Sentencia Contencioso-Administrativo 321/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 281/2024 de 17 de junio del 2025

PRIMERO.- Objeto del proceso

El apelante se alza contra la sentencia nº 102/2024, de 27 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Vitoria-Gasteiz, por la que se desestima su recurso contra la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava de 31 de mayo de 2023, que acordaba su expulsión del territorio nacional con prohibición expresa de entrar nuevamente en el plazo de 5 años.

La pretensión del suplico del recurso devolutivo es la revocación de la sentencia de instancia, con adicional declaración de la nulidad de la resolución impugnada, por resultar "no ajustada a Derecho y desproporcionada (...)".

La Administración del Estado se ha opuesto al recurso, pidiendo la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Sentencia apelada

1.- La sentencia reconoce que el demandante se encuentra identificado y que ha declarado estar domiciliado en San Sebastián, constando empadronamiento en DIRECCION000, así como contrato de arrendamiento de habitación desde el 1 de marzo de 2024 en esa población (docs. 4 y 5 aportados en la vista por la parte actora).

Ello no obstante, "lo cierto es que ha sido condenado por 11 delitos de hurto del artículo 234 de Código Penal , por dos delitos de robo con violencia e intimidación del artículo 242.1 del Código Penal , y por un delito de lesiones del artículo 147 del Código Penal , habiendo estado internado en Centro Penitenciario de Álava cumpliendo pena privativa de libertad superior a 1 año (la STS de 17 de junio de 2.021 indica que el inciso "delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año" debe ser interpretado en el sentido de que se refiere a la pena asignada, en abstracto, al tipo en la legislación penal y no a la pena efectivamente impuesta en el caso concreto como consecuencia de la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal") y no consta que se hayan cancelado los antecedentes penales".

Por añadidura, la sentencia tiene en cuenta que "ha incumplido la obligación de abandonar el territorio nacional, al constar, al dictarse la resolución cuya anulación se solicita, en vigor una orden de expulsión por estancia irregular de fecha 22 de agosto de 2018."

2.- "Respecto de su arraigo familiar y personal, consta acreditado que el recurrente tiene una hija nacida el NUM000 de 2012, Ángela, de nacionalidad hondureña, que esta empadronada en San Sebastián y que esta matriculada en 6º de primaria en un colegio en San Sebastián (docs. 1, 2 y 3, aportados por la parte actora en la vista)".

A pesar de ello, para el Juzgado "no puede considerarse que la resolución recurrida vulnere el principio de intereses superior del menor en la que se basa el recurrente, puesto que no ha quedado acreditado que el recurrente tenga relación con su hija, y tampoco se ha acreditado mínimamente convivencia ni que se asuman por el recurrente los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad, tales como tenerla en su compañía, cuidarle, alimentarle, constando además que la menor no es nacional española, sino de Honduras. Únicamente se ha aportado el certificado de nacimiento, empadronamiento y escolarización de la menor (en población distinta a la del recurrente)."

3.- Por todos estos motivos, la sentencia concluye que no cabe la estimación del recurso, sin que la sanción pueda sustituirse por la de multa al concurrir varias circunstancias agravantes, debiendo mantenerse la resolución impugnada incluso también en el plazo de prohibición de regreso a España (cinco años), en atención a la entidad y gravedad de las circunstancias negativas adicionales a la estancia irregular.

TERCERO.- Motivación del recurso de apelación

1.- Según el apelante, "la Sentencia recurrida no ha tenido en cuenta los factores positivos que posee el Sr. Bruno: D. Bruno fue poseedor de una tarjeta roja de protección en territorio nacional; lleva más de 6 años en España; D. Bruno tiene arraigo en España siendo que tiene una hija de 12 años, Ángela, nacida el NUM000 de 2012, la cual está estudiando 6º de Primaria en el CEIP DIRECCION001 en San Sebastián; además tiene dos hermanos en España; asimismo, ha estado trabajando en Remar y él se hace cargo de su hija; por otro lado, tiene estudios y realizó la Educación Secundaria en su país; tiene un domicilio fijo en San Sebastián y ya ha cumplido la condena".

