Sentencia Contencioso-Administrativo 997/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 326/2022 de 22 de noviembre del 2024

PRIMERO.-Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución de 25/noviembre/2021, de la Subsecretaria de la Conselleria de Sanidad que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria NUM000.

El actor tras el relato de las asistencias médicas en el Hospital de Torrevieja denuncia que no existe consentimiento informado para las intervenciones a las que se sometió a partir del año 2013. Consentimiento informado incompleto no específico para las intervenciones realizadas desde 2013 y carente de la mención de la complicación que surgió tras la intervención.

A continuación, se refiere a la demora excesiva en el cambio de "cotillo" que al carecer el hospital del tamaño adecuado se retrasa un año; sigue diciendo que también se produjo retraso en el proceso de diagnóstico por ignorancia de rotura de material protésico .

Cuantifica los daños en 138.417,89 euros y subsidiariamente en 100.000 euros.

SEGUNDO.-Conforme establece una reiterada jurisprudencia ( SSTS de 16/julio/2.012, cas. 1383/2011, o 25/septiembre/2007, cas. 2052/2003, por todas) la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. Y en el ámbito de la responsabilidad vinculada a la actuación médica o sanitaria, no resulta suficiente la existencia de una lesión -que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable-, sino que es preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente ( SSTS 19/septiembre/2012, rec. 8/2010, o 17/julio/2012, rec. 6870/2010).

Así, en STS de 21/diciembre/2020 RC 803/2019, se reitera que es la antijuridicidad del resultado o lesión -consecuencia de una infracción de la lex artis- lo relevante para la declaración de responsabilidad patrimonial imputable a la Administración por lo que resulta necesaria la acreditación de su acaecimiento. Resumiendo, en su FD sexto:

"Exponente ---y síntesis--- de esta línea jurisprudencial es la doctrina contenida en la STS 418/2018, de 15 de marzo (ECLI:ES:TS: 2018:1084 , RC 1016/2016 ), en la que, sin abandonar el fundamento de imputación de la responsabilidad, introduce en la misma elementos subjetivos o de culpa, dejando constancia de anteriores y reiterados pronunciamientos de la propia Sala:

"La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2007 declaraba que "la jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, así señala la sentencia de 14 de octubre de 2003 que: "Como tiene declarado esta Sala y Sección, en sentencias de 30 de septiembre del corriente , de 13 de septiembre de 2002 y en los reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo, que la anterior cita como la Sentencia, de 5 de junio de 1998 , la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas, convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico". Y, en la sentencia de 13 de noviembre de 1999 , también afirmamos que "Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Jurisprudencia de esta Sala, como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla.""

Más en concreto, en reclamaciones derivadas de prestaciones sanitarias, la jurisprudencia viene declarando que "no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente" - sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril , 3 y 13 de julio y 30 de octubre de 2007 , 9 de diciembre de 2008 y 29 de junio de 2010 -, por lo que "la actividad médica y la obligación del profesional es de medios y no de resultados, de prestación de la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que aseguren la salud de los enfermos, sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, por no ser la salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar, no se trata de un deber que se asume de obtener un resultado exacto, sino más bien de una obligación de medios, que se aportan de la forma más ilimitada posible" -entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 10 y 16 de mayo de 2005 -.

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2012 declaraba: "(...) debemos insistir en que, frente al principio de responsabilidad objetiva interpretado radicalmente y que convertiría a la Administración sanitaria en aseguradora del resultado positivo y, en definitiva, obligada a curar todos las dolencias, la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, pero, en ningún caso, garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales; conforme con este entendimiento del régimen legal de la responsabilidad patrimonial, en modo alguno puede deducirse la existencia de responsabilidad por toda actuación médica que tenga relación causal con una lesión y no concurra ningún supuesto de fuerza mayor, sino que ésta deriva de la, en su caso, inadecuada prestación de los medios razonablemente exigibles (así Sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 2009, recurso 9484/08 , con cita de las de 20 de junio de 2007 y 11 de julio del mismo año).

