Sentencia Contencioso-Administrativo 3392/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 3459/2024 de 08 de octubre del 2025

PRIMERO: Crítica de la parte apelante

La parte actora, reagrupante, interpone el presente recurso de apelación contra la sentencia arriba indicada que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución, de 27 de febrero de 2024, que había denegado la autorización de residencia temporal por reagrupación familiar presentada el día 8 de enero de 2024. El reagrupado es cónyuge de la actora.

Se critica la sentencia de instancia porque no ha tenido en cuenta que ha quedado acreditado que dispone de recursos económicos suficientes, en los términos que se exigen en los arts. 53 y 54 del Reglamento aprobado por Real Decreto 557/2011.

Alega que fue requerida en vía administrativa para que aportara, en lo que ahora interesa, el "Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) donde consten periodo reconocido y cantidad que percibe de la prestación por desempleo".

En cumplimiento del requerimiento aportó las dos certificaciones que obran en los folios 99 y 100 del Ea. El primer certificado, de 20 de febrero de 2024, fue expedido por el Instituto de la Seguridad Social Dirección Provincial de Girona, en el cual se hace constar que, al tiempo de su expedición, la reagrupante estaba percibiendo subsidio por incapacidad temporal por enfermedad común. Conforme al mismo certificado la base reguladora diaria era de 66,44 euros, haciendo percibido 2.046,35 euros por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 2024 (folio 99 del Ea).

En el segundo certificado, también del Instituto de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Girona, de 10 de enero de 2024, se le comunicaba que, como se había extinguido el contrato de trabajo, mientras estaba en situación de incapacidad temporal, la cuantía de la prestación sería la misma que la prestación por desempleo (en aplicación del art. 283 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 8/2015).

La resolución administrativa, de 26 de febrero de 2024, denegó la autorización por no haber quedado acreditados unos ingresos del 150% del IPREM y porque tampoco se apreciaba que una perspectiva de mantenimiento de medios económicos suficientes de la reagrupante, durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud, teniendo en cuenta que "de la información obtenida del sistema informático de esta oficina se desprende que en el momento de la solicitud figura de baja en Seguridad Social".

La apelante entiende que ni la Administración ni la sentencia de instancia han tenido en cuenta que, cuando la actora presentó la solicitud estaba en situación de incapacidad temporal, y que no fue hasta posteriormente, cuando se extinguió la relación laboral y pasó a percibir las prestaciones por desempleo. En la certificación del folio 100 y 101 del Ea se hace constar la fecha de efecto, que fue desde el 1 de enero de 2024 al 16 de diciembre de 2024.

Añade que, cuando presentó la solicitud no estaba dada de alta en la Seguridad Social, pero sí estaba en situación de Incapacidad Temporal, que se asimila al alta cuando se está ejerciendo una actividad laboral.

Pone de relieve que contra la resolución administrativa interpuso recurso de reposición y que en dos ocasiones solicitó que se dictase resolución expresa, acudiendo finalmente a la vía contencioso-administrativa contra la resolución presuntamente desestimatoria.

En definitiva, sostiene que cumple con el requisito de disponer de medios económicos y pone de relieve que el art. 54.5 del Reglamento de Extranjería contiene una lista de medios de prueba que no es númerus clausus., por lo que los documentos públicos aportados hacen prueba de su contenido.

Solicita que se estime el recurso de apelación, se revoque la sentencia de instancia y se estimen en su totalidad las pretensiones de fondo formuladas, con expresa imposición de costas en la primera instancia y las demás que procedan en Derecho.

SEGUNDO: Oposición de la parte apelada

La Administración demandada se opone al recurso. Refiere las circunstancias fácticas del caso y considera que la actora no acreditó que disponía de recursos económicos para satisfacer las necesidades propias y del reagrupante (150% del IPREM, que calcula en 1302,79 euros). A su juicio, tampoco se acreditó que pudiera disponer, durante el año posterior a la solicitud, de unos medios económicos suficientes.

Añade que:

(i) En caso de seguir en situación de desempleo al finalizar su incapacidad temporal, se entenderían consumidas todas aquellas prestaciones mensuales que hubiera percibido, no constando en autos, otros medios económicos con los que pudiera contar, en caso de producirse tal situación.

(ii) Habida cuenta que el IPREM estaba fijado en 868,53 euros mensuales durante el 2024, los ingresos mínimos exigibles en este caso con arreglo al transcrito 54.1 RD 557/2011, para una familia de 2 miembros eran de 1.302,79 euros mensuales (150% del IPREM), y los ingresos de la recurrente a tal fecha, no constan, por cuanto la documentación que se presenta es acreditativa de los importes que se iban a percibir a partir del día 1 de enero de 2024; pero no de los que se percibían en la fecha de la solicitud, momento en que no estaba dada de alta en la Seguridad Social. De la documental aportada, tampoco se observa nómina alguna del mes de noviembre o de diciembre (momento de la solicitud).

(iii) En el momento en que presentó la solicitud, la actora estaba de baja en la Seguridad Social, siendo la última nómina aportada, la del mes de octubre de 2023.

(iv) El contrato de trabajo se suscribió el 1 de noviembre de 2023 y se extinguió durante la situación de incapacidad temporal.

(v) El importe que recibe en concepto de prestación, asciende al 70% de la base reguladora (66,44 euros diarios), es decir, 46,51 euros al día, entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2024. Añade que suma aproximadamente 1.395 euros/mes, reduciéndose a partir del 29 de junio de 2024, a un 60%, lo que supone 39,86 euros/día, que suma aproximadamente 1.195 euros/mes, cantidad muy inferior al 150% del IPREM: 1.302,79 euros mensuales

En relación con los seis meses anteriores, desde el mes de junio de 2023, relaciona las cantidades que resultan del expediente (nóminas emitidas por la mercantil GCTT PLUS ETT, S.L.) en las que constan prorrateadas las pagas extras y las vacaciones.

Por consiguiente, se constata que durante los seis meses anteriores a la solicitud, la recurrente percibió las cantidades siguientes:

"- Periodo del 1 al 30 de junio de 2023: 1.725,76 €

- Periodo del 17 al 31 de julio de 2023: 774,33 €

- Periodo del 1 al 31 de agosto de 2023: 1.742,67 €

- Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023: 1.815,66 €

- Periodo del 16 al 31 de octubre de 2023: 793,42 €"

La suma de estos ingresos era de 6.851,84 €, que "prorrateados en los seis meses anteriores ascienden a un total mensual demostrable de 1.141,97"euros que no alcanzaba "a cubrir el 150% del IPREM"(1.302,79 € mensuales).

En cuanto a los 1.866,98 euros percibidos por la recurrente, en concepto de liquidación de contrato, sostiene que no alteraban el importe de los ingresos regulares que podía acreditar durante los seis meses previos a la solicitud, al ser una percepción de carácter puntual, y no recurrente, como es el caso del salario.