Alega que ha pedido la cancelación de sus antecedentes penales, que ahora mismo se está pendiente de su resolución del Ministerio de Justicia, aunque reconoce que dicha cancelación necesitará tiempo ("no ha podido hacer la correspondiente solicitud de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo porque primero debe ir cancelando sus antecedentes penales y ello conlleva tiempo, pero que lo irá haciendo").

2.- El apelante añade que "tiene arraigo en España y, más concretamente, una hija menor de edad (...) sí se está haciendo cargo de su hija. Aportamos, en consecuencia, como Documento nº2 la Declaración Jurada de Dña. Ruth de fecha 29 de abril de 2024, madre de Ángela, por la que confirma que desde el año 2024, el Sr. Bruno entrega 200€ mensuales para la manutención de la niña. Aportamos este documento al amparo del artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 270 del mismo cuerpo legal ."

Para el actor, "la expulsión supondría una vulneración del interés superior del menor, en este caso de su hija, Ángela, el cual consiste en un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a las y los menores".

CUARTO.- Oposición al recurso

En su contestación al recurso devolutivo, la Administración del Estado declara: "Respecto de los motivos de impugnación esgrimidos por la parte actora, nos remitimos a los eximios razonamientos de la sentencia apelada, los cuales damos por reproducidos en el presente recurso a los efectos de evitar reiteraciones innecesarias".

QUINTO.- Doctrina jurisprudencial en relación con la estancia irregular de extranjeros en España

La interpretación jurisprudencial del art. 57.1 de la LOEX en relación con la sanción a imponer en los casos de infracción grave del art. 53.1.a) de la LOEX ha sufrido importantes vaivenes, y recientemente ha sido objeto de matización en las sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, nº 1140/2023, de 18 de septiembre de 2023 (recurso de casación nº 2251/2021) y nº 1141/2023, de la misma fecha (recurso de casación nº 1537/2022).

En aras de la brevedad y para una mayor clarificación, nos limitaremos a exponer la jurisprudencia refundida en las mismas.

A) La Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 .

Las sentencias del Tribunal Supremo ya citadas comienzan por analizar la interpretación de la Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (en adelante, Directiva de retorno).

Tras indicar que su objeto es "establecer una política eficaz de expulsión y repatriación",constatan que su objeto no es "armonizar totalmente las normas de los Estados miembros en materia de residencia de extranjeros",por lo que los Estados miembros no están limitados o condicionados para la imposición de sanciones a la estancia irregular, siempre que las mismas no menoscaben la aplicación de las normas y de los procedimientos comunes ni priven a la Directiva "de su efecto útil".

La Directiva distingue en su artículo 3 entre la decisión de retorno, como "decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se declara irregular la situación de un nacional de un tercer país y se imponga o declare una decisión de retorno";expulsión, en cuanto "ejecución de la obligación de retornar";y salida voluntaria, como "cumplimiento de la obligación de retorno en el plazo fijado a tal efecto en la decisión de retorno".Por tanto, la decisión de retorno puede ejecutarse forzosamente, mediante la expulsión, o de forma voluntaria, en cuanto salida voluntaria.

La decisión de retorno es una obligación de los Estados miembros (art. 6.1), y sólo en caso de no ser respetada por el nacional del tercer Estado, es obligación de los Estados miembros adoptar todas las medidas necesarias para proceder a la expulsión del interesado (art. 8.1). La salida voluntaria, por su parte, debe producirse en el plazo previsto en la decisión de retorno, que ha de ser un plazo adecuado, cuya duración oscilará entre 7 y 30 días (art. 7.1).

Las excepciones a la decisión de retorno se encuentran en los apartados 2 a 5 del art. 6 de la Directiva.

Tras la exposición anterior, el Tribunal Supremo concluye lo siguiente:

"La Directiva no contempla la posibilidad de imponer una multa como alternativa al retorno del extranjero, pero no excluye que pueda ser adoptada en el seno de un procedimiento sancionador siempre que el efecto útil de la Directiva no se vea comprometido."

