Sentencia Contencioso-Administrativo 538/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1173/2023 de 27 de mayo del 2026

PRIMERO.- Resolución judicial impugnada. Partes. Pretensiones

A través de la presente alzada el SR. Carlos Daniel ha impugnado la Sentencia nº 112, de 22 de marzo de 2023, dictada por el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 15 DE BARCELONA en las actuaciones del procedimiento ordinario nº 233/2022-D.

Los fundamentos jurídicos de esa Sentencia son del siguiente tenor:

<<<(...) PRIMERO.- El objeto del presente recurso contencioso administrativo consiste en la impugnación de la resolución administrativa de la demandada (Mesa de Valoració de Situacions d?Emergències econòmiques i socials de Catalunya - órgano colegiado técnico de la Agencia de la Vivienda de Cataluña-) de 15.12.21 desestimatoria en reposición del recurso en tal sentido entablado por la actora contra la previa resolución de aquélla de 13-10-21 denegatoria de la solicitud actora de 10-8-21 (de obtención o adjudicación de una vivienda de emergencia social) recaída en expediente nº NUM000 por la que se valoraba desfavorablemente a la persona recurrente por no actuar de acuerdo con la corresponsabilidad y el compromiso debido, indicado en el informe social y en el plan de trabajo establecido por los servicios sociales básicos, lo que supone el incumplimiento del requisito previsto en el art 6h) de la Resolució TES/987/2019 de 15 de abril que aprueba el Reglamento de la Mesa de Valoració antes dicha.

La parte demandante impetra la anulación de la actuación administrativa impugnada, en base a los hechos, motivos, pretensiones y fundamentos jurídicos expuestos en la demanda originadora de este procedimiento y que doy por reproducidos en esta sede en aras a la celeridad procesal.

Por su parte, la defensa de la demandada, se opone a tales pretensiones, argumentando que la/s resolución/es recurrida/s es/son ajustada/s a Derecho.

Como cuestión previa no cabe hablar de arbitrariedad en la actuación administrativa de autos, proscrita por lo demás en el art 9.3 CE 78, desde el instante en que la Administración actuante ha adoptado una resolución razonada y justificada en base a informes previos técnicos del ámbito social. Inclusive la propia instancia-solicitud actora (a modo de recurso de reposición) de fecha 2511-21 (folio 86 EA) de reconsideración de la resolución administrativa, habla de un plan de trabajo acordado con la Trabajadora social del Consell Comarcal del Pla d?Urgell, plan de trabajo iniciado a mediados de octubre de 2021 según consta en folio 84 y 85 EA.

Asimismo como cuestión previa, remarcar que, no cabe la prosperabilidad de la pretensión actora de nulidad (al amparo del art 47 y 35 Ley 39/15 ), o en su caso de anulabilidad (al amparo del art 48 del mismo cuerpo legal ) de la resolución administrativa impugnada por falta de motivación (con presunta infracción según la actora del art 35 y 53 Ley 39/15 ) desde el momento en que es constante doctrina jurisprudencial la que entiende que se cumple con los requisitos de motivación, a la hora de relacionar hechos y fundamentos jurídicos de forma sucinta, no exhaustiva, con remisión incluso al expediente administrativo, requisitos éstos que se cumplen en la/s resolución/es impugnada/s, sin que se haya causado indefensión material a la parte recurrente, que es la única proscrita por el TC, ya que ha podido aquélla alegar y probar todo cuanto ha estimado pertinente, con pleno conocimiento de causa, en justificación de sus derechos, pretensiones e intereses legítimos, tanto en vía administrativa como contenciosa-administrativa. Por otro lado, como según establecen las SSTC 169/96 y 67/2000 entre otras, no cabe hablar de indefensión material efectiva cuando las resoluciones aquí recurridas, aunque concisas y suficientes, si bien mejorables técnicamente, han hecho mención a normas legales y reglamentarias aplicables que son atinentes al caso que nos ocupa. De esta forma, en este estadio procedimental en que nos encontramos, tal y como ha señalado el TSJC (entre otras Sentencia de 21-9-18) en que se cuenta con todos los elementos de juicio para adoptar una resolución de fondo, resultaría contraria al principio de economía procesal una retroacción de actuaciones por falta de motivación, lo que sólo significaría un retraso en la resolución definitiva sin ventaja para ninguna de las partes.

SEGUNDO.- En virtud del principio de carga de la prueba al amparo del art 217 LEC y "favor acti", a la vista del expediente administrativo y judicial, sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras, ya que si bien al dictado de las resoluciones administrativas aquí recurridas, inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes, no es menos cierto que en folios 103 a 106 en el nuevo informe social de 13-5-22, folios 103 a 106 EA no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo, sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía, para paliar o reducir la deuda contraída con el Ayuntamiento de Mollerusa y la compañía suministradora de luz; no aporta el cambio de titularidad del contrato de luz a que se comprometió en su día, no atiende a las llamadas telefónicas etc, por lo que tal posición o comportamiento de inactividad y de obstaculización parcial por el aquí actor (doctrina de los actos propios), sólo provoca que sea dable la desestimación íntegra del presente recurso judicial, y ello porque aunque puede ser un criterio de priorización de adjudicación de viviendas de emergencia social la existencia de hijos menores de edad a cargo del recurrente, no es menos cierto, que tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente. Por tanto, la parte recurrente no tiene un derecho a la adjudicación de vivienda de emergencia social de forma incondicionada, ilimitada o absoluta, sino una expectativa de derecho sometida al cumplimiento de una serie de requisitos, no acreditados en vía administrativa, ni tampoco en vía judicial que podría haber acreditado aunque fuera extemporáneamente.

El hecho que el informe social de 13-5-22 sea ulterior a las resoluciones administrativas aquí impugnadas, no hace sino confirmar el contenido y ajustado a Derecho de tales resoluciones, y que aquél sea de fecha posterior a éstas no constituye causa suficiente de nulidad vía vulneración de derechos fundamentales (apartado a) del art 47 Ley 39/2015 ) ni vía procedimental del art

47.e) Ley 39/2015, toda vez que no se ha prescindido de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, ni constituye conculcación del ordenamiento jurídico a través del art 48 Ley 39/2015 , sino que todo lo más es una irregularidad administrativa no invalidante.

Consiguientemente sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras.

TERCERO.- Al amparo del art 139.1 LJCA que impone el criterio del vencimiento objetivo, es procedente imponer costas procedimentales a la parte recurrente por ser desestimadas íntegramente sus pretensiones, y no haberse generado en este Juzgador serias dudas de Derecho en la resolución del presente supuesto. Ahora bien, a tenor del art 139.4 LJCA es dable, atendida la entidad de lo judicado, limitar las costas a la suma total por todos los conceptos de 300,00 euros. (...)>>>

El SR. Carlos Daniel pretende que esta Sala revoque la Sentencia cuyos fundamentos acabamos de transcribir y, de consumo, anule las actuaciones administrativas impugnadas.

Por su parte, la defensa letrada de L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA (AHC) se ha opuesto a la apelación.

SEGUNDO.- Motivos de la apelación

Aparecen desarrollados en un escrito cuyo contenido pasamos a reproducir:

<<<(...) PRIMERA. - Mi representado recurrió en vía administrativa la resolución de la Mesa de

Valoració de Situacions d?Emergències econòmiques i socials de Catalunya (en adelante, la Mesa) de 15/12/2021 desestimatoria en reposición del recurso en tal sentido entablado a la previa resolución de aquélla de 13/10/2021 denegatoria de la solicitud 10/8/2021 (de obtención o adjudicación de una vivienda de emergencia social) valorada desfavorablemente por no haber actuado de acuerdo con la corresponsabilidad y el compromiso debido indicado en el Plan de trabajo establecido por los servicios sociales básicos, lo que suponía el incumplimiento del requisito previsto en el artículo 6h) de la Resolució TES/987/2019, de 15 de abril, que aprueba el Reglamento de la Mesa (en adelante, el Reglamento).

SEGUNDA. - Entrando en la propia impugnación de la Sentencia, en primer lugar, entiende esta representación que, dicho sea ello con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, la Sentencia impugnada incurre en un evidente error en la apreciación de la prueba; cual es partir de un presupuesto fáctico equivocado consistente en dar certeza a un documento inexistente.

Inicialmente se alegó por esta parte el haberse situado a mi representado en una absoluta indefensión tras el dictado una resolución arbitraria, subjetiva y carente de motivación. Pero es que, pese a señalarse en la citada Sentencia que "no cabe hablar de arbitrariedad en la actuación administrativa de autos", discrepando esta parte por ser evidente que la primera de las resoluciones administrativas se dictó de forma totalmente arbitraria, por los motivos que se expresan y que el juez a quo soslaya mencionar.

Sin pretender ser reiterativos, pero dada su importancia, es menester acudir al propio contenido de la Sentencia, en la que en su FD PRIMERO se señala "como cuestión previa, que no cabe hablar de arbitrariedad en la actuación administrativa (...) desde el instante en que la Administración actuante ha adoptado una resolución razonada y justificada en base a informes previos técnicos del ámbito social. Inclusive la propia instancia-solicitud actora (a modo de recurso de reposición) de fecha 25-11-21 (folio 86 EA) de reconsideración de la resolución administrativa, habla de un plan de trabajo acordado con la Trabajadora social del Consell Comarcal del Pla d?Urgell, plan de trabajo iniciado a mediados de octubre de 2021 según consta en folio 84 y 85 EA".

Si bien se alude en la Sentencia impugnada a los "informes previos", desconoce esta representación a cuáles alude, y ello por obrar tres "informes" en las actuaciones (EA); el primero de 30/07/201, el segundo de 19/11/2021 y el tercero de fecha 13/05/2022. Ello es relevante, pues en primer lugar sitúa a mi representado en situación de indefensión al no precisarse en la Sentencia a cuáles de los citados informes se alude, dado que lo que viene siendo objeto de discusión tanto en vía administrativa como judicial no es otra cosa que el cumplimiento o no del Plan de trabajo acordado con los servicios sociales por mi representado. Es crucial la falta de determinación en la Sentencia de a qué informes se refiere. Y lo es porque si se alude a los dos informes de 2021 consta acreditado en el propio informe de 19/11/2021 el cumplimiento del Plan de trabajo por mi representado; en cambio si se refiere a los dos últimos informes -nov. 2021 y mayo 2022- se incurriría en contradicción por ser la resolución administrativa impugnada judicialmente de fecha previa a la emisión del tercer informe.

Regresando al error del juez a quo, el mismo estriba en haber tomado como existente un documento que no existía al dictarse la primera resolución administrativa; por lo que ya esta parte señaló la arbitrariedad de la que hizo uso la Administración al adoptar una resolución absolutamente carente de base fáctica -inexistencia del citado Plan de trabajo- y que, por ende, no era encuadrable en el precepto invocado por la Mesa. No obstante, el juzgador a quo pasa de soslayo por tal circunstancia.

Pero es que, y a la vez, el juez a quo, en la citada Sentencia, yerra también a la hora de valorar la existencia del citado informe de los servicios sociales, pues además de su inexistencia hubo de tener en cuenta que, en caso de haber existido, era temporalmente imposible que la Mesa basara la primera resolución administrativa de 13/10/2021 en un Plan de trabajo adoptado a mediados de octubre de 2021 y del que, como pronto, la Mesa pudo haber tenido conocimiento no antes del 25/11/2021, momento en el que tuvo entrada la instancia junto con el recurso de reposición formulado por mi representado, nunca antes. Es decir, no se motiva ni justifica en la Sentencia que se rebate que exista un Plan de trabajo acordado por los Servicios sociales básicos y mi representado de fecha anterior al 13/10/2021 y cuyo incumplimiento justificase que la Mesa adoptara la primera de las resoluciones desfavorables en base al artículo 6, h) del Reglamento, lo cual es muestra de la errónea valoración probatoria obrante en la meritada Sentencia.

A mayor abundamiento, siguiendo con la falta de motivación entendida por esta representación y obrante en la Sentencia impugnada es la relativa a la falta de justificación del juez a quo de por qué, pese a que en el informe social de fecha 19/11/2021, se ignora lo señalado por los propios Servicios sociales que "afirman" que mi representado está cumpliendo con el Plan de trabajo acordado. Sólo citar que el precepto art. 9.1 del Reglamento, señala que el informe social, además de ser el documento con el cual se valora la situación de emergencia económica y social y el nivel de riesgo de exclusión residencial en que se encuentra la unidad de convivencia de mi representado, es vinculante. Desconoce esta parte de qué manera ha podido alcanzar el juez a quo tal decisión, refiriéndonos ahora brevemente a esta ausencia de motivación, adelantando que se profundizará sobre el mismo más adelante. Resulta conveniente citar asimismo el art. 7.2 del Reglamento, según el cual los servicios sociales municipales, son los que conocen, trabajan y hacen el seguimiento social; circunstancia que también es omitida en la Sentencia impugnada.

TERCERA. - Al hilo de lo acabado de manifestar, también incurre la Sentencia impugnada en una ausencia de motivación de por qué, pese constar expresamente que mi representado sí que venía cumpliendo el Plan de trabajo -acordado a mediados de octubre de 2021- otorga únicamente credibilidad al segundo informe de los servicios sociales de fecha 13/05/2022, así en el FD SEGUNDO señalándose que "(...) no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo (...)".

Entiende esta representación que no es que en la Sentencia se debiera motivar, sino hacerlo más profusamente, cuando del contenido entre ambos informes existe una palmaria contradicción, pues, a título ejemplificativo, si bien en el primero de los mismos consta que "Aquest mes de novembre es confirma que el Sr. Carlos Daniel ha fet un pagament de 25€ amb l'Ajuntament i que ha fet el canvi de nom del contracte de llum", en el segundo informe social de fecha 13/05/2022 (folios 103 a 106 EA) "Segons ell, comenta que ja ha fet el canvi de nom del contracte de llum, tal i com se li va proposar, però li demano el contracte i no me'l porta. Intentem contactar amb ell, per tal de poder fer un altra entrevista i recopilar tot el que hagi anat pagant, però se'ns fa impossible que ens agafi el telèfon durant una setmana sencera, el té apagat, tant ell com el seu germà. No els localitzem a dia d'avui (...) Considerem que el Sr. Carlos Daniel, actualment no està complint amb el Pla de Treball proposat pels serveis socials, i està sent impossible establir-hi contacte".

Se discute por esta parte que el juez a quo no realizara una exposición detallada y razonada de por qué se decantó por uno de los dos informes sociales en contradicción cuando existen motivos y hechos que, siguiendo el modo de razonar de una persona prudente, hubieran llevado a cualquiera no ya sólo a dudar o sospechar, sino a entrar al detalle de los posibles elementos de convicción.

Entre los elementos que hubieran llevado a dudar a prácticamente cualquier persona pero que no ha realizado el juez a quo, basta citar algunos de los mismos, como que: a) la Administración recurrida tuvo conocimiento de la intención de recurrir por parte de mi representado al haber solicitado, el 05/4/2022 abogado y procurador del turno de oficio para recurrir la desestimación del recurso potestativo de reposición dictado (folios 93-98 EA); la oportunidad del momento de la emisión del informe social y que se aportara un último informe social "actualizado" por la Administración recurrida elaborado en fecha 13/05/2022

(folios 99-106 EA) y de las expresiones contenidas en el mismo -"se'ns fa impossible que ens agafi el telèfon durant una setmana sencera", de lo que se desprende una insistencia precipitada y, a la vez, una ausencia de contacto desde el anterior informe-; que se interpusiera recurso contencioso-administrativo en fecha 10/05/2022 (expediente digital del Juzgado). Mientras el primer informe afirma el cumplimiento del Plan de trabajo, el segundo "baraja" (la posibilidad de su cumplimiento), etc. Existiendo una cierta discrecionalidad técnica no evitable, el juez a quo acoge el segundo de los informes sin motivar su adopción, contraviniendo así el artículo 120.3 CE .

Por ende, ante la falta de motivación en la Sentencia en atención a la fuera otorgada al segundo de los informes sociales en liza, hubiera sido deseable y exigible un plus de motivación a través de una exposición razonada que le hubiera llevado a concluir sobre la mayor fuerza otorgada al informe de mayo de 2022, circunstancia que no se realizó, por lo que se predica también la falta de motivación en este punto.

CUARTA. - Incurre la sentencia discutida en una manifiesta contradicción, cual es la referida al cumplimiento del Plan de trabajo. No queda claro, ni se motiva, si lo que se desprende en la Sentencia impugnada es la exigencia de un cumplimiento total o parcial del Plan de trabajo.

Así, en el FD SEGUNDO, el juez a quo si bien manifiesta en primer lugar que "(...) inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes (...)", para seguidamente señalar que "(...) sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía (...)".

Es decir, si el propio juzgador a quo manifiesta que existe un cumplimiento parcial desconoce esta parte por qué, y en el mismo párrafo, se exige a mi representado de tener que acreditar la aportación de nuevos ingresos si ya se ha señalado previamente que venía cumpliendo. Dicha contradicción viene a su vez en contradicción con lo también señalado en la Sentencia impugnada, cuando se señala que "tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente".

QUINTA. - Que, por último, se condena al pago de 300 euros a mi representado en concepto de costas del procedimiento, al verse rechazadas nuestras pretensiones.

Esta parte pone en conocimiento del Juzgado que mi representado tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita, tal y como consta en los presentes autos, por lo que está exento de pagar las costas que se deriven del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Fundamentos jurídico-procesales.

Se evidencia a continuación la concurrencia de los requisitos procesales exigidos para recurrir en apelación.

