Sentencia Contencioso-Administrativo 451/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 217/2022 de 28 de mayo del 2025

PRIMERO.-Se recurre por la parte actora la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 30 de diciembre de 2021, que resolvió la reclamación económico administrativa 28/04243/2021, relativa a acuerdo de inadmisión de recurso de reposición por extemporaneidad formulado contra acuerdo de liquidación provisional, A2860620306000468 por el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2015, del que resultó una deuda a ingresar de 6129,16 €.

SEGUNDO.-La entidad actora indica en la demanda que el motivo por el que presentó su escrito ante la AEAT no era otro que la reposición voluntaria de todo el procedimiento tendente a la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y formales, respecto a las deducciones practicadas por las cuotas soportadas en la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso de vehículos automóviles.

En todo caso, señala que no era su voluntad el interponer un recurso de reposición contra la liquidación practicada por la AEAT sino demostrar la indefensión sufrida.

Se pregunta cómo es posible que la AEAT no se preguntara si existía un problema en la recepción de las notificaciones ante la falta de acceso al buzón electrónico.

Indica que es sabedora de que la falta de aviso por correo electrónico, no produce indefensión ni vulnera garantías del interesado y sin embargo, hay que tener en cuenta el principio de confianza legítima y de buena fe y que, en otras ocasiones, se le había avisado previamente por e-mail de la puesta a disposición de notificaciones electrónicas, si bien es consciente de que se realizó escrupulosamente la notificación en este caso, conforme a las formalidades legales.

Resulta imposible probar que su voluntad no era la de rechazar la notificación, ya que no existía ninguna voluntad de rechazarla y sin conocimiento de que se había puesto la notificación a su disposición, no debería de haberse presumido su voluntad de rechazarla.

TERCERO.-La defensa de la Administración General del Estado, en la contestación a la demanda, señala que la presente reclamación administrativa fue interpuesta contra el acuerdo de inadmisión del recurso de reposición, interpuesto contra liquidación provisional del IVA del 1T al 4T de 2015, del que resulta un adeuda a ingresar por importe de 2651,73 euros.

La parte actora indica que su intención no era interponer un recurso de reposición sino que se repusieran las actuaciones al tiempo del requerimiento inicial, ya que las notificaciones electrónicas no son válidas puesto que, previamente a las mismas, no se le mandó un correo electrónico comunicándole que habían sido practicadas lo cual vulnera al principio de confianza legítima.

Sin embargo, su alegación de que no se trataba de un recurso de reposición, en contra de lo que se determinó por la administración debe ser rechazada por lo previsto en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015 que indica que el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

Hay que tener en cuenta que su pretensión solamente era atendible si por la AEAT se calificaba su escrito como de recurso de reposición y de ahí que ello fuese conforme con el principio de buena administración para dar una respuesta al escrito presentado y en todo caso, en cuanto al fondo, la recurrente estaba obligada a recibir notificaciones electrónicas, tal como señala el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 y era conocedora de esta obligación y si no accedió al su buzón electrónico desde 2018 hasta 2021 fue por una manifiesta negligencia por su parte, ya que el propio artículo 41.6 de la Ley 39/2015 dispone que la falta de práctica de aviso previo por correo electrónico de la puesta a disposición de una notificación en sede electrónica no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Tampoco existía obligación alguna por parte de la AEAT de ponerse en contacto ante la falta de acceso al buzón electrónico con la representante de la empresa.

Reproduce jurisprudencia, que resultaría aplicable en esta materia, del Tribunal Supremo.

Solicita la desestimación del recurso.

CUARTO.-La entidad actora interpuso ante la AEAT escrito, el 8 de enero de 2021, en el que se oponía a la liquidación provisional practicada por la AEAT en relación al IVA de todos los periodos de 2015 alegando, básicamente, que no se le había notificado previamente, por correo electrónico, que se habían puesto a su disposición notificaciones tributarias en su buzón electrónico relativas a requerimiento de información, propuesta de liquidación y liquidación provisional en relación al IVA de los periodos de 2015.

