PRIMER: Resolució judicial apel·lada. Parts. Pretensions
A través d'aquesta alçada el SR. Celso ha impugnat la Sentència núm. 320, de 19 de novembre de 2021, dictada pel JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE BARCELONA a les actuacions del procediment ordinari núm. 47/2018 -C.
Es tracta d'una Sentència els fonaments jurídics de la qual són aquests (en endavant, totes les negretes seran nostres):
<<<(...) PRIMERO.- El objeto del presente recurso es la adecuación a la legalidad de la Resolución del Regidor del Distrito de Ciutat Vella de 28 de abril de 2017 que ordena el derribo de las obras y a restitución de todos los elementos afectados, a su estado anterior, en relación con la obras ejecutadas en el inmueble sito en la DIRECCION000 PAT de Barcelona.
La parte recurrente sostiene, en síntesis, que las obras fueron reconocidas como legalizables por el Ayuntamiento de Barcelona. Que las obras nunca fueron realizadas en el año 2012 ni tampoco con posterioridad, sino que se llevaron a cabo en el año 1999 o incluso en la construcción inicial del edificio. Que se trata de obras de rehabilitación y reforma en la estructura del edificio, sin que se haya alterado su configuración originaria. Que el volumen disconforme existía antes d ela ejecución de las obras en el año 2012 y que la presunta infracción urbanística se encuentra prescrita. Por último sostiene que la legalización de las obras resulta procedente, a la luz del informe presentado el 14 de junio de 2017.
Por su parte, la Letrada Consistorial se opone a la demanda y sostiene la legalidad de la resolución recurrida.
SEGUNDO.- Son hitos fácticos sobre los que no existe controversia, por resultar del expediente administrativo:
En fecha 30 de enero de 2017 se llevó a cabo la inspección de la vivienda (folio 12 EA) en la que se constató un nuevo volumen en la parte superior, sin disponer de permiso de obras. Se informó que se trataba de obras de incremento de volumen o techo edificable sin intervención global en el edificio, en aplicación de los arts. 3 y 6 de la ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención de las obras.
En fecha 23 de marzo de 2017 se acordó incoar expediente de protección de la legalidad urbanística, como responsable de una infracción del art. 212 del DL 1/2010 de 3 de agosto , designando instructor y secretario, ordenado la legalización de las obras y dando un plazo de 15 días de audiencia (folios 17 EA). Esta resolución se notificó el 5 de abril de 2017 (folio 22 EA).
En fecha 28 de abril de 2018 se resolvió ordenar el derribo de las obras para restituir los elementos afectados a su uso anterior, prohibiendo su uso, con apercibimiento en caso de incumplimiento, de imposición de multas coercitivas.
La parte recurrente interpuso recurso de alzada contra dicha resolución, que fue desestimado por Resolución de 4 de abril de 2018.
TERCERO.- Ambas partes se refiere al expediente anterior NUM000 que fue archivado provisionalmente porque existió un compromiso de legalización por su titular. Este expediente se inició por una inspección hecha en el mes de marzo de 2012 que dio lugar al inicio del procedimiento de restauración urbanística, en el que se dio cuenta de un derribo y de la nueva construcción de un volumen disconforme existente en la cubierta de la finca, sin disponer de permiso de obras. Se ordenó la legalización de las obras (folios 12 EA), pero se presentó un comunicado diferido de obras y no una licencia (art. 3 y 6 ordenanza), por lo que no pudo admitirse ni tener por cumplimentada la legalización.
El primer motivo de impugnación es que las obras ejecutadas son de rehabilitación y de reforma de edificación sin haber alterado su configuración originaria. Este motivo no puede prosperar. Se justifica por la recurrente, con la aportación del proyecto de legalización de las obras (doc. 3), que a su vez se basa en las fotografías del instituto cartográfico y geológico de Catalunya, sosteniendo que el volumen es idéntico tras la obras de rehabilitación. Sin embargo únicamente se desprende del mismo que, aunque el volumen de la construcción ya existía, lo cierto es que no se acredita que el volumen fuera exactamente el mismo y a su vez, lo cierto es que no puede desconocerse que el expediente de inspección que se inició en el año 2012, ya se constató que el volumen del terrado, era disconforme, se había derruido y reconstruido entero. La edificación existente supera la profundidad permitida, según el planeamiento y la altura reguladora máxima permitida, sin que se tenga constancia o conocimiento que el que existía en el año 1999 tuviera las mismas dimensiones. De las fotografías (1 a 9 EA) se constata que se ha demolido la antigua construcción y se ha procedido a levantar una nueva construcción con materiales nuevos, lo que no puede considerarse sino una obra nueva. En este sentido no es discutido que nos hallamos ante un volumen construido sobre un previo volumen derribado en una edificación que ya superaba la profundidad edificable según el planeamiento (art. 222 NNUU del PGM).
Se alega que la presunta infracción urbanística, estaría prescrita porque la preexistencia del volumen disconforme data del año 1999, según el proyecto de legalización inicial, de 2014 y el de 2017. Al dar inicio al expediente con el Decreto de alcaldía de 20 de marzo de 2017, habría trascurrido el plazo legal para su exigibilidad.
En lo relativo a la prescripción, debe señalarse que el art. 207 del TRLUC aprobado por Real Decreto legislativo 1/2020 de 3 de agosto dispone: "Artículo 207. Prescripción de la acción de restauración y de la orden de restauración. 1. La acción de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado prescribe a los seis años de haberse producido la vulneración de la legalidad urbanística o, en su caso, la finalización de las actuaciones ilícitas o el cese de la actividad ilícita. Si estas actuaciones tienen el amparo de un título administrativo ilícito, la acción de restauración prescribe a los seis años de haberse producido la correspondiente declaración de nulidad o anulabilidad, ya sea en vía administrativa ya sea por sentencia judicial firme.
2. Las órdenes de restauración y las obligaciones derivadas de la declaración deindemnización por daños y perjuicios prescriben a los seis años.
3. No obstante lo dispuesto por los apartados 1 y 2, la acción de restauración y la ordendictada de restauración no prescriben nunca con relación a las vulneraciones de la legalidad urbanística que se producen en terrenos que el planeamiento urbanístico destina al sistema urbanístico de espacios libres públicos o al sistema viario, o clasifica o tiene que clasificar como suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto por el artículo 32.a".
Respecto de la prescripción, la STS 18 de diciembre de 1991 es aplicable al presente caso: "la carga de la prueba de la prescripción no la soporta la Administración sino el administrado que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad (...) y ha creado la dificultad, para el conocimiento de los días a quo en el plazo que se examina, por eso en principio de buena fe, plenamente operante en el ámbito procesal (...) impide que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas por esta ilegalidad".
