Sentencia Contencioso-Administrativo 717/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 77/2025 de 16 de diciembre del 2025

PRIMERO.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Dirección Provincial de Valencia de la Tesorería General de la Seguridad Social de 12-11-2024, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 30-8-2024 sobre alta/baja/variación de oficio de trabajadores, en expediente NUM000, sobre la base de que, en primer lugar, considera que debe suspenderse el presente procedimiento hasta que se pronuncie la jurisdicción social, porque todavía sigue pendiente el enjuiciamiento del acta que dio origen a estas actuaciones.

En segundo lugar, concurre falta de competencia de la Administración laboral para declarar la existencia de relación laboral y de cesión ilegal de trabajadores.

En tercer lugar, falta de legitimación activa de la ITT en materia de cesión ilegal, sin un previo procedimiento declarativo para determinar si existe o no la cesión ilegal. Dicha legitimación la ostenta el trabajador (art. 19 LJS), el Sindicato al que el mismo figure afiliado (art. 20 LJS) y demanda de oficio promovida por la autoridad laboral (arts. 148-150 LJS) .

En cuarto lugar, litispendencia y cosa juzgada para la declaración de cesión ilegal de trabajadores; hasta que exista sentencia judicial firme, debe suspenderse el procedimiento sancionador.

Entrando en el fondo del asunto, señala que la Inspección se basa en presumir la existencia de una presunta relación laboral entre las partes que no ha existido y que ha sido negada.

No existe exclusividad, ni permanencia y, tienen libertad de precios.

Los porcentajes que aplica la Inspección son desproporcionados al aplicarse sobre la facturación, cuando debía hacerse sobre la base imponible de los impuestos indirectos.

Señala igualmente que el ordenamiento jurídico español no contiene ninguna prohibición general que impida al empresario recurrir a la contratación externa para integrar su actividad productiva, tal y como establece el artículo 42.1 del ET, por lo que es lícita y habida cuenta que los artículos 41 y 43 ET no fijan los límites entre la lícita contrata y la ilegal cesión temporal de trabajadores, ha sido la doctrina jurisprudencial la que ha ido cercenando las conductas abusivas ( STS de 17-12-01, en recurso 244/2001).

Partiendo del art. 43 del ET, la cesión ilegal supone, primero, acuerdo entre dos empresarios -el real y el formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial, segundo, un contrato de trabajo simulado entre el empresario formal y el trabajador y tercero, un contrato efectivo entre éste y el empresario real, pero disimulado por el contrato formal.

En este caso no existe simulación, ya que las 3 señoras, ostentan su propia organización, facturación, precios, total independencia y estructura propia, por lo que su relación es mercantil.

En cuanto al alcance de la PRESUNCIÓN DE VERACIDAD, señala que el FRAUDE DE LEY invocado NO se presume, sino que debe acreditarse y esta prueba corresponde a la Inspección de trabajo, que no la ha llevado a cabo.

El acta de infracción recoge la existencia de un fraude de ley del art. 6.4 del CC y la naturaleza contractual y la interpretación que la Inspección de Trabajo lleva a cabo de la contratación mercantil y los elementos que delimitan nuestro supuesto. En ningún momento han tenido en cuenta elementos tan importantes como: a.- la relación contractual real entre la recurrente y las 3 señoras expuestas en el acta de infracción. b.- Que la realización de servicios de dichas señoras a la recurrente, han sido servicios puntuales, que no ostentan carácter laboral, porque no existe permanencia, ni continuidad, las mismas realizan otros tipos de servicios para terceros clientes, ponen los precios... es decir, notas que no acreditan una relación laboral. c.- Existe una organización exclusiva de cada una de ellas. d.- El hecho que en algún momento hayan prestado sus servicios en calidad de autónomas para la empresa, no significa ni acredita los puntos anteriormente expuestos, dado que las mismas OSTENTAN DIRECCION PREVIA, NO TIENEN NINGUN TIPO DE SUPERVISION POR PARTE DE LA RECURRENTE NI NINGUN TIPO DE SUBORDINACION.

A continuación, analiza las diferencias entre el contrato laboral y el mercantil, que es la relación que unía a las señoras con la empresa, por lo que solicita la anulación de la resolución impugnada.

La Administración demandada se opone señalando que el origen del procedimiento es la actuación inspectora iniciada en la empresa demandante el 18-12-2023, en virtud de la Orden de servicio NUM001, cuyo objeto era comprobar el correcto encuadramiento en el Sistema de Seguridad Social de las personas que responden, de manera telefónica, las consultas de tarot recibidas por la actora.

