Sentencia Contencioso-Administrativo 380/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 5532/2024 de 25 de marzo del 2026

PRIMERO. - Los términos del litigio y la sentencia recurrida.

1.- El 2 de abril de 2023, el recurrente solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la inclusión del período del 12 de noviembre de 1990 al 16 de mayo de 1991 en el Fichero General de Afiliación como trabajador perteneciente al extinguido Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local (MUNPAL). Con fecha 5 de abril de 2023 la Administración de la TGSS le comunicó que, efectuadas las oportunas comprobaciones, no consta en la base de datos de la ex MUNPAL, períodos de alta ni ingreso de cotizaciones relativos al interesado con anterioridad al 17 de mayo de 1991, notificándoselo el 20 de abril.

2.- Contra la citada resolución presentó recurso de alzada, que fue desestimado mediante resolución del Director Provincial de Asturias de la TGSS de 26 de mayo de 2023. En ella se indica que los efectos de las altas en el Régimen General de los trabajadores procedentes de la extinta MUNPAL, para cuyo pronunciamiento es competente la Tesorería General de la Seguridad Social, nunca podrán ser anteriores al 1 de abril de 1993, en aplicación del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril ( BOE de 3 de abril de 1993), de integración de los funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social. A lo que añade que en la extinta MUNPAL, de acuerdo a su normativa de creación, únicamente podían estar afiliados los funcionarios que tenían tal condición en propiedad y no los interinos, eventuales o en prácticas, y en el período solicitado por el recurrente su prestación de servicios en el Ayuntamiento de Gijón lo fue en su condición de funcionario en prácticas.

3.- Contra la anterior resolución interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que "estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Marta María Arija Domínguez en nombre y representación de don Jesús María contra la resolución de la TGSS de 26 de mayo de 2023, debemos anular y anulamos dicha resolución, por no ser la misma conforme a derecho, reconociendo el derecho del recurrente a que se incluya en su vida laboral el período trabajado en el Ayuntamiento de Gijón comprendido entre el 12-11-1990 al 16-5-1991, ambos inclusive, con todos los efectos inherentes a dicha declaración; sin costas".

Citando sentencias de otras Salas Territoriales - del TSJ de Madrid en recurso 77/2021 y del TSJ de Castilla-León ,Valladolid en recurso 402/2017- fundamenta su decisión en la procedencia de la inclusión en la vida laboral del período reclamado, conforme a un documento con valor y efecto jurídico, el de alta en la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) desde la toma de posesión el 12 de noviembre de 1990-, así como a la retención de la cotización en las respectivas nóminas y el efectivo ingreso de esas cantidades por parte del Ayuntamiento de Gijón, en la MUNPAL. Por ello entendió que se daban las circunstancias para apreciar, en este concreto supuesto, la variación de datos en la historia de vida laboral del demandante, por sustentarse en actos acreditados con transcendencia jurídica.

SEGUNDO. - La cuestión de interés casacional.

El auto de la Sección de Admisión de esta Sala de 5 de marzo de 2025 declaró, que la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es que "se determine si, con base a la solicitud del informe de vida laboral, el trabajador puede impugnar su contenido ante la Tesorería General de la Seguridad Social por no comprender los periodos de cotización que considera acreditados y no incluidos en aquél o debe acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social".

TERCERA. - Las alegaciones de las partes.

A) El recurso de casación de la Letrada de la TGSS.

Considera que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en relación con el artículo 5 y la disposición adicional primera del Real Decreto 480/1995, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local, y con los artículos cuatro y cinco de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, sobre creación de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL).

Aduce que la cuestión controvertida ha sido resuelta de forma reiterada por la Sala en sentencias como la 105/2019, de 31 de enero, 1352/2020, de 19 de octubre, y 597/2023, de 16 de mayo, y en el mismo sentido se han pronunciado varias Salas territoriales.

Sostiene que, según la sentencia recurrida, para que la Seguridad Social rectifique los certificados de vida laboral de los trabajadores es suficiente la existencia de actos acreditados con trascendencia jurídica, en este caso el alta en la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL). Sin embargo, las sentencias de contraste que invoca sostienen lo contrario, pues tal modificación solo procede en los casos en los que existe una resolución judicial firme -ya sea de la jurisdicción social o de la civil-. Además, la sentencia recurrida permite que se incluya un periodo de cotización sin acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, infringiendo la jurisprudencia, lo que resulta especialmente significativo en este caso, en el que el demandante en instancia procede de la Mutualidad citada, que se integró en el Régimen General de la Seguridad Social con efectos del 1 de abril de 1993.

Concreta su pretensión en que se fije por esta Sala la siguiente doctrina casacional: "Partiendo de que los informes de vida laboral tienen un mero carácter informativo, pues no constituyen en sí mismos actos administrativos que creen para el interesado derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social, sino que se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la TGSS, el trabajador no puede impugnarlos ante dicho Servicio Común por no incluir determinados períodos trabajados y pretender que se le consideren cotizados, y tendrá que acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social para determinar si concurren los requisitos para causar las correspondientes prestaciones de Seguridad Social y la hipotética responsabilidad del empresario derivada del incumplimiento de sus obligaciones de afiliación, alta y cotización".

Y, en consecuencia, se dicte sentencia estimatoria del recurso por la que se confirme la resolución de la TGSS que desestimó la solicitud del demandante de rectificación de su vida laboral.

B) La oposición de don Jesús María

Afirma que la sentencia recurrida analiza pormenorizadamente la jurisprudencia opuesta de contrario y, a la vista de la prueba practicada, concluye que no nos encontramos ante un supuesto en el que a través de la vida laboral se corrija el incumplimiento por parte de la empresa de dar de alta y cotizar respecto a un trabajador. Ese hecho fue reconocido por el Ayuntamiento empleador, certificando su alta, cotización e ingreso de cuotas de noviembre de 1990 a mayo de 1991.

Tras reproducir el contenido de esos documentos, concluye sosteniendo que, al haberse acreditado que el Ayuntamiento de Gijón había dado de alta, cotizado e ingresado las cuotas del recurrido a la extinta MUNPAL durante el periodo controvertido, la sentencia recurrida reconoció que estos periodos de cotización también han de constar en su correspondiente informe de vida laboral, lo que resulta conforme a la legislación y jurisprudencia aplicable. Por todo ello solicita la desestimación del recurso

CUARTO. - El juicio de la Sala. La doctrina casacional.

1.- La cuestión de interés casacional planteada en este recurso es la misma que en otros ya sentenciados por esta misma Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es el caso de la sentencia 52/2026, de 26 de enero (recurso 7273/2023), donde dijimos:

<< QUINTO.-Criterio de esta Sala.

Desde ahora dejamos anticipado que el planteamiento de la recurrente, que antes hemos reseñado en el antecedente tercero, debe ser acogido por esta Sala. Y ello por razones ya recogidas en la jurisprudencia, de la que son exponente, entre otras, las sentencias de la Sección 4ª de esta Sala 105/2019, de 31 de enero (casación 2222/2016, F.J. 3 º) y 1352/2020, de 19 de octubre (casación 4331/2018 , F.J. 3º) y por esta misma Sección 3ª en sentencia nº 597/2023, de 16 de mayo (casación 573/2021 FFJJ 3 y 4).

De la citada - STS 1352/2020, de 19 de octubre (casación 4331/2018 , F.J. 3º), en la que se citan otros pronunciamientos anteriores, interesa reproducir ahora el siguiente fragmento:

" TERCERO.- [...]

Debemos recordar, a estos efectos, que sobre la denuncia de errores o desajustes en la vida laboral esta Sala Tercera únicamente ha considerado relevante en los casos en los que venía avalada por una resolución judicial firme, ya sea de la jurisdicción social o de la civil, como es el caso de las Sentencias de 1 de octubre de 2020 (recurso de casación n.º 4525/2018 ), y de 23 de enero de 2019 (recurso de casación n.º 359/2016 ).

Conviene recordar a estos efectos que la solución que adoptamos es la que resulta compatible con nuestra jurisprudencia, cuando en la STS de 16 de febrero de 2018 (recurso de casación n.º 3823/2015 ) declaramos que "a la vista del tenor del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y, antes, del artículo 14 del Texto Refundido que aprobó el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, es pacífica la interpretación de que los informes de vida laboral no constituyen en sí mismos actos administrativos en materia de Seguridad Social que creen derechos y obligaciones para el interesado, respecto del cual se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la TGSS. Tienen por ello mero carácter informativo. Y de ahí que la modificación de un informe de vida laboral anterior en el que se recogía como cotizado un periodo de tiempo que en el nuevo informe no figura, no requiera incoar los procedimientos de revisión de oficio de aquellos artículos 102.1 o 103.1 de la Ley 30/1992 , sólo previstos para la revisión de actos administrativos nulos o para la declaración de lesividad de actos administrativos anulables. Lo anterior no quiere decir que el informe de vida laboral no pueda impugnarse por el interesado si éste considera que los datos que elimina y que constaban en otro precedente han sido eliminados indebidamente, pero tal impugnación, para que prospere, tiene que fundarse en que los datos eliminados -la afiliación, el alta, la baja o el periodo cotizado- tuvieron lugar realmente, y no en la supuesta existencia de un derecho consolidado derivado de los datos del informe precedente, que ya no podrían eliminarse por más que la TGSS verificara la ausencia de afiliación, del alta o de la baja o de la cotización y así lo hiciera constar en el posterior informe de vida laboral" [...]".

Como antes hemos señalado, en el caso que ahora examinamos la representación de Dª Isabel, parte recurrida en casación, aduce que no estamos aquí ante una impugnación de informe de vida laboral y que lo pretendido por la demandante en el proceso de instancia es que constase el alta en la Seguridad Social durante el período al que se refería la controversia. Sin embargo, tal alegato no puede ser acogido pues, si atendemos al acto impugnado en el proceso de instancia, lo cierto es que la resolución de la Dirección provincial de A Coruña de la Tesorería General de la Seguridad Social de 31 de agosto de 2022, que desestimó el recurso de alzada, pone de manifiesto en su hecho primero lo siguiente:

" (...) El 08/04/2022, Dña. Isabel presenta, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solicitud de inclusión en el informe de su vida laboral del período comprendido entre el 02/01/1991 y el 03/10/2001, en el que la interesada manifiesta haber prestado servicios en la empresa Concello de Ordes (período previo a su alta en el Código de Cuenta de Cotización nº NUM000, perteneciente a dicha empresa), aportando a tales efectos copia del escrito de dicho Concello de fecha 15/06/2016, en el que se estima su solicitud de reconocimiento de antigüedad como personal laboral indefinido no fijo en la empresa con efectos de 02/01/1991, sin que tal reconocimiento implique su derecho a percepción de cantidad económica alguna".