No se ha practicado prueba suficientemente rigurosa que desvirtúe que las obras de construcción estaban en curso durante la actuación inspectora del año 2012, por lo que no puede decretarse la prescripción ni la caducidad del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
CUARTO.- La pretensión de legalización de la construcción no puede estimarse. El informe de 13 de marzo de 2017 considera que el volumen construido en la cubierta es ilegalizable, atendida la edificabilidad y la altura máxima permitida (folio 12 EA).
Por todo lo expuesto, procede la desestimación íntegra del recurso y la confirmación de la actividad administrativa impugnada.(...)>>>
El SR. Celso (apel·lant) pretén que aquesta Sala revoqui la precedent Sentència i, alhora, anul·li els actes administratius impugnats en primera instància.
Al seu torn, L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA (apel·lat) s'hi ha oposat i ha sol·licitat que l'apel·lació sigui desestimada.
SEGON: Els termes de l'apel·lació
Són els que segueixen:
<<<(...) Primero. -La sentencia de primera instancia ha realizado una errónea apreciación de la prueba sobre la naturaleza de las obras realizadas.
El objeto de debate ha consistido en síntesis en si las obras realizadas por el administrado en el año 2012, han sido obras de rehabilitación y con la finalidad de cumplir las condiciones de habitabilidad, esto es, sin alteración de la configuración originariay sobre una construcción existente desde 1999, o si como alega el Ayuntamiento de Barcelona se trata de un volumen construido sobre un previo volumen derribado.
La sentencia desestimatoria viene motivada principalmente en el fundamento tercero en que que " no se acredita el volumen fuera exactamenteel mismo, y sigue su fundamento en que " De las fotografías ( 1 a 9 EA) se constata que se ha demolido la antigua construcción y se ha procedido a levantar con una nueva construcción con materiales nuevos y por lo tanto es una obra nueva, y al haber sido iniciado el expediente administrativo en el año 2012, no está prescrito por el transcurso de seis años que establece el artículo 207 del TRLUC.
Pues bien, cabe alegar en primer lugar que de forma rotunda que, de las fotografías obrantes en el expediente, NO QUEDA EN MODO ALGUNO ACREDITADO UNA DEMOLICION PREVIA Y LEVANTAMIENTO DE NUEVA CONSTRUCCION,siendo un notorio error de hecho y desafortunada apreciación de los elementos de prueba existentes en el expediente.
Las obras efectuadas en el año 2012 objeto del expediente administrativo de disciplina urbanística, son de rehabilitación y reforma en la estructura de la edificación, sin haberse alterado su configuración originaria tal y como se ha demostrado.
Esta parte ha acreditado que el volumen ya existía antes de las obras de rehabilitación realizadas en el año 2012 y aportó fotografías extraídas de la base de datos del Instituto Cartográficos y Geológicos de Catalunya(que obran en el expediente administrativo) y ha acreditado que la naturaleza de las obras son de rehabilitación, basándonos entre otras pruebas, en el informe pericial realizado por Pablo ,aportado en la demanda como Documento núm.3.
De dicho informe pericial, así como del resto de pruebas que luego valoraremos, obrantes en el propio expediente administrativo, se desprende que, las obras de reparación fueron realizadas con la finalidad de cumplir con las condiciones de habitabilidad necesarias actualmente para poder obtener la cedula de habitabilidad. Por lo que no es cierto que se haya derribado el volumen previo para realizar una obra nueva.
En efecto, el arquitecto D. Pablo, que fue el encargado de elaborar el proyecto de legalización de las obras ejecutadas en el terrado del edificio de la DIRECCION000, visitó la finca en fecha 8 de febrero de 2018 elaborando el informe pericial que acompañamos como documento núm. 3.
En el referido informe se establece de manera clara y unívoca que no ha habido ninguna obra nueva, sino que se trata en cualquier caso de obras de rehabilitación. Transcribimos por su importancia a los efectos que nos ocupan las conclusiones efectuadas por el perito Sr. Pablo:
"(...) Segons fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es pot constatar que el volum de la construcció de l'habitatge de la planta quarta ja existia a l'any 1975, fotografia més antiga amb bona resolució que disposa l'ICGC.
Segons reconeixement visual exterior es pot afirmar que el tractament de façana de la sala d'estar és una actuació posterior a la construcció inicial de l'edifici, ja que el seu acabat pintat de color groc sobre arrebossat de morter així ho demostra. La resta de les façanes estan arrebossades sense pintar.
Segons el reconeixement visual interior es pot afirmar que les bigues de fusta que formen l'estructura de l'habitatge són molt antigues i poden correspondre a la data de construcció inicial de l'edifici. Això es constata degut a l'estat d'envelliment, característiques de la seva secció rectangular i que també presenten una certa deformació en la seva verticalitat producte de la seva antiguitat.
La barana de l'escala de veïns d'accés a l'habitatge és un element que per la seva forma i disseny es pot assegurar que es va realitzar a la construcció inicial de l'edifici. La seva continuïtat fins a la porta de l'habitatge de la planta quarta determina que l'habitatge, abans vivenda de la portera segons informació facilitada per la propietat, es va construir al mateix temps que l'edifici. Segons l'observació realitzada en les tres cales es pot confirmar que les mostres de les parets són de ceràmica massissa del tipus maó,donada la seva textura i característiques i per tan es pot afirmar que es tracta d'un material antic, aspecte que es pot ratificar amb l'existència de morter de calç blanc adherit al maó, ja que és un material que no s'utilitza normalment en l'actualitat. En el dormitori es pot comprovar que s'ha realitzat un doblat interior amb plaques de cartró guix de la paret exterior existent per tal de millorar les condicions d'habitabilitat de l'habitació. De l'observació del conjunt de l'habitatge podem determinar que només s'han realitzat reparacions posteriors a la construcció inicial de l'edifici per tal de complir amb les condicions d'habitabilitat necessàries actuals per obtenir la cèdula d'habitabilitat, sense que es pugui constatar que s'hagi afectat el volum inicial tal com es pot comprovar amb les fotos de l'ICGC."
