Sentencia Contencioso-Administrativo 1230/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 6228/2020 de 10 de octubre del 2023

PRIMERO. El Procurador de los Tribunales don Felipe Juanas Blanco, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil "Pacsa, Servicios Urbanos y del Medio Ambiente Natural SL" contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de julio de 2020 (recurso apelación 865/2019) por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto por dicha entidad contra la sentencia dictada el 13 de julio de 2019 por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Madrid por la que se inadmitió, por recaer sobre cosa juzgada, el recurso interpuesto por "Pacsa, Servicios Urbanos y del Medio Ambiente Natural SL" contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación presentada ante el Ayuntamiento de Alcorcón sobre el abono de la deuda y de los intereses de demora por el impago de certificaciones de varios obras publicas de rehabilitación de espacios urbanos que fueron objeto de capitalización de deuda mediante un convenio transaccional suscrito en fecha 3-9-2009 y con respecto al fondo del asunto el recurso igualmente sería desestimado por ser ajustada a derecho la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO. Mediante Auto de 27 de enero de 2022 se admitió el recurso de casación declarando que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:

1- Determinar si, a la vista del contenido del artículo 81.2. a) LJCA es posible inadmitir total o parcialmente un recurso de apelación contra una sentencia de inadmisibilidad aplicando el art. 81.1.a) LJCA por ser algunas pretensiones acumuladas en primera instancia inferiores a 30.000 €.

2. Confirmar, matizar o precisar la jurisprudencia existente en materia de cosa juzgada en un caso como el presente, donde las cantidades reclamadas resultan del incumplimiento de un convenio transaccional entre las partes litigantes.

TERCERO. El recurso se interpone aduciendo, en síntesis, lo siguiente:

1º Infracción de los artículos 81.1. a) y 81.2 de la LRJCA.

La sentencia de segunda instancia inadmitió parcialmente por razón de la cuantía el recurso de apelación en lo relativo a las pretensiones de intereses de demora acumulados por importe de 8.450,24 € y 14.730,95 por aplicación del artículo 81.1. a) de la LJ al considerar que cada una de estas reclamaciones individualmente consideradas no superaban los 30.000 €. Y ello al aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que el art. 41.3 debe aplicarse cuando la acumulación de pretensiones se produce en vía administrativa.

La parte sin cuestionar esta jurisprudencia ni la aplicación del art. 41.3 de la LJ (la acumulación de pretensiones no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de apelación por razón de la cuantía) afirma que lo que el tribunal olvida es que lo que se recurría en apelación era una sentencia que declaraba la inadmisibilidad por entender que existía cosa juzgada por lo que se vulnera el artículo 81.2 de la LJ en el que se dispone que serán siempre susceptibles del recurso de apelación las sentencias que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior, esto es, en los asuntos cuya cuantía no excede de 30.000 €.

De modo que, si el pronunciamiento que se apela es una declaración de inadmisibilidad, la apelación debe admitirse aun cuando la cuantía sea inferior al límite legalmente establecido para el acceso a la segunda instancia.

2º Indefensión material como consecuencia de la anterior infracción.

La infracción anterior determina una situación de indefensión contraria al art. 24.1 de la Constitución, ya que la indebida inadmisión parcial del recurso de apelación impide obtener una respuesta del órgano judicial en segunda instancia sobre las pretensiones indebidamente excluidas de su conocimiento.

3º Infracción del art. 69.d) de la LJ por indebida aplicación e infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cosa juzgada.

A su juicio la sentencia recurrida aprecia erróneamente la existencia de cosa juzgada negativa al considerar que, en el proceso judicial promovido en el año 2012 por vía de ejecución de actos administrativos firmes, tramitado ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 12 de Madrid, ya se dictó el cumplimiento del contrato transaccional y por lo tanto la sentencia firme dictada en dicho recurso produce eficacia de cosa juzgada en la litis actual.

Considera que no puede apreciarse la cosa juzgada ni por la naturaleza de la actividad objeto de revisión (mientras en el primero se impugnaban la falta de ejecución de un acto administrativo firme por vía del art. 29.2 de la LJ, en este caso se impugna la desestimación por silencio negativo de una reclamación) ni por el contenido de las pretensiones de fondo deducidas en ambos litigios.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo no existe cosa juzgada en la jurisdicción contencioso-administrativa si la actividad administrativa que se somete a revisión es diferente en ambos recursos, descartando la cosa juzgada negativa por el solo hecho de que el acto administrativo presunto (silencio negativo) que se enjuicia en esta litis es formal y jurídicamente distinto de la inactividad por falta de ejecución de un acto administrativo firme que se revisó en el proceso judicial anterior.

