala y Sección.

3º).- Y que la única medida cautelar que podría ser adoptada en el presente procedimiento, a la vista de la resolución expresa y explícitamente impugnada, es la suspensión de la citada resolución de 8 de noviembre de 2.024, dictada por la Dirección Provincial de la TGSS en Burgos por la que se desestima el recurso de alzada presentado por la mercantil Segundo Desfiladero S.L, no pudiendo ser objeto de medida cautelar ninguna el alta de oficio en el régimen general de dichas trabajadoras, toda vez que dicha medida cautelar se ha planteado y formulado en la pieza separada de medidas cautelares formuladas en los citados autos principales núm. 49/2025.

Por otro lado, para resolver sobre dicha admisibilidad, es precio recordar lo que estable la normativa y jurisprudencia aplicable. Así dispone el art. 80.1 y 2 de la LRJCA lo siguiente:

"1. Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos:

a) Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares.

b) Los recaídos en ejecución de sentencia.

c) Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible

su continuación.

d) Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8.6 y en los artículos 9.2 y 122 bis.

e) Los recaídos en aplicación de los artículos 83 y 84.

2. La apelación de los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en los supuestos de los artículos 110 y 111, se regirá por el mismo régimen de admisión de la apelación que corresponda a la sentencia cuya extensión se pretende".

Y para conocer qué procesos se conocen en primera instancia es preciso también recordar el contenido del art. 81 de la LJCA que recuerda qué sentencias son apelables al disponer lo siguiente:

"1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:

a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros.

b) artículo 8.º 4.

2. Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes:

a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado

anterior.

b) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la

persona.

c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas.

d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales".

Por otro lado, el art. 78.1 de la LJCA dispone en relación con el procedimiento abreviado, lo siguiente:

"1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros".

Y en torno a la naturaleza de orden público de esta materia, como así recuerda las sentencias de esta Sala de fecha 7.5.2009 y 25.3.2010, dictadas respectivamente en los recursos de apelación 234/2008 y 299/2009, señala el TS en el auto de fecha 17 de noviembre de 2.005, dictado en el recurso de casación núm. 1594/2004 viene señalando lo siguiente:

<>.

Quiere decir con ello la Jurisprudencia del T.S. que el recurso de casación, y también por ello el de apelación será admisible cuando se den los requisitos procesables exigidos legalmente, todo lo cual lo podrá valorar lógicamente en el presente caso la presente Sala, y ello pese a que el Juzgador de Instancia apreciara, erróneamente como veremos, que el auto dictado en autos era susceptible de apelación. Este mismo criterio se recoge en la STS Sala 3ª, sec. 4ª, de fecha 15-9-2004 (rec. 64/2003. Pte: Soto Vázquez, Rodolfo. Finalmente, a nivel de Tribunales Superiores de Justicia es muy clarificadora la STSJ del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, de fecha 29-112004 (nº 866/2004, rec. 294/2004. Pte: Ruiz Ruiz, Ángel) cuando establece al respecto lo siguiente:

< Auto del tribunal Supremo de 26 de junio de 2003, de la Sección 1ª de la Sala por la que se inadmitió el recurso de casación núm. 2.432/2000 , resolución en la que se viene a refundir la doctrina reiterada del Tribunal Supremo y en la que se extraen conclusiones que aquí nuevamente hemos de trasladar.>>.

A una cuestión no idéntica, pero sí similar se refiere esta Sala en su sentencia de 25 de julio de 2016, dictada en el recurso de apelación núm. 100/2016, luego reiterada en su auto de fecha 2.11.2021, dictado en el recurso de apelación núm. 135/2021 cuando señala al respecto lo siguiente:

"Aplicando estos criterios legales y jurisprudenciales en el presente caso, considera la Sala que la sentencia dictada en la instancia no es susceptible de poder ser recurrida en apelación y ello al haber sido dictada la misma en un procedimiento abreviado por ser la cuantía del procedimiento inferior a 30.000,00 € y por cuanto que dicha sentencia de instancia no contiene un pronunciamiento de inadmisibilidad del recurso ni tampoco de alguna de sus pretensiones sino un pronunciamiento de desestimación de la totalidad de las pretensiones formuladas, y por cuanto que tampoco cabe apreciarse de sus razonamientos que en los mismos se esconda un pronunciamiento de inadmisibilidad por el hecho de que no se haya entrado a examinar determinados motivos de impugnación. Y añade la Sala que con la declaración de inadmisión del presente recurso de apelación no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos, toda vez que este derecho solo puede ejercitarse en los casos legalmente previstos, y en el presente caso la ley no prevé recurso de apelación contra la sentencia de instancia".