En prueba de ello, además, el arquitecto Sr. Pablo, realizó, en su visita e inspección en el inmueble en el mes de febrero de 2018, tres calas en todo el inmueble, en zonas estratégicas del mismo a los efectos de poder determinar qué grado de antigüedad tenían dichas construcciones:
En concreto se realizaron las tres calas, en las zonas del comedor-sala de estar, la zona del baño y la zona del dormitorio con las siguientes conclusiones esclarecedoras:
"Segons l'observació realitzada en les tres cales es pot confirmar que les mostres de les parets son de ceràmica massissa del tipus maó, donada la seva textura i característiques i per tan es pot afirmar que es tracta d'un material antic, aspecte que es pot ratificar amb l'existència de morter de calç blanc adherit al maó, ja que es un material que no s'utilitza normalment en l'actualitat. En el dormitori es pot comprovar que s'ha realitzat un doblat interior amb plaques de cartró guix de la paret exterior existent per tal de millorar les condicions d'habitabilitat de l'habitació."
Lo que establece el perito en función de las tres calas realizadas en todo el inmueble, es que las obras ejecutadas son de reparación y rehabilitación de la finca, para poder obtener la renovación de la cédula de habitabilidad, pero la construcción en sí ya existía y ha existido siempre como además acreditan las fotografías del I' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en adelante ICGC) que obran en dicho informe, la construcción y el volumen de la misma existía ya en el año 1975.
Las imágenes y fotografías del ICGC constituyen prueba indubitada de lo que las mismas muestran, pues dicho organismo es oficial, y en este caso, acreditan sin género de duda alguna, que la construcción por la que el Ayuntamiento demandado incoa el procedimiento de legalidad urbanística que nos ocupa, ya existía desde hace ya muchos años.
Las referidas fotografías constan aportadas y obran al expediente administrativo en los folios 37, 38, 54, 55, 65, 66, 79 y 80del expediente administrativo.
Por consiguiente, del análisis de dichas fotografías podemos observar que en la fotografía aérea de 1999 ya existía la edificación en el terrado del edificio. Y que, posteriormente, en la fotografía de 2012 el volumen de dicha edificación sigue siendo idéntico tras las obras de rehabilitación de esta.
Ello queda plenamente acreditado también, en el expediente administrativo, en especial con el Proyecto Técnico de legalización de las obras de rehabilitaciónde la vivienda existente en la planta del tejado, emitido por el Arquitecto D. Pablo, de mayo de 2017 (folios 42 a 55 del expediente administrativo).
Uno de los documentos básicos en un Proyecto, son indudablemente las memorias, por su función justificadora de las decisiones adoptadas y, juntamente con los planos y pliegos correspondientes, describen de forma unívoca, clara y concisa el objeto del Proyecto. Por lo tanto, las memorias son las que explican descriptiva y detalladamente tanto el desarrollo como los planos del proyecto, lo que nos lleva a concluir tras el análisis del documento aportado en calidad de Proyecto que no hay duda alguna de que en ningún momento se ha procedido a alterar o transformar el volumen de la vivienda.
A mayor abundamiento resulta que el expediente al que hace referencia el Ayuntamiento del año 2012 ( NUM000), como el propio Consistorio reconoce se archivó, aunque refiere de manera "errónea" (folios 10, 11, 12, 20 del expediente administrativo), por lo que ahora ningún sentido tiene que el propio
Ayuntamiento que archivó dicho procedimiento, sustente precisamente la incoación del expediente NUM001 de protección de la legalidad urbanística, precisamente en el expediente del año 2012 que se archivó.
Como luego vamos a acreditar, como nueva prueba documental, ya que, con posterioridad al presente contencioso administrativo, la Administración ha dictado resolución el pasado 17 de Agosto de 2020, reconociendo la nulidad del expediente administrativo (reiniciado como NUM000,) y la prescripción de la acción.
Se adjunta de Documento número 5,nuevo documental en esta segunda instancia. Esta prueba no ha podido ser aportada en fase de prueba en el proceso contencioso, por cuanto como puede comprobar el tribunal ha sido dictada en fecha posterior al trámite de pruebas, con posterioridad por el propio Ayuntamiento de Barcelona.
Segundo: La sentencia recurrida no valora el resto de pruebas obrantes en los autos, y realiza una errónea aplicación de las normas de protección urbanística y valoración de las normas de prescripción.
Se alegó por esta parte en la demanda, que antes de la declaración de derribo, en su caso el Ayuntamiento debió declarara las obras como ilegalizables de conformidad con la regulación previsto en el artículo 205.2 y 3 del Decreto Legislativo 1/2010 y articulo 116.1.c) del Decreto 64/2014 de 13 de mayo del Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística , sin embargo nunca declaró que las obras fueran ilegalizables y contrariamente realizó requerimientos para su legalización, tal y como consta en el expediente administrativo.
La incoación del procedimiento de legalidad urbanística que nos ocupa es el número NUM000 en relación con el expediente anterior archivado número NUM000, al que alude continuamente el Ayuntamiento demandado (folios 10, 11, 12, 20 del expediente administrativo),y que además tal como establece el propio Ayuntamiento de Barcelona, sirve de base y fundamento y es continuación del procedimiento de protección de la legalidad urbanística vulnerada incoado contra mi representado, esto es el número NUM000.
En efecto el propio Ayuntamiento demandado reconoce que el procedimiento anterior con número NUM000 se archivó por error (folio 10 del expediente administrativo),para a posteriori señalar que el referido procedimiento se archivó por el compromiso de legalización por parte del titular (folios 11 y 12 del expediente administrativo).
Lo cierto es que a parte de la confusión que genera el propio Ayuntamiento demandado, señalando distintos motivos por los que se archivó el anterior procedimiento de legalidad urbanística incoado contra mi mandante, lo que resulta indubitado es que dicho procedimiento se archivó, además, por los mismos hechos en base a los que el propio Ayuntamiento demandado ha incoado contra mi mandante el procedimiento de protección de la legalidad urbanística que nos ocupa (expediente número NUM000).
A mayor abundamiento resulta que en dicho expediente, el número NUM000, el Ayuntamiento de Barcelona, mediante resolución de fecha 25 de junio de 2014 notificada en fecha 8 de julio de 2014 acordó:
- ORDENAR a Celso, de conformitat amb l'informe de la inspecció de data 21/05/2014 que, com a propietari de la finca/titular del local ubicat a DIRECCION000 procedeixi, en el termini de 2 mesos, comptats d'ençà de la notificació d'aquesta resolució, a:
- LEGALITZAR les obres, consistents en Obres sense llicència en construcció situada a la planta terrat, sol·licitant la llicència corresponent, segons el que disposa l' article 205.2 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost , pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme,
- o bé, a restaurar la realitat física alterada a l'estat anterior a les obres fetes sense llicència".
Se acompañó en la demanda como documento núm. 1copia de la referida resolución del Ayuntamiento de Barcelona de 25 de junio de 2014.
Especialmente relevante es esta resolución del Ayuntamiento demandado por cuanto admite que las obras ejecutadas en la planta terrado de la finca sita en Barcelona, DIRECCION000 son legalizables, e incluso otorgó un plazo de dos meses al Sr. Celso para legalizar las obras de constante alusión.
Posteriormente en fecha 15 de septiembre de 2014 se recibió del Ayuntamiento de Barcelona (Departamento de Licencias de Obras) el preceptivo informe de idoneidad técnica en el que fueron detectadas determinadas incidencias y se informaba por ello, desfavorablemente a la concesión de licencia para llevar a cabo la legalización de las obras.
A los efectos de poder subsanar las referidas incidencias detectadas por la Jefa del Departamento de Licencias de Obras, Sra. Angelina, se presentó nuevamente el proyecto de legalización dando cumplida respuesta a todas y cada una de las deficiencias detectadas por la Sra. Angelina.
Se acompañó como documento núm. 2el proyecto de legalización de las obras del tejado de la finca de la DIRECCION000, fechado a 10 de octubre de 2014.
En el referido proyecto de legalización en las dos últimas páginas de este se contienen:
- La explicación y respuesta a cada una de las deficiencias del proyecto de legalización detectadas por la jefa del Departamento de Licencias de Obras.
- El informe de idoneidad emitido por la jefa del Departamento de Licencias de Obras.
Como es de ver en el referido informe de idoneidad, las incidencias detectadas en su mayoría responden a cuestiones formales (falta de aportación de determinados documentos) y también se hacía referencia en dicho informe a que se había constatado una divergencia en la volumetría indicada en el plano urbanístico y la que constaba en el proyecto de legalización.
Como consta en el proyecto de legalización de 10 de octubre de 2014 (documento núm. 2), todas estas deficiencias fueron subsanadas.
En definitiva, se pone de manifiesto con la documental aportada que el Ayuntamiento de Barcelona consideró en el expediente número NUM000, que las obras que ahora considera ilegalizables eran legalizables dando un plazo de dos meses a mi mandante para que procediera a la legalización de dichas obras.
Pues bien, lo que ha venido manteniendo esta parte, y las Sentencia no ha valorado, ni aplicado, es que, que debió declararse en su caso previamente la manifiesta ilegalidad de las obras, y no su legalización y luego orden de derribo.
Pues bien, en fecha 19 de Agosto de 2020, con posterioridad al plazo para proposición de prueba, el propio Ayuntamiento de Barcelona declara NULO DE PLENO DERECHO la tramitación del expediente ya que no se declararon previamente las obras como ilegalizables.
Se adjunta de Documento número 5,nuevo documental en esta segunda instancia. Esta prueba no ha podido ser aportada en fase de prueba en el proceso contencioso, por cuanto como puede comprobar el tribunal ha sido dictada en fecha posterior al trámite de pruebas, con posterioridad por el propio Ayuntamiento de Barcelona.
Por lo tanto, la infracción urbanística en todo caso estaría PRESCRITA, habida cuenta la preexistencia de dicho volumen desde el año 1999, y habiéndose procedido en la actualidad únicamente a realizar obras de rehabilitación sobre dicha construcción debido a su estado físico, y en todo caso desde 2012,momento en que se realizaron las obras de rehabilitación a la actualidad, y habiéndose declarado nulo de pleno derecho los actos administrativos realizados hasta 17 de agosto de 2020, ha prescrito también en su caso las obras del año 2012.
En efecto, la acción de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado de conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña que establece un plazo de prescripción de 6 años desde que se produjo la vulneración de la legalidad urbanística o, en su caso, la finalización de las actuaciones ilícitas o el cese de la actividad ilícita.
Tercero: La sentencia recurrida no valora resto de pruebas obrantes en los autos, y no aplica las normas de protección urbanística debidas. Cedula de Habitabilidad.
Existe, asimismo, cédulas de habitabilidad de dicha vivienda desde su construcción ya que desde el inicio estaba destinada a su uso como vivienda por parte del portero del edificio.
La Cédula de Habitabilidad es un documento que recoge la idoneidad de una vivienda para su uso como tal, de conformidad con el Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad. Por consiguiente, la existencia y concesión por parte de la Agencia de Vivienda de Cataluña de la cédula de habitabilidad otorgada, en el año 2013, a la vivienda sita en el terrado del edificio acredita tanto la existencia como la volumetría de dicha construcción.
Se acompañó en la demanda como documento núm. 4Cédula de Habitabilidad de la vivienda sita en planta terrado del edificio, del año 2013.
Conviene recordar además lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad que establece en su apartado 2:
"La no adecuación a los requerimientos urbanísticos no es causa de denegación de la cédula de habitabilidad. Solo en caso de que la Administración otorgante tenga conocimiento de esta circunstancia, se hará constar la no adecuación en el documento de otorgamiento de la cédula sin perjuicio de iniciar el procedimiento que habilite la legislación urbanística a efectos de restaurar, en su caso, la legalidad infringida."
Pues bien, aunque el referido artículo 17.2 del citado Decreto establece que no será causa de denegación de la cédula de habitabilidad la no adecuación a los requerimientos urbanísticos SÍestablece el referido precepto, qué si la Administración conoce esta circunstancia, se hará constar en el documento de la cédula de habitabilidad la no adecuación al régimen urbanístico correspondiente.
Como es de ver en la cédula de habitabilidad de fecha 19 de septiembre de 2013 y concedida por un período de 15 años, ninguna alusión contiene a que la vivienda sita en Barcelona, DIRECCION000 no se adecue a los requerimientos urbanísticos.
Ello adquiere especial relevancia, puesto que en la fecha en que se otorgó la cédula de habitabilidad para la vivienda de la DIRECCION000 de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona ya había iniciado el expediente de protección de la legalidad urbanística (expediente núm. NUM000) y a pesar de ello no incluyó alusión alguna en ese sentido.
No existiendo infracción alguna de la normativa urbanística municipal como consecuencia de la construcción consistente en una vivienda en la planta terrado del edificio, la cual existe desde 1999, habiéndose procedido únicamente a realizar obras de rehabilitación de las paredes de la cubierta de la misma, en 2012, y sin haberse declarado manifiestamente ilegalizables las obras, tal y como queda acreditado con el conjunto de documentación aportada y la obrante en el expediente administrativo, lo que procede es la revocación del acto administrativo impugnado.
Al respecto de la prescripción de la acción de restauración de la legalidad urbanística, citamos una Sentencia qué en un supuesto prácticamente idéntico, resuelve en favor del administrado declarando la prescripción de la acción para instar la restauración de la legalidad urbanística por el transcurso del tiempo.
Sentencia núm. 216/2017 de 31 de marzo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del TSJ de Cataluña:
(...)
Cuarto. - Hecho de nueva noticia posterior al trámite de proposición de pruebas.
Esta parte ha tenido conocimiento de la notificación de la resolución relativa al expediente NUM000 / NUM002 (el mismo que se está enjuiciando en el presente pleito), sobre el asunto relativo a "obras sin o no ajustadas a licencia" de la DIRECCION000 PAT de Barcelona de fecha
17/08/2020.
Se adjunta de Documento número 5,nuevo documental en esta segunda instancia. Esta prueba no ha podido ser aportada en fase de prueba en el proceso contencioso, por cuanto como puede comprobar el tribunal ha sido dictada en fecha posterior al trámite de pruebas, con posterioridad por el propio Ayuntamiento de Barcelona.
El contenido de dicha notificación es de relevante importancia para el presente procedimiento porque en dicha resolución el propio Ayuntamiento de Barcelona reconoce que la acción está prescrita para la administración:
"Sin responder o valorar las alegaciones formuladas por el interesado, la Gerente de la Ciutat Vella dictó resolución el 28 de 04 de 2017, resolución ordenando el derribo de las obras y sin declarar las obras como manifiestamente ilegalizables. Según dispone el articulo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, son nulos de pleno derecho los actosadministrativos dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente previsto"
En esta tramitación se conoce que las obras datan de 2012 de la tramitación del anterior expediente de inspección NUM000, precedente del actual expediente de inspección y que fue archivado...... al estar ahora si prescrita esta acción por la administración"
Por lo tanto, tal y como ha venido manteniendo esta parte, y las Sentencia no ha valorado que debió declararse en su caso previamente la manifiesta ilegalidad de las obras, y no su legalización y luego orden de derribo.
Por lo tanto, la infracción urbanística en todo caso estaría PRESCRITA, habida cuenta la preexistencia de dicho volumen desde el año 1999, y habiéndose procedido en la actualidad únicamente a realizar obras de rehabilitación sobre dicha construcción debido a su estado físico, y en todo caso las obras realizadas desde 2012,momento en que se realizaron las obras de rehabilitación a la actualidad, y habiéndose declarado nulo de pleno derecho los actos administrativos de derribo, ha prescrito toda acción administrativa.
Y habiéndose declarado con posterioridad al plazo para proposición de prueba en este procedimiento por el propio Ayuntamiento de Barcelona, sobre el mismo expediente enjuiciado, la NULIDAD DE PLENO DERECHO de la tramitación del expediente, y prescrita la acción por parte de la administración, el objeto del presente pleito ha devenido vacío de contenido. (...)>>>
TERCER: Els termes de l'escrit d'oposició
Es tracta d'un text que diu així:
<<<(...) Primer.- Improcedent impugnació de la valoració de la prova realitzada per l'òrgan de primera instància.
La part recurrent oposa com principal argument en contra de la sentència del Jutjat contenciós administratiu la indeguda valoració de la prova practicada en la instància, que suposadament ha dut a que el jutjat arribi a conclusions errònies. No obstant, com seguidament s'exposa, aquest argument resulta improcedent en seu d'apel·lació.
En primer terme, hem de posar de relleu la finalitat del recurs d'apel·lació, que tal i com estableix el Tribunal Suprem en sentència de 15 de desembre de 1998 (recurs 9620/1992) es la "depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia apelada, que es lo que ha de servir de base a la pretensión sustitutoria del pronunciamiento recaído en primera instancia."
Per tant, el recurs d'apel·lació no pot ser considerat com una reiteració de la primera instància l'objecte de la qual sigui l'acte administratiu impugnat en el procediment, sinó com un procediment especial de revisió l'objecte del qual es la sentència d'instància
L'actora no ha efectuat una crítica a la sentència, sinó que s'ha limitat a al·legar que el
Jutge d'instància no ha efectuat una deguda valoració de la prova, fent servir com a paràmetre la seva particular valoració de la prova.
No obstant, el Jutge d'instància, després de l'examen de la prova practicada va concloure que les obres eren un volum construït sobre un previ volum enderrocat en una edificació que superava la profunditat edificable segons el planejament. Així ho considera la sentència d'instància, quan al FD 3er recull el següent literal (el subratllat i negreta son nostres):
"(...) lo cierto es que no se acredita que el volumen fuera exactamente el mismo y a su vez, lo cierto es que no puede desconocerse que el expediente de inspección que se inició en el año 2012, ya se constató que el volumen del terrado, era disconforme, se había derruido y reconstruido entero. La edificación existente supera la profundidad permitida, según el planeamiento y la altura reguladora màxima permitida, sin que se tenga constancia o conocimiento que el que existía en el año 1999 tuviera las mismas dimensiones. De las fotografías (1 a 9 EA) se constata que se ha demolido la antigua construcción y se ha procedido a levantar una nueva construcción con materiales nuevos, lo que no puede considerarse sino una obra nueva. En este sentido no es discutido que nos hallamos ante un volumen construido sobre un previo volumen derribado en una edificación que ya superaba la profundidad edificable según el planeamiento (art. 222 NNUU del PGM)."
L'anteriorment exposat evidencia que el que pretén l'apel·lant es una modificació en l'apreciació de la prova que ha dut a terme el jutge d'instància, quan, com es sabut, la valoració de la prova no pot ser objecte de modificació pel tribunal d'apel·lació, que ha de respectar la valoració realitzada per l'òrgan que va resoldre en primera instància.
La valoració de la prova aportada al procés i necessària per a la fixació dels fets sobre els que s'extrauen les conclusions jurídiques per tal de resoldre el conflicte plantejat, és una facultat exclusiva del jutjat que coneix en primera instància, i el resultat d'aquesta valoració no pot ser revisat en apel·lació.
La jurisprudència del Tribunal Suprem recolza la impossibilitat de revisar en apel·lació qüestions relatives a la valoració de la prova realitzada per l'òrgan jurisdiccional d'instància. En aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera del Contenciós Administratiu , de 29 de març de 1993, al seu fonament de dret primer estableix el següent literal:
"Basta la enunciación de la alegación apelatoria transcrita para comprobar que lo que pretende en realidad es sobreponer sobre la valoración de la prueba hecha por el Tribunal a quo, la del propio recurrente, intento que necesariamente debe ir conducido al fracaso, pues es reiterada la jurisprudencia de este Tribunal , sobre la que no puede prevalecer el criterio de la parte, salvo que se justifique por el apelante el error del tribunal a quo, lo que no concurre en el presente caso, en el que éste ha tenido en cuenta valorado el material probatorio obrante en autos, en el sentido que quedó expresado".