Previamente, se habían iniciado actuaciones que concluyeron por caducidad, respecto a la Cooperativa de trabajo asociado VENTA A DOMICILIO DE LEVANTE S COOP y de las pruebas practicadas, entre otras, la entrevista a los 99 socios de la Cooperativa, de los que 9 manifestaron que "el trabajo para el que solicitaron su incorporación a la Cooperativa fue atender las consultas telefónicas de tarot que la empresa CF MEDIA GLOBAL SERVICES SL les remite". Concretamente: Esperanza, Miriam, Inocencia, Custodia, Felisa, Camino, Inmaculada, Almudena, Claudia.

Girada visita de inspección el 21-10-2022, al centro de trabajo de la actora, C/ Juan Sebastián Elcano nº17, de Alfafar, (Valencia), se identificó a los que estaban prestando sus servicios por cuenta de la mercantil y se entrevistó a Dª. Noemi, administradora de la sociedad, a quien se requirió documentación de la empresa, que se aportó por su Letrado el 24-11-2022.

Girada nueva visita el 27-2-2023, se identificó a los que estaban prestando servicios y se entrevistó a Dª Serafina, requiriendo nuevamente documentación que se presenta por el Letrado el 16-3-2023.

Caducado la anterior orden de servicio, se lleva a cabo la nueva y en inspección del local sito en el centro de trabajo de la actora, C/ Juan Sebastián Elcano nº17, bajo, de Alfafar, (Valencia), les atiende Coro que manifestó todos los datos relativos a la actividad, a la función que desempeñan las personas que atienden las llamadas telefónicas, los métodos de pago, la publicidad que se desarrolla, el horario 24 horas, gracias a la colaboración con un gabinete de Colombia, la facturación de los tarotistas, la forma de comprobación del servicio prestado etc...

Requerida la empresa para la aportación de documentación se lleva a cabo, manifestando el Letrado de la misma que

"-La mercantil tiene como actividad la de prestar servicios como "call center", central de recepción y respuesta de llamadas. Los clientes de la empresa alquilan las líneas telefónicas con atención de la llamada.

-En cuanto a los tarotistas, manifiesta que alquilan las líneas junto con la respuesta a la llamada entrante del cliente de la persona profesional tarotista.

-Se indica que CF MEDIA cobra al cliente por cuenta de la tarotista. La factura, elaborada con la periodicidad pactada, para abonar los servicios prestados por la tarotista la efectúa CF MEDIA y en ella descuenta los costes acordados. El responsable final del cobro al cliente es la tarotista no CF MEDIA.

-Se indica que no hay un horario, cada profesional decide el horario en que trabaja. Nadie les manda. Los tarotistas trabajan desde su casa o desde el local que ellas deciden. -Como medio de trabajo las tarotistas necesitan un teléfono que no es proporcionado por CF MEDIA S.L.

-Manifiesta que la factura la confecciona CF MEDIA en función de los minutos hablados por cada tarotista.

- El control de los minutos hablados lo tiene CF MEDIA en su plataforma, que también puede consultar el tarotista."

Como consecuencia de todo ello, la Inspección emite su Informe y, constatado que ninguna de las personas tarotistas se encuentran de alta en el Régimen General (sí en el RETA), se propone a la TGSS que se curse el alta de Apolonia, desde 01/11/2019, fecha de efectos de 18/12/2023, a 31/03/2021 - Inmaculada, desde 01/2021, fecha de efectos 18/12/2023, a 31/12/2023 - Zulima, desde16/01/2020, fecha de efectos de 18/12/2023, a 30/01/2020, y - Mónica, desde01/07/2020, fecha de efectos de 18/12/2023, a 15/11/2020.

Partiendo de estos hechos, la Administración señala que el presente procedimiento se limita a la afiliación practicada, por lo que las demás cuestiones de la demanda no corresponden al presente procedimiento.

Destaca que el procedimiento de oficio al que se refiere la demanda desaparece con el RDL 1/2023, de 10 de enero, que modifica los artículos 16, 138 y 139 del RDLe 8/2015, de 30 de octubre, TRLGSS, por lo que no es posible afirmar que la TGSS deba demandar ante la jurisdicción social para revisar de oficio los actos administrativos de anulación o nulidad de altas, bajas, variaciones de datos de trabajadores o inscripción de empresarios y en este mismo sentido que indicamos, se pronuncia el ATS 7/2023, de 25 de abril, de la Sala Especial de Conflictos de Competencia.

