Sentencia Contencioso-Administrativo 333/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 193/2020 de 05 de febrero del 2026

PRIMERO. Objeto del recurso

1.1.El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es la Resolución de 23 de julio de 2019 dictada por la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya que desestimó el recurso de reposición interpuesto por don Nemesio y don Jesús María contra la resolución de 14 de mayo de 2019 que impuso a los recurrentes como titulares de la oficina de farmacia 190, ubicada en la Avda. de Santa María, 2, de Vilassar de Dalt, las sanciones de multa de 60.001 euros y 6.000 euros previstas en el artículo 114, apartados b) y a) respectivamente del Real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

1.2.La Resolución de la consellera de Salut de 14 de mayo de 2019 acuerda imponer a los Sres. Nemesio y Jesús María, titulares de la oficina de farmacia 190, las sanciones de multa siguientes:

-Multa de 60.0001 euros prevista en el artículo 114.1.b) del Real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, por la comisión de una infracción tipificada como grave, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111.1.b) 21 del mismo Real decreto legislativo por haber incumplido las exigencias que comporta la facturación al Sistema Nacional de Salud de los productos contemplados en dicha Ley, atendida la gran cantidad de medicamentos almacenados sin cupón precinto que no llevaban identificación sobre los pacientes a los que pertenecían.

-Multa de 6.000 euros prevista en el artículo 114.1.a) del Real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, por la comisión de una infracción tipificada como leve, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111.2.a) 10ª del mismo Real decreto legislativo por la no prestación del servicio profesional de seguimiento farmacoterapéutico con SPD con sujeción a los términos que establece la Guía de Seguimiento Farmacoterapéutico con SPD ni cumplir con todos los requisitos establecidos en la Guía citada, a pesar de haber firmado la adhesión al Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña para la prestación del servicio profesional de seguimiento farmacoterapéutico con SPD.

SEGUNDO. Alegaciones de la actora

En la demanda se exponen unos antecedentes que, según se dice, acreditan la arbitrariedad de la actuación administrativa en el inicio de la inspección y posterior incoación y tramitación del expediente sancionador.

Tras detallar el contenido del expediente administrativo, se aduce que el expediente habría caducado al no resultar de aplicación al procedimiento sancionador la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y del procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y tampoco el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre procedimiento de aplicación a los ámbitos de competencia de la Generalitat. Entiende que dicha normativa habría sigdo derogada en aplicación de lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley 39/2015, por lo que el plazo a tener en cuenta sería de tres meses en lugar de seis meses.

Sostiene que aunque se considerara que el plazo era de seis meses el expediente habría igualmente caducado ya que la resolución de ampliación carece de motivación, siendo la verdadera causa de la ampliación la pasividad y falta de diligencia de la demandada, circunstancias que no pueden perjudicar a los expedientados.

De forma subsidiaria, aduce la existencia de desviación de poder y quiebra del principio de proporcionalidad de la potestad sancionadora.

Respecto de la sanción leve, aduce que es nula por falta de competencia del órgano que resolvió su imposición y que e está imponiendo una doble sanción por los mismos hechos. Y en cuanto a la sanción calificada como grave, se aduce que se utiliza un sistema automático, robotizado mediante el uso de robots de última generación; que la guía de seguimiento farmacoterapéutico con sistemas personalizados de dosificación no tiene carácter vinculante y está diseñada para la dispensación farmacéutica manual; que los medicamentos estaban a punto de ser incorporados al robot para llevar a cabo el SPD automatizado y que esta fase previa o preparatoria deviene indispensable en el proceso de emblistado y que la única irregularidad podría ser que la medicación debió estar almacenada de manera diferenciada y por pacientes y esta indicación solo viene en la guía que no es vinculante y que la cuestión ha sido superada con el sistema automatizado.

Solicita que se estime el recurso contencioso-administrativo y se anule y revoque la resolución impugnada, con imposición de costas.

TERCERO. Alegaciones de la demandada

La demandada contesta la demanda oponiéndose a la misma y, tras exponer el contenido del expediente administrativo, alega que el recurso resulta inadmisible por falta de legitimación activa de la recurrente DIRECCION000 COMUNIDAD DE BIENES atendido que se está impugnando la imposición de dos sanciones de multa a los Sres. Nemesio Jesús María en su condición de farmacéuticos responsables de la dispensación de medicamentos. Añade que la actora no es parte interesada en el expediente sancionador ya que no se le imputa infracción alguna.