La AEAT dio valor de recurso de reposición a ese escrito, conforme a lo previsto en el art. 115. 2 de la Ley 39/2015, que determina que:

"el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter."

El carácter de recurso de reposición contra el acuerdo de liquidación y en contra de lo que señala la recurrente en su escrito de demanda, al darle ese valor, ha sido posible que la recurrente formulase sus alegaciones relativas a la notificación del acuerdo de liquidación, con lo que no se le ha causado ninguna indefensión sino todo lo contrario.

QUINTO.-Consta en el expediente administrativo que el 27 de abril de 2019 se puso a su disposición en el buzón de notificaciones electrónicas requerimiento de información relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido de todos los periodos de 2015, y que el 27 de septiembre de 2019 se puso a su disposición en el citado buzón la propuesta de liquidación relativa a ese tributo, así como el acuerdo de liquidación provisional el 20 de enero de 2020, sin que la recurrente durante todo ese tiempo accediese a su Dirección Electrónica Habilitada.

La propia recurrente reconoce en la demanda que estaba obligada a acceder a esa DEH y no acredita que con anterioridad la AEAT le notificase por email que se había puesto a su disposición en su buzón electrónico asociado a la DEH. Es destacable que estuvo dos años sin acceder a su buzón electrónico asociado a su DEH.

En todo caso, tal como determina el art. 41.6 de la Ley 39/2015, la falta de aviso por correo electrónico de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la administración no impide la validez de la notificación, sin que la AEAT estuviese obligada a efectuar comprobaciones a través de la representante de la empresa puesto que era la empresa la que estaba obligada a acceder a su buzón electrónico al habérsele notificado su inclusión obligatoria en el sistema de Dirección Electrónica Habilitada, por lo que las notificaciones se entendieron rechazadas transcurridos diez días desde la puesta a disposición conforme a lo previsto en el art. 28.3 de la Ley 11/2007 en relación con el art. 43.2 de la Ley 39/2015.

Debe de reproducirse en este punto la Sentencia 1927/2017 de la Sala Tercera, Sección Segunda del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 2436/2016, de 11 de diciembre de 2017, en cuanto que, precisamente se refiere a la obligación de los incluidos en el sistema de Dirección Electrónica Habilitada de acceder a su buzón de voz y a la ausencia de vulneración del principio de confianza legítima ya que no puede alegarse por la entidad una legítima expectativa a ser permanentemente notificada por correo ordinario, fundada en el solo hecho de haberse llevado a cabo, a través de tal medio, anteriores notificaciones de actos de trámite:

"QUINTO.- En lo que respecta al segundo de los motivos esgrimidos, tampoco puede ser acogido.

En primer término, es de significar que el desarrollo del motivo y su propia rúbrica adolecen de una insalvable inconcreción, pues la parte recurrente invoca indiscriminadamente la pretendida infracción por la sentencia de diversos preceptos legales y reglamentarios que constan de numerosos apartados y de una regulación ciertamente compleja, sin precisar qué concretos aspectos del artículo 115 bis RGGI -que tiene seis apartados-, o de los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007 -que contienen, respectivamente, siete y cinco apartados-, habría sido infringido, al margen de que, además de ello, no se efectúa el menor razonamiento jurídico que respalde la existencia de tales supuestas infracciones, como es preceptivo en un recurso extraordinario y formal como es el de casación, pues no se identifica con la debida claridad cómo y en qué medida la sentencia cuya casación se pretende habría vulnerado todas o alguna de tales normas invocadas in genere, ni tampoco los razonamientos de la sentencia en que quepa localizar las infracciones.