Puede verse así que lo que la Sra. Isabel pedía a la Administración de la Seguridad Social, y esta le denegó, era, en definitiva, una determinada rectificación del informe de su vida laboral a efectos de que se incluyese el alta durante un determinado período. Y esto es precisamente lo que no tiene cabida según la jurisprudencia de esta Sala recogida en la sentencia nº 597/2023, de 16 de mayo (casación 573/2021 ) que antes hemos citado y que ahora habremos de reiterar.

SEXTO. -Respuesta a la cuestión de interés casacional.

De conformidad con lo razonado en los apartados anteriores, y como respuesta a la cuestión de interés casacional enunciada en el auto de admisión del presente recurso de casación, procede que declaremos lo siguiente: partiendo de que los informes de vida laboral tienen un mero carácter informativo, pues no constituyen en sí mismos actos administrativos que creen para el interesado derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social sino que se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la Tesorería de la Seguridad Social, el trabajador no puede impugnar ante dicha Tesorería el informe de vida laboral por no comprender este determinados periodos de cotización sino que a tal efecto debe formular la correspondiente reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.>>.

Es indudable que esta es la doctrina que la sentencia acoge y reitera. Ahora bien, no es posible aplicarla en su literalidad al caso de autos pues los hechos que concurren presentan una singularidad relevante que lo impide.

2.- El Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, llevó a cabo la integración de la MUNPAL en el RGSS, con efectos de 31 de marzo de 1993.

Esa integración produjo varios efectos:

1º) El personal activo y pasivo que, en 31 de marzo de 1993, estuviese incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de la MUNPAL quedará integrado con efectos del 1 de abril de 1993 en el RGSS (artículo 1)

2º) Las pensiones reconocidas por MUNPAL y que se reconozcan, por hechos causantes anteriores al 1 de abril de 1993, serán asumidas por el RGSS a partir de dicha fecha, en la cuantía que tuvieran el 31 de marzo de 1993 y con la naturaleza y condiciones que fueron reconocidas, pasando sus titulares a tener la consideración de pensionistas del Régimen General.

3º) Además, como consecuencia de esta integración se regula un doble efecto en relación con las cotizaciones: (i) En relación con las cotizaciones futuras, el artículo 4 dispone: "La cotización al Régimen General de la Seguridad Social, a partir de 1 de abril de 1993, se hará por todas las contingencias de acuerdo con las normas que rigen para dicho Régimen, con las excepciones y particularidades previstas en las disposiciones transitorias tercera, cuarta y quinta del presente Real Decreto";(II) Respecto de las cotizaciones anteriores, el artículo 5 establece: "Los períodos de cotización y asimilados efectuados a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, así como los de afiliación activa a los que se refiere el apartado 2 de la disposición final quinta de la Orden de 9 de diciembre de 1975, que acrediten los asegurados en el Régimen Especial integrado, surtirán plenos efectos para causar las prestaciones previstas en el Régimen General de la Seguridad Social".

Por tanto, este inequívoco reconocimiento normativo no dejaba margen a la duda y el periodo cotizado en la MUNPAL antes de la integración debía ser tenido en cuenta a todos los efectos en el Régimen General de la Seguridad Social. Esto es lo que toma en consideración la Sala Territorial de Asturias para dictar la sentencia impugnada.

3.- Tal y como advierte el escrito de oposición, no nos encontramos ante un supuesto en el que a través de la vida laboral se pretenda corregir el incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de afiliar, dar de alta y cotizar respecto de un trabajador, lo cual podría justificar la necesidad de acudir al INSS, como entidad gestora para el reconocimiento de los periodos de cotización, primer argumento que la TGSS empleó para rechazar la petición de actualización del informe de vida laboral del Sr. Jesús María.

Esos hechos -afiliación, alta y cotización de la empresa- fueron reconocidos por el Ayuntamiento empleador, certificando en forma su afiliación, alta, cotización e ingreso de cuotas en la MUNPAL en virtud de prueba documental que ha sido valorada por la sentencia impugnada a los efectos de considerar acreditado su derecho a la corrección del informe de vida laboral. Por tanto, no estamos ante un supuesto típico de incumplimiento empresarial que permita considerar correcta la decisión adoptada por el servicio común que es la TGSS.

Por eso, este supuesto se aleja de lo resuelto en otras resoluciones dictadas por otras Salas territoriales ( STSJ de Asturias de 22 de febrero de 2021, rec. 330/2021, o STSJ de Madrid de 12 de enero de 2023, rec. 77/2021). Por el contrario, se asemeja a lo decidido por la STSJ de Castilla León, Sala de Valladolid. de 9 de julio de 2019, rec. 402/2017).

4.- La resolución administrativa de alzada desestimó el recurso invocando dos argumentos. El primero de ellos se refirió a que las altas en la MUNPAL debían ser anteriores al 1 de abril de 1993, lo cual, siendo cierto, poco tenía que ver con la cuestión planteada puesto que en la documentación aportada por el recurrente acreditaba su alta en la MUNPAL el 12 de noviembre de 1990, y el periodo de cotización reclamado -del 12 de noviembre de 1990 al 16 de mayo de 1991- también era anterior a la fecha de extinción de la citada Mutualidad.

En cuanto al segundo motivo alegado para justificar la denegación de la pretensión del recurrente fue que los funcionarios en prácticas no podían estar afiliados a la MUNPAL: "De acuerdo a su normativa de creación, únicamente podían ser afiliados los funcionarios que tenían tal condición en propiedad, y no los interinos, eventuales, prácticas...". Este argumento tampoco resulta aceptable por un doble orden de razones:

1ª) La realidad de los hechos pone de manifiesto que el alta fue certificada por la MUNPAL, habiendo percibido esa entidad las cotizaciones efectivamente realizadas. La realidad es que existió afiliación, alta y cotización y ello, salvo que se quiera admitir una situación de enriquecimiento improcedente de la Administración, debe ser tomado en consideración para rechazar la exclusión que mantiene la TGSS y, en definitiva, declarar erróneo el contenido del informe de vida laboral.

2ª) Si bien es cierto que el artículo 4 de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, sobre creación de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, establecía la obligatoriedad de asegurar en dicha Mutualidad a "los funcionarios en propiedad y obreros de plantilla al servicio de las Corporaciones locales",después el artículo 5 disponía: "Podrán asegurarse con carácter voluntario en la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local aquellas personas que, no teniendo el carácter de funcionarios de la Administración Local, presten servicios en propiedad en Organismos y Dependencias de la Administración Pública cuando sus funciones guarden relación inmediata con la Administración Local y siempre que cumplan los requisitos que los Estatutos de la Mutualidad establezcan".

Ese precepto fue invocado por el recurrente en su recurso ante la TGSS, acompañándolo de documentación acreditativa del alta en la MUNPAL. Lo que además quedaba corroborado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que aducía en su recurso. Lo cual es también cierto, pues la antigua Sala 5ª del Tribunal Supremo en su sentencia 311/1980, de 29 de abril, confirmó la legalidad de este tipo de cotización, al señalar en su único considerando lo siguiente:

"Que ya tiene declarado la Sala, sentencias entre otras de 9 de febrero , 7 de marzo y 23 de noviembre de 1979 , que la recurrida Orden del Ministerio del Interior fecha 8 de noviembre de 1977, en cuanto al debatido tema de su norma, novena apartado dos, referente a integración de funcionarios interinos, eventuales, temporeros y contratados en la respectiva Corporación Local y al abono por ésta de cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local (MUNPAL), está ajustada al Ordenamiento Jurídico; y ello porque la Orden se dictó en cumplimiento de la autorización concedida por el Decreto 1409 de 2 de junio de 1977 en su artículo 5º ; y porque al imponerse a las Corporaciones Locales el abono a la MUNPAL de las cuotas atinentes a dichos funcionarios, como el Decreto 2175 de 25 de agosto 1978 estableció el cómputo recíproco de cotizaciones entre la, Mutualidad y los diversos regímenes de la Seguridad Social, quedó con ello resuelta y excluida la posible duplicidad en el pago a que se refiere la entidad a actora".

Pero la resolución administrativa discutida olvida en cambio que, desde el momento de la solicitud presentada por el recurrente, la TGSS ya tenía en su poder la prueba que ha valorado la sentencia judicial. En esa prueba, que la TGSS no tomó en consideración para subsanar los errores y desajustes en la vida laboral del Sr. Jesús María, quedó acreditado que en los meses afectados por la reclamación de modificación del informe de vida laboral el Ayuntamiento de Gijón había dado de alta al empleado en el padrón de la MUNPAL, había deducido de las nóminas las cantidades correspondientes a la cotización en la MUNPAL, dándole su correspondiente número de operación contable de caja, así como el hecho de que las citadas cantidades fueron ingresadas a la MUNPAL en virtud de convenio de aplazamiento suscrito por el citado Ayuntamiento y la MUNPAL el 11 de febrero de 1993, al amparo del Real Decreto 532/1992, de 22 de mayo, sobre aplazamiento del pago de la deuda de las Corporaciones Locales y Entidades afiliadas a Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, correspondiente a los años 1990 y 1991.

En definitiva, la TGSS era conocedora de que las obligaciones de afiliación, alta y cotización habían sido cumplidas en plazo y forma por el Ayuntamiento de Gijón. Sin embargo, no lo tuvo en cuenta y declaró que no constaba que la empresa o el trabajador hubieran instado la afiliación en plazo de períodos distintos de los que están reflejados en el informe de vida laboral, resolviendo que no procedía acceder a su pretensión.