Con esto queremos decir que la nota de objetividad de la responsabilidad de las Administraciones Públicas no significa que esté basada en la simple producción del daño, pues además este debe ser antijurídico, en el sentido que no deban tener obligación de soportarlo los perjudicados por no haber podido ser evitado con la aplicación de las técnicas sanitarias conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en dicho momento, por lo que únicamente cabe considerar antijurídica la lesión que traiga causa en una auténtica infracción de la lex artis (...)".

Así las cosas, cuando, atendidas las circunstancias del caso, la asistencia sanitaria se ha prestado conforme al estado del saber y con adopción de los medios al alcance del servicio, el resultado lesivo producido no se considera antijurídico, tal y como también se declaraba en las sentencias citadas y en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2002 , refiriéndose a la de 22 de diciembre de 2001 , y en la de 25 de febrero de 2009 , con cita de las de 20 de junio y 11 julio de 2007 . En otro caso, cuando se ha incurrido en infracción de la lex artis, el daño y perjuicio producidos son antijurídicos y deben ser indemnizados.

Reiterando dichos conceptos la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2011, nos recuerda que <

En este sentido, y por citar sólo algunas, hemos dicho en la sentencia de 26 de junio de 2008, dictada en el recurso de casación núm. 4429/2004 , que "... es también doctrina jurisprudencial reiterada, por todas citaremos las Sentencias de 20 de Marzo de 2007 (Rec. 7915/2003 ), 7 de Marzo de 2007 (Rec. 5286/03 ) y de 16 de Marzo de 2005 (Rec. 3149/2001 ) que "a la Administración no es exigible nada más que la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficioso para el paciente", o lo que es lo mismo, la Administración sanitaria no puede constituirse en aseguradora universal y por tanto no cabe apreciar una responsabilidad basada en la exclusiva producción de un resultado dañoso".

Y, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2011 , respecto de los requisitos para la indemnizabilidad del daño, esto es, antijuridicidad y existencia de nexo causal, también nos recuerda la doctrina jurisprudencial, expresando que conforme a reiterada jurisprudencia ( STS de 25 de septiembre de 2007, Rec. casación 2052/2003 con cita de otras anteriores) la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido>>.

Igualmente, la Sala ha perfilado con reiteración el concepto de lex artis ad hoc señalando al respecto en la STS de 11 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS: 2014:1638 ) que "las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en realidad, un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de indemnizar, en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia sanitaria. Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues venimos declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas sanitarias, en función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que pueda mantenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño. La responsabilidad sanitaria nace, en su caso, cuando se la producido una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado. Acorde esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, por tanto, la aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación sanitaria.

Dicho de otro modo, como mero ejemplo de una línea jurisprudencial reflejada en otras muchas, nuestra sentencia de 24 de septiembre de 2004 indica que "este Tribunal Supremo tiene dicho que responsabilidad objetiva no quiere decir que baste con que el daño se produzca para que la Administración tenga que indemnizar, sino que es necesario, además, que no se haya actuado conforme a lo que exige la buena praxis sanitaria" ( STS de 23 de septiembre de 2009, dictada en el recurso de casación núm. 89/2008 )".

A su vez, en la STS de 19 de mayo de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:2494 ) se expresó con claridad que "no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente", por lo que "si no es posible atribuir la lesión o secuelas a una o varias infracciones de la lex artis, no cabe apreciar la infracción que se articula por muy triste que sea el resultado producido", ya que "la ciencia médica es limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos una respuesta coherente a los diferentes fenómenos que se producen y que a pesar de los avances siguen evidenciando la falta de respuesta lógica y justificada de los resultados ".