Al margen de esas inobservancias procesales, que serían de suyo bastantes para excluir el examen de este segundo motivo, no cabe olvidar además que lo que se impugna en el litigio de instancia de que dimana esta casación es una diligencia de embargo, así como la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central que la confirmó, por el hecho de que los acuerdos de liquidación y de imposición de sanción, así como la subsiguiente providencia de apremio, fueron notificados, según se adujo, en el momento en el que afirma la interesada haber tenido conocimiento material de su respectivo contenido, prescindiendo pues de las incidencias propias de la notificación electrónica. Sucede, sin embargo, que resulta inamovible en casación la afirmación de hecho sustentada en la sentencia de instancia de que la Administración procedió a la práctica de las notificaciones electrónicas del modo ordenado en el artículo 28.3 de la Ley 11/2007

Tal es, cabalmente, lo sucedido aquí, teniendo en cuenta, por lo demás, que la entidad recurrente no controvierte los hechos probados, esto es, que la notificación de tales actos administrativos tuvo lugar del modo descrito, lo que lejos de suponer una infracción de algunos de los preceptos mencionados en bloque, entraña por el contrario su aplicación debida, que por lo demás no ha sido negada, como tampoco se aduce la existencia de una imposibilidad técnica o material de acceso al buzón electrónico.

Además, como señala la Sala a quo en el fundamento jurídico cuarto de su sentencia, el artículo 28.3 de la Ley 11/2007 (aplicable ratione temporis al presente caso), establecía que "...[c]uando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso..." .

Por lo demás, es también aplicable al caso el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE de 16 de noviembre), cuyo artículo 4 incluye a las agrupaciones de interés económico -como es la entidad que recurre- en el elenco de las personas y entidades obligadas a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones administrativas que en el ejercicio de sus competencias les dirija la Agencia Tributaria. Resulta digno de mención que la recurrente pretendiera la impugnación indirecta de este Reglamento en el litigio de instancia y, sin embargo, en esta vía casacional haya guardado silencio sobre la eventual vulneración de la ley por parte de dicha norma, no citada por lo demás como infringida en ninguno de los motivos de casación.

La queja incorporada a la narración de este segundo motivo, acerca de que las consecuencias para la recurrente de no haber tenido conocimiento del contenido de las resoluciones y actos adoptados son desproporcionadas, con independencia de que más bien guardan relación con el siguiente motivo de casación, tampoco puede ser atendida. Se afirma al respecto que "...lo que se configura como un derecho y como una garantía no puede suponer para mi representada un perjuicio de tanta trascendencia como el que ha supuesto que la Inspección pretendiese notificar por primera vez en la DEH actos de tantísima relevancia, máxime en el contexto de un procedimiento sancionador, en el que se deben observar las máximas garantías, [...] vulnerando igualmente el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 24.1 de la CE ".

Pues bien, al margen de toda otra consideración, los efectos de no haber atendido una comunicación electrónica en una dirección habilitada e indubitadamente conocida por el destinatario no son diferentes de los que habría ocasionado, por ejemplo, una carta que se hubiera recibido por correo postal ordinario y no se abriera por causa anudada a la falta de voluntad o de diligencia de su receptor. Desde una perspectiva puramente "metajurídica", podría comprenderse el descuido del interesado no familiarizado con estas nuevas formas de comunicación electrónica que deja transcurrir varios días sin atender las notificaciones practicadas en la DEH, pero ello no sería fácilmente trasladable a una agrupación de interés económico como la que ahora recurre, por causa que no fuera debida a su propia negligencia o inobservancia de su deber -o, al menos, a dificultades técnicas o materiales en la recepción del correo a las que no se alude-.

SEXTO .- Por lo que se refiere al tercer motivo, mantiene Naviera Ladoga, A.I.E., su tónica de inconcreción, pues pretende cometidas las infracciones de los artículos 3LPAC , que consagra el principio de confianza legítima, y 9.3 CE, que como es sabido enuncia una relación amplia de principios jurídicos capitales, sin que sepamos a cuál de ellos pretendía referirse la rúbrica del motivo, aunque en el desarrollo argumental se mencione tangencialmente el principio de seguridad jurídica.

Se censura a través de este último motivo, pues, la vulneración de los principios de seguridad jurídica y de protección de confianza legítima. Baste para su rechazo con reparar en la notable evanescencia con que tales principios son invocados en el motivo. Para empezar, estamos en presencia de una cuestión en rigor nueva, en tanto en la demanda no se formalizó con la debida claridad y separación conceptual que el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central estuviera incurso en tales vulneraciones, aun cuando de la denuncia de los principios de buena fe y diligencia que se infiere de los términos de la demanda pudiéramos hallar una lábil conexión con los ahora invocados.