B) La jurisprudencia del TJUE sobre la Directiva de retorno.

El TJUE se ha pronunciado, a raíz de varias cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales españoles, sobre la interpretación de la Directiva de retorno.

El Tribunal Supremo recuerda que, tras la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 (asunto Zaizoune, C-38/14), fue la sentencia nº 980/2018, de 12 de junio de 2018 (recurso de casación nº 2958/2017) la que fijó la doctrina aplicable.

A su vez, tras la sentencia del TJUE de 8 de octubre de 2020 (asunto C-568/19), fue la sentencia nº 366/2017, de 17 de marzo de 2021 (recurso de casación nº 2870/2020), la que fijó la doctrina aplicable.

Finalmente, tras la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2022 (asunto C-409/2020), fue la sentencia de 16 de marzo de 2022 (recurso de casación nº 6695/2020) la que fijó la doctrina aplicable.

Como señala el Tribunal Supremo, cada una de las sentencias del TJUE ya citadas "es tributaria del marco normativo que le había sido expuesto por el tribunal español que interpelaba la respuesta prejudicial".Así, la STJUE de 2015 da respuesta a una supuesta incompatibilidad de la decisión de retorno con la imposición de la sanción de multa en un procedimiento sancionador, considerándola no conforme con el Derecho de la Unión. Por su parte, la STJUE de 2020 da respuesta a una situación de aplicación directa de la Directiva en perjuicio de los particulares, pues al producirse aquélla se dejaban de aplicar disposiciones internas más beneficiosas en materia sancionadora. Finalmente, la STJUE de 2022 se basa en la interpretación de que nuestro ordenamiento interno, al prever la sanción de multa, no regulariza al extranjero ni impide su ulterior expulsión, sino que simplemente le intima a salir voluntariamente en un plazo determinado y, si no lo hace, podrá dictarse orden de expulsión contra aquél, si no ha regularizado su situación.

El Tribunal Supremo avanza que es este último criterio interpretativo del ordenamiento jurídico nacional el que debe adoptarse, y que ello le obliga a rectificar la doctrina fijada en la sentencia de 16 de marzo de 2022 (recurso de casación nº 6695/2020).

C) El ordenamiento jurídico nacional.

El Tribunal Supremo recuerda que el art. 28.3.c) de la LOEX preceptúa que "la salida será obligatoria en los siguientes supuestos: [...] c) [...] falta de autorización para encontrarse en España";y que el art. 24 del Reglamento de la LOEX establece, en su apartado primero, que "en los supuestos de falta de autorización para encontrarse en España [...] la Resolución administrativa dictada al efecto contendrá la advertencia al interesado de la obligatoriedad de su salida del país [...]"y, en su apartado segundo, que "la salida obligatoria habrá de realizarse dentro del plazo establecido en la resolución denegatoria de la solicitud formulada o, en su caso, en el plazo máximo de quince días contado desde el momento en que se notifique la resolución denegatoria, salvo que concurran circunstancias excepcionales y se justifique que se cuenta con medios económicos suficientes; en tal caso, se podrá prorrogar el plazo hasta un máximo de noventa días. Una vez transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado la salida, se aplicará lo previsto en este Reglamento para los supuestos a que se refiere el artículo 53.1.a) de la LOEX. "

La obligación de salida del art. 28.3.c) de la LOEX no desaparece por el hecho de haber sido sancionado el extranjero con una multa por estancia irregular, pues ninguna norma dispone tal cosa.

Razona el Tribunal Supremo lo siguiente:

"Sí resulta incompatible la sanción de expulsión -exart. 57.3 de la LOEX- con la sanción de multa, impuestas ambas en un mismo procedimiento sancionador por unos mismos hechos (la estancia irregular en el territorio nacional). Pero esa prohibición de la doble sanción no es obstáculo para que en la propia resolución sancionadora en la que se le imponga la multa se le haga advertencia al extranjero de la obligatoriedad de su salida, establecida ex legecomo hemos visto, así como la fijación de un plazo para que esta se materialice voluntariamente en los términos establecidos en el art. 24 del Reglamento. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la expulsión posterior, pero esta medida tendrá ya un fundamento distinto y posterior -el mantenerse en situación irregular incumpliendo la obligación de salida ordenada por la Administración- de aquel que dio lugar a la imposición de la multa -encontrarse en situación irregular en territorio nacional sin la concurrencia de las circunstancias de agravación exigidas por el principio de proporcionalidad para la imposición de la sanción de expulsión-.