Finalmente, expone que de la información que resulta de la documentación aportada (folios 99 y 100 del Ea), se desprende que en caso de que la recurrente hubiera continuado en situación de desempleo cuando finalizó su incapacidad temporal y en el caso de que se le reconociera el derecho a la prestación por desempleo, se descontaría del periodo que le correspondiera, el tiempo que hubiera estado en situación de incapacidad temporal, desde el momento de la extinción de su contrato, pudiendo cobrar el periodo de prestación restante, si no se hubiera consumido todo el periodo al que tuviera derecho. En caso contrario, sólo tendría derecho a solicitar el subsidio por desempleo por agotamiento de prestación, si cumpliera los requisitos establecidos al efecto.

Solicita que se desestime el recurso de apelación.

TERCERO: Resolución de la controversia planteada en esta segunda instancia

3.1 Régimen jurídico aplicable al caso

Los arts. 16 y 17 de la Ley Orgánica 4/2000, regulan el derecho a la reagrupación familiar, estableciendo que:

"1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en la Ley Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España.

2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos a los familiares que se determinan en el artículo 17".

El art. 17, recoge, entre otros familiares, al cónyuge, que es el caso de autos.

En lo que ahora interesa, el desarrollo reglamentario se encuentra en los arts. 53 y 54 del Real Decreto 557/2011, aplicable por razones de vigencia temporal.

El art. 53 en relación con los familiares reagrupables dispone:

"El extranjero podrá reagrupar con él en España a los siguientes familiares:

a) Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.

En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial.

El extranjero residente que se encuentre casado en segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la disolución de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para los hijos menores o mayores dependientes.

b) (...)"

Sobre la acreditación de los medios económicos por un extranjero para obtener una autorización de residencia por reagrupación, a favor de los familiares reglados, el art. 54 dispone:

"1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus familiares deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha autorización la documentación que acredite que se cuenta con medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social en la cuantía que, con carácter de mínima y referida al momento de solicitud de la autorización, se expresa a continuación, en euros, o su equivalente legal en moneda extranjera, según el número de personas que solicite reagrupar, y teniendo en cuenta además el número de familiares que ya conviven con él en España a su cargo:

a) En caso de unidades familiares que incluyan, computando al reagrupante y al llegar a España la persona reagrupada, dos miembros: se exigirá una cantidad que representemensualmente el 150% del IPREM.

(...)

2. Las autorizaciones no serán concedidas si se determina indubitadamente que no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. En dicha determinación, la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud.

(...)

5. Sin perjuicio de la presentación de cualquier documento o medio de prueba que, a juicio del solicitante, justifique la disposición de los medios, podrá aportar la siguiente documentación:

a) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta ajena:

1.º Copia del contrato de trabajo.

2.º Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año anterior. Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la correspondiente a la última anualidad.

b) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia:

1.º Acreditación de la actividad que desarrolla.

2.º Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año anterior. Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la correspondiente a la última anualidad.

c) En caso de no realizarse ninguna actividad lucrativa en España: cheques certificados, cheques de viaje o cartas de pago o tarjetas de crédito, acompañadas de una certificación bancaria de la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta o certificación bancaria".

(...)"

Es de aplicación al caso, el art. 283 de la Ley Reguladora de la Seguridad Social (TRLGSS, RDL 8/2015, de 30 de octubre, regula la prestación por desempleo e incapacidad temporal:

"1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo en el supuesto de que la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267.1 y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo contributivo que le corresponda de haberse iniciado la percepción de la misma en la fecha de extinción del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo.En tal caso, se descontará del período de percepción de la prestación por desempleo, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de la extinción del contrato de trabajo.

La entidad gestora de las prestaciones por desempleo efectuará las cotizaciones a la Seguridad Social conforme a lo previsto en el artículo 265.1.a) 2.º, asumiendo en este caso la aportación que corresponde al trabajador en su totalidad por todo el período que se descuente como consumido, incluso cuando no se haya solicitado la prestación por desempleo y sin solución de continuidad se pase a una situación de incapacidad permanente o jubilación, o se produzca el fallecimiento del trabajador que dé derecho a prestaciones de muerte y supervivencia.".[la negrita es nuestra]

El art. 42 del mismo texto legal regula la acción protectora del sistema de la Seguridad Social,

"1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá:

c) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; protección por cese de actividad; pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; pensión de orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por defunción; indemnización en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, así como las que se otorguen en las contingencias ysituaciones especiales que reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente."

Conforme al art. 169, tienen la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal, entre otras, las debidas a "enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación"(letra a).

Esta situación da derecho a una prestación económica que "... en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y se hará efectivo en los términos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo"(art. 171).

De acuerdo con el art. 172 serán beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal "las personas incluidas en este Régimen General que se encuentren en cualquiera de las situaciones determinadas en el artículo 169, siempre que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, acrediten"los períodos mínimos de cotización:

"a) En caso de enfermedad común, ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante (...)

b) En caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización".

La cuantía del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) viene regulada en la Ley General de Presupuetos del Estado. En este caso, en la Disposición Adicional Nonagésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, en estos términos:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio , para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2023:

a) El IPREM diario, 20 euros.

b) El IPREM mensual, 600 euros.

c) El IPREM anual, 7.200 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 8.400 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 7.200 euros.".

3.2 Necesidad de disponer de medios económicos

La STS nº 1628/2020, de 30 de noviembre de 2020, dictada en el rec. cas. nº 6771/2019 (ECLI: ES:TS:2020:3944) si bien referida a la aplicación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, nos dice que para determinar la concurrencia del requisito de contar el reagrupante con medios económicos suficientes para sí y su familia del artículo 7.1.b) del Real Decreto 240/2007, ha de atenderse a la "situación económica existente y constatada en el momento de la solicitud".Este criterio es también aplicable al caso de autos.

3.3 Sobre el IPREM y su cuantía

Como ha quedado dicho, de la Disposición adicional nonagésima de la Ley 31/2022, se desprende que el IPREM estaba fijado para 2023 en 600 euros. Dicha cantidad, al no haberse aprobado otra Ley de Presupuestos Generales del Estado es la misma a aplicar para el año 2024, que fue el de la presentación de la solicitud de autos en enero de 2024.

Debe significarse que tanto el Abogado del Estado como la sentencia fijan el IPREM en 868, 53 euros. Pero esta no es la cantidad que fija la Ley 31/2022, arriba transcrita y no se justifica a qué atiende la suma aplicada.

Debe advertirse que la propia Administración formuló el requerimiento que obra en el folio 91 del Ea, con e) para que aportara:

"Documentación acreditativa del empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. Para unidades familiares que incluyan dos miembros se exigirá una cantidad que represente el 150% del IPREM (este año asciende a 868.53 euros),por cada miembro adicional se deberá sumar un 50% más (289.51 euros)." [la negrita es nuestra]

Del propio texto del requerimiento ya se advierte que la cantidad fijada entre paréntesis -868,53 euros- no es la del IPREM, sino de la cantidad que se le exige y que se corresponde con la suma a la que ascendía entonces el 150% para unidades familiares de dos miembros. Se corrobora, todavía más, cuando puntualiza que en caso de añadir a un miembro más, deberá computarse de forma añadida un 50% más, que se fija en 289,51 euros, cantidad que, no se corresponde con el 50% de los 868,53 euros, determinados en el mismo párrafo (s.e.u.o. sumaría unos 434,26 euros).