El presente recurso se interpone contra la Sentencia de fecha 22 de marzo de 2023 , dictada por el Juzgado que se referencia en los autos al margen referenciados dentro del plazo de los 15 días de la fecha de la notificación de la misma según el artículo 85 de la Ley Rituaria . Dicha Sentencia es susceptible de ser recurrida en apelación según el artículo 83.1 de la misma Ley .

II.- Fundamentos jurídico-materiales.

La Sentencia hoy combatida incurre a juicio de esta parte en un error en la valoración de la prueba y en ausencia de motivación, según lo hemos acreditado. Por tanto, de los hechos y razonamientos jurídicos expuestos en el presente recurso, ha de concluirse que la Sentencia dictada no es conforme a Derecho, siendo necesaria la estimación del presente recurso, revocando aquélla y dictando otra que declare el cumplimiento por parte de D. Carlos Daniel de los requisitos reglamentarios para la admisión a trámite de la solicitud de fecha 10 de agosto de 2021 de obtención o adjudicación de una vivienda de emergencia social.

III.- Iura novit curia. (...)>>>

TERCERO.- Motivos de oposición a la apelación

Aparecen reflejados en un escrito que reza así:

<<<(...) PRIMER.- OBJECTE DEL RECURS D'APEL·LACIÓ.

És objecte del present recurs la Sentència núm. 112/2023, de data 22 de març d'aquest Jutjat ("Sentència apel·lada" o "Sentència impugnada"), que va resoldre desestimar el recurs contenciós interposat contra l'Acord de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya de data 20/12/2021 el qual acorda desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Carlos Daniel contra l'Acord de la Mesa de data 13/10/2021, mitjançant el qual es va valorar desfavorablement la sol·licitud per a la valoració i proposta d'adjudicació d'un habitatge.

En relació amb els antecedents que són objecte del present recurs, aquesta part considera adient destacar els següents:

1. En data 10/8/2021 el Sr. Carlos Daniel va procedir a presentar davant la Mesa de Valoració d'emergències econòmiques i socials de Catalunya sol·licitud per a la valoració de la seva situació i, si escau, proposta d'adjudicació d'un habitatge (folis 1 a 60 de l'expedient administratiu -"EA", en endavant-).

2. En data 13/10/2021, la Mesa va acordar la valoració desfavorable de la sol·licitud presentada, ja que el sol·licitant no va actuar d'acord amb la corresponsabilitat i el compromís degut indicat en l'informe social i en el pla de treball establert pels serveis socials bàsics.

Aquest requisit es troba recollit a l'article 6.h) de la Resolució TES/987/2019, de 15 d'abril, per la qual es publica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya ("Reglament de la Mesa").

3. En data 25/11/2021, el Sr. Carlos Daniel va interposar recurs de reposició davant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en la qual manifestava haver tingut coneixement de l'Acord de 13/10/2021 i sol·licitava la revisió de l'expedient.

4. En data 20/12/2021, la Mesa va adoptar un Acord mitjançant el qual va procedir a desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Carlos Daniel en data 25/11/2021, ja que, el Sr. Carlos Daniel mai ha complert amb el pla de treball, i per tant havia estat incomplint amb el requisit de l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

Per tant, l'objecte de discussió en la primera instància radicava, en síntesi, en determinar si el recurrent complia o no els requisits necessaris del Reglament de la Mesa per tal de que la sol·licitud presentada davant la Mesa es valorés favorablement, i en especial si el recurrent havia donat compliment als deures de conducta establerts al pla de treball elaborat amb els Serveis Socials.

En aquest sentit, cal posar de manifest que la part recurrent ha modificat el contingut de les seves pretensions. En efecte:

- En el sol·licito de l'escrit de demanda, el recurrent sol·licitava l'adjudicació directa d'un habitatge i, subsidiàriament, sol·licitava que només es revoqués l'Acord de la Mesa de 20/12/2021 per considerar que es complia amb el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

- No obstant, en el recurs d'apel·lació interposat, la part recurrent es limita a demanar que es revoqui la resolució impugnada, i en el Fonament de Dret II interessa que es declari el compliment dels requisits per l'admissió a tràmit de la sol·licitud presentada davant la Mesa.

Per tant, cal efectuar un primer advertiment important en relació amb el present recurs d'apel·lació, i és que a criteri d'aquesta part, l'actora ja no demana l'adjudicació directe d'un habitatge (cosa que resulta impossible, tal i com s'exposarà a continuació). En conseqüència, l'estimació del present recurs d'apel·lació només podria conduir a que es retrotraguessin les actuacions al moment anterior a dictar el primer acord de la Mesa, als efectes de que dictés un nou acord partint de la base de que es complia amb el requisit de l'article 6.h) del seu Reglament.

Doncs bé, la Sentència apel·lada, després de realitzar un anàlisi en profunditat, va arribar al convenciment de que el recurrent efectivament no complia amb els requisits necessaris establerts en el Reglament de la Mesa.

En concret, el Jutjat efectuà una valoració de les proves practicades tan en via administrativa com en via judicial i va arribar a la següent conclusió:

"(...) tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente. Por tanto, la parte recurrente no tiene un derecho a la adjudicación de vivienda de emergencia social de forma incondicionada, ilimitada o absoluta, sino una expectativa de derecho sometida al cumplimiento de una serie de requisitos, no acreditados en vía administrativa, ni tampoco en vía judicial que podría haber acreditado aunque fuera extemporáneamente."

En el recurs d'apel·lació, el Sr. Carlos Daniel al·lega que la Sentència impugnada hauria incorregut en una errònia valoració de la prova, estaria mancada d'una motivació suficient, i hauria incorregut en una contradicció en la seva motivació.

Doncs bé, als motius següents exposarem les raons per les quals cal desestimar íntegrament el recurs d'apel·lació, amb condemna en costes a la part apel·lant.

SEGON.- LA NORMATIVA QUE ÉS D'APLICACIÓ AL PRESENT CAS IMPEDEIX QUE EN EL PRESENT RECURS ES PUGUI RECONÈIXER EL DRET A L'ADJUDICACIÓ D'UN HABITATGE.

Malgrat que la part recurrent no hagi sol·licitat que la Sala Contenciosa

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemni a l'AHC a adjudicar directament un habitatge, aquesta part considera adient igualment entrar a descriure breument el contingut del Reglament de la Mesa.

L'article 2 del Reglament citat estableix que la Mesa és un òrgan col·legiat tècnic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, competent en la valoració de les situacions de vulnerabilitat i d'emergència econòmica i social de les persones en risc d'exclusió residencial.

En aquest sentit, l'article 3 del Reglament de la Mesa defineix les situacions que tindran la consideració d'emergència econòmica i social, entre les quals es troba el desnonament per deute de rendes de lloguer, l'execució hipotecària o dació en pagament pel deute de les quotes hipotecàries, així com les persones sense llar o sense títol jurídic o document legal que acrediti cap dret sobre l'habitatge habitual.

Per altra banda, les persones que presentin una sol·licitud a la Mesa han de complir els requisits establerts a l'article 6 del Reglament de la Mesa, entre els quals es troba l'acreditació d'un nivell determinat d'ingressos, no disposar de cap títol per poder residir en un habitatge, així com desenvolupar una actuació d'acord amb la corresponsabilitat i el compromís degut indicat en l'informe social i en el pla de treball establert pels serveis socials bàsics.

A tal efecte, els articles 7 i 8 del Reglament de la Mesa regulen amb detall els requisits que ha de complir la sol·licitud i la documentació que cal aportar amb aquesta.

Per tant, totes les persones que es trobin en risc d'exclusió residencial per estar en situacions de vulnerabilitat i d'emergència econòmica i social, i que a més reuneixin els requisits establerts, podran procedir a posar de manifest la seva situació davant la Mesa i demanar que es valori la seva situació als efectes d'admetre-la a tràmit.

En els casos en què la Mesa acordi admetre a tràmit la sol·licitud, aquesta ha de preveure una proposta d'adjudicació d'un habitatge en règim de lloguer, i amb una renda molt reduïda, en els termes de l'article 5 del Reglament de la Mesa (amb caràcter general, l'import de la renda es fixa en un 10, 12 o un 18% dels ingressos de la unitat de convivència).

Ara bé, tal i com es desprèn de l'article 12.3 del Reglament de la Mesa, aquesta proposta d'adjudicació només es portarà a terme "sempre que sigui possible", i en cap cas implica l'adjudicació directa d'un habitatge al sol·licitant, ja que es tracta d'una mera proposta que s'eleva a la direcció competent en l'adjudicació d'habitatges per comprovar la disponibilitat existent.

Per tant, tal i com s'acaba d'exposar, la Mesa és un òrgan de l'Agència de l'Habitatge que té per objecte valorar situacions d'emergència social i econòmica, però l'admissió de la sol·licitud per part de la Mesa no atorga cap Dret als sol·licitants a resultar adjudicataris d'un habitatge en règim d'arrendament amb una renda reduïda (lloguer social), sinó que es tracta d'un primer filtre del que únicament es deriva, si és possible, l'emissió d'una proposta d'adjudicar un habitatge amb una renda del lloguer molt reduïda.

TERCER.- LA SENTÈNCIA EFECTUA UNA CORRECTA VALORACIÓ DE LA PROVA.

La part recurrent al·lega que la Sentència hauria valorat erròniament la prova practicada, en la mesura que no hauria tingut en compte, segons la tesi del recurrent, que en el moment de dictar-se el primer Acord de la Mesa, de 13/10/2021, encara no s'havia formalitzat el pla de treball dels serveis socials i, malgrat això, hauria considerat incomplert el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

Al·lega la part contrària que no existien informes previs al primer Acord de la Mesa de 13/10/2021, sinó que aquests són tots posteriors, i que l'emès en data 19/11/2021 hauria considerat que sí que s'havia complert amb el Pla de Treball aprovat.

Doncs bé, cal posar de manifest que la qüestió central del recurs contenciósadministratiu consistia en determinar si el recurrent complia o no amb el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, el qual estableix el següent:

"h) Actuar d'acord amb la corresponsabilitat i el compromís degut indicat en l'informe social i en el pla de treball establert pels serveis socials bàsics."

Per tant, el Jutjat havia de resoldre si el recurrent estava complint o no amb el contingut de l'informe dels serveis socials i del pla de treball aprovat per aquest, i ho havia de fer a la vista de totes les proves practicades en via administrativa i judicial.

Doncs bé, en el cas que ens ocupa constaven a l'expedient administratiu tres informes del serveis socials:

- El primer, de data 30/7/2021 (folis 13 a 15 de l'EA), on no es mencionava el Pla de treball.

- El segon, de data 19/11/2021 (folis 84 a 85 de l'EA), indica que el pla de treball prioritza que es comenci a liquidar el deute amb l'Ajuntament per impagament de taxes, així com que el Sr. Carlos Daniel regularitzi el pagament de les factures de llum, essent necessari un canvi de titularitat del contracte.

Doncs bé, aquesta part va posar de manifest en la primera instància que, si bé és cert que en aquest informe s'indica que durant el mes de novembre de l'any 2021 el recurrent va procedir a fer un pagament a l'Ajuntament de 25 Euros i va procedir a fer el canvi de nom del contracte de subministrament d'electricitat, aquestes actuacions no acrediten que el Sr. Carlos Daniel compleixi íntegrament amb el pla de treball establert, requisit indispensable perquè la Mesa admeti la sol·licitud.

De fet, a l'escrit de contesta a la demanda es va posar de manifest que les actuacions realitzades pel recurrent per complir amb el pla de treball són posteriors a l'Acord de 13/10/2021, ja que el recurrent va fer el pagament en data 9/11/2021 i no va canviar de nom el contracte del subministrament de llum fins el 21/11/2021 (així es desprenia dels documents núm. 3 i 4 de l'escrit de demanda).

- Finalment, l'informe de 13/5/2022 (folis 103 a 106 de l'EA) posava de manifest que el recurrent no va arribar a complir mai el pla de treball establert:

"En el Pla de Treball es va iniciar amb el plantejament de fer un seguiment mèdic i la liquidació de deutes, tant amb l'Ajuntament, com amb les companyies de llum, gas i aigua, i també amb el lloguer del pis. Durant l'ultima entrevista es manifesta que no ha dut a terme els pagaments del lloguer (...) Segons ell, comenta que ja ha fet el canvi de nom del contracte de llum, tal i com se li va proposar, però li demano el contracte i no me'l porta. (...) Intentem contactar amb ell, per tal de poder fer una altra entrevista i recopilar tot el que hagi anat pagant, però se'ns fa impossible que ens hagi el telèfon durant una setmana sencera. (...) Considerem que el Sr. Carlos Daniel, actualment no està complint amb el Pla de Treball proposat pels serveis socials, i està sent impossible establir-hi contacte."

Totes aquestes proves es van tenir en compte per la Sentència impugnada, la qual, a l'hora de decidir si el recurrent estava complint amb el requisit de l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, només va poder concloure que aquest compliment no s'havia acreditat degudament:

"En virtud del principio de carga de la prueba al amparo del art 217 LEC y "favor acti", a la vista del expediente administrativo y judicial, sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras, ya que si bien al dictado de las resoluciones administrativas aquí recurridas, inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes, no es menos cierto que en folios 103 a 106 en el nuevo informe social de 13-5-22, folios 103 a 106 EA no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo, sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía, para paliar o reducir la deuda contraída con el Ayuntamiento de Mollerusa y la compañía suministradora de luz; no aporta el cambio de titularidad del contrato de luz a que se comprometió en su día, no atiende a las llamadas telefónicas etc, por lo que tal posición o comportamiento de inactividad y de obstaculización parcial por el aquí actor (doctrina de los actos propios), sólo provoca que sea dable la desestimación íntegra del presente recurso judicial"

Efectivament, la pràctica de les proves formulades en el recurs va posar de manifest que el recurrent no va arribar a complir mai amb el pla de treball establert, encara que al novembre de 2021 efectués un pagament de 25 euros a l'Ajuntament i afirmés haver modificat el contracte de subministrament de la llum.

Per aquest motiu, no hi ha dubte de que el recurs contenciós-administratiu havia de ser desestimat, en la mesura que es va poder acreditar que el recurrent no complia amb el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

Al respecte, el recurrent centra les seves al·legacions en què en la data del primer Acord de la Mesa de 13/10/2021 no existia el pla de treball, cosa que implica que aquest Acord hauria incorregut en un causa d'arbitrarietat. En aquest sentit, al·lega que la Sentència no hauria tingut en compte aquest extrem i que no s'hauria justificat l'incompliment del pla de treball en el moment de dictar-se el primer acord, de data 13/10/2021.

Doncs bé, en primer lloc cal posar de manifest que no és cert la Sentència impugnada no tracti aquesta al·legació ni ofereixi cap motivació al respecte, doncs sí efectua un raonament en relació amb aquesta qüestió al fonament de dret 2n. En concret:

"El hecho que el informe social de 13-5-22 sea ulterior a las resoluciones administrativas aquí impugnadas, no hace sino confirmar el contenido y ajustado a Derecho de tales resoluciones, y que aquél sea de fecha posterior a éstas no constituye causa suficiente de nulidad vía vulneración de derechos fundamentales (apartado a) del art 47 Ley 39/2015 ) ni vía procedimental del art 47.e) Ley 39/2015 , toda vez que no se ha prescindido de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, ni constituye conculcación del ordenamiento jurídico a través del art 48 Ley 39/2015 , sino que todo lo más es una irregularidad administrativa no invalidante."

És cert que la Sentència només fa referència a l'informe de 13/05/2022, però aquesta part considera que aquesta motivació resulta plenament aplicable a l'Acord de 13/10/2021 i la manca de pla de treball en aquell moment.

En efecte, els informes dels serveis socials de 19/11/2021 i de 13/05/2022 no només posen de manifest que el recurrent no estava complint íntegrament el pla de treball, sinó que el recurrent havia deixat de complir el mateix durant un llarg període de temps. I a banda d'això, tampoc estava en contacte amb els serveis socials, no responia les seves trucades, i no atenia als requeriments d'aquests.

En aquest sentit, cal posar de manifest que el contingut de l'informe dels serveis socials té un caràcter vinculant, d'acord amb l'article 9.2 del Reglament de la Mesa, i que en qualsevol es tracta d'una prova que gaudeix de presumpció de veracitat.

Per altra banda, el Jutjat també posa de manifest que l'emissió d'aquests informes amb posterioritat només podria suposar una irregularitat formal no invalidant, en la mesura que no se li hauria causat indefensió al recurrent.

En efecte, el procediment administratiu regulat al Reglament de la Mesa no preveu la formulació d'un tràmit d'al·legacions del recurrent, i els Acords de la Mesa indicaven sense cap mena de dubte quin era el motiu de la valoració desfavorable de la sol·licitud.

Per altra banda, també cal posar de manifest que si es tractés d'una irregularitat formal invalidant, l'efecte que hauria de tenir no és la de tenir per acreditat el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, sinó que en tot cas s'hauria de declara la nul·litat del procediment administratiu seguit per valorar novament el compliment d'aquest requisit pel sol·licitant.

En qualsevol cas, la Sentència impugnada efectua una valoració de la prova encaminada a determinar si en el moment de dictar la mateixa el recurrent havia complert o no amb el pla de treball i, com no podia ser d'altra manera, de les proves practicades va concloure que no l'havia complert.

En aquest sentit, cal afegir que el recurrent coneixia perfectament que si volia obtenir una valoració favorable de la seva sol·licitud per part de la Mesa havia de complir íntegrament amb el Pla de Treball i acreditar-ho degudament davant els serveis socials.