Por otra parte, como la MUNPAL quedó extinguida el 1 de abril de 1993, es explicable que en sus registros no constase la cotización del interesado puesto que el ingreso por el Ayuntamiento de Gijón de las cantidades adeudas relativas a ella se hizo cuando estaba ya extinguida la MUNPAL. Ahora bien, lo que es incuestionable es que ese ingreso quedaba suficientemente justificado con la prueba documental aportada por la parte con su solicitud, toda ella integrada por documentos oficiales. Es más, y en todo caso, esa prueba permite afirmar que los hechos certificados por el Ayuntamiento de Gijón en el año 2022 se habían producido con anterioridad a la fecha de la integración de la MUNPAL en el RGSS -30 de marzo de 2011-, habiéndose firmado incluso el convenio de aplazamiento de pago que ya se hizo efectivo una vez producida esa integración.

5.- La conclusión no puede ser otra: en el periodo reclamado (del 12 de noviembre de 1990 al 16 de mayo de 1991) el interesado mantuvo una relación estatutaria con el Ayuntamiento de Gijón, estuvo afiliado y cotizó al régimen especial de la MUNPAL y con los efectos propios de su integración en el RGSS.

Y no es obstáculo a esta conclusión cuanto alega la Letrada de la Seguridad Social sobre el carácter del informe de vida laboral y su inidoneidad para reconocer derechos y obligaciones porque, al margen de cuál sea su virtualidad a esos efectos, no parece dudoso que ha de responder a la realidad y parte de esa realidad es la que refleja la documentación citada que, como decimos, ha probado la relación estatutaria, el alta y la cotización. Una vez que la Administración tomó conocimiento de ella, precisamente a instancia del interesado, no cabía sino cumplirla e integrar con los datos que ofrece los que sobre su vida laboral le constaban ya, a los efectos de una información real y a todos los demás que procedan (véase en ese sentido la STS 1244/2020, de 1 de octubre, dictada en recurso de casación 4525/2018, aunque referida a la acreditación de la relación laboral por sentencia judicial). Del mismo modo, la ya citada STS de 52/2026, de 26 de enero (recurso de casación 7273/2023), con remisión a la 1352/2020, de 19 de octubre (recurso de casación 4331/2018), advierte que la modificación del informe de vida laboral tiene que fundarse en que los datos de la afiliación, el alta, la baja o el periodo cotizado, tuvieron lugar realmente. En este mismo sentido se pronuncia la sentencia de 15 de marzo de 2016 (recurso de casación 2253/2014).

6.- Como apuntábamos, todas estas circunstancias son las que individualizan el presente caso y lo hacen diferente a los que integraban los casos resueltos en las sentencias que invoca la Administración recurrente, que hemos citado al comienzo de este fundamento de Derecho, e incluso del supuesto de hecho que subyace en nuestra sentencia de 52/2026, de 26 de enero (recurso 7273/2023).

Por ello, la doctrina fijada por esta última y que hemos trascrito al comienzo de este fundamento de Derecho por ser la que de manera directa daba respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo, no es trasladable en sus propios términos a este caso.

La citada doctrina parte de que la TGSS mal puede informar -incluir en el informe de vida laboral- sobre un hecho o acto de naturaleza jurídica que no se ha producido y que no ha tenido lugar -existencia de relación laboral y afiliación y alta-, ello porque estas cuestiones tienen su propio régimen jurídico y solo pueden declararse cuando se acredite ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos necesarios.

Ocurre, sin embargo, que el cumplimiento de esos requisitos queda acreditado en este caso a través de unos actos jurídicos que nunca han sido puestos en tela de juicio por la TGSS.

Por ello, consideramos que esa doctrina debe matizarse en los siguientes términos: "salvo que el interesado acredite de forma inequívoca, mediante resolución judicial firme o documentación fehaciente, la realidad del alta y cotización efectivamente producidas durante el periodo reclamado".

Esta línea ya ha sido utilizada por esta Sala en supuestos en los que no figuraba en el informe de vida laboral un periodo laboral luego reconocido por sentencia dictada por la jurisdicción laboral y aunque concurriese incumplimiento de la obligación de cotizar por parte de la empresa. Así, en el recurso de casación 4525/2018 se resolvió la siguiente cuestión de interés casacional: "si con motivo de la solicitud de un informe de vida laboral, el interesado puede impugnar y la Tesorería General de la Seguridad Social debe incluir, en su caso, los periodos de afiliación, altas y variaciones que se solicitaran, cuando correspondan a los servicios prestados por un trabajador para una empresa que hayan sido así reconocidos por una sentencia firme del orden jurisdiccional social, y ello con independencia de que se haya producido o no cotización en ese mismo espacio temporal por parte de la empresa obligada a ello y de las acciones que proceda ejercer por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social frente a la citada empresa por las cuotas no prescritas."La STS 1244/2020, de 1 de octubre, que lo resuelve, fijó como doctrina que "mediando una sentencia firme del orden social que tiene por probado que un trabajador ha prestado servicios a una empresa en virtud de una relación laboral, ese trabajador ha de figurar como alta en la Seguridad Social durante el período correspondiente, con independencia de que la empresa obligada haya cotizado o no y de las acciones que proceda ejercer por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social contra ella por las cuotas no pagadas y no prescritas".

7.- Finalmente, debe advertirse que la TGSS no indicó al recurrente que su reclamación no podía ser resuelta por ese órgano y que para ello debía dirigirse al INSS, como defiende ahora su representación en este recurso. Si entendía que esa era la solución, lo debía haber indicado así, pues el artículo 13 e) de la Ley 39/2025, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, obliga a todo organismo público a facilitar a los administrados el ejercicio de sus derechos y, además, el artículo 3.1 a) de la Ley 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a proporcionar un servicio efectivo a los ciudadanos. En su lugar, la resolución administrativa impugnada emplazó al interesado a acudir a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa como solución. Lo que el interesado hizo, y la Sala Territorial de Asturias, tras valorar los medios de prueba aportados, cuya autenticidad no ha sido discutida por la TGSS, reconoció el derecho del recurrente a que se incluya en su vida laboral el periodo controvertido en que cotizó a la MUNPAL, con todos los efectos inherentes a esa declaración.

8.- Por todo lo argumentado procede responder a la cuestión de interés casacional declarando que:

1.- Los informes de vida laboral tienen un mero carácter informativo, pues no constituyen en sí mismos actos administrativos que creen para el interesado derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social, sino que se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la Tesorería de la Seguridad Social.

2.- El trabajador no puede impugnar ante dicha Tesorería el informe de vida laboral por no comprender determinados periodos de alta y cotización, sino que a tal efecto debe formular la correspondiente reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, salvo que el interesado acredite de forma inequívoca, mediante resolución judicial firme o documentación fehaciente, la realidad del alta y cotización efectivamente producidas durante el periodo reclamado.

QUINTO. - La aplicación de la doctrina casacional al caso. La desestimación del recurso de casación.

Por los motivos ampliamente desarrollados en el anterior fundamento jurídico, procede la desestimación del recurso de casación, con confirmación de la sentencia de instancia.

SEXTO. - Costas.

Con arreglo al artículo 93.4 de la LJCA, en el recurso de casación soportará cada parte sus propias costas y las comunes por mitad.

PRIMERO. - Los términos del litigio y la sentencia recurrida.

1.- El 2 de abril de 2023, el recurrente solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la inclusión del período del 12 de noviembre de 1990 al 16 de mayo de 1991 en el Fichero General de Afiliación como trabajador perteneciente al extinguido Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local (MUNPAL). Con fecha 5 de abril de 2023 la Administración de la TGSS le comunicó que, efectuadas las oportunas comprobaciones, no consta en la base de datos de la ex MUNPAL, períodos de alta ni ingreso de cotizaciones relativos al interesado con anterioridad al 17 de mayo de 1991, notificándoselo el 20 de abril.

2.- Contra la citada resolución presentó recurso de alzada, que fue desestimado mediante resolución del Director Provincial de Asturias de la TGSS de 26 de mayo de 2023. En ella se indica que los efectos de las altas en el Régimen General de los trabajadores procedentes de la extinta MUNPAL, para cuyo pronunciamiento es competente la Tesorería General de la Seguridad Social, nunca podrán ser anteriores al 1 de abril de 1993, en aplicación del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril ( BOE de 3 de abril de 1993), de integración de los funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social. A lo que añade que en la extinta MUNPAL, de acuerdo a su normativa de creación, únicamente podían estar afiliados los funcionarios que tenían tal condición en propiedad y no los interinos, eventuales o en prácticas, y en el período solicitado por el recurrente su prestación de servicios en el Ayuntamiento de Gijón lo fue en su condición de funcionario en prácticas.

3.- Contra la anterior resolución interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que "estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Marta María Arija Domínguez en nombre y representación de don Jesús María contra la resolución de la TGSS de 26 de mayo de 2023, debemos anular y anulamos dicha resolución, por no ser la misma conforme a derecho, reconociendo el derecho del recurrente a que se incluya en su vida laboral el período trabajado en el Ayuntamiento de Gijón comprendido entre el 12-11-1990 al 16-5-1991, ambos inclusive, con todos los efectos inherentes a dicha declaración; sin costas".

Citando sentencias de otras Salas Territoriales - del TSJ de Madrid en recurso 77/2021 y del TSJ de Castilla-León ,Valladolid en recurso 402/2017- fundamenta su decisión en la procedencia de la inclusión en la vida laboral del período reclamado, conforme a un documento con valor y efecto jurídico, el de alta en la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) desde la toma de posesión el 12 de noviembre de 1990-, así como a la retención de la cotización en las respectivas nóminas y el efectivo ingreso de esas cantidades por parte del Ayuntamiento de Gijón, en la MUNPAL. Por ello entendió que se daban las circunstancias para apreciar, en este concreto supuesto, la variación de datos en la historia de vida laboral del demandante, por sustentarse en actos acreditados con transcendencia jurídica.

SEGUNDO. - La cuestión de interés casacional.

El auto de la Sección de Admisión de esta Sala de 5 de marzo de 2025 declaró, que la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es que "se determine si, con base a la solicitud del informe de vida laboral, el trabajador puede impugnar su contenido ante la Tesorería General de la Seguridad Social por no comprender los periodos de cotización que considera acreditados y no incluidos en aquél o debe acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social".

TERCERA. - Las alegaciones de las partes.

A) El recurso de casación de la Letrada de la TGSS.

Considera que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en relación con el artículo 5 y la disposición adicional primera del Real Decreto 480/1995, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local, y con los artículos cuatro y cinco de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, sobre creación de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL).