En cuanto a la alegada caducidad del expediente sancionador, aduce que el plazo para resolver, conforme a lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley 26/2010, era de seis meses, que fue ampliado hasta el 15 de mayo de 2019 por Resolución de la directora general de Ordenación y Regulación sanitaria de 15 de abril de 2019. Dicha ampliación de plazo estaba debidamente motivada en atención al volumen y complejidad del expediente. Además, no se perjudicó a los expedientados ya que ello permitió analizar con más tiempo las alegaciones y los documentos aportados, dejando sin efecto una de las sanciones propuestas.

Añade que no concurre la alegada desviación de poder y que las sanciones se han impuesto en base a la normativa vigente y no únicamente en atención a lo dispuesto en la Guía de Seguimiento Farmacoterapéutico con Sistemas Personalizados de Dosificación. En cuanto a la infracción leve, aduce que fue impuesta por órgano competente, sin que se haya producido una doble sanción por los mismos hechos.

Solicita que el recurso contencioso-administrativo se declare inadmisible y, de forma subsidiaria, sea desestimado.

CUARTO. Sobre la alegada inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación activa

4.1.En la contestación a la demanda se aduce que el recurso resulta inadmisible por falta de legitimación activa de la recurrente DIRECCION000 COMUNIDAD DE BIENES atendido que se impugna la imposición de dos sanciones de multa a los Sres. Nemesio Jesús María como farmacéuticos responsables de la dispensación de medicamentos, sin que la actora hubiera sido parte interesada en el expediente sancionador ya que no se le imputó infracción alguna.

4.2.En el escrito de conclusiones la actora se opone a la pretendida inadmisibilidad alegando que en la propia escritura de poder acompañada al escrito de interposición del recurso se expresa que la comunidad de bienes está constituida por dos personas físicas, los Sres. Nemesio Jesús María, siendo la comunidad de bienes el instrumento que utilizan dichas personas para desenvolver la actividad en sus relaciones con clientes y proveedores. Y que el hecho de que el recurso haya sido interpuesto por la comunidad de bienes trata de identificar la relación de cotitularidad que une a las dos personas físicas que desarrollan la actividad de oficina de farmacia.

Señala que en el acuerdo incorporado al escrito de interposición del recurso se plasma directamente la voluntad común de las dos únicas personas físicas cotitulares de la autorización administrativa e integrantes de la oficina de farmacia de ejercer las acciones pertinentes contra la resolución sancionadora.

Añade que incluso en el caso de que se considerara que la comunidad de bienes fuera un sujeto distinto de las personas físicas que la integran, seguiría existiendo interés legítimo dada la repercusión directa que la imposición de sanciones tendría en la comunidad. Y que en vía administrativa se habría reconocido la existencia de la comunidad de bienes al aparecer citada en el acta de inspección y que en el pie de firma de los escritos presentados en el expediente administrativo se identifica a las dos personas físicas y a la propia comunidad de bienes.

Considera que ha de efectuarse una interpretación restrictiva de las causas de inadmisibilidad del recurso, siendo indudable que la pretensión ejercitada se insta por parte de los titulares de la oficina de farmacia que han sido sancionados y que la falta de mención de las dos personas físicas es un mero defecto de carácter formal y, por lo tanto, subsanable.

4.3.En el escrito de conclusiones de la demandada se mantiene la alegación de que el recurso resulta inadmisible conforme a lo dispuesto en el artículo 69. b) de la LJCA, por haber sido interpuesto por persona no legitimada.

Expone que las infracciones han sido imputadas a los Sres. Nemesio Jesús María por incurrir en una vulneración del ordenamiento jurídico en lo que respecta a la dispensación de medicamentos y que, a pesar de ello, el recurso ha sido interpuesto por DIRECCION000, Comunidad de Bienes, que no ha sido sancionada.

Señala que no se trata de que los Sres. Nemesio Jesús María hayan ejercido una acción en beneficio o interés de la comunidad de bienes sino que es la comunidad de bienes la que ejercita la acción sin tener interés legítimo puesto que el procedimiento sancionador se ha seguido contra los citados Sres. Nemesio Jesús María, sin que exista relación entre el acto administrativo que se impugna y la parte recurrente.

Añade que, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 6.1.apartado 5 de la LEC y el artículo 19.1.b) en relación con el artículo 18 de la LJCA, se concluye que las comunidades de bienes, como entidades sin personalidad jurídica, no tienen atribuido con carácter general legitimación activa ya que la ley no les reconoce capacidad para ser parte.