Així, el recurrent podria haver aportat els certificats d'estar al corrent de les seves obligacions amb l'Ajuntament de Mollerussa, o el pagament íntegre dels subministraments de l'habitatge, en el moment de presentar la demanda o, fins i tot, en el tràmit de l' article 60.2 de la LJCA -cal recordar que l'últim dels informes dels serveis socials ja es va acompanyar amb l'expedient administratiu, de manera que el recurrent coneixia quins incompliment se li imputaven-.

Tanmateix, el recurrent va seguir sense acreditar el compliment del requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, i per tant calia concloure que aquest seguia incomplint el mencionat requisit.

En definitiva, resulta evident que la Sentència impugnada va efectuar una valoració de la prova correcta i exhaustiva, ja que de l'anàlisi del conjunt de proves aportades pel recurrent i aquesta part es pot deduir sense cap tipus de dubte que el Sr. Carlos Daniel mai va arribar a complir el pla de treball establert amb els serveis socials, i per tant va incomplir el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

QUART.- LA SENTÈNCIA IMPUGNADA TÉ UNA MOTIVACIÓ SUFICIENT I NO HA INCORREGUT EN CAP CONTRADICCIÓ.

El recurrent al·lega que entre l'informe de serveis socials de 19/11/2021 i l'emès en data 13/05/2022 hi hauria una contradicció absoluta, i que la Sentència s'hauria decantat per donar major veracitat al segon d'ells sense especificar exactament per quins motius hauria considerat que aquest últim resulta més creïble.

En aquest sentit, efectua diverses consideracions sobre les circumstàncies en es què es va emetre l'Informe de 13/05/2022 en relació amb la seva oportunitat i moment d'emissió, per intentar defensar que aquest informe no resultava veraç.

Per altra banda, el recurrent també al·lega que la Sentència hauria incorregut en una contradicció, consistent en afirmar que s'hauria produït un compliment parcial del pla de treball i, alhora, exigir al recurrent l'aportació de nous ingressos.

Doncs bé, en primer lloc cal palesar que resulten inacceptables les al·legacions del recurrent en relació amb els dubtes que li genera l'informe dels serveis socials de 13/5/2022, en la mesura que en el procés seguit en primera instància no va aportar cap tipus de prova per desvirtuar el seu contingut, com tampoc va demanar que, com a prova testifical, es cités a declarar a la treballadora social que va signar el referit informe.

Per tant, davant la manca d'activitat probatòria de la part contrària per intentar desvirtuar l'objectivitat i certesa dels fets que es mencionen en el referit informe, només es poden desestimar les al·legacions de la part contrària en aquest extrem.

En segon lloc, i pel que fa a la pretesa falta de motivació i contradicció de la Sentència, cal recordar que la jurisprudència del Tribunal Suprem ha dictamen en reiterades ocasions que el deure de motivació de les Sentències no exigeix exposar de manera completa i detallada el procés lògic que ha seguit el Jutjador, sinó que és suficient amb què la motivació permeti a les parts quines són les raons que han conduit a decantar-se en un sentit o altre.

En aquest sentit, podem citar la Sentència del Tribunal Suprem de 28/11/2014 (recurs núm. 3756/2012 ; ECLI: ES:TS:2014:5260 ), que diu el següent:

"A las sentencias les es exigible desde luego el deber de motivación, a fin de satisfacer una doble exigencia constitucional, evitar la arbitrariedad de tales resoluciones y la indefensión de sus destinatarios: su conexión con sendas prescripciones de rango superior - artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución - resulta incuestionable, y así las finalidades que persigue la proclamación de este deber vienen siendo subrayadas de manera incansable tanto por nuestra jurisprudencia como por la constitucional.

Aun cuando ello es cierto como punto de partida, y aun cuando resulta igualmente correcta la doctrina constitucional invocada en el recurso en apoyo del motivo (o submotivo, si se prefiere), no lo es menos que, con arreglo a esa misma doctrina, tenemos afirmado, por ejemplo, en nuestra STS de 25 de mayo de 2004 (RC 588/1999 ):

" El derecho a la tutela judicial efectiva no exige que la resolución judicial ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada, bastando con que la argumentación vertida exteriorice el motivo de la decisión -«la ratio decidendi»- en orden a un eventual control jurisdiccional y en el caso examinado, se cumple la exigencia constitucional, pues la sentencia recurrida no es fruto de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, como ha reconocido esta Sala y la jurisprudencia constitucional (por todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiembre ( FJ. 2 ), 100/1999, de 31 de mayo ( FJ. 2 ), 165/1999, de 27 de septiembre ( FJ. 3 ), 80/2000, de 27 de marzo ( FJ. 4 ), 210/2000, de 18 de septiembre ( F.J. 2 ), 220/2000, de 18 de septiembre (FJ. 2 ) y 32/2001, de 12 de febrero (FJ. 5)"."

En el cas que ens ocupa, i en relació amb la valoració dels informes dels serveis socials, la Sentència impugnada conté el següent raonament:

"En virtud del principio de carga de la prueba al amparo del art 217 LEC y "favor acti", a la vista del expediente administrativo y judicial, sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras, ya que si bien al dictado de las resoluciones administrativas aquí recurridas, inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes, no es menos cierto que en folios 103 a 106 en el nuevo informe social de 13-5-22, folios 103 a 106 EA no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo, sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía, para paliar o reducir la deuda contraída con el Ayuntamiento de Mollerusa y la compañía suministradora de luz; no aporta el cambio de titularidad del contrato de luz a que se comprometió en su día, no atiende a las llamadas telefónicas etc, por lo que tal posición o comportamiento de inactividad y de obstaculización parcial por el aquí actor (doctrina de los actos propios), sólo provoca que sea dable la desestimación íntegra del presente recurso judicial, y ello porque aunque puede ser un criterio de priorización de adjudicación de viviendas de emergencia social la existencia de hijos menores de edad a cargo del recurrente, no es menos cierto, que tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente. Por tanto, la parte recurrente no tiene un derecho a la adjudicación de vivienda de emergencia social de forma incondicionada, ilimitada o absoluta, sino una expectativa de derecho sometida al cumplimiento de una serie de requisitos, no acreditados en vía administrativa, ni tampoco en vía judicial que podría haber acreditado aunque fuera extemporáneamente."

Com es pot observar del contingut de la pròpia Sentència (així com de la lectura d'ambdós informes), no existeix una contradicció clara i absoluta entre els informes citats, sinó que cadascun d'ells exposa diversos fets que han tingut lloc en el període temporal anterior a la seva emissió.

Per una banda, l'informe dels serveis socials de 19/11/2021 afirma que el recurrent hauria pagat 25 euros del deute que tenia amb l'Ajuntament i hauria efectuat el canvi de nom en el contracte del subministrament de llum, mentre que l'informe dels serveis socials de 13/5/2022 posa de manifest, entre altres qüestions, que li han demanat una còpia d'aquest contracte i que el recurrent no els hi ha aportat.

Per tant, ens trobem davant un relat de fets que resulten completament compatibles entre ells, i per tant no existeix una contradicció absoluta entre ambdós informes, sinó que cadascun d'ells reflecteix el grau de compliment dels requisits del pla de treball per part del recurrent en el moment de la seva emissió.

Doncs bé, la Sentència impugnada efectua una valoració conjunta d'ambdós informes, per posar de manifest que el recurrent, si bé hauria complert amb una part del pla treball durant el mes de novembre de 2021, hauria adoptat una postura completament contrària al compliment del mateix durant els mesos següents, tal i com es desprèn de l'informe dels serveis socials de 13/5/2022.

I és per aquest motiu que la Sentència menciona la manca d'aportació d'ingressos del recurrent (a petició dels serveis socials), la manca de resposta a les trucades telefòniques, o la manca d'aportació del contracte de subministrament de llum, com a qüestions reflectides a l'informe dels serveis socials de 13/5/2022 (folis 103 a 106 de l'EA), per arribar a la conclusió de que el recurrent ha tingut un retrocés en el compliment del pla de treball, adoptant una postura obstaculitzadora.

Doncs bé, cal concloure que aquesta motivació resulta completament suficient, per la seva claredat i extensió, per conèixer els motius pels quals el Jutjat no ha considerat acreditat el compliment de l'escrit, en la mesura que s'observa amb tota claredat quina ha estat la "ratio decidendi" del mateix en el present assumpte sense incórrer en cap tipus de contradicció.

Conseqüentment, resulta evident que la Sentència impugnada està suficientment motivada, i que procedeix rebutjar el motiu formulat de contrari en relació amb la pretesa falta de motivació i la seva contradicció. (...)>>>

CUARTO.- Juicio de la Sala

Para empezar, conviene tener presente que el procedimiento en el que recayeron los actos administrativos impugnados no tenía por finalidad asignar de forma efectiva alojamientos de emergencia, sino la de elevar a la Dirección competente de L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA una propuesta de asignación respecto de aquellos solicitantes de la ayuda calificados como aptos por reunir los requisitos de rigor. En ese sentido, son concluyentes los art. 2.2 y 12.3 de la RESOLUCIÓ TES/987/2019, de 15 d'abril, per la qual es publica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergència econòmiques i socials de Catalunya (DOGC 7857-18.04.2019).

En nuestro caso, la mesa de valoración emitió una valoración desfavorable el día 13 de octubre de 2021 arguyendo que el hoy apelante había incumplido el plan de trabajo acordado con los servicios sociales del Consell Comarcal de l'Urgell (CCU); sin embargo, en el expediente administrativo no aparece ese plan de trabajo, debidamente detallado y acompañado de una descripción clara y pormenorizada de los incumplimientos imputables al SR. Carlos Daniel, lo cual es especialmente grave si tenemos en cuenta que la solicitud de ayuda, formulada por el hoy apelante el 10 de agosto de 2021, venía precedida de un informe social favorable, de 30 de julio de 2021, emitido por el CCU; amén de ser, los destinatarios de la ayuda de autos, personas especialmente vulnerables, con enormes dificultades para desenvolverse en sede burocrática.

Contra la decisión de la Mesa de Valoración el apelante dedujo reposición el día 25 de noviembre de 2021, adjuntando un informe de la trabajadora social fechado el 19 de noviembre anterior, del que se desprendía que el SR. Carlos Daniel había empezado a cumplir los compromisos adquiridos. Pese a ello, la Mesa de Valoración desestimó el recurso el día 15 de diciembre de 2021, y lo hizo remitiéndose, una vez más, al argumento de que el hoy recurrente había incumplido el plan de trabajo acordado.

Es cierto que un último informe social de mayo de 2022 reitera que el SR. Carlos Daniel había incumplido el plan de trabajo; pero lo hace de una forma tan escueta que hace imposible que ese informe pueda sanar las incoherencias y déficits detectados en el procedimiento.

Así las cosas, no cabrá calificar el proceder de la demandada de otra manera que no sea la de arbitrario y fundado en una motivación aparente o, cuando menos, manifiestamente insuficiente y contradictoria.

La demanda, pues, deberá prosperar y en coherencia con el suplico del escrito de apelación, este Tribunal deberá limitarse a anular los actos administrativos impugnados, por ser contrarios a derecho; para que, como señala el escrito de oposición a modo de "mal menor", "se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al dictado del primer acuerdo de la Mesa de Valoración, a los efectos de que se dicte un nuevo acuerdo partiendo de la base de que se cumplía con el requisito del art. 6.h) del Reglamento"

QUINTO.- Costas

Conforme a lo previsto en el art. 139.2 LJCA, no se impondrán costas.

PRIMERO.- Resolución judicial impugnada. Partes. Pretensiones

A través de la presente alzada el SR. Carlos Daniel ha impugnado la Sentencia nº 112, de 22 de marzo de 2023, dictada por el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 15 DE BARCELONA en las actuaciones del procedimiento ordinario nº 233/2022-D.

Los fundamentos jurídicos de esa Sentencia son del siguiente tenor:

<<<(...) PRIMERO.- El objeto del presente recurso contencioso administrativo consiste en la impugnación de la resolución administrativa de la demandada (Mesa de Valoració de Situacions d?Emergències econòmiques i socials de Catalunya - órgano colegiado técnico de la Agencia de la Vivienda de Cataluña-) de 15.12.21 desestimatoria en reposición del recurso en tal sentido entablado por la actora contra la previa resolución de aquélla de 13-10-21 denegatoria de la solicitud actora de 10-8-21 (de obtención o adjudicación de una vivienda de emergencia social) recaída en expediente nº NUM000 por la que se valoraba desfavorablemente a la persona recurrente por no actuar de acuerdo con la corresponsabilidad y el compromiso debido, indicado en el informe social y en el plan de trabajo establecido por los servicios sociales básicos, lo que supone el incumplimiento del requisito previsto en el art 6h) de la Resolució TES/987/2019 de 15 de abril que aprueba el Reglamento de la Mesa de Valoració antes dicha.

La parte demandante impetra la anulación de la actuación administrativa impugnada, en base a los hechos, motivos, pretensiones y fundamentos jurídicos expuestos en la demanda originadora de este procedimiento y que doy por reproducidos en esta sede en aras a la celeridad procesal.

Por su parte, la defensa de la demandada, se opone a tales pretensiones, argumentando que la/s resolución/es recurrida/s es/son ajustada/s a Derecho.

Como cuestión previa no cabe hablar de arbitrariedad en la actuación administrativa de autos, proscrita por lo demás en el art 9.3 CE 78, desde el instante en que la Administración actuante ha adoptado una resolución razonada y justificada en base a informes previos técnicos del ámbito social. Inclusive la propia instancia-solicitud actora (a modo de recurso de reposición) de fecha 2511-21 (folio 86 EA) de reconsideración de la resolución administrativa, habla de un plan de trabajo acordado con la Trabajadora social del Consell Comarcal del Pla d?Urgell, plan de trabajo iniciado a mediados de octubre de 2021 según consta en folio 84 y 85 EA.

Asimismo como cuestión previa, remarcar que, no cabe la prosperabilidad de la pretensión actora de nulidad (al amparo del art 47 y 35 Ley 39/15 ), o en su caso de anulabilidad (al amparo del art 48 del mismo cuerpo legal ) de la resolución administrativa impugnada por falta de motivación (con presunta infracción según la actora del art 35 y 53 Ley 39/15 ) desde el momento en que es constante doctrina jurisprudencial la que entiende que se cumple con los requisitos de motivación, a la hora de relacionar hechos y fundamentos jurídicos de forma sucinta, no exhaustiva, con remisión incluso al expediente administrativo, requisitos éstos que se cumplen en la/s resolución/es impugnada/s, sin que se haya causado indefensión material a la parte recurrente, que es la única proscrita por el TC, ya que ha podido aquélla alegar y probar todo cuanto ha estimado pertinente, con pleno conocimiento de causa, en justificación de sus derechos, pretensiones e intereses legítimos, tanto en vía administrativa como contenciosa-administrativa. Por otro lado, como según establecen las SSTC 169/96 y 67/2000 entre otras, no cabe hablar de indefensión material efectiva cuando las resoluciones aquí recurridas, aunque concisas y suficientes, si bien mejorables técnicamente, han hecho mención a normas legales y reglamentarias aplicables que son atinentes al caso que nos ocupa. De esta forma, en este estadio procedimental en que nos encontramos, tal y como ha señalado el TSJC (entre otras Sentencia de 21-9-18) en que se cuenta con todos los elementos de juicio para adoptar una resolución de fondo, resultaría contraria al principio de economía procesal una retroacción de actuaciones por falta de motivación, lo que sólo significaría un retraso en la resolución definitiva sin ventaja para ninguna de las partes.

SEGUNDO.- En virtud del principio de carga de la prueba al amparo del art 217 LEC y "favor acti", a la vista del expediente administrativo y judicial, sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras, ya que si bien al dictado de las resoluciones administrativas aquí recurridas, inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes, no es menos cierto que en folios 103 a 106 en el nuevo informe social de 13-5-22, folios 103 a 106 EA no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo, sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía, para paliar o reducir la deuda contraída con el Ayuntamiento de Mollerusa y la compañía suministradora de luz; no aporta el cambio de titularidad del contrato de luz a que se comprometió en su día, no atiende a las llamadas telefónicas etc, por lo que tal posición o comportamiento de inactividad y de obstaculización parcial por el aquí actor (doctrina de los actos propios), sólo provoca que sea dable la desestimación íntegra del presente recurso judicial, y ello porque aunque puede ser un criterio de priorización de adjudicación de viviendas de emergencia social la existencia de hijos menores de edad a cargo del recurrente, no es menos cierto, que tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente. Por tanto, la parte recurrente no tiene un derecho a la adjudicación de vivienda de emergencia social de forma incondicionada, ilimitada o absoluta, sino una expectativa de derecho sometida al cumplimiento de una serie de requisitos, no acreditados en vía administrativa, ni tampoco en vía judicial que podría haber acreditado aunque fuera extemporáneamente.

El hecho que el informe social de 13-5-22 sea ulterior a las resoluciones administrativas aquí impugnadas, no hace sino confirmar el contenido y ajustado a Derecho de tales resoluciones, y que aquél sea de fecha posterior a éstas no constituye causa suficiente de nulidad vía vulneración de derechos fundamentales (apartado a) del art 47 Ley 39/2015 ) ni vía procedimental del art

47.e) Ley 39/2015, toda vez que no se ha prescindido de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, ni constituye conculcación del ordenamiento jurídico a través del art 48 Ley 39/2015 , sino que todo lo más es una irregularidad administrativa no invalidante.