En el primer proceso judicial lo que se sometió a revisión era la inejecución de un acto administrativo firme por la vía del art. 29.2 de la LJ y en la litis actual lo que se somete a revisión no es la inactividad de la Administración sino un acto administrativo presunto en el que se desestima una reclamación administrativa por silencio negativo. Es decir, lo revisado en ambos procesos es jurídicamente diferente.

Se infringe, por tanto, el art. 69 de la LJ, al no apreciarse la necesaria identidad objetiva entre ambos procesos que impide la apreciación de la causa de inadmisión.

Afirma que ninguna de las concretas pretensiones de fondo deducidas en esta litis, que se refieren a determinadas prestaciones derivadas de la aplicación del mismo contrato transaccional objeto de litigio, se plantearon en el pretérito procedimiento abreviado nº 587/2012, precisamente por el limitado ámbito de conocimiento del procedimiento especial de ejecución de actos administrativos que recoge el art. 29.2 LRJCA. Ahora se solicita el cumplimento del contrato transaccional (no como en el pretérito proceso, en el que solicitó la ejecución de un acto administrativo ), y las pretensiones que en esta litis se han planteado en aplicación y cumplimiento de ese negocio jurídico, nunca se dedujeron en el primer proceso judicial, por lo que se encuentran imprejuzgadas.

Lo único que mi mandante entonces solicitó y, por tanto, lo único que se recoge en la sentencia que puso fin a tal litigio, es la ejecución del acto firme de aprobación del convenio transaccional mediante el pago de dos cantidades o conceptos materialmente diferentes de las prestaciones o pretensiones que se han deducido en esta litis: por un lado, el pago de la cantidad que se encontraba pendiente de pago con cargo a la deuda reconocida y aplazada en el meritado contrato transaccional, en total 996.833'16 € (i), y, por otro lado, el pago la parte fija de interés remuneratorio recogida en el apartado quinto de ese mismo negocio jurídico, consistente en el Euribor a 90 días, que ascendía a 31.748'86 € (ii); en total, por tanto, 1.028.582'02 €.

Sin embargo, en esta litis no se han reclamado las cantidades anteriores, sino otras diferentes. Así, ha pretendido en este litigio el pago de los siguientes intereses de demora:

a) El pago de intereses de demora en el importe de 8.450'24 €, por el abono tardío de la quinta cifra del calendario de pago acordado en el contrato transaccional objeto de autos, en su Anexo 3.

b) El pago de intereses de demora en el importe de 442.557'19 €, por el pago tardío de los cuatro últimos vencimientos establecidos en el Anexo 3 del contrato transaccional.

c) El pago de intereses de demora en el importe de 14.730'95 € por el abono tardío de la parte fija del interés remuneratorio (EURIBOR a 90 días) establecida en el apartado QUINTO del mismo convenio transaccional.

De modo que en el anterior procedimiento ni se solicitó ni se juzgó sobre los intereses de demora. De hecho, así se dijo de manera literal y expresa en la demanda que dio inicio al referido procedimiento abreviado nº 587/2012, en cuyo hecho tercero se explicaban las cantidades que se reclamaban a consecuencia de la solicitud de ejecución del acto administrativo firme, añadiendo que tales cantidades se adeudaban "sin perjuicio de los intereses moratorios que proceda por el incumplimiento de los hitos pactados, cuya reclamación esta parte se reserva y que, por tanto, no son objeto de la presente demanda" (sic., pág. 7 de la demanda, in fine, folio 143 del expediente administrativo).

Asimismo, mi mandante también ha pretendido en este litigio el pago del diferencial, añadido o adicionable al interés remuneratorio fijo de EURIBOR a 90 días, que se establece en el apartado QUINTO del meritado convenio transaccional. Que tampoco se solicitó ni se juzgó en el primer procedimiento. Así mismo en la demanda que dio inicio al referido P.A. 587/2012, en cuyo hecho tercero se explicaba que, a consecuencia de la petición de ejecución del acto administrativo firme (acuerdo municipal de aprobación del contrato transaccional), se reclamaba el pago del interés remuneratorio recogido en ese apartado QUINTO, pero "tomando como referencia, exclusivamente, el índice EURIBOR a 90 días, sin aplicar diferencia alguno" (sic., pág. 7 de la demanda, folio 143 del expediente administrativo remitido a los autos).