Niega que hubiera existido un reconocimiento en vía administrativa de la legitimación de la comunidad de bienes ya que todas las resoluciones fueron dirigidas a los Sres. Nemesio Jesús María y que no existe ningún error en la formulación de la demanda, apreciándose la voluntad decidida de interponer el recurso por la comunidad de bienes.

Sostiene que no ha de interpretarse las causas de inadmisibilidad con carácter restrictivo ya que ello vaciaría de contenido el artículo 51 y 69 de la LJCA y que la legitimación activa no es una mera cuestión formal sino un presupuesto procesal esencial y fundamental, que no es susceptible de subsanación.

4.4.Hemos de señalar que el artículo 6 de la LEC expresa: " 1. Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles: [...] 5.º Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte".

El párrafo segundo del artículo 18 de la LJCA dice: "Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas, también tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley así lo declare expresamente".

No consta que la comunidad de bienes demandante tenga reconocida la capacidad para ser parte. Ahora bien, en la escritura de poder general para pleitos aportada junto con el escrito de interposición del recurso aparece que los Sres. Nemesio y Jesús María intervienen en su propio nombre y derecho y en nombre y representación como únicos integrantes de la Comunidad de Bienes " DIRECCION000, Comunidad de Bienes", cuyo objeto social es, según se dice en la citada escritura, "las que desarrollan de forma personal las actividades legalmente atribuidas en la oficina de farmacia y la comunidad de bienes es el instrumento que utilizan para desenvolver la actividad en sus relaciones con clientes y proveedores".

Al escrito de interposición del recurso se acompañó escrito de fecha 25 de julio de 2019 en el que se dice que reunidos los Sres. Nemesio Jesús María, miembros de la Comunidad de Bienes DIRECCION000 CB, adoptaron el acuerdo de interponer el recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones objeto del presente recurso.

Haciendo una interpretación favorable al principio pro actione, se considera que la falta de capacidad de la comunidad actora se ha subsanado con la presentación de los citados escritos en los que resulta evidente la voluntad de los Sres. Nemesio Jesús María, integrantes únicos de la comunidad de bienes, de interponer recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones objeto de autos. Dado que no existe Ley que atribuya capacidad para ser parte a la comunidad de bienes actora en cuanto que tal, a efectos procesales, dicha comunidad no puede ser considerada sino como el conjunto de los distintos comuneros que ejercitan la acción actuando todos ellos de forma unánime. Y como se ha dicho, la actora ha aportado documentación justificativa de la voluntad de la totalidad de los integrantes de la comunidad de bienes de formular el presente recurso.

En relación a la cuestión de la legitimación activa, conviene decir que el criterio de delimitación de la legitimación fundado en la existencia de un derecho o interés legítimo del artículo 19.1.a) de la LJCA, como superador del inicial interés directo del artículo 28 de la LJCA de 1956, ha sido reiteradamente declarado por el Tribunal Constitucional (entre otras SSTC 60//2001, de 29 de enero, 203/2002, de 28 de octubre, y 10/2003, de 20 de enero), insistiendo en que las normas procesales deben ser interpretadas en sentido amplio ( STC 73/2004, de 22 de abril), máxime tras haber procedido a entender sustituido el interés directo por el más amplio de interés legítimo identificable con cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida.

Hay que señalar, que en relación con la legitimación en el proceso, se ha destacado, en general, la obligación de una interpretación amplia, en aplicación del principio antiformalista. En la STC 31/1990 se señala que "El interés directo debe ser interpretado, dado el contenido del artículo 24.1 de la CE , en la forma más favorable posible a la efectividad de la tutela judicial efectiva"y en la STC 252/2000 se habla de interpretación de las normas procesales en sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione.

Por lo expuesto, se concluye que se ha evidenciado la voluntad de los Sres. Nemesio Jesús María, únicos integrantes de comunidad de bienes actora, de impugnar los acuerdos sancionadores, por lo que procede desestimar la alegada causa de inadmisibilidad.

QUINTO. Sobre el plazo para resolver el expediente sancionador

5.1.Se alega por la actora que el expedente habría caducado ya que el plazo de resolución sería de tres meses en lugar de seis meses y, a tal efecto , señala que la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administrativas Públicas de Cataluña, no se adecuó a la normativa básica estatal de procedimiento, esto es, a las Leyes 39/2015/ y 40/201.