Estos preceptos, aunque de una forma un tanto confusa, vienen a recoger la distinción conceptual entre decisión de retorno, expulsión y salida voluntaria que se contiene en la Directiva de 2008."

En estos términos, añade el Tribunal Supremo, tiene pleno sentido la incorporación, con la reforma de 2009, en el art. 57 de la LOEX, de la referencia al principio de proporcionalidad para la imposición de la sanción de expulsión en lugar de la sanción de multa allí prevista. Sólo cuando concurran circunstancias de agravación podrá imponerse la primera, debiendo valorarse las mismas mediante el debido juicio de ponderación.

C) El juicio de proporcionalidad.

El Tribunal Supremo recopila las circunstancias de agravación y las que no se pueden considerar como tales.

Son circunstancias de agravación que, motivadas adecuadamente en relación a las circunstancias del caso permitirán, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, imponer la sanción de expulsión, las siguientes:

- Encontrarse el extranjero en situación irregular sin documentación alguna por la que pudiera ser identificado ( sentencia de 27 de mayo de 2008).

- Ignorar por esa ausencia de documentación no solo los datos personales, sino la forma de entrada en territorio nacional ( sentencias de 26 de diciembre de 2007; 14 de junio de 2007; y de 5 de junio de 2007).

- Ignorarse únicamente cuándo y por donde se efectuó la entrada en España ( sentencias de 28 de febrero de 2007, recurso 10263/2003, y de 12 de enero de 2022, recurso 7746/2020).

- No haber cumplimentado voluntariamente una orden previa de salida obligatoria ( sentencia de 22 de febrero de 2007).

- La constatación de que la residencia autorizada fue obtenida de manera fraudulenta, invocando una nacionalidad falsa ( sentencia de 8 de noviembre de 2007, recurso 2448/2004).

- Disponer de documentación identificativa falsa ( sentencias de 25 de octubre de 2007, recurso 2260/2004, y de 27 de mayo de 2008, recurso 5853/2004).

- Constar una prohibición de entrada ( sentencia de 4 de octubre de 2007, recurso 2244/2004).

- Los supuestos a que se hace referencia en el artículo 63.1º, párrafo segundo, de la LOEX al regular el procedimiento preferente: Cuando el extranjero en situación irregular constituya "un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional", cuando es previsible que el extranjero en situación irregular, por las peculiaridades que se acrediten, trate de evitar o dificultar la expulsión, y cuando exista riesgo de incomparecencia ( sentencia nº 366/2021, de 17 de marzo, recurso 2870/2020).

- La existencia de antecedentes penales o policiales, sin bastar una mera referencia genérica a su existencia, sino que debe averiguarse cuál fue su resultado y dejar constancia de ello en el expediente administrativo ( sentencias de 29 de septiembre de 2006, recurso 5450/2003; nº 252/2022, de 28 de febrero, recurso 7671/2020; y nº 1247/2022, de 5 de octubre, recurso 270/2022).

- La carencia de domicilio conocido ( sentencia nº 750/2021, de 27 de mayo, recurso 1739/2020), aunque la misma, como única circunstancia agravante justificadora de la expulsión, no ha sido objeto de estudio en profundidad.

Según la sentencia nº 732/2023, de 5 de junio (recurso de casación nº 3424/2022), los Tribunales, al revisar la resolución de expulsión, pueden revisar también el juicio de ponderación de las circunstancias que puedan justificar la orden de expulsión conforme al material probatorio que obre en las actuaciones, tanto en el proceso como en su expediente.