En conclusión, no concurre ninguna identidad objetiva entre el procedimiento abreviado nº 587/2012 y el actual proceso judicial, ni por la naturaleza de la actividad administrativa objeto de revisión (mientras en el primero se impugnaba la falta de ejecución de un acto administrativo firme, por la vía del art. 29.2 LRJCA 1998, en este se impugna la desestimación por silencio administrativo negativo de una reclamación), ni por el contenido de las pretensiones de fondo deducidas en ambos procesos.

Por tanto, la sentencia impugnada aplica indebidamente la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 69 d) LRJCA 1998.

4º Indefensión material como consecuencia de la infracción por la indebida aplicación del artículo 69.d) de la LJ.

Considera que la errónea aplicación de la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 69 d) LRJCA 1998 provoca indefensión material a esta parte, vulnerando la prohibición de indefensión prevista en el art. 24.1 de la Constitución Española (en tanto en cuanto, como consecuencia de la referida infracción procesal no ha podido obtener una respuesta razonada sobre el fondo del asunto).

Por todo ello solicita:

a) Primero, la anulación de la sentencia impugnada, conforme al art. 93.1 LRJCA.

b) Segundo, la íntegra estimación de las pretensiones de fondo deducidas por esta parte en el escrito de formalización de demanda presentado en primera instancia, a cuyo fin, para evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos a todos los argumentos de hecho y de Derecho de carácter material planteados por esta parte en primera instancia (tanto en su demanda como en su escrito de conclusiones) y, también, en su recurso de apelación, dándolos aquí por íntegramente reproducidos.

c) En tercer lugar, también se solicita la imposición de las costas de la primera instancia a la Administración recurrida, conforme a lo dispuesto en el art. 93.4, en relación con el art. 139.1, ambos de la LRJCA.

CUARTO. El representante legal del Ayuntamiento de Alcorcón se opone al recurso de casación.

Se denuncia la infracción de los artículos 81.a) y 81.2 a de la LJ al haber inadmitido dos de las pretensiones referidas al pago de interés de demora por no superar los 30.000 euros.

El Ayuntamiento considera que la cuantía del recurso viene dada por la acumulación en un mismo acto administrativo de diversas reclamaciones de deuda que son individualizadas e individualizables, debiendo distinguir entre cuantía del recurso y cuantía a efectos de recurribilidad en apelación o casación. Así la cuantía del recurso viene determinada en el art. 41 de la LJCA y se fija atendiendo al valor económico de la pretensión formulada por la recurrente, precisando en el art. 41.3 que en los casos de acumulación o ampliaciones producidas la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación, y así se interpretó en la STS de 25 de junio de 199 y se ha mantenido cuando se aborda la admisión del recurso de casación que tiene por objeto reclamaciones de intereses de demora derivados de certificaciones de obra o de facturas en contratos administrativos (Sentencias de la Sección 7ª Rec. 5803/1996 de 2/07/2002; recurso 4977/1996 de 21 de mayo de 2002; recurso 1164/2004.

Por tanto, en el caso de reclamación de intereses de demora por el pago tardío de facturas, los intereses correspondientes a cada una de las facturas constituyen una pretensión separada y por tanto, a ellos habrá que estar para determinar la cuantía de la casación, y en el presente caso los importes aludidos no superan individualmente la cantidad de 30.000 €, sin que la inadmisión parcial del recurso de apelación sea contraria a derecho.

En consecuencia, niega que haya existido una indefensión por tal motivo, dado que, a su juicio, la inadmisión se funda en las razones establecidas por el legislador.

Así mismo se opone a la invocada infracción del art. 69.d) de la LJ, referida a la cosa juzgada.

Como sabemos se le ha atribuido a la cosa juzgada material un efecto negativo y un efecto positivo. El primero responde al clásico principio del non bis in idem y viene determinado por la imposibilidad de entablar un nuevo proceso entre las mismas partes, y el segundo, se traduce en que lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando éste aparezca como referencia necesaria de lo que sea su objeto, es decir, los órganos jurisdiccionales han de ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando deban decidir sobre una relación o situación respecto de la cual la sentencia recaída es condicionante o se encuentra en estrecha conexión, obligando a que la decisión que se adopte en esa sentencia ulterior siga y aplique los mandatos y criterios establecidos por la sentencia firme anterior.