Añade que se ha aplicado el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que no contempla un plazo específico para la resolución del procedimiento sancionador. Ante la inexistencia de norma autonómica catalana posterior a las citadas Leyes 39 y 40/2015, la consecuencia es que ha de aplicarse el artículo 21.3 de la Ley 39/2015.

5.2.La demandada se opone alegando que la simple aprobación de una norma estatal no provoca la derogación o desplazamiento de un precepto legal autonómico anterior y que solo el TC puede declarar la inconstitucionalidad de una ley autonómica si es contraria al régimen de distribución de competencias. Sostiene que el artículo 106.2 de la Ley 26/2010 establece que el plazo máximo será de seis meses, lo que se encuentra amparado por la competencia de la Generalitat sobre el procedimiento administrativo, como concluye la STC 166/2014.

5.3.Consideramos que el plazo máximo para resolver el expediente sancionador es de seis meses, como señala el artículo 106.2 de la Ley 26/2010, que es la norma aplicable a los procedimientos sancionadores. Como señala la demandada, la aprobación de la Ley 39/2015 no ha implicado derogación alguna de la citada Ley 26/2010, que ha sido dictada en el ejercicio de las competencias que corresponden a la Generalitat de Catalunya respecto de su propia organización administrativa en base a lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución española.

Por otra parte, conviene señalar que el artículo 21 de la Ley 39/2015 establece:

"1 La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación".

Por su parte, el artículo 106 de la Ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña dice:

"1. La resolución que pone fin al procedimiento debe ser motivada y debe resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente.

2. A falta de regulación específica, el plazo para dictar y notificar la resolución es de seis meses, que se empieza a contar desde la fecha en que se dicta el acuerdo de incoación del procedimiento sancionado".

Por lo tanto, la normativa estatal y la autonómica establecen el mismo plazo máximo de seis meses para la resolución de los expedientes sancionadores.

SEXTO. Sobre la ampliación del plazo y la caducidad del expediente

6.1.Sentado lo anterior, hemos de entrar en el análisis de si la ampliación del plazo acordada por Resolución de la directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria de 15 de abril de 2019 estuvo o no justificada.

La actora sostiene que en este caso no es posible justificar la ampliación en base al volumen del expediente sancionador y a la complejidad del asunto ya que tal ampliación vino motivada por la dilación en los trámites causada por la propia demandada. Se añade que se respetaron los plazos concedidos y que la documentación técnica y los escritos de defensa fueron presentados en la fase de inspección previa.

6.2.La demandada aduce que las actuaciones previas fueron necesarias para precisar los hechos susceptibles de motivar la incoación del expediente, la identificación de la persona o personas que pudiesen ser responsables y las circunstancias relevantes ( artículo 55 de la Ley 39/2015).

Añade que el acuerdo de ampliación ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015 y en el artículo 106.3 de la Ley 26/2010, estando debidamente motivado. Y añade que la ampliación no perjudicó a los expedientados ya que permitió analizar con más detenimiento el caso concreto y las alegaciones de la parte interesada, lo que favoreció la modificación de la propuesta de resolución, dejando sin efecto la sanción de multa de 150.000 euros. Y que vino motivado por el volumen y complejidad del expediente de 1.347 folios.

6.3.Del examen del expediente administrativo aparece que el acta de inspección de la oficina de farmacia de los Sres. Nemesio Jesús María es de fecha 18 de abril de 2018 y que tras presentar escrito de alegaciones y practicar diversas actuaciones, se emitió informe propuesta de los inspectores farmacéuticos el 4 de julio de 2018, proponiendo la incoación de expediente sancionador.

Notificado el acuerdo de incoación de expediente sancionador, se solicitó por los expedientados el acceso a la documentación del expediente, que les fue entregada.

Los expedientados formularon alegaciones en fecha 27 de noviembre de 2018 y se dictó propuesta de resolución el 5 de febrero de 2019, concediendo plazo para alegaciones.

Al folio 1183 del EA consta un comunicado interno de la Asesoría Jurídica de fecha 18 de marzo de 2019 en el que se dice que dado que no se ha aceptado o rechazado mediante una resolución motivada la prueba propuesta por la parte interesada, se considera procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, revocar la propuesta de resolución de 5 de febrero de 2019 y emitir una resolución motivada sobre la aceptación o rechazo de la prueba y posteriormente, dictar nueva propuesta otorgando a la interesada plazo de diez días para alegaciones.