Consiguientemente sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras.

TERCERO.- Al amparo del art 139.1 LJCA que impone el criterio del vencimiento objetivo, es procedente imponer costas procedimentales a la parte recurrente por ser desestimadas íntegramente sus pretensiones, y no haberse generado en este Juzgador serias dudas de Derecho en la resolución del presente supuesto. Ahora bien, a tenor del art 139.4 LJCA es dable, atendida la entidad de lo judicado, limitar las costas a la suma total por todos los conceptos de 300,00 euros. (...)>>>

El SR. Carlos Daniel pretende que esta Sala revoque la Sentencia cuyos fundamentos acabamos de transcribir y, de consumo, anule las actuaciones administrativas impugnadas.

Por su parte, la defensa letrada de L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA (AHC) se ha opuesto a la apelación.

SEGUNDO.- Motivos de la apelación

Aparecen desarrollados en un escrito cuyo contenido pasamos a reproducir:

<<<(...) PRIMERA. - Mi representado recurrió en vía administrativa la resolución de la Mesa de

Valoració de Situacions d?Emergències econòmiques i socials de Catalunya (en adelante, la Mesa) de 15/12/2021 desestimatoria en reposición del recurso en tal sentido entablado a la previa resolución de aquélla de 13/10/2021 denegatoria de la solicitud 10/8/2021 (de obtención o adjudicación de una vivienda de emergencia social) valorada desfavorablemente por no haber actuado de acuerdo con la corresponsabilidad y el compromiso debido indicado en el Plan de trabajo establecido por los servicios sociales básicos, lo que suponía el incumplimiento del requisito previsto en el artículo 6h) de la Resolució TES/987/2019, de 15 de abril, que aprueba el Reglamento de la Mesa (en adelante, el Reglamento).

SEGUNDA. - Entrando en la propia impugnación de la Sentencia, en primer lugar, entiende esta representación que, dicho sea ello con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, la Sentencia impugnada incurre en un evidente error en la apreciación de la prueba; cual es partir de un presupuesto fáctico equivocado consistente en dar certeza a un documento inexistente.

Inicialmente se alegó por esta parte el haberse situado a mi representado en una absoluta indefensión tras el dictado una resolución arbitraria, subjetiva y carente de motivación. Pero es que, pese a señalarse en la citada Sentencia que "no cabe hablar de arbitrariedad en la actuación administrativa de autos", discrepando esta parte por ser evidente que la primera de las resoluciones administrativas se dictó de forma totalmente arbitraria, por los motivos que se expresan y que el juez a quo soslaya mencionar.

Sin pretender ser reiterativos, pero dada su importancia, es menester acudir al propio contenido de la Sentencia, en la que en su FD PRIMERO se señala "como cuestión previa, que no cabe hablar de arbitrariedad en la actuación administrativa (...) desde el instante en que la Administración actuante ha adoptado una resolución razonada y justificada en base a informes previos técnicos del ámbito social. Inclusive la propia instancia-solicitud actora (a modo de recurso de reposición) de fecha 25-11-21 (folio 86 EA) de reconsideración de la resolución administrativa, habla de un plan de trabajo acordado con la Trabajadora social del Consell Comarcal del Pla d?Urgell, plan de trabajo iniciado a mediados de octubre de 2021 según consta en folio 84 y 85 EA".

Si bien se alude en la Sentencia impugnada a los "informes previos", desconoce esta representación a cuáles alude, y ello por obrar tres "informes" en las actuaciones (EA); el primero de 30/07/201, el segundo de 19/11/2021 y el tercero de fecha 13/05/2022. Ello es relevante, pues en primer lugar sitúa a mi representado en situación de indefensión al no precisarse en la Sentencia a cuáles de los citados informes se alude, dado que lo que viene siendo objeto de discusión tanto en vía administrativa como judicial no es otra cosa que el cumplimiento o no del Plan de trabajo acordado con los servicios sociales por mi representado. Es crucial la falta de determinación en la Sentencia de a qué informes se refiere. Y lo es porque si se alude a los dos informes de 2021 consta acreditado en el propio informe de 19/11/2021 el cumplimiento del Plan de trabajo por mi representado; en cambio si se refiere a los dos últimos informes -nov. 2021 y mayo 2022- se incurriría en contradicción por ser la resolución administrativa impugnada judicialmente de fecha previa a la emisión del tercer informe.

Regresando al error del juez a quo, el mismo estriba en haber tomado como existente un documento que no existía al dictarse la primera resolución administrativa; por lo que ya esta parte señaló la arbitrariedad de la que hizo uso la Administración al adoptar una resolución absolutamente carente de base fáctica -inexistencia del citado Plan de trabajo- y que, por ende, no era encuadrable en el precepto invocado por la Mesa. No obstante, el juzgador a quo pasa de soslayo por tal circunstancia.

Pero es que, y a la vez, el juez a quo, en la citada Sentencia, yerra también a la hora de valorar la existencia del citado informe de los servicios sociales, pues además de su inexistencia hubo de tener en cuenta que, en caso de haber existido, era temporalmente imposible que la Mesa basara la primera resolución administrativa de 13/10/2021 en un Plan de trabajo adoptado a mediados de octubre de 2021 y del que, como pronto, la Mesa pudo haber tenido conocimiento no antes del 25/11/2021, momento en el que tuvo entrada la instancia junto con el recurso de reposición formulado por mi representado, nunca antes. Es decir, no se motiva ni justifica en la Sentencia que se rebate que exista un Plan de trabajo acordado por los Servicios sociales básicos y mi representado de fecha anterior al 13/10/2021 y cuyo incumplimiento justificase que la Mesa adoptara la primera de las resoluciones desfavorables en base al artículo 6, h) del Reglamento, lo cual es muestra de la errónea valoración probatoria obrante en la meritada Sentencia.

A mayor abundamiento, siguiendo con la falta de motivación entendida por esta representación y obrante en la Sentencia impugnada es la relativa a la falta de justificación del juez a quo de por qué, pese a que en el informe social de fecha 19/11/2021, se ignora lo señalado por los propios Servicios sociales que "afirman" que mi representado está cumpliendo con el Plan de trabajo acordado. Sólo citar que el precepto art. 9.1 del Reglamento, señala que el informe social, además de ser el documento con el cual se valora la situación de emergencia económica y social y el nivel de riesgo de exclusión residencial en que se encuentra la unidad de convivencia de mi representado, es vinculante. Desconoce esta parte de qué manera ha podido alcanzar el juez a quo tal decisión, refiriéndonos ahora brevemente a esta ausencia de motivación, adelantando que se profundizará sobre el mismo más adelante. Resulta conveniente citar asimismo el art. 7.2 del Reglamento, según el cual los servicios sociales municipales, son los que conocen, trabajan y hacen el seguimiento social; circunstancia que también es omitida en la Sentencia impugnada.

TERCERA. - Al hilo de lo acabado de manifestar, también incurre la Sentencia impugnada en una ausencia de motivación de por qué, pese constar expresamente que mi representado sí que venía cumpliendo el Plan de trabajo -acordado a mediados de octubre de 2021- otorga únicamente credibilidad al segundo informe de los servicios sociales de fecha 13/05/2022, así en el FD SEGUNDO señalándose que "(...) no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo (...)".

Entiende esta representación que no es que en la Sentencia se debiera motivar, sino hacerlo más profusamente, cuando del contenido entre ambos informes existe una palmaria contradicción, pues, a título ejemplificativo, si bien en el primero de los mismos consta que "Aquest mes de novembre es confirma que el Sr. Carlos Daniel ha fet un pagament de 25€ amb l'Ajuntament i que ha fet el canvi de nom del contracte de llum", en el segundo informe social de fecha 13/05/2022 (folios 103 a 106 EA) "Segons ell, comenta que ja ha fet el canvi de nom del contracte de llum, tal i com se li va proposar, però li demano el contracte i no me'l porta. Intentem contactar amb ell, per tal de poder fer un altra entrevista i recopilar tot el que hagi anat pagant, però se'ns fa impossible que ens agafi el telèfon durant una setmana sencera, el té apagat, tant ell com el seu germà. No els localitzem a dia d'avui (...) Considerem que el Sr. Carlos Daniel, actualment no està complint amb el Pla de Treball proposat pels serveis socials, i està sent impossible establir-hi contacte".

Se discute por esta parte que el juez a quo no realizara una exposición detallada y razonada de por qué se decantó por uno de los dos informes sociales en contradicción cuando existen motivos y hechos que, siguiendo el modo de razonar de una persona prudente, hubieran llevado a cualquiera no ya sólo a dudar o sospechar, sino a entrar al detalle de los posibles elementos de convicción.

Entre los elementos que hubieran llevado a dudar a prácticamente cualquier persona pero que no ha realizado el juez a quo, basta citar algunos de los mismos, como que: a) la Administración recurrida tuvo conocimiento de la intención de recurrir por parte de mi representado al haber solicitado, el 05/4/2022 abogado y procurador del turno de oficio para recurrir la desestimación del recurso potestativo de reposición dictado (folios 93-98 EA); la oportunidad del momento de la emisión del informe social y que se aportara un último informe social "actualizado" por la Administración recurrida elaborado en fecha 13/05/2022

(folios 99-106 EA) y de las expresiones contenidas en el mismo -"se'ns fa impossible que ens agafi el telèfon durant una setmana sencera", de lo que se desprende una insistencia precipitada y, a la vez, una ausencia de contacto desde el anterior informe-; que se interpusiera recurso contencioso-administrativo en fecha 10/05/2022 (expediente digital del Juzgado). Mientras el primer informe afirma el cumplimiento del Plan de trabajo, el segundo "baraja" (la posibilidad de su cumplimiento), etc. Existiendo una cierta discrecionalidad técnica no evitable, el juez a quo acoge el segundo de los informes sin motivar su adopción, contraviniendo así el artículo 120.3 CE .

Por ende, ante la falta de motivación en la Sentencia en atención a la fuera otorgada al segundo de los informes sociales en liza, hubiera sido deseable y exigible un plus de motivación a través de una exposición razonada que le hubiera llevado a concluir sobre la mayor fuerza otorgada al informe de mayo de 2022, circunstancia que no se realizó, por lo que se predica también la falta de motivación en este punto.

CUARTA. - Incurre la sentencia discutida en una manifiesta contradicción, cual es la referida al cumplimiento del Plan de trabajo. No queda claro, ni se motiva, si lo que se desprende en la Sentencia impugnada es la exigencia de un cumplimiento total o parcial del Plan de trabajo.

Así, en el FD SEGUNDO, el juez a quo si bien manifiesta en primer lugar que "(...) inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes (...)", para seguidamente señalar que "(...) sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía (...)".

Es decir, si el propio juzgador a quo manifiesta que existe un cumplimiento parcial desconoce esta parte por qué, y en el mismo párrafo, se exige a mi representado de tener que acreditar la aportación de nuevos ingresos si ya se ha señalado previamente que venía cumpliendo. Dicha contradicción viene a su vez en contradicción con lo también señalado en la Sentencia impugnada, cuando se señala que "tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente".

QUINTA. - Que, por último, se condena al pago de 300 euros a mi representado en concepto de costas del procedimiento, al verse rechazadas nuestras pretensiones.

Esta parte pone en conocimiento del Juzgado que mi representado tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita, tal y como consta en los presentes autos, por lo que está exento de pagar las costas que se deriven del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Fundamentos jurídico-procesales.

Se evidencia a continuación la concurrencia de los requisitos procesales exigidos para recurrir en apelación.

El presente recurso se interpone contra la Sentencia de fecha 22 de marzo de 2023 , dictada por el Juzgado que se referencia en los autos al margen referenciados dentro del plazo de los 15 días de la fecha de la notificación de la misma según el artículo 85 de la Ley Rituaria . Dicha Sentencia es susceptible de ser recurrida en apelación según el artículo 83.1 de la misma Ley .

II.- Fundamentos jurídico-materiales.

La Sentencia hoy combatida incurre a juicio de esta parte en un error en la valoración de la prueba y en ausencia de motivación, según lo hemos acreditado. Por tanto, de los hechos y razonamientos jurídicos expuestos en el presente recurso, ha de concluirse que la Sentencia dictada no es conforme a Derecho, siendo necesaria la estimación del presente recurso, revocando aquélla y dictando otra que declare el cumplimiento por parte de D. Carlos Daniel de los requisitos reglamentarios para la admisión a trámite de la solicitud de fecha 10 de agosto de 2021 de obtención o adjudicación de una vivienda de emergencia social.

III.- Iura novit curia. (...)>>>

TERCERO.- Motivos de oposición a la apelación

Aparecen reflejados en un escrito que reza así:

<<<(...) PRIMER.- OBJECTE DEL RECURS D'APEL·LACIÓ.

És objecte del present recurs la Sentència núm. 112/2023, de data 22 de març d'aquest Jutjat ("Sentència apel·lada" o "Sentència impugnada"), que va resoldre desestimar el recurs contenciós interposat contra l'Acord de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya de data 20/12/2021 el qual acorda desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Carlos Daniel contra l'Acord de la Mesa de data 13/10/2021, mitjançant el qual es va valorar desfavorablement la sol·licitud per a la valoració i proposta d'adjudicació d'un habitatge.

En relació amb els antecedents que són objecte del present recurs, aquesta part considera adient destacar els següents:

1. En data 10/8/2021 el Sr. Carlos Daniel va procedir a presentar davant la Mesa de Valoració d'emergències econòmiques i socials de Catalunya sol·licitud per a la valoració de la seva situació i, si escau, proposta d'adjudicació d'un habitatge (folis 1 a 60 de l'expedient administratiu -"EA", en endavant-).

2. En data 13/10/2021, la Mesa va acordar la valoració desfavorable de la sol·licitud presentada, ja que el sol·licitant no va actuar d'acord amb la corresponsabilitat i el compromís degut indicat en l'informe social i en el pla de treball establert pels serveis socials bàsics.

Aquest requisit es troba recollit a l'article 6.h) de la Resolució TES/987/2019, de 15 d'abril, per la qual es publica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya ("Reglament de la Mesa").

3. En data 25/11/2021, el Sr. Carlos Daniel va interposar recurs de reposició davant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en la qual manifestava haver tingut coneixement de l'Acord de 13/10/2021 i sol·licitava la revisió de l'expedient.

4. En data 20/12/2021, la Mesa va adoptar un Acord mitjançant el qual va procedir a desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Carlos Daniel en data 25/11/2021, ja que, el Sr. Carlos Daniel mai ha complert amb el pla de treball, i per tant havia estat incomplint amb el requisit de l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

Per tant, l'objecte de discussió en la primera instància radicava, en síntesi, en determinar si el recurrent complia o no els requisits necessaris del Reglament de la Mesa per tal de que la sol·licitud presentada davant la Mesa es valorés favorablement, i en especial si el recurrent havia donat compliment als deures de conducta establerts al pla de treball elaborat amb els Serveis Socials.

En aquest sentit, cal posar de manifest que la part recurrent ha modificat el contingut de les seves pretensions. En efecte:

- En el sol·licito de l'escrit de demanda, el recurrent sol·licitava l'adjudicació directa d'un habitatge i, subsidiàriament, sol·licitava que només es revoqués l'Acord de la Mesa de 20/12/2021 per considerar que es complia amb el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

- No obstant, en el recurs d'apel·lació interposat, la part recurrent es limita a demanar que es revoqui la resolució impugnada, i en el Fonament de Dret II interessa que es declari el compliment dels requisits per l'admissió a tràmit de la sol·licitud presentada davant la Mesa.

Per tant, cal efectuar un primer advertiment important en relació amb el present recurs d'apel·lació, i és que a criteri d'aquesta part, l'actora ja no demana l'adjudicació directe d'un habitatge (cosa que resulta impossible, tal i com s'exposarà a continuació). En conseqüència, l'estimació del present recurs d'apel·lació només podria conduir a que es retrotraguessin les actuacions al moment anterior a dictar el primer acord de la Mesa, als efectes de que dictés un nou acord partint de la base de que es complia amb el requisit de l'article 6.h) del seu Reglament.

Doncs bé, la Sentència apel·lada, després de realitzar un anàlisi en profunditat, va arribar al convenciment de que el recurrent efectivament no complia amb els requisits necessaris establerts en el Reglament de la Mesa.

En concret, el Jutjat efectuà una valoració de les proves practicades tan en via administrativa com en via judicial i va arribar a la següent conclusió:

"(...) tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente. Por tanto, la parte recurrente no tiene un derecho a la adjudicación de vivienda de emergencia social de forma incondicionada, ilimitada o absoluta, sino una expectativa de derecho sometida al cumplimiento de una serie de requisitos, no acreditados en vía administrativa, ni tampoco en vía judicial que podría haber acreditado aunque fuera extemporáneamente."

En el recurs d'apel·lació, el Sr. Carlos Daniel al·lega que la Sentència impugnada hauria incorregut en una errònia valoració de la prova, estaria mancada d'una motivació suficient, i hauria incorregut en una contradicció en la seva motivació.

Doncs bé, als motius següents exposarem les raons per les quals cal desestimar íntegrament el recurs d'apel·lació, amb condemna en costes a la part apel·lant.

SEGON.- LA NORMATIVA QUE ÉS D'APLICACIÓ AL PRESENT CAS IMPEDEIX QUE EN EL PRESENT RECURS ES PUGUI RECONÈIXER EL DRET A L'ADJUDICACIÓ D'UN HABITATGE.