La parte recurrente considera que la sentencia recurrida aprecia erróneamente la existencia de cosa juzgada negativa, manifestando que no puede haber cosa juzgada por cuanto en la sentencia de 2015 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 12 se impugnaba la falta de ejecución de un acto administrativo firme por la vía del art. 29.2 LRJCA (referido al cumplimento de pago de las certificaciones e intereses de demora del convenio transaccional de pago suscrito entre el Ayuntamiento y la mercantil recurrente) mientras que el procedimiento actual se impugna la desestimación por silencio administrativo negativo de una reclamación, sin embargo aunque lo venga a denominar de diferentes formas o cambiándolo de nombre, lo cierto es que el trasfondo es el mismo, (solicitud de deuda intereses).

En el Suplico de la demanda del procedimiento 587/2012, tramitado ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 12 de Madrid se solicitaba el cumplimiento íntegro del convenio transaccional suscrito entre las partes el 3 de septiembre de 2009. Literalmente se solicitaba lo siguiente: "[...] tenga por interpuesto en tiempo y legal forma y, al amparo de lo dispuesto en el art. 29.2 de la LJ recurso contencioso administrativo, que, de conformidad con el contenido del artículo 78.2 se inicia por demanda contra el Ayuntamiento de Alcorcón frente al que ejercito la pretensión de condena a la ejecución de acto firme consisten en el cumplimiento integro del convenio de fecha 3 de septiembre de 2009, [...] se dicte sentencia por virtud de la cual se condene a la entidad local demandada a ejecutar el citado acto administrativo, abonando a mi representada la cantidad total de UN MILLON VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y DOS CENTIMOS (1.028.582,02 €) por los conceptos anteriormente especificados, condenándole igualmente al pago de las costas procesales por su manifiesta temeridad al litigar".

De ahí que la sentencia dictada en dicho procedimiento acordase "la ejecución del acuerdo de pago del Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón de 30 de julio de 2009 nº 10/2009-15/203 para el abono de 996.833, 16 € de principal y 31.748,86 € de interés remuneratorios y condeno a la administración demandada a ejecutar su acto administrativo firme y proceda al abono de la citada cantidad a la entidad recurrente con imposición de costas[...]".

La sentencia impugnada afirma que la litis lo es entre las mismas partes y por la misma causa, mismos hechos alegados y su encuadramiento en el supuesto abstracto de la norma jurídica invocada, que no es sino su subrogación en todos los derechos y obligaciones dimanantes del convenio transaccional celebrado en fecha 3-9-2009 entre varias empresas constructoras y el Ayuntamiento de Alcorcón, cuyo objeto era la capitalización de deuda que dicha entidad local mantenía con las referidas empresas constructoras, por falta de abono de la deuda y de los intereses de demora por el impago de certificaciones de varias obras públicas de rehabilitación de espacios urbanos.

Es más, por la recurrente interpuso demanda en el orden Civil, P.O. 444/2016 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Alcorcón, con las mismas pretensiones objeto de estos autos, del que se dicta Auto de fecha 7/02/2017, en el que se afirma "En el presente caso la lectura del convenio transaccional de 3 de septiembre de 2009 pone de manifiesto que la contratista aquí apelante: renunciaba a su derecho a percibir intereses sobre la cantidad que el Ayuntamiento de Alcorcón, adeudada desde la fecha 30 de junio hasta la fecha de cobro; ofrecía una quita sobre los intereses devengados a la misma fecha; se comprometía a suspender también la tramitación de los recursos contenciosos [...] .

En definitiva, es claro que ninguna de las concesiones efectuadas por las partes era ajena la relación jurídica controvertida en los diversos procesos a los que se ponía fin mediante la firma del convenio transaccional, en tanto se sacrificaban por parte de la contratista aquí apelante derechos al cobro idéntico, íntegro e indivisible del precio de las obras públicas ejecutadas, surgiendo también el pago de intereses a cargo de la Administración del propio incumplimiento de los mismos contratos, de modo que la transacción así convenida quedó configurada como transacción pura y meramente declarativa y no compleja y constitutiva.

Por lo tanto, los derechos que del convenio transaccional surgen no pueden entenderse distintos de aquellos nacidos de los contratos de obra pública de los que trae causa y ajena a ellos y las modificaciones de las condiciones de éstos por lo que la eficacia y el cumplimiento de una y otros siguen siendo los mismos".