En fecha 21 de marzo se dictó resolución de revocación de la propuesta de resolución y se dictó resolución sobre la proposición de prueba.

En fecha 25 de marzo se dictó nueva propuesta de resolución, notificada a los interesados el 29 de marzo de 2019, concediendo diez días para alegaciones.

El 15 de abril se dicta resolución de ampliación del plazo para resolver por término de un mes señalando que el volumen y la complejidad del expediente y el corto plazo de cinco días para resolver (dice que el plazo para formular alegaciones finalizaba el 12 de abril) determinaba la procedencia de tal ampliación.

En fecha 14 de mayo de 2029, notificada el 15 siguiente, se resuelve el expediente sancionador.

6.4.El artículo 106.3 de la Ley 26/2010 dice: "De conformidad con lo dispuesto por la legislación básica sobre procedimiento administrativo, el órgano competente para resolver, de oficio o a instancia del instructor o instructora, puede acordar mediante resolución motivada una ampliación del plazo de aplicación que no exceda la mitad del plazo inicialmente establecido. Dicha resolución debe ser notificada a la persona interesada".

Y el artículo 32.1 de la Ley 39/2015 expresa que:

"1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados".

En relación con la ampliación de los plazos para resolver expedientes, la Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo hace depender la validez de la ampliación extraordinaria del plazo máximo para resolver de la motivación razonable del acuerdo de ampliación que debe poner de manifiesto causas o circunstancias, asimismo excepcionales, justificativas del retraso (entre otras, Sentencia de 24 de enero de 2011).

En este sentido, la STS de 15 de febrero de 2013, recurso 3378/2008, en relación con lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, establece una doctrina general que es aplicable en supuestos como el que nos ocupa.

En la meritada sentencia el Alto Tribunal señala que: "La posibilidad de ampliación del plazo de tramitación de los procedimientos administrativos establecida en el artículo 426 de la Ley 30/1992 no se caracteriza como una facultad discrecional e incondicionada, sino que está sometida a requisitos y límites bien precisos. Establece este apartado, en cuanto interesa, lo siguiente:

"Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos , que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno".

El propio tenor de este apartado evidencia, sin necesidad de mayores disquisiciones, que la posibilidad de ampliar el plazo de tramitación se rige por las siguientes notas: 1º) es una facultad de carácter excepcional, y como tal ha de aplicarse de forma restrictiva; 2º) su utilización ha de ser expresamente motivada; 3º) dicha motivación no puede basarse en consideraciones genéricas sino por referencia singularizada a las circunstancias del caso; y 4º) no puede adoptarse de forma apriorística sino que procederá tan sólo después de haber agotado todos los medios pertinentes para resolver en el plazo establecido".

En el caso que nos ocupa, no se considera que el volumen y complejidad del expediente determinaran la necesidad de la ampliación del plazo para resolver. Por el contrario, el examen del expediente administrativo evidencia que la defectuosa tramitación del procedimiento fue la causa de la revocación de la primera propuesta de resolución de fecha 5 de febrero de 2019. Ello tuvo como consecuencia el retraso en la tramitación, haciendo imposible dictar la resolución en plazo.

Hemos de resaltar que desde el 5 de febrero en que se dictó la primera propuesta de resolución hasta el 25 de marzo en que se dictó resolución sobre proposición de prueba y nueva propuesta de resolución transcurrió más de mes y medio, lo que conllevo que restaran cinco días para dictar y notificar la resolución del expediente en plazo.

Es evidente que esta circunstancia es exclusivamente imputable a la demandada y no puede justificar que se proceda a ampliar el plazo de resolución en claro perjuicio para los expedientados. La demandada aduce que la ampliación no les perjudicó puesto que la resolución rechaza la sanción de 150.000 euros de la propuesta de resolución. No puede compartirse esta alegación ya que el transcurso del plazo determina la caducidad del expediente y el archivo del mismo, sin interrumpir el plazo de prescripción, lo que, obviamente, resulta más favorable a los expedientados.

En definitiva, el procedimiento había caducado en el momento en que se dicta la resolución sancionadora, lo que determina la nulidad de pleno derecho de la misma.

Por ello, procede estimar el presente recurso contencioso-administrativo, sin que sea necesario entrar a examinar el resto de alegaciones contenidas en el escrito de demanda.

SÉPTIMO. Costas

No se hace expresa condena en costas atendida la naturaleza jurídica del asunto y las dudas de derecho que genera su resolución ( art. 139 LJCA) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,