Dicho esto, lo relevante aquí es que el IPREM estaba fijado para el año 2024 en 600 euros mensuales, por lo que un 50% más, requería la suma de 900 euros al mes.

La sentencia de instancia yerra cuando aplica miméticamente a la suma de 868,53 euros, el 50% más y calcula el IPREM a exigir en 1.302,79 euros.

Al tiempo, aprecia que en los seis meses anteriores que se han relacionado ya en el fundamento de derecho segundo (y no es menester reproducir) la actora tuvo unos ingresos de 6.851,84 euros, lo que representa un "total mensual demostrable" de 1.141,97 euros, concluyendo que no alcanza el 150% del IPREM.

Comparando los 900 euros y los 1.141,97 de media (cálculo admitido por las partes), se colige que la actora cumplía con el requisito de acreditar que contaba, al menos, con el 150% IPREM, al tiempo de formular la solicitud de autos, el 8 de enero de 2024, con las precisiones que se dirán.

Otra cuestión que se plantea es que no estaba dada de alta en el SEPE cuando presentó la solicitud. Pero ello tiene una explicación legal: se hallaba en situación de incapacidad laboral.

Ello resulta de los documentos públicos aportados por la actora al expediente administrativo y acompañados de nuevo con la demanda. La eficacia probatoria de los dos certificados mencionados más arriba (folios 99 a 101 del EA) no puede cuestionarse. Y la actora fue requerida para aportar un certificado del SEPE que no hubiera aportado nada al caso porque, el 8 de enero de 2024, no estaba dada de alta en el SEPE, sino en situación de incapacidad temporal.

Al respecto, asiste la razón a la parte apelante cuando nos dice que los medios de prueba que relaciona el art. 54.5 del Reglamento, arriba transcrito, no son númerus clausus, tal como resulta del término potestativo "podrá".Por lo demás, la situación de Incapacidad Temporal es asimilable a la situación de alta y da derecho a la percepción de las prestaciones que correspondan.

La previsión legal del art. 283 del TRLGSS, de carácter social, obedece a la intención del legislador de equiparar la situación de incapacidad temporal a la prestación por desempleo cuando dicha incapacidad se dé simultáneamente a la extinción del contrato laboral, evitando perjudicar al trabajador que se encuentre en dicha situación y se modifiquen sus circunstancias.

El art. 283 del TRLGSS, prevé la situación que se ha dado en este caso en los términos que han quedado dichos. La situación de desempleo tenía como fecha previsible de vencimiento, el 16 de diciembre de 2024, es decir, 23 días antes de la fecha en que finalizaba el año posterior a la solicitud (8 de enero de 2025).

Sobre los rendimientos futuros durante el año posterior a la solicitud, la resolución administrativa motiva la denegación en que no había quedado acreditado "tras el análisis de la evolución de los medios económicos en los seis meses previosa la fecha de la solicitud", de que existiera para la reagrupante una "perspectiva de mantenimiento de medios económicos suficientes durante el año posteriora la fecha de presentación de la referida solicitud, todo ello conforme exige el art. 54.2 del Reglamento aprobado por RD 557/2011 , dado que de la información obtenida del sistema informático de esta oficina se desprende que en el momento de la solicitud figura de baja en Seguridad Social".

El art. 54.2 del Reglamento impide conceder las autorizaciones cuando se determine "indubitadamente"que "no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos"durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud, añadiendo que "la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previosa la fecha de presentación de la solicitud".

Estamos ante hipótesis de futuro en base a datos pasados acreditados. Por lo tanto, acreditado que durante los seis meses anteriores a la solicitud la actora cumplía con el 150% del IPREM que exigía la norma y teniendo una previsión de percibir las prestaciones por incapacidad temporal y por desempleo hasta casi un año después de la solicitud, no cabe inferir que la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el año posterior no sea la misma que la que tenía al tiempo de presentar la solicitud.

Entendemos que los ingresos previos a la fecha de presentación de la solicitud, que superaban el 150% del IPREM, junto a las prestaciones a percibir por incapacidad temporal, puesto que es una prestación básica del sistema de la Seguridad Social que viene dada por un supuesto de enfermedad común, y por el sistema de la acción protectora de la Seguridad Social y del desempleo, asimilable a la situación de alta, hubieran debido valorarse por la Administración, ya que la norma exige que la falta de perspectiva de mantenimiento de los medios económicos sea "indubitada", lo que exige una valoración reforzada, que no se ha dado en este caso.

En consecuencia, se impone la estimación del recurso de apelación, con la consiguiente estimación del recurso contencioso-administrativo y de la demanda, anulando la resolución administrativa impugnada, con todos los efectos jurídicos inherentes a tal declaración, como se solicita en el suplico.

CUARTO: Costas

La estimación del recurso de apelación no comporta la imposición de costas a la parte apelante, al amparo del art. 139.2 de la LJCA.

Dada la controversia que se plantea, tampoco procede efectuar imposición de costas en la instancia.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO: Crítica de la parte apelante

La parte actora, reagrupante, interpone el presente recurso de apelación contra la sentencia arriba indicada que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución, de 27 de febrero de 2024, que había denegado la autorización de residencia temporal por reagrupación familiar presentada el día 8 de enero de 2024. El reagrupado es cónyuge de la actora.

Se critica la sentencia de instancia porque no ha tenido en cuenta que ha quedado acreditado que dispone de recursos económicos suficientes, en los términos que se exigen en los arts. 53 y 54 del Reglamento aprobado por Real Decreto 557/2011.

Alega que fue requerida en vía administrativa para que aportara, en lo que ahora interesa, el "Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) donde consten periodo reconocido y cantidad que percibe de la prestación por desempleo".

En cumplimiento del requerimiento aportó las dos certificaciones que obran en los folios 99 y 100 del Ea. El primer certificado, de 20 de febrero de 2024, fue expedido por el Instituto de la Seguridad Social Dirección Provincial de Girona, en el cual se hace constar que, al tiempo de su expedición, la reagrupante estaba percibiendo subsidio por incapacidad temporal por enfermedad común. Conforme al mismo certificado la base reguladora diaria era de 66,44 euros, haciendo percibido 2.046,35 euros por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 2024 (folio 99 del Ea).

En el segundo certificado, también del Instituto de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Girona, de 10 de enero de 2024, se le comunicaba que, como se había extinguido el contrato de trabajo, mientras estaba en situación de incapacidad temporal, la cuantía de la prestación sería la misma que la prestación por desempleo (en aplicación del art. 283 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 8/2015).

La resolución administrativa, de 26 de febrero de 2024, denegó la autorización por no haber quedado acreditados unos ingresos del 150% del IPREM y porque tampoco se apreciaba que una perspectiva de mantenimiento de medios económicos suficientes de la reagrupante, durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud, teniendo en cuenta que "de la información obtenida del sistema informático de esta oficina se desprende que en el momento de la solicitud figura de baja en Seguridad Social".

La apelante entiende que ni la Administración ni la sentencia de instancia han tenido en cuenta que, cuando la actora presentó la solicitud estaba en situación de incapacidad temporal, y que no fue hasta posteriormente, cuando se extinguió la relación laboral y pasó a percibir las prestaciones por desempleo. En la certificación del folio 100 y 101 del Ea se hace constar la fecha de efecto, que fue desde el 1 de enero de 2024 al 16 de diciembre de 2024.

