Sentencia Contencioso-Administrativo 414/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 2908/2021 de 19 de marzo del 2026

PRIMERO.-La parte recurrente, asociación LIBERUM, interpone recurso contencioso administrativo contra la actuación que considera constitutiva de vía de hecho de la Consellería de Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña, consistente en la campaña de vacunación llevada a cabo en relación con el COVID-19, con incumplimiento, a entender de la actora, de la previa prescripción médica y/o facultativa, de forma individualizada para toda la ciudadanía de edad adulta y menor de edad; la falta de información previa y la falta del preceptivo consentimiento informado.

En el escrito de demanda la parte recurrente solicita se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de pleno derecho de la actividad constitutiva de vía de hecho objeto de la presente demanda, dejándola sin efecto, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración de nulidad, con imposición de costas a la Administración demandada.

La Generalitat de Cataluña solicita se dicte sentencia que inadmita el recurso o, subsidiariamente, lo desestime, con expresa imposición de costas a la recurrente.

SEGUNDO.-La Asociación recurrente parte de la existencia de una vía de hecho llevada a cabo por la Administración demandada, al entender que la actuación de ésta no ha observado el procedimiento establecido por la norma que le ha atribuido el poder o potestad.

Así considera que falta información previa y consentimiento informado previo a la vacunación a la población.

Alega que las vacunas suministradas a los ciudadanos han sido autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de forma condicional, a través de un sistema que se denomina de "revisión continua", por lo que entiende que no son seguras, al desconocerse sus efectos a corto o largo plazo, alegando también los efectos adversos de las vacunas -que enumera, acompañando documental al efecto-, junto con una crítica al propio sistema de vacunación -pues no impide el contagio y no discrimina la gravedad en franjas de edades-. De lo anterior extrae la necesidad de la información previa y el consentimiento informado al paciente.

Añade a lo anterior que todas las vacunas están sujetas a prescripción médica.

En relación a la necesidad de prescripción médica, estima que ha sido vulnerado el art. 19 del Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, según el cual:

1. En la autorización del medicamento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios determinará sus condiciones de prescripción clasificándolo, según corresponda, en las siguientes categorías:

a) Medicamento sujeto a prescripción médica.

b) Medicamento no sujeto a prescripción médica.

2. Estarán en todo caso sujetos a prescripción médica los medicamentos que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condiciones normales de uso, si se utilizan sin control médico.

b) Se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en condiciones anormales de utilización, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un peligro para la salud.

c) Contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya actividad y/o reacciones adversas sea necesario estudiar más detalladamente.

d) Se administren por vía parenteral, salvo casos excepcionales, por prescripción médica.

(...).

Alega también la vulneración del artículo 79 del Real decreto-Ley 1/ 2015, citado, en la medida en que la administración de la vacuna se produce por vía parenteral:

1. La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica.

(...)

En lo que respecta a la falta de consentimiento informado alega la actora el contenido de los artículos 2.6 y 8 de la Ley 41/ 2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, según los cuales:

Art. 2.6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente

Art. 8. Consentimiento informado.

8.1. 1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso

2. El consentimiento será verbal por regla general.

Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

Motiva también sus pretensiones la actora en el art. 5.1.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, así como en el capítulo III el Código deontológico médico, de julio de 2011; Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina de 1997 de la Unión Europea; Declaración sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO de octubre de 2005, entendiendo que todo ello compromete el contenido del artículo 15 de la Constitución española, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y moral.

TERCERO.-Expuesto lo anterior, en primer lugar debe puntualizarse que, contrariamente a lo expresado en el escrito de contestación a la demanda y en el propio suplico de la misma, no nos hallamos ante un recurso especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de los arts. 114 y ss de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, sino ante un recurso ordinario.

Efectuada la anterior precisión, hay que señalar que los argumentos en los que se apoya la Administración autonómica demandada para oponerse a las pretensiones de la recurrente se fundan en sendas causas de inadmisibilidad: la primera de ellas en la falta de legitimación activa de la asociación recurrente; y subsidiariamente en haberse interpuesto el recurso de forma extemporánea.

Subsidiariamente, solicita la desestimación del recurso por pérdida sobrevenida de objeto, por cuanto el recurso contencioso administrativo fue interpuesto en fecha 22 de septiembre de 2021, cuando la mayoría de los ciudadanos ya habían recibido la pauta completa de vacunación.

Subsidiariamente aún, estima que procede la desestimación del recurso por inexistencia de vía de hecho, así como por falta de vulneración de derechos fundamentales.

CUARTO.-Procede en primer lugar entrar a valorar existencia de las causas de inadmisibilidad alegadas por la Administración demandada.

La primera de las causas de inadmisibilidad a valorar debe ser la extemporaneidad alegada por la demandada y contemplada en el artículo 69.e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ( en adelante, LRJCA). Afirma la Administración que, habiéndose iniciado la campaña de vacunación contra el COVID-19 el 27 de diciembre de 2020, no fue hasta el 25 de agosto de 2020 que la recurrente formuló un requerimiento de cese de vía de hecho contra dicha campaña de vacunación, según reconoce la demandada. Y que formulado dicho requerimiento, solo en 22 de septiembre de 2021 interpuso el presente recurso contencioso administrativo, por lo que entiende que el recurso contencioso administrativo es extemporáneo en relación a lo dispuesto en los arts. 30 y 46 LRJCA.

Sin necesidad de entrar en este momento en la valoración de que nos hallemos o no ante una vía de hecho del art. 30 LRJCA, según dicha norma en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

Por su parte el artículo 46.3 LRJCA establece que el plazo para interponer el recurso será de 10 días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30.

Resulta de aplicación al presente supuesto la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, sección quinta, de 1 de octubre de 2021, dictada en el recurso de casación 2374/2020, que resuelve la cuestión de interés casacional consistente en determinar "si, en el recurso contencioso administrativo interpuesto en los casos previstos en el art. 30 de la LJCA , transcurrido el plazo ahí establecido sin obtener respuesta de la Administración, y transcurrido también el plazo del art. 46.3 LJCA , y manteniéndose la situación de ocupación ilegal, si efectuado un nuevo requerimiento o reclamación contra esa misma ocupación, comienzan a computarse de nuevo los plazos, habilitando así la posibilidad de interposición de un nuevo recurso contencioso administrativo contra dicha ocupación o el recurso resultaría en tal caso extemporáneo".

La citada sentencia, transcrita en forma suficiente, reza:

QUINTO.- Doctrina jurisprudencial sobre la cuestión controvertida.

Como se infiere con claridad de lo expuesto en el Fundamento anterior, la cuestión sobre la que tenemos que pronunciarnos se centra en determinar si, ante una aparente actuación en vía de hecho de la Administración, consistente en la ocupación ilegal de una propiedad privada, es o no posible que el interesado pueda reiterar sus requerimientos de cese en dicha ocupación mientras ésta persista, de manera que con cada requerimiento inatendido por la Administración se reabra la posibilidad de interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo, comenzando a computarse de nuevo el plazo para ello.

La Sala no alberga duda alguna de que la respuesta a tal cuestión ha de ser afirmativa con base en las consideraciones que pasamos a exponer.

I. Previsión legal al respecto.

El artículo 30 LJCA otorga al interesado, ante una situación de vía de hecho, la posibilidad de optar entre estas dos alternativas: requerir a la Administración para que cese en su actuación o no hacerlo.

Tanto si lo hace y el requerimiento no es atendido en el plazo de diez días, como si no lo hace, la consecuencia es que se abre para el interesado la posibilidad de interponer directamente recurso contencioso-administrativo (" podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo").

Y en cuanto al plazo para esta interposición, el artículo 46.3 LJCA señala, para los supuestos en que hubiere mediado requerimiento, que " será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30",y para aquellos otros casos en que no hubiere mediado requerimiento, que el plazo " será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho".

Por tanto, una interpretación literal de este último precepto nos permite constatar que en ambos casos el interesado dispone de un plazo de veinte días para reaccionar frente a la vía de hecho y acudir a la jurisdicción contencioso- administrativa:

a) En el primer supuesto, una vez acabado el plazo de diez días desde la formulación del requerimiento no atendido por la Administración se abre otro plazo de diez días para poder interponer el recurso contencioso-administrativo.

b) En el segundo supuesto, cuando no hubiere mediado requerimiento del interesado, éste dispondrá de un plazo de veinte días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho para deducir el recurso contencioso- administrativo.

Ahora bien, es una realidad notoria que no siempre es posible que el interesado tenga conocimiento inmediato del inicio de la vía de hecho; por ello, cuando se acredite que aquél no ha tenido noticia de ese inicio, habrá que tomar en consideración a los efectos indicados -en aplicación de la doctrina de la " actio nata"-la fecha en que tomó conocimiento de esa actuación en vía de hecho y pudo ejercitar la acción correspondiente (en línea con la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 25 de enero de 2000, Caso Miragall Escolano y otros contra España , invocada, entre otras, en nuestra reciente STS nº 1.160/2021, de 22 de septiembre, y en las que en ella se citan).

II. Ejercicio potestativo de la acción para el interesado.

Es importante precisar que el artículo 30 LJCA no impone al interesado la obligación de reaccionar frente a la vía de hecho en los brevísimos plazos indicados. Simplemente articula en su favor una posibilidad, de ejercicio potestativo, para poder reaccionar rápidamente contra la actuación de la Administración que estima producida en vía de hecho, a fin de conseguir su cese inmediato y evitar así que la Administración persista en su actuación y, de ese modo, pueda alcanzar o consolidar el objetivo último que perseguía con esa ocupación ilegal; posibilidad de reacción que se suma -como ahora explicaremos- a la que, con carácter ordinario, prevé el artículo 46.1 LJCA.