Malgrat que la part recurrent no hagi sol·licitat que la Sala Contenciosa

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemni a l'AHC a adjudicar directament un habitatge, aquesta part considera adient igualment entrar a descriure breument el contingut del Reglament de la Mesa.

L'article 2 del Reglament citat estableix que la Mesa és un òrgan col·legiat tècnic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, competent en la valoració de les situacions de vulnerabilitat i d'emergència econòmica i social de les persones en risc d'exclusió residencial.

En aquest sentit, l'article 3 del Reglament de la Mesa defineix les situacions que tindran la consideració d'emergència econòmica i social, entre les quals es troba el desnonament per deute de rendes de lloguer, l'execució hipotecària o dació en pagament pel deute de les quotes hipotecàries, així com les persones sense llar o sense títol jurídic o document legal que acrediti cap dret sobre l'habitatge habitual.

Per altra banda, les persones que presentin una sol·licitud a la Mesa han de complir els requisits establerts a l'article 6 del Reglament de la Mesa, entre els quals es troba l'acreditació d'un nivell determinat d'ingressos, no disposar de cap títol per poder residir en un habitatge, així com desenvolupar una actuació d'acord amb la corresponsabilitat i el compromís degut indicat en l'informe social i en el pla de treball establert pels serveis socials bàsics.

A tal efecte, els articles 7 i 8 del Reglament de la Mesa regulen amb detall els requisits que ha de complir la sol·licitud i la documentació que cal aportar amb aquesta.

Per tant, totes les persones que es trobin en risc d'exclusió residencial per estar en situacions de vulnerabilitat i d'emergència econòmica i social, i que a més reuneixin els requisits establerts, podran procedir a posar de manifest la seva situació davant la Mesa i demanar que es valori la seva situació als efectes d'admetre-la a tràmit.

En els casos en què la Mesa acordi admetre a tràmit la sol·licitud, aquesta ha de preveure una proposta d'adjudicació d'un habitatge en règim de lloguer, i amb una renda molt reduïda, en els termes de l'article 5 del Reglament de la Mesa (amb caràcter general, l'import de la renda es fixa en un 10, 12 o un 18% dels ingressos de la unitat de convivència).

Ara bé, tal i com es desprèn de l'article 12.3 del Reglament de la Mesa, aquesta proposta d'adjudicació només es portarà a terme "sempre que sigui possible", i en cap cas implica l'adjudicació directa d'un habitatge al sol·licitant, ja que es tracta d'una mera proposta que s'eleva a la direcció competent en l'adjudicació d'habitatges per comprovar la disponibilitat existent.

Per tant, tal i com s'acaba d'exposar, la Mesa és un òrgan de l'Agència de l'Habitatge que té per objecte valorar situacions d'emergència social i econòmica, però l'admissió de la sol·licitud per part de la Mesa no atorga cap Dret als sol·licitants a resultar adjudicataris d'un habitatge en règim d'arrendament amb una renda reduïda (lloguer social), sinó que es tracta d'un primer filtre del que únicament es deriva, si és possible, l'emissió d'una proposta d'adjudicar un habitatge amb una renda del lloguer molt reduïda.

TERCER.- LA SENTÈNCIA EFECTUA UNA CORRECTA VALORACIÓ DE LA PROVA.

La part recurrent al·lega que la Sentència hauria valorat erròniament la prova practicada, en la mesura que no hauria tingut en compte, segons la tesi del recurrent, que en el moment de dictar-se el primer Acord de la Mesa, de 13/10/2021, encara no s'havia formalitzat el pla de treball dels serveis socials i, malgrat això, hauria considerat incomplert el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

Al·lega la part contrària que no existien informes previs al primer Acord de la Mesa de 13/10/2021, sinó que aquests són tots posteriors, i que l'emès en data 19/11/2021 hauria considerat que sí que s'havia complert amb el Pla de Treball aprovat.

Doncs bé, cal posar de manifest que la qüestió central del recurs contenciósadministratiu consistia en determinar si el recurrent complia o no amb el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, el qual estableix el següent:

"h) Actuar d'acord amb la corresponsabilitat i el compromís degut indicat en l'informe social i en el pla de treball establert pels serveis socials bàsics."

Per tant, el Jutjat havia de resoldre si el recurrent estava complint o no amb el contingut de l'informe dels serveis socials i del pla de treball aprovat per aquest, i ho havia de fer a la vista de totes les proves practicades en via administrativa i judicial.

Doncs bé, en el cas que ens ocupa constaven a l'expedient administratiu tres informes del serveis socials:

- El primer, de data 30/7/2021 (folis 13 a 15 de l'EA), on no es mencionava el Pla de treball.

- El segon, de data 19/11/2021 (folis 84 a 85 de l'EA), indica que el pla de treball prioritza que es comenci a liquidar el deute amb l'Ajuntament per impagament de taxes, així com que el Sr. Carlos Daniel regularitzi el pagament de les factures de llum, essent necessari un canvi de titularitat del contracte.

Doncs bé, aquesta part va posar de manifest en la primera instància que, si bé és cert que en aquest informe s'indica que durant el mes de novembre de l'any 2021 el recurrent va procedir a fer un pagament a l'Ajuntament de 25 Euros i va procedir a fer el canvi de nom del contracte de subministrament d'electricitat, aquestes actuacions no acrediten que el Sr. Carlos Daniel compleixi íntegrament amb el pla de treball establert, requisit indispensable perquè la Mesa admeti la sol·licitud.

De fet, a l'escrit de contesta a la demanda es va posar de manifest que les actuacions realitzades pel recurrent per complir amb el pla de treball són posteriors a l'Acord de 13/10/2021, ja que el recurrent va fer el pagament en data 9/11/2021 i no va canviar de nom el contracte del subministrament de llum fins el 21/11/2021 (així es desprenia dels documents núm. 3 i 4 de l'escrit de demanda).

- Finalment, l'informe de 13/5/2022 (folis 103 a 106 de l'EA) posava de manifest que el recurrent no va arribar a complir mai el pla de treball establert:

"En el Pla de Treball es va iniciar amb el plantejament de fer un seguiment mèdic i la liquidació de deutes, tant amb l'Ajuntament, com amb les companyies de llum, gas i aigua, i també amb el lloguer del pis. Durant l'ultima entrevista es manifesta que no ha dut a terme els pagaments del lloguer (...) Segons ell, comenta que ja ha fet el canvi de nom del contracte de llum, tal i com se li va proposar, però li demano el contracte i no me'l porta. (...) Intentem contactar amb ell, per tal de poder fer una altra entrevista i recopilar tot el que hagi anat pagant, però se'ns fa impossible que ens hagi el telèfon durant una setmana sencera. (...) Considerem que el Sr. Carlos Daniel, actualment no està complint amb el Pla de Treball proposat pels serveis socials, i està sent impossible establir-hi contacte."

Totes aquestes proves es van tenir en compte per la Sentència impugnada, la qual, a l'hora de decidir si el recurrent estava complint amb el requisit de l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, només va poder concloure que aquest compliment no s'havia acreditat degudament:

"En virtud del principio de carga de la prueba al amparo del art 217 LEC y "favor acti", a la vista del expediente administrativo y judicial, sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras, ya que si bien al dictado de las resoluciones administrativas aquí recurridas, inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes, no es menos cierto que en folios 103 a 106 en el nuevo informe social de 13-5-22, folios 103 a 106 EA no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo, sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía, para paliar o reducir la deuda contraída con el Ayuntamiento de Mollerusa y la compañía suministradora de luz; no aporta el cambio de titularidad del contrato de luz a que se comprometió en su día, no atiende a las llamadas telefónicas etc, por lo que tal posición o comportamiento de inactividad y de obstaculización parcial por el aquí actor (doctrina de los actos propios), sólo provoca que sea dable la desestimación íntegra del presente recurso judicial"

Efectivament, la pràctica de les proves formulades en el recurs va posar de manifest que el recurrent no va arribar a complir mai amb el pla de treball establert, encara que al novembre de 2021 efectués un pagament de 25 euros a l'Ajuntament i afirmés haver modificat el contracte de subministrament de la llum.

Per aquest motiu, no hi ha dubte de que el recurs contenciós-administratiu havia de ser desestimat, en la mesura que es va poder acreditar que el recurrent no complia amb el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

Al respecte, el recurrent centra les seves al·legacions en què en la data del primer Acord de la Mesa de 13/10/2021 no existia el pla de treball, cosa que implica que aquest Acord hauria incorregut en un causa d'arbitrarietat. En aquest sentit, al·lega que la Sentència no hauria tingut en compte aquest extrem i que no s'hauria justificat l'incompliment del pla de treball en el moment de dictar-se el primer acord, de data 13/10/2021.

Doncs bé, en primer lloc cal posar de manifest que no és cert la Sentència impugnada no tracti aquesta al·legació ni ofereixi cap motivació al respecte, doncs sí efectua un raonament en relació amb aquesta qüestió al fonament de dret 2n. En concret:

"El hecho que el informe social de 13-5-22 sea ulterior a las resoluciones administrativas aquí impugnadas, no hace sino confirmar el contenido y ajustado a Derecho de tales resoluciones, y que aquél sea de fecha posterior a éstas no constituye causa suficiente de nulidad vía vulneración de derechos fundamentales (apartado a) del art 47 Ley 39/2015 ) ni vía procedimental del art 47.e) Ley 39/2015 , toda vez que no se ha prescindido de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, ni constituye conculcación del ordenamiento jurídico a través del art 48 Ley 39/2015 , sino que todo lo más es una irregularidad administrativa no invalidante."

És cert que la Sentència només fa referència a l'informe de 13/05/2022, però aquesta part considera que aquesta motivació resulta plenament aplicable a l'Acord de 13/10/2021 i la manca de pla de treball en aquell moment.

En efecte, els informes dels serveis socials de 19/11/2021 i de 13/05/2022 no només posen de manifest que el recurrent no estava complint íntegrament el pla de treball, sinó que el recurrent havia deixat de complir el mateix durant un llarg període de temps. I a banda d'això, tampoc estava en contacte amb els serveis socials, no responia les seves trucades, i no atenia als requeriments d'aquests.

En aquest sentit, cal posar de manifest que el contingut de l'informe dels serveis socials té un caràcter vinculant, d'acord amb l'article 9.2 del Reglament de la Mesa, i que en qualsevol es tracta d'una prova que gaudeix de presumpció de veracitat.

Per altra banda, el Jutjat també posa de manifest que l'emissió d'aquests informes amb posterioritat només podria suposar una irregularitat formal no invalidant, en la mesura que no se li hauria causat indefensió al recurrent.

En efecte, el procediment administratiu regulat al Reglament de la Mesa no preveu la formulació d'un tràmit d'al·legacions del recurrent, i els Acords de la Mesa indicaven sense cap mena de dubte quin era el motiu de la valoració desfavorable de la sol·licitud.

Per altra banda, també cal posar de manifest que si es tractés d'una irregularitat formal invalidant, l'efecte que hauria de tenir no és la de tenir per acreditat el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, sinó que en tot cas s'hauria de declara la nul·litat del procediment administratiu seguit per valorar novament el compliment d'aquest requisit pel sol·licitant.

En qualsevol cas, la Sentència impugnada efectua una valoració de la prova encaminada a determinar si en el moment de dictar la mateixa el recurrent havia complert o no amb el pla de treball i, com no podia ser d'altra manera, de les proves practicades va concloure que no l'havia complert.

En aquest sentit, cal afegir que el recurrent coneixia perfectament que si volia obtenir una valoració favorable de la seva sol·licitud per part de la Mesa havia de complir íntegrament amb el Pla de Treball i acreditar-ho degudament davant els serveis socials.

Així, el recurrent podria haver aportat els certificats d'estar al corrent de les seves obligacions amb l'Ajuntament de Mollerussa, o el pagament íntegre dels subministraments de l'habitatge, en el moment de presentar la demanda o, fins i tot, en el tràmit de l' article 60.2 de la LJCA -cal recordar que l'últim dels informes dels serveis socials ja es va acompanyar amb l'expedient administratiu, de manera que el recurrent coneixia quins incompliment se li imputaven-.

Tanmateix, el recurrent va seguir sense acreditar el compliment del requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, i per tant calia concloure que aquest seguia incomplint el mencionat requisit.

En definitiva, resulta evident que la Sentència impugnada va efectuar una valoració de la prova correcta i exhaustiva, ja que de l'anàlisi del conjunt de proves aportades pel recurrent i aquesta part es pot deduir sense cap tipus de dubte que el Sr. Carlos Daniel mai va arribar a complir el pla de treball establert amb els serveis socials, i per tant va incomplir el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

QUART.- LA SENTÈNCIA IMPUGNADA TÉ UNA MOTIVACIÓ SUFICIENT I NO HA INCORREGUT EN CAP CONTRADICCIÓ.

El recurrent al·lega que entre l'informe de serveis socials de 19/11/2021 i l'emès en data 13/05/2022 hi hauria una contradicció absoluta, i que la Sentència s'hauria decantat per donar major veracitat al segon d'ells sense especificar exactament per quins motius hauria considerat que aquest últim resulta més creïble.

En aquest sentit, efectua diverses consideracions sobre les circumstàncies en es què es va emetre l'Informe de 13/05/2022 en relació amb la seva oportunitat i moment d'emissió, per intentar defensar que aquest informe no resultava veraç.

Per altra banda, el recurrent també al·lega que la Sentència hauria incorregut en una contradicció, consistent en afirmar que s'hauria produït un compliment parcial del pla de treball i, alhora, exigir al recurrent l'aportació de nous ingressos.

Doncs bé, en primer lloc cal palesar que resulten inacceptables les al·legacions del recurrent en relació amb els dubtes que li genera l'informe dels serveis socials de 13/5/2022, en la mesura que en el procés seguit en primera instància no va aportar cap tipus de prova per desvirtuar el seu contingut, com tampoc va demanar que, com a prova testifical, es cités a declarar a la treballadora social que va signar el referit informe.

Per tant, davant la manca d'activitat probatòria de la part contrària per intentar desvirtuar l'objectivitat i certesa dels fets que es mencionen en el referit informe, només es poden desestimar les al·legacions de la part contrària en aquest extrem.

En segon lloc, i pel que fa a la pretesa falta de motivació i contradicció de la Sentència, cal recordar que la jurisprudència del Tribunal Suprem ha dictamen en reiterades ocasions que el deure de motivació de les Sentències no exigeix exposar de manera completa i detallada el procés lògic que ha seguit el Jutjador, sinó que és suficient amb què la motivació permeti a les parts quines són les raons que han conduit a decantar-se en un sentit o altre.

En aquest sentit, podem citar la Sentència del Tribunal Suprem de 28/11/2014 (recurs núm. 3756/2012 ; ECLI: ES:TS:2014:5260 ), que diu el següent:

"A las sentencias les es exigible desde luego el deber de motivación, a fin de satisfacer una doble exigencia constitucional, evitar la arbitrariedad de tales resoluciones y la indefensión de sus destinatarios: su conexión con sendas prescripciones de rango superior - artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución - resulta incuestionable, y así las finalidades que persigue la proclamación de este deber vienen siendo subrayadas de manera incansable tanto por nuestra jurisprudencia como por la constitucional.

Aun cuando ello es cierto como punto de partida, y aun cuando resulta igualmente correcta la doctrina constitucional invocada en el recurso en apoyo del motivo (o submotivo, si se prefiere), no lo es menos que, con arreglo a esa misma doctrina, tenemos afirmado, por ejemplo, en nuestra STS de 25 de mayo de 2004 (RC 588/1999 ):

" El derecho a la tutela judicial efectiva no exige que la resolución judicial ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada, bastando con que la argumentación vertida exteriorice el motivo de la decisión -«la ratio decidendi»- en orden a un eventual control jurisdiccional y en el caso examinado, se cumple la exigencia constitucional, pues la sentencia recurrida no es fruto de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, como ha reconocido esta Sala y la jurisprudencia constitucional (por todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiembre ( FJ. 2 ), 100/1999, de 31 de mayo ( FJ. 2 ), 165/1999, de 27 de septiembre ( FJ. 3 ), 80/2000, de 27 de marzo ( FJ. 4 ), 210/2000, de 18 de septiembre ( F.J. 2 ), 220/2000, de 18 de septiembre (FJ. 2 ) y 32/2001, de 12 de febrero (FJ. 5)"."

En el cas que ens ocupa, i en relació amb la valoració dels informes dels serveis socials, la Sentència impugnada conté el següent raonament:

"En virtud del principio de carga de la prueba al amparo del art 217 LEC y "favor acti", a la vista del expediente administrativo y judicial, sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras, ya que si bien al dictado de las resoluciones administrativas aquí recurridas, inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes, no es menos cierto que en folios 103 a 106 en el nuevo informe social de 13-5-22, folios 103 a 106 EA no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo, sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía, para paliar o reducir la deuda contraída con el Ayuntamiento de Mollerusa y la compañía suministradora de luz; no aporta el cambio de titularidad del contrato de luz a que se comprometió en su día, no atiende a las llamadas telefónicas etc, por lo que tal posición o comportamiento de inactividad y de obstaculización parcial por el aquí actor (doctrina de los actos propios), sólo provoca que sea dable la desestimación íntegra del presente recurso judicial, y ello porque aunque puede ser un criterio de priorización de adjudicación de viviendas de emergencia social la existencia de hijos menores de edad a cargo del recurrente, no es menos cierto, que tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente. Por tanto, la parte recurrente no tiene un derecho a la adjudicación de vivienda de emergencia social de forma incondicionada, ilimitada o absoluta, sino una expectativa de derecho sometida al cumplimiento de una serie de requisitos, no acreditados en vía administrativa, ni tampoco en vía judicial que podría haber acreditado aunque fuera extemporáneamente."