Añade que, cuando presentó la solicitud no estaba dada de alta en la Seguridad Social, pero sí estaba en situación de Incapacidad Temporal, que se asimila al alta cuando se está ejerciendo una actividad laboral.

Pone de relieve que contra la resolución administrativa interpuso recurso de reposición y que en dos ocasiones solicitó que se dictase resolución expresa, acudiendo finalmente a la vía contencioso-administrativa contra la resolución presuntamente desestimatoria.

En definitiva, sostiene que cumple con el requisito de disponer de medios económicos y pone de relieve que el art. 54.5 del Reglamento de Extranjería contiene una lista de medios de prueba que no es númerus clausus., por lo que los documentos públicos aportados hacen prueba de su contenido.

Solicita que se estime el recurso de apelación, se revoque la sentencia de instancia y se estimen en su totalidad las pretensiones de fondo formuladas, con expresa imposición de costas en la primera instancia y las demás que procedan en Derecho.

SEGUNDO: Oposición de la parte apelada

La Administración demandada se opone al recurso. Refiere las circunstancias fácticas del caso y considera que la actora no acreditó que disponía de recursos económicos para satisfacer las necesidades propias y del reagrupante (150% del IPREM, que calcula en 1302,79 euros). A su juicio, tampoco se acreditó que pudiera disponer, durante el año posterior a la solicitud, de unos medios económicos suficientes.

Añade que:

(i) En caso de seguir en situación de desempleo al finalizar su incapacidad temporal, se entenderían consumidas todas aquellas prestaciones mensuales que hubiera percibido, no constando en autos, otros medios económicos con los que pudiera contar, en caso de producirse tal situación.

(ii) Habida cuenta que el IPREM estaba fijado en 868,53 euros mensuales durante el 2024, los ingresos mínimos exigibles en este caso con arreglo al transcrito 54.1 RD 557/2011, para una familia de 2 miembros eran de 1.302,79 euros mensuales (150% del IPREM), y los ingresos de la recurrente a tal fecha, no constan, por cuanto la documentación que se presenta es acreditativa de los importes que se iban a percibir a partir del día 1 de enero de 2024; pero no de los que se percibían en la fecha de la solicitud, momento en que no estaba dada de alta en la Seguridad Social. De la documental aportada, tampoco se observa nómina alguna del mes de noviembre o de diciembre (momento de la solicitud).

(iii) En el momento en que presentó la solicitud, la actora estaba de baja en la Seguridad Social, siendo la última nómina aportada, la del mes de octubre de 2023.

(iv) El contrato de trabajo se suscribió el 1 de noviembre de 2023 y se extinguió durante la situación de incapacidad temporal.

(v) El importe que recibe en concepto de prestación, asciende al 70% de la base reguladora (66,44 euros diarios), es decir, 46,51 euros al día, entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2024. Añade que suma aproximadamente 1.395 euros/mes, reduciéndose a partir del 29 de junio de 2024, a un 60%, lo que supone 39,86 euros/día, que suma aproximadamente 1.195 euros/mes, cantidad muy inferior al 150% del IPREM: 1.302,79 euros mensuales

En relación con los seis meses anteriores, desde el mes de junio de 2023, relaciona las cantidades que resultan del expediente (nóminas emitidas por la mercantil GCTT PLUS ETT, S.L.) en las que constan prorrateadas las pagas extras y las vacaciones.

Por consiguiente, se constata que durante los seis meses anteriores a la solicitud, la recurrente percibió las cantidades siguientes:

"- Periodo del 1 al 30 de junio de 2023: 1.725,76 €

- Periodo del 17 al 31 de julio de 2023: 774,33 €

- Periodo del 1 al 31 de agosto de 2023: 1.742,67 €

- Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023: 1.815,66 €

- Periodo del 16 al 31 de octubre de 2023: 793,42 €"

La suma de estos ingresos era de 6.851,84 €, que "prorrateados en los seis meses anteriores ascienden a un total mensual demostrable de 1.141,97"euros que no alcanzaba "a cubrir el 150% del IPREM"(1.302,79 € mensuales).

En cuanto a los 1.866,98 euros percibidos por la recurrente, en concepto de liquidación de contrato, sostiene que no alteraban el importe de los ingresos regulares que podía acreditar durante los seis meses previos a la solicitud, al ser una percepción de carácter puntual, y no recurrente, como es el caso del salario.

Finalmente, expone que de la información que resulta de la documentación aportada (folios 99 y 100 del Ea), se desprende que en caso de que la recurrente hubiera continuado en situación de desempleo cuando finalizó su incapacidad temporal y en el caso de que se le reconociera el derecho a la prestación por desempleo, se descontaría del periodo que le correspondiera, el tiempo que hubiera estado en situación de incapacidad temporal, desde el momento de la extinción de su contrato, pudiendo cobrar el periodo de prestación restante, si no se hubiera consumido todo el periodo al que tuviera derecho. En caso contrario, sólo tendría derecho a solicitar el subsidio por desempleo por agotamiento de prestación, si cumpliera los requisitos establecidos al efecto.

Solicita que se desestime el recurso de apelación.

TERCERO: Resolución de la controversia planteada en esta segunda instancia

3.1 Régimen jurídico aplicable al caso

Los arts. 16 y 17 de la Ley Orgánica 4/2000, regulan el derecho a la reagrupación familiar, estableciendo que:

"1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en la Ley Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España.

2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos a los familiares que se determinan en el artículo 17".

El art. 17, recoge, entre otros familiares, al cónyuge, que es el caso de autos.

En lo que ahora interesa, el desarrollo reglamentario se encuentra en los arts. 53 y 54 del Real Decreto 557/2011, aplicable por razones de vigencia temporal.

El art. 53 en relación con los familiares reagrupables dispone:

"El extranjero podrá reagrupar con él en España a los siguientes familiares:

a) Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.

En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial.

El extranjero residente que se encuentre casado en segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la disolución de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para los hijos menores o mayores dependientes.

b) (...)"

Sobre la acreditación de los medios económicos por un extranjero para obtener una autorización de residencia por reagrupación, a favor de los familiares reglados, el art. 54 dispone:

"1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus familiares deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha autorización la documentación que acredite que se cuenta con medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social en la cuantía que, con carácter de mínima y referida al momento de solicitud de la autorización, se expresa a continuación, en euros, o su equivalente legal en moneda extranjera, según el número de personas que solicite reagrupar, y teniendo en cuenta además el número de familiares que ya conviven con él en España a su cargo:

a) En caso de unidades familiares que incluyan, computando al reagrupante y al llegar a España la persona reagrupada, dos miembros: se exigirá una cantidad que representemensualmente el 150% del IPREM.

(...)

2. Las autorizaciones no serán concedidas si se determina indubitadamente que no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. En dicha determinación, la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud.

(...)

5. Sin perjuicio de la presentación de cualquier documento o medio de prueba que, a juicio del solicitante, justifique la disposición de los medios, podrá aportar la siguiente documentación:

a) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta ajena:

1.º Copia del contrato de trabajo.