No son circunstancias de agravación las siguientes:

- No haber constancia de haberse solicitado una prórroga de estancia o un permiso de residencia una vez transcurridos 90 días de permanencia en territorio español.

- La falta de constancia de tener arraigo familiar en España.

- La falta de arraigo social aisladamente considerado.

- La falta de cobertura de la asistencia sanitaria (todas ellas referidas en sentencias nº 208/2022, de 18 de febrero, recurso 5883/2020, y nº 528/2022, de 4 de mayo, recurso 3881/2021).

- Las circunstancias de los arts. 5 y 6, apartados 2 a 5, de la Directiva de retorno ( sentencia nº 1363/2019, de 15 de octubre, recurso 1629/2018).

D) La doctrina del Tribunal Constitucional.

Refiere también el Tribunal Supremo la doctrina del Tribunal Constitucional emanada de la sentencia nº 47/2023, de 10 de mayo, del Pleno, que afirmó que la imposición de la sanción de expulsión sin la concurrencia de circunstancias de agravación infringe el derecho fundamental a la legalidad sancionadora; y ello con objeto de indicar que la nueva interpretación de la norma no incurriría en este vicio.

E) La respuesta a la cuestión con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

El Tribunal Supremo identifica la cuestión con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia como sigue:

"Si, conforme la interpretación dada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de octubre de 2020 -asunto C-568/19 - a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en la conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero o si, por el contrario, la sanción principal es la multa siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular, teniendo en cuenta también la eventual incidencia en la cuestión de la posterior sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de marzo de 2022 -asunto C-409/20 -."

A esta cuestión el Tribunal Supremo da la siguiente respuesta:

"Primero, que la situación de estancia irregular determina, en su caso, la imposición de la sanción de multa o la sanción de expulsión, siendo preferente la primera cuando no concurran circunstancias que, con arreglo al principio de proporcionalidad, justifiquen la expulsión.

Segundo, que cuando la decisión consista en la imposición de una multa, la resolución administrativa que la imponga debe contener una orden de salida de cumplimiento voluntario que concrete el mandato contenido en el art. 28.3.c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , y en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Tercero, que en ejecución de lo acordado los plazos que se establezcan para la salida efectiva del territorio nacional, sin perjuicio de las excepciones que se establecen en nuestro ordenamiento y en la Directiva, deben ser prudentemente limitados en el tiempo, dentro de los márgenes de los que dispone la Administración, a los efectos de no privar a la Directiva de su efecto útil.

Cuarto, que la expulsión, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitación de un procedimiento con plenas garantías de los derechos de los afectados, conforme exige la jurisprudencia comunitaria.

Quinto, que por tales circunstancias de agravación han de considerarse las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo, y que pueden comprender otras de análoga significación".

En cuanto al plazo concreto que puede fijar la Administración para que el nacional del tercer país haga efectiva su salida del territorio nacional, el Tribunal Supremo complementa la doctrina anterior con las siguientes apreciaciones:

"En cuanto a los concretos plazos que debe fijar la Administración para la salida obligatoria, se debe atender a lo que señala la Directiva en el art. 7 para la salida voluntaria (entre siete y treinta días, salvo que se esté incurso en un procedimiento de regularización que permite extender ese plazo prudencialmente) o bien al art. 24 del Reglamento de Extranjería que en relación con la orden de salida obligatoria fija un plazo de cumplimiento de quince días contado desde el momento en que se notifique la resolución que así lo establezca, plazo que podrá ser ampliado hasta 90 días en circunstancias excepcionales y siempre que se justifique que se cuenta con medios económicos suficientes.

La STJUE de 2022, asunto C-409/20 , sobre este punto concreto, señala lo siguiente:

"53 Por lo que atañe a la duración del plazo que puede concederse al interesado para que cumpla voluntariamente la obligación de retorno, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/115 dispone que, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 y 4 de este precepto, la decisión de retorno ha de establecer, en principio, un plazo adecuado, cuya duración oscilará entre siete y treinta días, para la salida voluntaria.