Aduce que la cuestión controvertida ha sido resuelta de forma reiterada por la Sala en sentencias como la 105/2019, de 31 de enero, 1352/2020, de 19 de octubre, y 597/2023, de 16 de mayo, y en el mismo sentido se han pronunciado varias Salas territoriales.

Sostiene que, según la sentencia recurrida, para que la Seguridad Social rectifique los certificados de vida laboral de los trabajadores es suficiente la existencia de actos acreditados con trascendencia jurídica, en este caso el alta en la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL). Sin embargo, las sentencias de contraste que invoca sostienen lo contrario, pues tal modificación solo procede en los casos en los que existe una resolución judicial firme -ya sea de la jurisdicción social o de la civil-. Además, la sentencia recurrida permite que se incluya un periodo de cotización sin acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, infringiendo la jurisprudencia, lo que resulta especialmente significativo en este caso, en el que el demandante en instancia procede de la Mutualidad citada, que se integró en el Régimen General de la Seguridad Social con efectos del 1 de abril de 1993.

Concreta su pretensión en que se fije por esta Sala la siguiente doctrina casacional: "Partiendo de que los informes de vida laboral tienen un mero carácter informativo, pues no constituyen en sí mismos actos administrativos que creen para el interesado derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social, sino que se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la TGSS, el trabajador no puede impugnarlos ante dicho Servicio Común por no incluir determinados períodos trabajados y pretender que se le consideren cotizados, y tendrá que acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social para determinar si concurren los requisitos para causar las correspondientes prestaciones de Seguridad Social y la hipotética responsabilidad del empresario derivada del incumplimiento de sus obligaciones de afiliación, alta y cotización".

Y, en consecuencia, se dicte sentencia estimatoria del recurso por la que se confirme la resolución de la TGSS que desestimó la solicitud del demandante de rectificación de su vida laboral.

B) La oposición de don Jesús María

Afirma que la sentencia recurrida analiza pormenorizadamente la jurisprudencia opuesta de contrario y, a la vista de la prueba practicada, concluye que no nos encontramos ante un supuesto en el que a través de la vida laboral se corrija el incumplimiento por parte de la empresa de dar de alta y cotizar respecto a un trabajador. Ese hecho fue reconocido por el Ayuntamiento empleador, certificando su alta, cotización e ingreso de cuotas de noviembre de 1990 a mayo de 1991.

Tras reproducir el contenido de esos documentos, concluye sosteniendo que, al haberse acreditado que el Ayuntamiento de Gijón había dado de alta, cotizado e ingresado las cuotas del recurrido a la extinta MUNPAL durante el periodo controvertido, la sentencia recurrida reconoció que estos periodos de cotización también han de constar en su correspondiente informe de vida laboral, lo que resulta conforme a la legislación y jurisprudencia aplicable. Por todo ello solicita la desestimación del recurso

CUARTO. - El juicio de la Sala. La doctrina casacional.

1.- La cuestión de interés casacional planteada en este recurso es la misma que en otros ya sentenciados por esta misma Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es el caso de la sentencia 52/2026, de 26 de enero (recurso 7273/2023), donde dijimos:

<< QUINTO.-Criterio de esta Sala.

Desde ahora dejamos anticipado que el planteamiento de la recurrente, que antes hemos reseñado en el antecedente tercero, debe ser acogido por esta Sala. Y ello por razones ya recogidas en la jurisprudencia, de la que son exponente, entre otras, las sentencias de la Sección 4ª de esta Sala 105/2019, de 31 de enero (casación 2222/2016, F.J. 3 º) y 1352/2020, de 19 de octubre (casación 4331/2018 , F.J. 3º) y por esta misma Sección 3ª en sentencia nº 597/2023, de 16 de mayo (casación 573/2021 FFJJ 3 y 4).

De la citada - STS 1352/2020, de 19 de octubre (casación 4331/2018 , F.J. 3º), en la que se citan otros pronunciamientos anteriores, interesa reproducir ahora el siguiente fragmento:

" TERCERO.- [...]

Debemos recordar, a estos efectos, que sobre la denuncia de errores o desajustes en la vida laboral esta Sala Tercera únicamente ha considerado relevante en los casos en los que venía avalada por una resolución judicial firme, ya sea de la jurisdicción social o de la civil, como es el caso de las Sentencias de 1 de octubre de 2020 (recurso de casación n.º 4525/2018 ), y de 23 de enero de 2019 (recurso de casación n.º 359/2016 ).

Conviene recordar a estos efectos que la solución que adoptamos es la que resulta compatible con nuestra jurisprudencia, cuando en la STS de 16 de febrero de 2018 (recurso de casación n.º 3823/2015 ) declaramos que "a la vista del tenor del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y, antes, del artículo 14 del Texto Refundido que aprobó el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, es pacífica la interpretación de que los informes de vida laboral no constituyen en sí mismos actos administrativos en materia de Seguridad Social que creen derechos y obligaciones para el interesado, respecto del cual se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la TGSS. Tienen por ello mero carácter informativo. Y de ahí que la modificación de un informe de vida laboral anterior en el que se recogía como cotizado un periodo de tiempo que en el nuevo informe no figura, no requiera incoar los procedimientos de revisión de oficio de aquellos artículos 102.1 o 103.1 de la Ley 30/1992 , sólo previstos para la revisión de actos administrativos nulos o para la declaración de lesividad de actos administrativos anulables. Lo anterior no quiere decir que el informe de vida laboral no pueda impugnarse por el interesado si éste considera que los datos que elimina y que constaban en otro precedente han sido eliminados indebidamente, pero tal impugnación, para que prospere, tiene que fundarse en que los datos eliminados -la afiliación, el alta, la baja o el periodo cotizado- tuvieron lugar realmente, y no en la supuesta existencia de un derecho consolidado derivado de los datos del informe precedente, que ya no podrían eliminarse por más que la TGSS verificara la ausencia de afiliación, del alta o de la baja o de la cotización y así lo hiciera constar en el posterior informe de vida laboral" [...]".

Como antes hemos señalado, en el caso que ahora examinamos la representación de Dª Isabel, parte recurrida en casación, aduce que no estamos aquí ante una impugnación de informe de vida laboral y que lo pretendido por la demandante en el proceso de instancia es que constase el alta en la Seguridad Social durante el período al que se refería la controversia. Sin embargo, tal alegato no puede ser acogido pues, si atendemos al acto impugnado en el proceso de instancia, lo cierto es que la resolución de la Dirección provincial de A Coruña de la Tesorería General de la Seguridad Social de 31 de agosto de 2022, que desestimó el recurso de alzada, pone de manifiesto en su hecho primero lo siguiente:

" (...) El 08/04/2022, Dña. Isabel presenta, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solicitud de inclusión en el informe de su vida laboral del período comprendido entre el 02/01/1991 y el 03/10/2001, en el que la interesada manifiesta haber prestado servicios en la empresa Concello de Ordes (período previo a su alta en el Código de Cuenta de Cotización nº NUM000, perteneciente a dicha empresa), aportando a tales efectos copia del escrito de dicho Concello de fecha 15/06/2016, en el que se estima su solicitud de reconocimiento de antigüedad como personal laboral indefinido no fijo en la empresa con efectos de 02/01/1991, sin que tal reconocimiento implique su derecho a percepción de cantidad económica alguna".

Puede verse así que lo que la Sra. Isabel pedía a la Administración de la Seguridad Social, y esta le denegó, era, en definitiva, una determinada rectificación del informe de su vida laboral a efectos de que se incluyese el alta durante un determinado período. Y esto es precisamente lo que no tiene cabida según la jurisprudencia de esta Sala recogida en la sentencia nº 597/2023, de 16 de mayo (casación 573/2021 ) que antes hemos citado y que ahora habremos de reiterar.

SEXTO. -Respuesta a la cuestión de interés casacional.

De conformidad con lo razonado en los apartados anteriores, y como respuesta a la cuestión de interés casacional enunciada en el auto de admisión del presente recurso de casación, procede que declaremos lo siguiente: partiendo de que los informes de vida laboral tienen un mero carácter informativo, pues no constituyen en sí mismos actos administrativos que creen para el interesado derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social sino que se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la Tesorería de la Seguridad Social, el trabajador no puede impugnar ante dicha Tesorería el informe de vida laboral por no comprender este determinados periodos de cotización sino que a tal efecto debe formular la correspondiente reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.>>.

Es indudable que esta es la doctrina que la sentencia acoge y reitera. Ahora bien, no es posible aplicarla en su literalidad al caso de autos pues los hechos que concurren presentan una singularidad relevante que lo impide.

2.- El Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, llevó a cabo la integración de la MUNPAL en el RGSS, con efectos de 31 de marzo de 1993.

Esa integración produjo varios efectos:

1º) El personal activo y pasivo que, en 31 de marzo de 1993, estuviese incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de la MUNPAL quedará integrado con efectos del 1 de abril de 1993 en el RGSS (artículo 1)

2º) Las pensiones reconocidas por MUNPAL y que se reconozcan, por hechos causantes anteriores al 1 de abril de 1993, serán asumidas por el RGSS a partir de dicha fecha, en la cuantía que tuvieran el 31 de marzo de 1993 y con la naturaleza y condiciones que fueron reconocidas, pasando sus titulares a tener la consideración de pensionistas del Régimen General.

3º) Además, como consecuencia de esta integración se regula un doble efecto en relación con las cotizaciones: (i) En relación con las cotizaciones futuras, el artículo 4 dispone: "La cotización al Régimen General de la Seguridad Social, a partir de 1 de abril de 1993, se hará por todas las contingencias de acuerdo con las normas que rigen para dicho Régimen, con las excepciones y particularidades previstas en las disposiciones transitorias tercera, cuarta y quinta del presente Real Decreto";(II) Respecto de las cotizaciones anteriores, el artículo 5 establece: "Los períodos de cotización y asimilados efectuados a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, así como los de afiliación activa a los que se refiere el apartado 2 de la disposición final quinta de la Orden de 9 de diciembre de 1975, que acrediten los asegurados en el Régimen Especial integrado, surtirán plenos efectos para causar las prestaciones previstas en el Régimen General de la Seguridad Social".