2.º Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año anterior. Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la correspondiente a la última anualidad.

b) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia:

1.º Acreditación de la actividad que desarrolla.

2.º Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año anterior. Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la correspondiente a la última anualidad.

c) En caso de no realizarse ninguna actividad lucrativa en España: cheques certificados, cheques de viaje o cartas de pago o tarjetas de crédito, acompañadas de una certificación bancaria de la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta o certificación bancaria".

(...)"

Es de aplicación al caso, el art. 283 de la Ley Reguladora de la Seguridad Social (TRLGSS, RDL 8/2015, de 30 de octubre, regula la prestación por desempleo e incapacidad temporal:

"1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo en el supuesto de que la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267.1 y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo contributivo que le corresponda de haberse iniciado la percepción de la misma en la fecha de extinción del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo.En tal caso, se descontará del período de percepción de la prestación por desempleo, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de la extinción del contrato de trabajo.

La entidad gestora de las prestaciones por desempleo efectuará las cotizaciones a la Seguridad Social conforme a lo previsto en el artículo 265.1.a) 2.º, asumiendo en este caso la aportación que corresponde al trabajador en su totalidad por todo el período que se descuente como consumido, incluso cuando no se haya solicitado la prestación por desempleo y sin solución de continuidad se pase a una situación de incapacidad permanente o jubilación, o se produzca el fallecimiento del trabajador que dé derecho a prestaciones de muerte y supervivencia.".[la negrita es nuestra]

El art. 42 del mismo texto legal regula la acción protectora del sistema de la Seguridad Social,

"1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá:

c) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; protección por cese de actividad; pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; pensión de orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por defunción; indemnización en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, así como las que se otorguen en las contingencias ysituaciones especiales que reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente."

Conforme al art. 169, tienen la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal, entre otras, las debidas a "enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación"(letra a).

Esta situación da derecho a una prestación económica que "... en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y se hará efectivo en los términos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo"(art. 171).

De acuerdo con el art. 172 serán beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal "las personas incluidas en este Régimen General que se encuentren en cualquiera de las situaciones determinadas en el artículo 169, siempre que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, acrediten"los períodos mínimos de cotización:

"a) En caso de enfermedad común, ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante (...)

b) En caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización".

La cuantía del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) viene regulada en la Ley General de Presupuetos del Estado. En este caso, en la Disposición Adicional Nonagésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, en estos términos:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio , para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2023:

a) El IPREM diario, 20 euros.

b) El IPREM mensual, 600 euros.

c) El IPREM anual, 7.200 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 8.400 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 7.200 euros.".

3.2 Necesidad de disponer de medios económicos

La STS nº 1628/2020, de 30 de noviembre de 2020, dictada en el rec. cas. nº 6771/2019 (ECLI: ES:TS:2020:3944) si bien referida a la aplicación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, nos dice que para determinar la concurrencia del requisito de contar el reagrupante con medios económicos suficientes para sí y su familia del artículo 7.1.b) del Real Decreto 240/2007, ha de atenderse a la "situación económica existente y constatada en el momento de la solicitud".Este criterio es también aplicable al caso de autos.

3.3 Sobre el IPREM y su cuantía

Como ha quedado dicho, de la Disposición adicional nonagésima de la Ley 31/2022, se desprende que el IPREM estaba fijado para 2023 en 600 euros. Dicha cantidad, al no haberse aprobado otra Ley de Presupuestos Generales del Estado es la misma a aplicar para el año 2024, que fue el de la presentación de la solicitud de autos en enero de 2024.

Debe significarse que tanto el Abogado del Estado como la sentencia fijan el IPREM en 868, 53 euros. Pero esta no es la cantidad que fija la Ley 31/2022, arriba transcrita y no se justifica a qué atiende la suma aplicada.

Debe advertirse que la propia Administración formuló el requerimiento que obra en el folio 91 del Ea, con e) para que aportara:

"Documentación acreditativa del empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. Para unidades familiares que incluyan dos miembros se exigirá una cantidad que represente el 150% del IPREM (este año asciende a 868.53 euros),por cada miembro adicional se deberá sumar un 50% más (289.51 euros)." [la negrita es nuestra]

Del propio texto del requerimiento ya se advierte que la cantidad fijada entre paréntesis -868,53 euros- no es la del IPREM, sino de la cantidad que se le exige y que se corresponde con la suma a la que ascendía entonces el 150% para unidades familiares de dos miembros. Se corrobora, todavía más, cuando puntualiza que en caso de añadir a un miembro más, deberá computarse de forma añadida un 50% más, que se fija en 289,51 euros, cantidad que, no se corresponde con el 50% de los 868,53 euros, determinados en el mismo párrafo (s.e.u.o. sumaría unos 434,26 euros).

Dicho esto, lo relevante aquí es que el IPREM estaba fijado para el año 2024 en 600 euros mensuales, por lo que un 50% más, requería la suma de 900 euros al mes.

La sentencia de instancia yerra cuando aplica miméticamente a la suma de 868,53 euros, el 50% más y calcula el IPREM a exigir en 1.302,79 euros.

Al tiempo, aprecia que en los seis meses anteriores que se han relacionado ya en el fundamento de derecho segundo (y no es menester reproducir) la actora tuvo unos ingresos de 6.851,84 euros, lo que representa un "total mensual demostrable" de 1.141,97 euros, concluyendo que no alcanza el 150% del IPREM.

Comparando los 900 euros y los 1.141,97 de media (cálculo admitido por las partes), se colige que la actora cumplía con el requisito de acreditar que contaba, al menos, con el 150% IPREM, al tiempo de formular la solicitud de autos, el 8 de enero de 2024, con las precisiones que se dirán.

Otra cuestión que se plantea es que no estaba dada de alta en el SEPE cuando presentó la solicitud. Pero ello tiene una explicación legal: se hallaba en situación de incapacidad laboral.

Ello resulta de los documentos públicos aportados por la actora al expediente administrativo y acompañados de nuevo con la demanda. La eficacia probatoria de los dos certificados mencionados más arriba (folios 99 a 101 del EA) no puede cuestionarse. Y la actora fue requerida para aportar un certificado del SEPE que no hubiera aportado nada al caso porque, el 8 de enero de 2024, no estaba dada de alta en el SEPE, sino en situación de incapacidad temporal.

Al respecto, asiste la razón a la parte apelante cuando nos dice que los medios de prueba que relaciona el art. 54.5 del Reglamento, arriba transcrito, no son númerus clausus, tal como resulta del término potestativo "podrá".Por lo demás, la situación de Incapacidad Temporal es asimilable a la situación de alta y da derecho a la percepción de las prestaciones que correspondan.

La previsión legal del art. 283 del TRLGSS, de carácter social, obedece a la intención del legislador de equiparar la situación de incapacidad temporal a la prestación por desempleo cuando dicha incapacidad se dé simultáneamente a la extinción del contrato laboral, evitando perjudicar al trabajador que se encuentre en dicha situación y se modifiquen sus circunstancias.

El art. 283 del TRLGSS, prevé la situación que se ha dado en este caso en los términos que han quedado dichos. La situación de desempleo tenía como fecha previsible de vencimiento, el 16 de diciembre de 2024, es decir, 23 días antes de la fecha en que finalizaba el año posterior a la solicitud (8 de enero de 2025).