Com es pot observar del contingut de la pròpia Sentència (així com de la lectura d'ambdós informes), no existeix una contradicció clara i absoluta entre els informes citats, sinó que cadascun d'ells exposa diversos fets que han tingut lloc en el període temporal anterior a la seva emissió.

Per una banda, l'informe dels serveis socials de 19/11/2021 afirma que el recurrent hauria pagat 25 euros del deute que tenia amb l'Ajuntament i hauria efectuat el canvi de nom en el contracte del subministrament de llum, mentre que l'informe dels serveis socials de 13/5/2022 posa de manifest, entre altres qüestions, que li han demanat una còpia d'aquest contracte i que el recurrent no els hi ha aportat.

Per tant, ens trobem davant un relat de fets que resulten completament compatibles entre ells, i per tant no existeix una contradicció absoluta entre ambdós informes, sinó que cadascun d'ells reflecteix el grau de compliment dels requisits del pla de treball per part del recurrent en el moment de la seva emissió.

Doncs bé, la Sentència impugnada efectua una valoració conjunta d'ambdós informes, per posar de manifest que el recurrent, si bé hauria complert amb una part del pla treball durant el mes de novembre de 2021, hauria adoptat una postura completament contrària al compliment del mateix durant els mesos següents, tal i com es desprèn de l'informe dels serveis socials de 13/5/2022.

I és per aquest motiu que la Sentència menciona la manca d'aportació d'ingressos del recurrent (a petició dels serveis socials), la manca de resposta a les trucades telefòniques, o la manca d'aportació del contracte de subministrament de llum, com a qüestions reflectides a l'informe dels serveis socials de 13/5/2022 (folis 103 a 106 de l'EA), per arribar a la conclusió de que el recurrent ha tingut un retrocés en el compliment del pla de treball, adoptant una postura obstaculitzadora.

Doncs bé, cal concloure que aquesta motivació resulta completament suficient, per la seva claredat i extensió, per conèixer els motius pels quals el Jutjat no ha considerat acreditat el compliment de l'escrit, en la mesura que s'observa amb tota claredat quina ha estat la "ratio decidendi" del mateix en el present assumpte sense incórrer en cap tipus de contradicció.

Conseqüentment, resulta evident que la Sentència impugnada està suficientment motivada, i que procedeix rebutjar el motiu formulat de contrari en relació amb la pretesa falta de motivació i la seva contradicció. (...)>>>

CUARTO.- Juicio de la Sala

Para empezar, conviene tener presente que el procedimiento en el que recayeron los actos administrativos impugnados no tenía por finalidad asignar de forma efectiva alojamientos de emergencia, sino la de elevar a la Dirección competente de L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA una propuesta de asignación respecto de aquellos solicitantes de la ayuda calificados como aptos por reunir los requisitos de rigor. En ese sentido, son concluyentes los art. 2.2 y 12.3 de la RESOLUCIÓ TES/987/2019, de 15 d'abril, per la qual es publica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergència econòmiques i socials de Catalunya (DOGC 7857-18.04.2019).

En nuestro caso, la mesa de valoración emitió una valoración desfavorable el día 13 de octubre de 2021 arguyendo que el hoy apelante había incumplido el plan de trabajo acordado con los servicios sociales del Consell Comarcal de l'Urgell (CCU); sin embargo, en el expediente administrativo no aparece ese plan de trabajo, debidamente detallado y acompañado de una descripción clara y pormenorizada de los incumplimientos imputables al SR. Carlos Daniel, lo cual es especialmente grave si tenemos en cuenta que la solicitud de ayuda, formulada por el hoy apelante el 10 de agosto de 2021, venía precedida de un informe social favorable, de 30 de julio de 2021, emitido por el CCU; amén de ser, los destinatarios de la ayuda de autos, personas especialmente vulnerables, con enormes dificultades para desenvolverse en sede burocrática.

Contra la decisión de la Mesa de Valoración el apelante dedujo reposición el día 25 de noviembre de 2021, adjuntando un informe de la trabajadora social fechado el 19 de noviembre anterior, del que se desprendía que el SR. Carlos Daniel había empezado a cumplir los compromisos adquiridos. Pese a ello, la Mesa de Valoración desestimó el recurso el día 15 de diciembre de 2021, y lo hizo remitiéndose, una vez más, al argumento de que el hoy recurrente había incumplido el plan de trabajo acordado.

Es cierto que un último informe social de mayo de 2022 reitera que el SR. Carlos Daniel había incumplido el plan de trabajo; pero lo hace de una forma tan escueta que hace imposible que ese informe pueda sanar las incoherencias y déficits detectados en el procedimiento.

Así las cosas, no cabrá calificar el proceder de la demandada de otra manera que no sea la de arbitrario y fundado en una motivación aparente o, cuando menos, manifiestamente insuficiente y contradictoria.

La demanda, pues, deberá prosperar y en coherencia con el suplico del escrito de apelación, este Tribunal deberá limitarse a anular los actos administrativos impugnados, por ser contrarios a derecho; para que, como señala el escrito de oposición a modo de "mal menor", "se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al dictado del primer acuerdo de la Mesa de Valoración, a los efectos de que se dicte un nuevo acuerdo partiendo de la base de que se cumplía con el requisito del art. 6.h) del Reglamento"

QUINTO.- Costas

Conforme a lo previsto en el art. 139.2 LJCA, no se impondrán costas.

PRIMERO.- Resolución judicial impugnada. Partes. Pretensiones

A través de la presente alzada el SR. Carlos Daniel ha impugnado la Sentencia nº 112, de 22 de marzo de 2023, dictada por el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 15 DE BARCELONA en las actuaciones del procedimiento ordinario nº 233/2022-D.

Los fundamentos jurídicos de esa Sentencia son del siguiente tenor:

<<<(...) PRIMERO.- El objeto del presente recurso contencioso administrativo consiste en la impugnación de la resolución administrativa de la demandada (Mesa de Valoració de Situacions d?Emergències econòmiques i socials de Catalunya - órgano colegiado técnico de la Agencia de la Vivienda de Cataluña-) de 15.12.21 desestimatoria en reposición del recurso en tal sentido entablado por la actora contra la previa resolución de aquélla de 13-10-21 denegatoria de la solicitud actora de 10-8-21 (de obtención o adjudicación de una vivienda de emergencia social) recaída en expediente nº NUM000 por la que se valoraba desfavorablemente a la persona recurrente por no actuar de acuerdo con la corresponsabilidad y el compromiso debido, indicado en el informe social y en el plan de trabajo establecido por los servicios sociales básicos, lo que supone el incumplimiento del requisito previsto en el art 6h) de la Resolució TES/987/2019 de 15 de abril que aprueba el Reglamento de la Mesa de Valoració antes dicha.

La parte demandante impetra la anulación de la actuación administrativa impugnada, en base a los hechos, motivos, pretensiones y fundamentos jurídicos expuestos en la demanda originadora de este procedimiento y que doy por reproducidos en esta sede en aras a la celeridad procesal.

Por su parte, la defensa de la demandada, se opone a tales pretensiones, argumentando que la/s resolución/es recurrida/s es/son ajustada/s a Derecho.

Como cuestión previa no cabe hablar de arbitrariedad en la actuación administrativa de autos, proscrita por lo demás en el art 9.3 CE 78, desde el instante en que la Administración actuante ha adoptado una resolución razonada y justificada en base a informes previos técnicos del ámbito social. Inclusive la propia instancia-solicitud actora (a modo de recurso de reposición) de fecha 2511-21 (folio 86 EA) de reconsideración de la resolución administrativa, habla de un plan de trabajo acordado con la Trabajadora social del Consell Comarcal del Pla d?Urgell, plan de trabajo iniciado a mediados de octubre de 2021 según consta en folio 84 y 85 EA.

Asimismo como cuestión previa, remarcar que, no cabe la prosperabilidad de la pretensión actora de nulidad (al amparo del art 47 y 35 Ley 39/15 ), o en su caso de anulabilidad (al amparo del art 48 del mismo cuerpo legal ) de la resolución administrativa impugnada por falta de motivación (con presunta infracción según la actora del art 35 y 53 Ley 39/15 ) desde el momento en que es constante doctrina jurisprudencial la que entiende que se cumple con los requisitos de motivación, a la hora de relacionar hechos y fundamentos jurídicos de forma sucinta, no exhaustiva, con remisión incluso al expediente administrativo, requisitos éstos que se cumplen en la/s resolución/es impugnada/s, sin que se haya causado indefensión material a la parte recurrente, que es la única proscrita por el TC, ya que ha podido aquélla alegar y probar todo cuanto ha estimado pertinente, con pleno conocimiento de causa, en justificación de sus derechos, pretensiones e intereses legítimos, tanto en vía administrativa como contenciosa-administrativa. Por otro lado, como según establecen las SSTC 169/96 y 67/2000 entre otras, no cabe hablar de indefensión material efectiva cuando las resoluciones aquí recurridas, aunque concisas y suficientes, si bien mejorables técnicamente, han hecho mención a normas legales y reglamentarias aplicables que son atinentes al caso que nos ocupa. De esta forma, en este estadio procedimental en que nos encontramos, tal y como ha señalado el TSJC (entre otras Sentencia de 21-9-18) en que se cuenta con todos los elementos de juicio para adoptar una resolución de fondo, resultaría contraria al principio de economía procesal una retroacción de actuaciones por falta de motivación, lo que sólo significaría un retraso en la resolución definitiva sin ventaja para ninguna de las partes.

SEGUNDO.- En virtud del principio de carga de la prueba al amparo del art 217 LEC y "favor acti", a la vista del expediente administrativo y judicial, sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras, ya que si bien al dictado de las resoluciones administrativas aquí recurridas, inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes, no es menos cierto que en folios 103 a 106 en el nuevo informe social de 13-5-22, folios 103 a 106 EA no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo, sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía, para paliar o reducir la deuda contraída con el Ayuntamiento de Mollerusa y la compañía suministradora de luz; no aporta el cambio de titularidad del contrato de luz a que se comprometió en su día, no atiende a las llamadas telefónicas etc, por lo que tal posición o comportamiento de inactividad y de obstaculización parcial por el aquí actor (doctrina de los actos propios), sólo provoca que sea dable la desestimación íntegra del presente recurso judicial, y ello porque aunque puede ser un criterio de priorización de adjudicación de viviendas de emergencia social la existencia de hijos menores de edad a cargo del recurrente, no es menos cierto, que tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente. Por tanto, la parte recurrente no tiene un derecho a la adjudicación de vivienda de emergencia social de forma incondicionada, ilimitada o absoluta, sino una expectativa de derecho sometida al cumplimiento de una serie de requisitos, no acreditados en vía administrativa, ni tampoco en vía judicial que podría haber acreditado aunque fuera extemporáneamente.

El hecho que el informe social de 13-5-22 sea ulterior a las resoluciones administrativas aquí impugnadas, no hace sino confirmar el contenido y ajustado a Derecho de tales resoluciones, y que aquél sea de fecha posterior a éstas no constituye causa suficiente de nulidad vía vulneración de derechos fundamentales (apartado a) del art 47 Ley 39/2015 ) ni vía procedimental del art

47.e) Ley 39/2015, toda vez que no se ha prescindido de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, ni constituye conculcación del ordenamiento jurídico a través del art 48 Ley 39/2015 , sino que todo lo más es una irregularidad administrativa no invalidante.

Consiguientemente sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras.

TERCERO.- Al amparo del art 139.1 LJCA que impone el criterio del vencimiento objetivo, es procedente imponer costas procedimentales a la parte recurrente por ser desestimadas íntegramente sus pretensiones, y no haberse generado en este Juzgador serias dudas de Derecho en la resolución del presente supuesto. Ahora bien, a tenor del art 139.4 LJCA es dable, atendida la entidad de lo judicado, limitar las costas a la suma total por todos los conceptos de 300,00 euros. (...)>>>

El SR. Carlos Daniel pretende que esta Sala revoque la Sentencia cuyos fundamentos acabamos de transcribir y, de consumo, anule las actuaciones administrativas impugnadas.

Por su parte, la defensa letrada de L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA (AHC) se ha opuesto a la apelación.

SEGUNDO.- Motivos de la apelación

Aparecen desarrollados en un escrito cuyo contenido pasamos a reproducir:

<<<(...) PRIMERA. - Mi representado recurrió en vía administrativa la resolución de la Mesa de

Valoració de Situacions d?Emergències econòmiques i socials de Catalunya (en adelante, la Mesa) de 15/12/2021 desestimatoria en reposición del recurso en tal sentido entablado a la previa resolución de aquélla de 13/10/2021 denegatoria de la solicitud 10/8/2021 (de obtención o adjudicación de una vivienda de emergencia social) valorada desfavorablemente por no haber actuado de acuerdo con la corresponsabilidad y el compromiso debido indicado en el Plan de trabajo establecido por los servicios sociales básicos, lo que suponía el incumplimiento del requisito previsto en el artículo 6h) de la Resolució TES/987/2019, de 15 de abril, que aprueba el Reglamento de la Mesa (en adelante, el Reglamento).

SEGUNDA. - Entrando en la propia impugnación de la Sentencia, en primer lugar, entiende esta representación que, dicho sea ello con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, la Sentencia impugnada incurre en un evidente error en la apreciación de la prueba; cual es partir de un presupuesto fáctico equivocado consistente en dar certeza a un documento inexistente.

Inicialmente se alegó por esta parte el haberse situado a mi representado en una absoluta indefensión tras el dictado una resolución arbitraria, subjetiva y carente de motivación. Pero es que, pese a señalarse en la citada Sentencia que "no cabe hablar de arbitrariedad en la actuación administrativa de autos", discrepando esta parte por ser evidente que la primera de las resoluciones administrativas se dictó de forma totalmente arbitraria, por los motivos que se expresan y que el juez a quo soslaya mencionar.

Sin pretender ser reiterativos, pero dada su importancia, es menester acudir al propio contenido de la Sentencia, en la que en su FD PRIMERO se señala "como cuestión previa, que no cabe hablar de arbitrariedad en la actuación administrativa (...) desde el instante en que la Administración actuante ha adoptado una resolución razonada y justificada en base a informes previos técnicos del ámbito social. Inclusive la propia instancia-solicitud actora (a modo de recurso de reposición) de fecha 25-11-21 (folio 86 EA) de reconsideración de la resolución administrativa, habla de un plan de trabajo acordado con la Trabajadora social del Consell Comarcal del Pla d?Urgell, plan de trabajo iniciado a mediados de octubre de 2021 según consta en folio 84 y 85 EA".

Si bien se alude en la Sentencia impugnada a los "informes previos", desconoce esta representación a cuáles alude, y ello por obrar tres "informes" en las actuaciones (EA); el primero de 30/07/201, el segundo de 19/11/2021 y el tercero de fecha 13/05/2022. Ello es relevante, pues en primer lugar sitúa a mi representado en situación de indefensión al no precisarse en la Sentencia a cuáles de los citados informes se alude, dado que lo que viene siendo objeto de discusión tanto en vía administrativa como judicial no es otra cosa que el cumplimiento o no del Plan de trabajo acordado con los servicios sociales por mi representado. Es crucial la falta de determinación en la Sentencia de a qué informes se refiere. Y lo es porque si se alude a los dos informes de 2021 consta acreditado en el propio informe de 19/11/2021 el cumplimiento del Plan de trabajo por mi representado; en cambio si se refiere a los dos últimos informes -nov. 2021 y mayo 2022- se incurriría en contradicción por ser la resolución administrativa impugnada judicialmente de fecha previa a la emisión del tercer informe.

Regresando al error del juez a quo, el mismo estriba en haber tomado como existente un documento que no existía al dictarse la primera resolución administrativa; por lo que ya esta parte señaló la arbitrariedad de la que hizo uso la Administración al adoptar una resolución absolutamente carente de base fáctica -inexistencia del citado Plan de trabajo- y que, por ende, no era encuadrable en el precepto invocado por la Mesa. No obstante, el juzgador a quo pasa de soslayo por tal circunstancia.

Pero es que, y a la vez, el juez a quo, en la citada Sentencia, yerra también a la hora de valorar la existencia del citado informe de los servicios sociales, pues además de su inexistencia hubo de tener en cuenta que, en caso de haber existido, era temporalmente imposible que la Mesa basara la primera resolución administrativa de 13/10/2021 en un Plan de trabajo adoptado a mediados de octubre de 2021 y del que, como pronto, la Mesa pudo haber tenido conocimiento no antes del 25/11/2021, momento en el que tuvo entrada la instancia junto con el recurso de reposición formulado por mi representado, nunca antes. Es decir, no se motiva ni justifica en la Sentencia que se rebate que exista un Plan de trabajo acordado por los Servicios sociales básicos y mi representado de fecha anterior al 13/10/2021 y cuyo incumplimiento justificase que la Mesa adoptara la primera de las resoluciones desfavorables en base al artículo 6, h) del Reglamento, lo cual es muestra de la errónea valoración probatoria obrante en la meritada Sentencia.