A título de ejemplo, baste señalar en este sentido que el hecho de que el interesado no interponga directamente recurso contencioso-administrativo contra la ocupación aparentemente ilegal de un inmueble, realizada por la Administración con la finalidad de demolerlo, no priva a aquél de la posibilidad de interponer válidamente recurso contencioso-administrativo contra la demolición, ni le impide sustentar esta impugnación, entre otros motivos, en la causa de nulidad de pleno derecho consistente en haber llevado a cabo la ocupación y posterior demolición de forma ilegal, obviando absolutamente el procedimiento legalmente establecido [ ex artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015].

Precisamente por ello, carecería de sentido jurídico que, por no haber acudido el interesado a impugnar la vía de hecho en sede contencioso-administrativa, haciendo uso -en los breves plazos antes indicados- de la acción de ejercicio potestativo prevista en su favor por el legislador, se viera obligado a soportar la continuación o persistencia de la vía de hecho hasta la consumación de ésta -en el ejemplo anterior, hasta la demolición del inmueble- y que, sin embargo, después y de forma paradójica, se reabriera la posibilidad de reaccionar contra la actuación ilegal de la Administración, impugnándola en sede contencioso-administrativa con sustento, precisamente, en la causa de nulidad de pleno derecho referida a la total inobservancia por la Administración del procedimiento legalmente establecido para poder llevar a cabo la ocupación y la posterior demolición.

Este ejemplo permite ilustrar gráficamente el carácter potestativo de la acción que el legislador confiere al interesado para combatir inmediatamente la vía de hecho, sin quedar privado en ningún caso de la posibilidad de reaccionar ulteriormente contra el resultado conseguido a través de esa vía de hecho.

III. Posibilidad de ejercitar la acción mientras persista la vía de hecho.

Pero, además, existe otra consecuencia ligada a la anterior que debe ser destacada a este respecto.

Y es que la ley no establece efecto preclusivo alguno para el caso de que el interesado no ejercite la acción de carácter potestativo prevista en su favor por el legislador.

Esto es, la ley jurisdiccional no establece que, de no hacer uso el interesado en el indicado plazo de su facultad para deducir directamente recurso contencioso-administrativo contra la vía de hecho (una vez conocida ésta y, en su caso, formulada la intimación para su cese), quede cegada la posibilidad de formular nuevos requerimientos a la Administración mientras ésta persista en su actuación ilegal y no cese en la misma.

Luego, si la ley no la prohíbe expresamente y, conforme a lo expuesto, esa posibilidad resulta lógica y está provista de sentido jurídico, debe permitirse que el interesado pueda formular nuevos requerimientos a la Administración para que cese en la vía de hecho mientras ésta persista. Y de ello se deriva que, aunque el interesado no haya hecho uso en la primera ocasión de su facultad para interponer recurso contencioso-administrativo en el indicado plazo, no existe obstáculo alguno para que, formulado un nuevo requerimiento, se abra un nuevo plazo para poder interponer dicho recurso. En definitiva, mientras persista la situación de ocupación ilegal el interesado tendrá la oportunidad de interponer recurso contencioso-administrativo en un nuevo plazo, que se abrirá tras cada nuevo requerimiento.

Esta conclusión resulta aún más consistente, a juicio de la Sala, en aquellos casos en que la Administración no sólo hubiera desatendido el requerimiento inicial (y, en su caso, los sucesivos), sino que lo hubiera ignorado, persistiendo en la ocupación y contestando con el silencio a la intimación de cese en la vía de hecho formulada por el interesado.[la negrita es nuestra].

IV.Consideraciones complementarias.

En nuestra STS nº. 1.080/2018, de 26 de junio, tuvimos ocasión de establecer doctrina en relación con el artículo 29.1 LJCA, referido a los supuestos de inactividad de la Administración y lo hicimos en los siguientes términos:

"SEXTO.- (...) Existe consiguientemente un incumplimiento previo por parte la Administración de atender las obligaciones que le incumben, en este caso, cuando menos, de su obligación de actuar, esto es, de realizar una "actuación debida" a resultas del sistema de actuación urbanística previsto (sistema de cooperación), consistente en la realización de las obras de urbanización correspondientes.

Pues bien, hemos de entender que, mientras persista esta situación, y siga la Administración por tanto sin atender al cumplimiento de una obligación de hacer legalmente exigible que le compromete a la realización de una determinada conducta material (prestación), no puede beneficiarse de su propio incumplimiento ("allegans propriam turiptudinem non auditur") y, por eso, los sujetos que se ven abocados a soportarlo y que padecen sus consecuencias mantienen abierta la vía prevista en el artículo 29.1 LJCA -de reunir asimismo, desde luego, los requisitos legalmente establecidos mal efecto- para reaccionar y poner fin a la inactividad mediante la obtención del correspondiente pronunciamiento de condena en sede jurisdiccional ( artículo 71 LJCA) .

De otro modo se vulneraría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución, en la medida en que este precepto garantiza la efectividad de aquel derecho, de modo particularmente intenso en lo que constituye su núcleo primario y más esencial -esto es, en su vertiente de "derecho de acceso a la jurisdicción"- y proscribe consecuentemente una interpretación de las causas de inadmisibilidad que responda a un rigorismo o a un formalismo excesivo que se sitúe en clara desproporción con los intereses que se sacrifican.

No está previsto en la Ley Jurisdiccional el efecto preclusivo de la acción que se pretende deducir de la falta de interposición de un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del trascurso del tiempo del que la Administración dispone para dar respuesta al obligado requerimiento previo en vía administrativa. Y sin opción alguna para formular un nuevo requerimiento para poner remedio a una misma situación de inactividad administrativa que viene a persistir en el tiempo; con el consiguiente reinicio del cómputo del plazo.

Y a falta de contemplación legal de una medida de esta índole -que, todo lo más y a lo sumo, solo podría venir de la mano del legislador y, ello, sin descartar que del indicado modo podría atentarse contra el contenido esencial del derecho concernido ( artículo 53.2 de la Constitución)-, no cabe introducir restricciones al ejercicio de un derecho fundamental que, por el contrario, hay que interpretar en el sentido más favorable para su efectividad.

SÉPTIMO.- Así, pues, hemos de dar respuesta a la cuestión de interés casacional suscitada en el caso afirmando que, mientras persista la situación de inactividad administrativa que habilita para el ejercicio del recurso contencioso administrativo por inactividad, al amparo del artículo 29.1 LJCA, con posterioridad al obligado requerimiento previo a la Administración para que atienda al cumplimiento de su obligación, cabe efectuar un nuevo requerimiento contra la misma inactividad, en tanto que no existe precepto legal alguno que lo impide; con el consiguiente reinicio del cómputo de los plazos procesales previstos para el ejercicio de dicho recurso, y habilitando así la posibilidad de interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo contra dicha inactividad.

(...)"

Esta doctrina ha sido reiterada después en las SSTS nº 139/2020 (de 5 de febrero de 2020), nº. 573/2020 (de 28 de mayo de 2020) y nº. 877/2020 (de 25 de junio de 2020).

La doctrina expuesta estaba referida, como hemos dicho, a los supuestos de inactividad de la Administración contemplados en el artículo 29.1 LJCA y no a los de vías de hecho, previstos y regulados en el artículo 30 LJCA.

La ley jurisdiccional regula ambos supuestos en el mismo capítulo (el Capítulo I del Título III) bajo la rúbrica " Actividad administrativa impugnable",aunque lo hace de diferente manera, estableciendo procedimientos distintos en uno y otro caso.

Ahora bien, ello no impide constatar que en ambos supuestos estamos ante mecanismos procedimentales articulados por el legislador en beneficio de los respectivos interesados que se ven afectados por una situación anómala creada por la Administración, ya sea por su inactividad o, en su caso, por haber incurrido aparentemente en una vía de hecho.

En consecuencia, entendemos que la doctrina sentada en la citada STS nº. 1.080/2018 es trasladable, en lo sustancial, al presente caso, lo que nos reafirma en la interpretación que hemos expuesto en relación con el artículo 30 LJCA.

Esta interpretación no se contradice, en modo alguno, con la realizada en la STS de 8 de julio de 2015 (RC 3084/2013), dado que ésta no se pronuncia sobre la cuestión debatida en el recurso que ahora examinamos.

Trasladando el anterior criterio al presente supuesto, en el que al momento de la interposición del recurso contencioso administrativo no había finalizado la situación que la actora define como vía de hecho -la vacunación-, la causa de inadmisibilidad excepcionada por la Administración no puede tener favorable acogida.

QUINTO.-Respecto a la falta de legitimación de la parte actora, la Asociación LIBERUM, como ya ha tenido ocasión de manifestar esta misma Sala y sección en relación a la legitimación de las asociaciones (Sentencia de 16 de abril de 2024, núm. 1234/2024, rec. 3706/2021):

TERCERO. Cuestiones procesales. Sobre la alegación de falta de legitimación activa de la actora formulada por la Administración.

(...) el art. 19.1 de la LJCA reconoce legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en lo que ahora interesa, a: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; y b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.

La STC 52/2007, de 12 de marzo, FJ 3, nos recuerda, en relación con el orden contencioso-administrativo, que "el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida ( SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; con relación a un sindicato, STC 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3)".

Sobre la legitimación de las asociaciones, la STS 3829/2013 de 9 de julio, señala que "aún la ampliación que se le ha venido otorgando al concepto de interés legítimo, no cabe una extensión tal que venga a identificar la legitimación por interés con la acción popular o en defensa estricta de la legalidad, excepto cuando así venga autorizado expresamente por la ley".