TERCERO.-Procede, pues, entrar a analizar la concurrencia o no de los requisitos a los que se supedita el éxito de la reclamación de responsabilidad patrimonial, bien entendido que, en relación con la carga probatoria, el Tribunal Supremo (Ss. 19/septiembre/2012, cas. 8/2010, 9/diciembre/2.008, cas.6.580/2.004, o 18/octubre/2005, por todas), reitera lo que constituye regla general de que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, por lo que no habiéndose producido esa prueba no existiría responsabilidad administrativa; en materia de prestación sanitaria se modera tal exigencia de prueba del nexo causal en aplicación del principio de facilidad de la prueba ( SSTS. 20/septiembre/2.005, 4/julio/2.007, 2/noviembre/2.007), en el sentido que la obligación de soportar la carga de la prueba al perjudicado, no empecé que esta exigencia haya de atemperarse a fin de tomar en consideración las dificultades que normalmente encontrará el paciente para cumplirla dentro de las restricciones del ambiente hospitalario, por lo que habrá de adoptarse una cierta flexibilidad de modo que no se exija al perjudicado una prueba imposible o diabólica, principio que obliga a la Administración, en determinados supuestos, a ser ella la que ha de acreditar, precisamente por disponer de medios y elementos suficientes para ello, que su actuación fue en todo caso conforme a las exigencias de la lex artis, pues no sería objetiva la responsabilidad que hiciera recaer en todos los casos sobre el administrado la carga de probar que la Administración sanitaria no ha actuado conforme a las exigencias de una recta praxis médica.

CUARTO.-Por tanto, en procedimientos de esta naturaleza -Infracción de la Lex-Artis- la respuesta de la Sala a las pretensiones de los actores, lleva aparejado el estudio y valoración de los informes médicos, tanto de los obrantes en el expediente, como de los acompañados por las partes junto con sus escritos de demanda o contestación, o de los practicados en sede judicial. Debiendo recordar que el valor de la prueba pericial reside en la capacidad de los razonamientos y datos técnicos aportados por el Perito para convencer al Tribunal en los términos del art. 348 de LEC.

Los informes médicos que considerar por la Sala para dar respuesta a la presente demanda, puestos en relación con la historia clínica, son los siguientes:

Informe de funcionamiento del jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del H de Torrevieja. (folios 213-214 del expediente).

Informe pericial de orientación. (folios 957-983 del expediente).

Informe de la Inspección Médica. (folios 986-995 del expediente).

Pericial medica aportada por el actor en vía administrativa (folios 127-153 del expediente) y ratificado en vía judicial.

QUINTO.-Análisis de la asistencia médica prestada al paciente en el Hospital de Torrevieja.

La descripción de hechos que se recoge en el informe de la inspección médica y que se asume por la Sala al coincidir con la historia clínica son los siguientes:

"10/05/2012COT Hospital de Torrevieja. Fallo de PTC izquierda. Gammagrafía:

Movilización de ambas prótesis de cadera. Radiografía: Rotura de polietileno + cemento cotilo izquierdo sin signos de aflojamiento de vástago. No hay posibilidad de cambio de la cabeza de la prótesis. No hay adaptadores para implantar otro tipo de cabeza. Se decide no empezar la operación. Posibilidad de fallo de intervención por falta de material. Se da el alta.

21/08/2013COT Hospital de Torrevieja. Revisión de sustitución de cadera izquierda. Extracción de polietileno y cemento antiguos. Implantación de nueva cementación y de cotilo de polietileno. El 24/08/2019 se da el alta.

25/11/2015Urgencias. Hospital de Torrevieja. Rx de Pelvis. 1º Luxación de PTC izquierda. Ingresa a COT para la reducción en el quirófano. Firma Consentimiento informado. Alta el 27/11/2015.

10/03/2016Urgencias. Hospital de Torrevieja. Luxación cadera izquierda. COT 2º Luxación recidivante de recambio protésico de cadera izquierda. Reducción en el quirófano. Firma consentimiento informado. Se aprecia inestabilidad importante volviéndose a luxar fácilmente y se reduce nuevamente.

08/04/2016.Urgencias. Hospital de Torrevieja. Preoperatorio preparado. COT 3º Luxación recidivante de recambio protésico. COT reducción cerrada en el quirófano.

03/05/2016Urgencias. Hospital de Torrevieja. Preoperatorio preparado. COT 4º Luxación recidivante de recambio protésico. COT reducción cerrada en el quirófano. 19/06/2016Urgencias. Hospital de Torrevieja. Preoperatorio completo. COT 5º Luxación recidivante de recambio protésico. COT reducción cerrada en el quirófano. Alta el 20/06/2016.

31/07/2016Urgencias. Hospital de Torrevieja. Preoperatorio completo. COT 6º Luxación recidivante de recambio protésico. COT reducción cerrada en el quirófano. Alta el 01/08/2016.