La desestimación de esta infracción determina en consecuencia el rechazo de la pretendida indefensión material por la indebida aplicación del art. 69.d) de la LJ.

A) Solicita la recurrente en este recurso el abono del diferencial añadiendo al interés remuneratorio del apartado o cláusula quinta del contrato, hasta alcanzar los costes de factorización soportados por la parte acreedora.

No procedería estimar esta petición, no solo porque ya en el recurso contencioso solicita el cumplimiento íntegro y resume la recurrente los importes adeudados, sino porque la nueva petición incurre en:

Prescripción de la acción. Las cantidades fraccionadas fueron abonadas entre los años 2009 a 2012, (así consta en Doc. 2 folio 163 del EA) y la reclamación en vía administrativa en la que se fundamenta el presente recurso, es del año 2018, por lo que han transcurrido más de cuatro años, como así se dispone en el artículo 25 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria, cuyo literal es el siguiente: "1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años: a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.".

Por otra parte, igualmente han transcurrido más de cuatro años desde el pago de la última certificación que, según consta en el EA, folio 163, se realizó el 30/05/12, y la fecha de interposición de la demanda en vía civil 10/06/16).

El referido diferencial deberá ser aprobado, como recoge el apartado Quinto del Convenio, por ambas partes, no unilateralmente, sino por la mercantil y por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, y, por otra parte, no ha sido presentada factura, como también requiere el referido el apartado Quinto del Convenio,

B) Solicitud de intereses de demora devengados por el retraso en el pago de la cantidad anterior (116.040,96 €) que en la reclamación administrativa los cifra 69.626,34 € y en la demanda los cifra en la cantidad de 72.398,62 €, provisionalmente devengados hasta el día 5 de julio de 2018.

Consecuencia de lo expuesto en el anterior apartado y toda vez que se trata, en su caso de una cantidad, que son está cuantificada tampoco puede ser estimada la petición de abono de cantidad alguna en concepto de intereses de los intereses (anatocismo) que solicita la recurrente.

Asimismo, esta parte observa que la recurrente calcula los citados intereses moratorios teniendo en cuenta el tipo de interés recogido en la Ley de Morosidad, Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que en su artículo 7.2 recoge: "El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. Sin embargo, esta Ley tiene por objeto combatir la morosidad en las operaciones comerciales, NO en las operaciones financieras como es el caso, (así el artículo 1 de la citada Ley dispone: "Esta Ley tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración.")", por tanto, no se trata de interés de demora por falta de pago del principal de la factura o certificación por la prestación de un servicio o la realización de una obra, sino de compensar el perjuicio ocasionado por el retraso del pago de los intereses devengados por el aplazamiento de los intereses de demora, en cuyo caso, como así dispone el artículo 1.101 del Código Civil será el interés legal del dinero.

C) Solicitud de intereses por importe de 442.557,19 € en concepto de intereses de demora vencidos por el pago tardío de la cantidad de 996.833,16 € a cuyo pago fue condenado el Ayuntamiento según la sentencia nº 512/2015 recaída en los autos del procedimiento PA 587/12.

No procedería, no sólo porque ya en el recurso contencioso PA 587/12 solicita el cumplimiento íntegro del convenio, sino porque dichos intereses deberían solicitarse, en su caso, en ejecución de sentencia del procedimiento judicial antedicho, (PA 587/12), lo que no es tan solo una opinión de esta parte, sino que así se recoge en la sentencia recurrida.

Significar que la cantidad de 442.557,19€ se corresponde con los intereses devengados de los intereses, ya que los 996.833,16€ se corresponde con intereses de demora aprobados en el convenio transaccional, cuyo pago se vio aplazado, por tanto, el tipo de interés a aplicar no será el tipo de interés de la Ley de Morosidad, puesto que no estamos ante una operación comercial, sino que el tipo de interés aplicar sería el tipo de interés legal sin incremento alguno, al tratarse de una operación financiera.

D) Solicitud de intereses por importe de 14.730,95 € en concepto de intereses de demora vencidos por el abono tardío de la cantidad de 31.748,86 €, a cuyo pago fue condenado el Ayuntamiento según sentencia emitida en el Recurso Contencioso PA 587/12.