Así pues, el Tribunal Supremo, respecto a la legitimación activa de asociaciones, señala que debe existir una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, con referencia obligada a un interés propio de la asociación, o en relación con sus propios asociados en cuanto miembros de dicha asociación, de forma que la anulación de los concretos preceptos impugnados le reporte un efecto positivo o negativo o de futuro, pero cierto. Debe justificar la demandante la interrelación entre el interés invocado y el objeto de la pretensión y no es suficiente para el reconocimiento de la legitimación con invocar de forma abstracta, genérica y/o potencial el interés por medio del cual se actúa, sino que se requiere determinar de forma precisa y pormenorizada en qué puede verse afectado.

También la STS 2292/2013, de 22 de mayo, mantiene que "las asociaciones legalmente constituidas tienen legitimación activa para defender en juicio sus propios intereses, y los de sus asociados, frente a actos y resoluciones administrativas que pudieran perjudicar sus legítimos intereses y derechos. Pero es necesario, en todo caso, que haya un mínimo de relación entre el contenido del acto o norma impugnado y la situación jurídica de aquéllos, relación en cuya virtud sean al menos previsibles consecuencias desfavorables para quienes intentan recurrir. Si no fuera así las asociaciones tendrían, de hecho, reconocida una legitimación universal análoga a la acción pública, lo que no es procedente en nuestro actual sistema normativo".

Además, la STS 1741/2016, de 13 de julio de 2016, a propósito de la legitimación activa de una asociación de Jueces, insiste en que "conforme al artículo 19.1 b) de la LRJCA, la legitimación "ad causam", que debe adornar a la asociación recurrente, tiene que ser una legitimación por interés legítimo, pues el precepto citado se la reconoce como asociación, bien afectada, bien legalmente habilitada "para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos".

La alegación y prueba de la legitimación es carga procesal que incumbe a la parte que se la arroga cuando es cuestionada en el proceso [ Sentencias de 13 de julio de 2015 Casaciones 2487/2013 y 1617/2013) y de 14 de septiembre de 2015 (Casación 2766/2013)], por lo que para dilucidar la legitimación de la asociación recurrente debemos atenernos a los alegatos formulados por ella. La respuesta al problema de la legitimación es, además, casuística. No resulta aconsejable una afirmación ni una negación indiferenciada para todos los casos [Por todas, sentencia de 2 de junio de 2016 (Casación 2812/214)]. Esta Sala define la legitimación activa como una titularidad que deriva de la posición peculiar que ostenta una persona física o jurídica frente a un recurso concreto, cuando la decisión que se adopte en el mismo es susceptible de afectar a su interés legítimo [ artículo 19.1 a) LRJCA].

El interés legítimo es el nexo que une a esa persona con el proceso de que se trata y se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados) de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). La comprobación de que existe en el caso legitimación "ad causam" conlleva por ello la necesidad de comprobar la interrelación existente entre el interés legítimo que se invoca y el objeto de la pretensión [ Sentencia del Pleno de esta Sala de 9 de julio de 2013 (Recurso 357/2011) y sentencias de 21 de marzo de 2012 (Casación 5651/2008), de 8 de junio de 2015 ( Rec. 39/2014) y de 13 de julio de 2015 ( Casaciones 2487/2013 y 1617/2013), con reflejo en las sentencias del Tribunal Constitucional - STC- 52/2007, de 12 de marzo, ( FJ 3) ó 38/2010, de 19 de julio, FJ 2 b).

El mero interés por la legalidad sigue siendo una legitimación anómala en el ámbito de lo contencioso-administrativo. Es sobradamente conocida la ampliación que hemos venido otorgando al concepto de interés legítimo en los últimos treinta y cinco años, hasta llegar desde el concepto de interés personal y directo al de interés legítimo, en lo esencial por exigencias del artículo 24.1 de la CE [ por todas, Sentencia del Pleno de 9 de julio de 2013 (Rec 357/2011)]. Sin embargo, la extensión actual concepto de interés legítimo no puede llegar a identificar esa legitimación con la acción popular o la acción en defensa estricta de la legalidad, que sólo reconoce el artículo 19.1 de la LOPJ y el artículo 19.1 h) de la LRJCA en los casos en los que esa legitimación viene autorizada expresamente por una disposición con rango de ley. La acción pública legitima a quien ostenta un mero interés por la salvaguardia del ordenamiento jurídico, de forma tal que le permite -nada más conocer la existencia de una vulneración del ordenamiento jurídico- traerla (uti cives) a conocimiento del juez para obtener la restauración del orden vulnerado. Es obvio que en un ordenamiento que se fundase en una apreciación tan amplia del interés legitimador para el caso concreto ("legitimatio ad causam") el concepto mismo de legitimación carecería de significado práctico, porque se llegaría a confundir con el concepto de capacidad procesal ("legitimatio ad processum"). No es el caso de nuestra LRJCA. Por eso repite la jurisprudencia que el mero interés por la legalidad, propio de los casos de acción popular, no es normalmente interés legitimador en el proceso contencioso-administrativo. ( Sentencia del Pleno de la Sala de 9 de julio de 2013 ya citada)".

En el presente caso la Asociación LIBERUM alega en justificación de su legitimación activa el contenido del art. 3 de sus Estatutos, donde se recogen sus fines, y que son: La asociación tiene como fines: la promoción y defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales y libertades públicas amparadas en la Constitución española y los tratados internacionales. Defender los derechos sociales. Así como, promover, velar e instar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en España.

Y añade que entre sus actividades previstas en el artículo 4 de sus Estatutos está el defender y reclamar todas las vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas, de derechos sociales, así como del ordenamiento jurídico vigente, que se hayan producido durante la pandemia del COVID-19, en todos los ámbitos y órdenes.

En el presente caso no nos hallamos ante una actuación contra los propios intereses o derechos de la Asociación recurrente, o los de sus asociados, no existiendo por ello un mínimo de relación entre el contenido de la actuación administrativa impugnada y la situación jurídica de aquéllos, en cuya virtud sean al menos previsibles consecuencias desfavorables para quienes recurren. Si no fuera así, las asociaciones tendrían de hecho reconocida una legitimación universal análoga a la acción pública, lo que no es procedente en nuestro actual sistema normativo ( STS de 22 de mayo de 2013 rec. 526/2010 y las allí citadas).

Debemos por ello apreciar la falta de legitimación ad causamde la Asociación recurrente, estimando con ello la causa de inadmisibilidad alegada por la Administración, no siendo por ello procedente entrar a analizar el fondo del asunto.

SEXTO.-En materia de costas, a tenor de lo dispuesto en el art. 139.1 de la LRJCA procede su imposición a la parte recurrente, si bien con el límite total máximo de MIL EUROS (1.000 euros) por todos los conceptos.

PRIMERO.-La parte recurrente, asociación LIBERUM, interpone recurso contencioso administrativo contra la actuación que considera constitutiva de vía de hecho de la Consellería de Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña, consistente en la campaña de vacunación llevada a cabo en relación con el COVID-19, con incumplimiento, a entender de la actora, de la previa prescripción médica y/o facultativa, de forma individualizada para toda la ciudadanía de edad adulta y menor de edad; la falta de información previa y la falta del preceptivo consentimiento informado.

En el escrito de demanda la parte recurrente solicita se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de pleno derecho de la actividad constitutiva de vía de hecho objeto de la presente demanda, dejándola sin efecto, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración de nulidad, con imposición de costas a la Administración demandada.

La Generalitat de Cataluña solicita se dicte sentencia que inadmita el recurso o, subsidiariamente, lo desestime, con expresa imposición de costas a la recurrente.

SEGUNDO.-La Asociación recurrente parte de la existencia de una vía de hecho llevada a cabo por la Administración demandada, al entender que la actuación de ésta no ha observado el procedimiento establecido por la norma que le ha atribuido el poder o potestad.

Así considera que falta información previa y consentimiento informado previo a la vacunación a la población.

Alega que las vacunas suministradas a los ciudadanos han sido autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de forma condicional, a través de un sistema que se denomina de "revisión continua", por lo que entiende que no son seguras, al desconocerse sus efectos a corto o largo plazo, alegando también los efectos adversos de las vacunas -que enumera, acompañando documental al efecto-, junto con una crítica al propio sistema de vacunación -pues no impide el contagio y no discrimina la gravedad en franjas de edades-. De lo anterior extrae la necesidad de la información previa y el consentimiento informado al paciente.

Añade a lo anterior que todas las vacunas están sujetas a prescripción médica.

En relación a la necesidad de prescripción médica, estima que ha sido vulnerado el art. 19 del Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, según el cual:

1. En la autorización del medicamento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios determinará sus condiciones de prescripción clasificándolo, según corresponda, en las siguientes categorías:

a) Medicamento sujeto a prescripción médica.

b) Medicamento no sujeto a prescripción médica.

2. Estarán en todo caso sujetos a prescripción médica los medicamentos que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condiciones normales de uso, si se utilizan sin control médico.

b) Se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en condiciones anormales de utilización, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un peligro para la salud.

c) Contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya actividad y/o reacciones adversas sea necesario estudiar más detalladamente.

d) Se administren por vía parenteral, salvo casos excepcionales, por prescripción médica.

(...).

Alega también la vulneración del artículo 79 del Real decreto-Ley 1/ 2015, citado, en la medida en que la administración de la vacuna se produce por vía parenteral:

1. La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica.

(...)

En lo que respecta a la falta de consentimiento informado alega la actora el contenido de los artículos 2.6 y 8 de la Ley 41/ 2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, según los cuales:

Art. 2.6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente

Art. 8. Consentimiento informado.

8.1. 1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso

2. El consentimiento será verbal por regla general.

Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

Motiva también sus pretensiones la actora en el art. 5.1.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, así como en el capítulo III el Código deontológico médico, de julio de 2011; Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina de 1997 de la Unión Europea; Declaración sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO de octubre de 2005, entendiendo que todo ello compromete el contenido del artículo 15 de la Constitución española, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y moral.