En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al que ens adrecem, citant com a exemple, la Sentència de 7 de juny de 2016 (recurs 3/2016) quan estableix que:
"En conclusión puede afirmarse que si bien el recurso de apelación permite discutir la valoración de la prueba practicada que hizo el Juzgador de Instancia, sin embargo, la facultad revisoría por esta Sala debe ejercitarse con prudencia, pudiendo entrar a valorar la práctica de aquellas llevadas a cabo defectuosamente, entendiéndose por tales aquellas en las que se ha infringido la regulación específica prevista para las mismas, que sea fácilmente constatable, así como la de aquellas diligencias de prueba cuya valoración sea totalmente errónea, esto es cuya valoración se revele sin esfuerzo como equivocada"
Tal i com es després de la sentència transcrita, per tal que en seu de recurs d'apel·lació es pugui entrar a valorar la prova practicada en la instància, l'apel·lant hauria de posar de manifest una infracció substancial en la pràctica de la prova, es a dir, que el Jutge d'instància hagi arribat a conclusions absurdes o arbitràries, per haver-les obtingut sense cap relació lògica aparent als els mitjans de prova admesos, o per haver incorregut en manifestes contradiccions i omissions.
En aquest mateix sentit trobem nombrosos pronunciaments de diversos Tribunals Superiors de Justícia com son, entre d'altres, la STSJ del País Basc de 16 de desembre de 2009, rec. 281/2007, STSJ de Madrid de 10 de desembre de 2013, rec. 530/2013.
Volem destacar, per la seva claredat, la STSJ de Castilla y León de 25 de febrer de 2011 que estableix:
" Como refiere la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid de cuando el motivo que se plantea en un recurso de apelación es el error en la valoración de la prueba, esta Sala, siguiendo en esto un consolidado criterio jurisprudencial, ha venido considerando que ha de prevalecer la apreciación realizada en la instancia, salvo en aquellos casos en los que se revele de forma clara y palmaria que el órgano " a quo" ha incurrido en error al efectuar tal operación, o cuando existan razones suficientes para considerar que la valoración de la prueba contradice las reglas de la sana crítica.
(...) Y, concretando esto último, hemos de resaltar que la materia de valoración de la prueba, dada la vigencia del principio de inmediación en el ámbito de la práctica probatoria, es función básica del juzgador de instancia que sólo podrá ser revisada en supuestos graves y evidentes de desviación que la hagan totalmente ilógica, opuesta a la máxima de la experiencia o a las reglas de la sana crítica."
La jurisprudència estableix que, en virtut del principi d'immediació, la valoració de la prova que realitza l'òrgan jurisdiccional de primera instància ha de ser respectada en tant en quan no es demostri que l'actuació judicial de valoració infringeix normes sobre l'admissió i valoració de la prova, incloent les regles de la lògica i la sana crítica.
No obstant el que s'acaba d'exposar, el recurs d'apel·lació presentat per l'actora no fa referencia a cap infracció i sols es limita a fer la seva pròpia valoració, prova que va ser valorada en el seu conjunt pel Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona.
En relació a la valoració de la prova que fa el Jutjat no es pot atribuir cap vici, dons el jutjat es va limitar a ponderar les proves a favor i en contra. Per tant, no es pot negar que el jutjat va valorar la prova. Que la conclusió a la que arriba el Jutjat després d'analitzar totes les proves no li agradi a l'apel·lant en cap cas significa que el jutjat d'instància no hagi dut a terme una correcta valoració de la prova.
Segon.-. Estem davant d'obra nova i no davant una reconstrucció d'un volum preexistent
Tal i com recull la sentencia d'instància, a partir de les fotografies que s'incorporen a l'expedient administratiu (fulls 1 a 9) es comprova que s'ha enderrocat un volum preexistent i s'ha reconstruït amb materials nous, en un edifici que supera la profunditat màxima i altura reguladora màxima permesa.
Com ja va manifestar aquesta representació a l'escrit de contestació de demanda, mai s'ha discutit l'existència amb anterioritat d'un volum a la coberta de l'edifici, sinó que el que es discuteix es l'abast de la intervenció en aquest antic cobriment que, tal i com acrediten els informes d'inspecció i les fotografies que s'incorporen a l'Expedient administratiu, no son obre de reparació sinó que suposen la total re configuració d'aquesta construcció.
Existeix reiterada jurisprudència que determina que qualsevol modificació d'una construcció existent que s'ha substituït per un altra amb materials nous comporta que ja no es pugui identificar com obres de rehabilitació sinó com una obra nova. Assenyalar e aquest sentit la Sentència del Tribunal Superior de Justícia Catalunya núm.
980/1999 (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 3ª), de 11 d'octubre ( RJCA 1999\3284)
Tercer.- Sobre l'existència d'un volum disconforme anterior a l'execució de les obres. Obres Il·legalitzables
La pròpia sentencia que es objecte de recurs reconeix que el volum disconforme ja existia abans de l'any 2012. La sentencia d'instància recull el següent literal:
"Se justifica por la recurrente, con la aportación del proyecto de legalización de las obras (doc. 3), que a su vez se basa en las fotografías del instituto cartográfico y geológico de Catalunya, sosteniendo que el volumen es idéntico tras la obras de rehabilitación. Sin embargo únicamente se desprende del mismo que, aunque el volumen de la construcción ya existía, lo cierto es que no se acredita que el volumen fuera exactamente el mismo y a su vez, lo cierto es que no puede desconocerse que el expediente de inspección que se inició en el año 2012, ya se constató que el volumen del terrado, era disconforme, se había derruido y reconstruido entero."
Malgrat estar davant d'un volum disconforme preexistent, les obres executades el configuren com un nou volum el qual supera la fondària edificable i alçada màxima reguladora permesa.
L'edifici situat al DIRECCION000 es disconforme amb les condicions de planejament i d'acord amb els articles 222 i ss. De les NNUU del PGM no s'admetrà augment de volum sobre edificis disconformes en els que la superfície o el sostre edificat sigui igual o superior al permès en la parcel·la.
De l'anterior es conclou que les obres d'enderroc i construcció del volum son obres no permeses en aquest edifici, per tant, no es possible la seva legalització. Sobre aquest punt la sentencia d'instància recull:
"En este sentido no es discutido que nos hallamos ante un volumen construido sobre un previo volumen derribado en una edificación que ya superaba la profundidad edificable según el planeamiento (art. 222 NNUU del PGM)".