54 A este respecto, el artículo 7, apartado 2, de esta Directiva precisa que los Estados miembros prorrogarán cuando sea necesario el plazo de salida voluntaria durante un tiempo prudencial, atendiendo a las circunstancias concretas del caso de que se trate, como la duración de la estancia, la existencia de niños escolarizados o la existencia de otros vínculos familiares y sociales. Esta disposición no supedita la posibilidad que se ofrece a los Estados miembros a ninguna condición particular.

55 Así pues, incluso en el supuesto de que un nacional de un tercer país en situación irregular no haya acatado la obligación de retorno en el plazo para la salida voluntaria fijado de conformidad con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/115 , el apartado 2 de este precepto permite, en las circunstancias concretas del caso de que se trate, diferir el momento de la ejecución de la obligación de retorno mediante expulsión.

56 Por lo tanto, si bien la Directiva 2008/115 no regula las relaciones entre el procedimiento relativo a una solicitud de residencia por reagrupación familiar presentada por un nacional de un tercer país y el procedimiento de adopción de una decisión de retorno o de expulsión, de las apreciaciones que figuran en los apartados 51 y 55 de la presente sentencia resulta que esta Directiva permite a un Estado miembro, dentro de los límites establecidos en su artículo 7, apartados 1 y 2, diferir la ejecución de la obligación de retorno con respecto a un nacional de un tercer país cuando este trata, por circunstancias concretas de su caso, de regularizar su situación, en particular por motivos familiares."

SEXTO.- Aplicación al caso presente

1.- Como ha quedado expuesto, no resulta controvertido entre las partes que el extranjero se encontraba en situación irregular en España.

2.- Tampoco que en este caso concurren las siguientes circunstancias que agravaban la ilegalidad de la situación:

a) No haber cumplimentado voluntariamente una orden previa de salida obligatoria ( sentencia de 22 de febrero de 2007).

b) Antecedentes penales de los que existe constancia en el expediente administrativo ( sentencias de 29 de septiembre de 2006, recurso 5450/2003; nº 252/2022, de 28 de febrero, recurso 7671/2020; y nº 1247/2022, de 5 de octubre, recurso 270/2022). El apelante ha sido condenado por la comisión de 14 delitos.

3.- La tesis del recurso devolutivo se sustenta en que concurren circunstancias que compensan esta ilegalidad agravada.

A este respecto se debe señalar, en cuanto al alegado arraigo familiar, que consta acreditado por la documentación aportada por el propio apelante en la instancia que éste y su hija están empadronados en distintos municipios, por lo que debe presumirse que no conviven.

En cuanto al documento que ahora presenta para acreditar que entre los meses de enero y abril de 2024 ha abonado 200 euros mensuales para el mantenimiento de la menor, no resulta admisible conforme a los arts. 460 y 270 LECiv que se alegan, pues no se acredita el motivo por el que no pudo aportarse con anterioridad al dictado de la sentencia de instancia. En cualquier caso, por su forma y contenido carece de los requisitos para sustentar la tesis de la dependencia efectiva: contiene una firma no adverada y únicamente refiere una aportación económica a lo largo de cuatro meses (que son precisamente los anteriores al acto del juicio), resultando que la menor nació en 2012, según el certificado de nacimiento que el apelante ha aportado.

4.- En definitiva, ningún reproche cabe hacer a la sentencia apelada cuando aprecia que concurren circunstancias agravantes de razonable entidad para considerar proporcionada la sanción impuesta, y que no concurre ninguna que permita hacer excepción a la aplicación de la misma.

Todo ello impone como única medida posible a aplicar para restablecer el orden jurídico vulnerado la expulsión del territorio nacional, conforme a la doctrina jurisprudencial transcrita.

No existe, en consecuencia, motivo para alterar lo resuelto en la instancia, y el recurso de apelación debe ser desestimado.

SÉPTIMO.- Costas

Conforme a lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA, las costas deben ser soportadas por la parte apelante, hasta el límite de 300 euros, atendidas la naturaleza de la materia y el uso del foro.

Por lo razonado, este Tribunal Superior de Justicia pronuncia el siguiente