Sobre los rendimientos futuros durante el año posterior a la solicitud, la resolución administrativa motiva la denegación en que no había quedado acreditado "tras el análisis de la evolución de los medios económicos en los seis meses previosa la fecha de la solicitud", de que existiera para la reagrupante una "perspectiva de mantenimiento de medios económicos suficientes durante el año posteriora la fecha de presentación de la referida solicitud, todo ello conforme exige el art. 54.2 del Reglamento aprobado por RD 557/2011 , dado que de la información obtenida del sistema informático de esta oficina se desprende que en el momento de la solicitud figura de baja en Seguridad Social".

El art. 54.2 del Reglamento impide conceder las autorizaciones cuando se determine "indubitadamente"que "no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos"durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud, añadiendo que "la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previosa la fecha de presentación de la solicitud".

Estamos ante hipótesis de futuro en base a datos pasados acreditados. Por lo tanto, acreditado que durante los seis meses anteriores a la solicitud la actora cumplía con el 150% del IPREM que exigía la norma y teniendo una previsión de percibir las prestaciones por incapacidad temporal y por desempleo hasta casi un año después de la solicitud, no cabe inferir que la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el año posterior no sea la misma que la que tenía al tiempo de presentar la solicitud.

Entendemos que los ingresos previos a la fecha de presentación de la solicitud, que superaban el 150% del IPREM, junto a las prestaciones a percibir por incapacidad temporal, puesto que es una prestación básica del sistema de la Seguridad Social que viene dada por un supuesto de enfermedad común, y por el sistema de la acción protectora de la Seguridad Social y del desempleo, asimilable a la situación de alta, hubieran debido valorarse por la Administración, ya que la norma exige que la falta de perspectiva de mantenimiento de los medios económicos sea "indubitada", lo que exige una valoración reforzada, que no se ha dado en este caso.

En consecuencia, se impone la estimación del recurso de apelación, con la consiguiente estimación del recurso contencioso-administrativo y de la demanda, anulando la resolución administrativa impugnada, con todos los efectos jurídicos inherentes a tal declaración, como se solicita en el suplico.

CUARTO: Costas

La estimación del recurso de apelación no comporta la imposición de costas a la parte apelante, al amparo del art. 139.2 de la LJCA.

Dada la controversia que se plantea, tampoco procede efectuar imposición de costas en la instancia.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO: Crítica de la parte apelante

La parte actora, reagrupante, interpone el presente recurso de apelación contra la sentencia arriba indicada que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución, de 27 de febrero de 2024, que había denegado la autorización de residencia temporal por reagrupación familiar presentada el día 8 de enero de 2024. El reagrupado es cónyuge de la actora.

Se critica la sentencia de instancia porque no ha tenido en cuenta que ha quedado acreditado que dispone de recursos económicos suficientes, en los términos que se exigen en los arts. 53 y 54 del Reglamento aprobado por Real Decreto 557/2011.

Alega que fue requerida en vía administrativa para que aportara, en lo que ahora interesa, el "Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) donde consten periodo reconocido y cantidad que percibe de la prestación por desempleo".

En cumplimiento del requerimiento aportó las dos certificaciones que obran en los folios 99 y 100 del Ea. El primer certificado, de 20 de febrero de 2024, fue expedido por el Instituto de la Seguridad Social Dirección Provincial de Girona, en el cual se hace constar que, al tiempo de su expedición, la reagrupante estaba percibiendo subsidio por incapacidad temporal por enfermedad común. Conforme al mismo certificado la base reguladora diaria era de 66,44 euros, haciendo percibido 2.046,35 euros por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 2024 (folio 99 del Ea).

En el segundo certificado, también del Instituto de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Girona, de 10 de enero de 2024, se le comunicaba que, como se había extinguido el contrato de trabajo, mientras estaba en situación de incapacidad temporal, la cuantía de la prestación sería la misma que la prestación por desempleo (en aplicación del art. 283 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 8/2015).

La resolución administrativa, de 26 de febrero de 2024, denegó la autorización por no haber quedado acreditados unos ingresos del 150% del IPREM y porque tampoco se apreciaba que una perspectiva de mantenimiento de medios económicos suficientes de la reagrupante, durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud, teniendo en cuenta que "de la información obtenida del sistema informático de esta oficina se desprende que en el momento de la solicitud figura de baja en Seguridad Social".

La apelante entiende que ni la Administración ni la sentencia de instancia han tenido en cuenta que, cuando la actora presentó la solicitud estaba en situación de incapacidad temporal, y que no fue hasta posteriormente, cuando se extinguió la relación laboral y pasó a percibir las prestaciones por desempleo. En la certificación del folio 100 y 101 del Ea se hace constar la fecha de efecto, que fue desde el 1 de enero de 2024 al 16 de diciembre de 2024.

Añade que, cuando presentó la solicitud no estaba dada de alta en la Seguridad Social, pero sí estaba en situación de Incapacidad Temporal, que se asimila al alta cuando se está ejerciendo una actividad laboral.

Pone de relieve que contra la resolución administrativa interpuso recurso de reposición y que en dos ocasiones solicitó que se dictase resolución expresa, acudiendo finalmente a la vía contencioso-administrativa contra la resolución presuntamente desestimatoria.

En definitiva, sostiene que cumple con el requisito de disponer de medios económicos y pone de relieve que el art. 54.5 del Reglamento de Extranjería contiene una lista de medios de prueba que no es númerus clausus., por lo que los documentos públicos aportados hacen prueba de su contenido.

Solicita que se estime el recurso de apelación, se revoque la sentencia de instancia y se estimen en su totalidad las pretensiones de fondo formuladas, con expresa imposición de costas en la primera instancia y las demás que procedan en Derecho.

SEGUNDO: Oposición de la parte apelada

La Administración demandada se opone al recurso. Refiere las circunstancias fácticas del caso y considera que la actora no acreditó que disponía de recursos económicos para satisfacer las necesidades propias y del reagrupante (150% del IPREM, que calcula en 1302,79 euros). A su juicio, tampoco se acreditó que pudiera disponer, durante el año posterior a la solicitud, de unos medios económicos suficientes.

Añade que:

(i) En caso de seguir en situación de desempleo al finalizar su incapacidad temporal, se entenderían consumidas todas aquellas prestaciones mensuales que hubiera percibido, no constando en autos, otros medios económicos con los que pudiera contar, en caso de producirse tal situación.

(ii) Habida cuenta que el IPREM estaba fijado en 868,53 euros mensuales durante el 2024, los ingresos mínimos exigibles en este caso con arreglo al transcrito 54.1 RD 557/2011, para una familia de 2 miembros eran de 1.302,79 euros mensuales (150% del IPREM), y los ingresos de la recurrente a tal fecha, no constan, por cuanto la documentación que se presenta es acreditativa de los importes que se iban a percibir a partir del día 1 de enero de 2024; pero no de los que se percibían en la fecha de la solicitud, momento en que no estaba dada de alta en la Seguridad Social. De la documental aportada, tampoco se observa nómina alguna del mes de noviembre o de diciembre (momento de la solicitud).