Como ya hemos manifestado, no procedería, no sólo porque ya en el recurso contencioso PA 587/12 solicita el cumplimiento íntegro del convenio, sino porque dichos intereses deberían solicitarse, en su caso en ejecución de sentencia del procedimiento judicial antedicho, (PA 587/12), e insistimos que, no es tan solo una opinión de esta parte, sino que así se recoge en la sentencia recurrida.

Significar que la cantidad de 14.730,95€ se corresponde con los intereses devengados de los intereses el aplazamiento (cláusula quinta del Convenio) (31.730,95 €), por tanto, el tipo de interés a aplicar no sería el tipo de interés de la Ley de Morosidad, como ya se ha manifestado y justificado su no uso a estos autos, al tratarse de operaciones financieras y no comerciales.

E) Solicita el abono de la cantidad de 8.450,24 € en concepto de intereses de demora vencidos por el abono tardío de la suma de 296.570,91 €, correspondiente al principal de la certificación nº 8 de la obra " Remodelación Parque Grande" estando previsto su abono en 31/03/10 según calendario de pago del Convenio y procediendo al abono real con fecha 06/08/10.

Contra esta petición del recurso caben las siguientes alegaciones:

Se ha producido prescripción del derecho a solicitar los intereses de demora al transcurrir más de cuatro años desde la fecha en la que se produjo el pago de la certificación hasta la fecha de la reclamación de dicho abono según dispone el artículo 25 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria, cuya copia del literal del artículo se indicó en el apartado A) de este Hecho Cuarto.

Queda dicho en el Auto de fecha 21 de febrero de 2018 dictado en el Orden de la Jurisdicción Civil (Doc. 1 aportado en nuestra contestación de demanda) que la recurrente al suscribir el convenio renunciaba a los intereses de demora que se devengaran posteriormente a la fecha en la que se calcularon los intereses según su Anexo en el meritado Convenio, siendo esto un hecho probado contra el que no se puede ir ahora.

F) Manifiesta la recurrente que, asimismo, fueron abonadas con retraso las cantidades de 284.567,40 €, 129.113,68 € y 268.770,78 € (mayo de 2012).

Lo cierto es que fueron abonadas conforme a lo establecido en el RD Ley 4/2012 de 24 de febrero por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, sin embargo, omite el recurrente que este RD Ley establecía un sistema de pago especial conocido como "Plan de Pagos a proveedores", por el que, para aquéllas empresas que se acogían al mismo, los intereses de demora devengados quedarían condonados a tenor de lo establecido en el artículo 9.2 cuyo literal dispone que: "El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.".

Manifestado lo anterior, hemos de decir que si se estimare el anterior apartado (Apartado E) reconociendo el derecho de la recurrente a recibir el cobro de los intereses de la certificación nº 8, que esta parte entiende que está prescrito, procedería la revisión de los intereses de demora reconocidos y cobrados por la recurrente referidos a las certificaciones de obra nº 9, 10 y 11, de las obras "Remodelación Barrio Grande" que fueron objeto de inclusión en el Convenio y cuantificados los mismos en la cantidad de 169.616,49€, así como los intereses devengados por el aplazamiento de los mismos calculados según apartado quinto del convenio, dado que las certificaciones de obra fueron incluidas en el Plan de Pagos a Proveedores.

En cuanto a los intereses de los intereses (Anatocismo) estos no le corresponden a la actora, por cuanto que el Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado, entre otras en Sentencia Sección Séptima de la Sala Tercera de 5 de julio de 2002 (rec. 5543/1996), de 29 de abril de 2002 (rec. 9267/1996), de 6 de julio de 2001 (rec. 8004/1995) y de 4 de julio de 2000 (Rec. 1047/1996) que, el anatocismo o intereses legales de los intereses de demora, tiene lugar cuando estos últimos han sido claramente determinados y configurados como líquidos, según doctrina jurisprudencial dictada con relación al art. 1109 del C. Civil, lo que no sucede cuando los parámetros de que ha de partirse para su cómputo son distintos de los que antes reclamaron y se tuvieron en cuenta. Así pues, no se parte de una cantidad líquida, determinada o determinable por medio de una operación aritmética sencilla, por cuanto que al señalarse un modo de determinación distinto y estar en litigio la cuantía de la base para calcular los intereses, se hace indeterminada e ilíquida la cantidad final, no concurriendo los requisitos necesarios para estimar el pago de los intereses de intereses.

Por todo ello solicita la confirmación de las sentencias dictada en primera instancia y en apelación.

QUINTO. Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 3 de octubre de 2023, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.