TERCERO.-Expuesto lo anterior, en primer lugar debe puntualizarse que, contrariamente a lo expresado en el escrito de contestación a la demanda y en el propio suplico de la misma, no nos hallamos ante un recurso especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de los arts. 114 y ss de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, sino ante un recurso ordinario.

Efectuada la anterior precisión, hay que señalar que los argumentos en los que se apoya la Administración autonómica demandada para oponerse a las pretensiones de la recurrente se fundan en sendas causas de inadmisibilidad: la primera de ellas en la falta de legitimación activa de la asociación recurrente; y subsidiariamente en haberse interpuesto el recurso de forma extemporánea.

Subsidiariamente, solicita la desestimación del recurso por pérdida sobrevenida de objeto, por cuanto el recurso contencioso administrativo fue interpuesto en fecha 22 de septiembre de 2021, cuando la mayoría de los ciudadanos ya habían recibido la pauta completa de vacunación.

Subsidiariamente aún, estima que procede la desestimación del recurso por inexistencia de vía de hecho, así como por falta de vulneración de derechos fundamentales.

CUARTO.-Procede en primer lugar entrar a valorar existencia de las causas de inadmisibilidad alegadas por la Administración demandada.

La primera de las causas de inadmisibilidad a valorar debe ser la extemporaneidad alegada por la demandada y contemplada en el artículo 69.e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ( en adelante, LRJCA). Afirma la Administración que, habiéndose iniciado la campaña de vacunación contra el COVID-19 el 27 de diciembre de 2020, no fue hasta el 25 de agosto de 2020 que la recurrente formuló un requerimiento de cese de vía de hecho contra dicha campaña de vacunación, según reconoce la demandada. Y que formulado dicho requerimiento, solo en 22 de septiembre de 2021 interpuso el presente recurso contencioso administrativo, por lo que entiende que el recurso contencioso administrativo es extemporáneo en relación a lo dispuesto en los arts. 30 y 46 LRJCA.

Sin necesidad de entrar en este momento en la valoración de que nos hallemos o no ante una vía de hecho del art. 30 LRJCA, según dicha norma en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

Por su parte el artículo 46.3 LRJCA establece que el plazo para interponer el recurso será de 10 días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30.

Resulta de aplicación al presente supuesto la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, sección quinta, de 1 de octubre de 2021, dictada en el recurso de casación 2374/2020, que resuelve la cuestión de interés casacional consistente en determinar "si, en el recurso contencioso administrativo interpuesto en los casos previstos en el art. 30 de la LJCA , transcurrido el plazo ahí establecido sin obtener respuesta de la Administración, y transcurrido también el plazo del art. 46.3 LJCA , y manteniéndose la situación de ocupación ilegal, si efectuado un nuevo requerimiento o reclamación contra esa misma ocupación, comienzan a computarse de nuevo los plazos, habilitando así la posibilidad de interposición de un nuevo recurso contencioso administrativo contra dicha ocupación o el recurso resultaría en tal caso extemporáneo".

La citada sentencia, transcrita en forma suficiente, reza:

QUINTO.- Doctrina jurisprudencial sobre la cuestión controvertida.

Como se infiere con claridad de lo expuesto en el Fundamento anterior, la cuestión sobre la que tenemos que pronunciarnos se centra en determinar si, ante una aparente actuación en vía de hecho de la Administración, consistente en la ocupación ilegal de una propiedad privada, es o no posible que el interesado pueda reiterar sus requerimientos de cese en dicha ocupación mientras ésta persista, de manera que con cada requerimiento inatendido por la Administración se reabra la posibilidad de interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo, comenzando a computarse de nuevo el plazo para ello.

La Sala no alberga duda alguna de que la respuesta a tal cuestión ha de ser afirmativa con base en las consideraciones que pasamos a exponer.

I. Previsión legal al respecto.

El artículo 30 LJCA otorga al interesado, ante una situación de vía de hecho, la posibilidad de optar entre estas dos alternativas: requerir a la Administración para que cese en su actuación o no hacerlo.

Tanto si lo hace y el requerimiento no es atendido en el plazo de diez días, como si no lo hace, la consecuencia es que se abre para el interesado la posibilidad de interponer directamente recurso contencioso-administrativo (" podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo").

Y en cuanto al plazo para esta interposición, el artículo 46.3 LJCA señala, para los supuestos en que hubiere mediado requerimiento, que " será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30",y para aquellos otros casos en que no hubiere mediado requerimiento, que el plazo " será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho".

Por tanto, una interpretación literal de este último precepto nos permite constatar que en ambos casos el interesado dispone de un plazo de veinte días para reaccionar frente a la vía de hecho y acudir a la jurisdicción contencioso- administrativa:

a) En el primer supuesto, una vez acabado el plazo de diez días desde la formulación del requerimiento no atendido por la Administración se abre otro plazo de diez días para poder interponer el recurso contencioso-administrativo.

b) En el segundo supuesto, cuando no hubiere mediado requerimiento del interesado, éste dispondrá de un plazo de veinte días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho para deducir el recurso contencioso- administrativo.

Ahora bien, es una realidad notoria que no siempre es posible que el interesado tenga conocimiento inmediato del inicio de la vía de hecho; por ello, cuando se acredite que aquél no ha tenido noticia de ese inicio, habrá que tomar en consideración a los efectos indicados -en aplicación de la doctrina de la " actio nata"-la fecha en que tomó conocimiento de esa actuación en vía de hecho y pudo ejercitar la acción correspondiente (en línea con la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 25 de enero de 2000, Caso Miragall Escolano y otros contra España , invocada, entre otras, en nuestra reciente STS nº 1.160/2021, de 22 de septiembre, y en las que en ella se citan).

II. Ejercicio potestativo de la acción para el interesado.

Es importante precisar que el artículo 30 LJCA no impone al interesado la obligación de reaccionar frente a la vía de hecho en los brevísimos plazos indicados. Simplemente articula en su favor una posibilidad, de ejercicio potestativo, para poder reaccionar rápidamente contra la actuación de la Administración que estima producida en vía de hecho, a fin de conseguir su cese inmediato y evitar así que la Administración persista en su actuación y, de ese modo, pueda alcanzar o consolidar el objetivo último que perseguía con esa ocupación ilegal; posibilidad de reacción que se suma -como ahora explicaremos- a la que, con carácter ordinario, prevé el artículo 46.1 LJCA.

A título de ejemplo, baste señalar en este sentido que el hecho de que el interesado no interponga directamente recurso contencioso-administrativo contra la ocupación aparentemente ilegal de un inmueble, realizada por la Administración con la finalidad de demolerlo, no priva a aquél de la posibilidad de interponer válidamente recurso contencioso-administrativo contra la demolición, ni le impide sustentar esta impugnación, entre otros motivos, en la causa de nulidad de pleno derecho consistente en haber llevado a cabo la ocupación y posterior demolición de forma ilegal, obviando absolutamente el procedimiento legalmente establecido [ ex artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015].

Precisamente por ello, carecería de sentido jurídico que, por no haber acudido el interesado a impugnar la vía de hecho en sede contencioso-administrativa, haciendo uso -en los breves plazos antes indicados- de la acción de ejercicio potestativo prevista en su favor por el legislador, se viera obligado a soportar la continuación o persistencia de la vía de hecho hasta la consumación de ésta -en el ejemplo anterior, hasta la demolición del inmueble- y que, sin embargo, después y de forma paradójica, se reabriera la posibilidad de reaccionar contra la actuación ilegal de la Administración, impugnándola en sede contencioso-administrativa con sustento, precisamente, en la causa de nulidad de pleno derecho referida a la total inobservancia por la Administración del procedimiento legalmente establecido para poder llevar a cabo la ocupación y la posterior demolición.

Este ejemplo permite ilustrar gráficamente el carácter potestativo de la acción que el legislador confiere al interesado para combatir inmediatamente la vía de hecho, sin quedar privado en ningún caso de la posibilidad de reaccionar ulteriormente contra el resultado conseguido a través de esa vía de hecho.

III. Posibilidad de ejercitar la acción mientras persista la vía de hecho.

Pero, además, existe otra consecuencia ligada a la anterior que debe ser destacada a este respecto.

Y es que la ley no establece efecto preclusivo alguno para el caso de que el interesado no ejercite la acción de carácter potestativo prevista en su favor por el legislador.

Esto es, la ley jurisdiccional no establece que, de no hacer uso el interesado en el indicado plazo de su facultad para deducir directamente recurso contencioso-administrativo contra la vía de hecho (una vez conocida ésta y, en su caso, formulada la intimación para su cese), quede cegada la posibilidad de formular nuevos requerimientos a la Administración mientras ésta persista en su actuación ilegal y no cese en la misma.

Luego, si la ley no la prohíbe expresamente y, conforme a lo expuesto, esa posibilidad resulta lógica y está provista de sentido jurídico, debe permitirse que el interesado pueda formular nuevos requerimientos a la Administración para que cese en la vía de hecho mientras ésta persista. Y de ello se deriva que, aunque el interesado no haya hecho uso en la primera ocasión de su facultad para interponer recurso contencioso-administrativo en el indicado plazo, no existe obstáculo alguno para que, formulado un nuevo requerimiento, se abra un nuevo plazo para poder interponer dicho recurso. En definitiva, mientras persista la situación de ocupación ilegal el interesado tendrá la oportunidad de interponer recurso contencioso-administrativo en un nuevo plazo, que se abrirá tras cada nuevo requerimiento.