Por tanto, actualmente, la TGSS puede revisar de oficio las altas en el Régimen General, sin perjuicio de que sus actos son, por supuesto, revisables ante esta jurisdicción.

Niega los motivos de impugnación de la demanda y en cuanto al fondo de la cuestión litigiosa, se remite al reproducido informe de la Inspección, a la vista del cual, estima que concurren todos los elementos para concluir que se trata de trabajos del art. 1.1 del ET.

Invoca la presunción de certeza del art. 53.2 del RDLe 5/2000, de 4 de agosto , LISOS, y 23 de la ley 23/2015, de 21 de julio, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y señala como indicios de laboralidad:

a. Los medios necesarios para realizar la actividad de atención telefónica de consultas de tarot están constituidos por las distintas páginas web, la plataforma, programa o centralita de recepción de llamadas y por los modos de cobro de las consultas, todos propiedad o en posesión de la mercantil, limitándose las personas que responden a las consultas de tarot a disponer de un teléfono fijo y su correspondiente línea telefónica.

b. La publicidad y promoción de la actividad de consultas esotéricas por teléfono la realiza CFMEDIA GLOBAL S.L.

c. Los clientes a los que responden las personas tarotistas son siempre clientes de CFMEDIA GLOBAL SERVICE SL., como así ha sido manifestado por las profesionales entrevistadas y como consta en los contratos aportados a los que denomina como usuarios o clientes de la contratante.

d. Los clientes llamantes abonan el coste del servicio directamente a CFMEDIA GLOBAL SERVICE S.L., pagando bien mediante el servicio de tarificación adicional, bien mediante tarjeta de crédito.

e. La retribución que perciben las personas prestadoras del servicio de consulta telefónica esotérica se determina en función de los minutos hablados.

Por tanto, las personas que atienden a las consultas telefónicas de tarot no asumen el riesgo y ventura de su trabajo, que se limita a percibir mayor o menor cantidad de dinero en función de que haya hablado más o menos minutos ese mes. El resultado económico del negocio repercute directamente en CFMEDIA GLOBAL SERVICE SL, que es quien experimenta los beneficios o pérdidas del mismo.

f. La empresa dispone de un programa que registra el tiempo que cada tarotista está hablando y que, también, les indica si se halla disponible para atender una consulta. CFMEDIA GLOBAL SERVICES S.L. es quien fija la tarifa a cobrar a los clientes sin que las personas que responden a las consultas telefónicas puedan decidir el importe ni variación alguna.

g. Al profesional tarotista se le impide que mantenga un contacto físico o facilitarle cualquier otra fórmula de contacto al cliente, más allá del contacto establecido a través de la empresa.

h. La marca o las marcas utilizadas por la empresa en sus páginas web son lo que da valor al servicio que prestan las tarotistas, con independencia de si el servicio que recibe el usuario llamante ha sido por una profesional u otra, dado que la reputación es la conseguida por CFMEDIA GLOBAL SERVICES S.L.

i. El poder disciplinario del empresario se manifiesta al vincular la vigencia del contrato al cumplimiento por parte del profesional tarotista al código de comportamiento y salvaguarda de la imagen del servicio prestado.

Por tanto, se dan todas las características de la relación laboral, dependencia y ajenidad. La ajenidad, que supone que los frutos obtenidos por la actividad del trabajador se trasladan directamente a la empresa, que los hace suyos y a cambio paga a aquél una retribución, cualquiera que sea su forma; supone también la adopción por parte del empresario de las decisiones concernientes a las relaciones con el público, fijación de precios o tarifas, carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo y el cálculo de la retribución, sin riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones.

En cuanto a la dependencia, los tribunales establecen que no se trata de una absoluta subordinación, sino de la inserción en el círculo rector y disciplinario de la empresa y que no implica que se esté sometido a jornada laboral predeterminada, ni a horario fio, ni a exclusividad en su tarea y aunque se trata de dar apariencia de independencia de las personas que responden a las consultas esotéricas al dejarles escoger el horario y duración de su jornada de trabajo, ello no significa que la empresa haya hecho una dejación del control de la actividad desplegada por estas.