A mayor abundamiento, siguiendo con la falta de motivación entendida por esta representación y obrante en la Sentencia impugnada es la relativa a la falta de justificación del juez a quo de por qué, pese a que en el informe social de fecha 19/11/2021, se ignora lo señalado por los propios Servicios sociales que "afirman" que mi representado está cumpliendo con el Plan de trabajo acordado. Sólo citar que el precepto art. 9.1 del Reglamento, señala que el informe social, además de ser el documento con el cual se valora la situación de emergencia económica y social y el nivel de riesgo de exclusión residencial en que se encuentra la unidad de convivencia de mi representado, es vinculante. Desconoce esta parte de qué manera ha podido alcanzar el juez a quo tal decisión, refiriéndonos ahora brevemente a esta ausencia de motivación, adelantando que se profundizará sobre el mismo más adelante. Resulta conveniente citar asimismo el art. 7.2 del Reglamento, según el cual los servicios sociales municipales, son los que conocen, trabajan y hacen el seguimiento social; circunstancia que también es omitida en la Sentencia impugnada.

TERCERA. - Al hilo de lo acabado de manifestar, también incurre la Sentencia impugnada en una ausencia de motivación de por qué, pese constar expresamente que mi representado sí que venía cumpliendo el Plan de trabajo -acordado a mediados de octubre de 2021- otorga únicamente credibilidad al segundo informe de los servicios sociales de fecha 13/05/2022, así en el FD SEGUNDO señalándose que "(...) no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo (...)".

Entiende esta representación que no es que en la Sentencia se debiera motivar, sino hacerlo más profusamente, cuando del contenido entre ambos informes existe una palmaria contradicción, pues, a título ejemplificativo, si bien en el primero de los mismos consta que "Aquest mes de novembre es confirma que el Sr. Carlos Daniel ha fet un pagament de 25€ amb l'Ajuntament i que ha fet el canvi de nom del contracte de llum", en el segundo informe social de fecha 13/05/2022 (folios 103 a 106 EA) "Segons ell, comenta que ja ha fet el canvi de nom del contracte de llum, tal i com se li va proposar, però li demano el contracte i no me'l porta. Intentem contactar amb ell, per tal de poder fer un altra entrevista i recopilar tot el que hagi anat pagant, però se'ns fa impossible que ens agafi el telèfon durant una setmana sencera, el té apagat, tant ell com el seu germà. No els localitzem a dia d'avui (...) Considerem que el Sr. Carlos Daniel, actualment no està complint amb el Pla de Treball proposat pels serveis socials, i està sent impossible establir-hi contacte".

Se discute por esta parte que el juez a quo no realizara una exposición detallada y razonada de por qué se decantó por uno de los dos informes sociales en contradicción cuando existen motivos y hechos que, siguiendo el modo de razonar de una persona prudente, hubieran llevado a cualquiera no ya sólo a dudar o sospechar, sino a entrar al detalle de los posibles elementos de convicción.

Entre los elementos que hubieran llevado a dudar a prácticamente cualquier persona pero que no ha realizado el juez a quo, basta citar algunos de los mismos, como que: a) la Administración recurrida tuvo conocimiento de la intención de recurrir por parte de mi representado al haber solicitado, el 05/4/2022 abogado y procurador del turno de oficio para recurrir la desestimación del recurso potestativo de reposición dictado (folios 93-98 EA); la oportunidad del momento de la emisión del informe social y que se aportara un último informe social "actualizado" por la Administración recurrida elaborado en fecha 13/05/2022

(folios 99-106 EA) y de las expresiones contenidas en el mismo -"se'ns fa impossible que ens agafi el telèfon durant una setmana sencera", de lo que se desprende una insistencia precipitada y, a la vez, una ausencia de contacto desde el anterior informe-; que se interpusiera recurso contencioso-administrativo en fecha 10/05/2022 (expediente digital del Juzgado). Mientras el primer informe afirma el cumplimiento del Plan de trabajo, el segundo "baraja" (la posibilidad de su cumplimiento), etc. Existiendo una cierta discrecionalidad técnica no evitable, el juez a quo acoge el segundo de los informes sin motivar su adopción, contraviniendo así el artículo 120.3 CE .

Por ende, ante la falta de motivación en la Sentencia en atención a la fuera otorgada al segundo de los informes sociales en liza, hubiera sido deseable y exigible un plus de motivación a través de una exposición razonada que le hubiera llevado a concluir sobre la mayor fuerza otorgada al informe de mayo de 2022, circunstancia que no se realizó, por lo que se predica también la falta de motivación en este punto.

CUARTA. - Incurre la sentencia discutida en una manifiesta contradicción, cual es la referida al cumplimiento del Plan de trabajo. No queda claro, ni se motiva, si lo que se desprende en la Sentencia impugnada es la exigencia de un cumplimiento total o parcial del Plan de trabajo.

Así, en el FD SEGUNDO, el juez a quo si bien manifiesta en primer lugar que "(...) inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes (...)", para seguidamente señalar que "(...) sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía (...)".

Es decir, si el propio juzgador a quo manifiesta que existe un cumplimiento parcial desconoce esta parte por qué, y en el mismo párrafo, se exige a mi representado de tener que acreditar la aportación de nuevos ingresos si ya se ha señalado previamente que venía cumpliendo. Dicha contradicción viene a su vez en contradicción con lo también señalado en la Sentencia impugnada, cuando se señala que "tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente".

QUINTA. - Que, por último, se condena al pago de 300 euros a mi representado en concepto de costas del procedimiento, al verse rechazadas nuestras pretensiones.

Esta parte pone en conocimiento del Juzgado que mi representado tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita, tal y como consta en los presentes autos, por lo que está exento de pagar las costas que se deriven del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Fundamentos jurídico-procesales.

Se evidencia a continuación la concurrencia de los requisitos procesales exigidos para recurrir en apelación.

El presente recurso se interpone contra la Sentencia de fecha 22 de marzo de 2023 , dictada por el Juzgado que se referencia en los autos al margen referenciados dentro del plazo de los 15 días de la fecha de la notificación de la misma según el artículo 85 de la Ley Rituaria . Dicha Sentencia es susceptible de ser recurrida en apelación según el artículo 83.1 de la misma Ley .

II.- Fundamentos jurídico-materiales.

La Sentencia hoy combatida incurre a juicio de esta parte en un error en la valoración de la prueba y en ausencia de motivación, según lo hemos acreditado. Por tanto, de los hechos y razonamientos jurídicos expuestos en el presente recurso, ha de concluirse que la Sentencia dictada no es conforme a Derecho, siendo necesaria la estimación del presente recurso, revocando aquélla y dictando otra que declare el cumplimiento por parte de D. Carlos Daniel de los requisitos reglamentarios para la admisión a trámite de la solicitud de fecha 10 de agosto de 2021 de obtención o adjudicación de una vivienda de emergencia social.

III.- Iura novit curia. (...)>>>

TERCERO.- Motivos de oposición a la apelación

Aparecen reflejados en un escrito que reza así:

<<<(...) PRIMER.- OBJECTE DEL RECURS D'APEL·LACIÓ.

És objecte del present recurs la Sentència núm. 112/2023, de data 22 de març d'aquest Jutjat ("Sentència apel·lada" o "Sentència impugnada"), que va resoldre desestimar el recurs contenciós interposat contra l'Acord de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya de data 20/12/2021 el qual acorda desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Carlos Daniel contra l'Acord de la Mesa de data 13/10/2021, mitjançant el qual es va valorar desfavorablement la sol·licitud per a la valoració i proposta d'adjudicació d'un habitatge.

En relació amb els antecedents que són objecte del present recurs, aquesta part considera adient destacar els següents:

1. En data 10/8/2021 el Sr. Carlos Daniel va procedir a presentar davant la Mesa de Valoració d'emergències econòmiques i socials de Catalunya sol·licitud per a la valoració de la seva situació i, si escau, proposta d'adjudicació d'un habitatge (folis 1 a 60 de l'expedient administratiu -"EA", en endavant-).

2. En data 13/10/2021, la Mesa va acordar la valoració desfavorable de la sol·licitud presentada, ja que el sol·licitant no va actuar d'acord amb la corresponsabilitat i el compromís degut indicat en l'informe social i en el pla de treball establert pels serveis socials bàsics.

Aquest requisit es troba recollit a l'article 6.h) de la Resolució TES/987/2019, de 15 d'abril, per la qual es publica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya ("Reglament de la Mesa").

3. En data 25/11/2021, el Sr. Carlos Daniel va interposar recurs de reposició davant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en la qual manifestava haver tingut coneixement de l'Acord de 13/10/2021 i sol·licitava la revisió de l'expedient.

4. En data 20/12/2021, la Mesa va adoptar un Acord mitjançant el qual va procedir a desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Carlos Daniel en data 25/11/2021, ja que, el Sr. Carlos Daniel mai ha complert amb el pla de treball, i per tant havia estat incomplint amb el requisit de l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

Per tant, l'objecte de discussió en la primera instància radicava, en síntesi, en determinar si el recurrent complia o no els requisits necessaris del Reglament de la Mesa per tal de que la sol·licitud presentada davant la Mesa es valorés favorablement, i en especial si el recurrent havia donat compliment als deures de conducta establerts al pla de treball elaborat amb els Serveis Socials.

En aquest sentit, cal posar de manifest que la part recurrent ha modificat el contingut de les seves pretensions. En efecte:

- En el sol·licito de l'escrit de demanda, el recurrent sol·licitava l'adjudicació directa d'un habitatge i, subsidiàriament, sol·licitava que només es revoqués l'Acord de la Mesa de 20/12/2021 per considerar que es complia amb el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

- No obstant, en el recurs d'apel·lació interposat, la part recurrent es limita a demanar que es revoqui la resolució impugnada, i en el Fonament de Dret II interessa que es declari el compliment dels requisits per l'admissió a tràmit de la sol·licitud presentada davant la Mesa.

Per tant, cal efectuar un primer advertiment important en relació amb el present recurs d'apel·lació, i és que a criteri d'aquesta part, l'actora ja no demana l'adjudicació directe d'un habitatge (cosa que resulta impossible, tal i com s'exposarà a continuació). En conseqüència, l'estimació del present recurs d'apel·lació només podria conduir a que es retrotraguessin les actuacions al moment anterior a dictar el primer acord de la Mesa, als efectes de que dictés un nou acord partint de la base de que es complia amb el requisit de l'article 6.h) del seu Reglament.

Doncs bé, la Sentència apel·lada, després de realitzar un anàlisi en profunditat, va arribar al convenciment de que el recurrent efectivament no complia amb els requisits necessaris establerts en el Reglament de la Mesa.

En concret, el Jutjat efectuà una valoració de les proves practicades tan en via administrativa com en via judicial i va arribar a la següent conclusió:

"(...) tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente. Por tanto, la parte recurrente no tiene un derecho a la adjudicación de vivienda de emergencia social de forma incondicionada, ilimitada o absoluta, sino una expectativa de derecho sometida al cumplimiento de una serie de requisitos, no acreditados en vía administrativa, ni tampoco en vía judicial que podría haber acreditado aunque fuera extemporáneamente."

En el recurs d'apel·lació, el Sr. Carlos Daniel al·lega que la Sentència impugnada hauria incorregut en una errònia valoració de la prova, estaria mancada d'una motivació suficient, i hauria incorregut en una contradicció en la seva motivació.

Doncs bé, als motius següents exposarem les raons per les quals cal desestimar íntegrament el recurs d'apel·lació, amb condemna en costes a la part apel·lant.

SEGON.- LA NORMATIVA QUE ÉS D'APLICACIÓ AL PRESENT CAS IMPEDEIX QUE EN EL PRESENT RECURS ES PUGUI RECONÈIXER EL DRET A L'ADJUDICACIÓ D'UN HABITATGE.

Malgrat que la part recurrent no hagi sol·licitat que la Sala Contenciosa

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemni a l'AHC a adjudicar directament un habitatge, aquesta part considera adient igualment entrar a descriure breument el contingut del Reglament de la Mesa.

L'article 2 del Reglament citat estableix que la Mesa és un òrgan col·legiat tècnic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, competent en la valoració de les situacions de vulnerabilitat i d'emergència econòmica i social de les persones en risc d'exclusió residencial.

En aquest sentit, l'article 3 del Reglament de la Mesa defineix les situacions que tindran la consideració d'emergència econòmica i social, entre les quals es troba el desnonament per deute de rendes de lloguer, l'execució hipotecària o dació en pagament pel deute de les quotes hipotecàries, així com les persones sense llar o sense títol jurídic o document legal que acrediti cap dret sobre l'habitatge habitual.

Per altra banda, les persones que presentin una sol·licitud a la Mesa han de complir els requisits establerts a l'article 6 del Reglament de la Mesa, entre els quals es troba l'acreditació d'un nivell determinat d'ingressos, no disposar de cap títol per poder residir en un habitatge, així com desenvolupar una actuació d'acord amb la corresponsabilitat i el compromís degut indicat en l'informe social i en el pla de treball establert pels serveis socials bàsics.

A tal efecte, els articles 7 i 8 del Reglament de la Mesa regulen amb detall els requisits que ha de complir la sol·licitud i la documentació que cal aportar amb aquesta.

Per tant, totes les persones que es trobin en risc d'exclusió residencial per estar en situacions de vulnerabilitat i d'emergència econòmica i social, i que a més reuneixin els requisits establerts, podran procedir a posar de manifest la seva situació davant la Mesa i demanar que es valori la seva situació als efectes d'admetre-la a tràmit.

En els casos en què la Mesa acordi admetre a tràmit la sol·licitud, aquesta ha de preveure una proposta d'adjudicació d'un habitatge en règim de lloguer, i amb una renda molt reduïda, en els termes de l'article 5 del Reglament de la Mesa (amb caràcter general, l'import de la renda es fixa en un 10, 12 o un 18% dels ingressos de la unitat de convivència).

Ara bé, tal i com es desprèn de l'article 12.3 del Reglament de la Mesa, aquesta proposta d'adjudicació només es portarà a terme "sempre que sigui possible", i en cap cas implica l'adjudicació directa d'un habitatge al sol·licitant, ja que es tracta d'una mera proposta que s'eleva a la direcció competent en l'adjudicació d'habitatges per comprovar la disponibilitat existent.

Per tant, tal i com s'acaba d'exposar, la Mesa és un òrgan de l'Agència de l'Habitatge que té per objecte valorar situacions d'emergència social i econòmica, però l'admissió de la sol·licitud per part de la Mesa no atorga cap Dret als sol·licitants a resultar adjudicataris d'un habitatge en règim d'arrendament amb una renda reduïda (lloguer social), sinó que es tracta d'un primer filtre del que únicament es deriva, si és possible, l'emissió d'una proposta d'adjudicar un habitatge amb una renda del lloguer molt reduïda.

TERCER.- LA SENTÈNCIA EFECTUA UNA CORRECTA VALORACIÓ DE LA PROVA.

La part recurrent al·lega que la Sentència hauria valorat erròniament la prova practicada, en la mesura que no hauria tingut en compte, segons la tesi del recurrent, que en el moment de dictar-se el primer Acord de la Mesa, de 13/10/2021, encara no s'havia formalitzat el pla de treball dels serveis socials i, malgrat això, hauria considerat incomplert el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

Al·lega la part contrària que no existien informes previs al primer Acord de la Mesa de 13/10/2021, sinó que aquests són tots posteriors, i que l'emès en data 19/11/2021 hauria considerat que sí que s'havia complert amb el Pla de Treball aprovat.

Doncs bé, cal posar de manifest que la qüestió central del recurs contenciósadministratiu consistia en determinar si el recurrent complia o no amb el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, el qual estableix el següent:

"h) Actuar d'acord amb la corresponsabilitat i el compromís degut indicat en l'informe social i en el pla de treball establert pels serveis socials bàsics."

Per tant, el Jutjat havia de resoldre si el recurrent estava complint o no amb el contingut de l'informe dels serveis socials i del pla de treball aprovat per aquest, i ho havia de fer a la vista de totes les proves practicades en via administrativa i judicial.

Doncs bé, en el cas que ens ocupa constaven a l'expedient administratiu tres informes del serveis socials:

- El primer, de data 30/7/2021 (folis 13 a 15 de l'EA), on no es mencionava el Pla de treball.

- El segon, de data 19/11/2021 (folis 84 a 85 de l'EA), indica que el pla de treball prioritza que es comenci a liquidar el deute amb l'Ajuntament per impagament de taxes, així com que el Sr. Carlos Daniel regularitzi el pagament de les factures de llum, essent necessari un canvi de titularitat del contracte.

Doncs bé, aquesta part va posar de manifest en la primera instància que, si bé és cert que en aquest informe s'indica que durant el mes de novembre de l'any 2021 el recurrent va procedir a fer un pagament a l'Ajuntament de 25 Euros i va procedir a fer el canvi de nom del contracte de subministrament d'electricitat, aquestes actuacions no acrediten que el Sr. Carlos Daniel compleixi íntegrament amb el pla de treball establert, requisit indispensable perquè la Mesa admeti la sol·licitud.

De fet, a l'escrit de contesta a la demanda es va posar de manifest que les actuacions realitzades pel recurrent per complir amb el pla de treball són posteriors a l'Acord de 13/10/2021, ja que el recurrent va fer el pagament en data 9/11/2021 i no va canviar de nom el contracte del subministrament de llum fins el 21/11/2021 (així es desprenia dels documents núm. 3 i 4 de l'escrit de demanda).