Esta conclusión resulta aún más consistente, a juicio de la Sala, en aquellos casos en que la Administración no sólo hubiera desatendido el requerimiento inicial (y, en su caso, los sucesivos), sino que lo hubiera ignorado, persistiendo en la ocupación y contestando con el silencio a la intimación de cese en la vía de hecho formulada por el interesado.[la negrita es nuestra].

IV.Consideraciones complementarias.

En nuestra STS nº. 1.080/2018, de 26 de junio, tuvimos ocasión de establecer doctrina en relación con el artículo 29.1 LJCA, referido a los supuestos de inactividad de la Administración y lo hicimos en los siguientes términos:

"SEXTO.- (...) Existe consiguientemente un incumplimiento previo por parte la Administración de atender las obligaciones que le incumben, en este caso, cuando menos, de su obligación de actuar, esto es, de realizar una "actuación debida" a resultas del sistema de actuación urbanística previsto (sistema de cooperación), consistente en la realización de las obras de urbanización correspondientes.

Pues bien, hemos de entender que, mientras persista esta situación, y siga la Administración por tanto sin atender al cumplimiento de una obligación de hacer legalmente exigible que le compromete a la realización de una determinada conducta material (prestación), no puede beneficiarse de su propio incumplimiento ("allegans propriam turiptudinem non auditur") y, por eso, los sujetos que se ven abocados a soportarlo y que padecen sus consecuencias mantienen abierta la vía prevista en el artículo 29.1 LJCA -de reunir asimismo, desde luego, los requisitos legalmente establecidos mal efecto- para reaccionar y poner fin a la inactividad mediante la obtención del correspondiente pronunciamiento de condena en sede jurisdiccional ( artículo 71 LJCA) .

De otro modo se vulneraría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución, en la medida en que este precepto garantiza la efectividad de aquel derecho, de modo particularmente intenso en lo que constituye su núcleo primario y más esencial -esto es, en su vertiente de "derecho de acceso a la jurisdicción"- y proscribe consecuentemente una interpretación de las causas de inadmisibilidad que responda a un rigorismo o a un formalismo excesivo que se sitúe en clara desproporción con los intereses que se sacrifican.

No está previsto en la Ley Jurisdiccional el efecto preclusivo de la acción que se pretende deducir de la falta de interposición de un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del trascurso del tiempo del que la Administración dispone para dar respuesta al obligado requerimiento previo en vía administrativa. Y sin opción alguna para formular un nuevo requerimiento para poner remedio a una misma situación de inactividad administrativa que viene a persistir en el tiempo; con el consiguiente reinicio del cómputo del plazo.

Y a falta de contemplación legal de una medida de esta índole -que, todo lo más y a lo sumo, solo podría venir de la mano del legislador y, ello, sin descartar que del indicado modo podría atentarse contra el contenido esencial del derecho concernido ( artículo 53.2 de la Constitución)-, no cabe introducir restricciones al ejercicio de un derecho fundamental que, por el contrario, hay que interpretar en el sentido más favorable para su efectividad.

SÉPTIMO.- Así, pues, hemos de dar respuesta a la cuestión de interés casacional suscitada en el caso afirmando que, mientras persista la situación de inactividad administrativa que habilita para el ejercicio del recurso contencioso administrativo por inactividad, al amparo del artículo 29.1 LJCA, con posterioridad al obligado requerimiento previo a la Administración para que atienda al cumplimiento de su obligación, cabe efectuar un nuevo requerimiento contra la misma inactividad, en tanto que no existe precepto legal alguno que lo impide; con el consiguiente reinicio del cómputo de los plazos procesales previstos para el ejercicio de dicho recurso, y habilitando así la posibilidad de interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo contra dicha inactividad.

(...)"

Esta doctrina ha sido reiterada después en las SSTS nº 139/2020 (de 5 de febrero de 2020), nº. 573/2020 (de 28 de mayo de 2020) y nº. 877/2020 (de 25 de junio de 2020).

La doctrina expuesta estaba referida, como hemos dicho, a los supuestos de inactividad de la Administración contemplados en el artículo 29.1 LJCA y no a los de vías de hecho, previstos y regulados en el artículo 30 LJCA.

La ley jurisdiccional regula ambos supuestos en el mismo capítulo (el Capítulo I del Título III) bajo la rúbrica " Actividad administrativa impugnable",aunque lo hace de diferente manera, estableciendo procedimientos distintos en uno y otro caso.

Ahora bien, ello no impide constatar que en ambos supuestos estamos ante mecanismos procedimentales articulados por el legislador en beneficio de los respectivos interesados que se ven afectados por una situación anómala creada por la Administración, ya sea por su inactividad o, en su caso, por haber incurrido aparentemente en una vía de hecho.

En consecuencia, entendemos que la doctrina sentada en la citada STS nº. 1.080/2018 es trasladable, en lo sustancial, al presente caso, lo que nos reafirma en la interpretación que hemos expuesto en relación con el artículo 30 LJCA.

Esta interpretación no se contradice, en modo alguno, con la realizada en la STS de 8 de julio de 2015 (RC 3084/2013), dado que ésta no se pronuncia sobre la cuestión debatida en el recurso que ahora examinamos.

Trasladando el anterior criterio al presente supuesto, en el que al momento de la interposición del recurso contencioso administrativo no había finalizado la situación que la actora define como vía de hecho -la vacunación-, la causa de inadmisibilidad excepcionada por la Administración no puede tener favorable acogida.

QUINTO.-Respecto a la falta de legitimación de la parte actora, la Asociación LIBERUM, como ya ha tenido ocasión de manifestar esta misma Sala y sección en relación a la legitimación de las asociaciones (Sentencia de 16 de abril de 2024, núm. 1234/2024, rec. 3706/2021):

TERCERO. Cuestiones procesales. Sobre la alegación de falta de legitimación activa de la actora formulada por la Administración.

(...) el art. 19.1 de la LJCA reconoce legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en lo que ahora interesa, a: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; y b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.

La STC 52/2007, de 12 de marzo, FJ 3, nos recuerda, en relación con el orden contencioso-administrativo, que "el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida ( SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; con relación a un sindicato, STC 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3)".

Sobre la legitimación de las asociaciones, la STS 3829/2013 de 9 de julio, señala que "aún la ampliación que se le ha venido otorgando al concepto de interés legítimo, no cabe una extensión tal que venga a identificar la legitimación por interés con la acción popular o en defensa estricta de la legalidad, excepto cuando así venga autorizado expresamente por la ley".

Así pues, el Tribunal Supremo, respecto a la legitimación activa de asociaciones, señala que debe existir una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, con referencia obligada a un interés propio de la asociación, o en relación con sus propios asociados en cuanto miembros de dicha asociación, de forma que la anulación de los concretos preceptos impugnados le reporte un efecto positivo o negativo o de futuro, pero cierto. Debe justificar la demandante la interrelación entre el interés invocado y el objeto de la pretensión y no es suficiente para el reconocimiento de la legitimación con invocar de forma abstracta, genérica y/o potencial el interés por medio del cual se actúa, sino que se requiere determinar de forma precisa y pormenorizada en qué puede verse afectado.

También la STS 2292/2013, de 22 de mayo, mantiene que "las asociaciones legalmente constituidas tienen legitimación activa para defender en juicio sus propios intereses, y los de sus asociados, frente a actos y resoluciones administrativas que pudieran perjudicar sus legítimos intereses y derechos. Pero es necesario, en todo caso, que haya un mínimo de relación entre el contenido del acto o norma impugnado y la situación jurídica de aquéllos, relación en cuya virtud sean al menos previsibles consecuencias desfavorables para quienes intentan recurrir. Si no fuera así las asociaciones tendrían, de hecho, reconocida una legitimación universal análoga a la acción pública, lo que no es procedente en nuestro actual sistema normativo".

Además, la STS 1741/2016, de 13 de julio de 2016, a propósito de la legitimación activa de una asociación de Jueces, insiste en que "conforme al artículo 19.1 b) de la LRJCA, la legitimación "ad causam", que debe adornar a la asociación recurrente, tiene que ser una legitimación por interés legítimo, pues el precepto citado se la reconoce como asociación, bien afectada, bien legalmente habilitada "para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos".

La alegación y prueba de la legitimación es carga procesal que incumbe a la parte que se la arroga cuando es cuestionada en el proceso [ Sentencias de 13 de julio de 2015 Casaciones 2487/2013 y 1617/2013) y de 14 de septiembre de 2015 (Casación 2766/2013)], por lo que para dilucidar la legitimación de la asociación recurrente debemos atenernos a los alegatos formulados por ella. La respuesta al problema de la legitimación es, además, casuística. No resulta aconsejable una afirmación ni una negación indiferenciada para todos los casos [Por todas, sentencia de 2 de junio de 2016 (Casación 2812/214)]. Esta Sala define la legitimación activa como una titularidad que deriva de la posición peculiar que ostenta una persona física o jurídica frente a un recurso concreto, cuando la decisión que se adopte en el mismo es susceptible de afectar a su interés legítimo [ artículo 19.1 a) LRJCA].

El interés legítimo es el nexo que une a esa persona con el proceso de que se trata y se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados) de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). La comprobación de que existe en el caso legitimación "ad causam" conlleva por ello la necesidad de comprobar la interrelación existente entre el interés legítimo que se invoca y el objeto de la pretensión [ Sentencia del Pleno de esta Sala de 9 de julio de 2013 (Recurso 357/2011) y sentencias de 21 de marzo de 2012 (Casación 5651/2008), de 8 de junio de 2015 ( Rec. 39/2014) y de 13 de julio de 2015 ( Casaciones 2487/2013 y 1617/2013), con reflejo en las sentencias del Tribunal Constitucional - STC- 52/2007, de 12 de marzo, ( FJ 3) ó 38/2010, de 19 de julio, FJ 2 b).