Por tanto, este inequívoco reconocimiento normativo no dejaba margen a la duda y el periodo cotizado en la MUNPAL antes de la integración debía ser tenido en cuenta a todos los efectos en el Régimen General de la Seguridad Social. Esto es lo que toma en consideración la Sala Territorial de Asturias para dictar la sentencia impugnada.

3.- Tal y como advierte el escrito de oposición, no nos encontramos ante un supuesto en el que a través de la vida laboral se pretenda corregir el incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de afiliar, dar de alta y cotizar respecto de un trabajador, lo cual podría justificar la necesidad de acudir al INSS, como entidad gestora para el reconocimiento de los periodos de cotización, primer argumento que la TGSS empleó para rechazar la petición de actualización del informe de vida laboral del Sr. Jesús María.

Esos hechos -afiliación, alta y cotización de la empresa- fueron reconocidos por el Ayuntamiento empleador, certificando en forma su afiliación, alta, cotización e ingreso de cuotas en la MUNPAL en virtud de prueba documental que ha sido valorada por la sentencia impugnada a los efectos de considerar acreditado su derecho a la corrección del informe de vida laboral. Por tanto, no estamos ante un supuesto típico de incumplimiento empresarial que permita considerar correcta la decisión adoptada por el servicio común que es la TGSS.

Por eso, este supuesto se aleja de lo resuelto en otras resoluciones dictadas por otras Salas territoriales ( STSJ de Asturias de 22 de febrero de 2021, rec. 330/2021, o STSJ de Madrid de 12 de enero de 2023, rec. 77/2021). Por el contrario, se asemeja a lo decidido por la STSJ de Castilla León, Sala de Valladolid. de 9 de julio de 2019, rec. 402/2017).

4.- La resolución administrativa de alzada desestimó el recurso invocando dos argumentos. El primero de ellos se refirió a que las altas en la MUNPAL debían ser anteriores al 1 de abril de 1993, lo cual, siendo cierto, poco tenía que ver con la cuestión planteada puesto que en la documentación aportada por el recurrente acreditaba su alta en la MUNPAL el 12 de noviembre de 1990, y el periodo de cotización reclamado -del 12 de noviembre de 1990 al 16 de mayo de 1991- también era anterior a la fecha de extinción de la citada Mutualidad.

En cuanto al segundo motivo alegado para justificar la denegación de la pretensión del recurrente fue que los funcionarios en prácticas no podían estar afiliados a la MUNPAL: "De acuerdo a su normativa de creación, únicamente podían ser afiliados los funcionarios que tenían tal condición en propiedad, y no los interinos, eventuales, prácticas...". Este argumento tampoco resulta aceptable por un doble orden de razones:

1ª) La realidad de los hechos pone de manifiesto que el alta fue certificada por la MUNPAL, habiendo percibido esa entidad las cotizaciones efectivamente realizadas. La realidad es que existió afiliación, alta y cotización y ello, salvo que se quiera admitir una situación de enriquecimiento improcedente de la Administración, debe ser tomado en consideración para rechazar la exclusión que mantiene la TGSS y, en definitiva, declarar erróneo el contenido del informe de vida laboral.

2ª) Si bien es cierto que el artículo 4 de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, sobre creación de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, establecía la obligatoriedad de asegurar en dicha Mutualidad a "los funcionarios en propiedad y obreros de plantilla al servicio de las Corporaciones locales",después el artículo 5 disponía: "Podrán asegurarse con carácter voluntario en la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local aquellas personas que, no teniendo el carácter de funcionarios de la Administración Local, presten servicios en propiedad en Organismos y Dependencias de la Administración Pública cuando sus funciones guarden relación inmediata con la Administración Local y siempre que cumplan los requisitos que los Estatutos de la Mutualidad establezcan".

Ese precepto fue invocado por el recurrente en su recurso ante la TGSS, acompañándolo de documentación acreditativa del alta en la MUNPAL. Lo que además quedaba corroborado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que aducía en su recurso. Lo cual es también cierto, pues la antigua Sala 5ª del Tribunal Supremo en su sentencia 311/1980, de 29 de abril, confirmó la legalidad de este tipo de cotización, al señalar en su único considerando lo siguiente:

"Que ya tiene declarado la Sala, sentencias entre otras de 9 de febrero , 7 de marzo y 23 de noviembre de 1979 , que la recurrida Orden del Ministerio del Interior fecha 8 de noviembre de 1977, en cuanto al debatido tema de su norma, novena apartado dos, referente a integración de funcionarios interinos, eventuales, temporeros y contratados en la respectiva Corporación Local y al abono por ésta de cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local (MUNPAL), está ajustada al Ordenamiento Jurídico; y ello porque la Orden se dictó en cumplimiento de la autorización concedida por el Decreto 1409 de 2 de junio de 1977 en su artículo 5º ; y porque al imponerse a las Corporaciones Locales el abono a la MUNPAL de las cuotas atinentes a dichos funcionarios, como el Decreto 2175 de 25 de agosto 1978 estableció el cómputo recíproco de cotizaciones entre la, Mutualidad y los diversos regímenes de la Seguridad Social, quedó con ello resuelta y excluida la posible duplicidad en el pago a que se refiere la entidad a actora".

Pero la resolución administrativa discutida olvida en cambio que, desde el momento de la solicitud presentada por el recurrente, la TGSS ya tenía en su poder la prueba que ha valorado la sentencia judicial. En esa prueba, que la TGSS no tomó en consideración para subsanar los errores y desajustes en la vida laboral del Sr. Jesús María, quedó acreditado que en los meses afectados por la reclamación de modificación del informe de vida laboral el Ayuntamiento de Gijón había dado de alta al empleado en el padrón de la MUNPAL, había deducido de las nóminas las cantidades correspondientes a la cotización en la MUNPAL, dándole su correspondiente número de operación contable de caja, así como el hecho de que las citadas cantidades fueron ingresadas a la MUNPAL en virtud de convenio de aplazamiento suscrito por el citado Ayuntamiento y la MUNPAL el 11 de febrero de 1993, al amparo del Real Decreto 532/1992, de 22 de mayo, sobre aplazamiento del pago de la deuda de las Corporaciones Locales y Entidades afiliadas a Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, correspondiente a los años 1990 y 1991.

En definitiva, la TGSS era conocedora de que las obligaciones de afiliación, alta y cotización habían sido cumplidas en plazo y forma por el Ayuntamiento de Gijón. Sin embargo, no lo tuvo en cuenta y declaró que no constaba que la empresa o el trabajador hubieran instado la afiliación en plazo de períodos distintos de los que están reflejados en el informe de vida laboral, resolviendo que no procedía acceder a su pretensión.

Por otra parte, como la MUNPAL quedó extinguida el 1 de abril de 1993, es explicable que en sus registros no constase la cotización del interesado puesto que el ingreso por el Ayuntamiento de Gijón de las cantidades adeudas relativas a ella se hizo cuando estaba ya extinguida la MUNPAL. Ahora bien, lo que es incuestionable es que ese ingreso quedaba suficientemente justificado con la prueba documental aportada por la parte con su solicitud, toda ella integrada por documentos oficiales. Es más, y en todo caso, esa prueba permite afirmar que los hechos certificados por el Ayuntamiento de Gijón en el año 2022 se habían producido con anterioridad a la fecha de la integración de la MUNPAL en el RGSS -30 de marzo de 2011-, habiéndose firmado incluso el convenio de aplazamiento de pago que ya se hizo efectivo una vez producida esa integración.

5.- La conclusión no puede ser otra: en el periodo reclamado (del 12 de noviembre de 1990 al 16 de mayo de 1991) el interesado mantuvo una relación estatutaria con el Ayuntamiento de Gijón, estuvo afiliado y cotizó al régimen especial de la MUNPAL y con los efectos propios de su integración en el RGSS.

Y no es obstáculo a esta conclusión cuanto alega la Letrada de la Seguridad Social sobre el carácter del informe de vida laboral y su inidoneidad para reconocer derechos y obligaciones porque, al margen de cuál sea su virtualidad a esos efectos, no parece dudoso que ha de responder a la realidad y parte de esa realidad es la que refleja la documentación citada que, como decimos, ha probado la relación estatutaria, el alta y la cotización. Una vez que la Administración tomó conocimiento de ella, precisamente a instancia del interesado, no cabía sino cumplirla e integrar con los datos que ofrece los que sobre su vida laboral le constaban ya, a los efectos de una información real y a todos los demás que procedan (véase en ese sentido la STS 1244/2020, de 1 de octubre, dictada en recurso de casación 4525/2018, aunque referida a la acreditación de la relación laboral por sentencia judicial). Del mismo modo, la ya citada STS de 52/2026, de 26 de enero (recurso de casación 7273/2023), con remisión a la 1352/2020, de 19 de octubre (recurso de casación 4331/2018), advierte que la modificación del informe de vida laboral tiene que fundarse en que los datos de la afiliación, el alta, la baja o el periodo cotizado, tuvieron lugar realmente. En este mismo sentido se pronuncia la sentencia de 15 de marzo de 2016 (recurso de casación 2253/2014).

6.- Como apuntábamos, todas estas circunstancias son las que individualizan el presente caso y lo hacen diferente a los que integraban los casos resueltos en las sentencias que invoca la Administración recurrente, que hemos citado al comienzo de este fundamento de Derecho, e incluso del supuesto de hecho que subyace en nuestra sentencia de 52/2026, de 26 de enero (recurso 7273/2023).

Por ello, la doctrina fijada por esta última y que hemos trascrito al comienzo de este fundamento de Derecho por ser la que de manera directa daba respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo, no es trasladable en sus propios términos a este caso.

La citada doctrina parte de que la TGSS mal puede informar -incluir en el informe de vida laboral- sobre un hecho o acto de naturaleza jurídica que no se ha producido y que no ha tenido lugar -existencia de relación laboral y afiliación y alta-, ello porque estas cuestiones tienen su propio régimen jurídico y solo pueden declararse cuando se acredite ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos necesarios.

Ocurre, sin embargo, que el cumplimiento de esos requisitos queda acreditado en este caso a través de unos actos jurídicos que nunca han sido puestos en tela de juicio por la TGSS.

Por ello, consideramos que esa doctrina debe matizarse en los siguientes términos: "salvo que el interesado acredite de forma inequívoca, mediante resolución judicial firme o documentación fehaciente, la realidad del alta y cotización efectivamente producidas durante el periodo reclamado".