Según la STS en Unificación de Doctrina 44/2018, de 24 de enero, "la existencia de arrendamiento de servicios y no de una relación laboral exige que la prestación del demandante se limite a la práctica de actos profesionales concretos, sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, ordenes, instrucciones, practicando su trabajo con entera libertad; esto es, realizando su trabajo con independencia y asunción del riesgo empresarial inherente a toda actividad de esta naturaleza", situación ésta que no concurre en el caso que nos ocupa como hemos visto, por lo que es correcta la actuación de la Administración.

Por último, en cuanto a la posibilidad de que se trate de trabajadoras TRADES, la Jurisprudencia ( STS 4-2-20 RCUD 3008/17) ha señalado, como diferencia con la relación laboral del art. 1.1 del ET, que sigue tratándose de un trabajo autónomo, es decir, el realizado por "las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena", exigiendo en el caso de los autónomos económicamente dependientes, además, entre otras previsiones, la formalización escrita del contrato, la posibilidad de acuerdos de interés profesional, la regulación de la jornada, de las interrupciones justificadas de actividad profesional y de la extinción contractual".

Por todo ello, considera que debe desestimarse la demanda.

SEGUNDO.-A la vista de este planteamiento del litigio, vemos que, la primera cuestión que se suscita es la relativa a la procedente suspensión del procedimiento hasta que se resuelva el correspondiente a la actuación inspectora que motivó el inicio del expediente administrativo de autos.

A este respecto, debemos señalar que ya en nuestra sentencia 161/2025, de doce de marzo, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 214/2024, ante esta misma cuestión, señalamos que:

"Ninguna de las alegaciones vinculadas a temáticas de naturaleza formal avala la nulidad de las resoluciones de 26 de febrero y 29 de abril de 2024.

Y es que en ellas no hay mención alguna a cuál sería el precepto normativo que ha sido transgredido por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social de Alicante. Al dar de alta a una serie de trabajadores en .... con anterioridad a la emisión y/o firmeza (se manejan ambos conceptos en la demanda) de las actas de liquidación e infracción que se levanten por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de esta provincia.

Sin que la simple cita a la existencia de unos "perjuicios" ... determine, sin más, ese resultado. O la referencia a concurrir un supuesto de pérdida de derechos de contradicción y defensa. Cuando esta sociedad tomó pleno conocimiento de cuáles fueron las circunstancias fácticas y jurídicas que visualizó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la hora de proponer, a la TGSS, el alta de los trabajadores que se recogen en el informe CELIN de que se trata...

Por lo que, y como máximo, nos situaríamos ante una irregularidad jurídica sin efectos invalidantes."

Por estas mismas razones, debemos rechazar la alegación, las actas levantadas en su día tienen sus propios cauces de impugnación que en nada obstan a las que asisten a la actuación administrativa que ha dado lugar al presente procedimiento.

En segundo lugar, plantea la falta de competencia de la TGSS para la actuación llevada a cabo en el expediente, que requiere una demanda ante la Jurisdicción social, cuestión respecto a la que hemos de señalar, como lo hace la Administración, que esta situación que invoca se modifica en virtud del RDL 1/2023, de 10 de enero, que modifica los artículos 16, 138 y 139 del RDLe 8/2015, de 30 de octubre, TRLGSS.

El actual art. 16 establece que:

"4. Tanto la afiliación como los trámites determinados por las altas, bajas y demás variaciones a que se refiere el artículo anterior, podrán ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social cuando, a raíz de las actuaciones de los Servicios de Inspección o por cualquier otro procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones.

5.Cuando, por cualquiera de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior, se constate que la afiliación y las altas, bajas y variaciones de datos no son conformes con lo establecido en las leyes y sus disposiciones complementarias, los organismos correspondientes de la Administración de la Seguridad Social podrán revisar de oficio, en cualquier momento, sus actos dictados en las citadas materias, declarándolos indebidos por nulidad o anulabilidad, según proceda, conforme al procedimiento establecido en la normativa reglamentaria reguladora de las mismas, y dictando los actos administrativos necesarios para su adecuación a las citadas leyes y disposiciones complementarias. Procederá, asimismo, en cualquier momento, la rectificación de los errores materiales o de hecho y aritméticos producidos en los actos dictados en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.»

El art. 139 del mismo texto legal, establece que:

"1. Los empresarios estarán obligados a solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, así como a comunicar dicho ingreso y, en su caso, el cese en la empresa de tales trabajadores para que sean dados, respectivamente, de alta y de baja en el Régimen General.

