Sentencia Contencioso-Administrativo 1238/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 3594/2021 de 11 de octubre del 2023

PRIMERO.- Sobre el objeto y planteamiento del recurso de casación: El asunto litigioso referido a la impugnación de la sentencia impugnada de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de abril de 2021 .

El recurso de casación que enjuiciamos, interpuesto por la representación procesal de Gracia y Abelardo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras su reforma por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, tiene por objeto la pretensión de que se revoque la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de abril de 2021, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid de 31 de enero de 2020, que autorizó la entrada en un inmueble sito en Madrid, CALLE000 NUM000, para llevar a debido efecto la ejecución forzosa de una resolución de la Directora de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid 2021/2017, de 28 de marzo de 2017, relativa a la recuperación de la posesión del inmueble ocupado ilegalmente.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fundamenta la decisión de desestimar el recurso de apelación formulado contra el precedente Auto del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 28 de Madrid de 31 de enero de 2020, con base en el argumento de que, siendo que de las propias manifestaciones de los recurrentes se desprende que venían ocupando la vivienda desde 2014, por lo que han debido conocer las actuaciones de comprobación realizadas por la Administración desde el año 2016, no procede estimar la pretensión deducida respecto de la retroacción de las actuaciones al momento en que la Administración formuló la solicitud de entrada en el domicilio ocupado, con el objeto de que se les conceda un plazo para presentar alegaciones, ya que dicha pretensión choca frontalmente con la naturaleza jurídica del procedimiento de autorización de entrada en domicilio, regulado en el artículo 8.6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que no tiene carácter contradictorio.

Se razona en la sentencia recurrida que cabe tener en cuenta las circunstancias particulares concurrentes en este caso, en que ha quedado acreditado que la vivienda estaba ocupada por Teodoro y familia, con el que se practicaron todas las actuaciones de comprobación y que fue quien incumplió los requerimientos de desalojo voluntario, y a quien se le notificó la resolución de recuperación posesoria el 9 de mayo de 2017.

El recurso de casación se fundamenta en la alegación de que la sentencia de apelación recurrida, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, infringe los artículos 18.2 y 24.1 y 2 de la Constitución española, el articulo 27 de la Convención de los Derechos del niño y el articulo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, al no apreciar que en los procedimientos de autorización judicial de entrada en un domicilio para la ejecución forzosa de una resolución administrativa consistente en el desalojo de una vivienda es necesario otorgar el tramite de audiencia a las personas afectadas a fin de asegurar la proporcionalidad y la motivación de la resolución judicial que autoriza a la Administración a realizar un acto que incide en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Se formula la pretensión de que por esta Sala del Tribunal Supremo se fije la doctrina de que antes del dictado de a resolución sobre la autorización de entrada en domicilio para la ejecución de la resolución administrativa, en este caso, de lanzamiento de la vivienda en que resulta afectado una menor de edad junto a sus dos progenitores con una única fuente de ingresos de la percepción de la renta mínima por la progenitora, se conceda la posibilidad a la parte ocupante de la vivienda de un tramite de audiencia para dar a conocer las circunstancias familiares económicas y de vulnerabilidad y precariedad, para que con posterioridad por el dictado de la resolución judicial se posibilite la garantia de la ponderación y de la proporcionalidad de tales circunstancias fácticas.

SEGUNDO.- Sobre el marco normativo aplicable y acerca de la doctrina jurisprudencial que resulta relevante para resolver el recurso de casación.

Antes de abordar las cuestiones jurídicas planteadas por la parte recurrente, procede reseñar el marco jurídico aplicable, así como recordar la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala del Tribunal Supremo que consideramos relevante para resolver el presente recurso de casación :

A) El Derecho Internacional

El artículo 27 de la Convención sobre los derechos del niño, dispone:

"1.- Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el mño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cuales- quiera otros arreglos apropiado."

El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, dispone:

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

B) EL Derecho Estatal

El articulo 18.2 de la Constitución española establece:

"El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito."

El artículo 24 de la Constitución española, dispone:

"1.- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos."

El artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 31 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece:

"Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia."

C) La doctrina del Tribunal Constitucional.

En la sentencia del Tribunal Constitucional 188/2013 se formularon las siguientes consideraciones jurídicas:

"Como ya dijimos en la STC 69/1999 , de 26 de abril , "el domicilio constitucionalmente protegido, en cuanto morada o habitación de la persona, entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad, como hemos declarado desde la STC 22/1984 , fundamento jurídico 5 (asimismo, SSTC 160/1991 y 50/1995 , entre otras); pues lo que se protege no es sólo un espacio físico sino también lo que en él hay de emanación de una persona física y de su esfera privada ( STC 22/1984 y ATC 171/1989 )". En relación con los actos de la Administración cuya ejecución precisa de la entrada en un domicilio, que es el supuesto que ahora interesa, este Tribunal ha señalado, STC 139/2004, de 13 de septiembre, FJ 2:

"[Q]ue al Juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar la legalidad del acto administrativo que pretende ejecutarse. Conviene advertir que esta doctrina, aunque se ha establecido en relación con el Juez de Instrucción, que era quien antes de la reforma efectuada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante LJCA), otorgaba este tipo de autorizaciones, resulta igualmente aplicable a los Jueces de lo contencioso-administrativo, que son los ahora competentes para emitir aquéllas en los casos en los que ello sea necesario para la ejecución de los actos de la Administración pública ( art. 8.5 LJCA) -actual 8.6 LJCA- pues, en este concreto procedimiento, las atribuciones de estos Jueces se limitan únicamente a garantizar que las entradas domiciliarias se efectúen tras realizar una ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto. Como ha señalado este Tribunal (SSTC 160/1991 , de 18 de julio, FJ 8 ; 136/2000 , de 29 de mayo , FJ 3), en estos supuestos la intervención judicial no tiene como finalidad reparar una supuesta lesión de un derecho o interés legítimo, como ocurre en otros, sino que constituye una garantía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del derecho. De ahí que, para que pueda cumplir esta finalidad preventiva que le corresponde, sea preciso que la resolución judicial que autorice la entrada en el domicilio se encuentre debidamente motivada, pues sólo de este modo es posible comprobar, por una parte, si el órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación de los derechos o intereses en conflicto y, por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Por este motivo, el otorgamiento de esta clase de autorizaciones no puede efectuarse sin llevar a cabo ningún tipo de control, pues si así se hiciera no cumplirían la función de garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio que constitucionalmente les corresponde. Por esta razón este Tribunal ha sostenido que, en estos supuestos, el Juez debe comprobar, por una parte, que el interesado es el titular del domicilio en el que se autoriza la entrada, que el acto cuya ejecución se pretende tiene una apariencia de legalidad, que la entrada en el domicilio es necesaria para aquélla y que, en su caso, la misma se lleve a cabo de tal modo que no se produzcan más limitaciones al derecho que consagra el art. 18.2 CE que las estrictamente necesarias para la ejecución del acto [ SSTC 76/1992 , de 14 de mayo, FJ 3 a ); 50/1995 , de 23 de febrero, FJ 5 ; 171/1997 , de 14 de octubre, FJ 3 ; 69/1999 , de 26 de abril ; y 136/2000 , de 29 de mayo , FFJJ 3 y 4]. Junto a estas exigencias, este Tribunal ha señalado también que han de precisarse los aspectos temporales de la entrada, pues no puede quedar a la discrecionalidad unilateral de la Administración el tiempo de su duración ( STC 50/1995 , de 23 de febrero , FJ 7). Tales cautelas tienen como finalidad asegurar que no se restringe de modo innecesario el derecho a la inviolabilidad del domicilio, evitando un sacrificio desproporcionado de este derecho ( SSTC 50/1995 , de 23 de febrero, FJ 7 ; 69/1999 , de 26 de abril , FJ 4). Por ello las exigencias en cada supuesto dependerán de las circunstancias que concurran, pues, como se señala en la STC 69/1999 , de 29 de abril , FJ 4, los requisitos de detalle formulados a propósito de casos concretos pueden no resultar precisos en otros supuestos en los que las circunstancias sean diferentes.