El Fonament de Dret Quart de la sentencia d'instància es refereix a la impossibilitat de legalització de les obres, en els següents termes:
"La pretensión de legalización de la construcción no puede estimarse. El informe de 13 de marzo de 2017 considera que el volumen construido en la cubierta es ilegalizable, atendida la edificabilidad y la altura máxima permitida (folio 12 EA)."
Quart.- No procedeix la pràctica de la prova en aquesta segona instància
La resolució administrativa que s'impugna s'ha tramitat en l'expedient administratiu amb número NUM000, de protecció de la legalitat urbanística, en el que s'ordena l'enderroc de les obres per tal de restituir la realitat física al seu estat anterior.
L'actora al seu escrit de recurs d'apel·lació insisteix en que s'admeti com a prova en segona instància documentació corresponent a un altre expedient administratiu, amb número NUM000, que està arxivat. Sobre aquest expedient la snetència d'instància diu:
"Ambas partes se refiere al expediente anterior NUM000 que fue archivado provisionalmente porque existió un compromiso de legalización por su titular. Este expediente se inició por una inspección hecha en el mes de marzo de 2012 que dio lugar al inicio del procedimiento de restauración urbanística, en el que se dio cuenta de un derribo y de la nueva construcción de un volumen disconforme existente en la cubierta de la finca, sin disponer de permiso de obras. Se ordenó la legalización de las obras (folios 12 EA), pero se presentó un comunicado diferido de obras y no una licencia (art. 3 y 6 ordenanza), por lo que no pudo admitirse ni tener por cumplimentada la legalización."
L'actora en instància ja va sol·licitar l'ampliació de l'expedient administratiu, en el sentit que per part de l'Administració s'aportés al procediment l'expedient amb número NUM000, del que forma part el document que s'adjunta al recurs d'apel·lació com document nº 5.
Mitjançant Providència de data 06/11/2018 el jutjat va desestimar la sol·licitud d'ampliació d'expedient per tractar-se de dos expedients diferents, resolució que era susceptible de recurs de reposició però que l'actora no va recórrer als efectes de fer valer el seu dret en segona instància
Sobre la pràctica de prova en segona instància, l' art. 285 LEC estableix:
"Según establece el art. 285 LEC: "1. El tribunal resolverá sobre la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas.
2. Contra esta resolución sólo cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y si se desestimase, la parte podrá formular protesta al efecto e hacer valer sus derechos en segunda instancia."
En qualsevol cas, es tracta d'una prova improcedent i del tot irrellevant.
En la mesura que estem davant d'una prova que no va ser admesa en primera instància mitjançant providència de data 06/11/2018, contra la qual l'actora no va presentar recurs de reposició, cal entendre que no procedeix rebre el recurs a prova.(...)>>>
QUART: Judici i decisió de la Sala
4.1: Sobre la prova aportada en segona instància per l'apel·lant
En aquest punt no li manca raóa a la defensa lletrada de L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA (ABCN). L'apel·lant consentí la denegació de proves acordada pel Jutjat i, per afegitó, el document que ara ens ha estat aportat no deixa de ser la fotocòpia simple d'una part d'allò que -malgrat contenir un peu de recursos- semblaria un informe intern; sense data i sense que es pugui percebre la identitat del seu autor o autora. Al capdavall, un document inservible, si se'ns permet l'expressió.
4.2: Sobre la cèdula d'habitabilitat
L'apel·lant ens ha il·lustrat sobre la possibilitat que els Ajuntaments s'adrecin a la Generalitat amb la finalitat de fer constar les infraccions urbanístiques a les cèdules d'habitabilitat; però el fet que a la cèdula d'habitabilitat del volum que ara ens ocupa no hi figuri cap anotació al respecte no té cap mena de transcendència i només vol dir que L'ABCN no ho ha considerat necessari.
4.3: Sobre l'estructura de l'apel·lació
És veritat que l'apel·lació no pot esdevenir una mera reproducció de la demanda o de la contestació, i que ha de contenir una crítica raonada de la resolució judicial impugnada. Però també és veritat que resulta impossible no recuperar, en l'apel·lació, i a modus de crítica de la Sentència impugnada, aquells arguments que no han estat assumits per la primera instància jurisdiccional.
En el nostre cas, l'alçada del SR. Celso reuneix totes les notes a les quals ens acabem de referir.
4.4: Sobre la valoració de la prova efectuada pel Jutjat
L'apel·lació conté una raonada crítica de la valoració de la prova feta pel Jutjat.
És cert que la valoració de la prova feta per la primera instància ha de ser examinada amb unes certes limitacions en seu d'apel·lació; però no és menys cert que sota determinades circumstàncies la segona instància pot revisar la susdita valoració per tal de fer-ne una de diferent. Això passarà quan la valoració primera no existeixi o sigui aparent; quan sigui manifestament absurda o contrària a la lògica més elemental; o quan, per exemple, contradigui de forma palesa les evidències subministrades pel material probatori.
En el nostre cas, si examinem les parts de la Sentència apel·lada que hem ressaltat en negreta, constatarem que el Jutjat afirma amb rotunditat -i amb formes quasiapodíctiques- que ens trobem al davant d'una obra nova, aixecada previ enderrocament íntegre del volum original; d'una obra nova que, per afegitó, excediria diversos paràmetres urbanístics. A la jutjadora d'instància no li mereix el més mínim interès l'informe facultatiu aportat pel SR. Celso (veure l'expedient administratiu i veure els fragments del mateix informe -en negreta- que reprodueix l'apel·lació) i és d'aquesta manera que el Jutjat arriba a les conclusions que acabem d'exposar, essencialment a la vista d'unes fotografies fetes pels serveis tècnics municipals l'any 2012.
Sorprenentment, es tracta de fotografies que permeten detectar en la construcció força vestigis del volum original (finestres; vigues de fusta; parets interiors), sens perjudici d'acreditar, alhora, un reforçament del conjunt en termes d'autèntica rehabilitació. I això és important, perquè la detecció d'elements del volum originari descarta definitivament que ens trobem al davant d'una obra manifestament il·legalitzable als efectes de l' art. 205.3 del text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU).
4.5: Sobre la suposada impossibilitat d'autoritzar unes obres que L'ABCN considera manifestament il·legalitzables
Hi ha consens -si més no tàcit- en que l'any 1999 existía un volum al mateix indret. Un volum, aquest, alguns elements del qual -afegirem nosaltres- encara es detecten a las fotografies de la rehabilitació que ara ens ocupa.