29/09/2016Urgencias. Hospital de Torrevieja. Preoperatorio completo. Firma consentimiento informado. COT 7º Luxación recidivante de recambio protésico. COT reducción cerrada en el quirófano. Alta el 30/09/2016.

07/10/2016Urgencias. Hospital de Torrevieja. Preoperatorio completo. COT 8ª (7º en historia clínica) Luxación recidivante de recambio protésico. COT reducción cerrada en el quirófano. Alta el 07/10/2016.

09/11/2016Ingreso programado para revisión de cadera izquierda. Extracción de cotilo y cemento antiguos. Implantación de nuevo cotilo con cemento. Alta 13/11/2016.

26/03/2017COT. Rx. Aflojamiento de componente acetabular de cadera izquierda cementada. No hay fractura periprotésica. No es cirugía urgente. Se verá en sesión de Unidad de cadera. 27/03/2017 ingresa a COT para reducción cerrada. Alta 01/04/2017.

26/07/2017Urgencias. Hospital de Torrevieja. Preoperatorio completo. COT 9º Luxación recidivante de recambio protésico. COT reducción cerrada en el quirófano. Alta el 15/09/2017.

28/07/2017TAC Pelvis ósea. Luxación de PTC izquierda con acetábulo desplazado. Desde el 30/08/2017 tratamiento antibiótico por cultivos positivos de Serratia y Pseudomona aeruginosa.

01/08/2017COT. Hospital de Torrevieja. Revisión de sustitución de prótesis de cadera izquierda. Firma consentimiento informado. Recambio PTC izquierda. Cotilo y vástago cementados.

07/08/2017COT. Hospital de Torrevieja. Reducción cerrada. En mesa de operaciones se aprecia movilización del vástago con respecto al fémur en el estudio dinámico de la escopia. Se decide parar y programar al paciente aposteriori, a decidir en sesión clínica.

13/08/2017Artrotomía para retirada de prótesis sin sustitución de cadera. Firma consentimiento informado el 08/08/2017. Vástago femoral completamente aflojado. Se toma muestra para microbiología. 21/08/2017 Paciente febril. Medicina interna- Infectología: pendiente hemocultivos. 22/08/2017 Descripción operatoria. Lavado y desbridamiento. Extracción de cotilo. Cemento y ceja de tantalio. Toma de cultivos. Se confirma Serratia. Medicina indica seguir Cefepime. 23/08/2017 transfusión de 2 concentrados de hematíes.

25/08/2017Limpieza de herida y extracción de material (Cemento y Cerclaje). Firma consentimiento informado. Antibioticoterapia.

07/09/2017Infección de prótesis articular. Girdlestone. Desbridamiento, lavado y cierre. Firma consentimiento informado. Antibioticoterapia. El 15/09/2017 al alta ingresará a la residencia Casaverde de Guardamar."

SEXTO.-Denuncia el actor la falta de consentimientos informados , o en su caso que en estos no se hacia constar las complicaciones que sufrió.

Pues bien, en el expediente remitido consta que el actor firmo en 7 ocasiones consentimiento informado para recambio o retirada de prótesis , en 8 ocasiones el de reducción cerrada de luxación y en 3 el desbridamiento o limpieza de la herida. (folios 220-411 del expediente)

El consentimiento informado (folios 220 y siguientes) que firmo el 1/febrero/12, de recambio o retirada de prótesis, se hace constar como posible riesgo: "luxación, en la mayoría de los casos puede colocarse en su sitio sin necesidad de operar. En otras ocasiones hay que cambiar el implante. Tras la luxación suele colocarse un aparato externo para mantener la articulación en su sitio. Limitación de la movilidad de la articulación secundaria en general a la aparición de calcificaciones alrededor de la prótesis."

Dicho riesgo aparece recogido en el resto de los CI referidos a recambio de prótesis o en los de las reducciones de la luxación.

Por lo que se refiere a la infección sufrida tras la operación de 2017, también aparece como un posible riesgo en los CI firmados y especialmente referenciamos los de 1/agosto/2017 y el de 13/agosto/2017, de revisión de sustitución de prótesis y Artrotomia para retirada de prótesis.