Esta línea ya ha sido utilizada por esta Sala en supuestos en los que no figuraba en el informe de vida laboral un periodo laboral luego reconocido por sentencia dictada por la jurisdicción laboral y aunque concurriese incumplimiento de la obligación de cotizar por parte de la empresa. Así, en el recurso de casación 4525/2018 se resolvió la siguiente cuestión de interés casacional: "si con motivo de la solicitud de un informe de vida laboral, el interesado puede impugnar y la Tesorería General de la Seguridad Social debe incluir, en su caso, los periodos de afiliación, altas y variaciones que se solicitaran, cuando correspondan a los servicios prestados por un trabajador para una empresa que hayan sido así reconocidos por una sentencia firme del orden jurisdiccional social, y ello con independencia de que se haya producido o no cotización en ese mismo espacio temporal por parte de la empresa obligada a ello y de las acciones que proceda ejercer por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social frente a la citada empresa por las cuotas no prescritas."La STS 1244/2020, de 1 de octubre, que lo resuelve, fijó como doctrina que "mediando una sentencia firme del orden social que tiene por probado que un trabajador ha prestado servicios a una empresa en virtud de una relación laboral, ese trabajador ha de figurar como alta en la Seguridad Social durante el período correspondiente, con independencia de que la empresa obligada haya cotizado o no y de las acciones que proceda ejercer por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social contra ella por las cuotas no pagadas y no prescritas".

7.- Finalmente, debe advertirse que la TGSS no indicó al recurrente que su reclamación no podía ser resuelta por ese órgano y que para ello debía dirigirse al INSS, como defiende ahora su representación en este recurso. Si entendía que esa era la solución, lo debía haber indicado así, pues el artículo 13 e) de la Ley 39/2025, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, obliga a todo organismo público a facilitar a los administrados el ejercicio de sus derechos y, además, el artículo 3.1 a) de la Ley 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a proporcionar un servicio efectivo a los ciudadanos. En su lugar, la resolución administrativa impugnada emplazó al interesado a acudir a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa como solución. Lo que el interesado hizo, y la Sala Territorial de Asturias, tras valorar los medios de prueba aportados, cuya autenticidad no ha sido discutida por la TGSS, reconoció el derecho del recurrente a que se incluya en su vida laboral el periodo controvertido en que cotizó a la MUNPAL, con todos los efectos inherentes a esa declaración.

8.- Por todo lo argumentado procede responder a la cuestión de interés casacional declarando que:

1.- Los informes de vida laboral tienen un mero carácter informativo, pues no constituyen en sí mismos actos administrativos que creen para el interesado derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social, sino que se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la Tesorería de la Seguridad Social.

2.- El trabajador no puede impugnar ante dicha Tesorería el informe de vida laboral por no comprender determinados periodos de alta y cotización, sino que a tal efecto debe formular la correspondiente reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, salvo que el interesado acredite de forma inequívoca, mediante resolución judicial firme o documentación fehaciente, la realidad del alta y cotización efectivamente producidas durante el periodo reclamado.

QUINTO. - La aplicación de la doctrina casacional al caso. La desestimación del recurso de casación.

Por los motivos ampliamente desarrollados en el anterior fundamento jurídico, procede la desestimación del recurso de casación, con confirmación de la sentencia de instancia.

SEXTO. - Costas.

Con arreglo al artículo 93.4 de la LJCA, en el recurso de casación soportará cada parte sus propias costas y las comunes por mitad.

PRIMERO. - Los términos del litigio y la sentencia recurrida.

1.- El 2 de abril de 2023, el recurrente solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la inclusión del período del 12 de noviembre de 1990 al 16 de mayo de 1991 en el Fichero General de Afiliación como trabajador perteneciente al extinguido Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local (MUNPAL). Con fecha 5 de abril de 2023 la Administración de la TGSS le comunicó que, efectuadas las oportunas comprobaciones, no consta en la base de datos de la ex MUNPAL, períodos de alta ni ingreso de cotizaciones relativos al interesado con anterioridad al 17 de mayo de 1991, notificándoselo el 20 de abril.

2.- Contra la citada resolución presentó recurso de alzada, que fue desestimado mediante resolución del Director Provincial de Asturias de la TGSS de 26 de mayo de 2023. En ella se indica que los efectos de las altas en el Régimen General de los trabajadores procedentes de la extinta MUNPAL, para cuyo pronunciamiento es competente la Tesorería General de la Seguridad Social, nunca podrán ser anteriores al 1 de abril de 1993, en aplicación del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril ( BOE de 3 de abril de 1993), de integración de los funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social. A lo que añade que en la extinta MUNPAL, de acuerdo a su normativa de creación, únicamente podían estar afiliados los funcionarios que tenían tal condición en propiedad y no los interinos, eventuales o en prácticas, y en el período solicitado por el recurrente su prestación de servicios en el Ayuntamiento de Gijón lo fue en su condición de funcionario en prácticas.

3.- Contra la anterior resolución interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que "estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Marta María Arija Domínguez en nombre y representación de don Jesús María contra la resolución de la TGSS de 26 de mayo de 2023, debemos anular y anulamos dicha resolución, por no ser la misma conforme a derecho, reconociendo el derecho del recurrente a que se incluya en su vida laboral el período trabajado en el Ayuntamiento de Gijón comprendido entre el 12-11-1990 al 16-5-1991, ambos inclusive, con todos los efectos inherentes a dicha declaración; sin costas".

Citando sentencias de otras Salas Territoriales - del TSJ de Madrid en recurso 77/2021 y del TSJ de Castilla-León ,Valladolid en recurso 402/2017- fundamenta su decisión en la procedencia de la inclusión en la vida laboral del período reclamado, conforme a un documento con valor y efecto jurídico, el de alta en la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) desde la toma de posesión el 12 de noviembre de 1990-, así como a la retención de la cotización en las respectivas nóminas y el efectivo ingreso de esas cantidades por parte del Ayuntamiento de Gijón, en la MUNPAL. Por ello entendió que se daban las circunstancias para apreciar, en este concreto supuesto, la variación de datos en la historia de vida laboral del demandante, por sustentarse en actos acreditados con transcendencia jurídica.

SEGUNDO. - La cuestión de interés casacional.

El auto de la Sección de Admisión de esta Sala de 5 de marzo de 2025 declaró, que la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es que "se determine si, con base a la solicitud del informe de vida laboral, el trabajador puede impugnar su contenido ante la Tesorería General de la Seguridad Social por no comprender los periodos de cotización que considera acreditados y no incluidos en aquél o debe acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social".

TERCERA. - Las alegaciones de las partes.

A) El recurso de casación de la Letrada de la TGSS.

Considera que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en relación con el artículo 5 y la disposición adicional primera del Real Decreto 480/1995, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local, y con los artículos cuatro y cinco de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, sobre creación de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL).

Aduce que la cuestión controvertida ha sido resuelta de forma reiterada por la Sala en sentencias como la 105/2019, de 31 de enero, 1352/2020, de 19 de octubre, y 597/2023, de 16 de mayo, y en el mismo sentido se han pronunciado varias Salas territoriales.

Sostiene que, según la sentencia recurrida, para que la Seguridad Social rectifique los certificados de vida laboral de los trabajadores es suficiente la existencia de actos acreditados con trascendencia jurídica, en este caso el alta en la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL). Sin embargo, las sentencias de contraste que invoca sostienen lo contrario, pues tal modificación solo procede en los casos en los que existe una resolución judicial firme -ya sea de la jurisdicción social o de la civil-. Además, la sentencia recurrida permite que se incluya un periodo de cotización sin acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, infringiendo la jurisprudencia, lo que resulta especialmente significativo en este caso, en el que el demandante en instancia procede de la Mutualidad citada, que se integró en el Régimen General de la Seguridad Social con efectos del 1 de abril de 1993.

Concreta su pretensión en que se fije por esta Sala la siguiente doctrina casacional: "Partiendo de que los informes de vida laboral tienen un mero carácter informativo, pues no constituyen en sí mismos actos administrativos que creen para el interesado derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social, sino que se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la TGSS, el trabajador no puede impugnarlos ante dicho Servicio Común por no incluir determinados períodos trabajados y pretender que se le consideren cotizados, y tendrá que acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social para determinar si concurren los requisitos para causar las correspondientes prestaciones de Seguridad Social y la hipotética responsabilidad del empresario derivada del incumplimiento de sus obligaciones de afiliación, alta y cotización".

Y, en consecuencia, se dicte sentencia estimatoria del recurso por la que se confirme la resolución de la TGSS que desestimó la solicitud del demandante de rectificación de su vida laboral.

B) La oposición de don Jesús María

Afirma que la sentencia recurrida analiza pormenorizadamente la jurisprudencia opuesta de contrario y, a la vista de la prueba practicada, concluye que no nos encontramos ante un supuesto en el que a través de la vida laboral se corrija el incumplimiento por parte de la empresa de dar de alta y cotizar respecto a un trabajador. Ese hecho fue reconocido por el Ayuntamiento empleador, certificando su alta, cotización e ingreso de cuotas de noviembre de 1990 a mayo de 1991.

Tras reproducir el contenido de esos documentos, concluye sosteniendo que, al haberse acreditado que el Ayuntamiento de Gijón había dado de alta, cotizado e ingresado las cuotas del recurrido a la extinta MUNPAL durante el periodo controvertido, la sentencia recurrida reconoció que estos periodos de cotización también han de constar en su correspondiente informe de vida laboral, lo que resulta conforme a la legislación y jurisprudencia aplicable. Por todo ello solicita la desestimación del recurso

CUARTO. - El juicio de la Sala. La doctrina casacional.

1.- La cuestión de interés casacional planteada en este recurso es la misma que en otros ya sentenciados por esta misma Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es el caso de la sentencia 52/2026, de 26 de enero (recurso 7273/2023), donde dijimos:

<< QUINTO.-Criterio de esta Sala.

Desde ahora dejamos anticipado que el planteamiento de la recurrente, que antes hemos reseñado en el antecedente tercero, debe ser acogido por esta Sala. Y ello por razones ya recogidas en la jurisprudencia, de la que son exponente, entre otras, las sentencias de la Sección 4ª de esta Sala 105/2019, de 31 de enero (casación 2222/2016, F.J. 3 º) y 1352/2020, de 19 de octubre (casación 4331/2018 , F.J. 3º) y por esta misma Sección 3ª en sentencia nº 597/2023, de 16 de mayo (casación 573/2021 FFJJ 3 y 4).