QUINTO.- Sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del presente recurso de apelación: resolución.

En el presente caso, procede declarar la inadmisibilidad del presente recurso de apelación y ello en aplicación del art. 80.1) en relación con el art. 81.1.a) ambos de la LJCA, y ello porque se considera que el auto dictado en la presente pieza separada de medidas cautelares, aquí impugnado en apelación, no es susceptible de poder ser recurrido en apelación, y ello porque se considera que legalmente estamos ante un auto, el apelado, dictado en un proceso del que conoce el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en única instancia, y no en primera instancia, al haberse dictado en un procedimiento abreviado, tramitado de conformidad con lo dispuesto en el art. 78.1 de la LJCA, en atención a que la cuantía del procedimiento no superaba los 30.000 euros, supuesto este en el que la sentencia a dictar no sería susceptible de apelación de conformidad con lo dispuesto en el art. 81.1.a), salvo que declare la inadmisibilidad del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81.2.a), ambos de la LJCA. Por otro lado, dicha inadmisibilidad trae como consecuencia que no pueda entrarse a enjuiciar los motivos esgrimidos en dicho recurso de apelación ni en el escrito de contestación a la apelación.

El hecho de que por el Juzgado de Instancia se diera en el propio auto dictado el trámite de la posibilidad de recurrir en apelación, considera la Sala que ello no obliga a tener que admitir el recurso de apelación interpuesto, por cuanto que ello lo impide la naturaleza pública de esta materia, ya que de conformidad con dicha naturaleza el recurso de apelación será admisible cuando concurran los requisitos legales para ello, y en el presente caso no se da ese requisito de la admisibilidad por lo ya expuesto.

Tras dicha inadmisión considera la Sala, recordando lo que dice el auto del TS, Sala 3ª, Sec. 1ª, de fecha 22 de marzo de 2.017, cuando desestima el recurso de queja núm. 60/2017que:

"...no se ha visto vulnerando el derecho de acceso a los recursos ( artículo 24.1 CE ), por cuanto que es posible obviar, en este sentido, la consolidada doctrina constitucional que configura el derecho a la revisión de las resoluciones judiciales (dejando a salvo el ámbito del orden jurisdiccional penal en que se garantiza el derecho a la doble instancia) como un derecho de configuración legal en el que no resulta aplicable con la misma intensidad el principio pro actione -doctrina fijada, entre otras muchas, en las sentencias 105/2006, de 3 de abril ,

265/2006, de 11 de septiembre, 22/2007, de 12 de febrero, 246/2007, de 10 de diciembre y 27/2009 de 26 de enero y que se reitera en la sentencia STC 90/2015, de 11 de mayo . Por ello, la inadmisión de los recursos de forma motivada, con base en la aplicación de una causa legal y en la interpretación de las normas procesales que las regulan, constituye una función jurisdiccional de exclusiva competencia de los jueces y tribunales, que sólo transciende al plano constitucional cuando el órgano jurisdiccional incurra en error patente, arbitrariedad o en manifiesta irracionalidad".

En el presente caso no se vulnera al apelante el acceso al recurso de apelación por cuanto que la inadmisibilidad del recurso de apelación se acuerda en base, no solo a una disposición legal sino también con base en una resolución motivada, amén de hacerse aplicación de un criterio reiteradamente aplicado tanto por esta Sala como por la Jurisprudencia del T.S. Por lo razonado procede en aplicación del art. 85.5 en relación con lo dispuesto en el art. 80.1 y 2 de la LJCA declarar que es inadmisible el presente recurso de apelación. Por otro lado, al declararse dicha inadmisibilidad, contra dicho auto no susceptible de apelación cabe, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79.1 de la LJCA, interponer recurso de reposición ante el propio Juzgado de Instancia, al no concurrir ninguna de las excepciones contempladas en el citado art. 79.2 de la LJCA.

ÚLTIMO.- Sobre costas.

No obstante, la inadmisibilidad del recurso de apelación por los motivos expuestos, la Sala considera que en el presente caso concurren, según el art. 139.2 de la LRJCA, circunstancias que justifican la no imposición de costas. Así, la interposición del recurso de apelación por la parte apelante no ha sido debido ni a la temeridad ni mala fe de dicha parte sino a una información errónea del Juzgado de Instancia que ha sido aclarada en esta segunda instancia. Por lo expuesto no procede imponer a ninguna de las partes las costas devengadas en esta segunda instancia, debiendo cada parte asumir las causadas a su instancia y las comunes si las hubiere por mitad cada una.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación la SALA ACUERDA