Sentencia Contencioso-Administrativo 80/2026 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 140/2025 de 26 de febrero del 2026

PRIMERO.- La sentencia apelada desestimó la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta por Dª. Edurne frente a la resolución presunta por silencio del Ayuntamiento de Los Alcázares, desestimatoria de la reclamación y exigencia de responsabilidad patrimonial en cuantía de 126.057'67 € por los daños que sufrió la actora como consecuencia del accidente que padeció el 23 de diciembre de 2016; condenando en costas a la parte actora, si bien limitadas a la cantidad de 500 euros por todos los conceptos.

El Jugador de instancia, tras exponer los requisitos legales y jurisprudenciales para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, desestima la demanda apreciando la concurrencia de fuerza mayor, exponiendo lo siguiente en el fundamento de Derecho tercero:

"TERCERO.-En este caso procede la desestimación íntegra de la demanda debido a la concurrencia de fuerza mayor.

es que no puede pretender la parte actora que por el hecho de que la caída tuviera lugar sólo 4 días después de las lluvias torrenciales que dieron lugar a la DANA, a la administración le sea exigible un estándar de conservación y mantenimiento de la vía pública idéntico al que le es exigible en unas circunstancias normales.

La situación que provocó la DANA de los días previos al accidente fue tan extraordinaria, que esta circunstancia fue reconocida absolutamente por todos los testigos que comparecieron en el acto del juicio, incluso por Dª. Purificacion, la testigo menos imparcial por ser conocida de la actora, que manifestó que quiso irse a su pueblo por Navidades y no pudo porque seguía todo fatal y los vecinos seguían limpiando el lodo y el barro, echándolo en carretillas, que vaciaban en containers, pero que cuando no había containers echaban el barro y el lodo a la calle, y que estuvieron así por lo menos 15 días, aunque después dijo que estuvieron por lo menos un mes.

Es evidente que no se le puede exigir a la administración que tenga un container en cada una de las calles del municipio todo el tiempo para que los vecinos echaran en los mismos el barro y el lodo dada las dimensiones de la DANA que asoló el municipio aquellos días.

Y en cuanto al hecho de que la calle no estuviera cortada al tráfico, tanto los policías locales, como el Coordinador Auxiliar del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, D. David, en sus respectivas declaraciones manifestaron que, si bien es cierto que sólo se cortaban las calles concretas donde estaba trabajando la maquinaria pesada, sin embargo, a la entrada del municipio sí se dispusieron carteles que advertían de la obligación de circular con precaución dada la situación en la que se encontraba el municipio por la DANA, siendo imposible cerrar todo un municipio al tráfico porque ello implicaba no permitir el acceso de los vecinos a sus viviendas, ni permitirles limpiarlas y sacar los enseres salvables, asistir a sus trabajos, etc, una vez ya habían desaparecido las lluvias torrenciales que tuvieron lugar los días 18 y 19 de diciembre de 2016.

Y si bien es cierto que la UME se retiró el día 22 de diciembre de 2016, ello no quiere decir que la emergencia hubiera desaparecido sino que, como manifestó D. David, con los medios de la Comunidad y del Ayuntamiento se siguió trabajando en la emergencia. Es más, no consta que en los días en los que estuvo trabajando la UME se cerraran al tráfico la totalidad de las calles del municipio y ni que hubiera containers en cada una de las calles del mismo para echar barro, que parece que son las medidas que considera la actora que debía haber adoptado el Ayuntamiento en una situación como la vivida aquellos días, lo cual, como hemos razonado no es así.

Tal fue la situación provocada por la DANA aquellos días que el policía local NUM000 manifestó que "conforme estaba la vía, la carretera, y más con un vehículo de 2 ruedas, eso era prácticamente intransitable, era provocar un accidente sin querer, porque cualquier persona que tenga un poco de pericia en el tema de conducir moto o vehículo sabe con ese estado de carreteras los coches se deslizan en cualquier momento,", añadiendo incluso que "yo soy conductor de motocicleta, y sé que con esa vía, por esa vía era imposible circular, es un riesgo, vamos, que tienes un 99% de posibilidades de caerte".

Pero es que además su declaración fue plenamente coincidente con lo expresado en el atestado firmado por él y que figura en los folios 5 y siguientes del expediente administrativo, pudiendo leerse en el apartado Informe Técnico:

"Debido a la gran cantidad de lluvia caída en la zona, dando como resultado la acumulación de barro en la vía por donde circulaba la conductora del ciclomotor, esta perdió el equilibrio y cayó al suelo, y como consecuencia de ello, se produjo lesiones en el hombro y brazo derecho, siendo traslada por el servicio de ambulancia.

A juicio del agente que suscribe, la responsabilidad del accidente fue de la conductora del ciclomotor puesto que no tuvo la precaución debida al circular por dicha vía.".

Lo expuesto ya es suficiente para apreciar la existencia de fuerza mayor que exonera a la administración de responsabilidad patrimonial en este supuesto, pero es que además consta en el expediente administrativo el informe firmado por el Coordinador Auxiliar del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, D. David, en el que se puede leer:

"En la madrugada del día 19 empiezan a llegar los medios de la UME, que se suman a los servicios que ya había en las labores de rescate, durante esas horas también Cruz Roja establece en el CAR el centro para asistencias de las personas rescatadas, dando asistencia a casi 200 personas y alojando a 50 durante la noche del 19 al 20 de diciembre. La Concejalía de Servicios Sociales, se hace cargo de los afectados del CAR (Centro de Alto Rendimiento), trasladando a las familias sin recursos a hoteles o residencias de la Tercera Edad.

Durante el día 19 se siguen con los rescates de personas, suministro de agua y comida para la gente que estaba atrapada en sus casas y con la asistencia a las personas rescatadas.

El día 20 tras bajar el nivel de agua en las calles y una vez que estaban las personas rescatadas, se comienza con los achiques de casas, garajes y sótanos, así como la retirada de enseres de viviendas y calles.

Los días 21, 22, 23 se continúa con los achiques de casas, garajes y sótanos, así como la retirada de enseres de viviendas y calles.

El día 21 Urbaser (empresa concesionaria de la limpieza viaria), comenzó junto con el apoyo de empresas que aportan otros ayuntamientos de la Región, empresas privadas con maquinaria pesada y el refuerzo de los servicios de bomberos y forestales, la retirada de lodos y barro de las calles, así como la limpieza de las mismas, que durara hasta el día 15 de Enero de 2017.".

Y a continuación en el informe se especifican las instituciones que participaron en las labores de recuperación del municipio tras la DANA y los medios empleados por cada una de ellas: el Ayuntamiento de Cartagena, el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, la UME, Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil de distintos Ayuntamientos de la Región de Murcia, Cruz Roja y Unidad de Defensa de Incendios Forestales de la Región de Murcia.

Asimismo, consta también que el diario La Verdad en su edición de 20 de diciembre de 2016 identificó a Los Alcázares

como la zona 0 del diluvio.

Y ya para finalizar, diremos que la DANA sufrida en diciembre de 2016 por varios municipios próximos al Mar Menor ya ha sido declarada como situación de fuerza mayor que excluye la responsabilidad patrimonial de la administración en otras sentencias judiciales, de entre las que citaremos la SAN de 22 de noviembre de 2023 (n.º de Recurso 2253/2019) que declara al respecto:

"A tal efecto ha de traerse a colación el Informe Meteorológico de fecha 6 de noviembre de 2017 de la Delegación Territorial en Murcia de la AEMET, aportado como documento n º8 del expediente, en el que se expone con claridad la borrasca fría aislada (lo que actualmente conocemos como DANA) que se desplazó desde la vertical de Marruecos al mediterráneo y que afectó a la Región de Murcia los días 16 a 19 de diciembre de 2016, produciéndose precipitaciones persistentes, generalizadas, ocasionales, tormentosas y puntualmente intensas llegando, incluso, a ser en forma de granito.Informe que añade que "Analizando la serie de precipitaciones diarias en la estación de Torreblanca (la más próxima a la zona en cuestión), concluimos que la precipitación diaria del día 18 de diciembre de 2016, 202 l/m2, ha sido la más alta registrada en los 41 años de datos. Y que "Si construimos la serie de precipitaciones acumuladas en cuatro días consecutivos de la estación de Torreblanca, obtenemos que la precipitación entre el 16 y el 19 de diciembre de 2016, 274 l/m2, ha sido la más alta de toda la serie".

Y en el mismo sentido el Informe de la AEMET adjuntado como documentos 3 y 5 del expediente del Ministerio de Transición Ecológica, del que se desprenden unas precipitaciones de hasta 45,4 litro el día 17 de diciembre y de hasta 158, 3 litros el día 18 de diciembre.