El mero interés por la legalidad sigue siendo una legitimación anómala en el ámbito de lo contencioso-administrativo. Es sobradamente conocida la ampliación que hemos venido otorgando al concepto de interés legítimo en los últimos treinta y cinco años, hasta llegar desde el concepto de interés personal y directo al de interés legítimo, en lo esencial por exigencias del artículo 24.1 de la CE [ por todas, Sentencia del Pleno de 9 de julio de 2013 (Rec 357/2011)]. Sin embargo, la extensión actual concepto de interés legítimo no puede llegar a identificar esa legitimación con la acción popular o la acción en defensa estricta de la legalidad, que sólo reconoce el artículo 19.1 de la LOPJ y el artículo 19.1 h) de la LRJCA en los casos en los que esa legitimación viene autorizada expresamente por una disposición con rango de ley. La acción pública legitima a quien ostenta un mero interés por la salvaguardia del ordenamiento jurídico, de forma tal que le permite -nada más conocer la existencia de una vulneración del ordenamiento jurídico- traerla (uti cives) a conocimiento del juez para obtener la restauración del orden vulnerado. Es obvio que en un ordenamiento que se fundase en una apreciación tan amplia del interés legitimador para el caso concreto ("legitimatio ad causam") el concepto mismo de legitimación carecería de significado práctico, porque se llegaría a confundir con el concepto de capacidad procesal ("legitimatio ad processum"). No es el caso de nuestra LRJCA. Por eso repite la jurisprudencia que el mero interés por la legalidad, propio de los casos de acción popular, no es normalmente interés legitimador en el proceso contencioso-administrativo. ( Sentencia del Pleno de la Sala de 9 de julio de 2013 ya citada)".

En el presente caso la Asociación LIBERUM alega en justificación de su legitimación activa el contenido del art. 3 de sus Estatutos, donde se recogen sus fines, y que son: La asociación tiene como fines: la promoción y defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales y libertades públicas amparadas en la Constitución española y los tratados internacionales. Defender los derechos sociales. Así como, promover, velar e instar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en España.

Y añade que entre sus actividades previstas en el artículo 4 de sus Estatutos está el defender y reclamar todas las vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas, de derechos sociales, así como del ordenamiento jurídico vigente, que se hayan producido durante la pandemia del COVID-19, en todos los ámbitos y órdenes.

En el presente caso no nos hallamos ante una actuación contra los propios intereses o derechos de la Asociación recurrente, o los de sus asociados, no existiendo por ello un mínimo de relación entre el contenido de la actuación administrativa impugnada y la situación jurídica de aquéllos, en cuya virtud sean al menos previsibles consecuencias desfavorables para quienes recurren. Si no fuera así, las asociaciones tendrían de hecho reconocida una legitimación universal análoga a la acción pública, lo que no es procedente en nuestro actual sistema normativo ( STS de 22 de mayo de 2013 rec. 526/2010 y las allí citadas).

Debemos por ello apreciar la falta de legitimación ad causamde la Asociación recurrente, estimando con ello la causa de inadmisibilidad alegada por la Administración, no siendo por ello procedente entrar a analizar el fondo del asunto.

SEXTO.-En materia de costas, a tenor de lo dispuesto en el art. 139.1 de la LRJCA procede su imposición a la parte recurrente, si bien con el límite total máximo de MIL EUROS (1.000 euros) por todos los conceptos.

PRIMERO.-La parte recurrente, asociación LIBERUM, interpone recurso contencioso administrativo contra la actuación que considera constitutiva de vía de hecho de la Consellería de Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña, consistente en la campaña de vacunación llevada a cabo en relación con el COVID-19, con incumplimiento, a entender de la actora, de la previa prescripción médica y/o facultativa, de forma individualizada para toda la ciudadanía de edad adulta y menor de edad; la falta de información previa y la falta del preceptivo consentimiento informado.

En el escrito de demanda la parte recurrente solicita se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de pleno derecho de la actividad constitutiva de vía de hecho objeto de la presente demanda, dejándola sin efecto, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración de nulidad, con imposición de costas a la Administración demandada.

La Generalitat de Cataluña solicita se dicte sentencia que inadmita el recurso o, subsidiariamente, lo desestime, con expresa imposición de costas a la recurrente.

SEGUNDO.-La Asociación recurrente parte de la existencia de una vía de hecho llevada a cabo por la Administración demandada, al entender que la actuación de ésta no ha observado el procedimiento establecido por la norma que le ha atribuido el poder o potestad.

Así considera que falta información previa y consentimiento informado previo a la vacunación a la población.

Alega que las vacunas suministradas a los ciudadanos han sido autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de forma condicional, a través de un sistema que se denomina de "revisión continua", por lo que entiende que no son seguras, al desconocerse sus efectos a corto o largo plazo, alegando también los efectos adversos de las vacunas -que enumera, acompañando documental al efecto-, junto con una crítica al propio sistema de vacunación -pues no impide el contagio y no discrimina la gravedad en franjas de edades-. De lo anterior extrae la necesidad de la información previa y el consentimiento informado al paciente.

Añade a lo anterior que todas las vacunas están sujetas a prescripción médica.

En relación a la necesidad de prescripción médica, estima que ha sido vulnerado el art. 19 del Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, según el cual:

1. En la autorización del medicamento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios determinará sus condiciones de prescripción clasificándolo, según corresponda, en las siguientes categorías:

a) Medicamento sujeto a prescripción médica.

b) Medicamento no sujeto a prescripción médica.

2. Estarán en todo caso sujetos a prescripción médica los medicamentos que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condiciones normales de uso, si se utilizan sin control médico.

b) Se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en condiciones anormales de utilización, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un peligro para la salud.

c) Contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya actividad y/o reacciones adversas sea necesario estudiar más detalladamente.

d) Se administren por vía parenteral, salvo casos excepcionales, por prescripción médica.

(...).

Alega también la vulneración del artículo 79 del Real decreto-Ley 1/ 2015, citado, en la medida en que la administración de la vacuna se produce por vía parenteral:

1. La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica.

(...)

En lo que respecta a la falta de consentimiento informado alega la actora el contenido de los artículos 2.6 y 8 de la Ley 41/ 2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, según los cuales:

Art. 2.6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente

Art. 8. Consentimiento informado.

8.1. 1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso

2. El consentimiento será verbal por regla general.

Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

Motiva también sus pretensiones la actora en el art. 5.1.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, así como en el capítulo III el Código deontológico médico, de julio de 2011; Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina de 1997 de la Unión Europea; Declaración sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO de octubre de 2005, entendiendo que todo ello compromete el contenido del artículo 15 de la Constitución española, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y moral.

TERCERO.-Expuesto lo anterior, en primer lugar debe puntualizarse que, contrariamente a lo expresado en el escrito de contestación a la demanda y en el propio suplico de la misma, no nos hallamos ante un recurso especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de los arts. 114 y ss de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, sino ante un recurso ordinario.

Efectuada la anterior precisión, hay que señalar que los argumentos en los que se apoya la Administración autonómica demandada para oponerse a las pretensiones de la recurrente se fundan en sendas causas de inadmisibilidad: la primera de ellas en la falta de legitimación activa de la asociación recurrente; y subsidiariamente en haberse interpuesto el recurso de forma extemporánea.

Subsidiariamente, solicita la desestimación del recurso por pérdida sobrevenida de objeto, por cuanto el recurso contencioso administrativo fue interpuesto en fecha 22 de septiembre de 2021, cuando la mayoría de los ciudadanos ya habían recibido la pauta completa de vacunación.

Subsidiariamente aún, estima que procede la desestimación del recurso por inexistencia de vía de hecho, así como por falta de vulneración de derechos fundamentales.

CUARTO.-Procede en primer lugar entrar a valorar existencia de las causas de inadmisibilidad alegadas por la Administración demandada.

La primera de las causas de inadmisibilidad a valorar debe ser la extemporaneidad alegada por la demandada y contemplada en el artículo 69.e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ( en adelante, LRJCA). Afirma la Administración que, habiéndose iniciado la campaña de vacunación contra el COVID-19 el 27 de diciembre de 2020, no fue hasta el 25 de agosto de 2020 que la recurrente formuló un requerimiento de cese de vía de hecho contra dicha campaña de vacunación, según reconoce la demandada. Y que formulado dicho requerimiento, solo en 22 de septiembre de 2021 interpuso el presente recurso contencioso administrativo, por lo que entiende que el recurso contencioso administrativo es extemporáneo en relación a lo dispuesto en los arts. 30 y 46 LRJCA.

Sin necesidad de entrar en este momento en la valoración de que nos hallemos o no ante una vía de hecho del art. 30 LRJCA, según dicha norma en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

Por su parte el artículo 46.3 LRJCA establece que el plazo para interponer el recurso será de 10 días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30.

Resulta de aplicación al presente supuesto la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, sección quinta, de 1 de octubre de 2021, dictada en el recurso de casación 2374/2020, que resuelve la cuestión de interés casacional consistente en determinar "si, en el recurso contencioso administrativo interpuesto en los casos previstos en el art. 30 de la LJCA , transcurrido el plazo ahí establecido sin obtener respuesta de la Administración, y transcurrido también el plazo del art. 46.3 LJCA , y manteniéndose la situación de ocupación ilegal, si efectuado un nuevo requerimiento o reclamación contra esa misma ocupación, comienzan a computarse de nuevo los plazos, habilitando así la posibilidad de interposición de un nuevo recurso contencioso administrativo contra dicha ocupación o el recurso resultaría en tal caso extemporáneo".

La citada sentencia, transcrita en forma suficiente, reza:

QUINTO.- Doctrina jurisprudencial sobre la cuestión controvertida.