(iii) En el momento en que presentó la solicitud, la actora estaba de baja en la Seguridad Social, siendo la última nómina aportada, la del mes de octubre de 2023.

(iv) El contrato de trabajo se suscribió el 1 de noviembre de 2023 y se extinguió durante la situación de incapacidad temporal.

(v) El importe que recibe en concepto de prestación, asciende al 70% de la base reguladora (66,44 euros diarios), es decir, 46,51 euros al día, entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2024. Añade que suma aproximadamente 1.395 euros/mes, reduciéndose a partir del 29 de junio de 2024, a un 60%, lo que supone 39,86 euros/día, que suma aproximadamente 1.195 euros/mes, cantidad muy inferior al 150% del IPREM: 1.302,79 euros mensuales

En relación con los seis meses anteriores, desde el mes de junio de 2023, relaciona las cantidades que resultan del expediente (nóminas emitidas por la mercantil GCTT PLUS ETT, S.L.) en las que constan prorrateadas las pagas extras y las vacaciones.

Por consiguiente, se constata que durante los seis meses anteriores a la solicitud, la recurrente percibió las cantidades siguientes:

"- Periodo del 1 al 30 de junio de 2023: 1.725,76 €

- Periodo del 17 al 31 de julio de 2023: 774,33 €

- Periodo del 1 al 31 de agosto de 2023: 1.742,67 €

- Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023: 1.815,66 €

- Periodo del 16 al 31 de octubre de 2023: 793,42 €"

La suma de estos ingresos era de 6.851,84 €, que "prorrateados en los seis meses anteriores ascienden a un total mensual demostrable de 1.141,97"euros que no alcanzaba "a cubrir el 150% del IPREM"(1.302,79 € mensuales).

En cuanto a los 1.866,98 euros percibidos por la recurrente, en concepto de liquidación de contrato, sostiene que no alteraban el importe de los ingresos regulares que podía acreditar durante los seis meses previos a la solicitud, al ser una percepción de carácter puntual, y no recurrente, como es el caso del salario.

Finalmente, expone que de la información que resulta de la documentación aportada (folios 99 y 100 del Ea), se desprende que en caso de que la recurrente hubiera continuado en situación de desempleo cuando finalizó su incapacidad temporal y en el caso de que se le reconociera el derecho a la prestación por desempleo, se descontaría del periodo que le correspondiera, el tiempo que hubiera estado en situación de incapacidad temporal, desde el momento de la extinción de su contrato, pudiendo cobrar el periodo de prestación restante, si no se hubiera consumido todo el periodo al que tuviera derecho. En caso contrario, sólo tendría derecho a solicitar el subsidio por desempleo por agotamiento de prestación, si cumpliera los requisitos establecidos al efecto.

Solicita que se desestime el recurso de apelación.

TERCERO: Resolución de la controversia planteada en esta segunda instancia

3.1 Régimen jurídico aplicable al caso

Los arts. 16 y 17 de la Ley Orgánica 4/2000, regulan el derecho a la reagrupación familiar, estableciendo que:

"1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en la Ley Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España.

2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos a los familiares que se determinan en el artículo 17".

El art. 17, recoge, entre otros familiares, al cónyuge, que es el caso de autos.

En lo que ahora interesa, el desarrollo reglamentario se encuentra en los arts. 53 y 54 del Real Decreto 557/2011, aplicable por razones de vigencia temporal.

El art. 53 en relación con los familiares reagrupables dispone:

"El extranjero podrá reagrupar con él en España a los siguientes familiares:

a) Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.

En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial.

El extranjero residente que se encuentre casado en segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la disolución de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para los hijos menores o mayores dependientes.

b) (...)"

Sobre la acreditación de los medios económicos por un extranjero para obtener una autorización de residencia por reagrupación, a favor de los familiares reglados, el art. 54 dispone:

"1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus familiares deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha autorización la documentación que acredite que se cuenta con medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social en la cuantía que, con carácter de mínima y referida al momento de solicitud de la autorización, se expresa a continuación, en euros, o su equivalente legal en moneda extranjera, según el número de personas que solicite reagrupar, y teniendo en cuenta además el número de familiares que ya conviven con él en España a su cargo:

a) En caso de unidades familiares que incluyan, computando al reagrupante y al llegar a España la persona reagrupada, dos miembros: se exigirá una cantidad que representemensualmente el 150% del IPREM.

(...)

2. Las autorizaciones no serán concedidas si se determina indubitadamente que no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. En dicha determinación, la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud.

(...)

5. Sin perjuicio de la presentación de cualquier documento o medio de prueba que, a juicio del solicitante, justifique la disposición de los medios, podrá aportar la siguiente documentación:

a) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta ajena:

1.º Copia del contrato de trabajo.

2.º Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año anterior. Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la correspondiente a la última anualidad.

b) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia:

1.º Acreditación de la actividad que desarrolla.

2.º Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año anterior. Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la correspondiente a la última anualidad.

c) En caso de no realizarse ninguna actividad lucrativa en España: cheques certificados, cheques de viaje o cartas de pago o tarjetas de crédito, acompañadas de una certificación bancaria de la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta o certificación bancaria".

(...)"

Es de aplicación al caso, el art. 283 de la Ley Reguladora de la Seguridad Social (TRLGSS, RDL 8/2015, de 30 de octubre, regula la prestación por desempleo e incapacidad temporal:

"1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo en el supuesto de que la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267.1 y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo contributivo que le corresponda de haberse iniciado la percepción de la misma en la fecha de extinción del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo.En tal caso, se descontará del período de percepción de la prestación por desempleo, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de la extinción del contrato de trabajo.

La entidad gestora de las prestaciones por desempleo efectuará las cotizaciones a la Seguridad Social conforme a lo previsto en el artículo 265.1.a) 2.º, asumiendo en este caso la aportación que corresponde al trabajador en su totalidad por todo el período que se descuente como consumido, incluso cuando no se haya solicitado la prestación por desempleo y sin solución de continuidad se pase a una situación de incapacidad permanente o jubilación, o se produzca el fallecimiento del trabajador que dé derecho a prestaciones de muerte y supervivencia.".[la negrita es nuestra]

El art. 42 del mismo texto legal regula la acción protectora del sistema de la Seguridad Social,

"1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá:

c) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; protección por cese de actividad; pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; pensión de orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por defunción; indemnización en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, así como las que se otorguen en las contingencias ysituaciones especiales que reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente."

Conforme al art. 169, tienen la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal, entre otras, las debidas a "enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación"(letra a).

Esta situación da derecho a una prestación económica que "... en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y se hará efectivo en los términos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo"(art. 171).

De acuerdo con el art. 172 serán beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal "las personas incluidas en este Régimen General que se encuentren en cualquiera de las situaciones determinadas en el artículo 169, siempre que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, acrediten"los períodos mínimos de cotización:

"a) En caso de enfermedad común, ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante (...)

b) En caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización".

La cuantía del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) viene regulada en la Ley General de Presupuetos del Estado. En este caso, en la Disposición Adicional Nonagésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, en estos términos:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio , para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2023:

a) El IPREM diario, 20 euros.

b) El IPREM mensual, 600 euros.

c) El IPREM anual, 7.200 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 8.400 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 7.200 euros.".