Conforme a los criterios de la AEMET, constituyen "lluvias torrenciales" aquellas cuya intensidad es superior a los 60 litros por metro cuadrado en una hora, "lluvias muy fuertes" cuando su intensidad se encuentra entre 30 y 60 litros por metro cuadrado, "fuertes" si la intensidad es mayor que 15 y menor que 30 l/m2, "moderadas" entre 2 y 15 l/m2 y finalmente "débiles" si la intensidad es igual o menor de 2 l/m2.

En consecuencia, y siguiendo tales criterios de la AEMET, el día 17 hubo lluvias muy fuertes y el día 18 lluvias torrenciales, pues la precipitación que se produjo ese día 18 a las 17 horas supera en un 75% el límite a partir del cual se considera que las lluvias son torrenciales, máxima categoría de intensidad contemplada.

Tal fue la gravedad de la situación que al amparo del artículo 23 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil , el Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de diciembre de 2016, adoptó un Acuerdo por el que se declaraba "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil", como consecuencia de las inundaciones acaecidas desde el 17 de diciembre de 2016,las Comunidades Autónomas Valenciana, de la Región de Murciay de Islas Baleares y las provincias de Almería y Albacete, adoptándose medidas para reparar los daños causados.

Y los periódicos se hicieron también eco de estos hechos, y así La Verdad de Murcia en su edición digital del 18 de diciembre anuncia la suspensión de clases en San Javier el día 19, el corte de carreteras de dicho término municipal e incluso el desvío de los vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto de San Javier.

Dados los términos de la demanda, resulta asimismo trascendente traer a colación el Informe de la Dirección General de carreteras que figura como documento n.º 18 del expediente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que indica lo siguiente:

"En la fecha en que se produjeron los daños reclamados toda la Región de Muria y, en particular los municipios del entorno del Mar Menor sufrieron lluvias muy intensas que produjeron importantes daños en explotaciones agrícola e infraestructuras (...)También se tiene constancia de que en esta zona se han realizado importantes obras y edificaciones que han alterado la red de drenaje natural, modificando la topografía del terreno, obstruyendo los cauces naturales y provocando que en la actualidad el agua discurra torrencialmente por cauces que no existían anteriormente (...)

QUINTO .- Una vez sentado, por tanto, que la causa de la inundación fueron las lluvias caídas entre el 16 y el 19 de diciembre de 2016, y que éstas tuvieron un carácter extraordinario, ha de concluirse que la inundación se debió a fuerza mayor, es decir, a un suceso "inevitable", tal como lo define el artículo 1105 Código Civil , por lo que queda automáticamente excluida la aplicación de lo previsto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico , que exonera de responsabilidad patrimonial a la Administración en los casos de fuerza mayor.".

Así pues, en base a lo expuesto, procede la desestimación íntegra de la demanda, sin que sea necesario entrar a resolver ninguna otra cuestión.

SEGUNDO.-La parte recurrente fundamenta su recurso de apelación en los siguientes argumentos, expuestos resumidamente:

Error en la valoración de la prueba. Refiere el concepto de fuerza mayor, conforme a la Jurisprudencia, y señala que la fuerza mayor no puede tenerse en cuenta respecto a hechos posteriores al suceso de fuerza mayor. La lluvia se produjo entre los días 16 y 18 de diciembre de 2016, si bien el accidente ocurre el día 23 de diciembre estando la vía donde se produjo la caída abierta al tráfico. Según el informe aportado por David, coordinador auxiliar del servicio de emergencias del Ayuntamiento de los Alcázares, es el día 23 el último día donde se realiza limpieza de calles, habiéndose retirado la UME el día 22 y pasando ese mismo día al nivel 1 de emergencia, siendo éste el nivel en el que la Comunidad y el Ayuntamiento disponen de los recursos suficientes para hacer frente a la catástrofe.

La testigo que depuso en el plenario, Doña Purificacion, afirmó que gracias a que salió el sol se secó todo y la carretera, calificada como vía principal por la agente de la Policía Local que declaró en tercer lugar, se encontraba abierta al tráfico, es más, la señora Purificacion dijo que la demandante, la señora Edurne, había ido a su casa el día anterior, circulando con normalidad.

Destaca que el Agente de la Policía Local dijo que la gente que no vivía en los Alcázares y que tenían allí su segunda residencia, iban viniendo en días posteriores a realizar estas tareas de limpieza y, a veces, cuando se llevaban al contenedor y estaba lleno, los residentes vertían los residuos a la calzada, hecho este que confirmó el Sr. David cuando dijo que se vertían a la vía pública.

La vía no estaba intransitable, sino que estaba abierta al tráfico.

En el caso de autos ni había señales, ni había contenedores para el vertido del barro y tampoco se trata de un suceso imprevisible o inevitable ya que las lluvias se habían producido días anteriores.

2º) En cuanto a las lesiones reclamadas consecuencia del accidente, mostró su conformidad con la valoración de la parte demandada conforme al informe emitido por el Dr. Doroteo que fijó las lesiones en 3 días de perjuicio particular muy grave, 38 días de perjuicio grave, 118 días de perjuicio moderado y 159 días de perjuicio básico, con secuelas en hombro y perjuicio estético, valorándose en 50.685,55 euros más la parte del perjuicio moral por pérdida por calidad de vida, que en el acto de la práctica de la prueba estimó en 15.000 euros.

TERCERO.-La representación del Excmo. Ayuntamiento de los Alcázares se opone al recurso de apelación argumentando, expuesto resumidamente:

1º) Las lluvias torrenciales del 16 al 18 de diciembre de 2016 son un supuesto de fuerza mayor. Es un hecho probado que el accidente se debió a la gran cantidad de arrastres producidos por la lluvia, dando como resultado la acumulación de barro y lodo en todo el término municipal y, por ende, en la vía por donde circulaba la apelante con un ciclomotor en el momento en el que hacía un giro, razón por la que la apelante perdió el equilibrio y cayó al suelo. El día 23-12-2016 (fecha de la caída de la apelante de su ciclomotor) continúan las labores de achiques de casas, garajes y sótanos, así como la retirada de enseres de viviendas y calles. El barro y lodo extraído se derivaba al viario público al no existir otra alternativa más adecuada y/o eficiente.

2º) Aunque no se adhiere al recurso de apelación, reitera el argumento de la instancia relativo a la falta de concreción del acto impugnado, impugnándose un acto inexistente, lo que debía llevar a la inadmisibilidad del recurso. El suplico de la demanda no identificó el acto recurrido. Considera que hubo desviación procesal y debe resolverse sobre la misma para el caso de que se acoja el recurso de apelación.

3º) Inexistente legitimación pasiva del Ayuntamiento de Los Alcázares porque la demanda se dirige frente al Ayuntamiento de los Alcázares y no de Los Alcázares.

4º) Infracción del art. 456 LEC porque el recurso de apelación no concreta si persigue la pretensión formulada ante el Juzgado de instancia, o si interesa que se revoque la sentencia de instancia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente.

5º) No existe error en la valoración de la prueba. La sentencia apelada es conforme a Derecho. No puede prosperar el recurso de apelación habida cuenta de que resulta palmaria la concurrencia de fuerza mayor, que hace inviable exigir al Ayuntamiento de Los Alcázares la plena observancia de un estándar de calidad, no ya medio sino óptimo de las vías públicas, dado que el término municipal había sido asolado por la DANA. Resultaba temerario circular con un vehículo de dos ruedas sobre una calzada que, por más que se limpiaba reiteradamente tras las extracciones de barro y lodo, volvía a ser, una y otra vez, el destino del lodo y barro extraído continuamente, las 24 horas del día, de garajes, locales y viviendas dispuestas tanto en planta sótano como en planta baja, y ello conforme los Servicios de Emergencias (Bomberos y Protección Civil) podían acceder a los distintos inmuebles.

Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. se adhiere a los motivos de impugnacióndel recurso de apelación formuladas por el Excmo. Ayuntamiento de Los Alcázares.

En parecidos términos se opone al recurso de apelación URBASER, S.A.Añade que ni siquiera ha sido codemandada y no puede atribuirse responsabilidad patrimonial objetiva a la Concesionaria, si bien sostiene que no existe título suficiente de imputación del daño a la Administración demandada derivado del deber de mantener la vía pública en debidas condiciones.