Al margen de ello, debemos destacar en todo caso que la recurrente no efectúa en la exposición de este tercer motivo una censura directa y razonada a la sentencia, presuponiendo que es en la resolución judicial combatida, como sería preceptivo en casación, donde se habrían cometido tales supuestas infracciones. Así, el principio de confianza legítima tendría que haber sido defraudado en la sentencia misma y debido a ella, alegato en que falta el anclaje preciso de un razonamiento específico sobre tal conculcación. Otro tanto cabe decir respecto de la infracción del principio de seguridad jurídica, que se menciona en la rúbrica del motivo y luego resulta olvidado en su desarrollo.

Sea como fuere, el argumento contenido en este motivo, aun prescindiendo de las dificultades procesales que lo han lastrado, encierra una petición de principio, haciendo supuesto de la cuestión, pues la denunciada quiebra de la confianza legítima, aun referida a la Administración tributaria y no a la Sala sentenciadora, partiría del no acreditado supuesto de que la notificación electrónica fuera más gravosa o de más difícil o problemático acceso para los ciudadanos en sus relaciones con los órganos de la Administración tributaria, afirmación que no descansa, ni en casación ni en la instancia, en una prueba concluyente al respecto, máxime cuando a la mercantil naviera recurrente le cabe presumir una disponibilidad de medios personales, materiales y organizativos suficientes como para precaverse del peligro cuyo acaecimiento suscita como base de la lesión de su derecho a ser notificado de un modo más garantista, en la medida en que asegure su recepción, que es lo que se viene a poner en tela de juicio.

No cabe alegar, por tanto, que exista en este caso, por parte de la recurrente, una legítima expectativa a ser permanentemente notificada por correo ordinario, fundada en el solo hecho de haberse llevado a cabo, a través de tal medio, anteriores notificaciones de actos de trámite, pues existen actos de voluntad y aceptación por parte de la interesada que quebrarían la intangibilidad de tal principio, como lo es el propio conocimiento de que estaba habilitada la dirección electrónica y, en el caso de los actos del procedimiento de recaudación notificados en dicha sede, el precedente de que por el mismo medio fueron notificados los acuerdos de liquidación y sanción.

Por lo demás, los tres precedentes que se citan en este motivo de casación resuelven supuestos diferentes al ahora analizado. En particular, la invocación de la sentencia de 23 de julio de 2014, pronunciada en el recurso de casación nº 3398/2013 , no es acertada. Allí no se considera inverosímil la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva invocada en un supuesto en el que la Administración tributaria conocía que la sociedad profesional recurrente carecía del certificado electrónico para acceder a su DEH, no obstante, lo cual notificó las liquidaciones, sanciones y apremios correspondientes a través de dicha DEH. Con independencia de que ese dato de la carencia del certificado electrónico hace sustancialmente distinto el caso aquí enjuiciado del resuelto en la sentencia esgrimida, sucede además que la Sección Séptima de esta Sala emitió su declaración casacional a los solos efectos de que se pudiera dar curso a un procedimiento especial en materia de derechos fundamentales por falta de relevancia constitucional de la lesión invocada, sin que tal sentencia contenga pronunciamiento alguno sobre la vulneración del principio de confianza legítima por el simple hecho de que las notificaciones se hubieran llevado a cabo por uno u otro medio."

En definitiva, debe de ser desestimado el recurso y de ser confirmada la Resolución del TEAR, por ser conforme a derecho.

SEXTO.-En virtud de lo expuesto el recurso debe desestimarse íntegramente y confirmarse la resolución del TEAR, con imposición de costas a la parte recurrente, a la vista del artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

A los efectos del número 4 del artículo anterior, la imposición de costas se fija en la cifra máxima por todos los conceptos de 2.000 € más IVA, en caso de devengo de este impuesto, en consideración a la dificultad y alcance de las cuestiones suscitadas, y sin perjuicio de las costas que hayan podido imponerse a lo largo del procedimiento.