Pel cas que el volum originari hagués estat edificat sense llicència, l'acció administrativa de restabliment de la legalitat urbanística hauria prescrit molts anys abans d'haver incoat L'AJB el primer dels expedients de disciplina urbanística que s'esmenten a l'expedient i, en aquesta tessitura, ens hauríem trobat amb una edificació en règim de "volum disconforme" en la pitjor de les hipòtesis (art. 108.7 TRLU), amb el règim d'obres admissibles que preveu l'art. 108.4 TRLU (el qual inclou les obres de rehabilitació). I això és així perquè no disposem de dades que ens permetin pensar en la procedència del règim més restrictiu de "fora d'ordenació" (apartats 1, 2 i 3 de l'art. 108 TRLU).
L'apel·lant aportà proves que semblarien apuntar a una rehabilitació del volum controvertit sense alterar-ne les seves característiques originals. Però, tot i que l'informe facultatiu aportat pel SR. Celso té una densitat superior a la dels informes emesos pels serveis tècnics municipals, no és prou convincent en aquest punt. La qual cosa tampoc fa bona la manera de procedir de L'ABCN, i ara veurem per què.
Anys enrere es partia de la premissa que qualsevol renovació o rehabilitació en obres o instal·lacions amb acció de restauració prescrita, tenia com a efecte immediat la rehabilitació del termini per tal que l'Administració instés la restauració íntegra de la realitat física alterada i de la legalitat urbanística vulnerada, amb la possibilitat afegida d'ordenar l'enderrocament de tota l'obra; la sobrevinguda i també allò que quedava de l'obra original. Tanmateix, la situació ha canviat i, a hores d'ara, el Tribunal Suprem ve considerant que en escenaris com aquest la prescripció guanyada no es pot veure perjudicada, de tal sort que l'enderrocamrent s'haurà de circumscriure a l'obre sobrevinguda, sens perjudici del dret del propietari a recrear el volum que havia guanyat la prescripció. Ens ho diu, per exemple, la STS 3ª5ª núm. 61, de 17 de gener de 2024 , cassació núm. 3642, i ens ho diu en els termes que segueixen:
<<<(...) TERCERO.-
(...)
B) Conclusiones
Por tanto, de cuanto queda dicho se desprende que el transcurso del plazo previsto en la normativa para el ejercicio de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística sobre obras sin licencia o contrarias al planeamiento:
(i) Tiene como efecto el impedir a la Administración la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, pero no otorga al propietario de las mismas otras facultades que las inherentes al mantenimiento de la situación creada (asimilable a la situación de fuera de ordenación), esto es, la de oponerse a cualquier intento de demolición de lo construido o de la privación del uso que de hecho está disfrutando, siempre que este uso no se oponga al permitido por el plan para la zona de que se trata;
(ii) Sólo serán autorizables las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato, la conservación del inmueble y las obras tendentes al mantenimiento de las condiciones de seguridad, no resultando posibles obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación.
(iii) La realización de obras no autorizables en edificios asimilados a la situación de fuera de ordenación supone un claro incumplimiento del régimen jurídico que se les otorga a estos y, evidentemente, la ilegalidad de las nuevas obras acometidas, que resultarán perseguibles mediante las potestades de disciplina urbanística de las que gozan las Administraciones competentes; pero de ello no se puede deducir, con carácter directo y automático, la renuncia a la prescripción de los derechos obtenidos por los propietarios de las mismas y, en consecuencia, la pérdida de la caducidad ganada respecto a la posibilidad del ejercicio de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística.
CUARTO.- Respuesta a la cuestión de interés casacional planteada.
La realización de obras que exceden de la mera conservación, ornato, seguridad o salubridad sobre edificaciones en situación asimilada a fuera de ordenación, por haber caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, no supone, de modo inexorable, la pérdida de la caducidad ganada.
QUINTO.- Aplicación de la doctrina al caso enjuiciado.
La sentencia recurrida no se ajusta a la interpretación que acabamos de realizar por lo que, de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos de derecho anteriores, debemos declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto. En este sentido, y de conformidad con los hechos que se consideran probados en dicha sentencia, la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística respecto de las obras ilegales realizadas por los anteriores propietarios antes del año 2011 deberá entenderse caducada, pudiendo únicamente ejecutarse esta potestad de restitución de la realidad física vulnerada respecto de las nuevas obras realizadas en el año 2018 que exceden de la mera conservación, ornato, seguridad o salubridad.
Estos argumentos son ahora trasladables respecto a las órdenes de demolición.
Y, en todo caso, se mantiene naturalmente la estimación parcial del recurso de apelación en los términos que quedaron reseñados, que deja sin efecto el particular de las órdenes de demolición referido a la reposición a la situación original de la terraza-tendedero y del porche posterior.(...)>>>
En el mateix sentit, la STS 3ª5ª núm. 1470, de 10 de novembre de 2022 , cassació núm. 110/2022 .
Ens trobem, doncs, ara i aquí, en una situació en la qual, malgrat no ser possible assegurar la plena legalitat del volum rehabilitat, tampoc resulta admissible apreciar-ne la il·legalitat manifesta de tota la construcció; il·legalitat manifesta (que no podem apreciar) en la qual pretenen fonamentar-se les Resolucions administratives impugnades, la qual cosa ens haurà de conduir a la seva anul·lació, prèvia revocació de la Sentència apel·lada; dit, tot això, sens perjudici que L'ABCN consideri pertinent tramitar un nou expedient amb totes les garanties i basat en informes susceptibles d'aportar més elements de judici.
4.6: Sobre la prescripció invocada per l'apel·lant
No resulta possible apreciar la prescripció de l'acció de restabliment. O no resulta possible fer-ho en els termes pretesos per l'apel·lant.
Pel que fa a la hipòtesi de treball més benèvola, hauria estat necessària una prova plena que el volum té actualment les mateixes dimensions que a l'any 1999.
D'altra banda, com tampoc hem descartat rotundament la possibilitat d'un afegit a l'obra originària, amb variació de característiques que eventualment podrien haver agreujat la irregularitat urbanística de la construcció, és de suposar que les actuacions dutes a terme per l'Ajuntament a partir de l'any 2012, amb coneixement del subjecte passiu, haurien interromput el termini de sis anys previst a l'art. 207.1 TRLU; si més no pel que fa a l'obra excedida.
CINQUÈ: Costes
Atès allò que preveu l' art. 139.2 LJCA , no s'imposaran costes.
Atesos els preceptes legals esmentats i demés de general i pertinent aplicació,