- Finalment, l'informe de 13/5/2022 (folis 103 a 106 de l'EA) posava de manifest que el recurrent no va arribar a complir mai el pla de treball establert:

"En el Pla de Treball es va iniciar amb el plantejament de fer un seguiment mèdic i la liquidació de deutes, tant amb l'Ajuntament, com amb les companyies de llum, gas i aigua, i també amb el lloguer del pis. Durant l'ultima entrevista es manifesta que no ha dut a terme els pagaments del lloguer (...) Segons ell, comenta que ja ha fet el canvi de nom del contracte de llum, tal i com se li va proposar, però li demano el contracte i no me'l porta. (...) Intentem contactar amb ell, per tal de poder fer una altra entrevista i recopilar tot el que hagi anat pagant, però se'ns fa impossible que ens hagi el telèfon durant una setmana sencera. (...) Considerem que el Sr. Carlos Daniel, actualment no està complint amb el Pla de Treball proposat pels serveis socials, i està sent impossible establir-hi contacte."

Totes aquestes proves es van tenir en compte per la Sentència impugnada, la qual, a l'hora de decidir si el recurrent estava complint amb el requisit de l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, només va poder concloure que aquest compliment no s'havia acreditat degudament:

"En virtud del principio de carga de la prueba al amparo del art 217 LEC y "favor acti", a la vista del expediente administrativo y judicial, sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras, ya que si bien al dictado de las resoluciones administrativas aquí recurridas, inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes, no es menos cierto que en folios 103 a 106 en el nuevo informe social de 13-5-22, folios 103 a 106 EA no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo, sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía, para paliar o reducir la deuda contraída con el Ayuntamiento de Mollerusa y la compañía suministradora de luz; no aporta el cambio de titularidad del contrato de luz a que se comprometió en su día, no atiende a las llamadas telefónicas etc, por lo que tal posición o comportamiento de inactividad y de obstaculización parcial por el aquí actor (doctrina de los actos propios), sólo provoca que sea dable la desestimación íntegra del presente recurso judicial"

Efectivament, la pràctica de les proves formulades en el recurs va posar de manifest que el recurrent no va arribar a complir mai amb el pla de treball establert, encara que al novembre de 2021 efectués un pagament de 25 euros a l'Ajuntament i afirmés haver modificat el contracte de subministrament de la llum.

Per aquest motiu, no hi ha dubte de que el recurs contenciós-administratiu havia de ser desestimat, en la mesura que es va poder acreditar que el recurrent no complia amb el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

Al respecte, el recurrent centra les seves al·legacions en què en la data del primer Acord de la Mesa de 13/10/2021 no existia el pla de treball, cosa que implica que aquest Acord hauria incorregut en un causa d'arbitrarietat. En aquest sentit, al·lega que la Sentència no hauria tingut en compte aquest extrem i que no s'hauria justificat l'incompliment del pla de treball en el moment de dictar-se el primer acord, de data 13/10/2021.

Doncs bé, en primer lloc cal posar de manifest que no és cert la Sentència impugnada no tracti aquesta al·legació ni ofereixi cap motivació al respecte, doncs sí efectua un raonament en relació amb aquesta qüestió al fonament de dret 2n. En concret:

"El hecho que el informe social de 13-5-22 sea ulterior a las resoluciones administrativas aquí impugnadas, no hace sino confirmar el contenido y ajustado a Derecho de tales resoluciones, y que aquél sea de fecha posterior a éstas no constituye causa suficiente de nulidad vía vulneración de derechos fundamentales (apartado a) del art 47 Ley 39/2015 ) ni vía procedimental del art 47.e) Ley 39/2015 , toda vez que no se ha prescindido de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, ni constituye conculcación del ordenamiento jurídico a través del art 48 Ley 39/2015 , sino que todo lo más es una irregularidad administrativa no invalidante."

És cert que la Sentència només fa referència a l'informe de 13/05/2022, però aquesta part considera que aquesta motivació resulta plenament aplicable a l'Acord de 13/10/2021 i la manca de pla de treball en aquell moment.

En efecte, els informes dels serveis socials de 19/11/2021 i de 13/05/2022 no només posen de manifest que el recurrent no estava complint íntegrament el pla de treball, sinó que el recurrent havia deixat de complir el mateix durant un llarg període de temps. I a banda d'això, tampoc estava en contacte amb els serveis socials, no responia les seves trucades, i no atenia als requeriments d'aquests.

En aquest sentit, cal posar de manifest que el contingut de l'informe dels serveis socials té un caràcter vinculant, d'acord amb l'article 9.2 del Reglament de la Mesa, i que en qualsevol es tracta d'una prova que gaudeix de presumpció de veracitat.

Per altra banda, el Jutjat també posa de manifest que l'emissió d'aquests informes amb posterioritat només podria suposar una irregularitat formal no invalidant, en la mesura que no se li hauria causat indefensió al recurrent.

En efecte, el procediment administratiu regulat al Reglament de la Mesa no preveu la formulació d'un tràmit d'al·legacions del recurrent, i els Acords de la Mesa indicaven sense cap mena de dubte quin era el motiu de la valoració desfavorable de la sol·licitud.

Per altra banda, també cal posar de manifest que si es tractés d'una irregularitat formal invalidant, l'efecte que hauria de tenir no és la de tenir per acreditat el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, sinó que en tot cas s'hauria de declara la nul·litat del procediment administratiu seguit per valorar novament el compliment d'aquest requisit pel sol·licitant.

En qualsevol cas, la Sentència impugnada efectua una valoració de la prova encaminada a determinar si en el moment de dictar la mateixa el recurrent havia complert o no amb el pla de treball i, com no podia ser d'altra manera, de les proves practicades va concloure que no l'havia complert.

En aquest sentit, cal afegir que el recurrent coneixia perfectament que si volia obtenir una valoració favorable de la seva sol·licitud per part de la Mesa havia de complir íntegrament amb el Pla de Treball i acreditar-ho degudament davant els serveis socials.

Així, el recurrent podria haver aportat els certificats d'estar al corrent de les seves obligacions amb l'Ajuntament de Mollerussa, o el pagament íntegre dels subministraments de l'habitatge, en el moment de presentar la demanda o, fins i tot, en el tràmit de l' article 60.2 de la LJCA -cal recordar que l'últim dels informes dels serveis socials ja es va acompanyar amb l'expedient administratiu, de manera que el recurrent coneixia quins incompliment se li imputaven-.

Tanmateix, el recurrent va seguir sense acreditar el compliment del requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa, i per tant calia concloure que aquest seguia incomplint el mencionat requisit.

En definitiva, resulta evident que la Sentència impugnada va efectuar una valoració de la prova correcta i exhaustiva, ja que de l'anàlisi del conjunt de proves aportades pel recurrent i aquesta part es pot deduir sense cap tipus de dubte que el Sr. Carlos Daniel mai va arribar a complir el pla de treball establert amb els serveis socials, i per tant va incomplir el requisit establert a l'article 6.h) del Reglament de la Mesa.

QUART.- LA SENTÈNCIA IMPUGNADA TÉ UNA MOTIVACIÓ SUFICIENT I NO HA INCORREGUT EN CAP CONTRADICCIÓ.

El recurrent al·lega que entre l'informe de serveis socials de 19/11/2021 i l'emès en data 13/05/2022 hi hauria una contradicció absoluta, i que la Sentència s'hauria decantat per donar major veracitat al segon d'ells sense especificar exactament per quins motius hauria considerat que aquest últim resulta més creïble.

En aquest sentit, efectua diverses consideracions sobre les circumstàncies en es què es va emetre l'Informe de 13/05/2022 en relació amb la seva oportunitat i moment d'emissió, per intentar defensar que aquest informe no resultava veraç.

Per altra banda, el recurrent també al·lega que la Sentència hauria incorregut en una contradicció, consistent en afirmar que s'hauria produït un compliment parcial del pla de treball i, alhora, exigir al recurrent l'aportació de nous ingressos.

Doncs bé, en primer lloc cal palesar que resulten inacceptables les al·legacions del recurrent en relació amb els dubtes que li genera l'informe dels serveis socials de 13/5/2022, en la mesura que en el procés seguit en primera instància no va aportar cap tipus de prova per desvirtuar el seu contingut, com tampoc va demanar que, com a prova testifical, es cités a declarar a la treballadora social que va signar el referit informe.

Per tant, davant la manca d'activitat probatòria de la part contrària per intentar desvirtuar l'objectivitat i certesa dels fets que es mencionen en el referit informe, només es poden desestimar les al·legacions de la part contrària en aquest extrem.

En segon lloc, i pel que fa a la pretesa falta de motivació i contradicció de la Sentència, cal recordar que la jurisprudència del Tribunal Suprem ha dictamen en reiterades ocasions que el deure de motivació de les Sentències no exigeix exposar de manera completa i detallada el procés lògic que ha seguit el Jutjador, sinó que és suficient amb què la motivació permeti a les parts quines són les raons que han conduit a decantar-se en un sentit o altre.

En aquest sentit, podem citar la Sentència del Tribunal Suprem de 28/11/2014 (recurs núm. 3756/2012 ; ECLI: ES:TS:2014:5260 ), que diu el següent:

"A las sentencias les es exigible desde luego el deber de motivación, a fin de satisfacer una doble exigencia constitucional, evitar la arbitrariedad de tales resoluciones y la indefensión de sus destinatarios: su conexión con sendas prescripciones de rango superior - artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución - resulta incuestionable, y así las finalidades que persigue la proclamación de este deber vienen siendo subrayadas de manera incansable tanto por nuestra jurisprudencia como por la constitucional.

Aun cuando ello es cierto como punto de partida, y aun cuando resulta igualmente correcta la doctrina constitucional invocada en el recurso en apoyo del motivo (o submotivo, si se prefiere), no lo es menos que, con arreglo a esa misma doctrina, tenemos afirmado, por ejemplo, en nuestra STS de 25 de mayo de 2004 (RC 588/1999 ):

" El derecho a la tutela judicial efectiva no exige que la resolución judicial ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada, bastando con que la argumentación vertida exteriorice el motivo de la decisión -«la ratio decidendi»- en orden a un eventual control jurisdiccional y en el caso examinado, se cumple la exigencia constitucional, pues la sentencia recurrida no es fruto de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, como ha reconocido esta Sala y la jurisprudencia constitucional (por todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiembre ( FJ. 2 ), 100/1999, de 31 de mayo ( FJ. 2 ), 165/1999, de 27 de septiembre ( FJ. 3 ), 80/2000, de 27 de marzo ( FJ. 4 ), 210/2000, de 18 de septiembre ( F.J. 2 ), 220/2000, de 18 de septiembre (FJ. 2 ) y 32/2001, de 12 de febrero (FJ. 5)"."

En el cas que ens ocupa, i en relació amb la valoració dels informes dels serveis socials, la Sentència impugnada conté el següent raonament:

"En virtud del principio de carga de la prueba al amparo del art 217 LEC y "favor acti", a la vista del expediente administrativo y judicial, sólo cabe desestimar íntegramente las pretensiones actoras, ya que si bien al dictado de las resoluciones administrativas aquí recurridas, inicialmente se infiere indiciariamente de los folios 84-85 EA, informe social, un cumplimiento parcial, no íntegro, de los objetivos marcados por el Plan de Trabajo acordado por los servicios sociales correspondientes, no es menos cierto que en folios 103 a 106 en el nuevo informe social de 13-5-22, folios 103 a 106 EA no hay avance en el citado de Plan de Trabajo, antes al contrario, existe una regresión o retroceso en el citado Plan de trabajo, sin aportación por el aquí actor de nuevos ingresos, aunque fueran de mínima o escasa cuantía, para paliar o reducir la deuda contraída con el Ayuntamiento de Mollerusa y la compañía suministradora de luz; no aporta el cambio de titularidad del contrato de luz a que se comprometió en su día, no atiende a las llamadas telefónicas etc, por lo que tal posición o comportamiento de inactividad y de obstaculización parcial por el aquí actor (doctrina de los actos propios), sólo provoca que sea dable la desestimación íntegra del presente recurso judicial, y ello porque aunque puede ser un criterio de priorización de adjudicación de viviendas de emergencia social la existencia de hijos menores de edad a cargo del recurrente, no es menos cierto, que tal adjudicación viene condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de compromiso, que no se han llevado a cabo de forma satisfactoria y suficiente por la parte recurrente. Por tanto, la parte recurrente no tiene un derecho a la adjudicación de vivienda de emergencia social de forma incondicionada, ilimitada o absoluta, sino una expectativa de derecho sometida al cumplimiento de una serie de requisitos, no acreditados en vía administrativa, ni tampoco en vía judicial que podría haber acreditado aunque fuera extemporáneamente."

Com es pot observar del contingut de la pròpia Sentència (així com de la lectura d'ambdós informes), no existeix una contradicció clara i absoluta entre els informes citats, sinó que cadascun d'ells exposa diversos fets que han tingut lloc en el període temporal anterior a la seva emissió.

Per una banda, l'informe dels serveis socials de 19/11/2021 afirma que el recurrent hauria pagat 25 euros del deute que tenia amb l'Ajuntament i hauria efectuat el canvi de nom en el contracte del subministrament de llum, mentre que l'informe dels serveis socials de 13/5/2022 posa de manifest, entre altres qüestions, que li han demanat una còpia d'aquest contracte i que el recurrent no els hi ha aportat.

Per tant, ens trobem davant un relat de fets que resulten completament compatibles entre ells, i per tant no existeix una contradicció absoluta entre ambdós informes, sinó que cadascun d'ells reflecteix el grau de compliment dels requisits del pla de treball per part del recurrent en el moment de la seva emissió.

Doncs bé, la Sentència impugnada efectua una valoració conjunta d'ambdós informes, per posar de manifest que el recurrent, si bé hauria complert amb una part del pla treball durant el mes de novembre de 2021, hauria adoptat una postura completament contrària al compliment del mateix durant els mesos següents, tal i com es desprèn de l'informe dels serveis socials de 13/5/2022.

I és per aquest motiu que la Sentència menciona la manca d'aportació d'ingressos del recurrent (a petició dels serveis socials), la manca de resposta a les trucades telefòniques, o la manca d'aportació del contracte de subministrament de llum, com a qüestions reflectides a l'informe dels serveis socials de 13/5/2022 (folis 103 a 106 de l'EA), per arribar a la conclusió de que el recurrent ha tingut un retrocés en el compliment del pla de treball, adoptant una postura obstaculitzadora.

Doncs bé, cal concloure que aquesta motivació resulta completament suficient, per la seva claredat i extensió, per conèixer els motius pels quals el Jutjat no ha considerat acreditat el compliment de l'escrit, en la mesura que s'observa amb tota claredat quina ha estat la "ratio decidendi" del mateix en el present assumpte sense incórrer en cap tipus de contradicció.

Conseqüentment, resulta evident que la Sentència impugnada està suficientment motivada, i que procedeix rebutjar el motiu formulat de contrari en relació amb la pretesa falta de motivació i la seva contradicció. (...)>>>

CUARTO.- Juicio de la Sala

Para empezar, conviene tener presente que el procedimiento en el que recayeron los actos administrativos impugnados no tenía por finalidad asignar de forma efectiva alojamientos de emergencia, sino la de elevar a la Dirección competente de L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA una propuesta de asignación respecto de aquellos solicitantes de la ayuda calificados como aptos por reunir los requisitos de rigor. En ese sentido, son concluyentes los art. 2.2 y 12.3 de la RESOLUCIÓ TES/987/2019, de 15 d'abril, per la qual es publica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergència econòmiques i socials de Catalunya (DOGC 7857-18.04.2019).

En nuestro caso, la mesa de valoración emitió una valoración desfavorable el día 13 de octubre de 2021 arguyendo que el hoy apelante había incumplido el plan de trabajo acordado con los servicios sociales del Consell Comarcal de l'Urgell (CCU); sin embargo, en el expediente administrativo no aparece ese plan de trabajo, debidamente detallado y acompañado de una descripción clara y pormenorizada de los incumplimientos imputables al SR. Carlos Daniel, lo cual es especialmente grave si tenemos en cuenta que la solicitud de ayuda, formulada por el hoy apelante el 10 de agosto de 2021, venía precedida de un informe social favorable, de 30 de julio de 2021, emitido por el CCU; amén de ser, los destinatarios de la ayuda de autos, personas especialmente vulnerables, con enormes dificultades para desenvolverse en sede burocrática.

Contra la decisión de la Mesa de Valoración el apelante dedujo reposición el día 25 de noviembre de 2021, adjuntando un informe de la trabajadora social fechado el 19 de noviembre anterior, del que se desprendía que el SR. Carlos Daniel había empezado a cumplir los compromisos adquiridos. Pese a ello, la Mesa de Valoración desestimó el recurso el día 15 de diciembre de 2021, y lo hizo remitiéndose, una vez más, al argumento de que el hoy recurrente había incumplido el plan de trabajo acordado.

Es cierto que un último informe social de mayo de 2022 reitera que el SR. Carlos Daniel había incumplido el plan de trabajo; pero lo hace de una forma tan escueta que hace imposible que ese informe pueda sanar las incoherencias y déficits detectados en el procedimiento.

Así las cosas, no cabrá calificar el proceder de la demandada de otra manera que no sea la de arbitrario y fundado en una motivación aparente o, cuando menos, manifiestamente insuficiente y contradictoria.

La demanda, pues, deberá prosperar y en coherencia con el suplico del escrito de apelación, este Tribunal deberá limitarse a anular los actos administrativos impugnados, por ser contrarios a derecho; para que, como señala el escrito de oposición a modo de "mal menor", "se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al dictado del primer acuerdo de la Mesa de Valoración, a los efectos de que se dicte un nuevo acuerdo partiendo de la base de que se cumplía con el requisito del art. 6.h) del Reglamento"

QUINTO.- Costas

Conforme a lo previsto en el art. 139.2 LJCA, no se impondrán costas.