CUARTO.- El hilo argumental de la parte recurrente se residencia en la afirmación de que el Juzgador de instancia ha errado en la valoración de la prueba practicada. Alegado error en la valoración de la prueba debemos recordar que es doctrina jurisprudencial que, si bien es cierto que el recurso de apelación permite al tribunal a quem discutir la valoración de la prueba practicada por el juez a quo, la facultad revisora por el tribunal de la prueba realizada por el juzgado debe ejercitarse con ponderación y sólo es posible en supuestos excepcionales, que son aquellos en que se justifique que el juzgado a quo ha vulnerado alguno de los preceptos que atribuyen valor tasado a determinados medios de prueba, o en que la valoración realizada sea arbitraria o ilógica y, por consiguiente, vulneradora del art. 9.3 de la CE. No basta alegar que el resultado probatorio obtenido por el juzgado a quo pudo ser distinto o que es erróneo, a juicio de quien recurre, sino que es necesario justificar que la valoración realizada es arbitraria, irrazonable o conduce a resultados inverosímiles. Ello es así porque en el proceso contencioso-administrativo la prueba se rige por las mismos principios que la regulan en el proceso civil y la convicción del juzgador descansa en la valoración conjunta y ponderada de toda la prueba practicada por quien la realizó con inmediación y dispone de una percepción directa de aquella, percepción de la que carece esta Sala, salvo para la prueba documental, estando en mejor posición al analizarla que la que tiene la Sala al conocer de la apelación; razón por la que, en principio, como se ha dicho, ha de respetarse la valoración efectuada por el juez de instancia sin que esté permitido sustituir la lógica o sana crítica del mismo por la de la parte, ( SSTS 17-3-2017, recurso 2706/2014, 5-7-2016, recurso 1515/2015, 15-9-2015, recurso 1715/2013, entre otras).

A lo anterior debemos añadir que, según dice la STS de 12-2-2018, recurso 2386/2016, "Respecto de la forma de acometer la valoración de la prueba, también es consolidada la jurisprudencia que afirma la validez de la valoración conjunta de los medios de prueba, sin que sea preciso exteriorizar el valor que al Tribunal sentenciador le merezca cada concreto medio de prueba obrante en el expediente administrativo o la aportada o practicada en vía judicial. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que "...la Constitución no garantiza el derecho a que todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes del litigio hayan de ser objeto de un análisis explícito y diferenciado por parte de los jueces y tribunales a los que, ciertamente, la Constitución no veda ni podría vedar la apreciación conjunta de las pruebas aportadas" ( ATC 307/1985, de 8 de mayo)".

En nuestro caso, la Sala no encuentra motivos para apartarse de la conclusión alcanzada por el Juzgador de instancia tras la valoración conjunta de la prueba practicada.

La valoración de la prueba del Juzgador se ha transcrito íntegramente en el fundamento de derecho primero de esta sentencia. Basta su lectura para colegir que la prueba se ha valorado correctamente, con criterios lógicos y racionales.

No cabe duda que las lluvias torrenciales acaecidas los días 17 y 18 de diciembre de 2016, provocaron la inundación del municipio de Los Alcázares y, no solo eso, las ramblas arrastraban lodo y barro que quedó depositado en viviendas, sótanos, garajes y locales del casco urbano, además de calles y plazas. La fuerza mayor no se agota con el período de lluvias. Tras el mismo es inevitable que en las calles haya barro hasta que no se concluya la labor de limpieza de todas las viviendas, sótanos, locales etc. Tal y como argumenta la propia apelante, en nuestro Derecho, partiendo del art. 1105 del Código Civil, la fuerza mayor es una causa que exonera de responsabilidad cuando el incumplimiento o el daño se produce por un hecho que no podía preverse o que, aun previéndose, era inevitable.Eso acontece en nuestro caso. Que las calles del municipio no respondiesen a estándares normales de limpieza cuatro días después de cesar las lluvias, era algo inevitable. No había transcurrido tiempo material suficiente para la limpieza de viviendas, locales, sótanos y garajes y el vaciado de barro y lodo de los mimos por los vecinos lleva inevitablemente a la presencia de barro en las calles, situación que se prolongó, conforme al informe firmado por el Coordinador Auxiliar del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, D. David, hasta el 15 de enero de 2017. Resultaba imposible limpiar de forma inmediata el derrame accidental y/o voluntario de barro en la calzada por parte de los vecinos, de modo que siendo inevitable, obedece a razones de fuerza mayor.La prestación del servicio de limpieza por parte de los servicios municipales dentro de estándares de normalidad era imposible por motivos de fuerza mayor,siendo la fuerza mayor motivo de exclusión de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La parte recurrente pone el acento en que no había contenedores suficientes en la calle afectada por la caída. No está acreditado cuando había caído el barro en la calzada, ni si en ese momento existían contenedores o no, o si estaban o no llenos. Doña Purificacion, testigo propuesta por la demandante, atestigua que los vecinos sacaban barro en carretillas y que a veces eran los propios vecinos los que arrojaban ese barro a la vía pública, pero nada afirmó esta testigo en relación con el origen del barrio de la calzada el día 23 de diciembre de 2016, cuando sobre las 12:00 h se produjo la caída de la demandante. Es más, se ha dado por hecho que resbaló en el barro, aunque en puridad ese extremo no resultó acreditado. No hubo testigos directos del momento de la caída. No obstante, el Juzgador de instancia apreció correctamente fuerza mayor y no entró en mayores consideraciones. El Municipio está sumido en una catástrofe. No dispone de miles de contenedores y aunque dispusiese de los mismos, las continuas labores de limpieza de los vecinos en sus viviendas, locales, garajes y sótanos hubiesen dado lugar a derrames continuos de lodo y barro en las calles. No se puede cortar el tráfico en todo el municipio, por razones obvias, debiendo ser los conductores quienes extremen las precauciones necesarias ante un casco urbano anormalmente invadido por barro y lodo en sus calles.

Para la apreciación de fuerza mayor y desestimación de la demanda basta con el primer párrafo del fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia, cuando dice "Y es que no puede pretender la parte actora que por el hecho de que la caída tuviera lugar sólo 4 días después de las lluvias torrenciales que dieron lugar a la DANA, a la administración le sea exigible un estándar de conservación y mantenimiento de la vía pública idéntico al que le es exigible en unas circunstancias normales.".

Procede, en virtud de lo expuesto, desestimar el recurso de apelación

presentado.

QUINTO.- A tenor de lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede imponer a la parte apelante las costas procesales causadas a la Administración pública demandada, si bien limitadas a 300 euros, excluido IVA, en aplicación del art. 139.4 de la LJCA, atendida la naturaleza y complejidad del recurso de apelación, sin que haya lugar a imponer las costas causadas a las partes interesadas apeladas al no dirigirse pretensión contra las mismas, al tiempo que su actuación procesal nada añade a la de la Administración demandada en orden a la desestimación del recurso de apelación.

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

PRIMERO.- La sentencia apelada desestimó la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta por Dª. Edurne frente a la resolución presunta por silencio del Ayuntamiento de Los Alcázares, desestimatoria de la reclamación y exigencia de responsabilidad patrimonial en cuantía de 126.057'67 € por los daños que sufrió la actora como consecuencia del accidente que padeció el 23 de diciembre de 2016; condenando en costas a la parte actora, si bien limitadas a la cantidad de 500 euros por todos los conceptos.

El Jugador de instancia, tras exponer los requisitos legales y jurisprudenciales para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, desestima la demanda apreciando la concurrencia de fuerza mayor, exponiendo lo siguiente en el fundamento de Derecho tercero:

"TERCERO.-En este caso procede la desestimación íntegra de la demanda debido a la concurrencia de fuerza mayor.

es que no puede pretender la parte actora que por el hecho de que la caída tuviera lugar sólo 4 días después de las lluvias torrenciales que dieron lugar a la DANA, a la administración le sea exigible un estándar de conservación y mantenimiento de la vía pública idéntico al que le es exigible en unas circunstancias normales.

La situación que provocó la DANA de los días previos al accidente fue tan extraordinaria, que esta circunstancia fue reconocida absolutamente por todos los testigos que comparecieron en el acto del juicio, incluso por Dª. Purificacion, la testigo menos imparcial por ser conocida de la actora, que manifestó que quiso irse a su pueblo por Navidades y no pudo porque seguía todo fatal y los vecinos seguían limpiando el lodo y el barro, echándolo en carretillas, que vaciaban en containers, pero que cuando no había containers echaban el barro y el lodo a la calle, y que estuvieron así por lo menos 15 días, aunque después dijo que estuvieron por lo menos un mes.

Es evidente que no se le puede exigir a la administración que tenga un container en cada una de las calles del municipio todo el tiempo para que los vecinos echaran en los mismos el barro y el lodo dada las dimensiones de la DANA que asoló el municipio aquellos días.

Y en cuanto al hecho de que la calle no estuviera cortada al tráfico, tanto los policías locales, como el Coordinador Auxiliar del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, D. David, en sus respectivas declaraciones manifestaron que, si bien es cierto que sólo se cortaban las calles concretas donde estaba trabajando la maquinaria pesada, sin embargo, a la entrada del municipio sí se dispusieron carteles que advertían de la obligación de circular con precaución dada la situación en la que se encontraba el municipio por la DANA, siendo imposible cerrar todo un municipio al tráfico porque ello implicaba no permitir el acceso de los vecinos a sus viviendas, ni permitirles limpiarlas y sacar los enseres salvables, asistir a sus trabajos, etc, una vez ya habían desaparecido las lluvias torrenciales que tuvieron lugar los días 18 y 19 de diciembre de 2016.

Y si bien es cierto que la UME se retiró el día 22 de diciembre de 2016, ello no quiere decir que la emergencia hubiera desaparecido sino que, como manifestó D. David, con los medios de la Comunidad y del Ayuntamiento se siguió trabajando en la emergencia. Es más, no consta que en los días en los que estuvo trabajando la UME se cerraran al tráfico la totalidad de las calles del municipio y ni que hubiera containers en cada una de las calles del mismo para echar barro, que parece que son las medidas que considera la actora que debía haber adoptado el Ayuntamiento en una situación como la vivida aquellos días, lo cual, como hemos razonado no es así.

Tal fue la situación provocada por la DANA aquellos días que el policía local NUM000 manifestó que "conforme estaba la vía, la carretera, y más con un vehículo de 2 ruedas, eso era prácticamente intransitable, era provocar un accidente sin querer, porque cualquier persona que tenga un poco de pericia en el tema de conducir moto o vehículo sabe con ese estado de carreteras los coches se deslizan en cualquier momento,", añadiendo incluso que "yo soy conductor de motocicleta, y sé que con esa vía, por esa vía era imposible circular, es un riesgo, vamos, que tienes un 99% de posibilidades de caerte".

Pero es que además su declaración fue plenamente coincidente con lo expresado en el atestado firmado por él y que figura en los folios 5 y siguientes del expediente administrativo, pudiendo leerse en el apartado Informe Técnico:

"Debido a la gran cantidad de lluvia caída en la zona, dando como resultado la acumulación de barro en la vía por donde circulaba la conductora del ciclomotor, esta perdió el equilibrio y cayó al suelo, y como consecuencia de ello, se produjo lesiones en el hombro y brazo derecho, siendo traslada por el servicio de ambulancia.

A juicio del agente que suscribe, la responsabilidad del accidente fue de la conductora del ciclomotor puesto que no tuvo la precaución debida al circular por dicha vía.".

Lo expuesto ya es suficiente para apreciar la existencia de fuerza mayor que exonera a la administración de responsabilidad patrimonial en este supuesto, pero es que además consta en el expediente administrativo el informe firmado por el Coordinador Auxiliar del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, D. David, en el que se puede leer:

"En la madrugada del día 19 empiezan a llegar los medios de la UME, que se suman a los servicios que ya había en las labores de rescate, durante esas horas también Cruz Roja establece en el CAR el centro para asistencias de las personas rescatadas, dando asistencia a casi 200 personas y alojando a 50 durante la noche del 19 al 20 de diciembre. La Concejalía de Servicios Sociales, se hace cargo de los afectados del CAR (Centro de Alto Rendimiento), trasladando a las familias sin recursos a hoteles o residencias de la Tercera Edad.

Durante el día 19 se siguen con los rescates de personas, suministro de agua y comida para la gente que estaba atrapada en sus casas y con la asistencia a las personas rescatadas.

El día 20 tras bajar el nivel de agua en las calles y una vez que estaban las personas rescatadas, se comienza con los achiques de casas, garajes y sótanos, así como la retirada de enseres de viviendas y calles.

Los días 21, 22, 23 se continúa con los achiques de casas, garajes y sótanos, así como la retirada de enseres de viviendas y calles.

El día 21 Urbaser (empresa concesionaria de la limpieza viaria), comenzó junto con el apoyo de empresas que aportan otros ayuntamientos de la Región, empresas privadas con maquinaria pesada y el refuerzo de los servicios de bomberos y forestales, la retirada de lodos y barro de las calles, así como la limpieza de las mismas, que durara hasta el día 15 de Enero de 2017.".

Y a continuación en el informe se especifican las instituciones que participaron en las labores de recuperación del municipio tras la DANA y los medios empleados por cada una de ellas: el Ayuntamiento de Cartagena, el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, la UME, Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil de distintos Ayuntamientos de la Región de Murcia, Cruz Roja y Unidad de Defensa de Incendios Forestales de la Región de Murcia.

Asimismo, consta también que el diario La Verdad en su edición de 20 de diciembre de 2016 identificó a Los Alcázares

como la zona 0 del diluvio.

Y ya para finalizar, diremos que la DANA sufrida en diciembre de 2016 por varios municipios próximos al Mar Menor ya ha sido declarada como situación de fuerza mayor que excluye la responsabilidad patrimonial de la administración en otras sentencias judiciales, de entre las que citaremos la SAN de 22 de noviembre de 2023 (n.º de Recurso 2253/2019) que declara al respecto:

"A tal efecto ha de traerse a colación el Informe Meteorológico de fecha 6 de noviembre de 2017 de la Delegación Territorial en Murcia de la AEMET, aportado como documento n º8 del expediente, en el que se expone con claridad la borrasca fría aislada (lo que actualmente conocemos como DANA) que se desplazó desde la vertical de Marruecos al mediterráneo y que afectó a la Región de Murcia los días 16 a 19 de diciembre de 2016, produciéndose precipitaciones persistentes, generalizadas, ocasionales, tormentosas y puntualmente intensas llegando, incluso, a ser en forma de granito.Informe que añade que "Analizando la serie de precipitaciones diarias en la estación de Torreblanca (la más próxima a la zona en cuestión), concluimos que la precipitación diaria del día 18 de diciembre de 2016, 202 l/m2, ha sido la más alta registrada en los 41 años de datos. Y que "Si construimos la serie de precipitaciones acumuladas en cuatro días consecutivos de la estación de Torreblanca, obtenemos que la precipitación entre el 16 y el 19 de diciembre de 2016, 274 l/m2, ha sido la más alta de toda la serie".

Y en el mismo sentido el Informe de la AEMET adjuntado como documentos 3 y 5 del expediente del Ministerio de Transición Ecológica, del que se desprenden unas precipitaciones de hasta 45,4 litro el día 17 de diciembre y de hasta 158, 3 litros el día 18 de diciembre.

Conforme a los criterios de la AEMET, constituyen "lluvias torrenciales" aquellas cuya intensidad es superior a los 60 litros por metro cuadrado en una hora, "lluvias muy fuertes" cuando su intensidad se encuentra entre 30 y 60 litros por metro cuadrado, "fuertes" si la intensidad es mayor que 15 y menor que 30 l/m2, "moderadas" entre 2 y 15 l/m2 y finalmente "débiles" si la intensidad es igual o menor de 2 l/m2.

En consecuencia, y siguiendo tales criterios de la AEMET, el día 17 hubo lluvias muy fuertes y el día 18 lluvias torrenciales, pues la precipitación que se produjo ese día 18 a las 17 horas supera en un 75% el límite a partir del cual se considera que las lluvias son torrenciales, máxima categoría de intensidad contemplada.

Tal fue la gravedad de la situación que al amparo del artículo 23 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil , el Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de diciembre de 2016, adoptó un Acuerdo por el que se declaraba "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil", como consecuencia de las inundaciones acaecidas desde el 17 de diciembre de 2016,las Comunidades Autónomas Valenciana, de la Región de Murciay de Islas Baleares y las provincias de Almería y Albacete, adoptándose medidas para reparar los daños causados.

Y los periódicos se hicieron también eco de estos hechos, y así La Verdad de Murcia en su edición digital del 18 de diciembre anuncia la suspensión de clases en San Javier el día 19, el corte de carreteras de dicho término municipal e incluso el desvío de los vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto de San Javier.

Dados los términos de la demanda, resulta asimismo trascendente traer a colación el Informe de la Dirección General de carreteras que figura como documento n.º 18 del expediente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que indica lo siguiente:

"En la fecha en que se produjeron los daños reclamados toda la Región de Muria y, en particular los municipios del entorno del Mar Menor sufrieron lluvias muy intensas que produjeron importantes daños en explotaciones agrícola e infraestructuras (...)También se tiene constancia de que en esta zona se han realizado importantes obras y edificaciones que han alterado la red de drenaje natural, modificando la topografía del terreno, obstruyendo los cauces naturales y provocando que en la actualidad el agua discurra torrencialmente por cauces que no existían anteriormente (...)

QUINTO .- Una vez sentado, por tanto, que la causa de la inundación fueron las lluvias caídas entre el 16 y el 19 de diciembre de 2016, y que éstas tuvieron un carácter extraordinario, ha de concluirse que la inundación se debió a fuerza mayor, es decir, a un suceso "inevitable", tal como lo define el artículo 1105 Código Civil , por lo que queda automáticamente excluida la aplicación de lo previsto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico , que exonera de responsabilidad patrimonial a la Administración en los casos de fuerza mayor.".

Así pues, en base a lo expuesto, procede la desestimación íntegra de la demanda, sin que sea necesario entrar a resolver ninguna otra cuestión.

SEGUNDO.-La parte recurrente fundamenta su recurso de apelación en los siguientes argumentos, expuestos resumidamente:

Error en la valoración de la prueba. Refiere el concepto de fuerza mayor, conforme a la Jurisprudencia, y señala que la fuerza mayor no puede tenerse en cuenta respecto a hechos posteriores al suceso de fuerza mayor. La lluvia se produjo entre los días 16 y 18 de diciembre de 2016, si bien el accidente ocurre el día 23 de diciembre estando la vía donde se produjo la caída abierta al tráfico. Según el informe aportado por David, coordinador auxiliar del servicio de emergencias del Ayuntamiento de los Alcázares, es el día 23 el último día donde se realiza limpieza de calles, habiéndose retirado la UME el día 22 y pasando ese mismo día al nivel 1 de emergencia, siendo éste el nivel en el que la Comunidad y el Ayuntamiento disponen de los recursos suficientes para hacer frente a la catástrofe.

La testigo que depuso en el plenario, Doña Purificacion, afirmó que gracias a que salió el sol se secó todo y la carretera, calificada como vía principal por la agente de la Policía Local que declaró en tercer lugar, se encontraba abierta al tráfico, es más, la señora Purificacion dijo que la demandante, la señora Edurne, había ido a su casa el día anterior, circulando con normalidad.

Destaca que el Agente de la Policía Local dijo que la gente que no vivía en los Alcázares y que tenían allí su segunda residencia, iban viniendo en días posteriores a realizar estas tareas de limpieza y, a veces, cuando se llevaban al contenedor y estaba lleno, los residentes vertían los residuos a la calzada, hecho este que confirmó el Sr. David cuando dijo que se vertían a la vía pública.

La vía no estaba intransitable, sino que estaba abierta al tráfico.

En el caso de autos ni había señales, ni había contenedores para el vertido del barro y tampoco se trata de un suceso imprevisible o inevitable ya que las lluvias se habían producido días anteriores.

2º) En cuanto a las lesiones reclamadas consecuencia del accidente, mostró su conformidad con la valoración de la parte demandada conforme al informe emitido por el Dr. Doroteo que fijó las lesiones en 3 días de perjuicio particular muy grave, 38 días de perjuicio grave, 118 días de perjuicio moderado y 159 días de perjuicio básico, con secuelas en hombro y perjuicio estético, valorándose en 50.685,55 euros más la parte del perjuicio moral por pérdida por calidad de vida, que en el acto de la práctica de la prueba estimó en 15.000 euros.

TERCERO.-La representación del Excmo. Ayuntamiento de los Alcázares se opone al recurso de apelación argumentando, expuesto resumidamente:

1º) Las lluvias torrenciales del 16 al 18 de diciembre de 2016 son un supuesto de fuerza mayor. Es un hecho probado que el accidente se debió a la gran cantidad de arrastres producidos por la lluvia, dando como resultado la acumulación de barro y lodo en todo el término municipal y, por ende, en la vía por donde circulaba la apelante con un ciclomotor en el momento en el que hacía un giro, razón por la que la apelante perdió el equilibrio y cayó al suelo. El día 23-12-2016 (fecha de la caída de la apelante de su ciclomotor) continúan las labores de achiques de casas, garajes y sótanos, así como la retirada de enseres de viviendas y calles. El barro y lodo extraído se derivaba al viario público al no existir otra alternativa más adecuada y/o eficiente.

2º) Aunque no se adhiere al recurso de apelación, reitera el argumento de la instancia relativo a la falta de concreción del acto impugnado, impugnándose un acto inexistente, lo que debía llevar a la inadmisibilidad del recurso. El suplico de la demanda no identificó el acto recurrido. Considera que hubo desviación procesal y debe resolverse sobre la misma para el caso de que se acoja el recurso de apelación.

3º) Inexistente legitimación pasiva del Ayuntamiento de Los Alcázares porque la demanda se dirige frente al Ayuntamiento de los Alcázares y no de Los Alcázares.

4º) Infracción del art. 456 LEC porque el recurso de apelación no concreta si persigue la pretensión formulada ante el Juzgado de instancia, o si interesa que se revoque la sentencia de instancia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente.

5º) No existe error en la valoración de la prueba. La sentencia apelada es conforme a Derecho. No puede prosperar el recurso de apelación habida cuenta de que resulta palmaria la concurrencia de fuerza mayor, que hace inviable exigir al Ayuntamiento de Los Alcázares la plena observancia de un estándar de calidad, no ya medio sino óptimo de las vías públicas, dado que el término municipal había sido asolado por la DANA. Resultaba temerario circular con un vehículo de dos ruedas sobre una calzada que, por más que se limpiaba reiteradamente tras las extracciones de barro y lodo, volvía a ser, una y otra vez, el destino del lodo y barro extraído continuamente, las 24 horas del día, de garajes, locales y viviendas dispuestas tanto en planta sótano como en planta baja, y ello conforme los Servicios de Emergencias (Bomberos y Protección Civil) podían acceder a los distintos inmuebles.

Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. se adhiere a los motivos de impugnacióndel recurso de apelación formuladas por el Excmo. Ayuntamiento de Los Alcázares.

En parecidos términos se opone al recurso de apelación URBASER, S.A.Añade que ni siquiera ha sido codemandada y no puede atribuirse responsabilidad patrimonial objetiva a la Concesionaria, si bien sostiene que no existe título suficiente de imputación del daño a la Administración demandada derivado del deber de mantener la vía pública en debidas condiciones.

CUARTO.- El hilo argumental de la parte recurrente se residencia en la afirmación de que el Juzgador de instancia ha errado en la valoración de la prueba practicada. Alegado error en la valoración de la prueba debemos recordar que es doctrina jurisprudencial que, si bien es cierto que el recurso de apelación permite al tribunal a quem discutir la valoración de la prueba practicada por el juez a quo, la facultad revisora por el tribunal de la prueba realizada por el juzgado debe ejercitarse con ponderación y sólo es posible en supuestos excepcionales, que son aquellos en que se justifique que el juzgado a quo ha vulnerado alguno de los preceptos que atribuyen valor tasado a determinados medios de prueba, o en que la valoración realizada sea arbitraria o ilógica y, por consiguiente, vulneradora del art. 9.3 de la CE. No basta alegar que el resultado probatorio obtenido por el juzgado a quo pudo ser distinto o que es erróneo, a juicio de quien recurre, sino que es necesario justificar que la valoración realizada es arbitraria, irrazonable o conduce a resultados inverosímiles. Ello es así porque en el proceso contencioso-administrativo la prueba se rige por las mismos principios que la regulan en el proceso civil y la convicción del juzgador descansa en la valoración conjunta y ponderada de toda la prueba practicada por quien la realizó con inmediación y dispone de una percepción directa de aquella, percepción de la que carece esta Sala, salvo para la prueba documental, estando en mejor posición al analizarla que la que tiene la Sala al conocer de la apelación; razón por la que, en principio, como se ha dicho, ha de respetarse la valoración efectuada por el juez de instancia sin que esté permitido sustituir la lógica o sana crítica del mismo por la de la parte, ( SSTS 17-3-2017, recurso 2706/2014, 5-7-2016, recurso 1515/2015, 15-9-2015, recurso 1715/2013, entre otras).

A lo anterior debemos añadir que, según dice la STS de 12-2-2018, recurso 2386/2016, "Respecto de la forma de acometer la valoración de la prueba, también es consolidada la jurisprudencia que afirma la validez de la valoración conjunta de los medios de prueba, sin que sea preciso exteriorizar el valor que al Tribunal sentenciador le merezca cada concreto medio de prueba obrante en el expediente administrativo o la aportada o practicada en vía judicial. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que "...la Constitución no garantiza el derecho a que todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes del litigio hayan de ser objeto de un análisis explícito y diferenciado por parte de los jueces y tribunales a los que, ciertamente, la Constitución no veda ni podría vedar la apreciación conjunta de las pruebas aportadas" ( ATC 307/1985, de 8 de mayo)".

En nuestro caso, la Sala no encuentra motivos para apartarse de la conclusión alcanzada por el Juzgador de instancia tras la valoración conjunta de la prueba practicada.

La valoración de la prueba del Juzgador se ha transcrito íntegramente en el fundamento de derecho primero de esta sentencia. Basta su lectura para colegir que la prueba se ha valorado correctamente, con criterios lógicos y racionales.

No cabe duda que las lluvias torrenciales acaecidas los días 17 y 18 de diciembre de 2016, provocaron la inundación del municipio de Los Alcázares y, no solo eso, las ramblas arrastraban lodo y barro que quedó depositado en viviendas, sótanos, garajes y locales del casco urbano, además de calles y plazas. La fuerza mayor no se agota con el período de lluvias. Tras el mismo es inevitable que en las calles haya barro hasta que no se concluya la labor de limpieza de todas las viviendas, sótanos, locales etc. Tal y como argumenta la propia apelante, en nuestro Derecho, partiendo del art. 1105 del Código Civil, la fuerza mayor es una causa que exonera de responsabilidad cuando el incumplimiento o el daño se produce por un hecho que no podía preverse o que, aun previéndose, era inevitable.Eso acontece en nuestro caso. Que las calles del municipio no respondiesen a estándares normales de limpieza cuatro días después de cesar las lluvias, era algo inevitable. No había transcurrido tiempo material suficiente para la limpieza de viviendas, locales, sótanos y garajes y el vaciado de barro y lodo de los mimos por los vecinos lleva inevitablemente a la presencia de barro en las calles, situación que se prolongó, conforme al informe firmado por el Coordinador Auxiliar del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, D. David, hasta el 15 de enero de 2017. Resultaba imposible limpiar de forma inmediata el derrame accidental y/o voluntario de barro en la calzada por parte de los vecinos, de modo que siendo inevitable, obedece a razones de fuerza mayor.La prestación del servicio de limpieza por parte de los servicios municipales dentro de estándares de normalidad era imposible por motivos de fuerza mayor,siendo la fuerza mayor motivo de exclusión de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La parte recurrente pone el acento en que no había contenedores suficientes en la calle afectada por la caída. No está acreditado cuando había caído el barro en la calzada, ni si en ese momento existían contenedores o no, o si estaban o no llenos. Doña Purificacion, testigo propuesta por la demandante, atestigua que los vecinos sacaban barro en carretillas y que a veces eran los propios vecinos los que arrojaban ese barro a la vía pública, pero nada afirmó esta testigo en relación con el origen del barrio de la calzada el día 23 de diciembre de 2016, cuando sobre las 12:00 h se produjo la caída de la demandante. Es más, se ha dado por hecho que resbaló en el barro, aunque en puridad ese extremo no resultó acreditado. No hubo testigos directos del momento de la caída. No obstante, el Juzgador de instancia apreció correctamente fuerza mayor y no entró en mayores consideraciones. El Municipio está sumido en una catástrofe. No dispone de miles de contenedores y aunque dispusiese de los mismos, las continuas labores de limpieza de los vecinos en sus viviendas, locales, garajes y sótanos hubiesen dado lugar a derrames continuos de lodo y barro en las calles. No se puede cortar el tráfico en todo el municipio, por razones obvias, debiendo ser los conductores quienes extremen las precauciones necesarias ante un casco urbano anormalmente invadido por barro y lodo en sus calles.

Para la apreciación de fuerza mayor y desestimación de la demanda basta con el primer párrafo del fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia, cuando dice "Y es que no puede pretender la parte actora que por el hecho de que la caída tuviera lugar sólo 4 días después de las lluvias torrenciales que dieron lugar a la DANA, a la administración le sea exigible un estándar de conservación y mantenimiento de la vía pública idéntico al que le es exigible en unas circunstancias normales.".

Procede, en virtud de lo expuesto, desestimar el recurso de apelación

presentado.

QUINTO.- A tenor de lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede imponer a la parte apelante las costas procesales causadas a la Administración pública demandada, si bien limitadas a 300 euros, excluido IVA, en aplicación del art. 139.4 de la LJCA, atendida la naturaleza y complejidad del recurso de apelación, sin que haya lugar a imponer las costas causadas a las partes interesadas apeladas al no dirigirse pretensión contra las mismas, al tiempo que su actuación procesal nada añade a la de la Administración demandada en orden a la desestimación del recurso de apelación.

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

PRIMERO.- La sentencia apelada desestimó la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta por Dª. Edurne frente a la resolución presunta por silencio del Ayuntamiento de Los Alcázares, desestimatoria de la reclamación y exigencia de responsabilidad patrimonial en cuantía de 126.057'67 € por los daños que sufrió la actora como consecuencia del accidente que padeció el 23 de diciembre de 2016; condenando en costas a la parte actora, si bien limitadas a la cantidad de 500 euros por todos los conceptos.

El Jugador de instancia, tras exponer los requisitos legales y jurisprudenciales para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, desestima la demanda apreciando la concurrencia de fuerza mayor, exponiendo lo siguiente en el fundamento de Derecho tercero:

"TERCERO.-En este caso procede la desestimación íntegra de la demanda debido a la concurrencia de fuerza mayor.

es que no puede pretender la parte actora que por el hecho de que la caída tuviera lugar sólo 4 días después de las lluvias torrenciales que dieron lugar a la DANA, a la administración le sea exigible un estándar de conservación y mantenimiento de la vía pública idéntico al que le es exigible en unas circunstancias normales.

La situación que provocó la DANA de los días previos al accidente fue tan extraordinaria, que esta circunstancia fue reconocida absolutamente por todos los testigos que comparecieron en el acto del juicio, incluso por Dª. Purificacion, la testigo menos imparcial por ser conocida de la actora, que manifestó que quiso irse a su pueblo por Navidades y no pudo porque seguía todo fatal y los vecinos seguían limpiando el lodo y el barro, echándolo en carretillas, que vaciaban en containers, pero que cuando no había containers echaban el barro y el lodo a la calle, y que estuvieron así por lo menos 15 días, aunque después dijo que estuvieron por lo menos un mes.

Es evidente que no se le puede exigir a la administración que tenga un container en cada una de las calles del municipio todo el tiempo para que los vecinos echaran en los mismos el barro y el lodo dada las dimensiones de la DANA que asoló el municipio aquellos días.

Y en cuanto al hecho de que la calle no estuviera cortada al tráfico, tanto los policías locales, como el Coordinador Auxiliar del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, D. David, en sus respectivas declaraciones manifestaron que, si bien es cierto que sólo se cortaban las calles concretas donde estaba trabajando la maquinaria pesada, sin embargo, a la entrada del municipio sí se dispusieron carteles que advertían de la obligación de circular con precaución dada la situación en la que se encontraba el municipio por la DANA, siendo imposible cerrar todo un municipio al tráfico porque ello implicaba no permitir el acceso de los vecinos a sus viviendas, ni permitirles limpiarlas y sacar los enseres salvables, asistir a sus trabajos, etc, una vez ya habían desaparecido las lluvias torrenciales que tuvieron lugar los días 18 y 19 de diciembre de 2016.

Y si bien es cierto que la UME se retiró el día 22 de diciembre de 2016, ello no quiere decir que la emergencia hubiera desaparecido sino que, como manifestó D. David, con los medios de la Comunidad y del Ayuntamiento se siguió trabajando en la emergencia. Es más, no consta que en los días en los que estuvo trabajando la UME se cerraran al tráfico la totalidad de las calles del municipio y ni que hubiera containers en cada una de las calles del mismo para echar barro, que parece que son las medidas que considera la actora que debía haber adoptado el Ayuntamiento en una situación como la vivida aquellos días, lo cual, como hemos razonado no es así.

Tal fue la situación provocada por la DANA aquellos días que el policía local NUM000 manifestó que "conforme estaba la vía, la carretera, y más con un vehículo de 2 ruedas, eso era prácticamente intransitable, era provocar un accidente sin querer, porque cualquier persona que tenga un poco de pericia en el tema de conducir moto o vehículo sabe con ese estado de carreteras los coches se deslizan en cualquier momento,", añadiendo incluso que "yo soy conductor de motocicleta, y sé que con esa vía, por esa vía era imposible circular, es un riesgo, vamos, que tienes un 99% de posibilidades de caerte".

Pero es que además su declaración fue plenamente coincidente con lo expresado en el atestado firmado por él y que figura en los folios 5 y siguientes del expediente administrativo, pudiendo leerse en el apartado Informe Técnico:

"Debido a la gran cantidad de lluvia caída en la zona, dando como resultado la acumulación de barro en la vía por donde circulaba la conductora del ciclomotor, esta perdió el equilibrio y cayó al suelo, y como consecuencia de ello, se produjo lesiones en el hombro y brazo derecho, siendo traslada por el servicio de ambulancia.

A juicio del agente que suscribe, la responsabilidad del accidente fue de la conductora del ciclomotor puesto que no tuvo la precaución debida al circular por dicha vía.".

Lo expuesto ya es suficiente para apreciar la existencia de fuerza mayor que exonera a la administración de responsabilidad patrimonial en este supuesto, pero es que además consta en el expediente administrativo el informe firmado por el Coordinador Auxiliar del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, D. David, en el que se puede leer:

"En la madrugada del día 19 empiezan a llegar los medios de la UME, que se suman a los servicios que ya había en las labores de rescate, durante esas horas también Cruz Roja establece en el CAR el centro para asistencias de las personas rescatadas, dando asistencia a casi 200 personas y alojando a 50 durante la noche del 19 al 20 de diciembre. La Concejalía de Servicios Sociales, se hace cargo de los afectados del CAR (Centro de Alto Rendimiento), trasladando a las familias sin recursos a hoteles o residencias de la Tercera Edad.

Durante el día 19 se siguen con los rescates de personas, suministro de agua y comida para la gente que estaba atrapada en sus casas y con la asistencia a las personas rescatadas.

El día 20 tras bajar el nivel de agua en las calles y una vez que estaban las personas rescatadas, se comienza con los achiques de casas, garajes y sótanos, así como la retirada de enseres de viviendas y calles.

Los días 21, 22, 23 se continúa con los achiques de casas, garajes y sótanos, así como la retirada de enseres de viviendas y calles.

El día 21 Urbaser (empresa concesionaria de la limpieza viaria), comenzó junto con el apoyo de empresas que aportan otros ayuntamientos de la Región, empresas privadas con maquinaria pesada y el refuerzo de los servicios de bomberos y forestales, la retirada de lodos y barro de las calles, así como la limpieza de las mismas, que durara hasta el día 15 de Enero de 2017.".

Y a continuación en el informe se especifican las instituciones que participaron en las labores de recuperación del municipio tras la DANA y los medios empleados por cada una de ellas: el Ayuntamiento de Cartagena, el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, la UME, Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil de distintos Ayuntamientos de la Región de Murcia, Cruz Roja y Unidad de Defensa de Incendios Forestales de la Región de Murcia.

Asimismo, consta también que el diario La Verdad en su edición de 20 de diciembre de 2016 identificó a Los Alcázares

como la zona 0 del diluvio.

Y ya para finalizar, diremos que la DANA sufrida en diciembre de 2016 por varios municipios próximos al Mar Menor ya ha sido declarada como situación de fuerza mayor que excluye la responsabilidad patrimonial de la administración en otras sentencias judiciales, de entre las que citaremos la SAN de 22 de noviembre de 2023 (n.º de Recurso 2253/2019) que declara al respecto:

"A tal efecto ha de traerse a colación el Informe Meteorológico de fecha 6 de noviembre de 2017 de la Delegación Territorial en Murcia de la AEMET, aportado como documento n º8 del expediente, en el que se expone con claridad la borrasca fría aislada (lo que actualmente conocemos como DANA) que se desplazó desde la vertical de Marruecos al mediterráneo y que afectó a la Región de Murcia los días 16 a 19 de diciembre de 2016, produciéndose precipitaciones persistentes, generalizadas, ocasionales, tormentosas y puntualmente intensas llegando, incluso, a ser en forma de granito.Informe que añade que "Analizando la serie de precipitaciones diarias en la estación de Torreblanca (la más próxima a la zona en cuestión), concluimos que la precipitación diaria del día 18 de diciembre de 2016, 202 l/m2, ha sido la más alta registrada en los 41 años de datos. Y que "Si construimos la serie de precipitaciones acumuladas en cuatro días consecutivos de la estación de Torreblanca, obtenemos que la precipitación entre el 16 y el 19 de diciembre de 2016, 274 l/m2, ha sido la más alta de toda la serie".

Y en el mismo sentido el Informe de la AEMET adjuntado como documentos 3 y 5 del expediente del Ministerio de Transición Ecológica, del que se desprenden unas precipitaciones de hasta 45,4 litro el día 17 de diciembre y de hasta 158, 3 litros el día 18 de diciembre.

Conforme a los criterios de la AEMET, constituyen "lluvias torrenciales" aquellas cuya intensidad es superior a los 60 litros por metro cuadrado en una hora, "lluvias muy fuertes" cuando su intensidad se encuentra entre 30 y 60 litros por metro cuadrado, "fuertes" si la intensidad es mayor que 15 y menor que 30 l/m2, "moderadas" entre 2 y 15 l/m2 y finalmente "débiles" si la intensidad es igual o menor de 2 l/m2.

En consecuencia, y siguiendo tales criterios de la AEMET, el día 17 hubo lluvias muy fuertes y el día 18 lluvias torrenciales, pues la precipitación que se produjo ese día 18 a las 17 horas supera en un 75% el límite a partir del cual se considera que las lluvias son torrenciales, máxima categoría de intensidad contemplada.

Tal fue la gravedad de la situación que al amparo del artículo 23 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil , el Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de diciembre de 2016, adoptó un Acuerdo por el que se declaraba "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil", como consecuencia de las inundaciones acaecidas desde el 17 de diciembre de 2016,las Comunidades Autónomas Valenciana, de la Región de Murciay de Islas Baleares y las provincias de Almería y Albacete, adoptándose medidas para reparar los daños causados.

Y los periódicos se hicieron también eco de estos hechos, y así La Verdad de Murcia en su edición digital del 18 de diciembre anuncia la suspensión de clases en San Javier el día 19, el corte de carreteras de dicho término municipal e incluso el desvío de los vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto de San Javier.

Dados los términos de la demanda, resulta asimismo trascendente traer a colación el Informe de la Dirección General de carreteras que figura como documento n.º 18 del expediente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que indica lo siguiente:

"En la fecha en que se produjeron los daños reclamados toda la Región de Muria y, en particular los municipios del entorno del Mar Menor sufrieron lluvias muy intensas que produjeron importantes daños en explotaciones agrícola e infraestructuras (...)También se tiene constancia de que en esta zona se han realizado importantes obras y edificaciones que han alterado la red de drenaje natural, modificando la topografía del terreno, obstruyendo los cauces naturales y provocando que en la actualidad el agua discurra torrencialmente por cauces que no existían anteriormente (...)

QUINTO .- Una vez sentado, por tanto, que la causa de la inundación fueron las lluvias caídas entre el 16 y el 19 de diciembre de 2016, y que éstas tuvieron un carácter extraordinario, ha de concluirse que la inundación se debió a fuerza mayor, es decir, a un suceso "inevitable", tal como lo define el artículo 1105 Código Civil , por lo que queda automáticamente excluida la aplicación de lo previsto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico , que exonera de responsabilidad patrimonial a la Administración en los casos de fuerza mayor.".

Así pues, en base a lo expuesto, procede la desestimación íntegra de la demanda, sin que sea necesario entrar a resolver ninguna otra cuestión.

SEGUNDO.-La parte recurrente fundamenta su recurso de apelación en los siguientes argumentos, expuestos resumidamente:

Error en la valoración de la prueba. Refiere el concepto de fuerza mayor, conforme a la Jurisprudencia, y señala que la fuerza mayor no puede tenerse en cuenta respecto a hechos posteriores al suceso de fuerza mayor. La lluvia se produjo entre los días 16 y 18 de diciembre de 2016, si bien el accidente ocurre el día 23 de diciembre estando la vía donde se produjo la caída abierta al tráfico. Según el informe aportado por David, coordinador auxiliar del servicio de emergencias del Ayuntamiento de los Alcázares, es el día 23 el último día donde se realiza limpieza de calles, habiéndose retirado la UME el día 22 y pasando ese mismo día al nivel 1 de emergencia, siendo éste el nivel en el que la Comunidad y el Ayuntamiento disponen de los recursos suficientes para hacer frente a la catástrofe.

La testigo que depuso en el plenario, Doña Purificacion, afirmó que gracias a que salió el sol se secó todo y la carretera, calificada como vía principal por la agente de la Policía Local que declaró en tercer lugar, se encontraba abierta al tráfico, es más, la señora Purificacion dijo que la demandante, la señora Edurne, había ido a su casa el día anterior, circulando con normalidad.

Destaca que el Agente de la Policía Local dijo que la gente que no vivía en los Alcázares y que tenían allí su segunda residencia, iban viniendo en días posteriores a realizar estas tareas de limpieza y, a veces, cuando se llevaban al contenedor y estaba lleno, los residentes vertían los residuos a la calzada, hecho este que confirmó el Sr. David cuando dijo que se vertían a la vía pública.

La vía no estaba intransitable, sino que estaba abierta al tráfico.

En el caso de autos ni había señales, ni había contenedores para el vertido del barro y tampoco se trata de un suceso imprevisible o inevitable ya que las lluvias se habían producido días anteriores.

2º) En cuanto a las lesiones reclamadas consecuencia del accidente, mostró su conformidad con la valoración de la parte demandada conforme al informe emitido por el Dr. Doroteo que fijó las lesiones en 3 días de perjuicio particular muy grave, 38 días de perjuicio grave, 118 días de perjuicio moderado y 159 días de perjuicio básico, con secuelas en hombro y perjuicio estético, valorándose en 50.685,55 euros más la parte del perjuicio moral por pérdida por calidad de vida, que en el acto de la práctica de la prueba estimó en 15.000 euros.

TERCERO.-La representación del Excmo. Ayuntamiento de los Alcázares se opone al recurso de apelación argumentando, expuesto resumidamente:

1º) Las lluvias torrenciales del 16 al 18 de diciembre de 2016 son un supuesto de fuerza mayor. Es un hecho probado que el accidente se debió a la gran cantidad de arrastres producidos por la lluvia, dando como resultado la acumulación de barro y lodo en todo el término municipal y, por ende, en la vía por donde circulaba la apelante con un ciclomotor en el momento en el que hacía un giro, razón por la que la apelante perdió el equilibrio y cayó al suelo. El día 23-12-2016 (fecha de la caída de la apelante de su ciclomotor) continúan las labores de achiques de casas, garajes y sótanos, así como la retirada de enseres de viviendas y calles. El barro y lodo extraído se derivaba al viario público al no existir otra alternativa más adecuada y/o eficiente.

2º) Aunque no se adhiere al recurso de apelación, reitera el argumento de la instancia relativo a la falta de concreción del acto impugnado, impugnándose un acto inexistente, lo que debía llevar a la inadmisibilidad del recurso. El suplico de la demanda no identificó el acto recurrido. Considera que hubo desviación procesal y debe resolverse sobre la misma para el caso de que se acoja el recurso de apelación.

3º) Inexistente legitimación pasiva del Ayuntamiento de Los Alcázares porque la demanda se dirige frente al Ayuntamiento de los Alcázares y no de Los Alcázares.

4º) Infracción del art. 456 LEC porque el recurso de apelación no concreta si persigue la pretensión formulada ante el Juzgado de instancia, o si interesa que se revoque la sentencia de instancia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente.

5º) No existe error en la valoración de la prueba. La sentencia apelada es conforme a Derecho. No puede prosperar el recurso de apelación habida cuenta de que resulta palmaria la concurrencia de fuerza mayor, que hace inviable exigir al Ayuntamiento de Los Alcázares la plena observancia de un estándar de calidad, no ya medio sino óptimo de las vías públicas, dado que el término municipal había sido asolado por la DANA. Resultaba temerario circular con un vehículo de dos ruedas sobre una calzada que, por más que se limpiaba reiteradamente tras las extracciones de barro y lodo, volvía a ser, una y otra vez, el destino del lodo y barro extraído continuamente, las 24 horas del día, de garajes, locales y viviendas dispuestas tanto en planta sótano como en planta baja, y ello conforme los Servicios de Emergencias (Bomberos y Protección Civil) podían acceder a los distintos inmuebles.

Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. se adhiere a los motivos de impugnacióndel recurso de apelación formuladas por el Excmo. Ayuntamiento de Los Alcázares.

En parecidos términos se opone al recurso de apelación URBASER, S.A.Añade que ni siquiera ha sido codemandada y no puede atribuirse responsabilidad patrimonial objetiva a la Concesionaria, si bien sostiene que no existe título suficiente de imputación del daño a la Administración demandada derivado del deber de mantener la vía pública en debidas condiciones.

CUARTO.- El hilo argumental de la parte recurrente se residencia en la afirmación de que el Juzgador de instancia ha errado en la valoración de la prueba practicada. Alegado error en la valoración de la prueba debemos recordar que es doctrina jurisprudencial que, si bien es cierto que el recurso de apelación permite al tribunal a quem discutir la valoración de la prueba practicada por el juez a quo, la facultad revisora por el tribunal de la prueba realizada por el juzgado debe ejercitarse con ponderación y sólo es posible en supuestos excepcionales, que son aquellos en que se justifique que el juzgado a quo ha vulnerado alguno de los preceptos que atribuyen valor tasado a determinados medios de prueba, o en que la valoración realizada sea arbitraria o ilógica y, por consiguiente, vulneradora del art. 9.3 de la CE. No basta alegar que el resultado probatorio obtenido por el juzgado a quo pudo ser distinto o que es erróneo, a juicio de quien recurre, sino que es necesario justificar que la valoración realizada es arbitraria, irrazonable o conduce a resultados inverosímiles. Ello es así porque en el proceso contencioso-administrativo la prueba se rige por las mismos principios que la regulan en el proceso civil y la convicción del juzgador descansa en la valoración conjunta y ponderada de toda la prueba practicada por quien la realizó con inmediación y dispone de una percepción directa de aquella, percepción de la que carece esta Sala, salvo para la prueba documental, estando en mejor posición al analizarla que la que tiene la Sala al conocer de la apelación; razón por la que, en principio, como se ha dicho, ha de respetarse la valoración efectuada por el juez de instancia sin que esté permitido sustituir la lógica o sana crítica del mismo por la de la parte, ( SSTS 17-3-2017, recurso 2706/2014, 5-7-2016, recurso 1515/2015, 15-9-2015, recurso 1715/2013, entre otras).

A lo anterior debemos añadir que, según dice la STS de 12-2-2018, recurso 2386/2016, "Respecto de la forma de acometer la valoración de la prueba, también es consolidada la jurisprudencia que afirma la validez de la valoración conjunta de los medios de prueba, sin que sea preciso exteriorizar el valor que al Tribunal sentenciador le merezca cada concreto medio de prueba obrante en el expediente administrativo o la aportada o practicada en vía judicial. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que "...la Constitución no garantiza el derecho a que todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes del litigio hayan de ser objeto de un análisis explícito y diferenciado por parte de los jueces y tribunales a los que, ciertamente, la Constitución no veda ni podría vedar la apreciación conjunta de las pruebas aportadas" ( ATC 307/1985, de 8 de mayo)".

En nuestro caso, la Sala no encuentra motivos para apartarse de la conclusión alcanzada por el Juzgador de instancia tras la valoración conjunta de la prueba practicada.

La valoración de la prueba del Juzgador se ha transcrito íntegramente en el fundamento de derecho primero de esta sentencia. Basta su lectura para colegir que la prueba se ha valorado correctamente, con criterios lógicos y racionales.

No cabe duda que las lluvias torrenciales acaecidas los días 17 y 18 de diciembre de 2016, provocaron la inundación del municipio de Los Alcázares y, no solo eso, las ramblas arrastraban lodo y barro que quedó depositado en viviendas, sótanos, garajes y locales del casco urbano, además de calles y plazas. La fuerza mayor no se agota con el período de lluvias. Tras el mismo es inevitable que en las calles haya barro hasta que no se concluya la labor de limpieza de todas las viviendas, sótanos, locales etc. Tal y como argumenta la propia apelante, en nuestro Derecho, partiendo del art. 1105 del Código Civil, la fuerza mayor es una causa que exonera de responsabilidad cuando el incumplimiento o el daño se produce por un hecho que no podía preverse o que, aun previéndose, era inevitable.Eso acontece en nuestro caso. Que las calles del municipio no respondiesen a estándares normales de limpieza cuatro días después de cesar las lluvias, era algo inevitable. No había transcurrido tiempo material suficiente para la limpieza de viviendas, locales, sótanos y garajes y el vaciado de barro y lodo de los mimos por los vecinos lleva inevitablemente a la presencia de barro en las calles, situación que se prolongó, conforme al informe firmado por el Coordinador Auxiliar del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, D. David, hasta el 15 de enero de 2017. Resultaba imposible limpiar de forma inmediata el derrame accidental y/o voluntario de barro en la calzada por parte de los vecinos, de modo que siendo inevitable, obedece a razones de fuerza mayor.La prestación del servicio de limpieza por parte de los servicios municipales dentro de estándares de normalidad era imposible por motivos de fuerza mayor,siendo la fuerza mayor motivo de exclusión de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La parte recurrente pone el acento en que no había contenedores suficientes en la calle afectada por la caída. No está acreditado cuando había caído el barro en la calzada, ni si en ese momento existían contenedores o no, o si estaban o no llenos. Doña Purificacion, testigo propuesta por la demandante, atestigua que los vecinos sacaban barro en carretillas y que a veces eran los propios vecinos los que arrojaban ese barro a la vía pública, pero nada afirmó esta testigo en relación con el origen del barrio de la calzada el día 23 de diciembre de 2016, cuando sobre las 12:00 h se produjo la caída de la demandante. Es más, se ha dado por hecho que resbaló en el barro, aunque en puridad ese extremo no resultó acreditado. No hubo testigos directos del momento de la caída. No obstante, el Juzgador de instancia apreció correctamente fuerza mayor y no entró en mayores consideraciones. El Municipio está sumido en una catástrofe. No dispone de miles de contenedores y aunque dispusiese de los mismos, las continuas labores de limpieza de los vecinos en sus viviendas, locales, garajes y sótanos hubiesen dado lugar a derrames continuos de lodo y barro en las calles. No se puede cortar el tráfico en todo el municipio, por razones obvias, debiendo ser los conductores quienes extremen las precauciones necesarias ante un casco urbano anormalmente invadido por barro y lodo en sus calles.

Para la apreciación de fuerza mayor y desestimación de la demanda basta con el primer párrafo del fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia, cuando dice "Y es que no puede pretender la parte actora que por el hecho de que la caída tuviera lugar sólo 4 días después de las lluvias torrenciales que dieron lugar a la DANA, a la administración le sea exigible un estándar de conservación y mantenimiento de la vía pública idéntico al que le es exigible en unas circunstancias normales.".

Procede, en virtud de lo expuesto, desestimar el recurso de apelación

presentado.

QUINTO.- A tenor de lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede imponer a la parte apelante las costas procesales causadas a la Administración pública demandada, si bien limitadas a 300 euros, excluido IVA, en aplicación del art. 139.4 de la LJCA, atendida la naturaleza y complejidad del recurso de apelación, sin que haya lugar a imponer las costas causadas a las partes interesadas apeladas al no dirigirse pretensión contra las mismas, al tiempo que su actuación procesal nada añade a la de la Administración demandada en orden a la desestimación del recurso de apelación.

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,