De la citada - STS 1352/2020, de 19 de octubre (casación 4331/2018 , F.J. 3º), en la que se citan otros pronunciamientos anteriores, interesa reproducir ahora el siguiente fragmento:

" TERCERO.- [...]

Debemos recordar, a estos efectos, que sobre la denuncia de errores o desajustes en la vida laboral esta Sala Tercera únicamente ha considerado relevante en los casos en los que venía avalada por una resolución judicial firme, ya sea de la jurisdicción social o de la civil, como es el caso de las Sentencias de 1 de octubre de 2020 (recurso de casación n.º 4525/2018 ), y de 23 de enero de 2019 (recurso de casación n.º 359/2016 ).

Conviene recordar a estos efectos que la solución que adoptamos es la que resulta compatible con nuestra jurisprudencia, cuando en la STS de 16 de febrero de 2018 (recurso de casación n.º 3823/2015 ) declaramos que "a la vista del tenor del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y, antes, del artículo 14 del Texto Refundido que aprobó el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, es pacífica la interpretación de que los informes de vida laboral no constituyen en sí mismos actos administrativos en materia de Seguridad Social que creen derechos y obligaciones para el interesado, respecto del cual se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la TGSS. Tienen por ello mero carácter informativo. Y de ahí que la modificación de un informe de vida laboral anterior en el que se recogía como cotizado un periodo de tiempo que en el nuevo informe no figura, no requiera incoar los procedimientos de revisión de oficio de aquellos artículos 102.1 o 103.1 de la Ley 30/1992 , sólo previstos para la revisión de actos administrativos nulos o para la declaración de lesividad de actos administrativos anulables. Lo anterior no quiere decir que el informe de vida laboral no pueda impugnarse por el interesado si éste considera que los datos que elimina y que constaban en otro precedente han sido eliminados indebidamente, pero tal impugnación, para que prospere, tiene que fundarse en que los datos eliminados -la afiliación, el alta, la baja o el periodo cotizado- tuvieron lugar realmente, y no en la supuesta existencia de un derecho consolidado derivado de los datos del informe precedente, que ya no podrían eliminarse por más que la TGSS verificara la ausencia de afiliación, del alta o de la baja o de la cotización y así lo hiciera constar en el posterior informe de vida laboral" [...]".

Como antes hemos señalado, en el caso que ahora examinamos la representación de Dª Isabel, parte recurrida en casación, aduce que no estamos aquí ante una impugnación de informe de vida laboral y que lo pretendido por la demandante en el proceso de instancia es que constase el alta en la Seguridad Social durante el período al que se refería la controversia. Sin embargo, tal alegato no puede ser acogido pues, si atendemos al acto impugnado en el proceso de instancia, lo cierto es que la resolución de la Dirección provincial de A Coruña de la Tesorería General de la Seguridad Social de 31 de agosto de 2022, que desestimó el recurso de alzada, pone de manifiesto en su hecho primero lo siguiente:

" (...) El 08/04/2022, Dña. Isabel presenta, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solicitud de inclusión en el informe de su vida laboral del período comprendido entre el 02/01/1991 y el 03/10/2001, en el que la interesada manifiesta haber prestado servicios en la empresa Concello de Ordes (período previo a su alta en el Código de Cuenta de Cotización nº NUM000, perteneciente a dicha empresa), aportando a tales efectos copia del escrito de dicho Concello de fecha 15/06/2016, en el que se estima su solicitud de reconocimiento de antigüedad como personal laboral indefinido no fijo en la empresa con efectos de 02/01/1991, sin que tal reconocimiento implique su derecho a percepción de cantidad económica alguna".

Puede verse así que lo que la Sra. Isabel pedía a la Administración de la Seguridad Social, y esta le denegó, era, en definitiva, una determinada rectificación del informe de su vida laboral a efectos de que se incluyese el alta durante un determinado período. Y esto es precisamente lo que no tiene cabida según la jurisprudencia de esta Sala recogida en la sentencia nº 597/2023, de 16 de mayo (casación 573/2021 ) que antes hemos citado y que ahora habremos de reiterar.

SEXTO. -Respuesta a la cuestión de interés casacional.

De conformidad con lo razonado en los apartados anteriores, y como respuesta a la cuestión de interés casacional enunciada en el auto de admisión del presente recurso de casación, procede que declaremos lo siguiente: partiendo de que los informes de vida laboral tienen un mero carácter informativo, pues no constituyen en sí mismos actos administrativos que creen para el interesado derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social sino que se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la Tesorería de la Seguridad Social, el trabajador no puede impugnar ante dicha Tesorería el informe de vida laboral por no comprender este determinados periodos de cotización sino que a tal efecto debe formular la correspondiente reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.>>.

Es indudable que esta es la doctrina que la sentencia acoge y reitera. Ahora bien, no es posible aplicarla en su literalidad al caso de autos pues los hechos que concurren presentan una singularidad relevante que lo impide.

2.- El Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, llevó a cabo la integración de la MUNPAL en el RGSS, con efectos de 31 de marzo de 1993.

Esa integración produjo varios efectos:

1º) El personal activo y pasivo que, en 31 de marzo de 1993, estuviese incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de la MUNPAL quedará integrado con efectos del 1 de abril de 1993 en el RGSS (artículo 1)

2º) Las pensiones reconocidas por MUNPAL y que se reconozcan, por hechos causantes anteriores al 1 de abril de 1993, serán asumidas por el RGSS a partir de dicha fecha, en la cuantía que tuvieran el 31 de marzo de 1993 y con la naturaleza y condiciones que fueron reconocidas, pasando sus titulares a tener la consideración de pensionistas del Régimen General.

3º) Además, como consecuencia de esta integración se regula un doble efecto en relación con las cotizaciones: (i) En relación con las cotizaciones futuras, el artículo 4 dispone: "La cotización al Régimen General de la Seguridad Social, a partir de 1 de abril de 1993, se hará por todas las contingencias de acuerdo con las normas que rigen para dicho Régimen, con las excepciones y particularidades previstas en las disposiciones transitorias tercera, cuarta y quinta del presente Real Decreto";(II) Respecto de las cotizaciones anteriores, el artículo 5 establece: "Los períodos de cotización y asimilados efectuados a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, así como los de afiliación activa a los que se refiere el apartado 2 de la disposición final quinta de la Orden de 9 de diciembre de 1975, que acrediten los asegurados en el Régimen Especial integrado, surtirán plenos efectos para causar las prestaciones previstas en el Régimen General de la Seguridad Social".

Por tanto, este inequívoco reconocimiento normativo no dejaba margen a la duda y el periodo cotizado en la MUNPAL antes de la integración debía ser tenido en cuenta a todos los efectos en el Régimen General de la Seguridad Social. Esto es lo que toma en consideración la Sala Territorial de Asturias para dictar la sentencia impugnada.

3.- Tal y como advierte el escrito de oposición, no nos encontramos ante un supuesto en el que a través de la vida laboral se pretenda corregir el incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de afiliar, dar de alta y cotizar respecto de un trabajador, lo cual podría justificar la necesidad de acudir al INSS, como entidad gestora para el reconocimiento de los periodos de cotización, primer argumento que la TGSS empleó para rechazar la petición de actualización del informe de vida laboral del Sr. Jesús María.

Esos hechos -afiliación, alta y cotización de la empresa- fueron reconocidos por el Ayuntamiento empleador, certificando en forma su afiliación, alta, cotización e ingreso de cuotas en la MUNPAL en virtud de prueba documental que ha sido valorada por la sentencia impugnada a los efectos de considerar acreditado su derecho a la corrección del informe de vida laboral. Por tanto, no estamos ante un supuesto típico de incumplimiento empresarial que permita considerar correcta la decisión adoptada por el servicio común que es la TGSS.

Por eso, este supuesto se aleja de lo resuelto en otras resoluciones dictadas por otras Salas territoriales ( STSJ de Asturias de 22 de febrero de 2021, rec. 330/2021, o STSJ de Madrid de 12 de enero de 2023, rec. 77/2021). Por el contrario, se asemeja a lo decidido por la STSJ de Castilla León, Sala de Valladolid. de 9 de julio de 2019, rec. 402/2017).

4.- La resolución administrativa de alzada desestimó el recurso invocando dos argumentos. El primero de ellos se refirió a que las altas en la MUNPAL debían ser anteriores al 1 de abril de 1993, lo cual, siendo cierto, poco tenía que ver con la cuestión planteada puesto que en la documentación aportada por el recurrente acreditaba su alta en la MUNPAL el 12 de noviembre de 1990, y el periodo de cotización reclamado -del 12 de noviembre de 1990 al 16 de mayo de 1991- también era anterior a la fecha de extinción de la citada Mutualidad.

En cuanto al segundo motivo alegado para justificar la denegación de la pretensión del recurrente fue que los funcionarios en prácticas no podían estar afiliados a la MUNPAL: "De acuerdo a su normativa de creación, únicamente podían ser afiliados los funcionarios que tenían tal condición en propiedad, y no los interinos, eventuales, prácticas...". Este argumento tampoco resulta aceptable por un doble orden de razones:

1ª) La realidad de los hechos pone de manifiesto que el alta fue certificada por la MUNPAL, habiendo percibido esa entidad las cotizaciones efectivamente realizadas. La realidad es que existió afiliación, alta y cotización y ello, salvo que se quiera admitir una situación de enriquecimiento improcedente de la Administración, debe ser tomado en consideración para rechazar la exclusión que mantiene la TGSS y, en definitiva, declarar erróneo el contenido del informe de vida laboral.

2ª) Si bien es cierto que el artículo 4 de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, sobre creación de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, establecía la obligatoriedad de asegurar en dicha Mutualidad a "los funcionarios en propiedad y obreros de plantilla al servicio de las Corporaciones locales",después el artículo 5 disponía: "Podrán asegurarse con carácter voluntario en la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local aquellas personas que, no teniendo el carácter de funcionarios de la Administración Local, presten servicios en propiedad en Organismos y Dependencias de la Administración Pública cuando sus funciones guarden relación inmediata con la Administración Local y siempre que cumplan los requisitos que los Estatutos de la Mutualidad establezcan".