2.En el caso de que el empresario incumpla las obligaciones que le impone el apartado anterior, el trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja, directamente al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social. Dicho organismo podrá, también, efectuar tales actos de oficio en los supuestos a que se refiere el artículo 16.4 de esta ley, así como proceder a la revisión de oficio de sus actos dictados en esas materias, en los supuestos a que se refiere el apartado 5 del citado artículo.»

Y en este mismo sentido se pronuncia el ATS 7/2023, de 25 de abril, de la Sala Especial de Conflictos de Competencia y lo venimos declarando reiteradamente.

Por tanto, procede también desestimar este motivo de impugnación.

TERCERO.-En cuanto al fondo de la cuestión que se nos plantea, debemos partir del Informe de la ITSS, del que nace el expediente administrativo de autos.

Señala el mismo que la demandante tiene como actividad declarada la del 9609 correspondiente a "otros servicios personales". Se constituyó el 24-9-2014, por los socios D. Secundino y Dª Noemi (administradora única).

La actividad que constituye su objeto social es muy variada, si bien, consta como primera actividad en su objeto social la de asesoramiento y consultoría en los sectores de comunicación, medios audiovisuales, informática, electrónica de consumo y entretenimiento.

En la primera visita de inspección, 21-10-2022 Dª. Noemi manifestó que los trabajadores por cuenta ajena se dedicaban a transmitir llamadas relacionadas con el tarot, mientras que el resto del personal contratado a través de la mercantil BEE CALLING S.L., se dedicaba a transmitir todo tipo de llamadas. Las personas trabajadoras identificadas confirman las declaraciones previamente realizadas. En los contratos de colaboración mercantil celebrados entre la empresa y las profesionales tarotistas, consta como objeto, la realización por parte del prestador, las siguientes actividades:

-Recepción y atención de las comunicaciones remitidas por el CLIENTE

-Lectura del Tarot

-Servicios profesionales.

Por tanto, constata que la actividad principal de la empresa consiste en la prestación de servicios de ocio para adultos o, entretenimiento, entre lo que se encuentra la lectura del tarot.

En cuanto a los medios necesarios para realizar esta actividad son las distintas páginas web, la plataforma, programa o centralita de recepción de llamadas y por los modos de cobro de las consultas, toda propiedad o en posesión de la mercantil.

También resulta imprescindible contar con personas que respondan a las consultas formuladas por los clientes/llamantes, contando para ello con una única empleada dada de alta por cuenta ajena siendo Dª. Salvadora, que permanece de baja en la empresa desde el 8-1-2024, por despido objetivo.

La tarotista Dª Piedad permaneció de alta en el RGSS por cuenta de la demandante entre el 8 de enero y el 15 de octubre de 2020, habiendo sido profesional tarotista autónoma al menos hasta el 31-12-2019.

En cuanto a los medios materiales que necesitan las personas que responden a las consultas de tarot se limita a disponer de un teléfono fijo y su correspondiente línea telefónica.

La publicidad y promoción de la actividad de consultas esotéricas por teléfono la realiza CF MEDIA GLOBAL S.L., a través de las distintas páginas web.

La actora ha abonado a GOOGLE ADWORDS 323.394,24 € en 2019, 331.624,63 € en 2020, 357.063,74 € en 2021, 381.683,25 € en 2022 y 602.086,22 en 2023.

Los clientes a los que responden las personas prestadoras del servicio de consultas de tarot por teléfono son siempre clientes de CF MEDIA GLOBAL SERVICE SL., a la que abonan el servicio, bien mediante el servicio de tarificación adicional bien mediante tarjeta de crédito.

La retribución que perciben las tarotistas se determina en función de los minutos hablados y aunque la empresa dice que el precio es determinado por la profesional tarotista, se constata que la práctica totalidad de las tarotistas perciben 0,12 € el minuto, sin perjuicio de que como ocurre con los trabajadores por cuenta ajena, éstos pueden tener derecho a una promoción económica en función del trabajo realizado, como consta en el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores.

El resultado económico del negocio repercute directamente en la actora, que es quien experimenta los beneficios o pérdidas del mismo, sin que los tarotistas asuman el riesgo y ventura de su trabajo.

En cuanto al alquiler de la línea, que la empresa afirma que abonan las tarotistas, solo se ha reflejado en las facturas recientes (diciembre de 2022 y 2023) pero, al tiempo, se le abona más cantidad por los minutos invertidos en la llamada, por lo que el resultado final es el mismo.