Como se infiere con claridad de lo expuesto en el Fundamento anterior, la cuestión sobre la que tenemos que pronunciarnos se centra en determinar si, ante una aparente actuación en vía de hecho de la Administración, consistente en la ocupación ilegal de una propiedad privada, es o no posible que el interesado pueda reiterar sus requerimientos de cese en dicha ocupación mientras ésta persista, de manera que con cada requerimiento inatendido por la Administración se reabra la posibilidad de interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo, comenzando a computarse de nuevo el plazo para ello.

La Sala no alberga duda alguna de que la respuesta a tal cuestión ha de ser afirmativa con base en las consideraciones que pasamos a exponer.

I. Previsión legal al respecto.

El artículo 30 LJCA otorga al interesado, ante una situación de vía de hecho, la posibilidad de optar entre estas dos alternativas: requerir a la Administración para que cese en su actuación o no hacerlo.

Tanto si lo hace y el requerimiento no es atendido en el plazo de diez días, como si no lo hace, la consecuencia es que se abre para el interesado la posibilidad de interponer directamente recurso contencioso-administrativo (" podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo").

Y en cuanto al plazo para esta interposición, el artículo 46.3 LJCA señala, para los supuestos en que hubiere mediado requerimiento, que " será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30",y para aquellos otros casos en que no hubiere mediado requerimiento, que el plazo " será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho".

Por tanto, una interpretación literal de este último precepto nos permite constatar que en ambos casos el interesado dispone de un plazo de veinte días para reaccionar frente a la vía de hecho y acudir a la jurisdicción contencioso- administrativa:

a) En el primer supuesto, una vez acabado el plazo de diez días desde la formulación del requerimiento no atendido por la Administración se abre otro plazo de diez días para poder interponer el recurso contencioso-administrativo.

b) En el segundo supuesto, cuando no hubiere mediado requerimiento del interesado, éste dispondrá de un plazo de veinte días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho para deducir el recurso contencioso- administrativo.

Ahora bien, es una realidad notoria que no siempre es posible que el interesado tenga conocimiento inmediato del inicio de la vía de hecho; por ello, cuando se acredite que aquél no ha tenido noticia de ese inicio, habrá que tomar en consideración a los efectos indicados -en aplicación de la doctrina de la " actio nata"-la fecha en que tomó conocimiento de esa actuación en vía de hecho y pudo ejercitar la acción correspondiente (en línea con la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 25 de enero de 2000, Caso Miragall Escolano y otros contra España , invocada, entre otras, en nuestra reciente STS nº 1.160/2021, de 22 de septiembre, y en las que en ella se citan).

II. Ejercicio potestativo de la acción para el interesado.

Es importante precisar que el artículo 30 LJCA no impone al interesado la obligación de reaccionar frente a la vía de hecho en los brevísimos plazos indicados. Simplemente articula en su favor una posibilidad, de ejercicio potestativo, para poder reaccionar rápidamente contra la actuación de la Administración que estima producida en vía de hecho, a fin de conseguir su cese inmediato y evitar así que la Administración persista en su actuación y, de ese modo, pueda alcanzar o consolidar el objetivo último que perseguía con esa ocupación ilegal; posibilidad de reacción que se suma -como ahora explicaremos- a la que, con carácter ordinario, prevé el artículo 46.1 LJCA.

A título de ejemplo, baste señalar en este sentido que el hecho de que el interesado no interponga directamente recurso contencioso-administrativo contra la ocupación aparentemente ilegal de un inmueble, realizada por la Administración con la finalidad de demolerlo, no priva a aquél de la posibilidad de interponer válidamente recurso contencioso-administrativo contra la demolición, ni le impide sustentar esta impugnación, entre otros motivos, en la causa de nulidad de pleno derecho consistente en haber llevado a cabo la ocupación y posterior demolición de forma ilegal, obviando absolutamente el procedimiento legalmente establecido [ ex artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015].

Precisamente por ello, carecería de sentido jurídico que, por no haber acudido el interesado a impugnar la vía de hecho en sede contencioso-administrativa, haciendo uso -en los breves plazos antes indicados- de la acción de ejercicio potestativo prevista en su favor por el legislador, se viera obligado a soportar la continuación o persistencia de la vía de hecho hasta la consumación de ésta -en el ejemplo anterior, hasta la demolición del inmueble- y que, sin embargo, después y de forma paradójica, se reabriera la posibilidad de reaccionar contra la actuación ilegal de la Administración, impugnándola en sede contencioso-administrativa con sustento, precisamente, en la causa de nulidad de pleno derecho referida a la total inobservancia por la Administración del procedimiento legalmente establecido para poder llevar a cabo la ocupación y la posterior demolición.

Este ejemplo permite ilustrar gráficamente el carácter potestativo de la acción que el legislador confiere al interesado para combatir inmediatamente la vía de hecho, sin quedar privado en ningún caso de la posibilidad de reaccionar ulteriormente contra el resultado conseguido a través de esa vía de hecho.

III. Posibilidad de ejercitar la acción mientras persista la vía de hecho.

Pero, además, existe otra consecuencia ligada a la anterior que debe ser destacada a este respecto.

Y es que la ley no establece efecto preclusivo alguno para el caso de que el interesado no ejercite la acción de carácter potestativo prevista en su favor por el legislador.

Esto es, la ley jurisdiccional no establece que, de no hacer uso el interesado en el indicado plazo de su facultad para deducir directamente recurso contencioso-administrativo contra la vía de hecho (una vez conocida ésta y, en su caso, formulada la intimación para su cese), quede cegada la posibilidad de formular nuevos requerimientos a la Administración mientras ésta persista en su actuación ilegal y no cese en la misma.

Luego, si la ley no la prohíbe expresamente y, conforme a lo expuesto, esa posibilidad resulta lógica y está provista de sentido jurídico, debe permitirse que el interesado pueda formular nuevos requerimientos a la Administración para que cese en la vía de hecho mientras ésta persista. Y de ello se deriva que, aunque el interesado no haya hecho uso en la primera ocasión de su facultad para interponer recurso contencioso-administrativo en el indicado plazo, no existe obstáculo alguno para que, formulado un nuevo requerimiento, se abra un nuevo plazo para poder interponer dicho recurso. En definitiva, mientras persista la situación de ocupación ilegal el interesado tendrá la oportunidad de interponer recurso contencioso-administrativo en un nuevo plazo, que se abrirá tras cada nuevo requerimiento.

Esta conclusión resulta aún más consistente, a juicio de la Sala, en aquellos casos en que la Administración no sólo hubiera desatendido el requerimiento inicial (y, en su caso, los sucesivos), sino que lo hubiera ignorado, persistiendo en la ocupación y contestando con el silencio a la intimación de cese en la vía de hecho formulada por el interesado.[la negrita es nuestra].

IV.Consideraciones complementarias.

En nuestra STS nº. 1.080/2018, de 26 de junio, tuvimos ocasión de establecer doctrina en relación con el artículo 29.1 LJCA, referido a los supuestos de inactividad de la Administración y lo hicimos en los siguientes términos:

"SEXTO.- (...) Existe consiguientemente un incumplimiento previo por parte la Administración de atender las obligaciones que le incumben, en este caso, cuando menos, de su obligación de actuar, esto es, de realizar una "actuación debida" a resultas del sistema de actuación urbanística previsto (sistema de cooperación), consistente en la realización de las obras de urbanización correspondientes.

Pues bien, hemos de entender que, mientras persista esta situación, y siga la Administración por tanto sin atender al cumplimiento de una obligación de hacer legalmente exigible que le compromete a la realización de una determinada conducta material (prestación), no puede beneficiarse de su propio incumplimiento ("allegans propriam turiptudinem non auditur") y, por eso, los sujetos que se ven abocados a soportarlo y que padecen sus consecuencias mantienen abierta la vía prevista en el artículo 29.1 LJCA -de reunir asimismo, desde luego, los requisitos legalmente establecidos mal efecto- para reaccionar y poner fin a la inactividad mediante la obtención del correspondiente pronunciamiento de condena en sede jurisdiccional ( artículo 71 LJCA) .

De otro modo se vulneraría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución, en la medida en que este precepto garantiza la efectividad de aquel derecho, de modo particularmente intenso en lo que constituye su núcleo primario y más esencial -esto es, en su vertiente de "derecho de acceso a la jurisdicción"- y proscribe consecuentemente una interpretación de las causas de inadmisibilidad que responda a un rigorismo o a un formalismo excesivo que se sitúe en clara desproporción con los intereses que se sacrifican.

No está previsto en la Ley Jurisdiccional el efecto preclusivo de la acción que se pretende deducir de la falta de interposición de un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del trascurso del tiempo del que la Administración dispone para dar respuesta al obligado requerimiento previo en vía administrativa. Y sin opción alguna para formular un nuevo requerimiento para poner remedio a una misma situación de inactividad administrativa que viene a persistir en el tiempo; con el consiguiente reinicio del cómputo del plazo.

Y a falta de contemplación legal de una medida de esta índole -que, todo lo más y a lo sumo, solo podría venir de la mano del legislador y, ello, sin descartar que del indicado modo podría atentarse contra el contenido esencial del derecho concernido ( artículo 53.2 de la Constitución)-, no cabe introducir restricciones al ejercicio de un derecho fundamental que, por el contrario, hay que interpretar en el sentido más favorable para su efectividad.

SÉPTIMO.- Así, pues, hemos de dar respuesta a la cuestión de interés casacional suscitada en el caso afirmando que, mientras persista la situación de inactividad administrativa que habilita para el ejercicio del recurso contencioso administrativo por inactividad, al amparo del artículo 29.1 LJCA, con posterioridad al obligado requerimiento previo a la Administración para que atienda al cumplimiento de su obligación, cabe efectuar un nuevo requerimiento contra la misma inactividad, en tanto que no existe precepto legal alguno que lo impide; con el consiguiente reinicio del cómputo de los plazos procesales previstos para el ejercicio de dicho recurso, y habilitando así la posibilidad de interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo contra dicha inactividad.