En definitiva, ha de concluirse que, desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio se encontrará debidamente motivada y, consecuentemente, cumplirá la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible."

Como decimos, el órgano jurisdiccional debe velar por la proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal que la entrada en el domicilio sea absolutamente indispensable para la ejecución del acto administrativo. Pues será justamente en este juicio de proporcionalidad -al que expresamente remiten nuestras Sentencias 50/1995 y 69/1999, como canon de enjuiciamiento de la licitud de la autorización judicial de entrada en el domicilio-, en el de haberse respetado, no se producirá la vulneración del derecho fundamental. Como se ha indicado en los antecedentes de esta Sentencia, nos encontramos ante un caso en el que la Administración intenta ejecutar forzosamente el contenido de una resolución que ha dictado previamente y que el afectado se ha negado a cumplir voluntariamente."

D) La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (RC 270/2016), en relación con el procedimiento de autorización de entrada en domicilio para la ejecución forzosa de actos de la Administración en que residan menores de edad, fijamos la siguiente doctrina:

"1) Resulta incompartible con la debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de edad, tal como se reconoce en los artículo 11 y 12 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de marzo, de Protección Jurídica del Menor, y en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, en relación con las garantías establecidas en los artículos 18.2 y 24 de la Constitución, una resolución del juzgado de lo contencioso-administrativo de autorización de entrada en el domicilio (de conformidad con la potestad que le confiere el artículo 8.6 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) que no esté suficientemente motivada, en la medida que resulta exigible que el juez de lo contencioso-administrativo pondere la situación personal, social y familiar particular de los menores de edad que pueden verse afectados por la ejecución de la orden de desalojo.

2) Resulta incompatible con la debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de edad, tal como se reconoce en los artículo 11 y 12 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de marzo, de Protección Jurídica del Menor, y en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, en relación con la garantía de inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 de la Constitución, una resolución del juzgado de lo contencioso-administrativo de autorización de entrada en domicilio que no contenga un juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad, que se efectúe teniendo en cuenta los datos y elementos disponibles sobre la afectación de los derechos e intereses de los menores de edad que la decisión judicial comporta. "

En la sentencia de 12 de febrero de 2021 (RC 2118/2020), sostuvimos:

"Es importante no olvidar que también hemos dicho que el juez habrá de comprobar, antes de autorizar la entrada en domicilio para el desalojo forzoso, que la Administración ha previsto la adopción de las medidas precautorias adecuadas y suficientes para que el desalojo cause el menor impacto posible a aquellos ocupantes que se encontraren en situación de especial vulnerabilidad.

No basta, por tanto, con que el juez dirija una admonición genérica a la Administración para que el día previsto para el desalojo procure la debida protección de los menores y, en general, de las personas especialmente vulnerables que pudieran resultar afectadas por dicho desalojo; es preciso que, antes de emitir la autorización de entrada, el juez compruebe que la Administración ha adoptado unas concretas medidas al respecto y que, realmente, éstas son suficientes para que, cuando llegue el día y el momento de proceder al desalojo, las personas especialmente vulnerables afectadas sean efectivamente protegidas y no queden desamparadas."

Y en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2023 (RC 2470/2021), fijamos la siguiente doctrina:

"En relación con la cuestión de interés casacional planteada en el Auto de admisión, hemos de reiterar el criterio de que estando afectadas personas vulnerables en un desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente, la autorización de entrada debe comprobar ex ante la adecuación y proporcionalidad de las medidas adoptadas por la Administración para la protección de dichas personas, sin cuestionar en cambio la procedencia del desalojo ya ventilada en el correspondiente procedimiento previo. El órgano judicial contencioso administrativo no es competente para determinar las concretas medidas a adoptar, pero sí debe comprobar antes de autorizar la entrada en un domicilio ocupado ilegalmente al objeto de proceder a su desalojo, que la Administración que lo ejecuta ha tenido en cuenta la protección de las personas vulnerables y que las medidas adoptadas son proporcionadas y suficientes, habida cuenta de las circunstancias que concurran en cada caso."