La empresa dispone de un programa que registra el tiempo que cada tarotista está hablando y si se halla disponible para atender una consulta, siendo irrelevante el horario que escojan, al contar con un amplio número de estas, se asegura poder atender siempre las llamadas entrantes de sus clientes.

La actora es quien fija la tarifa a cobrar a los clientes, siendo las empleadas de oficina de aquélla las que informan de las tarifas a cobrar a los usuarios-clientes, caso de cobrar por VISA, y si los servicios son a través de la línea 806, es una locución automática.

Por su trabajo de atención telefónica a las consultas de tarot y esotéricas las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios con CF MEDIA GLOBAL SERVICES SL no se encuentran de alta en la Seguridad Social por cuenta de esta empresa.

La empresa es la que determina los llamados códigos de comportamiento, que se asumen por contrato, sin que el tarotista pueda comprobar los datos que identifiquen al usuario, ni tampoco realizar ningún tipo de transacción o aceptar compensación económica con el usuario, sino a través de la empresa. Tampoco puede entablar contacto físico con el usuario, ni facilitarle número de teléfono y direcciones particulares, o los propios. El incumplimiento de todo ello se considera competencia desleal.

La reputación por el servicio que prestan corresponde a la empresa, quien corresponde asimismo el poder disciplinario, a tenor de las cláusulas séptima y novena del contrato.

En la sentencia que señalábamos anteriormente, 161/2025 de 12 de marzo, veníamos a establecer en un caso prácticamente idéntico que no cabe duda de que "la relación jurídica entablada entre la mercantil actora y los trabajadores que desarrollan la actividad de "tarot por teléfono" debe quedar inexorablemente encuadrada en el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena.

Sin que tal relación quede, de forma alguna, situada en el ámbito de un arrendamiento de servicios (contrato de índole mercantil entre ... y los trabajadores que han sido dados de alta por la TGSS)."

Y llegaba a tal conclusión partiendo de los siguientes datos: La empresa "es la propietaria de toda la infraestructura económica que asienta la actividad que desarrollan los y las videntes (en su mayoría mujeres); entre esta infraestructura destaca la vinculada con la captación de clientes a través de internet. Satisfaciendo la sociedad actora importantes sumas económicas a la empresa propietaria del buscador de Google. Con el objeto de aparecer, en las búsquedas que se efectúen por terceros, posicionada en los primeros lugares para lo que hace al objeto social que conforma el eje de su actividad:"... asume su coste, tanto de mantenimiento de la página web como de los anuncios insertados en internet (...) 321.357,47 euros en 2020 (...) los 403.452,38 euros en 2022" (informe CELIN); también es titular de todos los medios que ponen en contacto a los clientes con los/las videntes: página web; programa informático de gestión de las llamadas, cobros, ...; centralita de recepción de llamadas; trabajadores encargados de pasar las llamadas a los videntes. Siendo de muy escaso relieve los medios propios con los que cuentan éstos: teléfono fijo; ordenador portátil; el cobro a los clientes se efectúa por parte de...(la empresa) bien mediante el servicio de tarificación adicional bien mediante tarjeta bancaria" ...; sociedad que, sin duda, es quien asume el riesgo y beneficios derivados del seguimiento de la actividad consistente en un servicio de tarot por teléfono; las personas contratadas por ella obtienen un rendimiento económico plano y convenido de antemano. En función de los minutos durante los que ejecuten su trabajo; los clientes (y esto es de la máxima relevancia) en ningún caso se ha mostrado que sean de los videntes... la circunstancia de que el empresario no imponga un horario a los trabajadores es insuficiente a la hora de situar el vínculo dentro del espacio propio de los arrendamientos de servicio de corte mercantil.

Cuando el contrato de trabajo por cuenta ajena permite una gran panoplia o variedad de marcos prestacionales por parte de los trabajadores. Que, sin duda, habilita para encuadrar, dentro de su régimen, los casos en los que estos tienen gran flexibilidad para poner en práctica la prestación a su cargo."

Aplicando estos mismos criterios -que evidentemente mantenemos- al presente caso, que como hemos visto, es idéntico al supuesto de hecho de la sentencia parcialmente reproducida, debemos desestimar el presente recurso contencioso-administrativo y mantener en su integridad la actuación administrativa recurrida, sin que debamos entrar en el resto de las cuestiones que se plantean en la demanda en la medida en que son ajenas a lo que constituye el expediente administrativo y las resoluciones que constituyen su objeto.

CUARTO.-El artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Procede pues la imposición a la parte actora hasta un máximo de 1.200€ por todo concepto.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación