Sentencia Contencioso-Administrativo 245/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1121/2022 de 13 de abril del 2026

PRIMERO.-Se interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación presentada en fecha 3 de febrero de 2022 por la mercantil UCB PHARMA S.A ante el Servicio Madrileño de Salud, por importe de 29.124,75 euros en concepto de intereses de demora devengados por el pago tardío de suministros, así como 405.000 euros en concepto de indemnización por costes de cobro.

La demandante discrepa del cómputo alternativo de intereses debidos que presenta el Servicio Madrileño de Salud al señalar: (i) el día inicial de cómputo ha de ser el día de emisión, ya que lo que se debe conformar es el suministro, no la factura, o de manera subsidiaria, el día de conformidad de la factura, que aparece certificado en el expediente administrativo; (ii) el período de carencia ha de ser de 30 días al no estar establecido el plazo de 60 días en ninguna norma; (iii) para el cálculo de intereses ha de incluirse el IVA, ya que se produce el devengo con la entrega de los bienes y, por tanto, la correspondiente obligación del contratista de ingresar dicho impuesto en la Hacienda Pública.

Por otra parte, se reclaman los costes de cobro a razón de 40 €/factura correspondientes a las facturas que constan abonadas fuera de plazo relativas al PO 912/2020 y 666/2021 ya que sostiene: (i) no existe cosa juzgada respecto de la indemnización por costes de cobro, ya que en ambos procesos no fue reclamada; (ii) no existe obligación legal alguna que impida la reclamación por separado de los intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro en procesos administrativos y judiciales distintos. El desglose de la indemnización por costes de cobro solicitada en el proceso es el siguiente:

- Facturas incluidas en la reclamación de intereses: 752.

- Facturas incluidas en el PO 912/2020: 5192.

- Facturas incluidas en el PO 666-21: 4186.

El Letrado de la Comunidad de Madrid se opone a la demanda en los siguientes términos:

(i) Por lo que se refiere al cálculo de los intereses de demora, se remite a los criterios del Informe de la Subdirección General de Gestión Económica y Análisis Presupuestario del SERMAS, de fecha 9 de octubre de 2022 (folios 175 a 195 del expediente administrativo), conforme al cual la cuantía en que se fijan los intereses de demora reclamados ascienden a 10.768,67 euros. Afirma que para que se inicie el cómputo para el devengo de intereses, el contratista debe haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente conforme al art. 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.

Añade que hay dos facturas que han sido regularizadas de manera parcial, con dos abonos o devolución de cantidades emitidas por el proveedor acreedor UCB PHARMA S.A.

(ii) Alega que el IVA ha de excluirse del cálculo de los intereses de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo en sentencia 1344/2020 de 19 de octubre, que resuelve el recurso de casación 2258/2019. Añade que corresponde a la parte que reclama el pago de intereses de demora sobre facturas con IVA incluido la carga de probar que ha abonado el impuesto correspondiente a cada factura con anterioridad al momento en el cual se han abonado las facturas por parte de la Administración.

(iii) Para el abono de los intereses sobre intereses (anatocismo) se exige, primero, que los intereses sobre los que a su vez se devengan intereses sean vencidos y la deuda líquida, y, segundo, que sean reclamados judicialmente. Como en el presente caso los intereses legales derivados de la demora en el pago de los suministros no son líquidos, al no estar conforme la Administración con los periodos de devengo y al haber incluido la actora el IVA en la cantidad sobre la que se giran los intereses, no procede el abono de dichos intereses de intereses dela demora en el pago de las facturas que ahora se reclaman.

(iv) Respecto a los costes de cobro, afirma que han de estar debidamente acreditados. Expone que resulta desproporcionada la reclamación de 30.080 euros por este concepto y 375.120 euros por las facturas correspondientes a los PO 912/2020 y PO 666/2021, además de la mala fe respecto a la inclusión de las mismas en este procedimiento.

Por otra parte, alega que hay 391 facturas que no generan intereses de demora y que representan un total de 10.640 euros de costes de cobro.

SEGUNDO.-En cuanto a la inclusión del importe del IVA junto al principal en la base de cálculo de los intereses de demora de cada factura esta cuestión ha recibido respuesta por parte del Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de diciembre de 2022, dictada en el recurso de casación 5563/2020 "...vista la interpretación del artículo 2.8 de la Directiva 2011/7, de 16 de febrero de 2011 , que hace la STJUE de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/20 ), debemos declarar, de acuerdo con lo razonado en el apartados 54 a 59 de la fundamentación de dicha sentencia del Tribunal de Justicia y el pronunciamiento contenido en el apartado 3/ de su parte dispositiva, que en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de determinadas facturas de un contrato administrativo (en este caso, un contrato de servicios) debe incluirse la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA), sin que para que proceda el pago de tales intereses sea exigible que el contratista acredite que ha realizado efectivamente el pago del impuesto a la Hacienda Pública."Por ello debe ser estimada la pretensión de la parte actora relativa a la inclusión del IVA, debiendo efectuarse el cálculo de los intereses de demora sobre el importe total de la factura emitida.

TERCERO.-En lo que se refiere a la cuestión del día inicial ( dies a quo ),para el cómputo de los intereses de demora, hay que aclarar dos cuestiones: la primera que la parte demandante sostiene que el día inicial para el cómputo de los intereses de demora, es el del transcurso de 30 días desde la fecha de emisión de cada factura, lo que no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. En segundo lugar, que existen determinadas facturas que se han presentado más de una vez en el Registro FACe de facturas por parte de la empresa suministradora, debido a que las facturas fueron devueltas por el Servicio Madrileño de Salud; en estos supuestos, la fecha de registro FACe a tener en cuenta es la última, y ello porque las razones por las que se devolvieron las facturas se consideran correctas, al no haberlas desvirtuado o contradicho la sociedad suministradora.

Sentado lo anterior, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2022, en rigor no analiza la incidencia en el tema de la Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2022, limitándose a decir " que deban ser tomadas en consideración, en lo que resulten de aplicación, las consideraciones expuestas en los apartados 43 a 53 de la fundamentación jurídica de la citada STJUE de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/20 ) y el pronunciamiento contenido en el apartado 2º de su parte dispositiva. "

El apartado 47 de la Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2022, afirma lo siguiente en su apartado 47, cuando resuelve la cuestión prejudicial del plazo de carencia para el inicio del cómputo de los intereses de demora:

" Así pues, de estas disposiciones combinadas resulta que, de una parte, la Directiva 2011/7 no concibe que el procedimiento de aceptación o de comprobación sea inherente a las operaciones comerciales entre los poderes públicos y las empresas. Por otra parte, cuando este procedimiento "[se establezca] legalmente o en el contrato", su plazo máximo es de 30 días naturales, y solo puede superarse excepcionalmente en las condiciones previstas en el artículo 4, apartado 5, de dicha Directiva. "

Por su parte, el fallo de la Sentencia anterior, en su punto 2, afirma que la Directiva 2011/7 se opone, con carácter general, a plazos de pago superiores a 30 días.

Así pues, aunque la regla es que el pago debe realizarse en un plazo máximo de 30 días desde la recepción por el deudor de la factura o la solicitud de pago equivalente, tal y como dice expresamente el artículo 4.3.a) iv de la Directiva 2011/7, y por tanto no desde la fecha de la factura o solicitud de pago, como incorrectamente sostiene la parte demandante; por otra parte, se permite como excepción que a ese plazo máximo de pago de 30 días, le preceda un plazo previo no superior a otros 30 días, para la aceptación y verificación por el deudor de la prestación del contratista ( artículo 4.5 de la Directiva anterior ), si concurren circunstancias que lo justifiquen.

Esta Sección considera que, en el concreto caso de suministros sanitarios o farmacéuticos a los Servicios de Salud, que suponen cientos y en muchas ocasiones miles de suministros a diferentes hospitales dependientes de cada Servicio de Salud, ese enorme volumen de suministros, y las dificultades que su correcta gestión supone para un adecuado control sanitario y administrativo, justifica cumplidamente que el Servicio de Salud correspondiente cuente con un periodo previo, no superior a 30 días, para la aceptación y verificación de las prestaciones de los contratistas.

Las razones anteriores, nos llevan por tanto a mantener, en este supuesto, la plena aplicación al caso enjuiciado de lo dispuesto en los artículos 198 y 210 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público ( LCSP ) del año 2017, que disponen lo siguiente:

" 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono."

Por su parte, el artículo 210 del texto legal anterior, dice así:

" 1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. "

Pues bien, como esta Sala y Sección ha dicho reiteradamente en aplicación de los preceptos legales transcritos ( véase entre otras la Sentencia de 7 de julio de 2021, recaída en el recurso número 926/2019 ), con carácter general, el día inicial del devengo de los intereses de demora es el del transcurso del plazo de treinta días desde la fecha de aprobación por la Administración contratante de las correspondientes certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, teniendo la Administración el plazo máximo de treinta días para realizar tal aprobación desde la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato o en alguno de los documentos que rijan la licitación ( que en este caso no se ha acreditado exista).

Ahora bien, para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debe de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio, y si no lo hiciera así el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

En consonancia con lo anterior, la postura que se expone en el informe del SERMAS que aparece en el expediente administrativo, relativa a que el día inicial para el devengo de los intereses de demora es el del transcurso del plazo de 60 días computados desde la presentación de las facturas en el registro FACe, no es conforme a Derecho, ya que constando en el expediente administrativo la fecha de aprobación por el SERMAS de cada una de las facturas tras su registro, el plazo de 30 días para el pago se inicia al día siguiente al de cada aprobación de la correspondiente factura y, transcurrido ese plazo, comienzan a devengarse los intereses de demora.

En relación al día final del cómputo de los intereses de demora, y al tipo de interés aplicable, no existe controversia entre las partes.

Por último, respecto a los intereses legales del artículo 1.109 del Código Civil, no se van a conceder, al no ser líquidos los intereses de demora reclamados, derivando su liquidez de lo declarado en esta Sentencia.

CUARTO.-Reclama la parte actora al amparo del art. 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales la suma de 40 euros por cada una de las facturas reclamadas.

La sentencia nº 1386/2025 de fecha 30 de octubre del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, sección 3ª dictada en el recurso de casación 8889/2022, casando sentencia de esta misma Sala y sección ha declarado que "Resulta, por tanto, que de acuerdo con la doctrina establecida en la STJUE C-585/20 , que coincide con la jurisprudencia de esta Sala (STSS 612/2021, de 4 de mayo de 2021 y 810/2021, de 8 de junio de 2021), procede afirmar que la falta de pago dentro del plazo legal o contractual determina la mora y, salvo supuestos de fraude de ley, genera, ipso iure, el derecho del acreedor a percibir la cantidad fija de cuarenta euros por cada factura abonada con retraso, sin necesidad de reclamación expresa ni acreditación de perjuicio alguno. El reconocer esta compensación por cada una de las facturas reclamadas desalienta la morosidad, que es el objetivo perseguido por el art. 6.1 de la Directiva 2011/7, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 , y por el artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , que la traspone y, por tanto, su exigencia respeta lo establecido en las citadas normas. (...)

Y en la sentencia nº 1640/2025 de 15 de diciembre dictada en el recurso de casación 7614/2022 se expone en igual sentido "Como se ha indicado, este derecho tiene naturaleza automática y autónoma, y su reconocimiento no depende de la corrección aritmética o jurídica de la liquidación de intereses. Incluso cuando el cálculo de estos pudiera reputarse indebido o inexacto, el derecho a la cantidad fija de 40 euros, salvo que se incurra en fraude de ley, subsiste, al derivar directamente de la mora y no del modo en que se practique la liquidación de intereses. Los posibles vicios o irregularidades que pudiera presentar la factura deben ser valorados por la Administración exclusivamente para decidir si procede otorgar su conformidad, pero no pueden justificar la denegación del abono de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , en relación con el artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.(...)

El artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que transpone a nuestro ordenamiento el art. 6.1 de la Directiva 2011/7, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 , debe interpretarse en el sentido de reconocer que los 40 euros que prevé el párrafo primero de este precepto en concepto de indemnización al acreedor en los supuestos en los que el deudor ha incurrido en mora deben abonarse por cada una de las facturas pagadas con retraso. A estos efectos es irrelevante que las facturas se presenten junto con otras en una única reclamación administrativa. Asimismo, resulta improcedente valorar si la indemnización es razonable o proporcionada. Esta es una indemnización que, salvo que se incurra en fraude de ley, procede ex lege en todos los casos en el que el deudor haya incumplido el plazo de pago de la factura y este incumplimiento le sea imputable."

Por lo que es procedente la condena al abono de 40 euros por cada una de las facturas que se abonaron con retraso y generaron intereses de demora respecto a las reclamadas en el presente procedimiento.

Sin embargo, procede rechazar la indemnización por costes de cobro respecto a aquellas facturas cuyos intereses por mora se reclamaron en el PO 912/2020 y PO 666/2021 por las siguientes razones:

La Sala Primera del Tribunal Supremo (por todas, STS 1306/2002, de 31 de diciembre), ha sintetizado la doctrina sobre la cosa juzgada en los siguientes términos:

"Aunque lo antedicho basta para justificar la desestimación de motivo, no está de más, dados los argumentos del recurrente relativos a la calidad con que litigaron las partes, el objeto de uno y otro proceso y la causa de pedir, recordar las directrices jurisprudenciales que sobre la cosa juzgada, especialmente en lo concerniente a la causa de pedir, sintetiza la sentencia de esta Sala de 10 de junio de 2002 (recurso núm. 3887/1996) en los siguientes términos:

«A) La intrínseca entidad material de una acción permanece intacta sean cuales fueren las modalidades extrínsecas adoptadas para su formal articulación procesal ( SSTS 11-3-1985 y 25-5-1995).

B) La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora ( STS 3-5-2000) o, dicho de otra forma, por el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión ( SSTS 19-6-2000 y 24-7-2000 ) o título que sirve de base al derecho reclamado ( SSTS 27-10- 2000 y 15-11-2001 ).

C) La identidad de causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una perfecta igualdad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirven de fundamento y apoyo a la nueva acción ( STS 27-10-2000 ).

D) No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió ( SSTS 30-7-1996 , 3-5-2000 y 27-10-2000 ).

E) La cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado ( SSTS 28-2-1991 y 30-7-1996 ), postulados en gran medida incorporados explícitamente ahora al art. 400 de la nueva LECiv ).

F) El juicio sobre la concurrencia o no de la cosa juzgada ha de inferirse de la relación jurídica controvertida, comparando lo resuelto en el primer pleito con lo pretendido en el segundo ( SSTS 3-4-1990 , 31-3-1992 , 25-5-1995 y 30-7-1996 )».

Por tanto, ejercitada una acción, debe serlo con respecto a todos los elementos que puedan componerla, porque queda agotada con dicho ejercicio y eso es lo que le ha ocurrido al actual apelante que no formuló debidamente su reclamación inicial.".

Por otra parte, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de marzo de 2025 (rec. 7325/2021) fija como doctrina la posible aplicación del artículo 400 de la LEC al proceso contencioso administrativo. En el ámbito del proceso contencioso administrativo dicho precepto ha de ser interpretado en el sentido de impedir que la parte demandante deduzca en el proceso ulterior pretensiones idénticas a las enjuiciadas en un procedimiento precedente que hubieren sido resueltas por sentencia firme, así como que se reserve la alegación de hechos o fundamentos jurídicos que fundamenten la causa pretendi que hubieran podido deducirse en un juicio anterior, con el objeto de preservar equilibradamente el principio de seguridad jurídica y el principio de tutela judicial efectiva de los litigantes. Ahora bien, no se admite un interpretación extensiva o desproporcionada, contraria a su finalidad legítima, que genere un espacio de inmunidad en el control fiscalizador de la actividad (o inactividad) de las Administraciones públicas en materia contractual.

Pues bien, en el caso examinado, en los PO nº 912/2020 y nº 666/2021, se analizó la pretensión indemnizatoria por el pago tardío de una serie de facturas. Por tanto, la indemnización por costes de cobro por mora del deudor parte de los mismos presupuestos que los alegados en dichos procedimientos. A diferencia del supuesto examinado por el Tribunal Supremo, no se aprecia ninguna circunstancia que impidiera a la parte haber reclamado los costes de cobro por el retraso en el pago de las facturas en los procedimientos anteriores, además de que, a juicio de la Sala, no se trata de una pretensión autónoma o con sustantividad propia, sino una pretensión complementaria.

Compartimos, por tanto, el criterio adoptado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, entre otras, en Sentencia de 1 de julio de 2025 (rec. 255/2024) y Sentencia de 20 de junio de 2023 (rec. 25/2022).

QUINTO.-Conforme al art. 139 de la LJC-A no procede realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas dada la estimación parcial de la demanda.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

PRIMERO.-Se interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación presentada en fecha 3 de febrero de 2022 por la mercantil UCB PHARMA S.A ante el Servicio Madrileño de Salud, por importe de 29.124,75 euros en concepto de intereses de demora devengados por el pago tardío de suministros, así como 405.000 euros en concepto de indemnización por costes de cobro.

La demandante discrepa del cómputo alternativo de intereses debidos que presenta el Servicio Madrileño de Salud al señalar: (i) el día inicial de cómputo ha de ser el día de emisión, ya que lo que se debe conformar es el suministro, no la factura, o de manera subsidiaria, el día de conformidad de la factura, que aparece certificado en el expediente administrativo; (ii) el período de carencia ha de ser de 30 días al no estar establecido el plazo de 60 días en ninguna norma; (iii) para el cálculo de intereses ha de incluirse el IVA, ya que se produce el devengo con la entrega de los bienes y, por tanto, la correspondiente obligación del contratista de ingresar dicho impuesto en la Hacienda Pública.

Por otra parte, se reclaman los costes de cobro a razón de 40 €/factura correspondientes a las facturas que constan abonadas fuera de plazo relativas al PO 912/2020 y 666/2021 ya que sostiene: (i) no existe cosa juzgada respecto de la indemnización por costes de cobro, ya que en ambos procesos no fue reclamada; (ii) no existe obligación legal alguna que impida la reclamación por separado de los intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro en procesos administrativos y judiciales distintos. El desglose de la indemnización por costes de cobro solicitada en el proceso es el siguiente:

- Facturas incluidas en la reclamación de intereses: 752.

- Facturas incluidas en el PO 912/2020: 5192.

- Facturas incluidas en el PO 666-21: 4186.

El Letrado de la Comunidad de Madrid se opone a la demanda en los siguientes términos:

(i) Por lo que se refiere al cálculo de los intereses de demora, se remite a los criterios del Informe de la Subdirección General de Gestión Económica y Análisis Presupuestario del SERMAS, de fecha 9 de octubre de 2022 (folios 175 a 195 del expediente administrativo), conforme al cual la cuantía en que se fijan los intereses de demora reclamados ascienden a 10.768,67 euros. Afirma que para que se inicie el cómputo para el devengo de intereses, el contratista debe haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente conforme al art. 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.

Añade que hay dos facturas que han sido regularizadas de manera parcial, con dos abonos o devolución de cantidades emitidas por el proveedor acreedor UCB PHARMA S.A.

(ii) Alega que el IVA ha de excluirse del cálculo de los intereses de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo en sentencia 1344/2020 de 19 de octubre, que resuelve el recurso de casación 2258/2019. Añade que corresponde a la parte que reclama el pago de intereses de demora sobre facturas con IVA incluido la carga de probar que ha abonado el impuesto correspondiente a cada factura con anterioridad al momento en el cual se han abonado las facturas por parte de la Administración.

(iii) Para el abono de los intereses sobre intereses (anatocismo) se exige, primero, que los intereses sobre los que a su vez se devengan intereses sean vencidos y la deuda líquida, y, segundo, que sean reclamados judicialmente. Como en el presente caso los intereses legales derivados de la demora en el pago de los suministros no son líquidos, al no estar conforme la Administración con los periodos de devengo y al haber incluido la actora el IVA en la cantidad sobre la que se giran los intereses, no procede el abono de dichos intereses de intereses dela demora en el pago de las facturas que ahora se reclaman.

(iv) Respecto a los costes de cobro, afirma que han de estar debidamente acreditados. Expone que resulta desproporcionada la reclamación de 30.080 euros por este concepto y 375.120 euros por las facturas correspondientes a los PO 912/2020 y PO 666/2021, además de la mala fe respecto a la inclusión de las mismas en este procedimiento.

Por otra parte, alega que hay 391 facturas que no generan intereses de demora y que representan un total de 10.640 euros de costes de cobro.

SEGUNDO.-En cuanto a la inclusión del importe del IVA junto al principal en la base de cálculo de los intereses de demora de cada factura esta cuestión ha recibido respuesta por parte del Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de diciembre de 2022, dictada en el recurso de casación 5563/2020 "...vista la interpretación del artículo 2.8 de la Directiva 2011/7, de 16 de febrero de 2011 , que hace la STJUE de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/20 ), debemos declarar, de acuerdo con lo razonado en el apartados 54 a 59 de la fundamentación de dicha sentencia del Tribunal de Justicia y el pronunciamiento contenido en el apartado 3/ de su parte dispositiva, que en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de determinadas facturas de un contrato administrativo (en este caso, un contrato de servicios) debe incluirse la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA), sin que para que proceda el pago de tales intereses sea exigible que el contratista acredite que ha realizado efectivamente el pago del impuesto a la Hacienda Pública."Por ello debe ser estimada la pretensión de la parte actora relativa a la inclusión del IVA, debiendo efectuarse el cálculo de los intereses de demora sobre el importe total de la factura emitida.

TERCERO.-En lo que se refiere a la cuestión del día inicial ( dies a quo ),para el cómputo de los intereses de demora, hay que aclarar dos cuestiones: la primera que la parte demandante sostiene que el día inicial para el cómputo de los intereses de demora, es el del transcurso de 30 días desde la fecha de emisión de cada factura, lo que no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. En segundo lugar, que existen determinadas facturas que se han presentado más de una vez en el Registro FACe de facturas por parte de la empresa suministradora, debido a que las facturas fueron devueltas por el Servicio Madrileño de Salud; en estos supuestos, la fecha de registro FACe a tener en cuenta es la última, y ello porque las razones por las que se devolvieron las facturas se consideran correctas, al no haberlas desvirtuado o contradicho la sociedad suministradora.

Sentado lo anterior, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2022, en rigor no analiza la incidencia en el tema de la Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2022, limitándose a decir " que deban ser tomadas en consideración, en lo que resulten de aplicación, las consideraciones expuestas en los apartados 43 a 53 de la fundamentación jurídica de la citada STJUE de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/20 ) y el pronunciamiento contenido en el apartado 2º de su parte dispositiva. "

El apartado 47 de la Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2022, afirma lo siguiente en su apartado 47, cuando resuelve la cuestión prejudicial del plazo de carencia para el inicio del cómputo de los intereses de demora:

" Así pues, de estas disposiciones combinadas resulta que, de una parte, la Directiva 2011/7 no concibe que el procedimiento de aceptación o de comprobación sea inherente a las operaciones comerciales entre los poderes públicos y las empresas. Por otra parte, cuando este procedimiento "[se establezca] legalmente o en el contrato", su plazo máximo es de 30 días naturales, y solo puede superarse excepcionalmente en las condiciones previstas en el artículo 4, apartado 5, de dicha Directiva. "

Por su parte, el fallo de la Sentencia anterior, en su punto 2, afirma que la Directiva 2011/7 se opone, con carácter general, a plazos de pago superiores a 30 días.

Así pues, aunque la regla es que el pago debe realizarse en un plazo máximo de 30 días desde la recepción por el deudor de la factura o la solicitud de pago equivalente, tal y como dice expresamente el artículo 4.3.a) iv de la Directiva 2011/7, y por tanto no desde la fecha de la factura o solicitud de pago, como incorrectamente sostiene la parte demandante; por otra parte, se permite como excepción que a ese plazo máximo de pago de 30 días, le preceda un plazo previo no superior a otros 30 días, para la aceptación y verificación por el deudor de la prestación del contratista ( artículo 4.5 de la Directiva anterior ), si concurren circunstancias que lo justifiquen.

Esta Sección considera que, en el concreto caso de suministros sanitarios o farmacéuticos a los Servicios de Salud, que suponen cientos y en muchas ocasiones miles de suministros a diferentes hospitales dependientes de cada Servicio de Salud, ese enorme volumen de suministros, y las dificultades que su correcta gestión supone para un adecuado control sanitario y administrativo, justifica cumplidamente que el Servicio de Salud correspondiente cuente con un periodo previo, no superior a 30 días, para la aceptación y verificación de las prestaciones de los contratistas.

Las razones anteriores, nos llevan por tanto a mantener, en este supuesto, la plena aplicación al caso enjuiciado de lo dispuesto en los artículos 198 y 210 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público ( LCSP ) del año 2017, que disponen lo siguiente:

" 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono."

Por su parte, el artículo 210 del texto legal anterior, dice así:

" 1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. "

Pues bien, como esta Sala y Sección ha dicho reiteradamente en aplicación de los preceptos legales transcritos ( véase entre otras la Sentencia de 7 de julio de 2021, recaída en el recurso número 926/2019 ), con carácter general, el día inicial del devengo de los intereses de demora es el del transcurso del plazo de treinta días desde la fecha de aprobación por la Administración contratante de las correspondientes certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, teniendo la Administración el plazo máximo de treinta días para realizar tal aprobación desde la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato o en alguno de los documentos que rijan la licitación ( que en este caso no se ha acreditado exista).

Ahora bien, para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debe de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio, y si no lo hiciera así el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

En consonancia con lo anterior, la postura que se expone en el informe del SERMAS que aparece en el expediente administrativo, relativa a que el día inicial para el devengo de los intereses de demora es el del transcurso del plazo de 60 días computados desde la presentación de las facturas en el registro FACe, no es conforme a Derecho, ya que constando en el expediente administrativo la fecha de aprobación por el SERMAS de cada una de las facturas tras su registro, el plazo de 30 días para el pago se inicia al día siguiente al de cada aprobación de la correspondiente factura y, transcurrido ese plazo, comienzan a devengarse los intereses de demora.

En relación al día final del cómputo de los intereses de demora, y al tipo de interés aplicable, no existe controversia entre las partes.

Por último, respecto a los intereses legales del artículo 1.109 del Código Civil, no se van a conceder, al no ser líquidos los intereses de demora reclamados, derivando su liquidez de lo declarado en esta Sentencia.

CUARTO.-Reclama la parte actora al amparo del art. 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales la suma de 40 euros por cada una de las facturas reclamadas.

La sentencia nº 1386/2025 de fecha 30 de octubre del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, sección 3ª dictada en el recurso de casación 8889/2022, casando sentencia de esta misma Sala y sección ha declarado que "Resulta, por tanto, que de acuerdo con la doctrina establecida en la STJUE C-585/20 , que coincide con la jurisprudencia de esta Sala (STSS 612/2021, de 4 de mayo de 2021 y 810/2021, de 8 de junio de 2021), procede afirmar que la falta de pago dentro del plazo legal o contractual determina la mora y, salvo supuestos de fraude de ley, genera, ipso iure, el derecho del acreedor a percibir la cantidad fija de cuarenta euros por cada factura abonada con retraso, sin necesidad de reclamación expresa ni acreditación de perjuicio alguno. El reconocer esta compensación por cada una de las facturas reclamadas desalienta la morosidad, que es el objetivo perseguido por el art. 6.1 de la Directiva 2011/7, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 , y por el artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , que la traspone y, por tanto, su exigencia respeta lo establecido en las citadas normas. (...)

Y en la sentencia nº 1640/2025 de 15 de diciembre dictada en el recurso de casación 7614/2022 se expone en igual sentido "Como se ha indicado, este derecho tiene naturaleza automática y autónoma, y su reconocimiento no depende de la corrección aritmética o jurídica de la liquidación de intereses. Incluso cuando el cálculo de estos pudiera reputarse indebido o inexacto, el derecho a la cantidad fija de 40 euros, salvo que se incurra en fraude de ley, subsiste, al derivar directamente de la mora y no del modo en que se practique la liquidación de intereses. Los posibles vicios o irregularidades que pudiera presentar la factura deben ser valorados por la Administración exclusivamente para decidir si procede otorgar su conformidad, pero no pueden justificar la denegación del abono de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , en relación con el artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.(...)

El artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que transpone a nuestro ordenamiento el art. 6.1 de la Directiva 2011/7, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 , debe interpretarse en el sentido de reconocer que los 40 euros que prevé el párrafo primero de este precepto en concepto de indemnización al acreedor en los supuestos en los que el deudor ha incurrido en mora deben abonarse por cada una de las facturas pagadas con retraso. A estos efectos es irrelevante que las facturas se presenten junto con otras en una única reclamación administrativa. Asimismo, resulta improcedente valorar si la indemnización es razonable o proporcionada. Esta es una indemnización que, salvo que se incurra en fraude de ley, procede ex lege en todos los casos en el que el deudor haya incumplido el plazo de pago de la factura y este incumplimiento le sea imputable."

Por lo que es procedente la condena al abono de 40 euros por cada una de las facturas que se abonaron con retraso y generaron intereses de demora respecto a las reclamadas en el presente procedimiento.

Sin embargo, procede rechazar la indemnización por costes de cobro respecto a aquellas facturas cuyos intereses por mora se reclamaron en el PO 912/2020 y PO 666/2021 por las siguientes razones:

La Sala Primera del Tribunal Supremo (por todas, STS 1306/2002, de 31 de diciembre), ha sintetizado la doctrina sobre la cosa juzgada en los siguientes términos:

"Aunque lo antedicho basta para justificar la desestimación de motivo, no está de más, dados los argumentos del recurrente relativos a la calidad con que litigaron las partes, el objeto de uno y otro proceso y la causa de pedir, recordar las directrices jurisprudenciales que sobre la cosa juzgada, especialmente en lo concerniente a la causa de pedir, sintetiza la sentencia de esta Sala de 10 de junio de 2002 (recurso núm. 3887/1996) en los siguientes términos:

«A) La intrínseca entidad material de una acción permanece intacta sean cuales fueren las modalidades extrínsecas adoptadas para su formal articulación procesal ( SSTS 11-3-1985 y 25-5-1995).

B) La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora ( STS 3-5-2000) o, dicho de otra forma, por el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión ( SSTS 19-6-2000 y 24-7-2000 ) o título que sirve de base al derecho reclamado ( SSTS 27-10- 2000 y 15-11-2001 ).

C) La identidad de causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una perfecta igualdad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirven de fundamento y apoyo a la nueva acción ( STS 27-10-2000 ).

D) No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió ( SSTS 30-7-1996 , 3-5-2000 y 27-10-2000 ).

E) La cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado ( SSTS 28-2-1991 y 30-7-1996 ), postulados en gran medida incorporados explícitamente ahora al art. 400 de la nueva LECiv ).

F) El juicio sobre la concurrencia o no de la cosa juzgada ha de inferirse de la relación jurídica controvertida, comparando lo resuelto en el primer pleito con lo pretendido en el segundo ( SSTS 3-4-1990 , 31-3-1992 , 25-5-1995 y 30-7-1996 )».

Por tanto, ejercitada una acción, debe serlo con respecto a todos los elementos que puedan componerla, porque queda agotada con dicho ejercicio y eso es lo que le ha ocurrido al actual apelante que no formuló debidamente su reclamación inicial.".

Por otra parte, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de marzo de 2025 (rec. 7325/2021) fija como doctrina la posible aplicación del artículo 400 de la LEC al proceso contencioso administrativo. En el ámbito del proceso contencioso administrativo dicho precepto ha de ser interpretado en el sentido de impedir que la parte demandante deduzca en el proceso ulterior pretensiones idénticas a las enjuiciadas en un procedimiento precedente que hubieren sido resueltas por sentencia firme, así como que se reserve la alegación de hechos o fundamentos jurídicos que fundamenten la causa pretendi que hubieran podido deducirse en un juicio anterior, con el objeto de preservar equilibradamente el principio de seguridad jurídica y el principio de tutela judicial efectiva de los litigantes. Ahora bien, no se admite un interpretación extensiva o desproporcionada, contraria a su finalidad legítima, que genere un espacio de inmunidad en el control fiscalizador de la actividad (o inactividad) de las Administraciones públicas en materia contractual.

Pues bien, en el caso examinado, en los PO nº 912/2020 y nº 666/2021, se analizó la pretensión indemnizatoria por el pago tardío de una serie de facturas. Por tanto, la indemnización por costes de cobro por mora del deudor parte de los mismos presupuestos que los alegados en dichos procedimientos. A diferencia del supuesto examinado por el Tribunal Supremo, no se aprecia ninguna circunstancia que impidiera a la parte haber reclamado los costes de cobro por el retraso en el pago de las facturas en los procedimientos anteriores, además de que, a juicio de la Sala, no se trata de una pretensión autónoma o con sustantividad propia, sino una pretensión complementaria.

Compartimos, por tanto, el criterio adoptado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, entre otras, en Sentencia de 1 de julio de 2025 (rec. 255/2024) y Sentencia de 20 de junio de 2023 (rec. 25/2022).

QUINTO.-Conforme al art. 139 de la LJC-A no procede realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas dada la estimación parcial de la demanda.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

PRIMERO.-Se interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación presentada en fecha 3 de febrero de 2022 por la mercantil UCB PHARMA S.A ante el Servicio Madrileño de Salud, por importe de 29.124,75 euros en concepto de intereses de demora devengados por el pago tardío de suministros, así como 405.000 euros en concepto de indemnización por costes de cobro.

La demandante discrepa del cómputo alternativo de intereses debidos que presenta el Servicio Madrileño de Salud al señalar: (i) el día inicial de cómputo ha de ser el día de emisión, ya que lo que se debe conformar es el suministro, no la factura, o de manera subsidiaria, el día de conformidad de la factura, que aparece certificado en el expediente administrativo; (ii) el período de carencia ha de ser de 30 días al no estar establecido el plazo de 60 días en ninguna norma; (iii) para el cálculo de intereses ha de incluirse el IVA, ya que se produce el devengo con la entrega de los bienes y, por tanto, la correspondiente obligación del contratista de ingresar dicho impuesto en la Hacienda Pública.

Por otra parte, se reclaman los costes de cobro a razón de 40 €/factura correspondientes a las facturas que constan abonadas fuera de plazo relativas al PO 912/2020 y 666/2021 ya que sostiene: (i) no existe cosa juzgada respecto de la indemnización por costes de cobro, ya que en ambos procesos no fue reclamada; (ii) no existe obligación legal alguna que impida la reclamación por separado de los intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro en procesos administrativos y judiciales distintos. El desglose de la indemnización por costes de cobro solicitada en el proceso es el siguiente:

- Facturas incluidas en la reclamación de intereses: 752.

- Facturas incluidas en el PO 912/2020: 5192.

- Facturas incluidas en el PO 666-21: 4186.

El Letrado de la Comunidad de Madrid se opone a la demanda en los siguientes términos:

(i) Por lo que se refiere al cálculo de los intereses de demora, se remite a los criterios del Informe de la Subdirección General de Gestión Económica y Análisis Presupuestario del SERMAS, de fecha 9 de octubre de 2022 (folios 175 a 195 del expediente administrativo), conforme al cual la cuantía en que se fijan los intereses de demora reclamados ascienden a 10.768,67 euros. Afirma que para que se inicie el cómputo para el devengo de intereses, el contratista debe haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente conforme al art. 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.

Añade que hay dos facturas que han sido regularizadas de manera parcial, con dos abonos o devolución de cantidades emitidas por el proveedor acreedor UCB PHARMA S.A.

(ii) Alega que el IVA ha de excluirse del cálculo de los intereses de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo en sentencia 1344/2020 de 19 de octubre, que resuelve el recurso de casación 2258/2019. Añade que corresponde a la parte que reclama el pago de intereses de demora sobre facturas con IVA incluido la carga de probar que ha abonado el impuesto correspondiente a cada factura con anterioridad al momento en el cual se han abonado las facturas por parte de la Administración.

(iii) Para el abono de los intereses sobre intereses (anatocismo) se exige, primero, que los intereses sobre los que a su vez se devengan intereses sean vencidos y la deuda líquida, y, segundo, que sean reclamados judicialmente. Como en el presente caso los intereses legales derivados de la demora en el pago de los suministros no son líquidos, al no estar conforme la Administración con los periodos de devengo y al haber incluido la actora el IVA en la cantidad sobre la que se giran los intereses, no procede el abono de dichos intereses de intereses dela demora en el pago de las facturas que ahora se reclaman.

(iv) Respecto a los costes de cobro, afirma que han de estar debidamente acreditados. Expone que resulta desproporcionada la reclamación de 30.080 euros por este concepto y 375.120 euros por las facturas correspondientes a los PO 912/2020 y PO 666/2021, además de la mala fe respecto a la inclusión de las mismas en este procedimiento.

Por otra parte, alega que hay 391 facturas que no generan intereses de demora y que representan un total de 10.640 euros de costes de cobro.

SEGUNDO.-En cuanto a la inclusión del importe del IVA junto al principal en la base de cálculo de los intereses de demora de cada factura esta cuestión ha recibido respuesta por parte del Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de diciembre de 2022, dictada en el recurso de casación 5563/2020 "...vista la interpretación del artículo 2.8 de la Directiva 2011/7, de 16 de febrero de 2011 , que hace la STJUE de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/20 ), debemos declarar, de acuerdo con lo razonado en el apartados 54 a 59 de la fundamentación de dicha sentencia del Tribunal de Justicia y el pronunciamiento contenido en el apartado 3/ de su parte dispositiva, que en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de determinadas facturas de un contrato administrativo (en este caso, un contrato de servicios) debe incluirse la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA), sin que para que proceda el pago de tales intereses sea exigible que el contratista acredite que ha realizado efectivamente el pago del impuesto a la Hacienda Pública."Por ello debe ser estimada la pretensión de la parte actora relativa a la inclusión del IVA, debiendo efectuarse el cálculo de los intereses de demora sobre el importe total de la factura emitida.

TERCERO.-En lo que se refiere a la cuestión del día inicial ( dies a quo ),para el cómputo de los intereses de demora, hay que aclarar dos cuestiones: la primera que la parte demandante sostiene que el día inicial para el cómputo de los intereses de demora, es el del transcurso de 30 días desde la fecha de emisión de cada factura, lo que no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. En segundo lugar, que existen determinadas facturas que se han presentado más de una vez en el Registro FACe de facturas por parte de la empresa suministradora, debido a que las facturas fueron devueltas por el Servicio Madrileño de Salud; en estos supuestos, la fecha de registro FACe a tener en cuenta es la última, y ello porque las razones por las que se devolvieron las facturas se consideran correctas, al no haberlas desvirtuado o contradicho la sociedad suministradora.

Sentado lo anterior, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2022, en rigor no analiza la incidencia en el tema de la Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2022, limitándose a decir " que deban ser tomadas en consideración, en lo que resulten de aplicación, las consideraciones expuestas en los apartados 43 a 53 de la fundamentación jurídica de la citada STJUE de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/20 ) y el pronunciamiento contenido en el apartado 2º de su parte dispositiva. "

El apartado 47 de la Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2022, afirma lo siguiente en su apartado 47, cuando resuelve la cuestión prejudicial del plazo de carencia para el inicio del cómputo de los intereses de demora:

" Así pues, de estas disposiciones combinadas resulta que, de una parte, la Directiva 2011/7 no concibe que el procedimiento de aceptación o de comprobación sea inherente a las operaciones comerciales entre los poderes públicos y las empresas. Por otra parte, cuando este procedimiento "[se establezca] legalmente o en el contrato", su plazo máximo es de 30 días naturales, y solo puede superarse excepcionalmente en las condiciones previstas en el artículo 4, apartado 5, de dicha Directiva. "

Por su parte, el fallo de la Sentencia anterior, en su punto 2, afirma que la Directiva 2011/7 se opone, con carácter general, a plazos de pago superiores a 30 días.

Así pues, aunque la regla es que el pago debe realizarse en un plazo máximo de 30 días desde la recepción por el deudor de la factura o la solicitud de pago equivalente, tal y como dice expresamente el artículo 4.3.a) iv de la Directiva 2011/7, y por tanto no desde la fecha de la factura o solicitud de pago, como incorrectamente sostiene la parte demandante; por otra parte, se permite como excepción que a ese plazo máximo de pago de 30 días, le preceda un plazo previo no superior a otros 30 días, para la aceptación y verificación por el deudor de la prestación del contratista ( artículo 4.5 de la Directiva anterior ), si concurren circunstancias que lo justifiquen.

Esta Sección considera que, en el concreto caso de suministros sanitarios o farmacéuticos a los Servicios de Salud, que suponen cientos y en muchas ocasiones miles de suministros a diferentes hospitales dependientes de cada Servicio de Salud, ese enorme volumen de suministros, y las dificultades que su correcta gestión supone para un adecuado control sanitario y administrativo, justifica cumplidamente que el Servicio de Salud correspondiente cuente con un periodo previo, no superior a 30 días, para la aceptación y verificación de las prestaciones de los contratistas.

Las razones anteriores, nos llevan por tanto a mantener, en este supuesto, la plena aplicación al caso enjuiciado de lo dispuesto en los artículos 198 y 210 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público ( LCSP ) del año 2017, que disponen lo siguiente:

" 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono."

Por su parte, el artículo 210 del texto legal anterior, dice así:

" 1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. "

Pues bien, como esta Sala y Sección ha dicho reiteradamente en aplicación de los preceptos legales transcritos ( véase entre otras la Sentencia de 7 de julio de 2021, recaída en el recurso número 926/2019 ), con carácter general, el día inicial del devengo de los intereses de demora es el del transcurso del plazo de treinta días desde la fecha de aprobación por la Administración contratante de las correspondientes certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, teniendo la Administración el plazo máximo de treinta días para realizar tal aprobación desde la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato o en alguno de los documentos que rijan la licitación ( que en este caso no se ha acreditado exista).

Ahora bien, para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debe de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio, y si no lo hiciera así el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

En consonancia con lo anterior, la postura que se expone en el informe del SERMAS que aparece en el expediente administrativo, relativa a que el día inicial para el devengo de los intereses de demora es el del transcurso del plazo de 60 días computados desde la presentación de las facturas en el registro FACe, no es conforme a Derecho, ya que constando en el expediente administrativo la fecha de aprobación por el SERMAS de cada una de las facturas tras su registro, el plazo de 30 días para el pago se inicia al día siguiente al de cada aprobación de la correspondiente factura y, transcurrido ese plazo, comienzan a devengarse los intereses de demora.

En relación al día final del cómputo de los intereses de demora, y al tipo de interés aplicable, no existe controversia entre las partes.

Por último, respecto a los intereses legales del artículo 1.109 del Código Civil, no se van a conceder, al no ser líquidos los intereses de demora reclamados, derivando su liquidez de lo declarado en esta Sentencia.

CUARTO.-Reclama la parte actora al amparo del art. 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales la suma de 40 euros por cada una de las facturas reclamadas.

La sentencia nº 1386/2025 de fecha 30 de octubre del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, sección 3ª dictada en el recurso de casación 8889/2022, casando sentencia de esta misma Sala y sección ha declarado que "Resulta, por tanto, que de acuerdo con la doctrina establecida en la STJUE C-585/20 , que coincide con la jurisprudencia de esta Sala (STSS 612/2021, de 4 de mayo de 2021 y 810/2021, de 8 de junio de 2021), procede afirmar que la falta de pago dentro del plazo legal o contractual determina la mora y, salvo supuestos de fraude de ley, genera, ipso iure, el derecho del acreedor a percibir la cantidad fija de cuarenta euros por cada factura abonada con retraso, sin necesidad de reclamación expresa ni acreditación de perjuicio alguno. El reconocer esta compensación por cada una de las facturas reclamadas desalienta la morosidad, que es el objetivo perseguido por el art. 6.1 de la Directiva 2011/7, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 , y por el artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , que la traspone y, por tanto, su exigencia respeta lo establecido en las citadas normas. (...)

Y en la sentencia nº 1640/2025 de 15 de diciembre dictada en el recurso de casación 7614/2022 se expone en igual sentido "Como se ha indicado, este derecho tiene naturaleza automática y autónoma, y su reconocimiento no depende de la corrección aritmética o jurídica de la liquidación de intereses. Incluso cuando el cálculo de estos pudiera reputarse indebido o inexacto, el derecho a la cantidad fija de 40 euros, salvo que se incurra en fraude de ley, subsiste, al derivar directamente de la mora y no del modo en que se practique la liquidación de intereses. Los posibles vicios o irregularidades que pudiera presentar la factura deben ser valorados por la Administración exclusivamente para decidir si procede otorgar su conformidad, pero no pueden justificar la denegación del abono de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , en relación con el artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.(...)

El artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que transpone a nuestro ordenamiento el art. 6.1 de la Directiva 2011/7, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 , debe interpretarse en el sentido de reconocer que los 40 euros que prevé el párrafo primero de este precepto en concepto de indemnización al acreedor en los supuestos en los que el deudor ha incurrido en mora deben abonarse por cada una de las facturas pagadas con retraso. A estos efectos es irrelevante que las facturas se presenten junto con otras en una única reclamación administrativa. Asimismo, resulta improcedente valorar si la indemnización es razonable o proporcionada. Esta es una indemnización que, salvo que se incurra en fraude de ley, procede ex lege en todos los casos en el que el deudor haya incumplido el plazo de pago de la factura y este incumplimiento le sea imputable."

Por lo que es procedente la condena al abono de 40 euros por cada una de las facturas que se abonaron con retraso y generaron intereses de demora respecto a las reclamadas en el presente procedimiento.

Sin embargo, procede rechazar la indemnización por costes de cobro respecto a aquellas facturas cuyos intereses por mora se reclamaron en el PO 912/2020 y PO 666/2021 por las siguientes razones:

La Sala Primera del Tribunal Supremo (por todas, STS 1306/2002, de 31 de diciembre), ha sintetizado la doctrina sobre la cosa juzgada en los siguientes términos:

"Aunque lo antedicho basta para justificar la desestimación de motivo, no está de más, dados los argumentos del recurrente relativos a la calidad con que litigaron las partes, el objeto de uno y otro proceso y la causa de pedir, recordar las directrices jurisprudenciales que sobre la cosa juzgada, especialmente en lo concerniente a la causa de pedir, sintetiza la sentencia de esta Sala de 10 de junio de 2002 (recurso núm. 3887/1996) en los siguientes términos:

«A) La intrínseca entidad material de una acción permanece intacta sean cuales fueren las modalidades extrínsecas adoptadas para su formal articulación procesal ( SSTS 11-3-1985 y 25-5-1995).

B) La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora ( STS 3-5-2000) o, dicho de otra forma, por el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión ( SSTS 19-6-2000 y 24-7-2000 ) o título que sirve de base al derecho reclamado ( SSTS 27-10- 2000 y 15-11-2001 ).

C) La identidad de causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una perfecta igualdad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirven de fundamento y apoyo a la nueva acción ( STS 27-10-2000 ).

D) No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió ( SSTS 30-7-1996 , 3-5-2000 y 27-10-2000 ).

E) La cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado ( SSTS 28-2-1991 y 30-7-1996 ), postulados en gran medida incorporados explícitamente ahora al art. 400 de la nueva LECiv ).

F) El juicio sobre la concurrencia o no de la cosa juzgada ha de inferirse de la relación jurídica controvertida, comparando lo resuelto en el primer pleito con lo pretendido en el segundo ( SSTS 3-4-1990 , 31-3-1992 , 25-5-1995 y 30-7-1996 )».

Por tanto, ejercitada una acción, debe serlo con respecto a todos los elementos que puedan componerla, porque queda agotada con dicho ejercicio y eso es lo que le ha ocurrido al actual apelante que no formuló debidamente su reclamación inicial.".

Por otra parte, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de marzo de 2025 (rec. 7325/2021) fija como doctrina la posible aplicación del artículo 400 de la LEC al proceso contencioso administrativo. En el ámbito del proceso contencioso administrativo dicho precepto ha de ser interpretado en el sentido de impedir que la parte demandante deduzca en el proceso ulterior pretensiones idénticas a las enjuiciadas en un procedimiento precedente que hubieren sido resueltas por sentencia firme, así como que se reserve la alegación de hechos o fundamentos jurídicos que fundamenten la causa pretendi que hubieran podido deducirse en un juicio anterior, con el objeto de preservar equilibradamente el principio de seguridad jurídica y el principio de tutela judicial efectiva de los litigantes. Ahora bien, no se admite un interpretación extensiva o desproporcionada, contraria a su finalidad legítima, que genere un espacio de inmunidad en el control fiscalizador de la actividad (o inactividad) de las Administraciones públicas en materia contractual.

Pues bien, en el caso examinado, en los PO nº 912/2020 y nº 666/2021, se analizó la pretensión indemnizatoria por el pago tardío de una serie de facturas. Por tanto, la indemnización por costes de cobro por mora del deudor parte de los mismos presupuestos que los alegados en dichos procedimientos. A diferencia del supuesto examinado por el Tribunal Supremo, no se aprecia ninguna circunstancia que impidiera a la parte haber reclamado los costes de cobro por el retraso en el pago de las facturas en los procedimientos anteriores, además de que, a juicio de la Sala, no se trata de una pretensión autónoma o con sustantividad propia, sino una pretensión complementaria.

Compartimos, por tanto, el criterio adoptado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, entre otras, en Sentencia de 1 de julio de 2025 (rec. 255/2024) y Sentencia de 20 de junio de 2023 (rec. 25/2022).

QUINTO.-Conforme al art. 139 de la LJC-A no procede realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas dada la estimación parcial de la demanda.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,