(...)"

Esta doctrina ha sido reiterada después en las SSTS nº 139/2020 (de 5 de febrero de 2020), nº. 573/2020 (de 28 de mayo de 2020) y nº. 877/2020 (de 25 de junio de 2020).

La doctrina expuesta estaba referida, como hemos dicho, a los supuestos de inactividad de la Administración contemplados en el artículo 29.1 LJCA y no a los de vías de hecho, previstos y regulados en el artículo 30 LJCA.

La ley jurisdiccional regula ambos supuestos en el mismo capítulo (el Capítulo I del Título III) bajo la rúbrica " Actividad administrativa impugnable",aunque lo hace de diferente manera, estableciendo procedimientos distintos en uno y otro caso.

Ahora bien, ello no impide constatar que en ambos supuestos estamos ante mecanismos procedimentales articulados por el legislador en beneficio de los respectivos interesados que se ven afectados por una situación anómala creada por la Administración, ya sea por su inactividad o, en su caso, por haber incurrido aparentemente en una vía de hecho.

En consecuencia, entendemos que la doctrina sentada en la citada STS nº. 1.080/2018 es trasladable, en lo sustancial, al presente caso, lo que nos reafirma en la interpretación que hemos expuesto en relación con el artículo 30 LJCA.

Esta interpretación no se contradice, en modo alguno, con la realizada en la STS de 8 de julio de 2015 (RC 3084/2013), dado que ésta no se pronuncia sobre la cuestión debatida en el recurso que ahora examinamos.

Trasladando el anterior criterio al presente supuesto, en el que al momento de la interposición del recurso contencioso administrativo no había finalizado la situación que la actora define como vía de hecho -la vacunación-, la causa de inadmisibilidad excepcionada por la Administración no puede tener favorable acogida.

QUINTO.-Respecto a la falta de legitimación de la parte actora, la Asociación LIBERUM, como ya ha tenido ocasión de manifestar esta misma Sala y sección en relación a la legitimación de las asociaciones (Sentencia de 16 de abril de 2024, núm. 1234/2024, rec. 3706/2021):

TERCERO. Cuestiones procesales. Sobre la alegación de falta de legitimación activa de la actora formulada por la Administración.

(...) el art. 19.1 de la LJCA reconoce legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en lo que ahora interesa, a: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; y b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.

La STC 52/2007, de 12 de marzo, FJ 3, nos recuerda, en relación con el orden contencioso-administrativo, que "el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida ( SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; con relación a un sindicato, STC 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3)".

Sobre la legitimación de las asociaciones, la STS 3829/2013 de 9 de julio, señala que "aún la ampliación que se le ha venido otorgando al concepto de interés legítimo, no cabe una extensión tal que venga a identificar la legitimación por interés con la acción popular o en defensa estricta de la legalidad, excepto cuando así venga autorizado expresamente por la ley".

Así pues, el Tribunal Supremo, respecto a la legitimación activa de asociaciones, señala que debe existir una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, con referencia obligada a un interés propio de la asociación, o en relación con sus propios asociados en cuanto miembros de dicha asociación, de forma que la anulación de los concretos preceptos impugnados le reporte un efecto positivo o negativo o de futuro, pero cierto. Debe justificar la demandante la interrelación entre el interés invocado y el objeto de la pretensión y no es suficiente para el reconocimiento de la legitimación con invocar de forma abstracta, genérica y/o potencial el interés por medio del cual se actúa, sino que se requiere determinar de forma precisa y pormenorizada en qué puede verse afectado.

También la STS 2292/2013, de 22 de mayo, mantiene que "las asociaciones legalmente constituidas tienen legitimación activa para defender en juicio sus propios intereses, y los de sus asociados, frente a actos y resoluciones administrativas que pudieran perjudicar sus legítimos intereses y derechos. Pero es necesario, en todo caso, que haya un mínimo de relación entre el contenido del acto o norma impugnado y la situación jurídica de aquéllos, relación en cuya virtud sean al menos previsibles consecuencias desfavorables para quienes intentan recurrir. Si no fuera así las asociaciones tendrían, de hecho, reconocida una legitimación universal análoga a la acción pública, lo que no es procedente en nuestro actual sistema normativo".

Además, la STS 1741/2016, de 13 de julio de 2016, a propósito de la legitimación activa de una asociación de Jueces, insiste en que "conforme al artículo 19.1 b) de la LRJCA, la legitimación "ad causam", que debe adornar a la asociación recurrente, tiene que ser una legitimación por interés legítimo, pues el precepto citado se la reconoce como asociación, bien afectada, bien legalmente habilitada "para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos".

La alegación y prueba de la legitimación es carga procesal que incumbe a la parte que se la arroga cuando es cuestionada en el proceso [ Sentencias de 13 de julio de 2015 Casaciones 2487/2013 y 1617/2013) y de 14 de septiembre de 2015 (Casación 2766/2013)], por lo que para dilucidar la legitimación de la asociación recurrente debemos atenernos a los alegatos formulados por ella. La respuesta al problema de la legitimación es, además, casuística. No resulta aconsejable una afirmación ni una negación indiferenciada para todos los casos [Por todas, sentencia de 2 de junio de 2016 (Casación 2812/214)]. Esta Sala define la legitimación activa como una titularidad que deriva de la posición peculiar que ostenta una persona física o jurídica frente a un recurso concreto, cuando la decisión que se adopte en el mismo es susceptible de afectar a su interés legítimo [ artículo 19.1 a) LRJCA].

El interés legítimo es el nexo que une a esa persona con el proceso de que se trata y se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados) de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). La comprobación de que existe en el caso legitimación "ad causam" conlleva por ello la necesidad de comprobar la interrelación existente entre el interés legítimo que se invoca y el objeto de la pretensión [ Sentencia del Pleno de esta Sala de 9 de julio de 2013 (Recurso 357/2011) y sentencias de 21 de marzo de 2012 (Casación 5651/2008), de 8 de junio de 2015 ( Rec. 39/2014) y de 13 de julio de 2015 ( Casaciones 2487/2013 y 1617/2013), con reflejo en las sentencias del Tribunal Constitucional - STC- 52/2007, de 12 de marzo, ( FJ 3) ó 38/2010, de 19 de julio, FJ 2 b).

El mero interés por la legalidad sigue siendo una legitimación anómala en el ámbito de lo contencioso-administrativo. Es sobradamente conocida la ampliación que hemos venido otorgando al concepto de interés legítimo en los últimos treinta y cinco años, hasta llegar desde el concepto de interés personal y directo al de interés legítimo, en lo esencial por exigencias del artículo 24.1 de la CE [ por todas, Sentencia del Pleno de 9 de julio de 2013 (Rec 357/2011)]. Sin embargo, la extensión actual concepto de interés legítimo no puede llegar a identificar esa legitimación con la acción popular o la acción en defensa estricta de la legalidad, que sólo reconoce el artículo 19.1 de la LOPJ y el artículo 19.1 h) de la LRJCA en los casos en los que esa legitimación viene autorizada expresamente por una disposición con rango de ley. La acción pública legitima a quien ostenta un mero interés por la salvaguardia del ordenamiento jurídico, de forma tal que le permite -nada más conocer la existencia de una vulneración del ordenamiento jurídico- traerla (uti cives) a conocimiento del juez para obtener la restauración del orden vulnerado. Es obvio que en un ordenamiento que se fundase en una apreciación tan amplia del interés legitimador para el caso concreto ("legitimatio ad causam") el concepto mismo de legitimación carecería de significado práctico, porque se llegaría a confundir con el concepto de capacidad procesal ("legitimatio ad processum"). No es el caso de nuestra LRJCA. Por eso repite la jurisprudencia que el mero interés por la legalidad, propio de los casos de acción popular, no es normalmente interés legitimador en el proceso contencioso-administrativo. ( Sentencia del Pleno de la Sala de 9 de julio de 2013 ya citada)".

En el presente caso la Asociación LIBERUM alega en justificación de su legitimación activa el contenido del art. 3 de sus Estatutos, donde se recogen sus fines, y que son: La asociación tiene como fines: la promoción y defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales y libertades públicas amparadas en la Constitución española y los tratados internacionales. Defender los derechos sociales. Así como, promover, velar e instar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en España.

Y añade que entre sus actividades previstas en el artículo 4 de sus Estatutos está el defender y reclamar todas las vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas, de derechos sociales, así como del ordenamiento jurídico vigente, que se hayan producido durante la pandemia del COVID-19, en todos los ámbitos y órdenes.

En el presente caso no nos hallamos ante una actuación contra los propios intereses o derechos de la Asociación recurrente, o los de sus asociados, no existiendo por ello un mínimo de relación entre el contenido de la actuación administrativa impugnada y la situación jurídica de aquéllos, en cuya virtud sean al menos previsibles consecuencias desfavorables para quienes recurren. Si no fuera así, las asociaciones tendrían de hecho reconocida una legitimación universal análoga a la acción pública, lo que no es procedente en nuestro actual sistema normativo ( STS de 22 de mayo de 2013 rec. 526/2010 y las allí citadas).

Debemos por ello apreciar la falta de legitimación ad causamde la Asociación recurrente, estimando con ello la causa de inadmisibilidad alegada por la Administración, no siendo por ello procedente entrar a analizar el fondo del asunto.

SEXTO.-En materia de costas, a tenor de lo dispuesto en el art. 139.1 de la LRJCA procede su imposición a la parte recurrente, si bien con el límite total máximo de MIL EUROS (1.000 euros) por todos los conceptos.