TERCERO.- Sobre las infracciones del ordenamiento jurídico en que se fundamenta el recurso de casación, referidas a la vulneración de los artículos 18.2 y 24 de la Constitución , los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del artículo 27 de la Convención sobre los derechos del niño y del articulo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos .

La cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia sobre la que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar, tal como se refiere el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2022, si la necesaria ponderación de las circunstancias concurrentes (y en especial, la presencia de menores o de otras personas vulnerables en el domicilio), antes de la concesión o denegación de la autorización judicial para la entrada en domicilio solicitada para la ejecución de un acto administrativo, requiere de la audiencia de las personas afectadas.

A tal efecto, resulta procedente poner de manifiesto que la respuesta que demos a esta cuestión comporta resolver si, tal como propugna la defensa letrada de la parte recurrente en su escrito de interposición, procede revocar la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala lo Contencioso-Administrativo de Madrid de 22 de abril de 2021, con el objeto de que se estime la pretensión formulada en el recurso de apelación y reiterada en el seno del proceso casacional, referida a la petición de retroacción de las actuaciones a los efectos de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid conceda un tramite de audiencia a los apelantes para presentar escrito de alegaciones y documental que permita al órgano judicial valorar las circunstancias concurrentes referidas a la vulnerabilidad y precariedad de la unidad familiar en el momento del dictado de la resolución judicial, en relación con la solicitud de autorización de entrada en domicilio formulada por la Comunidad de Madrid.

Delimitada, en estos estrictos términos, la controversia casacional, esta Sala debe partir como premisa para resolver este recurso de casación de la naturaleza jurídica del procedimiento de autorización para de entrada en domicilio para la ejecución forzosa de actos de la Administración Pública, regulado en el articulo 8.6 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como de la exposición de las características de la función jurisdiccional que ejercen los Jueces de lo Contencioso-Administrativo en la tramitación de este procedimiento, que no tiene como objeto revisar la legalidad de la actuación administrativa, sino, únicamente, garantizar que la entrada se realice una vez ponderados los derechos e intereses en conflicto.

Acogiendo los términos en que el Tribunal de Instancia aborda esta cuestión sobre la naturaleza jurídica del procedimiento autorizatorio de entrada en domicilio, que destaca por su solvencia y rigor jurídico agurmentativo, cabe subrayar que, según se refiere en la sentencia del Tribunal Constitucional 139/2004, de 13 de septiembre, la intervención del Juez, en los supuestos de autorización para la entrada en un domicilio para la ejecución forzosa de una resolución administrativa, no tiene como objeto reparar una supuesta lesión de un derecho o interés legitimo, sino que constituye una garantía destinada a prevenir la eventual vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Cabe asimismo, al respecto, subrayar que en la sentencia constitucional 178/2013, de 4 de noviembre, se mantiene que la autorización debe ir precedida de una adecuada ponderación de los distintos derechos e intereses en conflicto, que permitan comprobar que dicha medida es absolutamente indispensable para la ejecución del acto administrativo, de manera que la autorización judicial será lícita, desde la perspectiva constitucional cuando nos encontramos ante una resolución debidamente motivada que contenga explícitamente ese juicio de ponderación.

En el mismo sentido, en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (RC 270/2026), siguiendo la jurisprudencia constitucional, sostuvimos que la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio debe estar debidamente motivada y debe cumplir la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde al Juez de lo Contencioso-Administrativo, de modo que pueda comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible.

Referíamos en la mencionada sentencia de esta Sala que el Tribunal Constitucional había señalado que el órgano jurisdiccional debe velar por la proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal que la entrada en el domicilio sea absolutamente indispensable para la ejecución del acto administrativo, pues será justamente en este juicio de proporcionalidad -al que expresamente remiten las Sentencias 50/1995 y 69/1999, como canon de enjuiciamiento de la licitud de la autorización judicial de entrada en el domicilio-, en el de haberse respetado, no se producirá la vulneración del derecho fundamental.