No hay desde la perspectiva del consentimiento informado infracción de la lex artis, pues el actor fue informado de los riesgos que implicaban las operaciones de recambio o retirada de prótesis, las de reducción cerrada de la luxación y las de desbridamiento o limpieza de heridas.

SEPTIMO.-En cuanto a la mala praxis en su vertiente asistencial el actor se refiere a la demora excesiva en el cambio de "cotilo" pues al carecer el hospital del tamaño adecuado se retrasa un año; sigue diciendo que también se produjo retraso en el proceso de diagnóstico por ignorancia de rotura de material protésico. Nos encontramos ante diversas intervenciones quirúrgicas con resultado final lesivo.

Es relevante recordar que el actor había sido intervenido en Inglaterra de Prótesis de Cadera bilateral siendo la izquierda operada en 1993. El 10/05/2012 traumatología del Hospital de Torrevieja diagnostica fallo de PTC izquierda. Y aún sin informe del tipo de prótesis decide intervenir, pero como no hay posibilidad de cambio de la cabeza de la prótesis ni adaptadores para implantar otro tipo de cabeza se decide no empezar la operación, se le da de alta al paciente insistiéndole en que debía aportar informe detallado de tamaño del implante .En este sentido el jefe de Servicio de COT del hospital de Torrevieja señala en su informe que se le indico: "facilitase el informe de las prótesis que le habían colocado en Inglaterra para poder precisar, perfilar y solicitar los componentes objetos de recambio, por supuesto que esta información, muy importante, no se nos facilitó en ningún momento."

Finalmente, el 21/08/2013 se realizó la cirugía sin incidencias, donde se practica una reconstrucción cementada del cotilo con injerto de hueso. El vástago no precisaba recambio. En las cirugías se toman muestras para cultivos.

El 25/11/2015 ocurre el primer episodio de luxación de la prótesis izquierda, luego tuvo otros siete episodios. Complicación que conocía el actor. Se planteó la revisión de la PTC.

El 09/11/2016 en cirugía de cadera izquierda se extrae el cotilo y cemento antiguos y se implanta un nuevo cotilo cementado.

El 26/03/2017 padece de una luxación de recambio protésico que se reduce en el quirófano.

El 07/08/2017 presenta otra luxación y se aprecia que el vástago es móvil, por lo que el 13/08/2019 previa sesión clínica se decide el retiro de toda la prótesis de cadera. Curso febril por lo que se inició antibiótico. El 25/08/2017 y 07/09/2019 se realizan limpiezas quirúrgicas y el 15/09/2017 al alta ingresará a la residencia Casaverde de Guardamar.

A la vista de lo expuesto no asume la Sala que en el proceso asistencial se incurriera en mala praxis, los informes de promede y la inspección médica coinciden en que la prótesis de cadera cementada presenta complicaciones como en el presente caso y más aún si hay recambios de dicha prótesis, pero aun así se indicaron los procedimientos quirúrgicos pertinentes según la evidencia científica brindando el tratamiento adecuado en todo momento. Siendo las complicaciones que desgraciadamente surgieron propias de las intervenciones practicadas y de las cuales el actor había sido informado.

Esta conclusión no se ve alterada por el informe pericial del actor que señala al respecto: "Es obvio, que el tratamiento por el servicio de traumatología y Cirugía ortopédica del Hospital Universitario de Torrevieja no ha sido el adecuado, a la vista de las múltiples luxaciones recurrentes de cadera que han existido." Pues insistimos las luxaciones eran un riesgo informado y ante las recidivas se optó en diciembre de 2016 por un recambio de la PTC izquierda y hasta marzo de 2017, fecha en que sufrió una caída no constan incidencias. La infección sufrida también entra dentro de los riesgos de estas cirugías, por ello ni las complicaciones ni las secuelas pueden atribuirse a la mala praxis.

OCTAVO.-En cuanto a las costas, en los términos del art. 139 LJCA , procede imponerlas al actor, si bien se limitan las del letrado de la administración a un máximo de 1.500 euros.

VISTOSlos preceptos legales citados por las partes concordantes y de general aplicación.