3.2 Necesidad de disponer de medios económicos

La STS nº 1628/2020, de 30 de noviembre de 2020, dictada en el rec. cas. nº 6771/2019 (ECLI: ES:TS:2020:3944) si bien referida a la aplicación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, nos dice que para determinar la concurrencia del requisito de contar el reagrupante con medios económicos suficientes para sí y su familia del artículo 7.1.b) del Real Decreto 240/2007, ha de atenderse a la "situación económica existente y constatada en el momento de la solicitud".Este criterio es también aplicable al caso de autos.

3.3 Sobre el IPREM y su cuantía

Como ha quedado dicho, de la Disposición adicional nonagésima de la Ley 31/2022, se desprende que el IPREM estaba fijado para 2023 en 600 euros. Dicha cantidad, al no haberse aprobado otra Ley de Presupuestos Generales del Estado es la misma a aplicar para el año 2024, que fue el de la presentación de la solicitud de autos en enero de 2024.

Debe significarse que tanto el Abogado del Estado como la sentencia fijan el IPREM en 868, 53 euros. Pero esta no es la cantidad que fija la Ley 31/2022, arriba transcrita y no se justifica a qué atiende la suma aplicada.

Debe advertirse que la propia Administración formuló el requerimiento que obra en el folio 91 del Ea, con e) para que aportara:

"Documentación acreditativa del empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. Para unidades familiares que incluyan dos miembros se exigirá una cantidad que represente el 150% del IPREM (este año asciende a 868.53 euros),por cada miembro adicional se deberá sumar un 50% más (289.51 euros)." [la negrita es nuestra]

Del propio texto del requerimiento ya se advierte que la cantidad fijada entre paréntesis -868,53 euros- no es la del IPREM, sino de la cantidad que se le exige y que se corresponde con la suma a la que ascendía entonces el 150% para unidades familiares de dos miembros. Se corrobora, todavía más, cuando puntualiza que en caso de añadir a un miembro más, deberá computarse de forma añadida un 50% más, que se fija en 289,51 euros, cantidad que, no se corresponde con el 50% de los 868,53 euros, determinados en el mismo párrafo (s.e.u.o. sumaría unos 434,26 euros).

Dicho esto, lo relevante aquí es que el IPREM estaba fijado para el año 2024 en 600 euros mensuales, por lo que un 50% más, requería la suma de 900 euros al mes.

La sentencia de instancia yerra cuando aplica miméticamente a la suma de 868,53 euros, el 50% más y calcula el IPREM a exigir en 1.302,79 euros.

Al tiempo, aprecia que en los seis meses anteriores que se han relacionado ya en el fundamento de derecho segundo (y no es menester reproducir) la actora tuvo unos ingresos de 6.851,84 euros, lo que representa un "total mensual demostrable" de 1.141,97 euros, concluyendo que no alcanza el 150% del IPREM.

Comparando los 900 euros y los 1.141,97 de media (cálculo admitido por las partes), se colige que la actora cumplía con el requisito de acreditar que contaba, al menos, con el 150% IPREM, al tiempo de formular la solicitud de autos, el 8 de enero de 2024, con las precisiones que se dirán.

Otra cuestión que se plantea es que no estaba dada de alta en el SEPE cuando presentó la solicitud. Pero ello tiene una explicación legal: se hallaba en situación de incapacidad laboral.

Ello resulta de los documentos públicos aportados por la actora al expediente administrativo y acompañados de nuevo con la demanda. La eficacia probatoria de los dos certificados mencionados más arriba (folios 99 a 101 del EA) no puede cuestionarse. Y la actora fue requerida para aportar un certificado del SEPE que no hubiera aportado nada al caso porque, el 8 de enero de 2024, no estaba dada de alta en el SEPE, sino en situación de incapacidad temporal.

Al respecto, asiste la razón a la parte apelante cuando nos dice que los medios de prueba que relaciona el art. 54.5 del Reglamento, arriba transcrito, no son númerus clausus, tal como resulta del término potestativo "podrá".Por lo demás, la situación de Incapacidad Temporal es asimilable a la situación de alta y da derecho a la percepción de las prestaciones que correspondan.

La previsión legal del art. 283 del TRLGSS, de carácter social, obedece a la intención del legislador de equiparar la situación de incapacidad temporal a la prestación por desempleo cuando dicha incapacidad se dé simultáneamente a la extinción del contrato laboral, evitando perjudicar al trabajador que se encuentre en dicha situación y se modifiquen sus circunstancias.

El art. 283 del TRLGSS, prevé la situación que se ha dado en este caso en los términos que han quedado dichos. La situación de desempleo tenía como fecha previsible de vencimiento, el 16 de diciembre de 2024, es decir, 23 días antes de la fecha en que finalizaba el año posterior a la solicitud (8 de enero de 2025).

Sobre los rendimientos futuros durante el año posterior a la solicitud, la resolución administrativa motiva la denegación en que no había quedado acreditado "tras el análisis de la evolución de los medios económicos en los seis meses previosa la fecha de la solicitud", de que existiera para la reagrupante una "perspectiva de mantenimiento de medios económicos suficientes durante el año posteriora la fecha de presentación de la referida solicitud, todo ello conforme exige el art. 54.2 del Reglamento aprobado por RD 557/2011 , dado que de la información obtenida del sistema informático de esta oficina se desprende que en el momento de la solicitud figura de baja en Seguridad Social".

El art. 54.2 del Reglamento impide conceder las autorizaciones cuando se determine "indubitadamente"que "no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos"durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud, añadiendo que "la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previosa la fecha de presentación de la solicitud".

Estamos ante hipótesis de futuro en base a datos pasados acreditados. Por lo tanto, acreditado que durante los seis meses anteriores a la solicitud la actora cumplía con el 150% del IPREM que exigía la norma y teniendo una previsión de percibir las prestaciones por incapacidad temporal y por desempleo hasta casi un año después de la solicitud, no cabe inferir que la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el año posterior no sea la misma que la que tenía al tiempo de presentar la solicitud.

Entendemos que los ingresos previos a la fecha de presentación de la solicitud, que superaban el 150% del IPREM, junto a las prestaciones a percibir por incapacidad temporal, puesto que es una prestación básica del sistema de la Seguridad Social que viene dada por un supuesto de enfermedad común, y por el sistema de la acción protectora de la Seguridad Social y del desempleo, asimilable a la situación de alta, hubieran debido valorarse por la Administración, ya que la norma exige que la falta de perspectiva de mantenimiento de los medios económicos sea "indubitada", lo que exige una valoración reforzada, que no se ha dado en este caso.

En consecuencia, se impone la estimación del recurso de apelación, con la consiguiente estimación del recurso contencioso-administrativo y de la demanda, anulando la resolución administrativa impugnada, con todos los efectos jurídicos inherentes a tal declaración, como se solicita en el suplico.

CUARTO: Costas

La estimación del recurso de apelación no comporta la imposición de costas a la parte apelante, al amparo del art. 139.2 de la LJCA.

Dada la controversia que se plantea, tampoco procede efectuar imposición de costas en la instancia.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.