Y, en relación con el juicio de ponderación cuando la autorización de entrada en un domicilio para ejecutar una orden de desalojo de una vivienda que afecta a menores de edad, señalamos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las sentencias de 24 de abril de 2012 (Caso Yordanova y otros contra Bulgaria) y de 17 de octubre de 2013 (Caso Winterstein y otros contra Francia), declaró que cualquier persona en riesgo de sufrir la pérdida del hogar familiar debe tener la garantía de que la medida sea proporcionada y razonable, y que esa proporcionalidad y razonabilidad será valorada por un tribunal atendiendo a todos los factores involucrados de carácter social y personal.

Y, al respecto, la sentencia de esta Sala de 10 de julio de 2023 (RC 2470/2022), hemos confirmado el criterio de que estando afectadas personas vulnerables en un desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente, la autorización de entrada debe comprobar ex ante la adecuación y proporcionalidad de las medidas adoptadas por la Administración para la protección de dichas personas, sin cuestionar en cambio la procedencia del desalojo ya ventilada en el correspondiente procedimiento previo, subrayando que el órgano judicial contencioso administrativo no es competente para determinar las concretas medidas a adoptar, pero sí debe comprobar antes de autorizar la entrada en un domicilio ocupado ilegalmente al objeto de proceder a su desalojo, que la Administración que lo ejecuta ha tenido en cuenta la protección de las personas vulnerables y que las medidas adoptadas son proporcionadas y suficientes, habida cuenta de las circunstancias que concurran en cada caso.

Conforme a estos parámetros jurisprudenciales, en el caso que enjuiciamos, limitado a resolver una cuestión de carácter procedimental, vinculada al derecho fundamental a un proceso debido con todas las garantías sin indefensión y al deber del Juez de motivar las resoluciones judiciales, en relación con las garantías de tramitación de un procedimiento de autorización de entrada en el domicilio, relativa a si resulta indispensable que el Juez de lo Contencioso-Administrativo, a quien se encomienda la función de autorizar la entrada en domicilio, conceda un trámite de audiencia a las personas afectadas en el desalojo de la vivienda antes de dictar la resolución, atendiendo a las pretensiones deducidas por la parte recurrente, tanto en el recurso de apelación como en el presente recurso de casación, estimamos que la sentencia impugnada no infringe los artículos 18.2 y 24 de la Constitución.

Consideramos, al respecto, que el Tribunal de instancia, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid, ha efectuado una adecuada ponderación de los derechos invocados, tras una valoración pormenorizada de los hechos expuestos por los recurrentes sobre el estado de vulnerabilidad de la unidad familiar, y ha adoptado las cautelas previas exigidas para que la entrada en domicilio no suponga un riesgo a la protección del menor, por lo que sería contrario a la lógica procesal la retroacción de actuaciones para que el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 28 de Madrid procediera a revisar la elaboración de las circunstancias concurrentes que ya fue efectuada por el Tribunal de Apelación.

En efecto, no consideramos que, en este caso, en razón de las singulares circunstancias concurrentes, sea pertinente acoger la pretensión de retroacción de las actuaciones al momento en que la Administración solicitante formuló la solicitud de autorización de entrada en el domicilio con la finalidad de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo conceda un tramite de audiencia a los recurrentes para que el órgano jurisdiccional "pueda conocer las circunstancias familiares, económicas, sociales y en su caso, de vulnerabilidad y precariedad" de la unidad familiar ocupante, a los efectos de poder dictar una resolución motivada.