Ese precepto fue invocado por el recurrente en su recurso ante la TGSS, acompañándolo de documentación acreditativa del alta en la MUNPAL. Lo que además quedaba corroborado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que aducía en su recurso. Lo cual es también cierto, pues la antigua Sala 5ª del Tribunal Supremo en su sentencia 311/1980, de 29 de abril, confirmó la legalidad de este tipo de cotización, al señalar en su único considerando lo siguiente:

"Que ya tiene declarado la Sala, sentencias entre otras de 9 de febrero , 7 de marzo y 23 de noviembre de 1979 , que la recurrida Orden del Ministerio del Interior fecha 8 de noviembre de 1977, en cuanto al debatido tema de su norma, novena apartado dos, referente a integración de funcionarios interinos, eventuales, temporeros y contratados en la respectiva Corporación Local y al abono por ésta de cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local (MUNPAL), está ajustada al Ordenamiento Jurídico; y ello porque la Orden se dictó en cumplimiento de la autorización concedida por el Decreto 1409 de 2 de junio de 1977 en su artículo 5º ; y porque al imponerse a las Corporaciones Locales el abono a la MUNPAL de las cuotas atinentes a dichos funcionarios, como el Decreto 2175 de 25 de agosto 1978 estableció el cómputo recíproco de cotizaciones entre la, Mutualidad y los diversos regímenes de la Seguridad Social, quedó con ello resuelta y excluida la posible duplicidad en el pago a que se refiere la entidad a actora".

Pero la resolución administrativa discutida olvida en cambio que, desde el momento de la solicitud presentada por el recurrente, la TGSS ya tenía en su poder la prueba que ha valorado la sentencia judicial. En esa prueba, que la TGSS no tomó en consideración para subsanar los errores y desajustes en la vida laboral del Sr. Jesús María, quedó acreditado que en los meses afectados por la reclamación de modificación del informe de vida laboral el Ayuntamiento de Gijón había dado de alta al empleado en el padrón de la MUNPAL, había deducido de las nóminas las cantidades correspondientes a la cotización en la MUNPAL, dándole su correspondiente número de operación contable de caja, así como el hecho de que las citadas cantidades fueron ingresadas a la MUNPAL en virtud de convenio de aplazamiento suscrito por el citado Ayuntamiento y la MUNPAL el 11 de febrero de 1993, al amparo del Real Decreto 532/1992, de 22 de mayo, sobre aplazamiento del pago de la deuda de las Corporaciones Locales y Entidades afiliadas a Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, correspondiente a los años 1990 y 1991.

En definitiva, la TGSS era conocedora de que las obligaciones de afiliación, alta y cotización habían sido cumplidas en plazo y forma por el Ayuntamiento de Gijón. Sin embargo, no lo tuvo en cuenta y declaró que no constaba que la empresa o el trabajador hubieran instado la afiliación en plazo de períodos distintos de los que están reflejados en el informe de vida laboral, resolviendo que no procedía acceder a su pretensión.

Por otra parte, como la MUNPAL quedó extinguida el 1 de abril de 1993, es explicable que en sus registros no constase la cotización del interesado puesto que el ingreso por el Ayuntamiento de Gijón de las cantidades adeudas relativas a ella se hizo cuando estaba ya extinguida la MUNPAL. Ahora bien, lo que es incuestionable es que ese ingreso quedaba suficientemente justificado con la prueba documental aportada por la parte con su solicitud, toda ella integrada por documentos oficiales. Es más, y en todo caso, esa prueba permite afirmar que los hechos certificados por el Ayuntamiento de Gijón en el año 2022 se habían producido con anterioridad a la fecha de la integración de la MUNPAL en el RGSS -30 de marzo de 2011-, habiéndose firmado incluso el convenio de aplazamiento de pago que ya se hizo efectivo una vez producida esa integración.

5.- La conclusión no puede ser otra: en el periodo reclamado (del 12 de noviembre de 1990 al 16 de mayo de 1991) el interesado mantuvo una relación estatutaria con el Ayuntamiento de Gijón, estuvo afiliado y cotizó al régimen especial de la MUNPAL y con los efectos propios de su integración en el RGSS.

Y no es obstáculo a esta conclusión cuanto alega la Letrada de la Seguridad Social sobre el carácter del informe de vida laboral y su inidoneidad para reconocer derechos y obligaciones porque, al margen de cuál sea su virtualidad a esos efectos, no parece dudoso que ha de responder a la realidad y parte de esa realidad es la que refleja la documentación citada que, como decimos, ha probado la relación estatutaria, el alta y la cotización. Una vez que la Administración tomó conocimiento de ella, precisamente a instancia del interesado, no cabía sino cumplirla e integrar con los datos que ofrece los que sobre su vida laboral le constaban ya, a los efectos de una información real y a todos los demás que procedan (véase en ese sentido la STS 1244/2020, de 1 de octubre, dictada en recurso de casación 4525/2018, aunque referida a la acreditación de la relación laboral por sentencia judicial). Del mismo modo, la ya citada STS de 52/2026, de 26 de enero (recurso de casación 7273/2023), con remisión a la 1352/2020, de 19 de octubre (recurso de casación 4331/2018), advierte que la modificación del informe de vida laboral tiene que fundarse en que los datos de la afiliación, el alta, la baja o el periodo cotizado, tuvieron lugar realmente. En este mismo sentido se pronuncia la sentencia de 15 de marzo de 2016 (recurso de casación 2253/2014).

6.- Como apuntábamos, todas estas circunstancias son las que individualizan el presente caso y lo hacen diferente a los que integraban los casos resueltos en las sentencias que invoca la Administración recurrente, que hemos citado al comienzo de este fundamento de Derecho, e incluso del supuesto de hecho que subyace en nuestra sentencia de 52/2026, de 26 de enero (recurso 7273/2023).

Por ello, la doctrina fijada por esta última y que hemos trascrito al comienzo de este fundamento de Derecho por ser la que de manera directa daba respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo, no es trasladable en sus propios términos a este caso.

La citada doctrina parte de que la TGSS mal puede informar -incluir en el informe de vida laboral- sobre un hecho o acto de naturaleza jurídica que no se ha producido y que no ha tenido lugar -existencia de relación laboral y afiliación y alta-, ello porque estas cuestiones tienen su propio régimen jurídico y solo pueden declararse cuando se acredite ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos necesarios.

Ocurre, sin embargo, que el cumplimiento de esos requisitos queda acreditado en este caso a través de unos actos jurídicos que nunca han sido puestos en tela de juicio por la TGSS.

Por ello, consideramos que esa doctrina debe matizarse en los siguientes términos: "salvo que el interesado acredite de forma inequívoca, mediante resolución judicial firme o documentación fehaciente, la realidad del alta y cotización efectivamente producidas durante el periodo reclamado".

Esta línea ya ha sido utilizada por esta Sala en supuestos en los que no figuraba en el informe de vida laboral un periodo laboral luego reconocido por sentencia dictada por la jurisdicción laboral y aunque concurriese incumplimiento de la obligación de cotizar por parte de la empresa. Así, en el recurso de casación 4525/2018 se resolvió la siguiente cuestión de interés casacional: "si con motivo de la solicitud de un informe de vida laboral, el interesado puede impugnar y la Tesorería General de la Seguridad Social debe incluir, en su caso, los periodos de afiliación, altas y variaciones que se solicitaran, cuando correspondan a los servicios prestados por un trabajador para una empresa que hayan sido así reconocidos por una sentencia firme del orden jurisdiccional social, y ello con independencia de que se haya producido o no cotización en ese mismo espacio temporal por parte de la empresa obligada a ello y de las acciones que proceda ejercer por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social frente a la citada empresa por las cuotas no prescritas."La STS 1244/2020, de 1 de octubre, que lo resuelve, fijó como doctrina que "mediando una sentencia firme del orden social que tiene por probado que un trabajador ha prestado servicios a una empresa en virtud de una relación laboral, ese trabajador ha de figurar como alta en la Seguridad Social durante el período correspondiente, con independencia de que la empresa obligada haya cotizado o no y de las acciones que proceda ejercer por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social contra ella por las cuotas no pagadas y no prescritas".

7.- Finalmente, debe advertirse que la TGSS no indicó al recurrente que su reclamación no podía ser resuelta por ese órgano y que para ello debía dirigirse al INSS, como defiende ahora su representación en este recurso. Si entendía que esa era la solución, lo debía haber indicado así, pues el artículo 13 e) de la Ley 39/2025, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, obliga a todo organismo público a facilitar a los administrados el ejercicio de sus derechos y, además, el artículo 3.1 a) de la Ley 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a proporcionar un servicio efectivo a los ciudadanos. En su lugar, la resolución administrativa impugnada emplazó al interesado a acudir a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa como solución. Lo que el interesado hizo, y la Sala Territorial de Asturias, tras valorar los medios de prueba aportados, cuya autenticidad no ha sido discutida por la TGSS, reconoció el derecho del recurrente a que se incluya en su vida laboral el periodo controvertido en que cotizó a la MUNPAL, con todos los efectos inherentes a esa declaración.

8.- Por todo lo argumentado procede responder a la cuestión de interés casacional declarando que:

1.- Los informes de vida laboral tienen un mero carácter informativo, pues no constituyen en sí mismos actos administrativos que creen para el interesado derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social, sino que se limitan a hacer constar los datos sobre afiliación, altas y bajas y cotización que le constan a la Tesorería de la Seguridad Social.

2.- El trabajador no puede impugnar ante dicha Tesorería el informe de vida laboral por no comprender determinados periodos de alta y cotización, sino que a tal efecto debe formular la correspondiente reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, salvo que el interesado acredite de forma inequívoca, mediante resolución judicial firme o documentación fehaciente, la realidad del alta y cotización efectivamente producidas durante el periodo reclamado.

QUINTO. - La aplicación de la doctrina casacional al caso. La desestimación del recurso de casación.

Por los motivos ampliamente desarrollados en el anterior fundamento jurídico, procede la desestimación del recurso de casación, con confirmación de la sentencia de instancia.

SEXTO. - Costas.

Con arreglo al artículo 93.4 de la LJCA, en el recurso de casación soportará cada parte sus propias costas y las comunes por mitad.