Cabe entender, al respecto, sin obviar que el procedimiento de autorización regulado en el vigente articulo 8.6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no tiene carácter contradictorio, que dicha pretensión ha sido materialmente satisfecha por la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha confirmado la decisión de autorizar la entrada en el inmueble adoptada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 28 de Madrid, al estimar que no se ha producido indefensión material a los recurrentes en apelación, tras valorar las alegaciones formuladas y la documentación aportada acreditativa de las circunstancias referidas a la ocupación del inmueble en la que residía sin título Teodoro y su madre desde 2014, con el que se habría tramitado el expediente administrativo de recuperación posesoria del inmueble por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, al amparo del artículo 11 de la Ley 3/2001 de 21 de junio del Patrimonio de la Comunidad de Madrid (resolución administrativa que fue notificada al referido ocupante y que devino firme al no se impugnada a la jurisdicción contencioso-administrativa) y en la que residían presuntamente también los recurrentes en apelación durante un prolongado tiempo sin titulo posesorio, teniendo en cuenta que la propia sentencia recurrida declara en su fallo que, antes de proceder al desalojo, la Administración ha de articular las medidas de protección adecuadas para proteger los menores de edad, en consonancia con la doctrina del Tribunal Supremo expuesta en las sentencias 191/2021, de 12 de febrero de 2021 (RC 2118/2020) y 237/2021, de 22 de febrero de 2021 (RC 2015/2020), que se citan expresamente en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, lo que determina que las medidas sean comunicadas al Juzgado que deberá comprobar ex ante su suficiencia e idoneidad.

No obstante lo expuesto, esta Sala debe precisar que, conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial expuesta en las sentencias de 23 de noviembre de 2017 (RC 270/2016) y de 10 de julio de 2023 (RC 2470/2021), cuando de la solicitud formulada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por la Administración Pública para que se autorice la entrada en el domicilio con el objeto de proceder a la ejecución forzosa de un acto administrativo, se desprenda la existencia de menores de edad en situación de vulnerabilidad (lo que acontece en el presente caso de forma supuestamente sobrevenida, pues el expediente administrativo se tramitó íntegramente con los ocupantes del inmueble que fueron identificados por la Agencia de de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid), el Juez de lo Contencioso-Administrativo podrá recabar de la Administración aquellos datos que resulten imprescindibles para garantizar la adecuada ponderación de los derechos e intereses en conflicto, en relación con la protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho al respeto a la vida privada y familiar y el derecho a una vivienda digna.

CUARTO.- Sobre la formación de jurisprudencia relativa a la estructura del procedimiento de autorización de entrada en domicilio para la ejecución forzosa de actos administrativos regulado en el artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

Conforme a los precedentes razonamientos jurídicos expuestos, esta Sala respondiendo a la cuestión planteada en el recurso de casación que presenta interés casacional objetivo, considera que:

La estructura del procedimiento judicial de autorización para la entrada en domicilio para la ejecución forzosa de actos de la Administración Publica, regulado en el artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no tiene carácter contradictorio. En consecuencia, no requiere de manera inexcusable la audiencia previa de las personas afectadas en los supuestos de desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente, siempre que conste la tramitación regular del procedimiento con las personas identificadas en el expediente administrativo, que pueden instar la suspensión cautelar de la resolución administrativa que motiva la recuperación posesoría ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo competente.

En los supuestos en que de la solicitud de autorización para la entrada en domicilio para la ejecución forzosa de un acto administrativo se evidencie o se infiera la presencia de personas menores de edad en situación de vulnerabilidad, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo podrá, antes de adoptar la resolución que proceda, recabar de la Administración Pública ejecutante que remita aquellos datos referidos a las condiciones socioeconómicas de la unidad familiar afectada por la resolución de desalojo, que resulten indispensables para garantizar la adecuada ponderación de los derechos e intereses en conflicto, en relación con el derecho fundamental a la no injerencia en el domicilio, el derecho al respeto a la vida privada y familiar y el derecho a una vivienda digna, así como requerirle para que adopte las medidas relativas a la protección de los intereses habitaciones de los menores de edad, con la obligación de verificar si estás son suficientes e idóneas a tal fin.

En consecuencia con lo razonado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Gracia y Abelardo contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de abril de 2021.

QUINTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 93.4 y 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la Sala acuerda que no procede la imposición de las costas causadas en el recurso de casación, manteniéndose el pronunciamiento de no imposición efectuado en la sentencia impugnada.